El abogado de los pescadores artesanales en la causa por contaminación ambiental en la ría, Lucas Beier, recibió intimidaciones en los últimos días. Esta mañana dijo a FM De la Calle que “la sorpresa fue bastante desagradable. Uno siempre sospecha de que si estás luchando contra tantos intereses económicos y políticos, por supuesto que la respuesta de ellos no va a ser simplemente en una contestación de demanda”.

En primera instancia dos personas ingresaron armados a su estudio. Este “primer hecho, el asalto a mano armada, me generó ciertas dudas porque se fueron sin llevarse nada”. El abogado no se encontraba en el lugar. Sin embargo, su secretaria le dijo a Beier que preguntaron por él y le mostraron el arma. “A la policía le llamó la atención que entren dos personas armadas sin llevarse nada. Había computadoras y otras cosas. Además, estuvieron quince minutos parados en la ventana charlando. Es medio raro que alguien que entre a robar se quede quince minutos parado charlando afuera. Ingresaron a cara descubierta”.

Respecto del episodio sufrido el domingo, cuando desconocidos lesionaron la fachada de su domicilio particular, el letrado expresó que “no deja ningún margen de duda de que es un mensaje mafioso el hecho de tirar brea caliente en el frente de mi casa”.

Un comunicado firmado por Familiares y Amigos de Luciano Arruga denunció que despertaron “la mañana del 7 de junio con la noticia de que habían incendiado el auto (un Regatta) de nuestra compañera Vanesa Orieta”, hermana del joven de 16 años secuestrado, desaparecido y luego enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

“La realidad es que lo que nosotros esperamos es que se tomen las medidas indicadas para que no pase a mayores y no afecte vidas humanas”, dijo Orieta haciendo alusión a las reiteradas expresiones de amedrentamiento padecidas.

“Acá se está perdiendo, en definitiva, un objeto material, entonces uno no se debe hacer tanta mala sangre. Pero la realidad es que, a partir de que denunciamos la desaparición de Luciano en manos de la Policía Bonaerense, lo que ha ocurrido fueron detenciones a testigos, armados de causa, golpizas dentro de comisarías, amenazas de que no siguieran hablando los testigos, así que eso es realmente grave a lado de esto”, continuó.

Respecto de las medidas de seguridad reclamadas al Estado, Vanesa recordó “en un primer momento, lo que solicitábamos era que nos pudieran proporcionar medios de comunicación a través de teléfonos celulares. Encontramos una negativa ante eso. Llegamos a pedir lo menos. Pero dejamos bien en claro es que se necesita profundizar en esta problemática y que los funcionarios entiendan que las problemáticas vinculas a violencia institucional tienen necesidades bien particulares”.


El documento que reproducimos a continuación, detalla el historial de amenazas e intimidaciones recibidas.

“Somos una familia que lucha por la justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece, y esos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, y cada día lo sabemos más. Empezamos a buscar a Luciano con la certeza de que fueron ellos y con la seguridad de que iba a ser muy difícil: ellos lo asesinaron y desaparecieron, pero un sistema organizado los protege desde todos los frentes. El peligro que corremos se convirtió en cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad.Estamos una vez más en la penosa situación de tener que volver a denunciar que todas nuestras vidas corren peligro. El hostigamiento no se detiene. El 7 de junio amaneció incendiado el auto de Vanesa Orieta, la hermana de Luciano.

 

Desde el comienzo:

En febrero de 2009, cuando Vanesa y su amiga fueron al destacamento de Lomas del Mirador a exigir información sobre el paradero de Luciano, el policía que las atendió apoyó un arma arriba de la mesa. Se hicieron costumbre los amedrentamientos a toda la militancia que sostenía la causa: autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas.

“¿Tu hija está bien?”, le preguntó un hombre desde un auto de último modelo a Mónica Alegre cuando cruzaba la calle para ir a hacer compras a pocos meses sin Luciano.

Vanesa Orieta fue recibida por la fiscal Roxana Castelli –primera a cargo de la causa- en presencia de uno de los ocho policías implicados en la desaparición de Luciano.

 

Un testigo que declaró haber estado detenido con Luciano en la Comisaría 8º fue amenazado por personal del Servicio Penitenciario cuando iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio: “no hablés porque te vamos a matar”.

 

A mediados de 2009, una integrante de Familiares y amigos de Luciano Arruga fue detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de La Tablada, donde fue víctima de torturas y abusos.

 

En abril de 2011, Mónica Alegre –mamá de Luciano- y sus dos hijos se despertaron a las seis de la mañana con la casa llena de humo. Tardaron en comprender lo sucedido: alguien les había metido una madera en brasa adentro de una pila de frazadas junto a la ventana. Les querían prender fuego la casa. Esa misma semana, un compañero recibió en su casa a un patrullero del que bajó uno de los ocho implicados en el secuestro de Luciano: “desaparecé porque te vamos a matar”. Fue interceptado, a los pocos días, por un móvil de la comisaría de Lomas del Millón cuando repartía cuadernos en el barrio 12 de Octubre. Un efectivo le preguntó nombre, documento, domicilio e intentaron subirlo a la fuerza. Nuestro compañero se negó y por eso el policía lo empujó violentamente contra el vehículo y cargó su arma a la vista de todo el barrio. La impunidad siguió: como él no fue llevado gracias a la intervención de varios vecinos, después fueron amedrentados aquellos que lo defendieron. En esos meses pudimos saber a ciencia cierta que en comisarías del Conurbano bonaerense se guardan fotos de familiares y allegados a la familia de Luciano, e incluso se les pide información sobre nosotros a jóvenes del barrio privados de su libertad.

 

En agosto de 2012, el hermano menor de Luciano, con 16 años, fue interceptado y amenazado en la calle por un policía de civil y un uniformado –ambos sin identificación- que circulaban en un auto sin patente y lo venían siguiendo.

 

En enero de 2013 alrededor de las 12 de la noche, a días de cumplirse cuatro años sin Luciano, después de una reunión en la casa de un integrante del grupo, un compañero fue secuestrado por una camioneta en la parada del colectivo y paseado por una decena de barrios del Conurbano. No le robaron y lo largaron después de horas en la casa de la reunión, a cuadras del punto de partida. Durante el viaje lo amenazaron de muerte todo el tiempo, lo tabicaron en su propia casa para registrarla y llamaron a otros integrantes del grupo sin dejar en claro nunca qué querían.

 

En septiembre de 2014 dos testigos de la causa por la desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento de Lomas del Mirador, el mismo que mató a Luciano. Los policías intentaron requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse, uno de los jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados los fue a buscar.

A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza.

 

Ahora, a días de la primera condena por Torturas en democracia a un policía bonaerense en la Provincia, en el contexto de la campaña-fiesta electoral del máximo responsable de la desaparición de Luciano y luchando por la implementación de la ley que ganamos en la calle por la expropiación definitiva del ex destacamento de Lomas del Mirador para crear un Espacio para la Memoria independiente, en el marco de estos sucesos es que nos despertamos la mañana del 7 de junio con la noticia de que habían incendiado el auto (un Regatta) de nuestra compañera Vanesa.

 

A todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos recibieron en estos seis años y medio les expresamos lo mismo:necesitamos protección. Nos negamos a cambiar nuestra identidad y mudarnos a pueblos recónditos para que el Estado se haga cargo de que nuestra vida corre peligro. Nos negamos a aceptar la custodia de las fuerzas de seguridad: ellas son las que nos persiguen. Nosotros queremos seguir luchando. Integrantes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron claros: “la seguridad se negocia”. No vamos a negociar la seguridad, porque no negociamos a Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe. Exigimos la seguridad para toda la familia y los amigos de Luciano Arruga. La situación es insostenible, corremos peligro real: responsabilizamos al gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por los ataques a nuestra integridad y nuestra lucha.

A Luciano lo mató la Policía Bonaerense,

lo desapareció el Estado.

¡Fuera la policía de nuestros barrios!

 

Familiares y amigos de Luciano Arruga”

 

El Consejo de la Magistratura aprobó por 7 votos contra 6 la separación provisoria de los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y su reemplazo por Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal de Dolores.

Luego de escuchar al fiscal Miguel Palazzani, quien explicó los argumentos de la denuncia de la Unidad de Lesa Humanidad de Bahía Blanca contra los funcionarios, tomaron la palabra integrantes de organismos de derechos humanos locales y nacionales como APDH, H.I.J.O.S., Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el ex fiscal Hugo Cañón.

Lxs familiares hicieron hincapié en que más allá de las discusiones reglamentarias planteadas por lxs seis consejerxs opositores, la permanencia de Martínez y Pontet significaría la continuidad de la impunidad y el cierre de las causas contra los civiles partícipes del terrorismo de Estado. A lxs seis representantes del kirchnerismo en el Consejo se acopló la presidenta del organismo, Gabriela Vázquez, para lograr el desempate.

Más temprano, la comisión de Disciplina y Acusación escuchó la declaración testimonial del secretario de derechos humanos del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, también denunciado por la Fiscalía y los organismos locales.

Recordamos que en su sesión anterior, lxs consejerxs citaron al ahora apartado Martínez para que el 14 de agosto se defienda en el marco del expediente 252/14, caratulado “Nebbia José A. y Palazzani M. (Fisc. Gral. Ad Hoc de Bahía Blanca) s/actuación del Dr. Martínez, Santiago U.”. Allí se lo acusa por mal desempeño, según el artículo 53 de la Constitución Nacional y los incisos 1 (desconocimiento inexcusable del derecho), 2 (incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias) y 4 (la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones) del artículo 25 de la Ley del Consejo de Magistratura.

En la misma causa quedó pendiente la convocatoria de los magistrados Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

A horas de que el Consejo de la Magistratura trate la separación provisoria de los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y su reemplazo por Alejo Ramos Padilla, integrantes de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles se manifestaron frente a la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Alberto Rodríguez agradeció “de corazón” todas las manifestaciones de solidad recibidas luego de ser amenazado por el hijo de uno de los detenidos en el marco de la causa Triple A y aseguró que “no olvidar, movilizar y concientizar, es lo único que nos puede llevar al triunfo en las luchas que vienen de aquellos años y que seguimos hoy los jóvenes y los no tan jóvenes para cambiar este país y darlo vuelta de una vez por todas”.

Por su parte, Dante Patrignani destacó la amplitud de la convocatoria, “como no podía ser de otra manera ante la amenaza contra un compañero que es denunciante de los crímenes de las Tres A” y advirtió que tras el probable apartamiento de Martínez y Pontet “esto no termina porque la corporación es muy fuerte y tiene dentro de este recinto un responsable, tiene nombre y apellido, que es Néstor Luis Montezanti”.

Este jueves, el también cuestionado secretario de derechos humanos del Juzgado Federal Nº1, Mario Fernández Moreno, declarará ante una comisión del Consejo de la Magistratura a las 9:30 y a las 11 el plenario tomará una decisión clave respecto al futuro de las investigaciones contra los civiles partícipes del terrorismo de Estado. Afuera, en Libertad 731 de la Capital, se manifestarán organismos de derechos humanos.

“Ahí van a tener que levantar las manos, van a tener que votar a favor o en contra de aquellos que han sido cómplices de la dictadura. Esperamos ver las manos levantadas, no nos vamos a olvidar del que va a levantar la mano a favor de Montezanti ni vamos a olvidar tampoco a aquel que sepa reconocer que no puede seguir en su puesto”, dijo Rodríguez.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

El 11 de junio la doctora Adelaida Tuñez interrumpió una conferencia de prensa del empresario Palavecino para denunciar la situación que atraviesa el Hospital Juan Domingo Perón en Tartagal. El “Chaqueño” había convocado a los medios de comunicación para difundir el festival Trichaco.

“La gente se está muriendo de hambre, no queremos fiesta”, dijo la médica. El empresario de la música escupió “yo no voy a tu huelga a difundir mi festival, este es mi momento, andate”. También intentó defender el desarrollo del festival arguyendo que tiene fines de beneficencia. Tuñez respondió con firmeza, “no colabora para nada usted porque usted se robó las tierras del chaco salteño”.

Según expresó Tuñez, el Chaqueño Palavecino “tiene tierras que se encuentran en al lado de la casa del papá de Jorge Rojas. Debería investigar alguien. El Chaqueño es amigo del vice gobernador y del jefe de mayor rango de gendarmería”.

El portal www.informadorregional.com.ar publicó que la Defensoría del Pueblo de la Nación recibió una denuncia en diciembre del año pasado donde se imputa al comerciante de la música haber alambrado más de mil hectáreas, entre las que se encuentran terrenos reclamados por los pueblos originarios.

“Trabajo en la comunidad aborigen de Kilómetro 6 donde no hay nada, no hay pediatra, no hay

Doctora Adelaida Tuñez

Doctora Adelaida Tuñez

medicamentos. La gerencia tiene mucho abuso de poder. Están vinculados con el vice gobernador Andrés Zottos entonces nadie se anima a hablar”, dijo Tuñoz a FM De la Calle.

“Yo no quería hablar con el Chaqueño, quería hablar con el intendente. Nunca está en Tartagal el intendente. No me sacaron porque yo me resistí hasta último momento. Me quedé esperando. El Chaqueño siguió su conferencia como si nada, mirando su reloj de oro. No esperaba otra actitud. Se llena la boca diciendo que ayuda a los familiares. Hay familiares que no pueden ir a ver sus recitales porque el Chaqueño les cobra. Lo conozco de cuando era pobre, cuando era colectivero, pero ahora se le subieron los humos”.

No es la primera vez que la doctora expresa sus reclamos mediante medidas de fuerza. Anteriormente decidió “hacer la huelga de hambre cuando me cambian de servicio en forma verbal y no me dio ningún motivo. Tengo ocho años de antigüedad en el hospital. Decido hacer la huelga para destapar la olla”.

no hay médicoLo que se cocina en esa olla son distintos tipos de irregularidades. “Los dos casos más graves que hubieron en este hospital fueron la violación de un médico siquiatra masculino a un paciente masculino, que está denunciado públicamente. La violación se hizo dentro del consultorio. El médico sigue trabajando y es íntimo amigo de la gerencia. No le llevaron el apunte al que acusó”. Y el otro caso se trata de “una médica ginecóloga que hizo abortos clandestinos en el hospital y cobró”.

Las autoridades de la provincia decidieron actuar luego del estado público que tomó este episodio y el anuncio de la médica tartagaleña de “inicial la huelga de hambre mañana”. Frente a esto, “ayer bajó la cúpula del Ministerio. El ministro me ofreció sesenta días de licencia para que descanse y que iban a hacer una auditoría en el hospital. Yo no estoy loca, estoy viendo la realidad del país, no soy ninguna tonta. No acepté la oferta. Le pedí al ministro que me sacara del hospital porque hay mucha corrupción. Voy a empezar a trabajar mañana en el Hospital Embarcación. El Ministro en ningún momento me trató mal”.

Baño de la sala Kilómetro 6

Baño de la Sala Médica de Kilómetro 6

Además de las denuncias por maltratos, violación y lucro por medio de la práctica del aborto en el hospital, la profesional afirma que “ninguno de los médicos quiere ir a Kilómeotro 6 y no les dicen andá. Yo voy porque veo las necesidades. Hay sólo tres ambulancias en el Hospital de Tartagal para 100 mil habitantes. Yo voy hace cuatro años a la comunidad. La salita es chiquita. No hay radio para comunicarse a Tartagal”.

La sala médica tiene “las ventanas rotas, el baño en malas condiciones, no hay calefacción, no tienen medicina. Ahí viven 7 etnias aborígenes. Hay mucha gente grande, chicos que se encuentran sin pediatra”.

Tuñez denuncia las desigualdades y connivencias por parte de los funcionarios públicos quienes no garantizan la igualdad en el acceso a la salud. “Tenemos una jefa de periférico. El médico que dice no quiero ir, no va. Hacen lo que quieren. Eso lo sabe el vicegobernador. Al primer lugar que va a pedir los votos es a Quilómetro 6”.

Ayer murió un niño por desnutrición en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles convocan a un acto “contra la impunidad y la corporación judicial” este miércoles a las 18 frente a la Cámara Federal de Bahía Blanca ubicada en Mitre 62.

La convocatoria tiene lugar ante “el inminente tratamiento en el Consejo de la Magistratura de las denuncias contra Santiago Ulpiano Martínez, subrogante del Juzgado Federal Nº1, y el secretario de derechos humanos Mario Fernández Moreno, por obstaculizar las causas contra civiles partícipes del terrorismo de Estado como los integrantes de la banda de la Triple A, el director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti y el fallecido capellán Aldo Vara”.

El jueves el Consejo de la Magistratura votará el dictamen de la Comisión de Selección que propuso apartar temporalmente a los funcionarios y poner al frente del juzgado al magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Según un comunicado emitido por diversas organizaciones “Santiago Martínez es uno de los máximos exponentes de la corporación judicial local que pretenden garantizar la impunidad de los genocidas. Para ello cuenta con el aval del camarista federal y ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército Néstor Luis Montezanti”.

Los espacios firmantes expresan también que “contra este juez y docente de la UNS pesan también varias denuncias y pedidos de juicio político en la Magistratura y al respecto exigimos a lxs consejerxs el urgente tratamiento”.

Alberto Rodríguez, testigo de crímenes de la Triple A en Bahía Blanca amenazado por el hijo de uno de los imputados, agradeció a quienes se acercaron en solidaridad y respaldo. “Gracias a todos, que han sido muchos. No me va a alcanzar el tiempo para agradecer la solidaridad que he recibido y que transmito a todos los testigos, que somos más de uno y en más de una causa”, dijo en FM De la Calle.

El actor agregó que “lo que estamos esperando hace cuarenta años es que un juez lleve adelante una causa única en Bahía Blanca, se llegue a la detención de los imputados en su totalidad, que podamos participar los testigos en esa causa única y definir las culpabilidades, dictar las sentencias y que los civiles también empiecen a pagar por los crímenes de lesa humanidad”.

Por otra parte, Dante Patrignani explicó que en el Consejo de la Magistratura “la denuncia (contra Montezanti) ya tiene dos años y medio. Por eso tenemos cierta urgencia para que se resuelva antes de que pasen tres años y no pase a archivo como han sido las anteriores denuncias contra Montezanti. A la denuncia mía original, pidiendo la separación del poder judicial por haber pertenecido a la inteligencia militar durante la dictadura, se fueron sumando otras. Las últimas son denuncias de los fiscales en cuanto a la destitución de Coleffi. Montezanti estaba excluido de las cuestiones que tenían que ver con los derechos humanos, sin embargo retomó sus funciones e intervino ante el caso del juez Coleffi. Hay denuncias de HIJOS, APDH, se van sumando al expediente”.

Las y los abajo firmantes, nos solidarizamos con el compañero Alberto “Carucha” Rodríguez, testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, quién fue amenazado por Bruno Aceituno el pasado sábado 6 de junio en instalaciones del Centro Cultural “La Panadería”, empleando frases como “vos cagaste a mi familia ahora va a correr sangre en la tuya”. El mencionado sujeto es el hijo de Raúl Roberto Aceituno, integrante de la banda paramilitar, quién fuera capturado hace poco tiempo.

Alberto Rodríguez fue testigo del asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo, ocurrido el 3 de abril de 1975 en los pasillos del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Brindó su testimonio e impulsó la investigación contra integrantes de las patotas de la Alianza Anticomunista Argentina que en Bahía Blanca eran conducidas por el jefe de la CGT y diputado nacional, Rodolfo Ponce, y el interventor de la UNS, Remus Tetu.

SI TOCAN A UNX – RESPONDEMOS TODXS!
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!
30.000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS PRESENTES!

Comisión de Apoyo a los Juicios / Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti / CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego / Favic (Familiares y Amigos de Victimas Terrorismo de Estado de BB) / ADUNS / Agrupación 27 de Octubre / Encuentro Amplio / Partido Comunista de Bahía Blanca – La Fede de Watu / Acciones Feministas / FM De la Calle / SUTEBA / Grupo 83 (Solidaridad + Igualdad) / UMsur (Unión de músicos del sur) / Asociación Argentina de Actores de Bahía Blanca / Colectivo Pueblo en Lucha / Centro de Estudiantes de Humanidades / Agrupación Cardumen / Movimiento Popular Patria Grande / Asociación de Profesionales de la Salud de Bahía Blanca / Comisión gremial interna de trabajadores del Banco Credicoop / Lista Azul No Docente UNS / Emancipación sur / Contrahegemonía UNS / Socorristas en red / Federico Manfredini.

Se siguen recibiendo adhesiones en [email protected]: PTS / PAN Y ROSAS / TESIS XI / Campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito Bahia Blanca / Liga Argentina por los Derechos del Hombre, La Cámpora, Partido Solidario / Raul López – Consejero Escolar / Diversidad y Liberación / María Victoria Moyano Artigas, miembro del CeproDH, nieta recuperada / EDE (Encuentro por la Democracia y la Equidad) de Bahía Blanca / MST – Nueva Izquierda/ Manuel Jorge Molina / Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario / Agrupación Nueva Bahía….

Este sábado a las 18:30 en la sede de ADUNS (Pasaje Tres Arroyos 538) se presentará el libro Siervas Trinitarias, de Yanina Lofvall. Como describimos en otro artículo, se trata de una investigación que narra el proceso de captación y trata por parte de la secta católica Servi Trinitatis, que se desarrolló en varios lugares de Argentina.

La periodista que llevó a cabo la investigación contó a FM De la Calle que “se están cumpliendo dos meses de la presentación (en la Pampa), que generó muchísimo impacto social. Nos sorprendió gratamente el interés que despertó. Estuvimos en la Feria Internacional del Libro, en la Feria del Libro de la Plata, en Paraná y hay muchas invitaciones para presentarlo”.

Por otra parte, Lofvall, quien fue víctima de la secta, expresó que “es reparador ver que muchas personas que fueron miembros de la institución o de instituciones similares sienten que el libro les ayuda a cerrar una etapa, poner un nombre a lo que les pasó o entender un poco más de lo que es el proceso de reducción a la servidumbre”.

Consultada sobre qué encuentran lectores y lectoras en el contenido del volumen, la autora dijo que “es una historia personal, una investigación periodística, una producción a nivel libro imagen muy buena. Está dividido en dos partes con capítulos cortos”.

La continuidad del secretario Santiago Martínez como juez subrogante del Juzgado Federal Nº1, donde entre otras causas se tramita la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A y las amenazas a Alberto Rodríguez, se definirá el próximo jueves 18 cuando el plenario del Consejo de la Magistratura analice el dictamen de la Comisión de Selección que propone apartarlo temporalmente y reemplazarlo por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Mientras tanto, ayer el Consejo citó al recusado para que el 14 de agosto se defienda de graves acusaciones en el marco del expediente 252/14 caratulado “Nebbia José A. y Palazzani M. (Fisc. Gral. Ad Hoc de Bahía Blanca) s/actuación del Dr. Martínez, Santiago U.”.

Los representantes del Ministerio Público lo denunciaron por mal desempeño, “según el artículo 53 de la Constitución Nacional y los incisos 1 (desconocimiento inexcusable del derecho), 2 (incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias) y 4 (la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones) del artículo 25 de la Ley del Consejo de Magistratura”.

En el mismo expediente, se postergó la citación de los magistrados Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Por otra parte, está en marcha el concurso para cubrir formalmente el cargo vacante tras la jubilación de Alcindo Álvarez Canale. Dos de los integrantes de la terna de la que debe salir su reemplazo son los del propio Ulpiano Martínez y el de Álvaro Coleffi, quien indagó a Vicente Massot y avanzó en otras causas contra civiles hasta ser desplazado por Montezanti y compañía quienes lo acusaron de filtrar escuchas de la causa Suris a la prensa.

El hijo del represor de la Triple A Raúl Roberto Aceituno sería quien amenazó de muerte al militante Alberto Rodríguez, testigo del accionar de la banda parapolicial en Bahía Blanca. El juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez rechazó detenerlo aunque lo indagará en los próximos días.

Las medidas fueron solicitadas por la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad tras tomarle declaración al actor y otrxs testigos de la intimidación. Aceituno y Héctor Oscar Chisu son los dos primeros detenidos en la causa iniciada en abril.

“Vos destruiste mi familia, los hiciste mierda, ahora la vas a pagar. Ya vas a ver, a vos te voy a hacer cagar, ya te vas a enterar. Si vos cagaste a mi familia, tu familia también la va a pagar con sangre. Vos sos empleado bancario, sé dónde trabajas, ya la vas a pagar”, le dijo quien sería Bruno Aceituno a Rodríguez el sábado en el Centro Cultural La Panadería. Un rato antes había compartido en su cuenta de Facebook una frase del papa Bergoglio: “Cuando te sientas triste porque no sucedió lo que tu corazón quería, mantente firme y feliz porque dios está pensando algo mejor para ti”.

Sin conocerlo y aun sin tener en claro el motivo de la amenaza, Alberto vio al hombre desde la ventana del bar subiendo a un Peugeot Sport blanco de dos puertas, con techo vinílico negro, con un acompañante dentro. “Le tomé la patente, creo que es MGO 635. Estoy seguro que la M y el 5 estaban, el resto lo memoricé como pude”. Fue casi a la perfección, en las redes sociales pueden verse las imágenes del 18 de marzo de 2013 donde el represor regala el primer auto a su hijo: un flamante vehículo patente MGD 635.

En su exposición ante el fiscal Alejandro Cantaro, Rodríguez describió físicamente a quien sería el basquetbolista del Club Argentino como “una persona joven, mayor de treinta años, alto y espigado, pelo corto, color castaño o morocho, ropa sport, de buena calidad, cuya chomba tenía un número siete”.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com

A las 19:30 en Colón 80 se realizará disertarán las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Stella Maris Manzano y Silvia Scheider, sobre “Derecho al aborto: responsabilidad médica”. La actividad será en el marco de la Cátedra Abierta de Violencia de Género organizada por la Secretaría General de Cultura y Extensión de la UNS y la Red Local de Violencia de Género.

Stella Maris Manzano es médica especialista en Tocoginecología en la provincia de Chubut donde realiza abortos no punibles. La profesional dijo a FM De la Calle que ayer “tuvimos a la mañana una reunión con los médicos del Hospital Penna y a la tarde con médicos residentes de medicina familiar del Hospital Municipal”.

Según explicó Manzano, “en Chubut fuimos abriendo punta. El azar quiso que en el año 2010 fuera la primera vez que un superior tribunal de la provincia reconociera el derecho de las mujeres violadas a abortar por ese motivo. Aunque el Código Penal desde 1921 en el país permite el aborto por violación o cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo, la verdad que esto había sido letra muerta. Siempre a los médicos nos habían educado en el miedo. Todos nos dejamos arrastrar por este temor de que algún juez nos iba meter presos o que el Código Penal no es tan claro y la verdad es que es claro”.

Durante la entrevista, la especialista afirmó que “cuando se legaliza el número de abortos baja”.

Por otra parte la médica se refirió al aspecto mercantil de los objetores de conciencia señalando que “el médico al que le va muy bien en lo económico lucrando con la vulnerabilidad de las mujeres no les va a enseñar de anticoncepción”.

El fiscal José Nebbia informó a FM De la Calle que “el lunes presentamos un requerimiento de detención indagatoria. Tuvimos que insistir el martes y luego de ello el juzgado ordenó la indagatoria de quien está individualizado de haber hecho las amenazas. Eso se produciría la semana que viene. Insistiremos sobre el pedido de detención”.

Por otra parte, el funcionario dijo que la persona señalada de haber amenazado al testigo “es el hijo de uno de los imputados de la causa Triple A”.

La pena que se prevé para este delito con los agravantes señalados por la Unidad Fiscal se contempla entre 2 a 6 años. Desde el punto de vista procesal, luego de la indagatoria hay un plazo de 10 días para definir el procesamiento del imputado.

“Éramos como soldaditos”, dijo la periodista Yanina Lofvall en diálogo con FM De la Calle al recordar los más de siete años que fue cautiva de la secta católica Servi Trinitatis. El proceso de captación, el robo de la identidad, la reducción a la servidumbre y el secuestro, los malos tratos, las estafas, la causa judicial y la reconstrucción de su vida son algunos de los ejes del libro que presentará el próximo sábado a las 18:30 en la sede de ADUNS (Pasaje Tres Arroyos 538).

La justicia pampeana investigó a los sacerdotes españoles Antonio Martínez Racionero y Ricardo Latorre Cañizarez aunque dictó falta de mérito porque si se cuestionase la actividad de reclutamiento y adoctrinamiento “entraríamos en una intolerancia religiosa que no pararía hasta la indagatoria al mismo Papa”. Años después la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas pidió reabrir la causa y las víctimas denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “por no haberle retirado la autorización a esta secta”.

“Siervas Trinitarias (Secta Católica)” fue editado por la Cooperativa Visión 7 y declarado de interés provincial porque “además de ser una obra literaria pampeana, es un documento histórico” que retrata un hecho que “conmocionó a la sociedad santarroseña” y “describe cómo operan los movimientos sectarios”.

A días de su presentación en Bahía Blanca, compartimos la transcripción de la entrevista realizada a Yanina Lofvall en el programa En Eso Estamos semanas atrás.

-¿Qué es Servi Trinitatis?

Servi Trinitatis es un instituto secular, llamado así dentro de la Iglesia Católica, que llegó en los noventa a Argentina. Primero a Santa Rosa, La Pampa, y luego a Lomas de Zamora. Es una institución que empezó a trabajar en la Catedral de Santa Rosa a través de Acción Católica y a partir de ahí empezó a captar chicas y chicos, de entre 12 y 18 años en su mayoría, para ser miembros de la institución con votos de castidad, pobreza y obediencia sin con el consentimiento de los padres. Se trata de un instituto secular, por lo tanto no había hábito o algunas cosas visibles que los padres pudieran entender que se estaba tratando de una consagración.

Aclaro esto porque es una de las primeras cosas que la gente no entiende, se habla de cómo hacían para ocultarlo, ¿no? En el año 2007 fue denunciada por reducción a la servidumbre, por estafas y varias carátulas más en una causa que empezó en La Pampa y se cerró acá  lamentablemente aunque fue presentada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Yanina Lofvall. El Tranvía.

Lo que es un trabajo de manipulación mental con personas muy chicas, a una edad muy temprana, en la que logran hacer un quiebre de la voluntad donde uno termina siendo miembro en contra de lo que desea, creyendo esto del mensaje divino que ellos traían y uno debería obedecer. La manera de manipulación que ellos utilizan es la de las sectas, logrando el corte de los vínculos sociales nuestros, perdíamos a nuestros amigos, nuestros vínculos familiares, es un mecanismo muy complejo y sutil que se dio y por eso la necesidad de un libro, de poder contar lo que nos pasó a muchas jóvenes de La Pampa, de Lomas de Zamora, pero también dar a conocer una manera de trata de personas que todavía sigue funcionando en Santa Rosa como en Lomas como en otros lugares del mundo.

-¿En qué prácticas consistía la reducción a la servidumbre?

El caso más grave que tuvimos fue el de una joven que entró a la institución a los 16 años y durante casi diez la hicieron pasar por enferma. La hacían dejar de comer, por eso parecía enferma, y estar escondida en Buenos Aires porque ellos decían que le estaban haciendo unas intervenciones gravísimas para lo cual se hacían grandes colectas de dinero.

Después de ocho años de esto y de hacer colectas tanto en Santa Rosa, como en Lomas de Zamora, como en Venezuela y España se descubrió que esa chica nunca estuvo enferma y que en realidad era una miembro que había sido obligada por ellos a permanecer encerrada y haciendo determinados tipos de dietas para estar delgada y parecer enferma y promover esas colectas.

Otra de las cuestiones es que al tener votos de pobreza nosotros entregábamos todo a la institución, ellos manejaban nuestros sueldos, nuestras tarjetas de cobro, nosotros si queríamos algo teníamos que pedir permiso y si se nos autorizaba lo podíamos comprar. Teníamos una dependencia total de lo que ellos decidían.

En Santa Rosa lograron comprarse una casa, un chalet muy importante en el centro de la ciudad, un campo y poner una radio con una de los mejores estudios de la ciudad. En Lomas de Zamora tienen cuatro o cinco casas compradas y en Capital Federal tienen cuatro departamentos.

-¿Lograron transformar tu propia identidad?

Sí, eso es lo complejo. Hay mucha gente que no podía entender lo que nos pasó porque hay una diferencia muy grande entre lo que son movimientos quizás ortodoxos de la Iglesia, donde uno es libre de elegir si quiere o no estar en ese lugar, que este tipo de institución, que yo no he conocido otra de estas características tan perversas dentro de la Iglesia, que lo que hace es eso, robarte la identidad.

Yo cuento en el libro que venía de una familia que no practicaba, teníamos el trámite que hace uno que toma la comunión pero no iba a la Iglesia. Estaba en un movimiento de teatro, de rock nacional, nada tenía que ver con la Iglesia. Caí en un momento en que estaba mal, tenía 17 años, fui a pedir ayuda, consejo, y lamentablemente confié en ellos y me refugié en un momento de crisis. La mayoría de quienes entramos a la institución lo hicimos en un momento de debilidad emocional, familiar, historias muy simples de las crisis de adolescentes que en ese momento y esa edad son tan grandes para uno, todo se hace como inmenso.

Y lo que hacen es robarte la identidad, después de irte tenés que hacer un proceso muy largo de reencontrarte. Porque, como dice la tapa del libro, no nos queríamos dejar llevar por ningún gusto, nada, absolutamente nada de lo que nos gustara lo podíamos hacer porque era dejarnos llevar por el gusto y eso ofendía a dios. Ellos nos decían ‘todo gusto que no sea por la gloria de dios, renúnciese y quédese vacío de él por amor a Jesucristo’. Entonces nadie hacía nada, no podíamos hacer actividades culturales, ni mirar televisión, ni escuchar música, visitar amigos, todo era estar al servicio. Ellos disponían de seis horas de oración diarias, no podíamos hablar con hombres, no podíamos mirar vidrieras, no podíamos vestirnos de ningún tipo de manera provocativa, pantalones y remeras amplias, no podíamos usar aros, perfumes, no podíamos depilarnos. Éramos como soldaditos, quizás esa es la expresión, soldaditos.

-¿Vivían en alguna dependencia de esta organización?

Se llaman cenáculos, tienen una capilla adentro y se celebra misa, recién se hizo público cuando apareció el conflicto mediático, muchas vivíamos en comunidad. Otras no porque imagináte que muchos entraron hace doce o trece años, o sea, toda su actividad religiosa era a escondidas de sus padres pero viviendo con ellos. Se nos enseñaba a mentir de una manera muy sutil, lo que ellos llamaban restricción mental. Nuestros padres veían nuestros cambios muy radicalizados y a veces muchísimos cambios de personalidad porque había chicas que sí eran de la Iglesia pero otras que no teníamos nada que ver y de repente nos la pasábamos en la Iglesia.

Teníamos reunión en el cenáculo, misa en el cenáculo, direcciones espirituales con el sacerdote o hacer cosas que tenían que ver con la institución y nosotras teníamos prohibido decir a dónde íbamos. Entonces, teníamos que decir por ejemplo ‘me voy a juntar con las chicas’ o ‘voy a tomar algo con mis amigas’, y para que no sea mentira, cuando llegábamos al cenáculo tomábamos un vaso de agua y decían que no era una mentira porque habíamos ido a tomar algo.

De esa manera había un montón de mecanismos que hacían que nosotros trabajáramos para la institución sin que nuestros padres supieran lo que nosotros estábamos haciendo aunque éramos menores.

-¿Eran todas mujeres?

Había una rama femenina y una masculina. Lo que pasa es que no teníamos permitido conocer la rama masculina, entonces nunca supe qué cantidad había en la ciudad de Santa Rosa. Sí sé que había miembros porque como era tan visible nuestro cambio, nuestra actitud, en la parroquia nos dábamos cuenta quiénes podían ser los miembros varones. Sí se llevaron gente de Santa Rosa para asistir sacerdotes de la institución.

-¿Entre las mujeres estaba tu hermana?

Entre las mujeres estaba mi hermana que cayó dos años antes que yo y fue uno de mis grandes logros de la causa. Mi hermana estaba muy radicalizada en la institución y cuando fue la causa judicial ella se enojó mucho con nosotros porque decía que los sacerdotes eran santos y que ellos no mentían y que la que los había estafado era esta chica de 16 años, todo ese discurso. Y cuando empieza a salir por los medios, mi familia trabajó muchísimo por esta causa, entonces, de repente, después de once años de estar en la institución los curas le dijeron que se habían dado cuenta que no tenía vocación y la echaron.

Por suerte y aunque sea de esa manera, mi hermana recuperó su libertad y hoy por hoy volvió con su novio, con el que había dejado once años antes para hacerse miembro de la institución. Mi hermana cuando se acercó a la Iglesia se estaba por casar y ellos la convencieron que no tenía vocación para el matrimonio y que tenía que entrar en la institución, y dejó a su novio y se metió a Servi Trinitatis.

-¿Vos cómo pudiste salir?

Durante siete años quise irme. Estuve siete años y dos meses. Pedí varias veces la baja, no me la dieron. Y cuando se descubrió que hacían pasar a estar chicas por enfermas, una era de Santa Rosa y otra de España, dos casos iguales, esto fue dos años y pico antes de la causa judicial que fue un lío interno, no fue público. Se generó una crisis muy grande en el que todas las que cuestionaron, opinaron o hablaron del tema sin autorización del director fueron expulsadas.

En ese momento, luego de una crisis, yo por alguna razón pude como tomar coraje o como un quiebre, yo me quería ir hace siete años y no podía, tenía esa dependencia que ellos me decían que si me iba atentaba contra lo que dios quería, que me iba a condenar, que no iba a ser feliz, que iba a ser una fracasada toda mi vida yo y toda mi familia, y todas las almas que se iban a salvar por mí, si me iba se iban a condenar. Era una carga muy grande sobre la fe.

Pero en algún momento de esa crisis institucional mi cabeza hizo un clic y me pude ir. Me fui como desertora para ellos, sin la autorización, sin la baja. Por lo tanto, por lo que ellos me habían enseñado no pude comulgar durante un año porque tenía votos temporales cuando me fui, después me enteré por otros sacerdotes que eso no era así, que era mentira de ellos y yo podía haber comulgado tranquilamente, ¿no? Era parte de la presión que ellos ejercían sobre uno para que no se vaya, uno estaba desde la fe ahí.

-¿Ellos quiénes son?

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El obispo Poli despide al cura Racionero. Radio Kermés.

En el caso de Santa Rosa, Ricardo Latorre -era mi director espiritual y confesor- y Antonio Martínez Racionero. Pero después en Lomas de Zamora también hubo algunos sacerdotes con mayor perversidad que otros, porque también hay sacerdotes que entraron de buena fe y desconocen algunos mecanismos que tienen las autoridades máximas de la institución. Lamentablemente tenemos dos sacerdotes que salieron de Santa Rosa y creo que ellos son tan víctimas como lo fuimos nosotras.

-Hablando de las autoridades de la Iglesia Católica, ustedes tenían en La Pampa por aquellos años a Mario Poli que está en Capital reemplazando a Bergoglio desde la asunción del papado. ¿Recurriste a ellos? ¿Qué actitud tomaron?   

En principio es interesante el dato, quizás en Bahía no se conoció tanto la causa, no es casual que monseñor Poli vino acá. Poli llega a la ciudad de Santa Rosa en medio del conflicto judicial del cual se abstuvo de emitir cualquier tipo de opinión, ni en favor ni en contra, durante toda la causa. Yo me entero por una persona que estaba dentro de la Curia de la Iglesia que la orden de Bergoglio era sacarlos del país pero después del lío mediático, ellos de ninguna manera querían que la Iglesia se salpique de manera negativa más de lo que estaba aconteciendo. Entonces, monseñor Poli era el pulmón derecho de Bergoglio, el izquierdo era monseñor Lugones. Uno fue enviado a Santa Rosa y el otro a Lomas de Zamora donde estaba la institución. Después del juicio, Poli dio por terminada la misión y los sacerdotes se tuvieron que ir y, un año después, Lugones les dio por terminada la misión en Lomas de Zamora y se tuvieron que ir.

Siempre hago la diferencia de que monseñor Lugones fue un poquito más coherente y no los fue a despedir como hizo sí Poli y les agradeció.

-Respecto de la causa judicial, ¿la actitud fue como en los casos de abuso, correrlos, bajar el tono y no acompañar a las víctimas?

El obispo saliente se negó a ir a declarar y la causa quedó en la instancia de la provincia porque la última apelación no entró en tiempo y forma y se cerró. También hubo algunos manejos extraños ahí que en la conciencia de los que estuvieron participando se sabrá lo que pasó.

-¿Siguen funcionando bajo otros nombres?

Sigue funcionando bajo Servi Trinitatis, también bajo Asociación Sol y Católicos en Acción, están en Remedios de Escalada y en un club de barrio también, siguen trabajando con menores, dando clases de algunas cuestiones culturales, siguen haciendo retiros espirituales y campamentos con jóvenes de 12 a 18 años.

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Luego de las amenazas recibidas por el testigo de los crímenes de la Triple A Alberto Rodríguez, el secretario general del Partido Comunista de Bahía Blanca José Lualdi dijo a FM De la Calle que se trata “de un testigo muy importante. La coherencia de Alberto hace que muchas de las organizaciones políticas que tenemos opiniones diferentes sobre otros temas de la realidad, se expresen en solidaridad con él”.

A su vez, el dirigente expresó que “nosotros, que somos críticos del gobierno, queremos decir que todo lo que significa el andamiaje de protección a testigos, los abogados y la fiscalía se puso en marcha en minutos. Alberto y nosotros nos sentimos muy protegidos después de la amenaza, hay que felicitar”.

Sin embargo, Lualdi advirtió que “por otro lado, el kirchnerismo sigue haciendo maniobras, no atiende el teléfono al propio Alberto Rodríguez que está llamando para que no se caiga el tratamiento de Montezanti en el Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo todavía sigue jugando a las escondidas. La discusión es si la política tiene la voluntad suficiente para ir por los civiles de la dictadura”.

Alberto Rodríguez, testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, fue amenazado por un joven en el Centro Cultural “La Panadería”, pasadas las 20 del sábado.

Según dijo el actor a FM De la Calle, luego de terminar un ensayo “estábamos fumando un cigarrillo en el patio. Estaba el portón abierto como siempre. Entró un muchacho joven, muy bien vestido. Cuando le preguntaron qué quería, me señaló. Dijo: ‘vos cagaste a mi familia’. Me insultó y dijo que eso lo iba a pagar yo también, que me iban a hacer cagar, que en mi familia iba a correr sangre”.

Rodríguez explicó que “trataba de pedirle que me explique a quién jodí. No me quiso dar explicación ni por qué me amenazaba. Pegó media vuelta y se fue. Cuando se va, desde la ventana del bar (del centro cultural) veo que estacionó el auto en la vereda. Pude ver el auto, a la persona que iba con él que se quedó dentro del auto”.

“Cuando me preguntaron qué me había pasado, porque veían que no estaba bien,  digo ‘me amenazaron de muerte’. Alguien me sugiere: ‘¿y tu situación con el tema Triple A?’.  Ahí me cayó la ficha”.

Minutos después de ser amenazado, Rodríguez denunció los hechos ante el fiscal general Alejandro Cantaro, acompañado por el abogado del programa de protección de testigos Daniel Fortunato. Sobre las ocho de la mañana de este lunes declaró ante José Nebbia, fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca. “Ahora es la justicia la que tiene que llevar adelante la investigación”, sostuvo el artista.

Alberto fue testigo del asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo ocurrido el 3 de abril de 1975 en los pasillos del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Brindó su testimonio e impulsó la investigación contra integrantes de las patotas de la Alianza Anticomunista Argentina que en Bahía Blanca eran conducidas por el jefe de la CGT y diputado nacional, Rodolfo Ponce, y el interventor de la UNS, Remus Tetu.

Si bien ambos represores fallecieron impunes, a principios de abril los fiscales Nebbia y Miguel Ángel Palazzani requirieron el inicio de la acción penal contra varios integrantes de sus bandas. Luego de reiteradas quejas del Ministerio Público, el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez ordenó detenciones. Hasta el momento fueron capturados Héctor Oscar Chisu en Trelew y Raúl Roberto Aceituno en Ing. White.

Tras participar en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Alberto Rodríguez dijo esta semana en FM De la Calle que respecto a la causa Triple A “el punto es si se quiere avanzar, Oyarbide lo utilizó como un método de apriete para tener una carpeta más con la cual sostenerse, avanzó en una detención y después no hizo nunca más nada. Pretenden que cada uno de los hechos cometidos, de los 24 en Bahía Blanca muertos por la Triple A, se haga un juicio único que es lo que pretendemos nosotros, no que tengamos que ir por cada asesinato y encontrar a los testigos del momento en que apretaba el gatillo y mataba a cada uno de los compañeros”.

“Lo que pedimos es: hay un listado, hay testigos de quienes operaron como la Triple A en Bahía Blanca, quiénes fueron los que participaron en hechos violentos y esa gente tiene que ir a juicio pese a que algunos ya empiezan a morir como el ‘Oso’ Chisu o Rodolfo Ponce. Pero que otros siguen caminando por las calles de Bahía o dictando clases en la Universidad”.

El testigo amenazado también denunció los supuestos vínculos del camarista federal Néstor Luis Montezanti con la Triple A. Fue en una sesión del Consejo Superior Universitario de la UNS donde se discutían asuntos vinculados a la actividad académica del abogado y ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura.

Aquel episodio le valió a Rodríguez ser querellado por Montezanti en 2008. Si bien el fallo fue parcialmente adverso para el militante popular, permitió que el juez correccional José Luis Ares probara que el actual camarista había estado presente, junto a un grupo de hombres armados, durante la toma de la UTN en 1974. Además, acreditó “suficientemente la pertenencia de Jorge Argibay y su grupo de matones a la tristemente célebre Triple A”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que el viernes pasado quedó conformada la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el género, a través de la Resolución nº1449, que contendrá los casos ocurridos en todo el territorio nacional.

Ana Oberlin, directora de Asuntos Jurídicos del área dijo a FM De la Calle que “consiste en una base muy buena que tiene la posibilidad de cruzar datos. En ningún estamento del Estado había algún registro. Solamente se contaba con el que lleva adelante La Casa del Encuentro. Es un trabajo que hay que destacar, porque sin ello no habría ningún dato. Lo hicieron de una forma realmente muy buena. Pero es un deber del Estado tener ese tipo de datos y estadísticas para poder generar políticas públicas específicas”.

La funcionaria agregó que además “será una gran herramienta porque no sólo va a permitir hacer un análisis cuantitativo sino uno cualitativo. Permitirá saber cuál es la mecánica, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios y con toda esa información pensar qué podemos hacer desde todas las instancias del  Estado”.

Además, Oberlin afirmó que es necesario “comprometer al Poder Judicial para que avance en estos casos porque sin esto difícilmente podamos evitar estas muertes y hacer carne esta consigna que dio el pueblo argentino el miércoles de #NiUnaMenos”.

Foto: UNO.

(Notas.org.ar) “Triste noticia”. Así resumía el asunto del correo electrónico enviado por la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires la información que desde la tarde del domingo ya circulaba por redes sociales. Norma Giarracca, docente e investigadora de la carrera, había fallecido.

Con la juventud de 70 años y un extenso currículum (académico, pero también de activismo y mucho más) Giarracca se despidió de un mundo que pensó, analizó y transformó con su aguda mirada y compromiso.

De 1969 a 1976 trabajó en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Economía y Sociología Rural. Estaba entonces vinculada al Peronismo de Base. Cuando la Junta Militar tomó el poder por la fuerza en 1976, se exilió en España, Inglaterra y se radicó luego en México.

Con la vuelta de la democracia en nuestro país, se sumó a coordinar las áreas de Ciencias Sociales, Educación y Filosofía del CONICET. Con el conocimiento y experiencia acumuladas creó la cátedra de Sociología Rural y el Grupo de Estudios Rurales (GER). Más adelante fundaría también el Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina (GEMSAL).

Fue también en su intensa vida investigadora principal del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO y directora de la Maestría de Investigación Social de la UBA, además de ser representante por el claustro de profesores en la Junta de Carrera de Sociología.

Su preocupación principal y objeto de estudio fue el modelo agropecuario. Su enfoque, vinculado a la revalorización de los sujetos del campo, los campesinos y pequeños productores principalmente, y la crítica al modelo de agronegocios, la ubicaron como una referencia intelectual no sólo para la academia, sino también para los movimientos sociales y organizaciones del sector.

Desde la docencia, incentivó a generaciones y generaciones de futuros sociólogos. En la página web del GER – GEMSAL Giarracca escribía sobre los estudiantes: “Todos ellos nos desafiaron a que fuéramos mejores docentes, que relacionáramos la rigurosidad con un espacio placentero que incite a reflexionar, leer, trabajar, sin perder la alegría”.

La despedida de sus colegas

En Facebook, varios docentes e investigadores con los que compartió los pasillos del Instituto Gino Germani y la ex sede de Marcelo T. de Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales, la recordaron con emoción y cariño.

Marcelo Langieri, ex coordinador técnico de Sociología, uno de los primeros en dar a conocer la triste noticia dijo: “Su muerte es una pérdida enorme para la sociología y para el movimiento popular. Especialmente el movimiento campesino que tuvo en ella una de las voces más lúcidas y comprometida”. “Su mirada aguda nos informó, entretuvo y emocionó permanentemente. Se fue una luchadora y una maestra”, agregó.

Por su parte, la directora de la carrera de Sociología, Alejandra Oberti, comunicó por correo electrónico el fallecimiento de Giarracca: “Es una gran pérdida para nuestra Facultad. Su vocación docente nos acompañó durante décadas formando y transmitiendo no solo saberes sino también un fuerte compromiso con la Universidad pública”.

Maristella Svampa, con quien compartió reflexiones y preocupaciones, recordó: “Hace unos diez días hablamos por última vez por teléfono. Fue por lo de Ayotzinapa, para avisarme que estaban los familiares de las victimas acá en Buenos Aires. Norma, una vez más, infaltable en su compromiso”. Además, expresó: “Hemos perdido a una gran compañera de luchas, de afectos, de pensamiento”.

“Uno se da cuenta cuando alguien es respetado”, reflexionó Ernesto Meccia, autor de La cuestión gay. Un enfoque sociológico y Los últimos homosexuales. Sociología de la homosexualidad y la gaycidad. “Una vez”, recordó, “subió una foto con sus nietos jugando y ella sentada en el piso, lo más pancha”. “Norma a la altura de las circunstancias”, comentó Meccia a esa imagen.

Norma Giarraca escribió e incomodó. Discutió a fondo los problemas y las debilidades del actual modelo de agronegocios y las comunidades rurales. Pensó el país desde un ángulo novedoso y profundo. Y marcó, en su paso, a centenares de personas que tuvieron el gusto de compartir sus reflexiones y enseñanzas.

Usuaria incansable de las redes sociales, su último tuit fue sobre la movilización del pasado 3 de junio por #NiUnaMenos: “No fue una marcha más -decía- fue una práctica decolonial”.

Allí también la despidieron innumerables personas. Desde estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, hasta colegas investigadores y activistas ambientales de distintos lugares del país y el continente, la conmoción sacudió unos cuantos hogares y círculos sociales del país.

Su muerte no será tapa de diarios, pero desde Notas la recordamos como una intelectual que comprometida con su tiempo.

Compartimos a modo de homenaje, su intervención en la Audiencia Publica por la Soberanía Alimentaria, en el anexo de la Cámara de diputados del 26 de Octubre de 2010.

Alberto Rodríguez, testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, fue amenazado por un hombre pasadas las 20 de ayer. Acompañado por el abogado Daniel Fortunato, denunció los hechos ante el fiscal general Alejandro Cantaro. En las próximas horas comenzará la investigación pertinente.

Rodríguez fue testigo del asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo ocurrido el 3 de abril de 1975 en los pasillos del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Brindó su testimonio e impulsó la investigación contra integrantes de las patotas de la Alianza Anticomunista Argentina que en Bahía Blanca eran conducidas por el jefe de la CGT y diputado nacional, Rodolfo Ponce, y el interventor de la UNS, Remus Tetu.

Si bien ambos represores fallecieron impunes, a principios de abril los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani requirieron el inicio de la acción penal contra varios integrantes de sus bandas. Luego de reiteradas quejas del Ministerio Público, el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez ordenó detenciones. Hasta el momento fueron capturados Héctor Oscar Chisu en Trelew y Raúl Roberto Aceituno en Ing. White.

Tras participar en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Alberto Rodríguez dijo esta semana en FM De la Calle que respecto a la causa Triple A “el punto es si se quiere avanzar, Oyarbide lo utilizó como un método de apriete para tener una carpeta más con la cual sostenerse, avanzó en una detención y después no hizo nunca más nada. Pretenden que cada uno de los hechos cometidos, de los 24 en Bahía Blanca muertos por la Triple A, se haga un juicio único que es lo que pretendemos nosotros, no que tengamos que ir por cada asesinato y encontrar a los testigos del momento en que apretaba el gatillo y mataba a cada uno de los compañeros”.

“Lo que pedimos es: hay un listado, hay testigos de quienes operaron como la Triple A en Bahía Blanca, quiénes fueron los que participaron en hechos violentos y esa gente tiene que ir a juicio pese a que algunos ya empiezan a morir como el ‘Oso’ Chisu o Rodolfo Ponce. Pero que otros siguen caminando por las calles de Bahía o dictando clases en la Universidad”.

El testigo amenazado también denunció los supuestos vínculos del camarista federal Néstor Luis Montezanti con la Triple A. Fue en una sesión del Consejo Superior Universitario de la UNS donde se discutían asuntos vinculados a la actividad académica del abogado y ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura.

Aquel episodio le valió a Rodríguez ser querellado por Montezanti en 2008. Si bien el fallo fue parcialmente adverso para el militante popular, permitió que el juez correccional José Luis Ares probara que el actual camarista había estado presente, junto a un grupo de hombres armados, durante la toma de la UTN en 1974. Además, acreditó “suficientemente la pertenencia de Jorge Argibay y su grupo de matones a la tristemente célebre Triple A”.