Montezanti: una decisión política

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Hoy se escucharán los alegatos del proceso de remoción contra el suspendido presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, denunciado por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones. Según informó ayer la secretaría del Jurado de Enjuiciamiento, la audiencia fue convocada 8:30 para escuchar al ex fiscal Hugo Cañón, al imputado y a los representantes de la acusación y la defensa.

Más de treinta personas brindaron testimonio la semana pasada ante el tribunal para referirse a los vínculos del magistrado con la Triple A bahiense, su pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181 como personal civil durante la dictadura, su militancia en favor de la pena de muerte y la persecución y maltratos hacía el alumnado en la Universidad del Sur y a trabajadores y trabajadoras judiciales.

Una de las imputaciones que podrá detallar este martes Cañón comenzó a ser expuesta, entre otrxs, por el funcionario de la Fiscalía General Dino Berdini, quien dijo a FM De la Calle que la acusación “ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

La audiencia es pública y se realizará en el tercer piso del Consejo de la Magistratura, Libertad 731 de Capital Federal. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre e HIJOS Capital llamaron a acompañar el encuentro. 

Dino Berdini recordó en diálogo con el programa En Eso Estamos que la Fiscalía comparte con la Cámara Federal la sede de Mitre 60, “estamos en un espacio acotado en la parte de atrás del edificio grande de la Cámara y a raíz de ciertas actuaciones a cargo de la presidencia de Montezanti vimos aún más achicado nuestro lugar, nuestro espacio de movimiento. Fueron desde resoluciones nimias como restricción a circular por pasillos, no utilización de la cocina -eso implicó quedarnos sin agua y sin gas para calentar agua-, restricciones en el modo de utilizar la biblioteca, teníamos que estar sometidos a anotar los libros previamente y nos asignaban un espacio exclusivo para la lectura del cual no nos podíamos mover, hasta cuestiones graves como el desalojo de nuestro archivo”.

“Teníamos un archivo, un lugar ya asignado hace muchísimos años, y por una decisión unilateral nos dijeron ‘tienen 24 horas para desalojarlo’. Necesitábamos un nuevo espacio y se pidió mayor tiempo, como no cumplimos las 24 horas, de facto, nos dejaron todo a la intemperie. Más que un inconveniente desde lo funcional era una cuestión grave institucional porque ya es meter mano en cosas de otro”, agregó.

Luego comenzaron persecuciones para “expulsar” a la Fiscalía del inmueble. “El Ministerio Público a partir del ’94 con la reforma constitucional dejó de pertenecer al Poder Judicial y esa fue la separación, podríamos ponerlo en términos de matrimonio, pero nunca se hizo la división de bienes, ‘esto es tuyo y esto es mío’. Eso nunca se hizo y no lo tiene que hacer ni la Cámara ni la Fiscalía, lo hace la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público a través de la Procuración. ¿Pasaron veinte años? Es verdad, pero no somos nosotros los que decidimos de acá ni tampoco tenemos que ser las víctimas de esta pelea”.

En ese contexto, el clima laboral y las relaciones entre trabajadorxs de los dos organismos fueron empeorando al ritmo del avance de Montezanti. “Había hasta gente con miedo de venir a hablar con nosotros porque éramos las personas con las que no se podía hablar”.

Respecto a la posible vinculación del accionar del camarista suspendido con el reinicio de las causas de lesa humanidad, Berdini aseguró que “sobre todo en la gestión del dr. Cañón las causas estaban en sus comienzos, este tipo de persecuciones por delitos de lesa humanidad, y esto iba formando lo que después fue la Unidad por Violación de Derechos Humanos que funciona en calle Sarmiento. Seguramente el dr. Cañón el día de mañana cuando tenga que prestar declaración se explayará en estos motivos, pero concretamente este tipo de actuaciones se vieron reflejadas en ese contexto”.

El testigo mencionó además la “persecución directa” sufrida por la secretaria general de la Regional III de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Graciela Diez Paz y la delegada Sandra Martínez Borda, quien fue trasladada compulsivamente por Montezanti.

“La expulsó del lugar natural de trabajo diciendo que era inconveniente para trabajar allí cuando era y sigue siendo una empleada excelente y simplemente porque era molesto que estuviese una representante gremial en el edificio de la Cámara, era una manera de adoctrinar a todas las personas, si me meto con los representantes gremiales puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que ha llevado a presentaciones judiciales y una gran oposición del gremio y denuncias del secretario general de la Unión, que es Julio Piumato, ante el Consejo de la Magistratura que son estas denuncias que hoy terminan en jury”, afirmó.

Por último, advirtió que “un jury es un juicio político, uno no tiene que verlo en términos de justicia judicial -pongámoslo en esos términos- de saber si es culpable o inocente. Aquí se han ventilado conductas de diverso tipo, persecuciones en la universidad, en lo que es la justicia, la desclasificación de los archivos que determinaron que fue Personal Civil de Inteligencia y esa suma de elementos el jury tendrá que determinar si cumplen la imputación o no y si merece seguir en su cargo, pero la realidad ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

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Jury a Montezanti: se acercan los alegatos

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Una semana de testimoniales pasó en el proceso de remoción contra el camarista Néstor Luis Montezanti que realiza el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación en la Capital Federal. Las declaraciones terminarán el martes desde las 11:30 cuando se presente el ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón. Luego hablará el imputado y se desarrollarán los alegatos de la acusación y la defensa. La sentencia se conocería en febrero.

“Los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”, dijo el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, tras escuchar la intervención de Alberto Rodríguez. El ex estudiante subrayó que “evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura”.

La acusación contra Montezanti apunta a comprobar el “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape”, manifestó Hilda Abad en relación a un fallo del camarista que desprocesó a un intendente y un subcomisario pampeanos en un juicio por trata.

¿Quiénes declararon?

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Este viernes fueron convocados Marcos Canova, Hilda Abad, Magdalena Adriana Cisner, Horacio Cavalaro, Néstor Alberto Giorno, Andrés Bouzat, Raúl Carlos Ciccola y Juan Pedro Tunessi. Un día antes, Miguel Pereyra, propuesto por la acusación; y por la defensa Augusto Enrique Fernández, María Alejandra Santantonin, Marcela Lía Beilison, Mariana Costa, Julieta Carolina Mateos, Rosana Noemí Teti y Marianela Albrieu quienes manifestaron que Montezanti se excusaba en las causas entrantes vinculadas a delitos de lesa humanidad.

El miércoles fue el turno de un grupo de ex empleados de la Cámara, quienes coincidieron en que el clima laboral era violento y de persecución, generando así una situación de temor constante, que era infundida por el juez. Sandra Martínez Borda dijo que el trato hacia las empleadas mujeres era en especial de discriminación y desprecio. Recordó el caso del 2007 en el que realizó un pedido de certificación de horas extras para cobrarlas o compensarlas, y el magistrado le respondió: “Si empezamos a los tiros, terminamos a los tiros”.

También dieron su testimonio Alberto Rodríguez, Dino Berdini, Graciela Mirta Diez Paz, Miguel Tohmé, Ricardo Serafini, José Manuel Saez, y Marcos Fernández Peña. Por otra parte, la secretaría del tribunal dejó constancia que la testigo María Inés Colantuono no pudo ser notificada.

FM De la Calle registró los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar, la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, y los militantes Dante Patrignani y Juan Larrea. También fueron consultados Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga.

“Que la justicia se ponga en manos de jueces probos”

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Alberto Rodríguez declaró por cuarta vez sobre los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca, el asesinato de su compañero David “Watu” Cilleruelo y la vinculación del suspendido presidente de la Cámara Federal local, Néstor Luis Montezanti, con la banda parapolicial. Esta vez fue ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el procedimiento de remoción que se sigue al ex espía del Destacamento de Inteligencia 181.

“Pude decir todo aquello que me preguntaron y ampliarlo respecto a su participación en la toma de la UTN, su nombramiento primero como profesor de la misma y después como organizador de los matones en la toma, como un actor intelectual más que un matón. La participación del secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, la Juventud Sindical Peronista, emitió un comunicado en la misma época que esa universidad se tomaría de cualquier manera y con las armas que tuvieran a su mano”, comentó a FM De la Calle.

Luego habló del comportamiento del imputado como profesor, “lo que ha sido su persecución y acoso a sus alumnos, muchos de ellos abandonaron la carrera hace algunos años por sus formas de perseguir o presionarlos; las resoluciones que ha tomado en cuanto a declarar que las prostitutas son cloacas de la sociedad para evitar que la mierda nos tape; lo dicho en el juicio que me realizó cuando se enloqueció en el 2007 y empezó a hablar de que lo que estaba pasando era la lucha del imperio soviético contra el movimiento nacional justicialista. Cosas que evidentemente necesitaría un psiquiatra antes de seguir siendo juez. Evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura, por haber sido integrante PCI de los servicios de informaciones y todo lo que ya he comentado en la radio también”.

Rodríguez aseguró que la defensa lo interrogó sobre los fundamentos de sus dichos sobre el docente y aclaró que fue su alumno en dos materias. “Empezaron a preguntarme en qué podía diferenciar a un profesor que daba Derecho Civil, qué quería discutir con el código en la mano como si no se pudiera discutir sobre las leyes, cosa que sí hacíamos en los años 70 con docentes de Economía que leíamos desde Smith, Marx, a los desarrollistas de los años 60 o a Keynes de los años 40, eso era normal en esta universidad donde todo se debatía, excepto cuando un docente de militancia fascista no lo permitía”.

El testigo informó que durante la exposición se detuvo en la denuncia de algunos de los crímenes de la Triple A bahiense y en la promoción de la pena de muerte por parte del camarista. “Y fue emocionante porque al final pedí que la justicia se ponga en manos de jueces probos y no de jueces que tenían condiciones de soplones del Ejército en la dictadura y militante fascista en la realidad”.

En cuanto al resultado del proceso de remoción, Rodríguez manifestó que tiene “un mínimo de expectativa positiva” porque “el jury no lo pueden cambiar, son los mismos jueces que comenzaron los que tienen que terminar”. Más allá del contexto político “depende de nosotros, de la calle, no quedarnos encerrados, salir y pelearla, porque las batallas no se pierden discutiendo en un café sino cuando el pueblo no activa y no sale. Es la única manera de seguir adelante con los juicios de lesa humanidad y avanzar en el juicio de la Triple A que seguramente también va a quedar detenido a partir de que el juez Ramos Padilla termine (su subrogancia) en diciembre”.

Minutos después de presenciar la declaración del actor, el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle desde la sede del Jurado de Enjuiciamiento que “los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”.

“Alberto terminó su alegato explicando que no tenía ningún interés personal en la causa como le habían preguntado, explicando que había adquirido una profesión que le hubiera permitido tener ‘una vida tranquila’ pero que decidió atenerse a las consecuencias de ser coherente con la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia” y resaltó “la distancia sideral que hay entre una basura humana como Montezanti, que habla de que las prostitutas son la cloaca de la ciudad y un militante de la Verdad que ha expuesto durante años, muchas veces en soledad y ahora acompañado, creo que no hay jurado en el mundo que pueda declarar inocente a Montezanti después de lo que vivimos hoy”.

Schulman se refirió a las provocaciones de la defensa y aclaró que no cree en “la neutralidad de los abogados, los fascistas defienden fascistas y la gente buena defiende a la gente buena, no conozco ningún abogado de buena vida, de buena idea, que defienda a un nazi como Montezanti. Los que defienden a Montezanti son tan hijos de puta como Montezanti y así se portan en el juicio”.

“La vida es así de contradictoria, en el momento en que los amigos de Montezanti llegan al gobierno, él irá a parar fuera del Poder Judicial. Alguna condena tendremos y supongo que como una rata escapará de la cárcel con algún artilugio”, sostuvo en relación a la imputación penal que pesa sobre el camarista en la causa que investiga más de una veintena de asesinatos cometidos por la banda criminal. “El Watu está presente”, culminó.

Autoritario y misógino

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Por su parte, Hilda Abad describió al jurado el momento político en el cual comenzó sus estudios en la UNS en 1974: “Fue un momento visagra en el cual se empezó a usar la represión hacia los estudiantes y los docentes, así que ya empecé a tener participación estudiantil en un momento de muchísima ebullición y disputa política”.

“Me preguntaron de dónde lo conocía a Montezanti y expliqué que a poquito de iniciar mi participación estudiantil, que iba a los cursos con compañeros a hablar de la problemática estudiantil, que levantábamos los cursos, había tenido problemas con tres profesores, uno de ellos fue Montezanti, quien nos insultó, no nos dejó entrar al curso y demás y por eso cuando lo vi en la UTN con todos los matones armados en una señal de clara camaradería no fue una sorpresa, sabía de quién se trataba”, agregó en diálogo con FM De la Calle al concluir su testimonio.

Por fuera de lo hechos de la década del 70, Abad aseveró que “como militante feminista que soy quería plantear el tema de la trata de personas”: “Pude decir que me sentía muy contenta de poder haber aportado un pequeño granito de arena y reivindicaba la memoria de Watu, del Negrito García, de todos los compañeros asesinados por la Triple A, de tantas compañeras y compañeros laburantes y estudiantes que han sido maltratados por este sujeto y que mi capacidad de asombro ya no tenía espacio -porque no solo lastimaba los derechos humanos del pasado- sino que en el presente había sido partícipe, e hice mención al fallo de trata con respecto al local de Lonquimay”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape. Realmente vergonzoso y nefasta la coherencia que tiene este hombre, autoritaria y misógina”, cerró.

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“En la provincia lo que está en emergencia son los derechos humanos”

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(Comisión Provincial por la Memoria) La emergencia en seguridad propuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al igual que las emergencias anteriores, no está basada en indicadores fiables que demuestren el diagnóstico que se describe. Por lo tanto, no resuelven el problema de fondo sino que buscan generar impacto mediático y sumar potestades al poder ejecutivo en materia de seguridad, sobre todo en la disposición de los fondos públicos.

De hecho la reiteración de la declaración de la emergencia, a un año de la anterior, constituye en sí misma una nueva evidencia de la ineficacia más absoluta de este instrumento para resolver las problemáticas vinculadas a las violencias y el delito. Como se ha corroborado en los hechos, el único resultado de la emergencia decretada por el ex gobernador Daniel Scioli en abril de 2014 fue el colapso del sistema penal en la provincia de Buenos Aires.

En línea con una política criminal basada en el punitivismo –que los diferentes gobiernos de turno han repetido una y otra vez desde hace 15 años–, la medida constituyó un serio retroceso en el respeto de las libertades individuales y las garantías constitucionales que afectó especialmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Producto de estas decisiones políticas que encuentran responsables en todos los poderes del Estado provincial, hoy lo que está en emergencia en la provincia de Buenos Aires son los derechos humanos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad en la Provincia, la Comisión por la Memoria viene denunciando públicamente el efecto regresivo de estas decisiones y acciones. En las cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiatricos impera la tortura como una práctica sistemática, la muerte evitable y la violencia como forma de “gobierno” o control de estos espacios.

En 2014, mediante un informe que fue remitido a todos los poderes del Estado y organismos internacionales, la CPM cuestionó la constitucionalidad de la emergencia y alertó sobre las consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos y su ineficacia para resolver los problemas de inseguridad.

Entre los datos más alarmantes figuraban el incremento de la población carcelaria, el agravamiento de las condiciones de encierro y la práctica de la tortura; el crecimiento de las detenciones arbitrarias, las muertes por uso letal de la fuerza y la habilitación de calabozos en comisarías para detenciones.

En este sentido, las inspecciones realizadas por la CPM en comisarías motivaron la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está siendo tratada por el organismo.

A las voces que alertan sobre las consecuencias de la política criminal en la provincia de Buenos Aires se sumó en los últimos días una resolución de la SCJBA en la que se reconoce el “colapso del sistema penal”. Para la Suprema Corte bonaerense se trata de un problema “crónico y complejo” que hoy se cristaliza en algunos indicadores clave: récord histórico de detenidos en cárceles y comisarías, situación que genera altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento, malos tratos y deficiencia en el acceso a la salud y la educación, entre otros.

Como se ha señalado desde la CPM, todos estos hechos incrementan las condiciones inhumanas de alojamiento, constituyéndose en hechos de tortura graves. Por otra parte, en consonancia con esta emergencia, el Consejo de Ministros de Seguridad Interior de la Argentina –integrado por los representantes de todas las provincias– aprobó que el gobierno nacional declare la emergencia.

Esta medida profundizará en todo el país la situación descripta en la provincia de Buenos Aires. Sin importar el signo político de los gobernadores, todos apoyaron esta iniciativa. Es imperioso revertir la tendencia de las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo.

Como tantas veces hemos insistido, se debe avanzar en el paradigma de una seguridad democrática –que ha contado con el acuerdo de amplios sectores– para abandonar las “emergencias” y diseñar políticas de Estado que, en base a consensos amplios y datos fehacientes y objetivos, encaren políticas criminales orientadas a la problemática de los mercados ilegales y los delitos graves y complejos, sin caer en el facilismo efectista de una supuesta “guerra” contra el crimen, que no sólo no ha resuelto la cuestión sino que ha profundizado la violencia.

Al mismo tiempo, es imprescindible avanzar en la democratización de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias, exigiendo el pleno respeto a los derechos humanos.

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“Era un espía dentro de la universidad”

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Juan Larrea declaró ante el tribunal que juzga al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, por mal desempeño en sus funciones, por su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentino y por su pertenencia como personal civil de la inteligencia genocida.

El testigo milita en el Partido Comunista desde su juventud y es diputado provincial de San Luis por el Frente para la Victoria. Aseguró que desde principios de la década del sesenta el juez “estaba organizado dentro de las ideas antisemitas” en las filas de la Guardia Restauradora Nacionalista promovida por el cura Julio Meinvielle. “Una especie de pogroms criollos” que acosaban a jóvenes judíos en la ciudad.

Larrea ratificó que, ya en los setenta, Montezanti participó en la toma de la UTN junto a los sicarios de la Triple A y continuó su tarea como agente del Destacamento de Inteligencia 181. “Dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad”, dijo a FM De la Calle.

-Su conocimiento de Montezanti, viene desde que eran muy chicos, ¿eran vecinos?

No solamente éramos vecinos, nuestro padres eran suboficiales de la Armada Argentina, formaban parte de la Base Aeronaval Comandante Espora, entonces tenemos un conocimiento anterior a la propia existencia política de Montezanti o mía.

-¿Eso le permitió saber de algunas intervenciones previas a la vinculación más conocida con la Triple A, con organizaciones que usted calificó como antisemitas?

Precisamente le indiqué al tribunal que este hombre, Montezanti, estaba organizado dentro de las ideas antisemitas, participaba activamente los primeros años de la década del sesenta de la Guardia Restauradora Nacionalista que se dedicaba a acosar, eran como una especie de pogroms nativos, criollos, de acá de Bahía Blanca, que llevaban adelante contra los jóvenes estudiantes de origen judío.

Esto a mí me causaba un impacto realmente terrible, nunca pude tolerar las agresiones a quienes ellos consideraban más débiles. Y sobre mí esto actuaba en forma puntual porque, al ser hijo de un militar y también ellos lo eran en general, reclamaban de mí una posición como la de ellos, o sea de carácter antisemita, cosa que por supuesto nunca pasó por mi mente.

De ahí ya empezaron a ser notables estas acciones de Montezanti como un hombre organizado desde el punto de vista del antisemitismo. Y después fue progresando rápidamente, porque como dice Bertold Bretch, empiezan con los judíos, siguen con los comunistas, después vienen por uno y ya es demasiado tarde.

El cura antisemita Julio Meinvielle fundó la Guardia Restauradora Nacionalista como desprendimiento de Tacuara.

El cura antisemita Julio Meinvielle fundó la Guardia Restauradora Nacionalista como desprendimiento de Tacuara.

-¿Cómo lo vincula con la Triple A?

Montezanti se va de la ciudad de Bahía Blanca. Va a estudiar a otro lado, supongo que a La Plata, no me he detenido a revisar su vida. Pero él ya regresa a principios de los años setenta y su presencia es notable en un principio en lo que fue la intervención del profesor Emilio Garófoli en la delegación de la UTN que está en Bahía Blanca.

Ya estaban trabajando en ese momento junto con la banda que capitaneaba el Moncho Argibay. Nosotros lo conocíamos desde el año 70 porque Argibay intenta interrumpir un acto que estábamos realizando en el Salón de los Deportes con la presencia de Héctor Agosti, conocido dirigente comunista, en aquel momento al frente del Encuentro Nacional de los Argentinos.

Y la conjunción se hace efectiva más precisamente cuando los compañeros estudiantes de la UTN -ahí estaba dirigiendo el centro de estudiantes el hijo de nuestro querido camarada Sosa- nos piden ayuda solidaria y nosotros desde la UNS marchamos. Cuando llegamos, encontramos que estaba en la puerta de la UTN este grupo armado y este hombre Montezanti al lado de Argibay. Y Argibay siempre estaba con una pistola ametralladora PAM colgando del hombro. Ahí estaba él, con esta exhibición de armas invitando a que entráramos para producir una masacre. Por supuesto que seguimos de largo.

Ya se manifestaba Montezanti activamente como un dirigente, no solo en su adolescencia de la GRN, sino en este caso también de la Triple A, organización montada por López Rega que en el orden local contó entre sus principales dirigentes y organizadores a Néstor Luis Montezanti.

-¿Usted sufrió previamente un atentado en su casa?

Bueno, eso se produjo después del atentado que fue el 15 de febrero del 74. A la madrugada se produjeron una serie de atentados con bombas al local del Partido Comunista, al local de la Caja de Crédito, a la casa del rector de la universidad -en aquel momento Víctor Benamo- y en mi casa.

Por supuesto, sí, ya estábamos señalados claramente. La Triple A actuó con precisión en este sentido y, como manifesté, una de las personas que conocía originariamente de alguna manera el dispositivo, la ubicación de mi casa, que no era una cosa secreta pero que al vivir en el barrio, al tener algunos elementos como el propio (Juan Carlos) Curzio que formaba parte de la banda, un hombre que corría en motos y está mencionado entre el listado de los empleados de la universidad que cumplía esta función de “seguridad” y era uno de los asalariados de la Triple A.

Este hombre tenía un taller a media cuadra de mi casa, algo así como Alvarado 650. En una ciudad chica como en aquel momento, todos nos conocíamos y sabíamos dónde estábamos y qué hacíamos. También los que tengan memoria y algunos años tienen que recordar perfectamente las actividades de Montezanti.

monte infobaeDespués él progresa en todo esto, porque se desarrolla en la propia universidad. Allí cumple una doble función. Montezanti es funcionario en la UTN y se vincula a la “gestión”, a la intervención sangrienta de Tetu en la Universidad (del Sur) que tiene uno de los primeros y más terribles sucesos ocurridos en una universidad pública argentina que es el asesinato de un alumno en su interior, el querido amigo Watu. Yo en aquella época ya estaba preso, los sucesos me son informados, no los conozco en forma directa.

Pero él después tiene una actuación muy significativa donde se manifiesta el grado de desparpajo. Él se introduce dentro de la organización de la comunidad de la Inteligencia, respondiendo en particular al Ejército. Funcionaba en Bahía Blanca desde el golpe de Estado, actuaban en algo que se denominaba “el cónclave”.

Este cónclave funcionaba todos los días jueves en el Comando V Cuerpo de Ejército y ahí se decidía vida, muerte, prisión o libertad de aquellos que estaban detenidos o secuestrados. Quien informaba a las familias de esto era el entonces mayor Mario Hugo Delmé.

Esta actividad era apoyada desde el punto de vista de la investigación criminal -porque obviamente los delincuentes subversivos para esta gente eran considerados criminales-, por personal de investigación entre el cual se encontraba Montezanti. Estos son hechos que uno se entera después cuando se publican las listas con los integrantes.

Además hay otra información que es muy importante que es la que aportan los archivos de la DIPPBA. Ahí hay más de 500 mil carpetas de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que a lo largo de los años, desde la década del 30, desde la época de la Sección Especial en adelante, han sido investigados hasta principios de los años 90. Entre esas carpetas está la mía, son 282 hojas, y si bien es cierto que tachan los nombres que no sean el del titular de la carpeta, a veces tachan mal o se olvidan de tacharlo.

Entonces, hay un relato de cómo funciona en la década del 70 -en particular 78, 79, 80- el cónclave. En particular con los alumnos que han intentado reincorporarse a los estudios, es mi caso, que son cesanteados en función de sus antecedentes políticos. En esta labor participaban los delegados de la universidad, ahí el interventor Lucero lo menciona, me parece que fue decano y es un elemento de ellos.

Y me parece importante porque en ese escrito terminan reconociendo el éxito del alumno Larrea que logra la reincorporación en un fallo final de la Corte Suprema de Justicia y que había que encontrar los sistemas “legales” para evitar que eso se repitiera. Eso se repitió y hubo una gran cantidad de alumnos que habían sido cesanteados que pudieron terminar de estudiar, entre ellos, (Dante) Patrignani.

Ahí se ve la actividad de Montezanti, él dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad.

-¿Quién es o fue Diógenes Salazar?

Diógenes Salazar, yo lo menciono porque fue precisamente el que en una conversación me transmitió el suceso en el cual (el jefe de la UOM) Albertano Julián Quiroga, del cual era asesor Montezanti, asesina a una persona desde las oficinas y el imputado en este caso -Montezanti- fue testigo.

No sé si esta persona está viva o muerta, era el secretario general del sindicato FOETRA Bahía Blanca y tenía funciones a nivel nacional también. Estamos hablando más o menos del año 85. Estos fueron relatos que yo transmití al tribunal. Hay cosas que no me constan sino que transmito para que en todo caso si son de interés del tribunal se cite a quiénes me informan de tal asunto.

Foto Larrea: Facebook Prensa Comunista San Luis.
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Actuaban como “una organización criminal”

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Dante Patrignani es autor de una de las denuncias que confluyeron en el dictamen acusatorio aprobado por el Consejo de la Magistratura para iniciar el juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que se tramita desde el lunes en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Fue el tercero de los testigos y aseguró que el único compromiso que tiene es “político y con la memoria de los 30 mil compañeros desaparecidos”. Habló del accionar de las bandas de la Triple A en los ámbitos universitarios y su vinculación con el imputado.

Montezanti “por una cuestión de practicidad y de coherencia” prefirió “avanzar un poco en la recepción de la prueba y luego decir lo que sea pertinente y no todo lo mucho que tengo para decir, me pongo en el lugar del jurado que no tiene por qué soportar circunstancias personalísimas”.

FM De la Calle registró además los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Hoy estaban citados Alberto Rodríguez, Sandra Martínez Borda, Dino Berdini, Graciela Diez Paz, Miguel Thomé, Ricardo Serafini, José Manuel Sáez, María Inés Colantuono y Marcos Fernández Peña. Ayer se presentaron ante el tribunal Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga. El único ausente fue el ex fiscal Hugo Cañón quien se encuentra fuera del país.

Patrignani ingresó a la UNS en 1971 como estudiante de ingeniería y se sumó a la Federación Juvenil Comunista y al Centro de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura “donde conocí y milité junto a Watu Cilleruelo hasta el día en que lo asesinaron, estando yo presente mientras repartíamos volantes”. “Pretendíamos enfrentar la intervención de Tetu” que había cerrado carreras y cesanteado a decenas de docentes y alumnxs, “cuando se va Watu, a los dos minutos, tres minutos, escucho un disparo, me doy vuelta y veo caer a Watu… Y a Argibay atrás con una pistola en la mano”, declaró.

El profesor describió el accionar de grupos armados en la universidad como “una cosa cotidiana” e informó al tribunal sobre la conformación de la banda parapolicial y la intervención del rector Remus Tetu en el marco de la Misión Ivanissevich.

Luego del fusilamiento de Cilleruelo en los pasillos de la Universidad del Sur, sus compañerxs convocaron a un enjuiciamiento público de la gestión de Tetu y su rol en el homicidio. Participarían federaciones, organizaciones estudiantiles y personalidades de los derechos humanos. El testigo era parte de la media docena de militantes que debía preparar el salón en el segundo piso del céntrico Hotel del Sur. “En un momento, casi de casualidad, mirando por la ventana veo cruzando Colón a Argibay, armado, con dos personas más y de pronto estacionaba lo que nosotros llamábamos la fiambrera o la chanchita, que era un Fiat azul con rayas blancas que se sabía estaba para levantar gente y reventarla después”.

Los jóvenes se encerraron a oscuras hasta que llegó la policía. “Nos detuvo, yo estuve con otros compañeros dos años y medio preso y era exactamente la misma gente que se movía con ese vehículo, que actuaba en la universidad, y que en un juicio que le inicio el dr. Montezanti a Alberto Rodríguez, el juez José Luis Ares dio por acreditado que ese grupo de gente era la guardia de seguridad de la Universidad Nacional del Sur -Argibay y su gente-, formaban parte de la organización Alianza Anticomunista Argentina”, afirmó.

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Esa fue la primera vez que vio a Argibay, sin saber que se así se llamaba. “Estaba en el hall central junto con otro grupo de gente, con su arma, estaba el dr. Montezanti, provocándonos como para decir ‘entren’. Enterados que estaba este grupo de matones en la Tecnológica, los estudiantes de la UNS hicimos una movilización, obviamente nos quedamos afuera y no respondimos a la provocación porque era evidente que estaban buscando que hiciéramos algo para meternos algún balazo”.

“Yo no sabía qué era el dr. Montezanti. Yo vi una persona de saco y corbata que desentonaba con el grupo de matones vestidos con camperas, con armas en la mano. Pero estaba con ese grupo y se reía y provocaba. Entonces le pregunto a Alberto Rodríguez quién era ese tipo que desentonaba y Alberto me dice ‘ese es Montezanti, profesor mío’. En ese momento no existía el Departamento de Derecho, él daba materias de Derecho en el Departamento de Ciencias de la Administración”, aseveró el testigo.

Ese fue también el primer contacto con Montezanti. Comprendió mejor “su personalidad” durante la querella que entabló el magistrado contra Rodríguez y “terminé de conocerlo leyendo el descargo que hace cuando pido el juicio académico donde me trata de ITS (NdR: sigla militar de ‘inútil para todo servicio’), de drogadicto, de parásito que vive de la teta ubérrima del Estado y que no trabajo y por eso me dedico a la militancia y a escribir cosas como el pedido de juicio académico”.

Sobre el desempeño docente de Montezanti, Patrignani repitió algunas de las acusaciones planteadas en las declaraciones anteriores (ver abajo) y sumó el caso de una abogada que enfrentó al camarista en el Consejo Departamental de Derecho como dirigente estudiantil y luego tuvo que terminar su carrera en otra universidad.

Respondió preguntas sobre el trámite del juicio académico y la persecución judicial que desató el denunciado mediante tres demandas en su contra. En la defensa de una de ellas, el ingeniero adjuntó copia del legajo de Personal Civil del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, provocando la ira del camarista quien lo acusó penalmente por supuesta violación de secretos políticos y militares.

En esa causa, ajena al jury, pensaron seguramente Montezanti y su abogado al demorar el testimonio de Patrignani hasta la llegada de un expediente que contenía la documentación, para preguntarle cómo había accedido a ella. Ni el testigo, ni la acusación, ni el tribunal les permitieron el gusto.

Patrignani intentó informar al tribunal sobre otros aspectos de la ética del magistrado suspendido, como aquel fallo que desprocesó en una causa por trata a autoridades policiales y políticas de un pueblo pampeano en nombre de “lo que se lee en De Regno, que algunos atribuyen a Santo Tomás de Aquino y otros a Tolomeo de Lucca y es o ha sido compartido por buena parte de nuestra doctrina, sin reproche alguno hasta ahora, menos aún penal (…) Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”. El jurado prefirió ceñirse al dictamen acusatorio. La defensa bufó por tres golpecitos en su mesa que habría dado el testigo al salir.

Malos tratos y arbitrariedades en las aulas

uns-tv-noticias-obras-en-el-camp-1024x576Luciana Yamile Yauhar es abogada, graduada de la Universidad Nacional del Sur, fue dirigente estudiantil y alumna del imputado en las cátedras de Introducción al Derecho, Ciencia Política y Derecho Administrativo I entre los años 2007 y 2012.

Fue la primera testigo y dijo al tribunal que Montezanti “trataba de perjudicar” y “no era respetuoso con los alumnos”. “Yo eso lo dejé manifestado porque mientras estudié, participé de los órganos de gobierno, fui asambleísta y consejera departamental y participé del centro de estudiantil. Así que no solo como alumna vivía su actitud frente a los alumnos sino también en el centro de estudiantes recibíamos denuncias” sobre su actitud docente. Por ejemplo, “preguntas inadecuadas o no lo relacionadas con la materia, durante las clases si sonaba un celular las terminaba o si algún alumno se retiraba también terminaba la clase”.

En cuanto a la violación del reglamento, Yauhar relató que el docente sabiendo que el alumnado tiene el derecho de rendir finales dos veces en cuatro momentos del año, burlaba el reglamento y “ponía la fecha el 1 y el 3 de diciembre, ante eso teníamos que hacer presentaciones hasta que logramos que se establezca una diferencia de diez días entre una fecha y otra”. Tampoco cumplía con las “encuestas de cátedra” que se realizan cada fin de cursada.

La abogada, una de las tantas asambleístas universitarias que levantaron la mano para aprobar el proyecto que restringe la contratación de colaboracionistas en la UNS que luego sustentaría el pedido de juicio académico, también dio cuenta del encierro de alumnas y alumnos durante una clase de Montezanti en una de las aulas del edificio de Agronomía.

Finalmente destacó que en la curricula de Ciencia Política solía leerse bibliografía de autores antidemocráticos y que no existía margen para el debate. La cita motivo que el acusado pase por alto su intención de no declarar y se escandalizó porque el autor citado “no puede ser calificado como antidemocrático, esto resulta un agravio y que lo diga un abogado entra en el terreno… pido disculpas al tribunal pero quise decir esto porque es más de lo que el alma honesta de un hombre que en su vida no ha hecho otra cosa que estudiar puede soportar”.

“No era una clase debatida en estos temas, el daba clases magistrales, pero no era una clase en la que ningún alumno en la que los alumnos levantaran la mano para preguntar, solamente lo vi en una clase de primer año y después no preguntó más porque le contestó dejándolo en evidencia”, dijo.

Luego fue el turno de la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, quien aseguró que “nunca jamás intercambié una palabra con él” aunque “no es de esos profesores que pasan desapercibidos” ya que, incluso fuera de los ámbitos educativos, “surgen en cualquier lado los comentarios de que Montezanti es un profesor bravo”.

Precisó que el letrado solía cometer “arbitrariedades en las cátedras”, “maltrato hacia los estudiantes” e incumplir las normas. Esto pudo conocerlo sobre todo cuando fue secretaria de Asuntos Estudiantiles, lo que le permitió “tener una relación más directa con casi todos los alumnos de la universidad -ya no solamente con los que me rodeaban en mi cátedra- los comentarios comenzaron a ser mayores y las circunstancias en que a veces se veía envuelto el señor Montezanti comenzó a haber mayor cantidad de dichos (sic)”.

Además del encierro de alumnxs durante las clase, Legnini comentó que “había un aula equipada con pantalla y cañón y entonces se cerraba con llaves y los profesores tenían que ir hasta mayordomía para pedir la llave. El dr. Montezanti tuvo que ir a pedir la llave como hace todo el mundo y nos mandó una carta al Consejo Superior donde estaba muy enojado y decía palabras como ‘yo no soy bedel de nadie’, cosa que llama la atención (porque) en la Universidad del Sur no hay bedeles. Decía que había tenido que atravesar a su vez ese pasillo lleno de ‘cuerpos ardientes’, creo que era la palabra. Claro, los alumnos estaban todos en el pasillo esperando entrar”.

Por otra parte, la licenciada recordó que durante los primeros años de la década del setenta cursaba en las Escuelas Medias donde solía haber “celadores con armas largas”, a uno de los cuales pudo identificarlo por conocerlo “del básquet”. Se trata de Héctor “Cacarulo” Forcelli, uno de los cinco detenidos de la causa Triple A en la que también está imputado el camarista.

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Cotter rechazó la designación de jueces por decreto

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Horas antes que se conociera el acuerdo entre Mauricio Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para postergar la jura de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados por decreto para integrar el máximo tribunal, FM De la Calle dialogó con el ex camarista bahiense Luis Alberto Cotter, quien destacó el rechazo de la opinión pública porque “es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento”. Por otra parte, aseguró que en el juicio político contra Néstor Luis Montezanti hay un “cóctel bastante grave” de acusaciones.

– (…) Estamos viendo esta extraña forma de interpretar el diálogo y el consenso que ha mostrado el Poder Ejecutivo Nacional al tomar esta decisión que no tiene muchos antecedentes judiciales, ¿no?

No, no tiene antecedentes judiciales a nivel de Corte. Podríamos invocar un antecedente en el gobierno de Alfonsín pero fueron de jueces de primera y segunda instancia con un objetivo muy claro que era democratizar la justicia saliendo hacía poco tiempo de la dictadura que sufrió el país.

Después hay que remontarse, según tengo entendido, a mil ochocientos y pico por el gobierno de Bartolomé Mitre. Ahí se dan una serie de circunstancias especiales y Mitre también por decreto integró la Corte Suprema.

-¿El trámite hubiese sido mandarlos al Congreso y lograr su aprobación?

Ese es el trámite normal que exige la Constitución Nacional además de afianzar lo democrático y republicano del país. Mandar el candidato al Senado, que se discuta, que se lo entreviste, que averigüen bien sus antecedentes y si está en condiciones de acceder a un puesto de tanta jerarquía y responsabilidad.

-¿De qué manera condiciona o influye a estos jueces la forma en la que acceden a los cargos?

Yo creo que los condiciona, pero tenemos que examinar un elemento importante que es la opinión pública. La opinión pública en general se ha manifestado, por lo menos en las manifestaciones que yo he leído, en contra de esta designación porque es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento. Estamos hablando de integrantes de la Corte Suprema de la Nación que es el último tribunal que garantiza los derechos de los ciudadanos.

Así que la debilidad en principio es objetiva. Después si alguien lo va a presionar o no presionar, si le dicen ‘saco un decreto y te dejo cesante’ es otro tema pero objetivamente se puede dar esa circunstancia.

-Con la jubilación de Fayt la Corte quedó con tres miembros, ¿implicaba esto alguna dificultad en su funcionamiento?

Si hacemos pronósticos puede de alguna manera implicar algún inconveniente (que sean) tres miembros cuando son cinco. Habiendo una disidencia ya sería dos a uno, que no sería la mayoría de la Corte. Pero para resolver ese tema hay vías como son los subrogantes a los cuales siempre se ha echado mano cuando los jueces de la Corte se excusan uno u otro y no hay mayoría. Yo personalmente integré la Corte en dos oportunidades como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca ante esa circunstancia, es decir, hay alternativas.

Los subrogantes son seleccionados incluso por el Senado y hay una lista de la cual se puede extraer aquel que puede definir una situación forzada en la Corte de no haber mayoría.

-Los subrogantes justamente fueron criticados muy fuertemente por la oposición que ahora es oficialismo, ¿tendrían una mayor legitimidad que jueces asumidos a través de un decreto?

Por supuesto, siempre estuvo previsto en los distintos tribunales -tanto de primera, segunda, o Casación o Corte-, hay listas de subrogantes que van integrando la Corte o el cuerpo judicial que corresponda de acuerdo a una selección previa que se ha hecho y un sorteo que garantiza cierta objetividad.

-Más allá de esta situación particular, ¿qué opina respecto a la conformación de la Corte en cuanto a su cantidad de miembros?

Yo creo que con cinco miembros la Corte puede funcionar perfectamente, lo que tal vez habría que modificar son los recursos que llegan a la Corte y los inundan de expedientes.

-¿Qué perspectivas ve en el Poder Judicial ante este nuevo gobierno tras los intentos frustrados del anterior de democratizarlo?

Si yo tomo como referencia este hecho de designar por decreto mi punto de vista no es muy optimista. De todas maneras el problema del Poder Judicial es muy serio y va a ser muy difícil resolver todos los casos que se plantean dentro de la estructura tanto del Ministerio Público como de la propia integración de los tribunales de la justicia federal. Está muy complicado el panorama, va a ser muy difícil, creo que es motivo de una discusión muy profunda no solamente del partido gobernante sino por parte de muchos sectores que están interesados en que la justicia actué de forma independiente. Eso es lo que yo advierto en principio.

-En el fuero federal local hay muchos subrogantes, el kirchnerismo aprobó una ley de Subrogancias que luego la Corte declaró inconstitucional afectando, por ejemplo, la tarea de Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Nº1 quien, entre otras, había avanzado en las causas de lesa humanidad y terminó presentando su renuncia por falta de legitimidad. ¿Le parecía una norma potable o tenía cuestionamiento al respecto?

Pienso que para el momento que estaba transcurriendo y hasta que no se regularicen todas las vacantes que existen en los juzgados era una solución. Precaria pero solución al fin. Vimos que funcionó perfectamente el Juzgado Federal que cubría el dr. Ramos Padilla, funcionó bien la Cámara Federal que estaba integrada por camaristas de otras jurisdicciones. Para salir de este embrollo que se había planteado por renuncias, vacaciones o licencias por enfermedad, etcétera, era una respuesta. Pero bueno, eso con perspectivas que se resuelva en definitiva porque el Poder Judicial tiene que estar integrado por jueces inamovibles, que nadie dude de su imparcialidad, de su independencia. Todo eso se tiene que dar mediante este proceso que usted me preguntaba anteriormente.

-Caída esta ley, en el caso de la Cámara de Apelaciones hay un plazo de tres meses para que continúen los subrogantes actuales, ¿cómo debería reconformarse?

De acuerdo a mi opinión, también por subrogantes salvo que se hagan concursos, que son varios y no son muy breves. La lista de subrogantes tiene que ser seleccionada bien porque a veces mete la cola el diablo y vemos listas en las cuales ninguno de los subrogantes da las garantías necesarias para integrar una Cámara o un juzgado.

-Por último, quiero preguntarle por el juicio político a Montezanti, el cual después de muchas denuncias comenzó esta semana con muchas referencias a lo que eran sus actitudes autoritarias y arbitrarias en la Cámara que compartían.

Mire, mi situación en la época de Montezanti era muy difícil, de enfrentamientos. No enfrentamientos jurídicos, que hubiera sido lo elemental y lo natural. Eran enfrentamientos contra un bloque que se había constituido con Montezanti, (Augusto) Fernández y (Ricardo) Planes. Eran habituales, había otra serie de conductas no decorosas para lo que uno considera que tiene que ser la actitud de un juez y eso realmente ahora se va a ventilar y va a salir a la luz, como por ejemplo la persecución al personal, sanciones sin mucho fundamentos por caprichos personales, sin desconocer los otros cargos que son mucho más graves como haber pertenecido a los servicios de inteligencia y estar comprometido aparentemente con la Triple A.

-¿De ninguna manera comparte lo que planteaba la defensa al decir ‘es increíble que estemos aquí discutiendo unas mínimas cuestiones de orden que establecía Montezanti en la Cámara…’?

Bueno, esos son argumentos de la defensa sin ninguna duda, pero no era así. De alguna manera llegaron hasta el maltrato, reprimendas que no se justificaban, castigar a quién se le ocurriera apelar alguna resolución que postergaba los ascensos, que postergaba la línea que le correspondía a algunos empleados y ascendían otros, hay un coctel bastante grave en eso.

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Apología de Montezanti

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(FM De la Calle) “Montezanti no es el monstruo mitológico que la acusación ha fabricado ni el que van a pretender fabricar acá los testigos. Montezanti es un hombre de la academia, un hombre del derecho, un hombre que ha escrito, que ha traducido libros, que es titular de tres cátedras por concurso. No digo que no sea un hombre capaz de tomar acción en caso de ser necesario pero no es un hombre de acción”, dijo este lunes Ignacio Irigaray, defensor del suspendido camarista bahiense en el juicio político que se le sigue por mal desempeño de sus funciones.

Irigaray, el mismo que representó al fiscal de Saavedra José Campagnoli cuando se lo denunció por abuso de autoridad y por fotografiar a personas ilegalmente para luego inducir reconocimientos, agregó que Montezanti “por supuesto no es comunista, creo que no es anarquista, creo yo que no es socialista, creo que no es radical. También creo que no es fascista. Estuvo afiliado al Partido Justicialista en más de una elección, fue en listas del Partido Justicialista, fue convencional constituyente. Es un juez de la democracia designado por concurso que ganó por amplísimo margen”.

Al imputado se le reprocha mal desempeño en sus funciones y haber pertenecido a la Triple A y a la Inteligencia de la última dictadura cívico–militar. El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caminos, del TOC Nº3 porteño, y Otmar Osvaldo Paulucci, del TOC Nº1 de Rosario; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); lxs diputadxs Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

Tras la presentación de la acusación por parte de los representantes del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde (FpV) y Miguel Piedecasas (UCR), Ignacio Irigaray comenzó su exposición con el juez denunciado a su derecha.

Se vio “obligado” a constituirse en “un faro” para que “el jurado tenga presente en todo momento que el contexto histórico no son los hechos”, dado que “aquí van a desfilar una cantidad de testigos, algunos de ellos lamentablemente ya sabemos por lo menos parcialmente lo que van a decir porque ya lo han dicho en otros procesos, muchos de esos testigos con una activa militancia política en los años que muy bien describió el dr. Piedecasas, muchos de ellos víctimas directas o muy cercanas de la violencia genocida que pretendió terminar con cualquier manifestación y disenso político dentro de un plan genocida que está lo suficientemente desarrollado. La cuestión es que acá estamos juzgando a Montezanti y vamos a juzgar hechos y conductas realizadas por Montezanti”.

El letrado se quejó de “la utilización constante de eufemismos” en el dictamen que motivó el jury y ejemplificó: “Pasamos de la violencia paraestatal de la Triple A, de la pertenencia de un individuo a la Triple A, a la estrecha vinculación con individuos que pertenecerían a la Triple A”.

“No es inocente que el dr. Piedecasas y el dr. Recalde hayan iniciado su exposición con una, si bien breve, conocida elaboración acerca de la importancia que tenían los servicios de Inteligencia en el plan genocida y que más de una vez hayan hablado de delitos de lesa humanidad. Estamos en un tiempo de blancos y negros respecto de ciertos temas, cualquier convocatoria al gris, al pensamiento crítico de las cosas, parece una claudicación”, dijo.

Para Irigaray “la ventana de la idoneidad es utilizada para hacer ingresar en la valoración subjetiva del requisito para ser juez, consideraciones del orden social y político y de política agonal. Los jueces son idóneos moral y éticamente si tienen un comportamiento que comparte lo que es la base mínima de la convivencia que está en la Constitución, en las convenciones, pero esto no autoriza a convertir al órgano selector y al órgano juzgador en una especie de Gran Hermano orwelliano que viene a averiguar qué es lo que piensa un juez de cada cosa. Los jueces no deben pensar lo que piensa la mayoría ni deben pensar lo que nos guste a muchos o a pocos, me animaría a decir lo contrario”.

Al abordar la imputación vinculada a la probada pertenencia de Montezanti al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca como personal civil durante el terrorismo de Estado, Irigaray reconoció la importancia que tuvo la comunidad informativa en la represión pero afirmó que “ese no es el hecho”.

“Los invito a que lean el listado completo desclasificado en el 2010 y van a encontrar que existen un montón de individuos individualizados como agentes de inteligencia y otro montón señalados de otra manera. Los Destacamentos de Inteligencia tienen mozos, tiene camareros, tienen choferes, tienen personal de logística. Alguien cambia lamparitas, alquilan lugares, contratan coches, compran -supongo- radios, handies, balas. Tienen problemas jurídicos”.

“Le estamos endilgando a Montezanti el marco, el Reglamento RC5-1. Cuidado, porque la norma del art. 36 de la Constitución no es ni puede ser la muerte civil de una persona, una responsabilidad objetiva. Estar contratado por un organismo previsto por la ley es una actividad lícita”, opinó.

La defensa presentó a Montezanti como “un especialista en la cuestión Malvinas” y abogado quien “terminó evacuando cuestiones jurídicas de cuanta persona sus jefes pedían que se le evacúen”. “Se fue porque lo sancionaron porque se había ido a Buenos Aires para presentarse como voluntario a Malvinas”, interpretó Irigaray.

Sobre la recomendación para entrar al centro neurálgico del genocidio realizada por el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro explicó que el prófugo “coincidió” con el imputado en 1975: “Riveiro estaba en Mendoza y, como probaremos acá, Montezanti estaba en Bahía Blanca y no piso Mendoza en 1975. Aquí ocurrió lo que ocurre muchas veces, quien le consiguió este conchabo a Montezanti en esa época se ocupó de llenar los requisitos formales y sustanciales que se necesitaban para que lo contraten. Y por supuesto, seguramente era requisito en esa época mostrarse consustanciado con los principios, sus jefes, el arma, y por supuesto, jurar por los estatutos”.

jury 3 efemedelacalle chicaPara desvincularlo de su militancia en favor de la pena de muerte recurrió a Borges, quien “decía ‘no sé por qué me preguntan qué pienso de las cosas, no hay nada que valga menos en un hombre que su opinión de algo, nada es más maleable, nada cambia tan rápido’”. Irigaray agregó que, “en definitiva, la pena de muerte, con toda esta valoración peyorativa que le da el dr. Piedecasas, estuvo vigente en la Argentina democrática hasta el año 2008 en el Código de Justicia Militar” y que “se está planteando un delito de opinión”.

Según la defensa, la vinculación de Montezanti con la Alianza Anticomunista Argentina “es una anécdota de hace cuarenta años en la cual nos van a contar que un grupo de estudiantes se acercó a la universidad con motivo de una protesta, de una toma, y encontró que no podían acceder porque habían colocado una guardia de patoteros armados que ellos identifican con alguna patota sindical relacionada con el que era el secretario general de la CGT, Ponce. Montezanti estaba ahí, según ellos dicen, bien vestido, de traje, no como esta gente, sin ningún arma. Alguno va a decir acá que ni siquiera hacía señas y otros que parecía que hacía alguna seña y había hablado amablemente con alguno de ellos”.

La patota sindical no solo fue “identificada” por los testigos sino también por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani y el juez federal Alejo Ramos Padilla al detener, indagar y procesar con prisión preventiva a cinco de ellos en la misma causa en la que el camarista está imputado penalmente, sin haber sido indagado por refugiarse en sus fueros aunque con la salida del país prohibida.

Para rechazar las denuncias por las “actitudes antisindicales” del magistrado, Irigaray recordó que fue asesor legal de gremios como UOM, ATUNS o SICHOCA. “No sé qué tipo de golpe en la cabeza tuvo que haber tenido para de pronto convertirse en una especie de monstruo que odia el sindicalismo”, afirmó.

Y respecto a su rol como docente en la Universidad del Sur sostuvo que “no debería ser relevante en el juicio político porque no tiene nada que ver con su desempeño como magistrado” y calificó como “menores” los planteos sobre la réplica de “una matriz castrense” con “pensamientos totalitarios” por parte del ex PCI.

El control de lo que leía el personal del Ministerio Público y la circulación de su personal y el desalojo de dependencias de la Cámara utilizadas por colaboradorxs del ex fiscal Hugo Cañón se debieron, según la defensa, a “un mínimo orden para saber dónde están los libros”, una decisión para “que los empleados no anden pululando por las salas” y la necesidad de contar con más espacios para computadoras por parte del órgano que presidía Montezanti.

Luego el acusado tuvo la oportunidad de declarar ante el tribunal aunque prefirió hacerlo luego de escuchar las testimoniales que se desarrollan esta semana en audiencias públicas en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.

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Montezanti en el banquillo

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(FM De la Calle desde Buenos Aires) Comenzó esta mañana en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación el jury contra el suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Luis Montezanti. Durante la jornada, el diputado Héctor Recalde y el abogado Miguel Piedecasas expusieron la acusación en nombre del Consejo de la Magistratura e Ignacio Irigaray realizó las primeras manifestaciones defensivas.

Luego fue el turno de los testigos: el profesor Dante Patrignani, el diputado provincial de San Luis Juan Larrea, la ex consejera y graduada de Derecho Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Mañana a las 9 se reanudarán las audiencias.

En esta primera entrega ofrecemos la reseña de la acusación contra el camarista por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”. Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los y las integrantes del Consejo”.

El actual presidente del cuerpo, Héctor Recalde, abrió la exposición acusatoria luego de sortear un intento de recusación en su contra planteado por Irigaray, a partir de la intervención de uno los miembros del Estudio Recalde en defensa de la trabajadora judicial Sandra Martínez Borda en un pleito contra Montezanti. El diputado retrucó que dicho letrado ya no pertenecía a su buffet y que igualmente él no había tenido ninguna participación en el expediente.

recalde piedecasas efemedelacalle“Acreditaremos que el dr. Néstor Luis Montezanti ha incurrido en mal desempeño en el ejercicio de su función”, prometió y agregó que también denunciarán el “incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias, la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y graves desórdenes” en la conducta del magistrado.

El diputado se detuvo en la pertenencia del acusado al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca y al hecho de que haya sido recomendado, ni más ni menos, que por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “un genocida condenado a 25 años de prisión en Francia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor y prófugo de la justicia de nuestro país”.

“Esto fue a finales de 1975, cuando nuestro país vivía una situación de violencia muy particular con la participación de organismos paraestatales como la Triple A que fue una violencia inaudita, el preludio de la dictadura cívico militar que comenzó en 1976. Una función vital para la represión, para todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron y fundamentalmente a partir de 1976, tuvo que ver con los servicios de Inteligencia”, dijo.

Recalde agravó la situación de Montezanti al subrayar su carácter de abogado ante el principio “de a mayor capacidad, mayor responsabilidad”. “Estas complicidades y tareas que tuvieron que ver con la violación de los derechos humanos, con desapariciones, con torturas, con la apropiación de bebés, etcétera, tuvieron un apoyo de los organismos de inteligencia fundamental. Haber participado de estos organismos de por sí descalificaría a una persona para ejercer la alta magistratura judicial”.

“Quiero aclarar además que el ocultamiento de esto cuando uno expresa sus antecedentes, su curriculum para ocupar algún cargo, también pone de manifiesto la mala fe o en todo caso la conciencia culpable. Nunca el dr. Montezanti, ni en el Consejo de la Magistratura, ni durante la sustanciación del concurso para ser camarista, ni en el Senado de la Nación para tener el acuerdo, ni en su rol de integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, reveló que fue agente de inteligencia durante la dictadura cívica militar”.

jurado efemedelacalleEl grueso de los planteos que se enrostran al camarista fue desarrollado por Miguel Piedecasas quien destacó que el Consejo de la Magistratura acreditó su vinculación con la Triple A y recordó “la aparición del ministro López Rega encaramado en una organización criminal con asiento sindical, político, extendida a lo largo y ancho del país”. “Estos delitos fueron calificados como de lesa humanidad, que es una cuestión que deberemos tener en consideración a lo largo de este enjuiciamiento de naturaleza política”, sostuvo.

Mencionó la intervención de Remus Tetu en la Universidad del Sur y “la muerte de un dirigente estudiantil, Watu Cilleruelo, particularmente dirigente de la Federación Universitaria y de la FJC de Bahía Blanca que muere a manos de los integrantes de esta organización criminal, Jorge Argibay, Chisu, y otros que formaban parte del personal de seguridad y vigilancia de Tetu”.

“En otro hecho, también concreto, que era la toma de la UTN en Bahía Blanca se observa al magistrado en enjuiciamiento en esa escena con estos señores Argibay, Chisu y los demás, participando en un escenario de pertenencia o vinculación”, sumó.

Respecto al desempeño de Montezanti entre el Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, Piedecasas afirmó que ya “fue declarado jurídicamente inconstitucional, y por eso existe la cláusula constitucional del art. 36 que establece la inhabilidad absoluta para aquellos que de alguna manera hayan colaborado”.

“La inteligencia tuvo un rol clave -según la consideración que hace el Consejo de la Magistratura- en este proceso militar de base absolutamente inconstitucional y por la cual recibieron y siguen recibiendo condena aquellos que hayan participado”.

El consejero volvió sobre los avales morales recibidos por Montezanti para ingresar al Destacamento 181 y manifestó que si lo aceptaron fue “porque conocen su compromiso, su vida familiar, su pertenencia, y este es un elemento clave, quién es la persona que lo presta: José Osvaldo Riveiro. Así se estaría violando la idoneidad moral y la vocación democrática exigida por la Constitución a quienes ejercen la magistratura”.

“Esto se conoció con la desclasificación de los documentos en el año 2010 por un decreto, allí toma conocimiento la sociedad. El hecho es la permanencia -la pertenencia está acreditada- la permanencia de ese hecho en el tiempo produce efectos jurídicos muy especiales sobre la persona de un magistrado de la Nación argentina. El mantenimiento de la condición reservada, oculta o la omisión de manifestarla ante el Consejo, ante el Senado, pero también ante las partes -para que conozcan quién es el juez, cuáles son sus antecedentes, cuál es su personalidad, para saber si lo tiene que recusar-, hace a la caracterización de la idoneidad moral y de la vocación democrática del dr. Montezanti”, dijo.

Luego Piedecasas desarrolló la imputación sobre la réplica por parte del juez de “una matriz militar” tanto en la Cámara como en las aulas de la UNS. “Hay que entender que esto es lógico y aceptado desde una perspectiva democrática, porque hay empleados y funcionarios, pero nunca subordinados, pero nunca aquellos que deben obedecer ciegamente las órdenes. Justamente en el ámbito judicial donde los empleados y funcionarios por su capacidad, por su formación, tienen un discernimiento que impide esa obediencia de tipo castrense que el Consejo de la Magistratura encontró en la conducta del enjuiciado”.

Y finalmente, le reprochó que “sostener la pena de muerte significó atentar o tener una posición contraria al derecho a la vida, por la eliminación de la persona que ha cometido delitos, en esos trabajos de doctrina que tienen su antigüedad en el tiempo pero que no han sido desdichos por otros posteriores”.

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“No hay otra pelea que la que peleamos”

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El secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), José Schulman, encabezó un encuentro para “pensar la lucha por los derechos humanos en la Argentina que viene” y advirtió que “no hay otro tiempo que el que nos toca vivir, no hay otra pelea que la que peleamos”. Fue en vísperas del juicio político al suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Montezanti, que comenzará este lunes en el Consejo de la Magistratura.

“Y aunque parezca mentira, Macri no lo puede detener. No puede sacar un decreto diciendo que se interrumpe. Y yo quiero ver a esos señores y señoras, después de escuchar los testimonios y la prueba documental, cómo hacen para sostener a alguien que fue agente de inteligencia, que participó en acciones del terrorismo de Estado, que maltrató a estudiantes, a trabajadoras y trabajadores, y que hace unos meses estampó en un fallo nada menos que aquel aceto de Santo Tomás de Aquino de que las prostitutas son la cloaca de las ciudades, imprescindibles para que la mierda no nos infecte -eso escribió en 2015-. ¿Cómo van a hacer para decir que esa basura humana, fascista, puede seguir siendo juez?”, dijo en el Centro Cultural La Panadería.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación iniciará mañana el debate contra Montezanti, a quien se le reprocha mal desempeño en sus funciones y haber pertenecido a la Triple A y a la Inteligencia de la última dictadura cívico–militar. El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caminos, del TOC Nº3 porteño, y Otmar Osvaldo Paulucci, del TOC Nº1 de Rosario; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); lxs diputadxs Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

Tras la lectura de la imputación, declararán más de treinta testigos durante la próxima semana. Los alegatos aun no tienen fecha y la sentencia se conocerá luego de la feria judicial. La acusación corre por cuenta del Consejo de la Magistratura a través del abogado Miguel Piedecasas y el diputado nacional Héctor Recalde. Montezanti será defendido por Ignacio Irigaray. Leer más

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#Nieto119: “Aún hay desaparecidos con vida y graves delitos por juzgar”

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Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución del nieto 119. “Hoy, nuestro nieto se encontró por primera vez con su madre y este es un hecho extraordinario que queremos celebrar. Se trata de la quinta mamá que pudo recuperar a su hijo apropiado por la dictadura”, dijeron las Abuelas.

Durante la habitual conferencia de prensa posterior a cada restitución de la identidad, la presidenta del organismo Estela de Carlotto, afirmó que “durante estos últimos años se han ido consolidando la Memoria, la Verdad y la Justicia como pilares irrenunciables para la sociedad. Hoy, que desde algunos sectores políticos, mediáticos y judiciales se intenta dar voz a la idea de reconciliación, se evidencia una vez más la necesidad de profundizar las investigaciones”.

“Aún hay desaparecidos con vida y graves delitos por juzgar. Reivindicamos la valentía de Sara en la búsqueda de su hijo y la acompañamos en la alegría de este encuentro. Por todos los nietos y nietas que desconocen su verdadero origen, por todas las víctimas que aún no alcanzaron justicia y para que estos crímenes nunca más se repitan, no permitiremos dar ni un paso atrás”, agregó.

Sara (cuyo apellido mantuvieron en reserva) nació el 25 de enero de 1956 en Tucumán. En 1975, trabajaba en un hotel de la capital de esa provincia, donde vivía junto a sus dos hijas, de 3 años y de un año. En julio, al regresar del trabajo por la madrugada, fue interceptada por un auto en la puerta de su vivienda. La llevaron a una comisaría, luego a la Jefatura de la Policía provincial y posteriormente a la Cárcel de Villa Urquiza, en donde permaneció en calidad de detenida-desaparecida y dio a luz en cautiverio, en la misma cárcel, entre mayo y junio de 1976.

El bebé le fue arrebatado inmediatamente por un enfermero y Sara jamás lo volvió a ver. Fue liberada en noviembre de 1976 a la vera de un cañaveral, y desde ese sitio caminó hasta el Hospital del Carmen en donde permaneció internada hasta que pudo volver a su casa.

Sara vivió atemorizada por el martirio que le tocó vivir. Treinta años más tarde, a través de una persona conocida y acompañada por la agrupación H.I.J.O.S, se puso en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, en 2004. En 2006 se contactó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y allí tomó intervención la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Este organismo abrió un legajo de investigación y en septiembre de 2007 su sangre fue ingresada al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) con la esperanza de dar con el paradero de su hijo.

Mientras tanto, el joven fue haciendo su propia búsqueda. Desde muy chico sospechaba que no era hijo de quienes lo criaron y si bien a él nunca le confirmaron esta duda, personas de su entorno sí conocían su situación. Inscripto como nacido en 1977 en una localidad de la provincia de Santa Fe -donde se crió-, sus dudas fueron creciendo con el tiempo.

En febrero de este año, se animó a presentarse en la filial de Abuelas de Rosario, se le brindó la contención y el acompañamiento que se ofrece a todos los que se acercan para averiguar su origen, y se derivó su caso a la CONADI. En agosto se cursó el pedido al BNDG para que se le efectúe la extracción de sangre y, el 19 de noviembre último, se informó el resultado del entrecruzamiento, que confirmó que es hijo de Sara.

“A pesar de las condiciones extremas en las que lo gestó y alumbró, Sara siempre consideró como su hijo a ese bebé que le arrebataron, al que no llegó a conocer pero escuchó llorar segundos después de parir. Ese bebé en su vientre, al que ‘ahijó’ durante su detención y también después, a quien imaginó como un varón toda su vida, al que buscó primero en soledad y luego con el apoyo del Estado, hoy conoce la verdad”, manifestaron las Abuelas.

Mario Bravo vive en la localidad santafesina de Las Rosas y calificó el encuentro con su madre como “muy emotivo” al señalar que siempre creía que estas historias “le pasaban a otro” pero ahora le pasa a él. “Hay que tomar la posta por otros, porque lamentablemente hay nietos que faltan y esto (por las emociones que le produjo haber recuperado su verdadera identidad) da ganas que lo sienta mucha gente más”, sostuvo.

Resaltó la necesidad de transmitirle a quienes tienen dudas sobre sus orígenes, la idea de que del otro lado “te buscan y que faltaste en una familia durante muchos años”. Con respecto a sus padres de crianza contó que “ya no están” y relató que su mujer y sus amigos lo impulsaron y acompañaron a comenzar con la búsqueda de su identidad, hecho que se le despertó con más fuerza cuando se convirtió en padre.

Dos de lxs cinco nietxs restituidos que pudieron abrazar a sus madres son lxs hermanxs Gatica Caracoche. Su papá Juan Oscar Gatica fue secuestrado en Bahía Blanca y declaró en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad. Escuchá la entrevista con El Juicio desde la Calle:

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El recurso de la mentira

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(Por Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti) La renuncia del juez Ramos Padilla al cargo que subroga en el Juzgado Federal Nº1, fundada en el estado de la justicia bahiense y las incontables trabas que ha encontrado en su gestión, nos lleva a reflexionar sobre quien ha sido el mentor principal de este estado de cosas: Nestor Montezanti, presidente de la Cámara Federal en el momento en que fue suspendido para ser sometido a Juicio Político por el Consejo de la Magistratura. Esta decisión fue adoptada con los votos de kirchneristas, radicales y representantes de jueces y abogados, por lo que queda deslegitimada su postura de “víctima” de una campaña del oficialismo.

Con posterioridad a la resolución del Consejo de la Magistratura, asistimos a un embate mediático del ex PCI Néstor Montezanti para mostrarse como un “perseguido político” del gobierno, intentando frenar su definitiva destitución.

Desde las páginas del diario de los Massot insistió en negar su documentada participación como personal civil de inteligencia de la dictadura. Afirmando que “el sistema de justicia ha traicionado todos los principios”, arremete contra el juez Ramos Padilla que lo convocó en cuatro oportunidades a declaración indagatoria en la causa Triple A.

Una campaña en el portal “change.org”, promovida por el médico bahiense Juan Sebastián Soler y dirigida al Consejo de la Magistratura que, con el título “No destituyan al juez Montezanti”, lo presenta como un adalid “implacable con el narcotrafico, la trata de personas y la delincuencia”, afirmando que su potencial intervención en el caso Suris es la razón por la que el oficialismo pretende separarlo de su cargo de conjuez de la Cámara Federal. Al decir del dr. Soler: “Ahora van por Montezanti, para encubrir una red de empresas, intereses y relaciones vinculadas al lavado de dinero, evasión impositiva y corrupción y designar nuevos jueces con la mayoría automática del Consejo de la Magistratura”.

Argumentos similares esgrime el periodista Luis Novaresio en una nota del portal “infobae.com” de fecha 18 de noviembre. Con el titulo “Juez Montezanti: Soy un perseguido político de este gobierno” le da la palabra al “juez platense” (sic) para que pueda expresarse: “Siento desprecio por quienes inventaron las acusaciones. Han atropellado todo vestigio de división de poderes y, lo que es peor, han cruzado la línea de la dignidad”.

El vergonzoso editorial de La Nación del día posterior al ballotage, que con el título “No más venganza” reivindica “el terrorismo de Estado” que aplastaba con su “poder de fuego” a miles de militantes sociales y políticos y dedica un párrafo al exPCI: “También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.

En todos los casos se repite el mismo argumento falaz. Lo cierto es que el único fallo en el que Montezanti se ocupa de la “corrupción” en el poder es para liberar al intendente y al jefe de policía de Lonquimay (La Pampa), Luis Enrique Rogers y Carlos Adrián Alanis, procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por la Jueza Federal Iara Silvestre.

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Renunció Ramos Padilla como juez subrogante

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El juez Alejo Ramos Padilla presentó su renuncia “indeclinable” como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de nuestra ciudad a partir el 31 de diciembre. Lo hizo en carta dirigída al camarista Pablo Candisano Mera por la pérdida de “legitimidad” que le significó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias por parte de la Corte Suprema.

“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, como jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino. He visto cómo jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política. Son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio a la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, afirmó.

El magistrado que, entre otras causas, llevaba adelante la investigación de crímenes cometidos por la Triple A en la cual declaró en rebeldía al suspendido presidente de la Cámara Federal, Néstor Montezanti, mencionó el enorme desgaste y cansancio personal” que le originó reorganizar el caótico panorama que dejó su antecesor Santiago Ulpiano Martínez y se quejó por la falta de recursos y personal. Padilla se enfocará así en su cargo como titular del juzgado de Dolores que “en los próximos meses de verano debe atender sus mayores demandas”.

El renunciante escribió que asumió en nuestra ciudad “de acuerdo a la ley, por expreso mandato del Consejo de la Magistratura. Desde hace años me desempeño como titular del Juzgado Federal de Dolores en la vecina jurisdicción de Mar del Plata -cargo al accedí mediante concurso público y previo acuerdo del Senado de la Nación-. Esta subrogancia -que no implica mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía, la acepté en la creencia que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca y con la legitimidad de haber sido designado por el órgano específico en la ley y la Constitución”.

Recordó “la grave afectación al servicio de justicia, numerosos atrasos e irregularidades jurisdiccionales y administrativas” oportunamente informados a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Comisión Interpoderes y la Cámara de Apelaciones.

Padilla detalló que para cambiar dicho panorama “se realizaron, con pocos recursos, esfuerzos extraordinarios que implicaron en lo personal atender dos juzgados federales a más de 700 km de distancia”, “soportar largas jornadas laborales que se extendieron entre 12 y 16 horas diarias -incluso los sábados, domingos y durante la feria de invierno-” que le generaron “un enorme desgaste y cansancio personal”.

Al momento de balancear lo realizado, destacó que “se regularizó la situación de los detenidos que llevaban meses sin ser indagados; se resolvió la situación de decenas de detenidos que desde años estaban a la espera de una resolución; se regularizó la situación de las prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo de la Magistratura; se atendieron las quejas por retardo de justicia; se procedió a la quema de material estupefaciente que se encontraba disperso y sin siquiera cumplir las condiciones mínimas de seguridad y custodia (incluso a la intemperie, esto es en la terraza del juzgado); y se dispuso la adecuada custodia de más de medio centenar de armas y la destrucción del material explosivo que estaba en condiciones de estallar y en el ámbito de la propia Secretaría”.

Además, el magistrado reseñó que durante su subrogancia “se corrigieron inconsistencias en los registros (no existía información sobre la cantidad de personas detenidas, ni tampoco certeza sobre dónde se encontraban alojadas); se llevaron adelante allanamientos y se les quitó las armas que los detenidos tenían en sus domicilios -15 casos-; se implementó un control sobre los detenidos y se regularizó el alojamiento de los detenidos de lesa humanidad (alojados en dependencias policiales y en contravención con las disposiciones del Ministerio)”.

“Se comenzaron a superar los atrasos generalizados en todas las secretarías, los conflictos internos, administrativos y laborales entre los distintos funcionarios; se comenzó a capacitar al personal; se impulsó la formación de un seminario administrativo para que se analice la responsabilidad del ex juez subrogante y del secretario de Derechos Humanos (NdR: Mario Fernández Moreno); por primera vez se avanzó en la investigación de la organización paraestatal Triple A y se dictó procesamiento de muchos de sus integrantes; se dictaron numerosos autos de mérito en causas de lesa humanidad”. En otro orden, “se comenzó un proceso para regularizar los más de 150 reclamos de ciudadanías que se encontraban demorados, otorgándose aproximadamente el 50 por ciento de los reclamos”.

La decisión de apartarse del cargo es consecuencia de la resolución de la Corte Suprema que el 4 de noviembre declaró inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y si bien Ramos Padilla aseguró no compartir sus consideraciones ni su oportunidad se ajustó al fallo y señaló que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’ ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’ y ponernos fecha de vencimiento -tres meses-, se puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un juez”.

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Armada: 18 perpetuas, réplica en LNP y condenas por delitos sexuales

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Otro hito en la historia regional marcó esta tarde el tribunal oral bahiense al condenar a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Son miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial que cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “en el plazo de diez días, el diario LaNueva. de esta ciudad (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky y Adriana Metz, quien volvió a gritar por su hermano apropiado.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “tenga a bien efectuar las medidas a su alcance para que en el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías sea estatuido como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado” y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados durante este debate”.

Las penas deberán ser cumplidas en “prisiones federales comunes” luego de evaluarse el estado de salud de cada uno de los condenados, cuyas bajas de las fuerzas armadas y de seguridad a las que pertenecen fueron solicitadas a las autoridades correspondientes.

Recibieron penas de prisión perpetua: el ex comandante de Infantería de Marina y de la Fuerza de Tareas Nº9 Eduardo René Fracassi; el ex miembro del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº1 Luis Alberto Pablo Pons; el ex jefe de Contrainteligencia del Departamento de Operaciones de la Base Baterías Enrique de León; Oscar Alfredo Castro, ex comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA) y de la Fuerza de Tareas Nº2; Alberto Gerardo Pazos, ex jefe de Operaciones e Inteligencia de la FAPA; Edmundo Oscar Núñez, quien  fuera jefe de la Base Puerto Belgrano y la FAPA.

Matías Russin, muestra la foto de su padre desaparecido a los represores.

También recibieron la pena máxima: José Luis Ripa, ex jefe de Seguridad de Puerto Belgrano; Tomás Hermógenes Carrizo, jefe de Contrainteligencia y del Registro Civil de Puerto Belgrano y jefe militar del Barrio Puerto Rosales; Leandro Marcelo Maloberti, responsable de Contrainteligencia de Puerto Belgrano y de la Policía de Establecimientos Navales; Manuel Martínez Loydi, ex jefe de las secciones Informaciones e Investigaciones de Prefectura Zona Atlántico Norte; los prefectos Néstor Alberto Nougués y Luis Ángel Bustos; el ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército, Carlos Andrés Sricker, y los oficiales de dicha unidad Oscar Raúl Otero y Guillermo Julio González Chipont; y los ex guardias del centro clandestino La Escuelita, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala y Raúl Artemio Domínguez.

todos adentro efemedelacalleEl prefecto Pedro Alberto Pila fue condenado a 18 años de cárcel; y ocho recibieron como pena el ex jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya, el ex jefe de sección del Batallón 181, Alejandro Lawless, y el policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman.

Los represores condenados fueron absueltos, al mismo tiempo, en varias imputaciones por distintos motivos y en particular fue rechazada la acusación de haber integrado una asociación ilícita, reprochada a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Selaya y Stricker. Los fundamentos del veredicto -que puede leerse aquí– deberán difundirse antes del 1 de marzo de 2016.

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La memoria en disputa

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(Por José Schulman*) En tanto proceso de resignificación de la historia reciente, y por ello de diagnóstico eficaz sobre las causas de la tragedia que ha sufrido nuestro pueblo y de sus largas consecuencias en todos los planos de la vida social, la memoria siempre es materia de disputas y de enconadas batallas por su dominio.

Lo fue en los días del genocidio, durante los largos años de dura impunidad, aún durante estos años de avances significativos en Memoria, Verdad y Justicia y no hay ninguna duda que será uno de los espacios importantes de disputa en el periodo de gobierno que se abre en Argentina.

Hace unos días un grupo de dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre al llamar a cerrar el paso de Macri, decíamos: no somos indiferentes ante el peligro de una derecha explicita y amiga de los genocidas; por ello vamos a luchar contra el ascenso de Macri y de todos sus cómplices (que ya ganaron varias provincias) que han dicho que los derechos humanos son un curro y llamado a terminar con la “revancha”.

El macrismo no oculta sus relaciones con los nostálgicos del Terrorismo de Estado, los que insistirán en clausurar los juicios y obturar la memoria sobre todo ahora que estamos llegando a poner en el banquillo de los acusados a los empresarios y directorios de las Multinacionales que –articulados por el gobierno de los EE.UU., su Comando Sur y sus estrategias de contrainsurgencia aplicadas en toda Nuestra América-gestaron el Genocidio y sueñan con volver a ser únicos amos y señores de nuestras riquezas y soberanía. Por eso defenderemos los juicios y los espacios de memoria conquistados, no porque los idealicemos sino porque son la plataforma para construir una identidad nacional que se vincule a los sueños incumplidos de nuestros treinta mil. Porque cada condena les duele y cada nieto recuperado dice más sobre la historia reciente que las mil mentiras de los represores y sus escribas.

Aún antes del acto electoral grupos de acción que actúan encubiertos agraviaron sitios de memoria como Mansión Seré y la ESMA mientras algunos condenados como el ex Juez Federal Víctor Brusa provocaba pidiendo fiscalizar para Macri (a sabiendas que su condición de condenado se lo impedía) y no pasaron más de 24 horas para que La Nación presente su proclama de impunidad, la misma que ha sostenido todos estos años con una coherencia y constancia digna de mejor causa pero ahora potenciada por dos hechos: uno es más que obvio, el resultado electoral envalentona a todo el espacio comprometido con la impunidad para los represores pero aún más con los empresarios, políticos, intelectuales y religiosos que fueron parte orgánica y fundamental del Genocidio y la otra es el “mensaje” que el Papa Francisco envía por medio de Graciela Fernández Meijide (la misma que cuestiona la cifra de desaparecidos en la Argentina y clama por la reconciliación sin verdad ni justicia): “hay que curar las heridas pero sin dejar de mirar las cicatrices” habría dicho Francisco para luego completar con “el que está probado que cometió crímenes tiene que cumplir su condena”. Al mismo tiempo expresa su enorme preocupación por aquellas personas detenidas por delitos de lesa humanidad que pasan muchos años de prisión sin procesos ni condenas. Todas las herramientas que posee el Código Procesal, explica, deben ser cumplidas estrictamente para evitar cualquier tipo de tentación de venganza.”

Conviene recordar que en el 2013 según publicó Infojus el 21/8/13, Ricardo López Murphy “habló en una reunión de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. El ex ministro de Economía y Defensa de De la Rúa afirmó que entre 1976 y 1983 “hubo una guerra” y aconsejó a los familiares de represores que soliciten el arresto domiciliario de los condenados, para eludir la prisión. Organismos de DD.HH. repudiaron sus dichos”.

Y conviene asumir que dicha estrategia se viene aplicando con buenos resultados para la impunidad, según un informe reciente del Ministerio Publico: entre 2006 y la actualidad fueron imputadas 2166 personas. De todas ellas, 1065 están detenidas (49 por ciento), 753 está en libertad (35 por ciento), 59 están prófugas (3 por ciento), y los fallecidos suman 280 (13 por ciento, de los cuales 227 fallecieron impunes). En nueve casos no hay datos. Entre los detenidos, 587 están alojados en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 7 en hospitales y sobre 17 no hay datos.

O sea, sobre 2166 imputados (es decir que se consideró que había suficiente prueba sobre su compromiso con el Genocidio para que haya investigación judicial y más que probable juicio oral, solo 587 están presos y buena parte de ellos en el pabellón de Marcos Paz, que algunos consideran un lugar de privilegio. O sea, solo un 27% de los imputados (algunos ya están procesados, juzgados y condenados más de una vez) no está libre, en su casa o en unidad hospitalaria o militar.

Esta estrategia de impunidad en marcha cuenta con el acuerdo de la Corte Suprema y su presidente Lorenzetti que se ha transformado en un referente enorme de la derecha liberal y pro yanqui que se referencia en Macri y sus amigos. Las referencias de La Nación a Montezanti y Hooft muestran lo que les duele el avance de nuestra lucha contra la derecha fascista anidada en el Poder Judicial desde los años del Terrorismo de Estado del que formaron parte orgánica e importante.

Una vez más reivindicamos el rol jugado por nuestros compañeros de Bahía Blanca en hacer visible, acusar y sostener la batalla contra la impunidad de Montezanti, batalla que no abandonaremos hasta verlo fuera de la Universidad del Sur, del Poder Judicial y entre rejas.

La memoria está en disputa y la disputa crecerá en estos meses y años, pero conviene partir de la realidad para librar la batalla en forma, y ganarla. Porque más de una vez la derecha ha utilizado la estrategia del tero: pone el grito en un lado y el huevo en otro. Aunque en estos días es razonable pensar que gritarán mucho y pondrán muchos huevos.

La respuesta de los trabajadores periodistas y gráficos del Diario La Nación es ejemplar, estimulante y muestra que el campo de los que no estamos dispuestos a regalar nada es muy amplio y diverso, como plural ha sido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En aras de esa pluralidad, en los días que restan del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Daniel Scioli es pertinente que el movimiento de derechos humanos reclame la anulación de algunos instrumentos legales y jurídicos, que en manos del gobierno de Macri, Vidal, Larreta, De la Sota y quienes los apoyan/presionan como los grupos económicos y los medios de comunicación, auspiciados todos por la Embajada de los EEUU, pueden ser de enorme peligro para los derechos humanos y la democracia.

A mero listado tentativo proponemos la derogación de las leyes antiterroristas (tuvo varias versiones, hay que derogar todas ellas), la desmilitarización del Servicio Penitenciario Federal y la disolución de todas las policías locales (incluyendo la Metropolitana) que ampliaron al extremo la peligrosidad de la Bonaerense o duplicaron la Federal en la ciudad autónoma, la puesta en marcha del Instrumento de aplicación de la Convención contra la Tortura, la transformación de todos los espacios de memoria en Espacios de gestión pública (no meramente gubernamental) con autonomía política y autarquía administrativa siguiendo el camino recorrido por el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que articulaba organismos de derechos humanos con representantes estatales de modo tal que nadie pueda ignorar la lucha histórica por Verdad Memoria y Justicia de los organismos, las víctimas, los familiares y el movimiento popular.

Sabemos que hay muchas más medidas que se podrían tomar (para limitar la tortura y el gatillo fácil, el poder de la corporación judicial y las mafias entrelazadas con las policías, o terminar con los Servicios de Espionaje o los acuerdos militares con Israel) pero insistimos en que lo nuestro es más una propuesta de acción para el movimiento popular que un listado riguroso de medidas a tomar antes del 10 de diciembre.

Y también sabemos que habrá los que dirán que ya es tarde o inútil.

Son los mismos que sostuvieron el límite de lo posible como marco de toda su actuación en estos años. Lo real es que lo posible se fue reduciendo tanto que llegamos a este punto que nadie imaginaba.

Es hora de volver a pedir lo imposible para luchar por lo legítimo.

Por la verdad, la memoria y la justicia para todas y todos los víctimas de crímenes de Estado de ayer y de hoy.

Y por todos los derechos para todos. Que es lo menos que nos merecemos.

*Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

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No es venganza, es un derecho humano

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Fue contundente el repudio recibido por el diario La Nación tras la publicación de la editorial “No más venganza” en la cual sus directivos le exigen al nuevo gobierno “terminar con las mentiras sobre los años 70” y reivindican la teoría de los dos demonios con el mismo lenguaje de las acciones psicológicas desplegadas durante el terrorismo de Estado.

“Acá no se está pidiendo venganza, la venganza es cuando a mí me matan a un hijo voy y mato al hijo del agresor o le robo al nieto. Acá hay cuarenta años de pedido de justicia, de memoria y de verdad. La verdad nos hace libres y la justicia nos da paz. Hay que sanar el tejido social con la justicia, que todos los familiares de desaparecidos tengan un lugar dónde ir y honrar a su muerto, de llevarle una flor, de saber dónde están. Que todos los jóvenes que hoy andan por el mundo sin saber su identidad, por qué tienen ese color de ojos, ese color de pelo, dónde está su familia, dónde está su abuelo que se parecía físicamente a él, ese abuelo que quiere ver a su nieto, todo eso trasciende cualquier concepto y todo lo que sucede en un país, va más allá de una medida económica, de una situación política social, es un derecho humano”, dijo a FM De la Calle Gladys Brotzman, trabajadora del diario.

Las Comisiones Internas de Prensa y Gráficos y Trabajadores de La Nación S.A. emitieron un comunicado diciendo “SI a la DEMOCRACIA, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad” y “NO al OLVIDO”. La periodista aseguró que en la asamblea “se veía la indignación y el repudio, la bronca y el dolor también porque nosotros tenemos cinco desaparecidos trabajadores de prensa, quizás esto no se conoce totalmente, tenemos al matrimonio Marín, el compañero Seiger, cinco o seis compañeros que han desaparecido en la dictadura y que de alguna manera, por ciertas cuestiones de la vida, como que estuvieron presentes nuevamente entre nosotros porque cada vez que salimos en defensa de los derechos los volvemos a revivir”.

Brotzman afirmó que “todas las redacciones generalmente son muy calientes y más en un día como este de una elección presidencial. La conmoción comenzó desde temprano, a partir de la publicación de esta editorial que quisiera aclararle a la audiencia qué es una editorial. Hay una gran confusión en relación a quién escribió eso. Lo escribió La Nación S.A., es el andamiaje ideológico que el diario tiene y en el día de ayer los periodistas justamente querían despegarse, había una gran ansiedad por parte de los trabajadores periodistas por manifestar que no estaban de acuerdo con estos conceptos”.

“Mucha indignación y después, a lo largo del día, cuando ya las redes sociales comenzaron a activarse más, confluyó todo en una gran asamblea donde participó todo el mundo realmente, inclusive parecía algo increíble porque hasta el CEO de la empresa bajó a hablar en la asamblea y manifestó los mismos conceptos de que no todo el mundo estaba de acuerdo. En el medio de la asamblea nos llegó el comunicado de Madres de Plaza de Mayo que fue contenedor, abrazador, como todos los de las Madres, confluyó en un gran aplauso y después subimos al segundo piso, llamamos a todos los trabajadores, en esa foto no solo están los periodistas sino también trabajadores administrativos, de sistemas, gráficos, que dieron su solidaridad”, comentó.

Finalmente recordó que “estamos habituados los trabajadores de La Nación a tener que salir a defender nuestra posición. En el primer gobierno de Kirchner, al otro día de haber asumido, Claudio Escribano saca un comunicado, una nota, diciendo que debería el gobierno tener alineación directa con Estados Unidos. En la mitad del gobierno de Cristina, hay una solicitada donde compara al gobierno de Cristina con el nazismo. Entonces, en esos dos episodios los trabajadores de La Nación tuvimos que salir a emitir un comunicado y repudiar los conceptos”.

El comunicado:

LOS TRABAJADORES DEL DIARIO LA NACION REPUDIAMOS AL EDITORIAL CONTRA LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Los trabajadores de La Nación S. A. le decimos NO al editorial que, con el título “No más venganza” se publicó hoy, lunes 23 de noviembre de 2015, en la página 32 del diario.

Quienes trabajamos en el diario La Nación, en las revistas que edita la empresa, en las versiones online de todos los productos periodísticos, entendemos que la vida democrática implica la convivencia de distintas ideas, proyectos e identidades políticas. Convivimos entre estas paredes trabajadores que expresamos esa diversidad y desde nuestras diferencias construimos un sentido común.

Desde esa diversidad rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una “cultura de la venganza”.

Los trabajadores del diario La Nación decimos SI a la DEMOCRACIA, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos NO al OLVIDO.

Por MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.

Trabajadores de La Nación S. A.

Comisiones Internas de Prensa y Gráficos.

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Jornada por el Derecho a la Salud Mental

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Este viernes 27 de noviembre desde las 15 se llevará a cabo un Festival por el Derecho a la Salud Mental. Será en la Plaza Rivadavia y habrá jornadas de reflexión y actividades artísticas.

“Es un tema que cada vez afecta a más número de población. En todas las familias nos sucede que hay algún problema o bien entrada la mayoría de edad o la vejez. O personas jóvenes. Es algo que no distingue ni clase, ni edad. Puede afectar a cualquier persona”, dijo a FM De la Calle Ramiro Ravasi, organizador de la jornada.

“Es importante concientizar sobre medios preventivos, sobre el cuidado y los dispositivos que están a disposición para esta problemática y sobre lo que hace falta seguir profundizando y trabajando”, agregó.

El 2 de diciembre de 2010 fue promulgada la Ley de Salud Mental. La misma tiene por objeto “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Desde distintos sectores se dio la pelea por la desmanicomialización. Ahora que la ley está vigente, no se instrumentan todos los estamentos que la normativa prevé. “La nueva ley propone que se arme un organismo que regule un órgano de revisión. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, este organismo no está pudiendo funcionar porque el gobierno de la ciudad lo llevó a juicio y prohíbe la implementación del órgano de revisión. Sabemos que hace un año murió un chico de 20 años por seguir aplicándose una terapia de electroshock en el Borda”, explicó.

Escuchá la nota completa:

Grilla de actividades

15hs – Debate Público

– Disertan:

Sandra Uicich: Filósofa

Silvina Evangelista: Filósofa

Jorge Moyano: Trabajador Social

Raúl Ayude: Político

María Teresa “Cuqui” Altfater: Enfermera

Viviana Randazzo: Bioquímica

Horacio Wild: Psicoanalísta (http://www.realbahiablanca.org/)

Walter Alejandro Bascuas es Coordinador Voluntario del proyecto “Sembrando Vida” de la huerta del Borda.

Y todo aquel que desee aportar desde su experiencia o conocimiento.

– Para niñas, niños y no tanto

Clase abierta de Expresión Corporal y Sonido con Jezabel Tiziana de los Santos

Dibujo y pintura.

(Se aportarán materiales para que el que quiera pueda expresarse libremente con la temática que nos cvonvoca.)

Participan:

– Artes Plásticas:

Mabel Lemonnier: Acción Plástica en Vivo.

Agustín Eduardo Rodríguez: Dibujo

Guillermina Prado: Escultura “Mujer con Paraguas”

Olga Corrales: Escultura

Juan Ignacio Valenzuela: Dos Esculturas de la serie – “Vacíos Habitados”

Ana Carla Moreno y Mariel Mateu: Intervención Artística – “Bien-estar”

Paula Katzen Gpug: Intervención Artística –

Verónica Mollica: Intervención Artística

Carmen Lombardich: Instalación Interactiva – “La ultima lectura”

María Carla Rodríguez: Intervención Artística -Serie “Reivindicando Monstros”

Jorge Moyano: Instalación de la serie “Dispositivos Manicomiales”

Majo Petrosino:

Claudia Mariela Pappalardo: Maquillaje y Body Painting en Vivo.

– Música – Literatura – Danza – Teatro – Acción Artística – Música Visual

16.30hs – Sergio Sammartino: Poesía

17hs – Cesar Chirinos, Gustavo Neyra, Araceli Márquez y Sebastián Saez del grupo Techno Children presentan su obra homónima para niños, niñas y no tanto.

17.15hs – Lucía Dicek: Tribal Fusión / Tribu Chidananda: Improvisación estilo Tribal

17.30hs – Miltón López: “Poesía Border”

18.15hs – Guillermina Larrea: Movimiento – “Día a Día”

  1. 45hs – Astor Vtali: Canciones de autor –

19.00hs – Proyecto de Producción de Tango – Escuela de Danza – Tango: “El Rey”

19.10hs – Emilia Bianco: “Canciones del más acá”

19.15hs – Sebastián Andrés y Sebastián Barrionuevo: “Tango de Bolsillo”

19.45hs -Laureana Sänger: “Cuentos de bolsillo “

20.00hs – Guillermo Rodriguez: “Canciones para Ella”

20.15hs – Gustavo Pilotti: “Electropoiesis”

20.45hs – Franco Barberón: Música

21.00hs – Elsa Beatriz Calzetta: “Cuentos bajo las estrellas”

21.15hs – Nicolás Testoni: Música Visual “”

  1. 30hs – Matías Aguilar: “Sin vacilar” – Danza Contemporánea

21.45hs – Nicolás Testoni: Música Visual

22.00hs – Pablo Lasala y Guillermo “Memo” Galassi:

22.30hs – Cristian Tapia: Piezas visuales y Secuencias fotográficas.

23.00hs – Roberta Castro y Ramiro Ravasi: Improvisación interactiva.

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Nardelli: “No veo que el gobierno de Macri haya intentado que no haya juicios”

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Desde 2006 hasta la actualidad, los condenados por crímenes de lesa humanidad en la Argentina suman 622 y 57 es el total de absueltos. Esas cifras son el resultado de 147 sentencias dictadas desde aquel año y representan los números más destacados del informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el estado de los juicios por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. De las 147 sentencias, 45 corresponden a causas finalizadas, es decir, sin recursos pendientes: 42 firmes y 3 concluidas por fallecimiento o declaración de incapacidad de los acusados.

La Procuraduría informó además que entre 2006 y la actualidad fueron imputadas 2166 personas. De todas ellas, 1065 están detenidas (49%), 753 está en libertad (35%), 59 están prófugas (3%), y los fallecidos suman 280 (13%, de los cuales 227 fallecieron impunes). En nueve casos no hay datos. Entre los detenidos, 587 están alojados en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 7 en hospitales y sobre 17 no hay datos.

Tras referirse al resultado del balotaje que consagró a Mauricio Macri como presidente, el diputado provincial Santiago Nardelli fue consultado por FM De la Calle sobre las políticas que implementará Cambiemos a partir del 10 de diciembre en relación a la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

-Ayer se brindaba con champagne -literalmente- en las oficinas de La Nueva Provincia, hoy La Nación habla de “no más venganza”, de cómo “la elección de un nuevo gobierno es un momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70”, hay represores que se ofrecen para ser fiscales de Cambiemos, por lo que vemos también en este contexto político por primera vez en lo que son los juicios en nuestra ciudad habría una especie de manifestación en favor de los “presos políticos” por parte de los familiares de los imputados. ¿Qué debemos esperar por parte de ustedes en relación a la posibilidad de seguir avanzando con estos procesos, dado que más allá de que esto esté en la justicia es obvio que el acompañamiento político o no tiene un peso en ese sentido?

Cuando a un sector lo vota el 49% y al otro el 51% no me atrevo a generalizar de ninguno de los dos lados algunas posiciones. La verdad que Milani es una persona que está en el Frente para la Victoria y está severamente cuestionada por los organismos que trabajan en derechos humanos con el CELS a la cabeza. No haría de manifestaciones de votantes y adherentes cuestiones de la política de decisión de los espacios políticos.

Sí lo que vos decís me parece importantísimo porque nos hemos acostumbrado a lo último que vos decís, el discurso del gobierno sobre la justicia le ha quitado transparencia a los procesos. En todo sentido, no solo lo que venimos hablando de lesa humanidad sino de todos en general. Pero respecto de los de lesa humanidad me parece importantísimo que una persona que cometió un delito en una época y que ese delito es considerado imprescriptible para la ley tenga su condena. Esa es mi posición personal, tampoco, como te decía antes, en un espacio tan amplio, todos piensan lo mismo.

Yo no veo que el gobierno de Mauricio Macri haya intentado en algún momento que no haya juicios por la verdad. Ahora, también el proceso tiene que tener tiempos y la justicia se ha acostumbrado en un garantismo no real de sostener procesos indefinidamente como si la condena o la absolución no fuesen parte de un proceso penal. Lo que necesitamos que en un proceso que se está desarrollando hoy sobre hechos que ocurrieron hace treinta años, en algunos casos más, debemos tener la claridad de que se esclarezcan como para no tener esto permanentemente abierto. Esa es mi posición personal, a mí me gustaría juicios y sentencias no juicios eternos como veo en todas las áreas. Uno se ha acostumbrado a que la sentencia definitiva en Argentina es un anhelo, y esto convierte, no solo para los garantistas esto es casi cercano al abolicionismo porque no se condena a nadie, para las personas que están en cualquier proceso penal no es ningún garantismo sostener procesos abiertos.

Así que la justicia tiene que actuar, el gobierno seguramente le va a dar la independencia para que lo haga pero lo que creemos que el proceso penal es un garantismo cuando se lleva adelante respetando también los tiempos.

-Más allá de que vos interpretes que el kirchnerismo actuó de determinada manera hacia la justicia o que el kirchnerismo entiende que el macrismo también lo pudo haber hecho a nivel de la Capital Federal, hay una decisión política de un gobierno de, por ejemplo, poner recursos para que las Abuelas tengan difusión, tengan tecnología y lo que haga falta para acelerar la búsqueda de los nietos, hay áreas que tienen recursos para que haya gente destinada a trabajar sobre determinada documentación, a eso me refiero en cuanto a lo que es la posibilidad de que otros poderes, más allá del judicial, puedan aportar a cerrar esa etapa de la historia sin impunidad.

Respecto a la búsqueda de nietos y de hijos para mí es un tema que no debe cesar porque debe ser una de las historias más tristes que yo haya leído si se quiere y no de la historia argentina. La verdad que la apropiación de hijos es una cuestión que genera un daño irreparable y me parece que eso, el derecho a la identidad biológica de una persona tiene que ser un derecho que por ahí esté por arriba de muchos otros.

Ahora, si vos me decís el aporte en ese caso estoy absolutamente de acuerdo en apoyar la búsqueda y trabajar activamente sobre eso. Ahora, también hubo aportes para Sueños Compartidos para que hagan un desmanejo total con el tema de construcciones de viviendas que una pelea entre Hebe de Bonafini y Sergio Schocklender llevó a cualquier lado. Entonces, cuidado con lo simbólico, esconde muchas veces gente que utiliza lo simbólico y yo en eso no quiero cambiar un simbolismo por un simbolismo contrario. Acá quien cometió delitos y si son económicos también, deben ser juzgados, porque si no vamos a parecer que hay un mascarón de proa que oculta un dejar hacer, un dejar pasar cualquier cosa y eso yo no lo comparto, tampoco comparto que hay fondos que se destinen que no tengan una aplicación adecuada, debida, y controlada, y me parece que el caso de Sueños Compartidos es un caso emblemático en el cual el principal responsable es el Estado que dotó de 600 millones de dólares paulatinamente a una sociedad que cuando se le hizo el primer arqueo de caja no había ni viviendas ni absolutamente nada y quien lo administraba viajaba en avión privado y tenía una ferrari. Eso a través de un simbolismo que puede ser muy bueno pero si se ejecuta una acción que no se corresponden con ellos tampoco hay que avalarlas. Me parece que ahí hubo una mirada indulgente de muchos sectores porque como que hubiese temas que hay que no mirar porque si no sos un tipo reaccionario que está en contra de los derechos humanos. Si hubo excesos en el manejo de Sueños Compartidos tampoco escuché nunca una crítica y eso me parece una reverenda barbaridad.

-Lo escuché a Gay ratificar como delegado de Cerri a Alberto Sangre, un tipo que fue y reivindicó a un militar que luego de un juicio con todas las garantías y las instancias de defensa que se deben tener fue condenando a prisión perpetua. ¿Para un dirigente de la democracia, eso no representa ningún tipo de inconveniente para llevar adelante una tarea en el gobierno de Cambiemos?

Verdaderamente no conozco qué fue lo que pasó con la declaración de Sangre, no tengo una idea, no puedo opinar de un testigo en un juicio, tendría que tener elementos, pero no sé ni siquiera bien lo que pasó. Escuché algo de que había fuertes críticas contra la declaración de Alberto Sangre en algún juicio de algún sector pero no lo conozco. Te pediría que de esa respuesta, si te tendría que improvisar algo no, prefiero no porque seguramente para mucha gente es un tema muy sensible y que alguien como yo opine liberalmente porque está en un reportaje no sería justo.

Sí te digo, para ir al fondo de la cuestión sin el hecho que lo desconozco, me parece que como te decía antes tampoco se puede estar con algo de sospecha de cualquier imputación, genera una descalificación, si hay alguien que tiene un reproche para hacerlo me parece bien que se haga y que se sepa la verdad, de hecho los juicios se iniciaron con los juicios de la verdad y a mí me parece importantísima, por lo menos lo que se pueda acceder en esta época de ella y es un trabajo que no debe claudicar, pero sobre el dato puntual te pido que me eximas de la respuesta porque te tendría que improvisar y no quiero.

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Causa Armada: Fiscalía espera el veredicto y propone otro juicio unificado

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Horas después de la última audiencia del juicio contra 22 represores que actuaron en la órbita de la Base Naval de Puerto Belgrano y a la espera del veredicto que leerá este miércoles a las 15 el Tribunal Oral, el dr. José Nebbia aseguró a FM De la Calle que durante el debate los objetivos de la Fiscalía fueron “ampliamente superados”.

Agregó que el “contundente” análisis y entrecruzamiento de testimonios y prueba documental permitió “tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército”.

La causa analizó los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Para el miércoles la Comisión de Apoyo a los Juicios y organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas convocaron a un acto a las 13:30 en la Plaza de la Memoria y la Resistencia (ex Plaza del Sol) y a una movilización hacia la sede del tribunal de Colón 80, una hora después. En tanto, APDH, HIJOS Bahía Blanca, Red x la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados concentrarán a las 13 en Colón y Drago.

Mientras varias investigaciones se tramitan en la primera instancia, nuevos tramos de Ejército  y Armada esperan fecha para el juicio oral. La Fiscalía insiste en acumular las causas y realizar un único debate que acelere los tiempos y, como el que culmina, dé “acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión”.

-¿Cómo evaluás el resultado del debate oral en relación a los objetivos planteados por la Fiscalía?

Como lo venimos señalando junto con Miguel Palazzani, el otro fiscal de la causa, los objetivos que uno analiza antes de comenzar el debate fueron ampliamente superados. La riqueza de la prueba producida a través de los testimonios, como así también el análisis de la profusa prueba documental que hay en la causa arrojaron más resultados que aquellos que uno espera al comienzo.

-¿Qué datos podrías destacar de aquellos que surgieron durante el debate?

Mucho análisis de documentación sobre reglamentación pero también de archivos de inteligencia y de todo tipo de documentos que, al cruzarlos, al analizarlos de manera conjunta, nos permitieron tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército.

Eso ha quedado absolutamente demostrado, lo que nos permitió también explicar cómo las estructuras que aparecen en los reglamentos funcionaron en los hechos, en los secuestros, en las torturas, en los abusos sexuales y luego en el destino final que era la liberación, el asesinato haciendo aparecer los cuerpos como falsos enfrentamientos o la desaparición de personas. En ese aspecto la documentación que se analizó, se entrecruzó y se fue exponiendo durante los alegatos fue contundente.

-¿Notaste características particulares de lo que fue el accionar de la Armada -más allá de la actuación conjunta- en relación a lo que fue la del Ejército?

Sí, son modus operandi distintos los de la Armada y el Ejército. Tanto en las acciones concretas que llevaron adelante durante el terrorismo de Estado como así también en la manera de dejar plasmado en los documentos esas acciones. Algo que sí tiene la Marina a diferencia del Ejército es que luego, en la retirada, la destrucción de la documentación fue mucho mayor. Por eso también el trabajo que se tuvo que llevar adelante analizando otro tipo de documentación como, por ejemplo lo de Prefectura, misma del Ejército o los legajos, es un poco más compleja.

-Sobre la documentación decía en su alegato uno de los defensores que a la Prefectura no se le podía endilgar haber tenido una política de destrucción de los archivos. ¿Hacía referencia a lo que salvó el ex fiscal Hugo Cañón a partir de una denuncia o hablaba de documentación de aquellos años que efectivamente estaba a disposición de la justicia?

No, para nada. A mediados de la década del dos mil el fiscal Cañón recibe información, la denuncia de propia gente de la Prefectura, gente de la Prefectura de la democracia digamos, que se iba a destruir un montón de documentación vieja, entre ella, archivos. Ahí Cañón inmediatamente, con mucha diligencia, se apersona y secuestra esa documentación. Son los archivos de inteligencia que hoy nos sirven para este juicio, para el de La Plata y el de Mar del Plata. La actitud de la Prefectura lejos estuvo de colaborar con la justicia sino que fue justamente una anomalía, quedaron esos archivos allí y cuando los fueron a destruir se pudieron rescatar.

-¿De las estrategias defensivas algo te llamó la atención o fue más de los mismo en el sentido de ‘no estuve en el momento de los hechos que se me imputan’ o ‘no tuve nada que ver con la lucha contra la subversión’?

No, giraron en torno a eso.  Si uno está a los más de veinte imputados en el juicio no sucedió nada o lo que sucedió es un invento porque cada uno en lugares estratégicos nada tuvieron que ver, nada supieron, nada vieron, en los momentos más álgidos inclusive de la represión. Yo no estuve, yo no vi, yo no supe.

-Un punto que hemos conversado y difundido en detalle pero amerita mencionar en un balance es el tema de la violencia sexual, la posibilidad de poner sobre la imputación este tipo de delitos y lo que destacabas en el alegato respecto al valor y coraje de las víctimas en esta etapa de los juicios de avanzar en ese aspecto tan difícil para cualquier persona.

Absolutamente, ese es otro de los puntos que sobresalen de este juicio. A lo largo del debate las víctimas pudieron ir contando las situaciones a las que fueron sometidas de abusos sexuales, de exposición a la desnudez, de tocamientos, insultos o comentarios sobre sus cuerpos desnudos. Eso fue recogido por la Fiscalía y ampliamos la acusación. Que las víctimas lleguen a contar eso implica que sienten de alguna manera la contención por parte del Estado, que recogen sus planteos, las protegen y llevan adelante el reclamo, ese es un punto concreto.

Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagináte que para nosotros en nuestra vida privada y cotidiana, nuestras experiencias sexuales o lo que sea, inclusive a nuestros amigos más íntimos es pudoroso hablarles sobre ese aspecto de nuestra vida. Hay que ponerse en la situación de una víctima que fue forzada, que fue abusada, contando algo tan íntimo adelante de personas que no conoce, de tres jueces, de un fiscal, de las defensas, de un público. El valor y la valentía de esas mujeres son inconmensurable.

-En distintos juicios se proponen nuevas formas de reparación a las víctimas, complementaria a la pena de los responsables. Aquí propusieron junto a Miguel Palazzani que el diario La Nueva Provincia publique el veredicto.

La reparación absoluta no es posible porque el daño fue tan grande que volver al estado anterior es imposible. Pero hay determinadas medidas, entre ellas el juicio, las condenas, escuchar, recoger lo que dicen las víctimas, que hacen a modos de reparación.

Nosotros lo que entendimos es que en las páginas de La Nueva Provincia se mintió con intención, por eso está imputado el único sobreviviente de los directores, y que una forma de reparar a las víctimas sería que La Nueva Provincia por primera vez diga la verdad, que aquellos a quienes mencionaban como delincuentes que traicionaban a la patria no eran tales sino que fueron víctimas. Entonces publicar que fueron víctimas y también publicar el nombre de los victimarios es una forma más de reparar a las víctimas y que sus biografías, al menos en esas páginas, no queden escritas de esa manera.

-¿Hay antecedentes de casos similares?

No, lo que planteamos es que es un derecho a réplica de las víctimas. Imaginemos que hoy si en cualquier medio se vierten manifestaciones sobre nosotros de determinadas características tenemos el derecho a, por el mismo medio, dar nuestra opinión e inclusive la justicia puede obligar después de un proceso a que se publique la verdad. Entonces, entendemos que un derecho sui generis de derecho a réplica se encaja dentro de esta petición.

-¿Qué te pareció la poca repercusión del juicio en la ciudad?

Lo analizo en perspectiva de las características particulares que tienen Bahía Blanca, Punta Alta y los medios de la zona. Creo que ese análisis tiene que caber dentro de ese contexto.

-¿Qué causas quedan en trámite para juicio oral?

Hay un segundo tramo de Armada con nuevos imputados y otras víctimas que nosotros habíamos propuesto al comienzo de este juicio que se lleve adelante en el mismo juicio y el tribunal opinó que no era posible. Y hay un tercer tramo de Ejército con muchos imputados y nuevas víctimas que también está a la espera que se fije fecha para el debate oral. Quizás podríamos hacer todos juntos esos juicios.

-Sobre todo porque en este mismo debate quedaron en el camino no solo represores sino también sobrevivientes por el paso del tiempo.

Entendemos que estamos en condiciones de llevar adelante los juicios, que todos se deben acumular y el ejemplo más claro es este que estamos concluyendo donde hubo acusados de Armada, de Ejército, de Prefectura, de la Policía provincial, del Servicio Penitenciario, se dio acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión. Es absolutamente factible hacer un único debate.

-Respecto a las investigaciones en curso, en este clima político de recambio de gobierno, ¿qué podemos esperar para los próximos meses en torno a las causas contra civiles y militares?

En las causas que están elevadas a juicio los juicios se deben hacer, se debería fijar fecha y comenzar. En las causas en instrucción hay pedidos de indagatorias, de hecho el juez Ramos Padilla fijó para el martes que viene (por el pasado 17) una serie de indagatorias de más de media docena de represores. Así que eso continúa, los juicios son políticas de Estado, todos los estamentos y los poderes en efecto así lo han dicho Inclusive la propia Corte en cabeza de su presidente Lorenzetti. Deben continuar las causas y, como venimos haciendo, redoblando esfuerzos para llevar adelante las investigaciones.

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