(Por Giuliana Crucianelli) Una reja separa la puerta de la calle, cintas de colores conforman una guirnalda que cuelga sobre la entrada y, a la izquierda, un cartel dice: “Escuela Primaria Nº37”.

Pregunto por el director y me dicen que entre por el otro lado. Hay un timbre que no anda y muchos adolescentes correteando por el patio. Llegué justo para el recreo. Me recibe Malvina, la secretaria, quien está firmando actas en un aula llena de monitores de computadoras que no andan. Me dice que el director está en el Consejo Escolar pero que me va a atender ella.

“En un rato va sonar el timbre y no hay comedor para todos. Es durísimo para las preceptoras decidir quiénes tienen más hambre”, comenta cuando le pregunto cómo van las cosas. A la 37 asisten 150 pibes y pibas de secundario y 200 de primaria. Sin embargo desde el servicio alimentario del Consejo Escolar brindan solo 25 cupos de 21 pesos diarios.

“La respuesta de veces anteriores es que quizás el año que viene, pero que este año ya no nos van a dar más cupos”, me dice Malvina detrás de los anteojos que se saca y se pone para leer las planillas de los chicos.

Tan solo veinte cuadras separan la escuela del centro de la ciudad pero, según las docentes, su alumnado no es del barrio sino que viene caminando desde lugares más alejados. “Nosotros les decimos que preferimos que vengan tarde antes que no vengan. Pero tenemos esa otra dificultad, no tenemos una ayuda para la carga de la Sube de los pibes. Los chicos vienen cuando pueden y con sus propios recursos”.

Le pido a Malvina que me lleve a recorrer la escuela. Vamos al comedor y allí está María del Carmen. Hace 19 años que cocina en comedores escolares y hace cinco que lo hace en esta escuela. Para las chicas y los chicos es “la tía”, la que hace el arroz con arvejas o el guiso del mediodía. “Siempre están halagando la comida, me preguntan si yo cocino con amor y yo digo que sí. Lo mismo que le hago a mi familia lo hago acá para ellos”.

Hay hechos que funcionan como metáforas, dijo Liliana mientras entraba para conversar. Es la profe de Prácticas del Lenguaje, quien en  21 años vio pasar de todo pero ahora los pibes le piden plata para ir a comprarse una galletita para el recreo. “El rendimiento disminuye notoriamente. La situación del país hace que los papás no tengan trabajo, hace que los chicos vengan con hambre, que ya no haya plata para comprar libros”.

Suena el timbre para entrar a comer, 25 afortunadxs que hoy se van a sentar a la mesa a saborear el pastel de carne que hizo “la tía” después de la clase de la profe Lili. Se abre la puerta y lentamente se acercan a las mesas. Cuando terminan preguntan si pueden llevarse las naranjas del postre. Más adelante, cuando me esté por ir, voy a ver a ese mismo nene darle esa naranja a su hermano menor.

“Están de cuerpo presenten pero la mente no está despierta para atender a la clase”, dice Malvina.  “Están como cansados, no tienen la energía que tiene otro adolescente y eso es por la mala alimentación. No solo ahora sino que probablemente haya sido en su primera infancia también”.

Durante la recorrida vamos al patio donde hay un mural que dice: “La educación abre caminos”. Malvina dice que allí están las aulas del secundario, que este año abrieron un cuarto pero “con el riesgo de cerrar el primero”.

“Lo defendimos a capa y espada en conjunto con los gremios docentes que nos dieron una mano muy grande para que se entienda la realidad de los chicos. Y finalmente tenemos los dos primeros. Pero el año que viene no hay más aulas, no hay milagro posible. Al no tener aula, si abrimos el quinto vamos a tener que cerrar un curso”.

Saludo a las profes, a Malvina y voy hasta la parada del colectivo de la esquina. Un profe le dice a un pibe de unos 10 años que no se enoje porque un amigo le dijo que era aburrido, que es un juego y que nunca se lo diría para hacerlo sentir mal. La mamá del nene escucha atentamente mientras come una naranja. El chico abraza al profe con una sonrisa amplia. Viene el colectivo.


Desde nuestras redes de radios, canales de TV y otros medios comunitarios denunciamos el nuevo recorte brutal que el proyecto de Presupuesto infringe al Fomento legalmente establecido por ley 26.522, agravando a una escala inédita la millonaria deuda que el Estado arrastra con el sector.

Hasta acá, el incumplimiento venía dándose por tres vías: asignando menos de lo que la ley indica; ejecutando menos de lo asignado vía rechazo de proyectos con argumentos absurdos o inexistentes en reglamentos; y estirando meses y hasta años las definiciones y pagos con procedimientos complicados y engorrosos. Esto viene acumulando deudas por: 35 millones de concursos ganados y nunca pagos de 2015, 58 millones de concursos no adjudicados en 2016, 160 millones de concursos todavía en proceso de 2017, 300 millones correspondientes a concursos 2018 aún no abiertos y varios cientos más por diferencias acumuladas entre lo dispuesto por la ley y lo asignado año tras año.

Esta es la primera vez que a todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior: de 180 millones asignados en el Presupuesto 2018 (contra 300 que correspondían por ley, según recaudación del gravamen a la comunicación audiovisual del año anterior), bajamos a 140 millones para este ejercicio (sobre una recaudación que va a ser obviamente mayor, que el acumulado 2018 es de 258 millones faltando todavía 3 meses).

Esto constituye: una burla a los compromisos asumidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) luego de muchas manifestaciones y “mesas de diálogo” que son inconducentes sin recursos; una expresión más del vergonzoso Presupuesto del Ajuste dictado por el FMI; un nuevo ataque al Derecho a la Comunicación y la pluralidad de voces que la ley debe garantizar con este mecanismo; y el agravamiento de un incumplimiento sistemático de esta ley por parte del propio Estado y sus funcionarios, reteniendo o usando para otros fines fondos de asignación específica, lo que es un delito.

Reclamamos:

-A legisladores y legisladoras que no convaliden este nuevo atropello, ni el vergonzoso proyecto de Presupuesto del FMI que lo contiene junto a muchos otros más

-Al gobierno nacional y las autoridades del ENaCom, organismo de aplicación de esta ley y esta política pública, que cumplan los compromisos asumidos y la ley sin más trampas ni dilaciones.

Espacio InterRedes:

Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) / Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) / Red Colmena (Cooperativas de Trabajo-CNCT) / Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

El fiscal Antonio Castaño manifestó su bronca en FM De la Calle tras las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y se mostró confiado en que la Cámara de Casación revoque la sentencia del Tribunal Oral.

El funcionario judicial fue quien realizó junto a su par de la Protex, Marcelo Colombo, la investigación desde 2014 e intervino en la causa hasta su elevación a juicio. “Si en Bahía no hay trata tampoco hay droga”, ironizó al responder dichos de la defensa.

Si bien los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu aún no difundieron sus fundamentos, el fallo estaría basado en “que no existe prueba porque no han podido ser citadas a declarar las víctimas”.

“La idea de los imputados de llevar a juicio a quienes fueron víctimas de este flagelo hace nada más que volver a revictimizarlas. Es imposible que declaren frente a estos personajes que, como todos sabemos, las tienen atemorizadas, las tienen amenazadas, saben dónde viven, dónde se desenvuelven”, dijo Castaño.

Las redes de trata “permiten que esas mismas personas circulen por distintos lugares, cuyos propietarios tienen relación con los propietarios de los demás lugares por donde las víctimas han pasado. Son blanco fácil de poder ubicar”.

Castaño remarcó que entre la prueba “teníamos declaraciones testimoniales brindadas en el ámbito de nuestra Fiscalía Federal con todas las garantías del proceso, porque no solamente he estado yo sino también las defensas de los imputados. Lo que no permitió el tribunal es que esas declaraciones que estaban en forma escrita sean leídas en el debate. Fue a pedido de las defensas, más vale, quieren que las víctimas vayan al lugar y que lógicamente lo que van a declarar no va a ser lo que realmente han pasado”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Para ejemplificar las situaciones de riesgo y las intimidaciones padecidas por las testigos víctimas, recordó que para una de las mujeres cuyo testimonio fue “totalmente contundente en cuanto a la operatoria de Víctor Iglesias” tuvo que solicitarle a la jueza Mirta Filipuzzi una custodia permanente ante su domicilio.

Dicha tarea la asumió la Prefectura, la cual informó luego que durante su tarea “se habían acercado distintos personajes a los efectos de, según ellos, invitarla a comer un asado a esta testigo, personajes relacionados con los imputados de la causa”.

“Esto lógicamente va a ser apelado por el fiscal de juicio, el dr. Santiago Roldán. Hay antecedentes en Casación de estas circunstancias, así que tenemos plena fe con el fiscal de juicio que esto va a ser revertido pero queda la sensación de impotencia tanto mía como de toda la gente que trabajó denodadamente en esta causa”.

El fiscal destacó el poder alcanzado por algunos imputados: “Son personas con mucho poder económico, vinculadas normalmente a cuestiones políticas y enquistados en nuestra sociedad como grandes señores, hoy son empresarios y así se seguirán manejando”.

“Lo de Gutt está comprobado.

Hoy tiene la posibilidad de volver a la Prefectura, es una barbaridad desde todo punto de vista”.

El Tribunal Oral dio a conocer el viernes el veredicto tras prohibir la participación del público y la prensa durante las audiencias. El fiscal Roldán desistió de acusar al dueño de El Gran Chaparral, Martín Vargas, quien recuperó su libertad tras los alegatos. Lo mismo sucedió al día siguiente con Iglesias y el ex prefecto Eduardo Horacio Gutt.

El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

Foto Castaño: De la Bahía.

Luego de la absolución de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual, desde “Bahía contra la Trata” solicitaron que las autoridades nacionales y el Consejo de la Magistratura incorporen la perspectiva de género como requisito para la futura conformación del Tribunal Oral y la Fiscalía de juicio.

Gabriela Galetti dijo a FM De la Calle que apelan a “la no naturalización de la explotación” y agregó que “muchas veces la explotación sexual tiene que ver con la vulnerabilidad de las mujeres que habían sido sometidas, con la falta de oportunidades, con el silencio y con la complicidad”.

La organización reclamó que el fiscal Santiago Roldán apele el fallo de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu “para que estas causas avancen” y que la justicia “actúe con celeridad”. “Por ejemplo en la causa del club Kaos, que todavía no se elevó a juicio” y que involucra a Víctor Hugo Iglesias, uno de los absueltos.

“Consideramos que ya hay un inicio en el cambio cultural. Como sociedad tenemos que evitar la naturalización y que los proxenetas sean condenados. La ley de Trata es del 2008, recién en 2012 se establece el tema del aparente consentimiento porque hay que ver las oportunidades que tuvieron esas mujeres. El consentimiento no quita que se esté cometiendo un delito por parte del tratante. Esa complejidad también tiene que darse desde la justicia”, comentó Galetti.

Señaló que pretenden un pacto social: “Nos preguntamos: todo el sistema prostibulario que la sociedad bahiense conoce que existía en Ingeniero White, en la zona del puerto, en los cabarets, ¿era una ficción , un montaje que no existió?”.

Una absolución “no niega la realidad ni controvierte lo que toda la sociedad bahiense vio y calló por años”, concluyó.

Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.

El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.

“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.

Miguel Ángel Palazzani.

Miguel Ángel Palazzani.

Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.

Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.

Mario José Bilesio.

Mario José Bilesio.

 

Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.

“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.

El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.

Arturo María Quintana.

Arturo María Quintana.

Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.

Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.

El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.

En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.

Antes de la lectura de los alegatos, un conjunto de organizaciones realizaron un llamamiento para que “la explotación sexual no quede impune y que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas”.

Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.

Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.

Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.

Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.

Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.

El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.

Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.

Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal  sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.

Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.

Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

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En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

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Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.

El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

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Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.

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En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.

En octubre del mismo año, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el Juicio Ejército III, en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas convocamos a la comunidad a la lectura del documento “No a la impunidad” en el marco del juicio por trata de mujeres para explotación sexual más importante de la historia judicial bahiense.

Será este jueves a las 11 frente al Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle donde se escucharán los alegatos contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la “evidente connivencia policial y política” con la que actuaban los proxenetas en Ing. White. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

 

ANTE EL JUICIO DE TRATA MÁS IMPORTANTE

DE LA HISTORIA DE BAHÍA BLANCA, NO A LA IMPUNIDAD

En el marco de un juicio histórico por trata de personas con fines de explotación sexual que se está llevando a cabo en la ciudad, queremos transmitir un mensaje claro.

Se llega a esta instancia judicial con evidencias concretas de un armado en red, destinado a la trata de mujeres. En este marco, se efectuó el mayor operativo de desarme de tramas de explotación sexual en la ciudad, en el cual fueron rescatadas 25 mujeres. Asimismo, señalamos que en este caso se destacó la connivencia entre los explotadores y las fuerzas de seguridad, lo cual constituye una de las principales características de este delito a nivel mundial. Nuestro objetivo es hacer ver lo que se pretende silenciar o invisibilizar: que la explotación sexual es una forma de vulneración de Derechos Humanos, la cual no puede ser tolerada, naturalizada, ni avalada por los Poderes de la República.

Es por lo mencionado que, desde organizaciones y referentes sociales, políticas/os, sindicales y feministas, hacemos un llamamiento a que la explotación sexual no quede impune, y a que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas, en pos de restituir todos sus derechos vulnerados.

ADHIEREN:

Bahía Contra la Trata – Frente Julieta Lanteri – Red Local de Violencia de Género – Consejo Local de las Mujeres – Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur – Grupo de investigación UNS Prostituir es tratar – El Nido – Acciones Feministas – Desbandadas – Comisión de Género y Diversidades sexuales del Colegio de Psicólogos Distrito 1 – Bahiensas Feministas – Asociación Civil Manos Entrelazadas de Punta Alta – Colegio de Psicólogos – La Misión – Centro de estudiantes de trabajo social Bahía Blanca – Centro de pensamiento jurídico Inclusivo – FM De la Calle – Centro de estudiantes de Abogacía UNS – Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca – Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Congregación Claretiana Bahía Blanca – Comisión de Cultura y Deportes venezolana de Bahía Blanca – Programa Aquelarre Radio Urbana Bahía Blanca.

Ate Bahía Blanca – Suteba Bahía Blanca– Sadop – Adef Bahía Blanca – CGI (Comisión Gremial interna) Banco Credicoop – Jaime Linares Senador Nacional MC – Frente feminista nacional y popular – Integración Ciudadana – Nuevos Vientos – Unidad Ciudadana – Bloque de Concejales Cambiemos – Bloque de Concejales PJ Cumplir – Frente de Mujeres Nuevo Encuentro – Juventud Radical – Jóvenes Pro Bahía Blanca – Puño y Letra Comunismo Revolucionario – Juventud Sindical Peronista – Socialistas para la Victoria – Melina Rebollo secretaria de DDHH e igualdad de género Secasfpi Anses – CTA Autónoma Nacional Pablo Micheli secretario general y Dora Martinez secretaria adjunta – CTA Provincia de Buenos Aires Cristian Echeverría secretario general, Laura García Vazquez, secretaria adjunta – Jesús Felix, secretario general CTA Autónoma Bahía Blanca Coronel Dorrego.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

Durante el fin de semana se realizará en Trelew el 33º Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis que cada año reúne mayor cantidad de participantes.

Miles de mujeres llegan desde todo el país y del exterior para participar de un evento único. Este año se esperan más 50 mil participantes durante las dos intensas jornadas de debate y aprendizaje.

“Llegar a un encuentro no te garantiza que vas a salir feminista pero sí que vas a descubrir el movimiento de mujeres y ver cuantas hay viviendo historias como la tuya, vas a dimensionar lo que está sucediendo en América Latina donde las mujeres estamos demandando derechos, un mundo más justo, más igualitario, donde el mercado no nos lleve puesta a nosotras y a las generaciones futuras”, dijo a FM De la Calle Marcela Rodríguez.

El Encuentro comenzará con un acto de apertura en el cual se leerá un documento consensuado por quienes integran la comisión organizadora. En ese momento se toman las inscripciones opcionales y las participantes hacen un aporte de dinero para solventar los gastos.

Durante todo el año, la comisión organizadora gestionó alojamiento y comida para las participantes del evento. Este año habrá por primera vez una Feria Gastronómica “Al horno el patriarcado”.

“Tener que abastecer a tanta gente de comida demando la necesidad de esta feria. La idea es que tenga precios accesibles, esta desde la calle Edison hasta el centro y unas cuadras más adelante empieza todo el paseo de feria artesanal. Esta feria tiene el nombre de ‘Evelyn Moli Artesana de Sueños’, era una artesana que murió víctima de femicidio”, comentó Rodríguez.

Otra de las particularidades del encuentro de este año es la Campaña por un Encuentro Plurinacional que llevan adelante las mujeres de los pueblos originarios.

Las escuelas se abren para alojar a las viajeras y para ser cede de los 73 talleres, se incorporan dos nuevos “Mujeres y fútbol” y “Mujeres por la libre autodeterminación de los pueblos” y centenares de actividades culturales en paralelo.

Es un encuentro festivo, donde las diferentes demandas del movimiento de mujeres y feminista confluyen en un solo evento que finaliza con una marcha multitudinaria de todas las organizaciones en conjunto con independientes. Y finalmente se realiza un acto de cierre donde se elige la próxima sede.

“Estamos exigiendo al gobierno provincial que no haya medidas de represión, no pedimos seguridad de Gendarmería ni de la Policía en los momentos en que nosotras nos encontramos y transitamos por los espacios públicos”, dijeron desde la organización.

“El encuentro es un espacio de maravillosos, de crecimiento y formación para cada una que participa. Esta sociedad patriarcal y machista nos genera experiencias que no son agradables, nos deja las marcas del patriarcado en la sensibilidad de la piel, en la memoria. Eso es lo que nosotras seguimos construyendo, proponiendo nuevas formas de relacionarnos, de entender y mirar el mundo”.

Les pibes en la escuela. Hombres y mujeres martillan los restos de las viviendas de chapa que ayer destrozó la policía. Se organizan entre sí. Este rato ayudan a una mujer a levantar lo poco que le tiraron. Otro rato ayudan a otra vecina a colocar el techo. Trabajadores/as sin trabajo. Uno de ellos despedido recientemente de Servicios Integrados Bahía Blanca.

Esta mañana, presentaron un recurso de amparo. “Vinieron sin orden de desalojo”, dijo Juliana a FM De la Calle, y reprimieron “sabiendo que hay chicos menores”. “Se metieron a las casas”, agregó su vecina, en situación de calle con dos niños a cargo. “Hay menores con balas de goma”.

Ambas se acercaron a la municipalidad, en otras oportunidades, frente a la difícil situación económica que atraviesan. “En este caso vivieron con agresión y amenazas” sin mediar diálogo político.

“Por algo estamos acá” suma Luciano, quien recuerda que están anotados en “planes de vivienda desde el 2006. Son tierras que el municipio quiere negociar porque es mucha plata. Queremos un lugar donde poder vivir dignamente”.

“No queremos que nos lleven a un hogar donde hay más mugre que acá. Queremos una respuesta. Queremos que se haga cargo el intendente. Que se haga responsable. Que no se olvide que estamos en un rincón de Bahía Blanca. Que les dé una solución a la familia. No estamos usurpando. Estamos ocupando un lugar que nos pertenece como bahienses. No queremos que nos den materiales, lo vamos a levantar de cero”.

A su vez, denunciaron que durante la represión de ayer el municipio les “robó lo poco que teníamos. Se llevaron chapas, todo. Buscan que nos peleemos entre pobres y no lo van a lograr”.

Mientras tanto, el intendente Héctor Gay, junto a un puñado de dirigentes nacionales, lanzan la Unión Industrial de la Patagonia Argentina en el Teatro Municipal.

Por 33 votos a favor y 20 en contra el Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Federal Nº2 de Bahía Blanca. De esta manera, la mayoría de las y los senadores desoyó las graves denuncias de los organismos de derechos humanos y de víctimas del genocidio.

“Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y Rosana Heinrich -hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva Provincia asesinado por la última dictadura cívico-militar-.

Una de las impugnaciones presentadas en abril fue realizada por el CELS y planteaba que Martínez “carece de idoneidad para el cargo” dado que “sus tres años a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

En cuanto a las investigaciones sobre el genocidio, los organismos destacaron que las “reiteradas irregularidades” se “convirtieron en estrategias de impunidad”.

“Entre los beneficiados está Vicente Massot, uno de los responsables de La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y Miguel Ángel Loyola, tesorero del mismo sindicato”.

“Además, Ulpiano Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de detención de Aldo Vara, capellán acusado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitó que se fugara y muriera impune, y omitió informar sobre prisiones preventivas cuyos plazos estaban vencidos”.

El comportamiento irregular de Ulpiano Martínez fue informado por el juez Alejo Ramos Padilla, su sucesor como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes.

Ayer votaron a favor: Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard, Humberto Schiavoni, Carlos Espínola, Roberto Basualdo, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, Miriam Boyadjian, Mario Fiad, Julio Catalán Magni, Eduardo Costa, Alfredo De Angelli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Daniel Lovera, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Dalmacio Mera, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Laura Rodríguez Machado, Guillermo Pereyra, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, José Uñac, Marta Varela, Silvia Beatriz Elías de Pérez y Pamela Verasay.

En tanto, los votos en contra fueron los de: Anabel Fernández Sagasti, María Inés Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, Ana Almirón, Norma Durango, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana María Ianni, Alfredo Luenxo, José Mayans, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnún, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Eugenia Catalfamo, Sigrid Kunath y María Teresa González.

Se cumplen 50 años de la masacre de Tlatelolco en México cuando la represión al movimiento estudiantil dejó decenas de muertxs y presxs políticxs. “La represión policial y militar permanece intacta desde entonces y lamentablemente no ha habido justicia ni por los caídos del ’68 ni por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa”, dijo a FM De la Calle Mónica Mexicano.

La integrante de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina destacó que “no sabemos cuál fue el número de asesinados ni tampoco el de desaparecidos del movimiento de aquel año” y que es una fecha “importante no solamente por la reivindicación de la memoria de los y las caídas sino también por la fiereza con la que los estudiantes salieron a las calles a organizarse y a lucha, no por reivindicaciones típicamente estudiantiles sino contra la opresión del Estado mexicano”.

“La gente se organizó a partir de la represión a los estudiantes de una preparatoria en la Ciudad de México y, a partir de ahí, se genera un movimiento nacional contra la represión policial. Eso obedecía a ciertas coordenadas históricas y mundiales -aquel mítico año ’68- que pugnaban por la libertad en todos sus aspectos”.

Mexicano comentó que “también tiene que ver con lo que pasó en Ayotzinapa porque cada año se conmemora esa masacre y justo hace cuatro años los chicos estaban consiguiendo plata para poder asistir a esta marcha que se hace en el Distrito Federal. (…) En medio de esta actividad política son atacados por las fuerzas policiales”.

En cuanto a las expectativas ante el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre, advirtió que “todos los políticos nacieron del PRI” y que “si bien no tiene una posición de derecha tampoco lo consideramos como un progresista o de izquierda. (…) Esto solo se puede combatir con el movimiento social a la cabeza”.

Según manifestó, en México en los últimos 12 años hay más de 39 mil personas desaparecidas y más de 200 mil asesinadas en el supuesto contexto de “guerra contra el narcotráfico que solamente es una guerra contra la población”.

Organismos de derechos humanos se reunieron con las CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y ATE “ante la profunda preocupación por la vulneración del Estado de Derecho en nuestro país”.

El secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, dijo a FM De la Calle que la iniciativa es “de las pocas cosas esperanzadoras que hay en la Argentina de hoy porque muestra un recorrido de unidad del movimiento de derechos humanos”.

“Fue un encuentro entre dos procesos de unidad donde se respiraba la convicción de que hay que enfrentar al macrismo, en la movilización popular, en la disputa de la sociedad. No se trata solo de caminar y caminar sino de pensar modos de intervención que pongan en cuestión la dominación cultural que tiene el macrismo sobre una parte importante de la sociedad”.

Para dar continuidad a la articulación avanzarán con dos iniciativas: “una solicitada en contra de todas las amenazas” recibidas por trabajadorxs y militantes populares y la participación en la misa convocada por el sector sindical para el 20 de octubre en Luján la cual, a pedido del MEDH, tendrá un carácter ecuménico.

Schulman aseguró que “lo que ocurre en la Argentina es una operación continental de reorganización de la dominación colonial” a partir de la cual “hoy menos que nunca se puede pensar la represión por fuera de la política general”.

“El acuerdo con el FMI es la consumación de ese proceso de dominación. (…) Habrá tanta represión como permitamos, así de sencillo, en términos teóricos la cuota de plusvalía, la voluntad de explotar y ganar no tiene límites”.

El dirigente manifestó que “nosotros ya veníamos re contra jodidos, todos los días calculo mi pensión en dólares y pierdo siempre, pero ahora ya empiezan a estar amenazados los grupos medios y la historia muestra que se suicidan, que no solo son reaccionarios sino que son bastante tontos. Como la burguesía liberal de Argentina que con tal que persigan al peronismo o a Cristina o a no sé quién están aceptando de manera cómplice la destrucción del estado de derecho”.

“Argentina se va encaminando hacia una situación en que lo espacios terceristas, las propuestas de hagamos un poquito cada vez tienen menos sentido. Eso hace más difícil derrotar al macrismo pero también de que la derrota del macrismo va a ser muchísimo más contundente para el capitalismo argentino que otros períodos.

“Nada es gratis en esta vida y ceder la moneda… bueno, el que quiera salir de ese esquema no tiene otra que romper con el Fondo, eso equivale a poner límites al manejo del dólar, volver a controles, hay una cadena de decisiones que tendrá que tomar aquel que quiera separarse un poquito del macrismo que en la Argentina derivará en un enfrentamiento enorme entre la Nación y el poder colonial”, dijo Schulman.

El secretario de la Liga advirtió que el espacio avizora dicha situación y con sus pergaminos y diferencias “se propone representar nada menos que al sujeto pueblo”.

Participaron del encuentro representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,  Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH de La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Fotos: ATE Capital.

El Enacom adeuda cientos de millones a los medios comunitarios.

El Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM sigue quedándose los fondos de fomento para medios comunitarios y de pueblos originarios que establece la ley 26.522. En lo inmediato son casi 160 millones para proyectos ya presentados en concursos de 2017, que se encuentran cajoneados en el organismo. A lo que deben sumarse 300 millones que corresponderían a los concursos 2018, ni siquiera abiertos a poco más de tres meses de finalizar el año, cerca de 25 millones más en deudas que persisten de proyectos ganadores en 2015, y otros varios cientos entre la sub ejecución de 2016 y las diferencias que se acumulan todos los años entre lo asignado y lo establecido por la ley.

Nos preguntamos, ¿en qué se la gastan?

En un contexto inflacionario, con tarifazos que golpean duramente el sostenimiento de los medios, el Enacom que preside Silvana Guidici ahoga financieramente a los medios de comunicación populares. Así impide que se desarrollen proyectos de realización de contenidos radiales y audiovisuales, de gestión, equipamiento e infraestructura, y excluye del ecosistema mediático las voces comunitarias y alternativas, atacando la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la pluralidad de voces que la ley busca resguardar con este mecanismo.

No se trata de “subsidios” que un gobierno pueda otorgar o no según su humor y predisposición, sino de fondos que provienen de un impuesto de asignación específica, proveniente del mismo gravamen a la comunicación audiovisual que financia los institutos del Cine, el Teatro, la Música y al propio ENACOM. No pueden no utilizarlo, y utilizarlo para otros fines es un delito.

Reclamamos:
-Anuncio de los ganadores y el desembolso de los concursos vigentes en el mes en curso
-Actualización de los montos concursados por inflación
-Apertura de las líneas correspondientes a 2018.
-Saldo de todas las deudas anteriores
-Participación en la elección de jurados a través de propuestas y análisis de sus CV

Basta de dilaciones.

Sin medios comunitarios no hay democracia.

#enqueselagastan
#sinmedioscomunitariosnohaydemocracia 

Representantes del Consejo Cultural Consultivo y del Consejo Local de Niñez expusieron en la Banca 25 exigiéndole a lxs concejalxs que declaren la Emergencia en Niñez y que contemplen las necesidades expresadas en un informe sobre el impacto del recorte de políticas públicas en sectores vulnerables.

El diagnóstico fue elaborado en base a los datos que aportaron, en asambleas abiertas, diversos actores de la educación, la salud y la cultura. El documento tiene como puntos en común la precarización laboral de profesionales que integran las distintas áreas y la subejecución del presupuesto municipal.

“Venimos hoy a traerles la mirada de una comunidad que empezó a convocarse en asambleas multisectoriales, con sectores que atravesaban la misma problemática. Barrios y familias enteras privados de sus talleres municipales, falta de insumos y  personal en las salitas médicas, merenderos que reciben cada vez más demandas con cada vez menos recursos”, afirmó Cecilia Epherra, integrante del Consejo Cultural Consultivo.

El decreto de austeridad elaborado por el gobierno nacional afectó fuertemente a los barrios más desprotegidos. El 12 de abril el Consejo Local de Niñez presentó en el HCD el pedido de declaración de Emergencia en Niñez y hasta la fecha continúa sin respuesta.

“Con el cierre de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio Miramar y con el desmantelamiento de casi 100 talleres, no solo se despidió a docentes que ya estaban trabajando en condiciones  precarias y por monedas, sino que se dejó a 2500 familias sin talleres, sin su música”, continuó Epherra.

Por último, pidieron que el cuerpo exija para el Presupuesto 2019, el incremento de las partidas presupuestarias que respondan a  la necesidades de la comunidad, y que, para ello, contemplen la información relevada por los Consejos.

Instaron a que lxs funcionarixs asuman el compromiso en la evaluación de cada balance y rendición de cuentas presentado por el Ejecutivo porque “este uso discrecional de los recursos además de no realizarse con ningún criterio ordenador de prioridades, impactó en las áreas más vulnerables de la ciudad de manera devastadora, mientras se sobre ejecutaban partidas  de seguridad y tránsito”.

El sábado a las 10 se realizará la tercera asamblea de ambos Consejos, abierta a la comunidad, en la Escuela Nº1, ubicada en Chiclana 851.

El SUTEBA denunció que la docente de Moreno Corina De Bonis fue interceptada ayer al salir del Centro de Educación Complementaria Nº 801, mientras se dirigía a su casa. “Le pusieron una bolsa en la cabeza y la metieron en un auto a la fuerza. Ahí, la golpearon y le escribieron con un punzón en el abdomen ‘OLLAS NO'”, dijo el secretario general, Roberto Baradel.

Las amenazas empezaron hace una semana: las escuelas y las paredes del distrito amanecieron con volantes y pintadas que intimaban a lxs docentes y a toda la comunidad educativa de Moreno. Ante las terribles muertes de Sandra y Rubén, causadas por la desidia del Estado, la comunidad de Moreno comenzó una larga lucha exigiendo justicia y escuelas seguras.

Asimismo, muchxs maestrxs y familias se organizaron para seguir garantizando la comida a lxs chicxs que, al estar suspendidas las clases, no cuentan con el Servicio Alimentario Escolar necesario. El CEC Nº 801 le daba de comer a más de 200 personas por día, producto de la organización de la comunidad educativa que recibía donaciones, etc.

A raíz de eso, comenzaron las amenazas: “Basta de hacer política, den clases” y “La próxima olla es en Guemes y Roldán”, haciendo referencia al cementerio del distrito. Hoy esas amenazas se hicieron carne de la manera más cruenta.

“Las muertes de Sandra y Rubén son un hecho insoportable, culpa de la desidia del Estado. Pedimos Justicia. En el medio de una medida de fuerza pacífica, sucede esto. Hay que decir basta, hay que pararlos. Están haciendo de la Argentina un Estado de excepción. Las autoridades son responsables de la integridad de toda la comunidad educativa. Lo primero que hice fue comunicarme con Ritondo y Sánchez Zinny, tienen que esclarecer este hecho de forma urgente. Cuando se tiene responsabilidad política, hay que ser equilibrado”, sentenció Baradel.

En medio de la conferencia, a las 21, las madres que acompañan a la Docente en las ollas, fueron amenazadas nuevamente.

Mariana Cattáneo, secretaria general de SUTEBA Moreno, manifestó: “Estos no son hechos aislados, la situación es muy grave. Moreno es una zona liberada, no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Les molesta que se visibilice que no está resuelto el problema del SAE y de Infraestructura, a casi 40 días de la muerte de nuestrxs compañerxs”.

Para finalizar, la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso, enfatizó la convocatoria al paro nacional y movilización docente de este jueves: “Nos vamos a movilizar para decir claramente NUNCA MÁS. No vamos a permitir que esto se repita, lxs maestrxs no vamos a dejar pasar la violencia que quieren instalar contra lxs que no se arrodillan, lxs que se siguen movilizando y lxs que no se resignan a ver cómo nuestrxs pibxs se mueren de hambre en las escuelas”.

(Por Facundo Muñoz) La activista por los derechos de las mujeres Sonia Sánchez una vez dijo: “La prostitución no es un trabajo. La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Y si digo y sostengo que la prostitución es la violación de estos derechos, el primero en violarlos es el propio Estado. Y todxs nos debemos hacer cargo, porque por acción u omisión somos responsables de que haya una mujer prostituida”.

Entendiendo el planteo que hace Sonia, queda explicitado que la prostitución es el método que se utiliza en las redes de trata con fines de explotación sexual para generar ganancias. La compra y venta de cuerpos de mujeres, niñxs y adolescentes para satisfacer el deseo violento de algunos pocos.

En esta actualidad de ajuste y tarifazos que nos atraviesa es válido retomar el debate sobre la trata de personas. Para ello consultamos a Alika Kinan, feminista abolicionista y víctima recuperada del delito de trata con fines de explotación sexual. Su caso ha sido uno de los más resonantes en nuestros país, dado que fue ella la primera mujer en querellar al Estado por haberla desprotegido.

“Si tuvieramos que hablar de la trata en el 2018 indefectiblemente tenemos que hablar de todas las medidas de ajuste que están azotando nuestro país al completo. Tendríamos que hablar de todas las medidas del gobierno macrista, no se puede dejar de mencionar todo el contexto social y la falta de políticas públicas que tenemos para fortalecer, no sólo la economía de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto”, sostiene.

Desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015, vale la pena destacar que aumentaron las denuncias a la línea 145 pero disminuyeron en un 70% los rescates, según expresa el Informe N°104  que la Jefatura de Gabinete envió al Congreso.

Respuesta de Marcos Peña ante la pregunta de cuántas víctimas fueron rescatadas en 2017 en relación a los años anteriores. Pregunta 189 – Informe N°104/2017

-¿A qué se debe este incremento de denuncias?

Creo que todas las compañeras activistas, creo que yo misma, hemos hecho un gran trabajo a la hora de visibilizar, a la hora de tomar no solamente los medios comunitarios sino también los medios de gran alcance y esto ha llevado a promover las denuncias. No creo que sea porque Macri está luchando contra la trata.

-¿Qué rol ocupa en este contexto el Instituto Nacional de Mujeres y su presidenta Fabiana Túñez?

Yo creo que ha brillado en esta última gestión por su ausencia. Creo que se han hecho unas fotos fantásticas Fabiana Túñez con Macri. Ella lo reconoció (al presidente) como ‘un hombre feminista’, yo no podría decir lo mismo. Creo que el feminismo se nota en las prácticas, un tipo que ha inaugurado prostíbulos, un tipo que ha estado de la mano con Raúl Martins, que claramente se lo ha vinculado a él y a su familia con talleres clandestino en la provincia de Buenos Aires, no tiene ninguna autoridad moral para hablar de trata, ni siquiera para hablar de feminismo.

La era de las comunicaciones y la justicia argentina

Las nuevas tecnologías y en especial las redes sociales, han revolucionado las formas de comunicarnos. Pero en ese marea de likes, retwitts e instagram stories, se pueden esconder perfiles “fakes” o falsos que utilizan como método de captación los tratantes. Alika, explica que “con las nuevas tecnologías que hoy tenemos, con las redes sociales todo ha devenido en que los proxenetas tengan otras formas de captar a las víctimas de maneras más sutiles. Hoy tienen acceso a la infancia, a la juventud a la adolescencia y se les ha simplificado la tarea. Yo creo que pasamos del rubro 59 a Facebook, Instagram, Badoo y otras redes que son muy populares.

-¿En qué situación deja esto a la Ley de Trata vigente? ¿Es necesario modificarla y, de ser así, qué se debe tener en cuenta?

La Ley de Trata requiere modificaciones pero en cuanto a la restitución de derechos que jamás se han implementado. Tuvo una modificación allá por el 2012, cuando ya tenía cuatro años de existencia. Sí llevó a poder ganar más juicios, sí llevó a otras instancias lo que es la trata de personas, pero hoy a diez años de su primera sanción requiere indefectiblemente modificaciones en cuanto a las penas y políticas de Estado.

En materia judicial vale destacar, por ejemplo, que la causa de la red de prostíbulos conocida como “Las Casitas de Río Gallegos” prescribió el año pasado. Por otra parte, desde el 2009 hasta la fecha, en Bahía Blanca solamente hubo 13 condenas por trata o explotación sexual en una ciudad que, aparte de ser una ciudad puerto, se caracteriza por tener prostíbulos.

Estas situaciones, Alika se las atribuye a la falta de capacitación y perspectiva de género. “Como una simple activista te puedo decir que les falta sensibilidad, les falta empatía con las víctimas. A las víctimas ya nos cuesta mucho reconocernos como víctimas por todos los procesos de stress post-traumático, todos los procesos de disociación que debemos atravesar para poder sobrevivir a las redes y poder sobrevivir a lo que es la trata en sí, con lo cual, después volver desde ese lugar es complicado”.

“Entonces, si los jueces y los fiscales y las fiscales no pueden ver la trata de personas detrás de una víctima, que claramente es una víctima, yo creo que el problema no es en sí de la sociedad sino de cómo se está impartiendo justicia”.

Pedagogía de la crueldad

Hasta ahora hemos hablado mucho de si las víctimas son pocas o muchas, si faltan o sobran las de políticas, si el Estado está ausente o presente. ¿Y de los clientes cuándo empezamos a hablar?

“Yo creo que si no hubiera demanda no tendríamos prostitución. Porque qué más capitalista que vender el cuerpo o alquilarlo o ceder la voluntad sexual como lo ha dicho la propia Georgina Orellano. ¿Por qué cedemos la voluntad sexual? Porque hay demanda. Y si hay demanda puede adoptar diferentes maneras, desde la forma más clandestina -como puede ser la trata de personas y la explotación sexual- hasta la que pasa más inadvertida -como puede ser la prostitución autónoma-. ¿Qué es exactamente la prostitución autónoma que no sea lo mismo que sea la trata de personas? ¿Qué es ceder la voluntad sexual para que un hombre haga uso y abuso de eso cuerpos?”.

-¿Existe una cultura de la violación?

Es la que todos los días se infiltra en nuestra sociedad, en nuestra juventud, en nuestra niñas más jovencitas, incluso en los varones. Yo lo que le digo a mis compañeras siempre es: la pornografía es la manera que tiene de promocionarse la prostitución. La pornografía es la manera en que se enseña a los hombres a violar, esta es la cultura de la violación, la pedagogía de la violación. Y esto indefectiblemente lo tenemos que ligar con la ESI.

Si tuviéramos ESI efectiva en todos los colegios, nuestros hijos y nuestras hijas sabrían qué está bien y qué está mal en relación al sexo. Y de sexo no se habla. Si bien, de acuerdo a las edades porque no hablar del deseo de las mujeres, del placer de las mujeres, posiblemente no en los colegios, pero sí enseñarles qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo queremos que nos toquen, cómo no queremos que nos toquen. Forma parte de esto tener una sexualidad sana, gozosa, disfrutada y deseada.

Argentina´s Millenials o Los Millenials de Argentina es el nombre que recibe el informe 2017 que el sitio de pornografía más grande del mundo PornHub realizó sobre nuestro país. ¿Por qué ese nombre? Porque el 58% de los hombres que visitaron el sitio web tienen entre 18 y 34 años, es decir Millenials. Además se demostró que el 80% de las visitas a la página se realizaron a través de Smartphones.

Según este informe, nuestro país se ubica entre los 20 con mayor consumo de pornografía y representa al 80% del tráfico de total PornHub. Argentina ocupa el puesto 17 en tráfico y el 5º puesto en el ranking de países que más tiempo están en cada visita, siendo las categorías más buscadas del 2017 por los hombres argentinos: Colegialas, Lésbico y Mujeres Trans.

Durante este año PornHub realizó una encuesta a propósito de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el Mundial de Fútbol de Rusia. Esta medición se basaba en determinar cuánto disminuían la cantidad de visitas en la página durante los partidos.

Nuestro país quedó en 6º lugar, con una disminución del 38% en cada partido y con un incremento del 113% el mismo día que la selección de fútbol fue eliminada. La idea de esta estadística era comprobar si en otros países se daba el mismo fenómeno que ocurre en los Estados Unidos cuando son las finales de la NBA o los SúperBowl.

En esta constante de pedagogía de la violación y cultura machista que violenta mujeres, ¿alcanza sólo con el Estado?

“Hay que abrir el debate a la sociedad, lo que pasa es que cuando se abren los debates a la sociedad no podemos hablar de cuál momento es idóneo. Yo creo que cualquier momento es bueno para hablar de sexualidad y para dar un debate, como el del aborto que se dio últimamente. Yo creo que ahí podríamos ver de qué se trata el sexo, de qué se trata la prostitución, de qué se trata la trata, la explotación sexual, cuáles son los deseos. Es el disfrute, cuando estás con 30 hombres por día no podemos hablar de disfrute, la sexualidad debe ser elegida”.

Alika Kinan fue recuperada de “Sheik”, el prostíbulo en el cual era explotada, en octubre de 2012. Entre esa fecha y el día de hoy fueron recuperadas 5102 víctimas. La Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), en sus informes lleva contabilizados en ese lapso 639 víctimas de trata a las que les brindó asistencia. ¿Qué pasó con las otras 4400 que no fueron derivadas a DOVIC? ¿Qué entidad del Estado les dio ayuda?

Hasta 2015 la política de Estado para víctimas de trata era gestionarles una Asignación Universal por Hijx, sólo a aquellas mujeres que fueran madres al momento de ser recuperadas o, en el mejor de los casos, eran derivadas a un refugio. Es decir, el Estado las rescata de una situación de vulneración para vulnerarlas nuevamente por la falta de estrategias para el abordaje integral de las víctimas.