Código Rosa: relatos sobre abortos

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En el marco del VI Encuentro Nacional de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia las Mujeres, Niños y Niñas se presenta el libro “Código Rosa: Relatos sobre abortos”. Será a las 19 en la sala de conferencias del octavo piso del Departamento de Humanidades de la UNS, y contará con la participación de la autora Dahiana Belfiori, Ruth Zurbriggen (La Revuelta) y Silvia Scheider (Campaña por el Derecho al Aborto). También serán parte activa del encuentro el sábado desde las 14.

La presentación del libro tiene dos objetivos, por un lado contar relatos de mujeres que abortan y lo que les pasa a las socorristas y, por otro lado, visibilizar qué hacen las socorristas en Bahía y la articulación a nivel nacional. De cara al panorama político que vive nuestro país, y teniendo en cuenta que el debate sobre aborto no está en agenda de ningún dirigente, es importante echar luz sobre el tema.

“¿Qué representaciones operan en torno al aborto y particularmente en torno a los socorrismos para que una mujer eligiera usar esa palabra en lugar de “Socorro”? ¿Y por qué una inmediata asociación con el espionaje? Siendo los abortos como son, prácticas clandestinas, algo de la obtención y circulación de información de manera encubierta se establece en torno a dichas prácticas. Sin embargo hemos ido cambiando la historia desde ser “pasadoras de datos” hasta constituirnos en sujetas activas de esas prácticas. Creamos el código, lo interpretamos, lo compartimos. Y lo hacemos visible. Organizamos así una nueva forma de “espionaje” que desplaza ciertos imaginarios sobre el aborto: hacemos circular información a la vista de todxs”, dice Dahiana Belfiori.

El libro es la recopilación de relatos recabados por activistas de La Revuelta, sobre algunas experiencias de abortar con misoprostol en la ciudad de Neuquén. Los testimonios son entrevistas semi-estructuradas, donde a través de la ficción, se intentan plasmar tonos y matices de las protagonistas. Los textos tratan de reflejar quienes son las mujeres que abortan, y que es una problemática que afecta a todas las clases sociales, no distingue piel, edad, estado civil, cultura, poder económico ni sexualidad.

Por año son entre 400.000 y 500.000 las mujeres que abortan en nuestro país según cifras oficiales del Ministerio de Salud. La tarea que emprenden las Socorristas en Red es brindar toda la información necesaria a las mujeres que están evaluando la posibilidad de realizarse un aborto o aquellas que ya lo han decidido, para que la práctica sea segura y no corra ningún riesgo su salud. Además realizan el acompañamiento durante y después del proceso, algo casi tan importante como la información en sí, teniendo en cuenta el estigma que pesa sobre ellas.

El año pasado las Socorristas acompañaron a 1650 mujeres en la interrupción de un embarazo, a lo largo y a lo ancho del país. “Para nosotras es fundamental que la mujer pueda planificar su vida, decidir sobre su cuerpo, y tener en claro que puede hacerlo sin ningún tipo de catástrofe y que no está sola”.

Para más información llamá al 291- 154135371. También podes visitar el Sitio de Socorristas en Red

Código Rosa

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Arte contra la violencia hacia mujeres y niñxs

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El arte “como medio de catarsis, como conciencia de la realidad” y “como medio transformador de la sociedad” son las consignas que impulsan la convocatoria al Encuentro Nacional de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia Mujeres y Niñxs en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca. En esta nota podés escuchar algunas de las voces que se expresarán en la sexta edición, cuyas actividades centrales serán este sábado desde las 14.

“Estos encuentros se realizan con el fundamento de concientizar sobre las distintas situaciones de violencia hacia las mujeres y niñxs poniendo al arte como protagonista y reflejo de la violencia machista y patriarcal que estamos viviendo las mujeres y por la que estamos siendo asesinadas y secuestradas de manera impune”, afirman desde la organización.

“Todas las expresiones artísticas simultáneas que suceden en la plaza ese día hacen posible llevar a una reflexión sobre la violencia simbólica, la violencia mediática, abuso callejero, violencia en el noviazgo, violencia institucional, parto humanizado, elecciones de reinas, aborto legal, desmitificar lo que se entiende sobre feminismo, el micromachismo y otros temas como los femicidios ocurridos en Bahía Blanca y alrededores”.

Además, el encuentro “es un reflejo del compromiso social de más de 150 artistas que participan presentando sus trabajos en pinturas, dibujos, esculturas, grabado, collage, fotografías, danza, teatro, músicas, poesía visual, relatos, murgas, performance, formando así una de las muestras multidisciplinares más grandes de la provincia”.

El encuentro enlazará a Bahía con Medellín -Colombia- donde otrxs artistas estarán llevando a cabo una actividad similar que permitirá el “intercambio cultural y hablar sobre las situaciones de violencia hacia las mujeres en ambos países”.

FM De la Calle realizará una transmisión especial desde la plaza -de 17 a 19- donde se reflejarán las expresiones que ya se escuchan en el aire de la 87.9Mhz.

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En el micro de Acciones Feministas de este miércoles, Olga Corrales recordó los inicios del Encuentro y repasó el cronograma de actividades:

Griselda y Andrea, de Socorristas en Red, estuvieron en la radio contándonos sobre su trabajo en la ciudad y Dahiana Delfiori adelantó la presentación del libro “Código Rosa”, la cual se realizará este viernes a las 19 en el 8º pido de 12 de octubre y San Juan (UNS) junto a Ruth Zurbriggen de La Revuelta y Silvia Scheider de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito:

Helen Turpaud días después de la Marcha del Orgullo y de cara al Encuentro se refirió a las disidencias sexuales:

Fer y Flor, integrantes de la Biblioteca Fija y Ambulante, comentaron las propuestas que se desarrollaron el domingo en Sixto Laspiur 456:

En el marco del micro de Acciones Feministas, Verónica Bajo recibió a la artista textil Romina Berdinelli, a Nadia Guzmán de Puño y Letra y la Colectiva Feministas y a la cantante Griselda Ortiz:

Olga Corrales, impulsora de la iniciativa, nos visitó junto a la pintora y dibujante Jules, la fotógrafa Magalí Agnello y el artista plástico Horacio Fernández:

Helen Turpaud, Griselda Cifuentes y Agus López abrieron la difusión a principios de mes comentando la idea del Encuentro de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Niños:

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“Lo que más duele es que eran compañeros que trabajaban con nosotros”

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Lxs trabajadorxs del Frigorífico INCOB brindaron ayer por la tarde una conferencia de prensa tras el ataque sufrido de parte de un grupo de hombres armados que llegó a la planta encabezados por el dirigente Enrique Garaggiola. Además, convocaron a la comunidad a una asamblea para informar sobre la defensa de sus puestos laborales este miércoles a las 18 en el predio de Ruta 3 Sur KM 693.5.

Ernesto Guenemil afirmó que los golpes le dejaron “un corte en la cabeza, un dedo quebrado y un tendón” pero que más “duele lo que hicieron porque los que vinieron con armas hoy eran cinco compañeros que trabajan hasta la semana pasada con nosotros. Cuando un hombre, un compañero, el famoso Mudo, tiró un tiro al aire cuando había mujeres en el portón. El hermano de Enrique un traidor más, trabajando con nosotros hoy a la mañana, empezó a tirar piedras”.

“Los actos de violencia comenzaron cuando le pedimos el balance y el cambio de autoridades”, dijo María del Carmen Dauphin y agregó que “no era manera de hacer una represalia como vino a hacer, con armas de fuego, con palos, nosotros estábamos con bombos y unas banderas porque si INAES no nos daba la importancia que pedíamos íbamos a salir a cortar la ruta, nada más”.

“Se enfermó de poder y se cree que es intocable, que es el patrón, cuando acá tenés setenta compañeros que queremos trabajar dignamente. Pero con lo que pasó hoy, somos conscientes que si acá no toman cartas en el asunto los políticos de turno, esto no va a terminar bien. Si hoy vinieron acá a darnos palo, imagínense cuando me vaya a mi casa caminando, ¿quién me dice que no me den un tiro? La misma policía, cuando llegó Garaggiola con su gente le dije a uno de los oficiales ‘Fijáte que en el 206 hay armas’, me dice ‘¿Cuál? ¿Ese?’. Lo llama al del 206 y se fue”, manifestó Cristian Guenemil.

Dauphin recordó que el frigorífico fue recuperado en 2005 mediante “una lucha muy grande con la patronal”, tras la cual se conformó la flamante cooperativa. “A Garaggiola lo pusimos nosotros de presidente porque confiamos en él”, dijo Guenemil y destacó que ahora “nadie le dijo que se vaya, simplemente que apoye el proceso de cambio porque al tener el apoyo político, porque se ha movido más en la calle, nos sirve para que apoye a los nuevos compañeros. Evidentemente hay algo más, él no quiere que esto vaya para adelante”.

“El mandato debió durar tres años, lo cual nosotros no estábamos muy al tanto. En parte es culpa nuestra porque no nos interiorizamos en saber cómo era una cooperativa, cuánto duraba un mandato y cuáles eran nuestros derechos y obligaciones”, declaró la trabajadora.

Además, comentó que “tenemos muchísimos problemas económicos, el 25 de septiembre se le pidió a esta gente que nos presentaran balances desde 2008 al 2014, que dejaran sus cargos y ahí fue cuando empezó la lucha nuestra. El sr. Enrique estaba por seguro, el sr. Gabriel Martínez que era el secretario decidió a los quince días tomarse vacaciones y el único que nos ha venido a apoyar y a dar una mano es el tesorero”.

“Los actos de violencia empezaron cuando le pedimos el balance y el cambio de autoridades, ahí fue cuando no le cerró tener que dejar la cooperativa. Bien la palabra lo dice, hay un presidente pero él no es el dueño de la cooperativa. Tampoco entendemos por qué él no quiere dejar el cargo, qué hay detrás de todo esto. Ha mandado infinidad de cartas documento, nos mandó para echarnos a diez compañeros, intimando a la persona que nos iba a comprar los cueros, mandó al Hotel Bauen que nos dieron una mano grandísima la semana pasada cuando viajamos, mandó al síndico. Manda cartas documentos como si fuera el dueño y señor de todo este frigorífico y él mismo ha salido por todos los medios que por primera vez está haciendo las cosas bien pero acá nunca se acercó a decirnos está pasando esto o lo otro”, sostuvo María del Carmen.

Por otra parte, destacó que el dirigente cuestionado tiene apoyos de “La Cámpora, de Alicia Kirchner y seguramente tenga del PJ, del Frente para la Victoria”. “Cuando hablamos la semana pasada con gente del INAES, que es el ente regulador de las cooperativas deciden mandarnos a alguien el viernes para que nos venga a fiscalizar. Nos llaman por teléfono y nos dicen va a ir el lunes, por ayer. Ayer nos llaman y dicen que iban a venir el jueves porque Garaggiola pidió una asamblea fuera de la cooperativa, cuando no corresponde, en la calle Chancay y Jujuy, poniendo como orden del día lo que a él le convenía y mentiras, porque nunca le prohibimos la entrada ni a él ni a nadie porque tenemos firmas de los compañeros, hasta la semana pasada vino el hijo del secretario a trabajar, vino la gente que hoy golpeó”.

“Desde el INAES lo único que nos pudieron comunicar es que hubo alguien que agarró los papeles que habíamos entregado con las denuncias y le dijo ‘Vos salís de este cargo, esto lo toma tal persona’. Cuando nos enteramos de eso mandamos a cuatro personas a Buenos Aires, entre ellas la carta más grande que tenemos que es el síndico, porque al no estar el presidente, ni el secretario, ni el tesorero, es quien sigue en sus cargos. A favor nuestro tenemos a todos los vocales también, todos los trabajadores estamos luchando por lo mismo que es querer trabajar dignamente. Nosotros no le vamos a hacer nada si él robó o no robó, eso se lo vamos a dejar a la justicia, a la AFIP o a quien corresponda”, detalló.

Cristian Guenemil recordó que “cuando mandaron los balances que supuestamente nos iban a servir, en ninguno está la firma de él, todos truchados. Y a mí el dolor que me quedó es que yo en 2008 laburaba por nada acá, estábamos todo el día, revocábamos, limpiábamos, hacíamos despostada, faena, cobrábamos 200 pesos por semana y ya en ese momento él se estaba encargando de hacer las cosas mal por otro lado”.

“Cuando fuimos al Concejo Deliberante a denunciar esto que está pasando en la cooperativa nos dijeron ‘No, pero si Carlín es lo más bueno que hay’, porque habla lindo y habla hermoso y nosotros somos unos brutos. Sí, somos unos brutos pero no somos ladrones (…) cuando vinieron acá estaba todo arreglado con la policía porque la policía estaba acá a la vuelta y no hizo nada”.

En nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina, José Lualdi informó acerca de una reunión que mantuvieron con la jueza de garantías Marisa Prome: “Nos resulta extraño que ni el fiscal ni la jueza ni el comisario Maldonado envíen los patrulleros que solicitamos para que se resguarde la seguridad de los trabajadores. No es que los trabajadores tienen que ir a negociar a la Quinta si van o no van a mandar un patrullero. Hacemos responsable a la justicia y al comisario Maldonado si algo le ocurriera a un trabajador de la Cooperativa INCOB o a cualquiera de los compañeros que han venido a apoyar”.

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Cambio de horario: el veredicto de la Causa Armada será el miércoles 25 a las 15

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El horario de lectura del veredicto del juicio contra 22 represores que actuaron a órdenes de la Base Naval de Puerto Belgrano de la Armada Argentina durante el terrorismo de Estado fue adelantado por la necesidad de las autoridades de la Universidad Nacional del Sur de disponer del Aula Magna de Colón 80 para otras actividades. De esta manera, el Tribunal resolverá la situación de los imputados por crímenes de lesa humanidad el miércoles 25 desde las 15.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los imputados de la Armada Argentina son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Edmundo Óscar Nuñez; Alberto Gerardo Pazos y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa y Leandro Marcelo Maloberti; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons.

Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala; el ex coronel Carlos Andrés Stricker, y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Raúl Artemio Domínguez y el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont.

Completan el banquillo los ex prefectos navales Francisco Manuel Martínez Loydi; Pedro Alberto Pila, y Néstor Alberto Nougues y Luis Ángel Bustos; el ex prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman.

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Antenas: facilidades para las empresas a costa de la salud de la población

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Legisladorxs de la oposición e integrantes de organizaciones socioambientales denuncian que el kirchnerismo pretende aprobar un proyecto de ley que facilita la instalación de antenas de telefonía celular sin intervención de los municipios afectado aún más la salud de las poblaciones vecinas y beneficiando a las empresas del rubro.

“Se va a tratar en el día de mañana (por hoy) en la Comisión de Legislación General, ya se trató en la de Comunicación. Un poco hizo ruido porque si bien existen otros proyectos de leyes referidos a este tema tienen en cuenta la potencia de la antenas, o sea, tienen una restricción en cuanto a lo que puede ser perjudicial para la salud de las personas donde está colocada la antena”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional del Partido Socialista Gabriela Troiano y agregó que “en cambio, el proyecto que salió de la Comisión de Comunicación con mayoría no contemplaría ese aspecto. Estamos preocupados porque se le facilita a las empresas la instalación de antenas si tener en cuenta la contraparte que es la salud de los habitantes”.

La iniciativa declara de interés público nacional la instalación de estructuras soporte de antenas y sus recursos asociados al servicio de las comunicaciones móviles y crea una servidumbre administrativa de telecomunicaciones que afecta al terreno y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones, entrada de edificios, cableado de edificios, antenas, torres, conductos, mástiles, etc.

“De esta manera, las empresas usarán y tendrán libre acceso todo el tiempo a la vivienda, terreno, local, etc., de los particulares cuyos inmuebles sean elegidos para colocar antenas, sin que pueda mediar ninguna oposición por parte del propietario. Lo mismo para propiedades del estado”, advirtieron Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, Ayuda Le y la Asociación en Defensa del Ambiente de Gral. Cerri, entre otras.

Dichas agrupaciones manifestaron que “en el caso de Bahía Blanca desconocemos exactamente la cantidad de antenas instaladas debido a que el Municipio jamás hizo cumplir la Ordenanza Municipal 17.130 que exigía a las empresas presentar declaración jurada bajo apercibimiento de pedido de suspensión de servicio, pero estamos en una situación similar a La Plata, donde se encuentran más de 2300 antenas colocadas y en funcionamiento, estando la mayoría sin control por parte del estado provincial y los entes nacionales sobre la intensidad de los campos electromagnéticos que emiten, estados de instalaciones, seguros y permisos. Tener mayor cantidad de antenas no garantiza la mejora del servicio. El problema radica en que las empresas no realizan las inversiones equipamientos necesarios para los más de 22 millones de clientes que poseen”.

“Recordamos que en el año 2015 unos 206 científicos reconocidos a nivel mundial hicieron un llamamiento a la Organización Mundial para la Salud, solicitando que se modifiquen los parámetros porque numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los CEM (campos electromagnéticos) afectan a organismos vivos a niveles muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales. Los efectos incluyen el aumento de riesgo de cáncer, daños genéticos, estrés celular, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, entre otros. Además, la relación entre radiofrecuencias y cáncer ya fue establecida en 2013 por el Equipo del dr. Hardell, médico oncólogo y científico reconocido por la OMS”.

La iniciativa firmada por Mario Oporto, Liliana Mazure, Gastón Harispe y otrxs diputadxs del oficialismo puede leerse aquí.

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¿De defensor de genocida a delegado del intendente Gay?

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Cada vez son más fuertes las versiones sobre la vuelta a la Delegación de Gral. Cerri de su ex titular Alberto Sangre. El dirigente no solo contaría con el aval del intendente electo por Cambiemos, Héctor Gay, sino con el “consenso” de la comunidad cerrense. El probable delegado fue además concejal y candidato a jefe comunal por el radicalismo linarista y más recientemente empleado en la planta permanente de la Cámara de Diputados bonaerense.

Sin embargo, su última aparición mediática no se debió a su actividad política sino a la declaración testimonial que en 2013 brindó en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en defensa del coronel (R) Alejandro Osvaldo Marjanov, luego condenado a prisión perpetua por genocida.

“Creía que Marjanov no tenía todas las vocaciones de militar, era un excelente profesional ingeniero electrónico. Nunca lo vi salir vestido de verde a la calle. Terminaba las actividades, se vestía de civil y ni llevaba el arma personal de los oficiales. Yo terminaba acomodando su habitación. No usaba custodia. Su familia contaba con cuatro hijos y cuando me estaba por ir nació el quinto. Era una persona de familia, ¿no? Con muy, muy, muy, con mucha raíz familiar”, dijo entonces Sangre al tribunal, tras considerarse un “hijo de la democracia”.

Según la crónica de FM De la Calle en juiciobahiablanca.wordpress.com, con el grado de Mayor de Comunicaciones, el 9 de diciembre de 1976 Marjanov fue designado como Segundo Jefe del Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Su puesto durante el terrorismo de Estado incluyó la subjefatura del Área de Defensa 511. El Batallón contaba en 1977 con tres secciones de contrasubversión y sus instalaciones eran un lugar de paso hacia el campo de torturas y exterminio La Escuelita, en uno u otro sentido. Durante su subjefatura pasó por allí, entre otras víctimas, un grupo de estudiantes de la ENET Nº1 que era ‘blanqueado’ tras haber sido torturado en aquel centro clandestino.

El probable delegado cerrense de Cambiemos había sido ofrecido como testigo de la defensa oficial por sus catorce meses como conscripto en el Batallón de Comunicaciones 181 desde marzo de 1977 y sus (des)conocimientos por ser uno de los tres soldados estafetas en la Mayoría -“donde estaba la plana mayor”- a órdenes directas del imputado. “Cuando llego al servicio militar venía de una situación muy crítica, de papás separados y encontré en él a una persona que me sirvió de mucho”, dijo.

Sangre declaró que por los estafetas pasaban comunicaciones a los mandos: “En forma esporádica el segundo jefe mandaba órdenes escritas y las transmitíamos, eran para reuniones internas del Batallón, la banda, el manejo interno de una guarnición con muchísima actividad porque había muchos soldados, muchos oficiales y distintas compañías”.

“Nunca transporté una orden fuera de lo normal que era una administración cotidiana, diaria y nada más que eso”, explicó el testigo y agregó que “esperábamos que llegara él que venía con su Fiat 1600 manejando personalmente de civil. Se vestía y concurríamos a las actividades y nosotros en un pasillo que estaba frente a su despacho aguardábamos las órdenes”.

marjanovDurante parte de la colimba salía a diario de la unidad militar a trabajar, sin embargo nunca vio las filas de familiares angustiados esperando alguna información sobre parientes detenidxs desaparecidxs. “Mire, seguramente había movimiento de civiles en la guardia, pero puntualmente no las vi. Nunca escuché ese tema puntual”.

Sobre las compañías del Batallón dijo que estaban la A, la B, Comando y Servicios que dependían directamente de la unidad y además Telecomunicaciones, Policía Militar “que no dependían del Batallón”. ¿No había una de Combate? “No la conocí nunca”, respondió. ¿Pudo haber existido? “Me considero un hijo de la democracia, los hechos aberrantres los repudio y si los hubiese conocido le diría que sí”, exageró.

Interrogado por el rol que desarrolló el Batallón de comunicaciones en la “lucha antisubversiva” contestó que “había dos unidades de retén compuestas por soldados -dos camiones- y un suboficial a cargo de eso que era convocado por el Comando cuando salían de patrulla. Generalmente participaba la Compañía A. Comando y Servicios éramos todos los soldados que cumplíamos funciones específicas de actividades diarias”.

“Se hablaba” de un centro clandestino de detención pero “estábamos totalmente aislados”, no conoció “ni dónde estaba la famosa Escuelita”. Nunca vio nada raro en el Batallón. No había detenidos salvo soldados, ni zonas restringidas. En el gimnasio funcionaba la banda. A Marjanov no lo vio salir a operativos. No pudo afirmarlo en el caso del teniente coronel Mansueto Swendsen porque “era una persona muy movediza”. Nunca le explicaron qué eran las comunicaciones paralelas. Marjanov “era el segundo jefe del batallón y nada más”. Y nada menos.

Tomó su primera comunión en el Batallón con el padre Aldo Vara. “Su lugar de trabajo siempre era junto a los soldados en la compañía, por ahí, tenía un despacho que permanecía prácticamente cerrado”. El capellán prefería llevarle golosinas y caramelos a los pibes de la ENET secuestrados en el Batallón a hacerse cargo de las denuncias que le hacían sobre las torturas padecidas en La Escuelita y por su participación murió tras ser detenido en Ciudad del Este donde lo cobijó la Iglesia Católica.

“¿Conoció al capitán Otero?”, preguntó el juez Jorge Ferro en referencia a otro de los responsables del Área de Defensa 511 imputado por secuestros y homicidios, quien seguramente será condenado el próximo miércoles 25 en la Causa Armada. “Era el jefe de Comando y Servicio”, replicó Sangre y confirmó que éste respondía directamente a su defendido. Por debajo de Marjanov, el capitán Otero, por encima, el coronel Mansueto Swendsen, condenado a cadena perpetua.

La Fiscalía sostuvo que desde su ubicación jerárquica y funcional Marjanov fue uno de los eslabones imprescindibles en la cadena de mando por medio de la cual emitía y transmitía órdenes cuyo cumplimiento ocasionó la consumación “exitosa” de cada uno de los hechos. Los jueces compartieron dicho análisis y resolvieron que termine sus días en prisión.

“Marjanov ya retirado me sorprendió porque una vez vino como coordinador general de Defensa Civil de Jujuy a Bahía Blanca, nos encontramos, charlamos, yo también cumplía función pública, fue un encuentro de un par de horas y no lo vi nunca más”, cerró aquella tarde Sangre.

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Movilizaciones contra la megaminería

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En distintas ciudades del país se realizó este jueves una Jornada Nacional contra la Megaminería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales, como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado.

Desde Santa María, Catamarca, a pocos kilómetros de la Minera La Alumbrera, Karina Matinelli aseguró a FM De la Calle que la jornada surgió a partir del derrame de agua cianurada en Jáchal: “La verdad que es tristísimo porque le arruinaron la vida al pueblo, los productores ya no pueden producir usando el agua del río porque está totalmente contaminado no solo con el cianuro que se puede evanecer con el sol o el aire sino el tema de los metales pesados, le han dejado metales a niveles de 1400% por encima de lo que establece la OMS. La situación es desesperante”.

Las trasnacionales mencionadas arriba consumen por día alrededor de nueve toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que la “complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quien será nuestro próximo “PRESIDENTE”, según las leyes 24.196 (Inversiones mineras), 24.228 (Pacto Federal Minero) y 24.224 (Reordenamiento minero), estas empresas gozan de grandes beneficios, mientras saquean nuestros bienes comunes, y envenenan a nuestro pueblo”.

“No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que estas generan. Sumáte en tu ciudad. Es momento de que se vayan”, agregaron.

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Ordenan cese de traslados “crueles e inhumanos” de un detenido

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La titular del Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, Gilda Stemphelet, hizo lugar a un recurso de hábeas corpus presentado por los fiscales de Derechos Humanos José Nebbia y Miguel Palazzani y ordenó el cese de los traslados permanentes a distintas unidades carcelarias a los que era sometido un hombre privado de la libertad.

Durante la audiencia celebrada el pasado 28 de octubre, el detenido había denunciado ser trasladado en forma constante a distintas unidades penitenciarias, permaneciendo en las mismas siempre por períodos muy cortos, lo que le impedía cumplir con lo dispuesto en cuanto al régimen de las mismas. También, denunció haber sufrido golpizas en los días previos por parte de agentes del servicio penitenciario de la Unidad Carcelaria N°19, al tiempo que aseguró que actualmente cuenta con una medida de seguridad y resguardo físico ordenada por la justicia de La Matanza, ya que teme por su vida.

Al hacer lugar al amparo, la magistrada consideró que la única pena que debe sufrir una persona condenada es la pérdida de la libertad ambulatoria “y no la de sus derechos fundamentales”. Agregó, a su vez, que el traslado permanente implica un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención, violatorio de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de Derechos Humanos de idéntica jerarquía.

“El cumplimiento de los regímenes carcelarios como en caso de la progresividad no es sólo un derecho de la persona privada de la libertad, sino que es un deber del Estado hacerlo cumplir, ya que sería la única forma de poder evaluar la posibilidad de reinserción social del detenido”, señaló.

Respecto a la denuncia por lesiones, la magistrada formó una causa por separado y remitió la misma a la unidad fiscal de turno, conjuntamente con el certificado confeccionado por la asesoría pericial acerca del estado de salud del detenido.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Terminó el debate del juicio Armada

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Con las últimas palabras de algunos de los 22 imputados por crímenes de lesa humanidad que son juzgados en Bahía Blanca, terminaron ayer las audiencias del debate oral en la Causa Armada. Los acusados son hombres de dicha fuerza naval, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral ratificó que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 18:30 dará lectura al veredicto.

El fiscal José Nebbia rechazó una serie de nulidades planteadas por la defensa oficial en relación a la incorporación a la prueba de declaraciones tomadas durante la instrucción y las inspecciones oculares a los centros clandestinos de detención.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

“Voy a dar por terminado y concluido y cerrado el debate correspondiente a la causa 1103 caratulada ‘Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterado, homicidio agravado reiterado en perjuicio, entre otras personas, de Guillermo Aníbal Aguilar’ y convoco a todos, a las partes, para el día 25 de noviembre a las 18:30 que se va a dar lectura del veredicto que va a caer sobre esta causa”, dijo el presidente del Tribunal José Mario Triputti.

tribunal efemedelacalleAntes, José Nebbia -quien estuvo a cargo de la acusación junto a Miguel Ángel Palazzani- rechazó los pedidos de nulidad solicitados por la defensa oficial. Uno de ellos estaba relacionado con las declaraciones testimoniales tomadas por la Unidad Fiscal durante la investigación de la causa “sin el control de las partes”. Entre las cuestionadas estuvo la del ex colimba Aníbal Américo Agotborde.

“Este testimonio estuvo a disposición antes de ser elevado casi tres años, esta Fiscalía no se puede hacer cargo de suplir el trabajo de la defensa. Además tuvieron la oportunidad de preguntarle ampliamente en el debate oral y no lo confrontaron con los testimonios prestados en ese momento en la instrucción”, afirmó  Nebbia. “Más allá del momento puntual en que se tomó la declaración del testigo  lo cierto es que la práctica y procedimiento del Ministerio Público Fiscal siempre es el mismo (…) ellos marcan la cancha, toman las declaraciones y después nos invitan a jugar”, se cubrió el defensor Marcos Marini.

Otra de las nulidades apuntaba a las inspecciones oculares cuyos resultados, según la defensa, fueron contradictorios. “Quiero señalar que la primera inspección ocular fue hace muchísimo tiempo, estaba Cañón todavía de fiscal, pasó Córdoba, estamos nosotros. Y en esa oportunidad no se inspeccionó la séptima batería, fueron la tercera, la cuarta y la sexta. Todos los sobrevivientes fueron convocados y (algunos) estuvieron en condiciones materiales y emocionales de ir y otros no”, comentó el fiscal.

Luego de rechazar dichos planteos, el representante del Ministerio Público pasó a rectificar algunos errores expresados durante su alegato referidos a fechas de actuación de algunos represores y se detuvo en la reivindicación de la testigo Diana Diez: “Fue secuestrada, fue abusada dentro del centro clandestino, hace diez años murió de cáncer, no pudo venir a explicar lamentablemente ella misma lo que le habían hecho. En épocas en que la impunidad reinaba, valientemente declaró y contó todo lo que supo y reconstruyó lo que les había sucedido a ella y a sus compañeros. Así que tratarla de mentirosa habla más de quien lleva adelante esa conducta que de la propia sobreviviente emblemática”.

Al momento de las últimas palabras de los imputados, el primero en tomar el micrófono en el Aula Magna de la UNS fue el prefecto Luis Ángel Bustos “muy preocupado por su salud y su familia”, seguido por su colega Néstor Alberto Nougués, quien se consideró “inocente de todos los cargos” porque no conoció a las víctimas dado que “siempre estuve en una oficina”.

El ex guardia de La Escuelita Raúl Artemio Domínguez sostuvo que “hace dos años, ocho meses y once días que estoy privado de la libertad por una causa que no tengo nada que ver” y el teniente coronel (r) Guillermo González Chipont agradeció el permiso para ver a su hijo una vez por mes.

El ex jefe de la Sección Informaciones de Prefectura Francisco Martínez Loydi quiso que el tribunal “sepa algo de mi vida” y repasó “algunos hechos que me marcaron” como su “voluntario” ofrecimiento para ir a Malvinas años después de cometer los crímenes que se le imputan. Al ex titular de la cárcel de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, le llamó la atención que la ex presidenta Estela Martínez de Perón y su ex ministro Carlos Ruckauf no aparezcan en el juicio aunque hayan sido quienes “ordenaron que actúe de la forma en que actué”.

Alejandro Lawless, quien fuera jefe de sección en el Batallón de Comunicaciones 181 volvió sobre su careo con un ex colimba y el ex responsable de la Fuerza de Tareas Nº2 de la Armada, Gerardo Alberto Pazos, afirmó que “se han sacado del contexto histórico hechos que ocurrieron en el país durante los años 70”

Tomás Hermógenes Carrizo comandó la contrainteligencia en Puerto Belgrano y leyó en su “condición de marino” unos párrafos de una carta de un almirante yankee a otro nazi que tras la segunda guerra mundial reivindicaban la obediencia debida. “Finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubrí las facetas oscuras, corruptas y confusas de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba desde el comienzo de mi vida, fueron la justicia, la política y la Armada”, rezongó Enrique de León, quien fuera encargado de la contrainteligencia en Baterías.

Raúl Oscar Otero aseveró que su cargo en el Batallón de Comunicaciones 181 era logístico y que no tenía injerencia fuera de la unidad y habló de su estado de salud. Pedro Alberto Pila explicó “algunas facetas” de su vida “cuando casi daba por terminado su ciclo en la Prefectura Naval Argentina” porque había perdido su vocación de servicio cuando la fuerza se involucró “en funciones ajenas a su función específica”.

El ex jefe del Departamento Seguridad y Comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano José Luis Ripa pidió “a dios ilumine a vuestras excelencias para que dictaminen mi sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata” y Carlos Andrés Stricker insistió en diferenciar el Batallón de Comunicaciones 181 del “cuartel de Villa Floresta” del Ejército y afirmó que por los crímenes que se le achacan “tendrá que dar cuentas mi jefe que está muerto”.

Todos ellos, más los que ayer prefirieron el silencio, escucharán qué será de su futuro el próximo miércoles 25 a las 18:30 en Colon 80, sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur a cuya comunidad supieron reprimir crudamente.

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YPF-Chevron sin secretos para Vaca Muerta

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La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

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Simplemente Aldo

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En la madrugada del domingo pasado falleció Aldo Etchegoyen, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, cofundador y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y copresidente de la Comisión Provincial de la Memoria. Será homenajeado este domingo a las 19 en la sede metodista de Belgrano 355.

Aldo Etchegoyen era conocido y destacado por su trabajo por los derechos humanos, especialmente –aunque no solo- durante la última dictadura cívico-militar, compromiso que adquirió desde un principio con honradez y jugándose la vida en las visitas a los detenidos, reclamando por la aparición con vida de los desaparecidos, poniéndose siempre desde el lugar de las víctimas de la represión.

Esa actitud valiente de un infatigable luchador por la paz como Etchegoyen, le ha valido el reconocimiento de gente como Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y otrxs. Entre ellos, del propio pastor de la Iglesia Metodista de Bahía Blanca, Aníbal Sicardi.

“Aldo, como lo llamaba la gente desde que empezó su trabajo en el Chaco junto a los pueblos originarios, y que continuó en Córdoba, Bahía y Buenos Aires, y siendo representante argentino ante el Consejo Mundial de Iglesias y presidente del Consejo Metodista de América Latina y el Caribe, era un hombre sencillo, espontáneo. Favorecía siempre el diálogo y el intercambio, aún entre quienes disentían”.

“Era ante todo un pastor. Así lo recuerda la gente”, dijo en FM De la Calle. “Junto a de Nully Brown y Pagura, es una de las figuras centrales que marcan la identidad del metodismo en Argentina”.

Una identidad signada por la lucha, que continuó en democracia en los últimos años en la Comisión Provincial de la Memoria y el trabajo con los presos que día a día sufren vejaciones en las cárceles de nuestro país.

Pueden utilizarse para rendirle un justo homenaje las palabras que el propio Aldo utilizara en una ocasión en una visita a nuestra ciudad: “Hemos andado un largo camino, pero sabemos que queda mucho por andar por los derechos de los pueblos indígenas que sufren avasallamiento por los poderosos terratenientes, empresas agropecuarias o mineras que invaden sus territorios; en poner dignidad en personas que sufren trata de personas, en mujeres, niños y marginados, mujeres que sufren violencia de género, salud, educación y tantas otras expresiones de graves situaciones humanas”.

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Con orgullo contra la derecha machista

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Una nueva Marcha del Orgullo se realizará este sábado a las 16 en Plaza Rivadavia para reivindicar la lucha por la libertad sexual y los derechos LGTBI “enfrentando la impunidad, la represión y la derecha ajustadora y machista que se viene”. Durante la jornada se recordará y demandará justicia por las víctimas del odio homolesbotransfóbico como Diana Sacayán y Alejandra Galicio.

“Mientras en la provincia no se aplica la Ley de Educación Sexual Integral, las compañeras trans siguen en su mayoría en situación de prostitución y con una expectativa de vida de menos de 40 años, y siguen muriendo mujeres en abortos clandestinos, Scioli (Que llama a Negre de Alonso -Abiertamente del Opus Dei- para integrar la Corte Suprema) y Macri siguen representando el programa de la derecha machista, pro-Bergoglio y antiabortista de más represión, más persecución y menos derechos. La igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida en este sistema de opresión y explotación”, asegura la convocatoria.

Por otra parte, “mientras grupos de choque que apoyan al intendente electo del Pro atacan y amenazan de muerte a activistas LGTBI y de izquierda en Mar del Plata, los mismos que atacaron junto con la policía a la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, en la provincia de Córdoba, en Salta, etc, siguen aplicándose códigos contravencionales que habilitan a la detención de personas LGTBI sólo por su identidad. Se suceden día a días los asesinatos de odio a compañeras trans. El más visible últimamente fue el de la activista Diana Sacayán, que denunciaba la complicidad del aparato represivo con el narco y luchaba por los derechos laborales de las personas trans”.

“En nuestra ciudad siguen falleciendo compañeras trans jóvenes y, mientras la iglesia y la policía se legitiman y ejercen su permanente violencia simbólica y física sobre las mujeres y la diversidad sexual, se cumplen 10 años del asesinato de Alejandra Galicio por ser travesti y nunca se investigó al respecto”.

Galicio tenía 33 años cuando el jueves 7 de abril de 2005 fue encontrada malherida en las cercanías de avenida Cerri al 900 en un sector de la desocupada edificación de la ex bodega Arizu lindante con las vías del ferrocarril. Ingresó al Hospital Municipal con traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, contusiones varias y traumatismos de rostro, además de la existencia de un hematoma cerebral, según concluyó una tomografía computada, pero su estado no le permitió en los días de agonía, prestar declaración testimonial. Murió a las 5:45 del día 11 de abril por la brutal golpiza recibida.

La Marcha del Orgullo fue organizada por la Comisión de la Mujer y LGTBI del CEHum con la adhesión de las siguientes agrupaciones: BíoCentro; Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas y Niños; Agrupación de mujeres Pan y Rosas; Acciones Feministas; DesBandadas; Agrupación universitaria Tesis XI; Puño y Letra; Cardumen; Colectivo Pueblo en Lucha; Partido de los Trabajadores Socialistas; Partido Comunista; La Fede de Watu; Diversidad y Liberación; y Juntas y a la Izquierda.

Escuchá al docente Facundo Martínez en diálogo con FM De la Calle:

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Nieto 118: el momento de los abrazos postergados

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Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron esta tarde “con enorme alegría” que restituyeron la identidad al hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Ogando, nieto de Delia Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras del organismo de derechos humanos.

Virginia Ogando, hermana del nieto encontrado, también fue un actor clave en esta búsqueda. El 15 de agosto de 2011, la joven falleció, como una consecuencia más del terrorismo de Estado, pero su sangre albergada en el Banco Nacional de Datos Genéticos permitió determinar en un 99,99 por ciento el vínculo filiatorio.

“Delia recorrió toda la Argentina con el anhelo de encontrar a Martín y a los cientos de jóvenes apropiados por el terrorismo de Estado. Hace menos de un mes viajó a Europa para difundir la lucha de la Asociación en el exterior, con la esperanza de llegar a algún hombre o mujer con dudas sobre su identidad. Hoy, Delia se enteró de que su nieto vive fuera del país. La amplificación de esta búsqueda da resultados concretos: nuestros nietos pueden estar en cualquier lugar del mundo”, leyó Estela de Carlotto.

La presidenta de Abuelas agregó que “aún falta restituir la identidad de casi 400 hombres y mujeres. Ellos son presente, porque sólo con Memoria, Verdad y Justicia se puede construir un futuro democrático. Sus Abuelas, hermanos, tíos, primos y familiares necesitan saber qué pasó con ellos. Pero también, como sociedad, tenemos el deber de resolver su identidad, que es la identidad de nuestro pueblo”.

Stella Maris nació en La Plata el 3 de septiembre de 1949 y Jorge, el 28 de noviembre de 1947 en Tornquist, provincia de Buenos Aires. En 1973 nació su primera hija, Virginia. Ambos militaban en el PRT-ERP y el 16 de octubre de 1976 fueron secuestrados en su departamento por un grupo de tareas compuesto por militares y policías. Virginia quedó sola y una vecina se comunicó con Delia para avisarle lo que había ocurrido. Desde entonces, la Abuela se hizo cargo del cuidado de la niña, de apenas tres años.

Stella Maris estaba embarazada de ocho meses al momento del secuestro. Según testimonios de sobrevivientes, la pareja permaneció detenida en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, donde la joven, el 5 de diciembre de 1976, dio a luz a un niño al que llamó Martín. Luego del parto, fue llevada al “Pozo de Quilmes”.

Desde el momento de la desaparición, Delia emprendió la búsqueda de la pareja. Primero, en soledad; luego, junto a otras Madres que también habían sufrido la desaparición de sus hijos. En 1977, algunas de ellas advirtieron que además buscaban a los hijos de sus hijas o nueras embarazadas o a sus nietos secuestrados. Entonces, emprendieron juntas la búsqueda de esos niños y niñas. Recorrieron casas cuna, juzgados, comisarías e iglesias.Nieto-118-16-580x391

Delia fue una de estas doce mujeres fundadoras de lo que luego sería la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. De a poco, se fueron sumando muchas más para caminar codo a codo a lo largo de estos 38 años y crearon distintas estrategias para llegar tanto a jóvenes con dudas como a personas que pudieran aportar información sobre sus nietxs apropiadxs.

Entre 2006 y 2008, Abuelas recibió tres denuncias anónimas, por teléfono y por mail, en las que se planteaba que quien hoy sabemos es el nieto de Delia había sido inscripto como hijo propio de quienes decían ser sus padres. También, se indicaba que en su familia circulaba el rumor de que había nacido en un centro clandestino de detención.

El 30 de marzo de este año, este hombre se acercó a Abuelas con fuertes sospechas de ser hijo de desaparecidos. Luego de ser entrevistado por el área de Presentación Espontánea, la consulta siguió los carriles correspondientes y fue derivado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), donde comenzó la investigación documental.

Como el nieto vive desde hace 15 años en el exterior, la extracción de sangre se produjo a través del Consulado del país en el que reside, el 15 de mayo de este año. Gracias al trabajo mancomunado de distintas instituciones del Estado, la muestra llegó a la Argentina y fue recibida por la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, que la remitió a la CoNaDI. En junio, fue derivada al Banco Nacional de Datos Genéticos para efectivizar el estudio.

Esta mañana, el Banco informó finalmente a la CoNaDI que el joven es hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.

Fotos: Kaloian.

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Causa Armada: el 25 se conocerá el veredicto

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Durante la tarde del 25 de noviembre, el tribunal oral subrogante de Bahía Blanca dará a conocer el veredicto del juicio contra 22 de los 25 represores que comenzaron a ser juzgados en julio de 2014 por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La fecha será antecedida por las audiencias de réplicas y dúplicas convocadas para el miércoles 11 y el jueves 12.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas públicas y privadas que ocuparon las últimas seis sesiones del debate oral. Los abogados solicitaron la absolución de los imputados que pertenecen a la Armada, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A casi cuatro décadas del inicio formal de la dictadura cívico militar, muchos serán lxs testigos, sobrevivientes y familiares que no podrán ver plasmado el histórico reclamo de juicio y castigo, al igual que no serán de la partida muchos de los responsables del terrorismo de Estado. En este caso, el ex contralmirante Manuel Jacinto García Tallado y el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli fueron apartados por problemas de salud y los ex capitanes de navío Domingo Ramón Negrete y Guillermo Félix Botto, como diría el psicoanalista Alfredo Grande, gozan de “la impunidad de los cementerios”.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani solicitaron penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los restantes. Además, pidieron que, como reparación integral a las víctimas, se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.

La revocación de la prisión domiciliaria de los acusados, los trabajos de prospección en el predio de la Séptima Batería “para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos” y la baja por exoneración y/o destitución de los represores fueron compartidas por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y la APDH. También por el abogado César Sivo, quien se diferenció al rechazar la tipificación de genocidio para los crímenes juzgados y calificarlos como delitos contra la humanidad.

Los genocidas llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios y, durante el debate, el tribunal aceptó ampliar la imputación por delitos sexuales contra 19 de ellos. “Las víctimas habían contado los abusos y las violaciones que sufrieron estando secuestradas y eso debía ser juzgado en este juicio”, aseguró entonces el fiscal José Nebbia. Los jueces destacaron la “interdependencia entre el cautiverio, las torturas y los abusos de índole sexual que se produjeron en un mismo lugar de detención respecto de la misma persona”.

Para comprender estos crímenes específicos en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, la “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”, alegó la querellante Mónica Fernández Avello.

Los abogados oficiales Marcos Marini y Gustavo Rodríguez y los particulares Mauricio Gutiérrez, Luis De Mira, Gerardo Ibáñez y Sebastián Olmedo Barrios coincidieron en el pedido de absolución de sus clientes.

Los días miércoles 11 y jueves 12 la Fiscalía tendrá la oportunidad de contestar varios planteos de nulidad realizados por las defensas y luego el tribunal escuchará las réplicas y dúplicas, previas a las últimas palabras de los represores y el veredicto de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava.

El banquillo

Los imputados de la Armada Argentina son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Edmundo Óscar Nuñez; Alberto Gerardo Pazos y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa y Leandro Marcelo Maloberti; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons.

Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala; el ex coronel Carlos Andrés Stricker, y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Raúl Artemio Domínguez y el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont.

Completan el banquillo los ex prefectos navales Francisco Manuel Martínez Loydi; Pedro Alberto Pila, y Néstor Alberto Nougues y Luis Ángel Bustos; el ex prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman.

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“No pondrás la otra mejilla”

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La muestra “Arte para desnaturalizar la violencia hacia mujeres y niñas”, organizada por el Frente Julieta Lanteri y FEIM (Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer) que se desarrolla durante toda esta semana en el Centro Histórico Cultural de la UNS en Rondeau 29, tuvo como invitada a Mabel Bianco, presidenta de la organización.

“Las chicas, que son cinco artistas jóvenes, han hecho estos afiches para demostrar que no es natural la violencia hacia las mujeres. Y que hay que sacarlas del rol de la victimización para protegerse”, aclaró Bianco en conferencia de prensa.

“La violencia hacia las mujeres y niñas es una de las formas más severas, más silenciadas y menos denunciadas de violación a los derechos humanos. Impacta sobre mujeres de todas las edades, culturas y condiciones socioeconómicas con graves consecuencias sobre su integridad física y emocional así como su desarrollo personal y social. Tiene su origen en la desigualdad estructural de poder entre mujeres y hombres y en la reproducción de estereotipos de género que promueven la desvalorización y subordinación de las mujeres”, inicia el folleto explicativo de la muestra.

Bianco también habló acerca de los candidatos a presidente que al parecer no tienen planeado incorporar los temas de las mujeres en la agenda política y mucho menos en el debate. “Tener una gobernadora mujer no alcanza, es más que nada la intensión que tenga. Tampoco podemos pensar que porque hay una mujer en el gobierno se arregla todo”.

¿Qué hace falta para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia?: “Falta articulación entre las diferentes áreas (policial, judicial, de salud) falta acción conjunta con la familia y los amigos. No alcanza con el botón de pánico o la exclusión del violento (…) porque igual la encuentra”.

Además, Bianco mencionó el problema que existe con los protocolos de atención y como dificulta la tarea: “Se podrían mejorar las cosas si los tuviéramos y todas fueran tratadas de igual manera, que no las rechacen, que no le pida esto o aquello, o que sigan los casos”.

Respecto a la educación sexual, la presidenta de FEIM, aclaró que es una deuda del Estado que “el Ministerio de Educación no ha hecho programas de educación curriculares para la erradicación de la violencia para que lxs niñxs tengan una formación. Tampoco se hacen campañas de difusión”.

El viernes a partir de las 16, dos de las artistas que exponen esta muestra (Clara Desimone y Florencia Miguel) realizaran visitas guiadas para grupos de estudiantes de secundario o terciaron que deseen ir. La entrada es libre y gratuita.

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Falleció Aldo Etchegoyen

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(Por Comisión por la Memoria) Con mucha tristeza compartimos con ustedes la noticia del fallecimiento de nuestro querido Aldo Etchegoyen, presidente de la CPM, guía, amigo, compañero. A sus 87 años seguía militando, poniendo el cuerpo, su voz, sus ideas y su compromiso en cada causa que lo convocaba, ahí donde había una injusticia. Fue uno de los forjadores de la Comisión, su paso es nuestra huella, nuestro camino.

Ha sido un privilegio haberlo conocido, tenerlo de maestro, con esa humildad y sencillez de los grandes, capaz de jugarse entero por los otros, siempre, sin espera de otro reconocimiento que no sea aliviar el sufrimiento.

Aldo: el pastor, el obispo, el hombre de esa otra iglesia que se comprometió, que denunció y acompañó aún en los momentos más difíciles. Un incansable luchador por la vigencia de los derechos humanos y la defensa de la vida.

Ya en los años previos a la dictadura, desde la Iglesia Metodista, desarrolló una comprometida y sentida tarea militante contra las violencias desplegadas desde el estado, abriendo sus puertas para proteger a los perseguidos, a las víctimas, visitando a los presos políticos, sosteniendo a los familiares, ayudando a los exiliados chilenos. Y siempre siguió firme en sus convicciones: en el presente junto a los pueblos originarios, acompañándolos en cada reclamo, estando aquí y allá, sin tener en cuenta sus ochenta y tantos.

Fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y entre 1979 y 2001 fue obispo de la Iglesia Metodista y Presidente del Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe.

Deja en el movimiento de DDHH una huella imborrable y un legado profundo: su sensibilidad para escuchar y acompañar, su calidez humana, su claridad y convicciones, su fortaleza.

Lo despediremos en la primera Iglesia Metodista (Corrientes 718 CABA) a partir de las 18 hs y una ceremonia a las 20.

Acompañamos con un abrazo fuerte y fraternal a toda su familia.

Lo vamos a extrañar porque siempre nos daba un poco más, pero su ausencia será firme presencia, más que nunca.

Siempre en nuestras memorias, seguirá presente en la lucha.

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A Verón lo mató la policía de Capitanich

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La autopsia realizada al cuerpo del dirigente social chaqueño Ángel Verón confirmó que su muerte fue provocada por los golpes y castigos propinados por agentes y funcionarios de la policía provincial, quienes intervinieron el 24 de septiembre en la represión a un corte de ruta realizado por familias que reclamaban por el incumplimiento de la entrega de becas y herramientas para la autoconstrucción de viviendas.

“El informe preliminar de la autopsia antes de llegar al fiscal llegó a Casa de Gobierno. Desde allí conseguimos la información y dimos a conocer a la opinión pública y recién ayer el fiscal de Derechos Humanos dijo que llegó a la Fiscalía y lo estaban informatizando”, dijo a FM De la Calle el titular del Centro Mandela, Rolando Núñez, y agregó que “se hizo todo mal y cuando se hace todo mal tan sistemáticamente no obedece a errores, nuestra experiencia nos marca la posibilidad del encubrimiento”.

Verón falleció el 19 de octubre en la sala de terapia intensiva del Hospital Perrando, según sus compañeros del MTD No al Desalojo, “pese a que la perversidad humana y política del gobierno habría ordenado que lo mantuvieran artificialmente vivo hasta después de la elecciones presidenciales”.

La denuncia del crimen político fue inmediatamente desmentida por las autoridades provinciales y hasta por el jefe de gabinete nacional Aníbal Fernández, quien declaró que la muerte de había producido por una “septicemia”. “No sé qué responderle, porque es Aníbal Fernández. Este es un tema serio, lamento que se haya expresado en esos términos sin conocer absolutamente nada. Cuando lo dijo se estaban despejando las dudas y estábamos quebrando ese muro que estaban construyendo para que esto no se esclarezca”, aseguró Núñez.

El dirigente manifestó que “el procedimiento policial fue absolutamente ilegal de punta a punta. La crisis institucional es muy profunda acá y mientras tanto las cosas siguen pasando. Hoy la policía está actuando descabezada y viene de un fuerte proceso de desorganización signada por dos factores: violencia y corrupción. Mucha de la corrupción asociada al narcotráfico. Estamos en un severísimo problema y esto explica también los altos niveles de inseguridad que en este momento presenta la provincia de Chaco”.

La exhumación del cadáver de Ángel fue realizada el sábado 24 de octubre, a pesar de que María -esposa de Ángel- había solicitado a la justicia penal que se realizara la autopsia de sus restos antes de ser sepultado, como correspondía dado que su fallecimiento venía precedido de violencia policial. El fiscal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca no ordenó tal medida, vital para esclarecer la real causa de muerte a pesar de que María ya había efectuado una denuncia.

Según informó el Centro Mandela, el hospital Julio C. Perrando extendió un certificado de defunción atribuyendo la muerte de Ángel a “enfermedad”, en una clara estrategia de manipulación institucional para encubrir la violencia policial, la causa de la muerte y a brindar impunidad a los autores. La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, y el Comité Contra la Tortura fueron y son funcionales a la estrategia política de encubrimiento.

El poder político se mantuvo en silencio desde el 24 de septiembre, día de la represión. Nunca informó a la opinión pública sobre las circunstancias de los hechos de la violencia institucional que provocó la muerte de Ángel. Las dos únicas comunicaciones oficiales salieron de la oficina de prensa de la Jefatura de Policía del Chaco. Argumentaron que Ángel se autoinflingió una herida, que no se efectuó un procedimiento de desalojo, que el personal policial actuó de acuerdo a las normas legales y que Ángel falleció de enfermedad. El jefe de policía nunca reconoció que el operativo policial no contó ni estuvo avalado por ninguna orden judicial de la justicia chaqueña ni del juzgado federal de Resistencia.

“Es un gesto a destacar, porque entendíamos que es congruente con la calificación de idoneidad profesional de todos ellos y además porque ya estamos ante un traspaso y, en consecuencia, no vamos a nombrar funcionarios sino la cobertura interina de los cargos”, dijo el gobernador Jorge Capitanich al aceptar las renuncias de su ministro de Gobierno, Javier Oteo, del secretario de Seguridad, Marcelo Churin, y del jefe de Policía, Gustavo Peña. Este último fue reemplazado por el subjefe Ariel Acuña, firmante de la orden de desalojo que inició la represión que mató a Verón.

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