(Por Martín Becerra) Tras más de un año de desmentidas oficiales, Cablevisión Holdings y Telecom, cuyos accionistas son los grupos Clarín y Fintech (David Martínez) anunciaron esta noche su fusión. El 40% del futuro conglomerado, que gestiona el visto bueno del gobierno argentino a través del ente gubernamental de Comunicaciones (ENaCom) pertenecerá a Fintech, mientras que el Grupo Clarín obtendrá aproximadamente un 33% y el resto cotizará en bolsa. Clarín y Fintech ya son socios en Cablevisión Holdings (del cual Clarín tiene el 60% y Fintech el 40% restante) mientras que Telecom ha sido en el último año y medio -gracias al aval del gobierno argentino- controlada en su totalidad por la compañía que representa D. Martínez.

En los términos en que se difundió, la fusión Telecom + Cablevisión coloca al Grupo Clarín en una situación inédita, pues será accionista minoritario en una apuesta estratégica por primera vez en su historia. Sin embargo, es prematuro aún para saber quién oficia de “punto” y quién es “banca” en esta operación.

El nuevo conglomerado infocomunicacional será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país. Aparte, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser accionista en Papel Prensa SA, la Agencia DyN y poseer señales de tv paga.

La fusión expresa un hito en la concentración de los mercados de información y comunicación de la Argentina y supera todos los niveles previos, que ya eran elevados. La prédica del gobierno del presidente Mauricio Macri acerca de inyectar mayor competencia en los sectores de la comunicación queda así expuesta a un sonado fracaso, pues en lugar de agregar nuevos concurrentes su política estimuló la fusión de los actores industriales dominantes (que en varios de los segmentos exhiben comportamientos anticompetitivos). Los nuevos niveles de concentración serían motivo de intervención de autoridades de defensa de la competencia en cualquiera de los países europeos o de América del Norte que suelen citarse como ejemplo de políticas serias. Los predicadores oficialistas, que combinan consignas de competencia y de inversiones como promesa a futuro para eludir la delicada trama institucional decretada por Macri, ahora enfrentan un nuevo desafío a su imaginario.

El gobierno argentino desguazó desde diciembre de 2015 las regulaciones previas (en particular aquellos artículos que habían merecido un atento examen de la Corte Suprema de Justicia y que en 2013 fueron declarados plenamente constitucionales, referidos a los límites a la concentración de la propiedad de medios) a través de decretos y resoluciones unilaterales que contravienen a su vez la declarada intención de establecer reglas republicanas estables y duraderas para un sector que suele esgrimir la inseguridad jurídica como pretexto para justificar los bajos niveles de inversión, la mala calidad de los servicios y la tendencia a la cartelización. Si Fintech ya violentaba los términos del DNU 267 suscripto por Macri al inicio de su mandato, el nuevo conglomerado fruto de la concentración entre Telecom y Cablevisión demandará un nuevo rediseño regulatorio a la medida por parte del gobierno nacional.

(Por Julio C. Gambina) El gobierno de Macri colocó un bono de 2.750 millones de dólares a 100 años, con vencimiento en 2117, lo que muestra la decisión de resolver los problemas económicos locales acudiendo al endeudamiento público, lo que supone una hipoteca recurrente contra el conjunto de la sociedad.

La tasa que resulta de la colocación es del 7,9%, y pude variar por encima o por debajo de ese valor según evolucione su valorización en el tiempo y vaya si hay tiempo para que ocurra una u otra de las posibilidades. A los valores actuales, el pago anual de intereses suma 200 millones de dólares, con lo cual, en 14 años se habrá cancelado el equivalente del capital del bono y por lo tanto, los 86 años restantes, el país seguirá pagando esa suma cada año y al vencimiento cancelará el capital.

Se trata de un negocio redondo para los inversores, que podrán aguantarlo hasta el vencimiento cobrando los intereses, o lo negociarán en el mercado secundario de la timba del mercado especulativo mundial. Además, los bancos transnacionales que colocaron los bonos, obtuvieron una comisión de poco más de 3 millones de dólares.

Debe quedar claro que esos 200 millones de dólares deberán figurar en el presupuesto de gasto de cada año y por ende deben restarse de cualquier otro destino que imaginemos, la educación, la salud, la seguridad, el empleo, la previsión social, etc. Ganan los acreedores y especuladores y pierde el pueblo argentino.

Entre los argumentos del gobierno estaba pasar de una calificación internacional de país fronterizo a emergente, lo que supone mejores tasas de interés en los préstamos internacionales y un mayor acceso al crédito externo. Sin embargo, las consultoras no favorecieron la calificación esperada, demorando otro año para esa definición y con ello le insisten al gobierno con un mensaje de mayor radicalidad en el ajuste.

Los capitales globales pretenden mejores condiciones para sus inversiones, de riesgo o especulativas y exigen avanzar con un shock de ajuste, acelerando lo que denominan un ajuste gradual. Dicen gradual, pero los despidos de Atucha y muchos otros, dan cuenta de una persistencia en el ajuste como política regular del gobierno Macri.

Del mismo modo ocurre con la negativa de la negociación paritaria a los Judiciales o el retaceo a los docentes de las Universidades Públicas, que avanzan en medidas de fuerza para no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre del presente año. El conflicto docente en general, de los judiciales y de los estatales muestran las dificultades para hacer realidad el ajuste, más allá de la gradualidad o del shock. El tema está asociado a las fortalezas de la sindicalización entre esos trabajadores.

El endeudamiento y el crecimiento del conflicto social se presentan en el marco de la dinámica electoral para renovación parlamentaria y lo que se juega en la política tiene dos ámbitos de confrontación.

Uno es de carácter institucional y se mide entre oficialismo y oposición, con dudas de posibilidades de polarización. El gobierno apunta a no perder pese parlamentario y a decidir la oposición para completar el mandato hacia 2019 y si se puede avanzar en el shock de ajuste.

El otro se presenta en la movilización y organización popular más allá de los partidos y la disputa electoral, máxime ante la crisis de alternativa política que deja a un conjunto importante de la sociedad sin representación política elegible.

La crisis es por arriba en tanto se disputa quien puede hacer gobernable al capitalismo en la Argentina. ¿Quién asegura estabilidad política y consenso para el arribo de inversiones externas? Es la discusión entre la ortodoxia discursiva del gobierno y su proclamación contra los derechos sociales y sindicales, y la heterodoxia discursiva del kirchnerismo (especialmente en la Provincia de Buenos Aires) y de la Alianza Massa – Stolbizer.

Pero también es por abajo, donde la disputa del consenso entre el pueblo es entre quienes imaginan que la estrategia popular se agota en lo posible dentro de la hegemonía capitalista y quienes pretenden ir más allá del orden del capital. Este debate se procesó por ejemplo en un encuentro que reunió en Buenos Aires a la Ministra de Trabajo de Alemania con un público diverso y representativo de las distintas centrales de trabajadores e intelectuales y estudiosos de la cuestión laboral en el país.

La reunión se realizó en la Fundación Estrategias y con el auspicio de la Fundación Ebert, donde junto a la ministra germana actuó como comentadora la diputada socialista Alicia Ciciliani. El motivo del cónclave era relativo a la digitalización en la producción y los desafíos para el movimiento obrero. Las posiciones diversas oscilaron entre la demanda de adaptación de los trabajadores a la denuncia del capitalismo y la ofensiva del capital contra el trabajo y la naturaleza.

Quedan claras las opciones. Una fuerte presión del poder local y mundial para restringir derechos sociales y mejorar las opciones de rentabilidad de los inversores, con la deuda como lubricante aun cuando eso demore una reactivación económica. Por otro lado, en lo electoral y social movilizado las expectativas de cambios dentro del sistema y finalmente una lógica de confrontación contra y más allá del sistema capitalista.

Son opciones no necesariamente complementarias y que auguran dificultades económicas, sociales, culturales y políticas en el corto y mediano plazo, con desenlace incierto.

“Nos ofrecieron la mitad de la indemnización. Esperamos que recapaciten y que siga la fuente laboral o que por lo menos nos paguen lo que corresponde”, dijo Fernanda Schott empleada de heladería Vito en diálogo con el programa ¿Quién te juna? de FM De la Calle.

El conflicto se originó el sábado por la tarde cuando algunxs de lxs empleadxs  no pudieron ingresar al local. “Me di cuenta que habían cambiado la cerradura, cuando miro por la ventana, faltaban computadoras. “Mañana no vengas,  tomate franco” me dijeron. Ahí pensamos que había algo raro. Directamente nos autoconvocamos en la sede. Cuando vino el apoderado nos amenazó verbalmente que estábamos todos despedidos, pero hasta ese momento no teníamos ningún indicio, nunca nos dijeron nada”, señaló Schott.

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El gerente, José Luis Lombardo, dice ser solamente empleado pero cuando lxs trabajadrxs  recibieron el telegrama se dieron cuenta de que “quien lo firma es el padre de él”.

Veinte familias son las perjudicadas por el cese de producción, administración y venta, pero Schott manifestó que “es una cadena, porque se abrieron veinte franquicias más y dejan a esas otras familias sin trabajo”. Hacía dos meses que el personal notaba una baja en la producción de helado que nunca se normalizó.

“En este momento seguimos pacíficamente en la heladería, estamos a la espera de la audiencia de mañana (por hoy), esperamos tener una respuesta favorable a nuestro reclamo. Esperamos que hayan recapacitado y que siga la fuente laboral y si no hay posibilidad, que por lo menos nos pague lo que corresponde. 100% de la indemnización. Ellos nos ofrecieron un 50%. Yo no soy socia de la empresa, soy empleada. Si se manejaron mal, no es mi problema, ellos tendrán que hacerse cargo”, sentenció la empleada.

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Hasta el momento los dueños no se han contactado con lxs trabajadorxs, solo intervinieron los abogados que los representan.

“No sabemos las intenciones verdaderas de la empresa, ellos no presentaron quiebra.  Sabemos que querían vaciarla y dejarnos en la calle. Eso queda claro al ver que empaquetaron toda la mercadería, embalaron las computadoras, cambiaron las cerraduras. Yo le dije a Lombardo que tiene asegurado el plato de comida para sus hijas, a nosotros nos está cortando la posibilidad”, dijo.

Hoy a las 9 los trabajadores y las trabajadoras se concentraran frente a la sede del Ministerio de Trabajo en O´Higgins 247.

(Por Bahiensas Feministas) Este Primero de Mayo, mujeres trabajadoras feministas queremos poner en común nuestras demandas específicas, que están vinculadas con una explotación por partida doble: la del capitalismo y la del patriarcado.

En muchos lugares esta fecha todavía está asociada solo al mundo de los hombres y se suele hablar del ‘Día del Trabajador’ excluyendo a las mujeres trabajadoras que también fueron protagonistas de esta historia. Si bien se ha avanzado en la construcción de nuevos sentidos para pensar también el día de las trabajadoras, por ejemplo desde el lenguaje, pensamos que aún falta mucho camino por recorrer.

Las mujeres hemos trabajado desde que tenemos existencia: hemos sido costureras, sombrereras, urdidoras de telares, peinadoras, entre tantos otros oficios, muchos de ellos ligados a las actividades domésticas; pero también, hemos sido campesinas, herreras, mineras, deportistas, periodistas… aún en esas épocas donde la historia oficial mostraba que las fábricas eran sostenidas sólo por varones. Hemos luchado dentro y fuera de la fábrica y nos hemos organizado para que las imágenes de mujeres referentas aparezcan en los supuestos grandes relatos. Nuestra historia como mujeres trabajadoras está plagada de esfuerzos, sacrificios y organización, porque cuando los acontecimientos les atribuían derechos a los varones nosotras todavía batallábamos para que se nos considerara también sujetas de derecho.

El capitalismo profundizó las estructuras patriarcales, devaluando nuestros salarios en comparación con el de los varones y responsabilizándonos de las tareas de cuidado que aseguran la reproducción de la vida y garantizan la producción de los bienes y servicios en la sociedad. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todxs lxs trabajadorxs y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de los hogares, sino al interior de estos entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.

El contexto actual de precarización general de la vida consecuencia de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Macri profundiza las desigualdades de género en diversos ámbitos de nuestras existencias. La situación de empleabilidad de las mujeres está históricamente marcada por peores condiciones laborales: en la actualidad existe una brecha salarial del 27% en sectores registrados, pero que alcanza el 39% en los no registrados, techos de cristal que nos impiden alcanzar puestos jerárquicos, o paredes de cristal que nos relegan a determinadas tareas dentro del mercado laboral, que justamente se vinculan con las domésticas. Sumado a esto, la situación cotidiana de acoso laboral ejercida por parte de compañeros varones, que sufrimos muchas mujeres en nuestros lugares de trabajo. Además, mientras los indicadores de desempleo en la argentina superan el 7% (y el 9% en Bahía Blanca), para las mujeres jóvenes este dato supera el 19%.

El recorte presupuestario que se muestra en la disminución del gasto público en servicios esenciales como el cuidado de la salud, la educación, el transporte, el alimento, delega responsabilidades del Estado y los gobiernos a los hogares, y especialmente a las mujeres que son las que se ocupan de estas tareas en la división sexual del trabajo.

El pasado 8 de marzo transformamos el Día de la Mujer en un paro internacional de mujeres. Mujeres de más de 40 países nos unimos bajo la consigna ‘si nuestra vidas no valen, produzcan sin nosotras’ para luchar por los derechos que el estado patriarcal se resiste a garantizarnos tales como la legalización del aborto, la libertad sobre nuestros cuerpos y la erradicación de las violencias económicas y los crímenes machistas.

En Bahía Blanca la fecha nos permitió a mujeres organizadas e independientes crear nuevos vínculos a través de la organización: difundimos el paro en barrios, escuelas y sindicatos; escribimos un documento común en el que plasmamos todas nuestras reivindicaciones; pintamos una bandera para encabezar la marcha con la consigna internacional y marchamos todas juntas en un día de lluvia torrencial. Organizar el paro también implicó que nos diéramos el tiempo para preguntarnos y reflexionar, por ejemplo: ¿quién para la olla cuando nosotras paramos? Ahí aprendimos que nuestra fuerza de trabajo es funcional al sistema ya que al ocuparnos de las tareas domésticas, el capital explota a los varones contemplando ese tiempo que no dedican al hogar.

Por otra parte, pudimos pensar la unidad de las mujeres en un contexto en el que nuestras vidas corren peligro cada 18 horas. Por tal motivo, participamos de multisectoriales para organizar estrategias de intervención, que incluyen la demanda al Estado en su responsabilidad sobre los femicidios y la gestión de las políticas necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y combatir la cultura de la violación como parte fundamental de la cultura patriarcal.

Este 1° de mayo exigimos:

  • Revalorización, redistribución y socialización de las tareas de cuidado. Esto implica más políticas públicas: hogares, jardines, formación de personal y que el Estado exija a las empresas guarderías y lactarios.
  • Ampliación de licencias por maternidad y paternidad.
  • Reglamentación de la licencia por violencia de género.
  • Representación equitativa en las organizaciones gremiales.

Por último queremos compartir una declaración de Flora Tristán de 1843, que a pesar del paso del tiempo continúa aún vigente:

«A vosotros, obreros que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo (…) y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos; proclamad, vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como a vuestra igual, y que, a este título, le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la unión universal de los obreros y obreras».

«La mujer es la proletaria del proletariado (…) hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer».

¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la lucha de las trabajadoras y los trabajadores!

(Por Observatorio Petrolero Sur) Vaca Muerta es la principal formación de shale oil y shale gas de Argentina y una de las más “atractivas” del mundo. Se ha repetido hasta el cansancio que tiene una superficie de 30 mil km2, es decir 145 veces la Ciudad de Buenos Aires, o el 30% de la superficie total de Neuquén. Sin embargo, sus tentáculos se expanden mucho más allá de esos claros límite geológicos y la vinculan directamente con Entre Ríos y Gaiman (Chubut), con Buenos Aires, Luxemburgo y China.

Vista aérea de Loma Campana, el área más desarrollada en Vaca Muerta / Fabián Ceballos

Según la Administración de Información Energética de EE.UU. Vaca Muerta es el proyecto de hidrocarburos no convencionales de mayor potencial a nivel global por fuera de norteamerica. Más allá de los recursos hidrocarburíferos, esa oficina valora positivamente la cercanía a importantes cursos de agua y la infraestructura ya existente. Así bienes subterráneos y superficiales se complementan con la historia local por que la instituciones e infraestructuras son necesarias para lograr extraer los hidrocarburos desde la formación geológica..

Así entendida Vaca Muerta se compone también de una red de infraestructura existente y en proceso de instalación. Sus límites, entonces, lejos de ser claros, como supone la idea de los 30 mil km2, se difuminan en amplias regiones. Caminos, rutas, ductos y transferencias bancarias constituyen lo que llamamos los tentáculos.

En ese extenso territorio se instalan otros procesos necesarios de la producción hidrocarburífera como, por ejemplo, la extracción y traslado de las arenas, y el traslado por ductos y procesamiento –en refinerías o polos petroquímicos– de los hidrocarburos. Pero, además, todas esas actividades comparten el suelo con otras producciones –como la de los crianceros de ganado menor o la frutihortícola– y con otros usos: centralmente las ciudades, áreas naturales protegidas, comunidades mapuche. Como se ve los límites son imprecisos y la diversidad en torno a los usos del suelo donde se asienta el megaproyecto es notable.

Si bien para Vaca Muerta se produce nueva infraestructura, en la mayoría de los casos ésta se asienta sobre inversiones anteriores. Así, por ejemplo, se multiplican las transformaciones en rutas y vías férreas ya existentes. Ninguna de esas instalaciones por sí es una obra de muy grandes dimensiones, como puede haber sido la construcción de las grandes represas, como El Chocón, a fines de la década de 1960. Sin embargo, la suma de esas modificaciones convierte a Vaca Muerta en un megaproyecto, en un pulpo que supera en mucho los límites de la formación geológica.

La superficie de Vaca Muerta se subdivide en 200 áreas hidrocarburíferas, que han sido concesionadas a distintas compañías para su puesta en producción. La parcialmente estatizada YPF es la que mayor superficie tiene y la más importante en Argentina en términos de extracción de gas y petróleo. Pero hay también otro sinnúmero de operadoras y de compañías de servicios, diferentes estados, fundaciones y consultoras que tienen intervención en la definición de este megaproyecto.

En los lugares donde se expande la extracción hidrocarburífera se constatan una serie de problemáticas sociales, sobre todo generadas por la presencia de muchos hombres solos y con disponibilidad de dinero. Alcoholismo, trata de personas, consumo de drogas y narcotráfico, se conjugan con la suba indiscriminada del valor de las propiedades y alquileres son algunas de las problemáticas que los hidrocarburos generan en los lugares donde se extrae. Pero además, ante las expectativas que los anuncios oficiales generan, se hace necesaria la adaptación de las ciudades para absorber el crecimiento desmesurado. Según prevén desde el gobierno, “la capital nacional del shale”, Añelo, pasará de 6.000 habitantes en 2015, a 41 mil en 2019, es decir su población prácticamente se multiplicaría por seis en cuatro años.

Finalmente, ya más allá de las infraestructuras tradicionales, este tipo de explotación generan infraestructuras financieras y jurídicas, que rozan lo ilegítimo. Esas instituciones permiten, como las empresas off shore (asentadas en paraísos fiscales como Delaware e Islas Caiman, entre otros), por un lado, gestionar la financiación necesaria para la explotación y, por otro, liberar a las corporaciones de las obligaciones en caso de demandas posteriores. Al mismo tiempo, la juridicidad internacional y sus cortes intervienen en las disputas situadas dentro de las fronteras estatales, como establecen los acuerdos arribados con las compañías trasnacionales.

De este modo, Vaca Muerta se convierte en un territorio que excede en mucho los ya extensos 30 mil km2 de la formación que le dio nombre.

Infraestructura del fracking en el Cono Sur

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Las rutas

En la zona el automotor es el principal medio de transporte. Calculan que tres mil camiones se mueven diariamente por la cuenca hidrocarburífera neuquina. Por las limitaciones que existen o prevén, desde las oficinas gubernamentales trabajan para extender la ampliación de la ruta provincial 7 con cuatro carriles desde Centenario a Añelo. Para favorecer el mismo recorrido, invertirán cuantiosas sumas en mejorar las rutas provinciales 51 y 151, cuyo recorrido es paralelo a la ruta 7. En el mismo sentido avanza la autovía sobre ruta 22 que une Villa Regina con la ciudad de Neuquén y se prevé ampliarla hasta Arroyito.

Los trenes

Las recomendaciones oficiales indican la necesaria reactivación de los servicios ferroviarios. Mencionan los mejoramientos y puesta en funcionamiento del ramal Buenos Aires-Bahía Blanca-Neuquén- Contralmirante Cordero. También se proyecta la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces y la extensión de la línea desde Zapala hasta el paso internacional Pino Hachado. Se anunció, además, la intalación de una vía desde Trelew hasta Choele Choel para garantizar el transporte de arenas para fracking.

Procesamiento y basureros

Las refinerías, los polos petroquímicos y los basureros petroleros son inherentes a este tipo de explotación. Lo extraído en la region se vincula con las refinerías y los polos petroquímicos ubicados en Plaza Huincul (Neuquén), Luján de Cuyo (Mendoza), Ensenada, Bahía Blanca y Dock Sud (en Buenos Aires). Además, la extracción de no convencional es un proceso que genera cuantiosos residuos, por eso existen cuatro plantas de tratamiento en Neuquén a metros de la población. Por los reclamos, el gobierno las obligó a radicarse a ocho kilómetros de zonas urbanas y a cinco de áreas productivas. Comarsa junto a una nueva ompañía, Servicios Ambientales de Neuquén, se están instalando en las afueras de Añelo. Indarsa y Treater están “mudándose” al parque industrial de esa localidad, que no cumple con la normativa. Sobre el traslado de Real Work (Plaza Huincul) no hay novedades.

Vista aérea del basurero petrolero Comarsa en la ciudad de Neuquén / Fabián Ceballos

Gasoductos

Los gasoductos Neuba I y II que vinculan los yacimientos de la cuenca con Bahía Blanca y la zona Metropolitana de Buenos Aires utilizan actualmente a la mitad de su capacidad operativa. Así que no sería necesario ampliarlos en lo inmediato. El poliducto Mega, una empresa compuesta por YPF, Pampa Energía y Dow Argentina, también une la zona con Bahía Blanca. Una de las inversiones más destacadas para YPF ha sido la realizada en el área Estación Fernández Oro (Allen) para trasladar el gas extraído a los troncales y anunció que ampliará esa conexión. Este es otro paso en la brutal transformación que ha sufrido la localidad desde el boom del fracking. Otro gasoducto de relevancia es el Centro Oeste que vincula la zona con la región de Cuyo y posteriormente con Santa Fe. Dos gasoductos vinculan la región con Chile: el denominado Pacífico que une Loma la Lata con el puerto de Concepción (puerto de GNL), y GasAndes que vincula Mendoza con Santiago de Chile y Bahía Quintero (puerto de GNL). Pueden ser utilizados para exportar, como para importar gas.

Los oleoductos

En relación a oleductos, la compañía Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), mantiene los 1700 kms desde Rincón de Los Sauces y Challacó (ambas en Neuquén) hasta Bahía Blanca, por donde se transporta más el 80% del petróleo de la cuenca. Otro oleoducto de relevancia une el área de Puesto Hernández (Neuquén) con la refinería de Luján de Cuyo.

La arena del fracking

El agente sostén es un insumo fundamental para el fracking. La arena de sílice, causante de una enfermedad pulmonar llamada silicosis, es uno de los principales componentes usados con ese objetivo. Este insumo hoy se importa desde China, Brasil y EE.UU. A nivel local se extrae de Entre Ríos y Chubut. YPF adquirió campos en el departamento de Gaiman, a 120 kilómetros de Trelew, para convertirlos en yacimientos de esa preciada arena. Una compañía local comenzó a extraer, lavar y fraccionar la arena allí y la transporta en camiones hacía Vaca Muerta. En tanto, YPF, cuyo proyecto en Chubut permanece frenado, ya instaló una planta de procesamiento de arenas en Añelo.

Planta de tratamiento de arenas en Dolavon (Chubut) / Jorge Ariza

Pasos fronterizos y aduanas

Vaca Muerta está fuertemente integrada hacia el Atlantico, la planificación pública persigue vincularla también con el mercado del Pacífico. Esto se manifiesta en las modificaciones de las políticas aduaneras que apuntan en esa dirección, pero también en los proyectos de mejora de los pasos fronterizos. En este sentido, están intentado darle mayor relevancia al paso internacional Pichachen por el norte de Neuquén. El Paso de Pino Hachado es transitable todo el año y vincula los puertos atlánticos de Bahía Blanca y San Antonio Oeste con los puertos de Concepción, San Vicente y Talcahuano en Chile. A su vez, se complementa con el Polo Logístico de Zapala, zona primaria aduanera y punta de rieles del ferrocarril hacia Bahía Blanca.

Infraestructuras parainstitucionales

El acuerdo entre Chevron e YPF permitió conocer que la creación de sociedad “offshore” es un modus operandi. Para llevar adelante ese convenio se creó un complejo entramado de compañías radicadas en paraísos fiscales de Delaware (EE.UU.) y en las Islas Bermudas. Algo similar sucede en otros contratos. Así las empresas esquivan controles fiscales y regulatorios, y evitan posibles imputaciones judiciales. Otro de los elementos que emerge del contrato es que el marco jurídico aplicable es el del Estado de Nueva York y que el arbitraje internacional se radica en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.

En octubre de 2016 se conoció el derrame de 240 mil litros de líquido de inyección. En la fotografía, realizada pocas semanas después, se observa las líneas de árboles ya secos que fueron afectados por los químicos / Fabián Ceballos

Las zonas de preservación

El avance extractivista se desarrolla mediante políticas públicas impulsadas por los gobiernos involucrados, permitiendo la exploración, explotación y las actividades conexas hidrocarburíferas. Como resultado, la actividad petrolera se ha incorporado a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo, que modifica el entorno en zonas urbanas, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuche, zonas de densidad productiva no petrolera y puntos críticos de riesgo sobre fuentes hídricas como ríos, lagos o acuíferos.

En la norpatagonia, más específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro, epicentro de la actividad de Vaca Muerta en la actualidad, hay factores que cimentan la expansión permitiendo que se dé sin ningún tipo de límites ni condicionantes. Así, el extractivismo sustenta su avance en: una tradición petrolera, una idea de progreso y hegemonía, un Estado rentista, y las mejoras de costos y subsidios para la extracción.

El avance de las fronteras extractivas se torna dinámico, sin límites y con pocos condicionantes. Los distintos gobiernos ven en la extracción la posibilidad de acceder a dinero inmediato para sortear las crisis recurrentes. En ese camino, la coparticipación petrolera en el caso de los municipios, las regalías en las arcas provinciales y las inversiones en las nacionales hacen que el disciplinamiento al capital internacional sea una norma.

En este contexto, creemos que más allá de la necesaria discusión más general sobre la necesidad de una transición hacia otras fuentes de energía, es urgente reclamar el establecimiento de zonas de preservación como forma propositiva en la búsqueda de un futuro mejor. En este sentido, encontramos cinco zonas de preservación prioritarias: zonas urbanas, fuentes hídricas, zonas de densidad productiva, territorios comunitarios indígenas, y las áreas naturales protegidas.

En unidad de acción la CGT y la CTA bahienses realizaron un acto frente al Municipio y marcharon por el centro de la ciudad durante el primer paro nacional al gobierno de Cambiemos. Más de ochenta organizaciones sindicales y políticas firmaron una manifestación unitaria.

Algunas de las consignas fueron: no al ajuste de los gobiernos y las patronales, sobre el salario y los derechos; que el ajuste lo paguen los que mas tienen; el hambre es un crimen; trabajo genuino para tod@s; apoyo a la lucha docente; si triunfa la huelga, gana el pueblo trabajador; paritarias libres sin techos salariales; 82% movil para tod@s l@s jubilad@s; defensa de las fabricas recuperadas y el rechazo a la destrucción de la salud y educación pública, derechos genuinos del pueblo.

Desde el escenario hablaron Carlos Ferrari por APYME, Claudio Mucci de la CTA de los Trabajadores, la secretaria general de SUTEBA Gabriela Delfino, el titular de ADUNS Sergio Zaninelli, Ana Canullo por la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego y Humberto Monteros de CGT.


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(Por Francisco J Cantamutto) La economía de Cambiemos no muestra señales de reanimación, y todo parece indicar que el rumbo solo ofrece peores auspicios.

Se conocieron la semana pasada los datos completos del nivel de actividad de 2016. El resultado no fue sorpresivo: el PBI cayó un acumulado de 2,3% respecto de 2015. Se pasó así del bajo crecimiento previo a una recesión abierta, que contradijo de manera flagrante las expectativas de crecimiento del gobierno (hablaba de un 1%) pero también de los organismos internacionales de crédito. El resultado no es sorpresivo, sino que va en línea con todos los indicadores previos, que ya señalaban este escenario.

El consumo privado cayó casi un 1% en un año, y es posible que la caída no sea peor gracias a las compras de los sectores sociales más altos. El comercio, empujado por esta reducción de las compras, cayó un 2,6%. La inversión cayó un mucho más duro 5,5%, lo que significa un fuerte problema en términos de la actividad económica presente y futura. De hecho, la tendencia recesiva es muy fuerte, con la construcción –muy asociada a la inversión- cayendo poco más del 11% en todo 2015. Durante 2017, el gobierno intenta impulsar la obra pública para revertir este rumbo, pero está por verse su resultado final. La industria, bajo la caída de tanto consumo como inversión, también cayó un 5,7%.

Con estos valores, la destrucción de empleo ha sido importante. No existe un dato nacional del INDEC para comparar respecto del final de 2015, pero los guarismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indicarían un aumento del desempleo. A nivel nacional, el dato fue del 7,6% de la población económicamente activa. Para explicar este valor confluyen los despidos masivos, que han provocado un fuerte efecto desaliento –gente que dejó de buscar trabajo porque no encuentra, y deja de ser medida como desocupados- pero también la creación de empleo público –aspecto criticado por Cambiemos al kirchnerismo. El nuevo gobierno realizó importantes despidos durante el año con el objetivo de amedrentamiento político, para instalar el miedo, pero no con un objetivo de ahorro: los despedidos fueron reemplazados por nuevos contratados afines al nuevo gobierno. En un gran número de casos, las nuevas contrataciones se realizan pagando salarios más elevados –bajo la lógica de pagar equivalentes al sector privado- y vulnerando los procedimientos de concursos públicos. El boletín oficial está plagado todas las semanas de casos de nuevos contratos con nombres incomprensibles para amigos del poder. Se ve que el problema era reemplazar la “grasa militante” por “margarina simpatizante”.

Los sectores empresariales más cercanos al proyecto oficial también sufrieron el impacto de las políticas económicas, solo que en menor intensidad. El transporte y las comunicaciones, y electricidad, gas y agua incrementaron su nivel de actividad; mientras que el agro, la minería y la intermediación financiera cayeron, pero menos que el promedio, ganando así participación relativa. En todos los casos, se trata de sectores beneficiados por el cambio de precios relativos. Si se revisan los debates abiertos en este mismo espacio hace un año atrás, se podrá constatar que ya entones era claro que las políticas aplicadas por Cambiemos no podían tener otro resultado.

La falta de expectativas de crecimiento para este año amenaza a toda la región, motorizada por los –relativamente- bajos precios internacionales de las materias primas y la falta de demanda en los países centrales. En este contexto, que ya era conocido, el gobierno de Cambiemos eligió abrir la economía y llamar a los inversores del mundo. Para ello fue a Davos, organizó un “mini-Davos” en Buenos Aires, fue a Pekín, volvió a ir a Davos, y próximamente, del 5 al 7 de abril, realizará un segundo “mini Davos”, siempre tratando de tentar a los esquivos inversores, que palmean sus espaldas mientras se aferran los bolsillos. Si la inversión internacional se ha retraído desde el inicio de la crisis global en 2008, el Brexit el año pasado y la victoria de Trump han puesto mayor incertidumbre en el mundo.

En este esquema, los 15 meses de Cambiemos arrojan solo malas noticias en el ámbito externo. No solo que no llegó ninguna lluvia de inversiones, sino que contabilizando el envío de ganancias al exterior, el saldo de inversión arroja una salida de 420 millones de dólares. Estos se suman al rojo de 1.441 millones por saldo comercial, impulsado por fuertes déficit en servicios. Las importaciones han crecido en los rubros de consumo y vehículos, mientras que cayeron en los bienes asociados a la inversión (intermedios y de capital). Esta oleada de compras externas ha provocado un gran golpe sobre la industria, que no solo disminuye su nivel de actividad, sino que despide y suspende a sus trabajadores, a medida que cierra sus puertas o se reconvierte en importadora de los bienes que antes producía. El desplazamiento de la producción nacional es tan fuerte que no solo afecta a la industria, sino incluso a sectores agrarios usualmente llamados “economías regionales”: manzanas, peras o naranjas. A estos guarismos hay que agregarle las salidas por pagos de intereses por 13.608 millones y la abrumadora cifra de 17.302 millones de fuga de capitales.

¿Cómo cierran las cuentas? Endeudando al país, de manera exponencial. En concepto de créditos, títulos y bonos, y otras inversiones especulativas, entraron al país 35.786 millones de dólares. Esta masiva entrada de fondos financieros es responsable de la actual apreciación del tipo de cambio, que incentiva aún más la compra de bienes y servicios del exterior, empeorando el saldo comercial. Los grandes exportadores están reteniendo la liquidación de sus operaciones, a la espera de un tipo de cambio que consideren más apropiado.

No solo el Tesoro nacional participa de esta fiesta de deuda, sino también el Banco Central, cuyas cuentas pasaron al rojo también en marzo. Las reservas oficiales a mediados de este mes fueron de 51.618 millones de dólares, equivalentes a $802.483. La base monetaria (constituida por billetes y monedas circulando) es de $812.191, lo que no representa una diferencia sustancial. El problema es que el Banco tiene también deuda en LEBAC y pases pasivos por un total de $829.359, la mayor parte de la cual tiene vencimiento en tres meses o menos. Esto es una auténtica bomba de tiempo, pues sin controles cambiarios ni de capitales, cuando las ganancias de corto plazo no sean lo suficientemente jugosas, una estampida hacia afuera es un escenario posible. Si eso ocurriera, el ajuste devaluatorio no sería exactamente gradual.

El gobierno de Cambiemos ha provocado un auténtico desastre en la economía argentina, por donde se lo vea: mayor recesión, mayor inflación, mayores déficit gemelos, mayor desempleo, peores salarios. El peso de una economía paralizada en un año electoral es fuerte, y parece que los dispositivos discursivos empiezan a flaquear.

Un millar de docentes marchó este lunes por las calles del centro de Bahía Blanca en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial y exigiendo al gobierno nacional que cumpla la ley y abra la paritaria.

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Usuarios de EDEA S.A., el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y comunidad en general realizarán mañana una Marcha de las velas por fallas en la prestación del servicio, falta de atención a los reclamos, desinversión, incumplimiento del contrato de concesión y amplia utilización de contratos basura. Ganancias millonarias, 300 % de aumento y condonación de una deuda de 450 millones de pesos por parte del gobierno constituyen la usina de esta oscura trama de negocios con la luz.

En la jornada de hoy el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata realizó un paro entre las 10 y las 13 horas. A su vez, dirigentes del gremio recorrieron los Consejos Deliberantes de la zona. Desde FeTERA adelanaorn que la semana próxima habrá nuevas medidas de fuerza.

José Rigane, titular de la federación sindical y Secretario Adjunto de la CTA-A explicó a FM De la Calle que hace 50 días comenzó el conflicto con EDEA SA porque “después de 7 u 8 meses en los que la empresa no resuelve los problemas más importantes que tenemos los usuarios-trabajadores”.

El sindicato denuncia que desde hace dos años la firma no toma nuevos trabajadores de manera legal y, contrariamente, “comenzó a contratar más personal” para tareas “en el mantenimiento y en la operación de redes” lo que “está prohibido por ley”. Además, “la empresa no reconoce al organismo de contralor (OCEBA) y tampoco hace presentaciones en el Ministerio de Trabajo ante las audiencias que hemos reclamado y se han realizado”.

Desenchufaron los controles

Rigane expresó que EDEA “se comporta como si fuera un estado dentro de otro estado, es decir, con sus propias leyes”.

“El poder político ni los organismos están a la altura de las circunstancias para poner a EDEA en exigencia para cumplir con el contrato de concesión y para no poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios cuando desarrolla este tipo de acciones no importándole nada más que la ganancia”.

Desde el punto de vista laboral, las irregularidades son visibles. Por ejemplo, en el caso de contratados “a los que los hacen trabajar a destajo”.

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Tarifa estacional: “nadie puede obligar a consumir”

A su vez, el dirigente denunció que “la empresa recaudó 2 800 millones de pesos y el gobierno nacional acaba de condonarle una deuda de 450 millones de pesos. Un privilegio que no tiene ningún usuario de a pie en Argentina”.

“EDEA también aplica la tarifa estacional, una tarifa inconstitucional; primero, porque nadie está obligado a consumir un servicio público y menos todavía que uno tenga que consumir con un determinado promedio en el año, cosa imposible de poder resolver porque además va en contra de las supuestas políticas de uso eficiente y racional de energía y del ahorro”.

Por otra parte, usuarios del servicio reclaman déficit de atención ya que sólo 9 ventanillas se abocan a recibir reclamos y atención al público, siendo más de 500 mil clientes quienes dependen del servicio.

Rigane agregó que “los actuales dueños de EDEA” son los mismos propietarios de EDELAP y “hoy se encuentran a punto de ser procesados en la ciudad de La Plata casi por las mismas razones que se producen en Mar del Plata, es decir, por una falta de atención y continuidad en el servicio. Acá hay baja tensión en la periferia, cortes permanentes, barrios enteros que pasan varios días sin electricidad. Una demostración clara de que no hay mantenimiento preventivo, que no hay inversiones significativas y que obviamente el servicio no está a la altura de las exigencias que requiere el usuario.

A todo esto, el dirigente sostiene que la situación “ni si quiera está en correspondencia con lo que se paga”.

“Según el consumo de que hablemos la tarifa ha subido más del 300 por ciento. Ahora va a haber otro incremente a partir del 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Va a ser un incremento significativo porque parte de una base muy alta. Ninguna de estas situaciones se puede comparar con Capital Federal”.

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(Por Julio Gambina) El arranque económico de la Argentina en 2017 muestra signos de preocupación en la continuidad del alza de precios y tarifas, junto al mantenimiento de la recesión productiva con impacto en la persistencia del desempleo, suspensiones y afectación del ingreso popular.
La situación exacerba las protestas sociales y el conflicto presente y futuro, con las CTA embarcadas en definir de común acuerdo un conjunto de reivindicaciones como contenido de un plan de unidad de acción a refrendar por más de un millar de delegados de todo el país. En simultáneo, la CGT se bajó del diálogo con el gobierno y empresarios para convocar a una movilización en marzo y próximo paro general.

Precios “transparentes”

En febrero comenzó el operativo “precios transparentes” que suponía una baja de 15 a 20% en los precios de contado, según la expectativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. La realidad está siendo muy distinta y como la historia demuestra, los precios en general no tienden a bajar una vez que alcanzan un cierto nivel.
Pocos precios disminuyeron y no en los porcentuales imaginados por los funcionarios del gobierno. La mayoría de los precios se mantuvieron e incluso se incrementaron, y ni hablar de la disparada de los precios financiados en cuotas.
Se pensó en estimular el consumo y con la decisión asumida puede afectarse aún más la retracción en el consumo. El encarecimiento del financiamiento desestimula las compras a plazo, y el mantenimiento o suba de precios al contado coexiste con el menor poder adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la mayoría de la población.
Así, la realidad impone la continuidad de una tendencia al bajo consumo que recrea las condiciones de persistencia de la recesión en la coyuntura y afecta la perspectiva de recuperación económica para para el 2017.

Tarifas eléctricas

Se anunciaron aumentos en las tarifas eléctricas en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero impactará en todo el país por los costos en origen trasladados a la cadena de generación, transporte y distribución.
Sostiene el Ministro Aranguren que aún con estas subas del 61 al 148% entre febrero y abril, no se cubre el costo y por ende, los aumentos volverán sucesivamente hasta que los precios sobrepasen el costo y aseguren niveles de ganancias que justifiquen la inversión privada.
La lógica de mercado se impone por encima de cualquier consideración al “derecho a la energía” que sustentan organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA en la CTA Autónoma, y variadas organizaciones que promueven los derechos sociales al abastecimiento energético.
El aumento de tarifas eléctricas es parte de la asociación entre la impunidad empresarial y la lógica política del gobierno Macri.
Las empresas pretenden bajar salarios y aumentar precios y tarifas. Son medidas contra los trabajadores y los usuarios, especialmente los de menores ingresos.
Es una lógica que privilegia la ganancia de las empresas para atraer inversiones al sector energético. Es algo que queda claro en el conflicto entre la multinacional EDEA S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
La organización de trabajadores objeta el accionar integral de la empresa transnacional a costa de los propios trabajadores y trabajadoras y el conjunto de usuarios del servicio de electricidad.
En rigor, desde las privatizaciones energéticas en los 90´ del siglo pasado existe una concepción de la energía como mercancía, que compran en el mercado los que tienen suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el sentido común otra concepción que supone la lucha por el derecho a la energía. Resulta una premisa conceptual para impedir la agresión a los derechos laborales de las/os trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del conjunto de la sociedad.

Actualización salarial

Aumentos de precios y tarifas explican el deterioro de la capacidad de ingresos populares y habilita expectativas por las discusiones paritarias entre trabajadores y empresarios.
Es la base para pensar todas las actualizaciones de ingresos de los sectores más empobrecidos, ya que las jubilaciones se ajustan con base a estas actualizaciones negociadas en paritarias, y los planes sociales acompañan limitadamente las actualizaciones salariales.
Como siempre ocurre, los docentes anticipan el debate y está asociado al comienzo o no de las clases, pero también en escena se presenta el conflicto con los bancarios ante el desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y los sindicatos.
El gobierno nacional pretende desentenderse de las demandas de un piso salarial nacional docente y descarga la negociación sobre las provincias. Estas requieren asistencia financiera nacional ante los límites del déficit fiscal provincial y nacional.
Todo augura conflicto, tal como se expresó en las movilizaciones docentes de este jueves 2 de febrero. En realidad, la protesta no es solo salarial, sino que apunta al derecho a la educación, afectado por el proyecto de reforma educativa de privatización de la educación en el rumbo definido por la lógica mercantilista de carácter neoliberal.
Los bancarios tienen el aval de la justicia y sostienen la reivindicación de los acuerdos suscriptos con protestas ante la restricción del Ministro de Trabajo.
Es la protesta explícita la forma que tienen las/os trabajadoras/es para defenderse de la creciente inflación de precios y tarifas. Con esa base de movilización y sensibilización a la sociedad es que ingresan a la discusión paritaria y anticipa la escalada del conflicto sindical y social.
Desde el gobierno se imaginan un límite de actualización salarial entre el 17 y 18%, cuando el propio BCRA mantiene elevadas tasas de interés (24,75%) en las licitaciones de letras, LEBAC. La entidad monetaria explica que su decisión se sustenta en la continuidad de las expectativas inflacionarias para el 2017. Estas expectativas materializadas afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
La respuesta es la lucha social extendida por la distribución del ingreso, máxime cuando se estima para 2016 una pérdida de los ingresos populares promedio del 10% de la capacidad de compra. Ese es el piso a adicionar a la inflación esperada del 2017, probablemente superior al 20%.
Para imaginar el piso de recomposición salarial deben adicionarse ambos valores, el 10% resignado en 2016 y el valor esperado de aumento de precios para el 2017, no menor al 20%.
De ahí surge un piso del 30% para la actualización de ingresos, que si se pretende mejorar, la demanda estará más cercana al 35% o más, según sea la correlación de fuerzas en la contradicción entre el trabajo y el capital.

Conflicto sindical y social

Claro que resulta impensable que esa lógica argumental sea aceptada por el gobierno o la impunidad empresaria, lo que aventura protestas y conflictividad creciente para intentar afirmar derechos sociales conculcados.
La tradición de movilización sindical en la Argentina con los anuncios de las CTA y ahora de la CGT, puede habilitar un escenario de mayor conflictividad en un año electoral, donde el gobierno disputa consenso a su proyecto, por lo que califica de medidas políticas a esas manifestaciones de protesta.
Es verdad, toda protesta asume carácter político, en tanto es parte de la disputa del ingreso, antesala para discutir la distribución de la riqueza, altamente concentrada en nuestro país y en el mundo.

Bahiensas Feministas y agrupaciones feministas convocamos a organizaciones y mujeres independientes a sumarse a la asamblea de coordinación del próximo 8 de marzo. Será el miércoles 15 a las 17.30 hs en SUTEBA- Las Heras 361.

Este 8 de marzo las mujeres PARAMOS EL MUNDO.

En Bahía Blanca también paramos.

Desde Bahía Blanca, nos sumamos a la Internacional Feminista porque estamos convencidas que las mujeres somos la primera línea de resistencia frente a todas las opresiones impuestas por el patriarcado y el capitalismo y estamos construyendo una ofensiva feminista que actualmente está articulando movimientos de mujeres de más de 30 de países.

#SolidaridadNuestraArma

¿Por qué este 8 de marzo las mujeres paramos?

Históricamente, el 8 de marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres. Hemos llamado a este día “Día de la mujer trabajadora”, porque todas lo somos, por el trabajo asalariado precarizado y mal pago fuera del hogar y el trabajo no reconocido, invisibilizado, impuesto dentro del hogar. Pero en este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.

#MujeresEnHuelga

¿Qué denunciamos?

Que los estados nos empobrecen y explotan, y que esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.

Que la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina llega hasta el 27%. Que, a su vez, no se reconoce el trabajo reproductivo y que las tareas de cuidado no remuneradas impuestas terminan por reproducir la explotación clasista y colonial entre las mismas mujeres.

Que esta situación se agrava con las medidas de ajuste implementadas por el gobierno, que nos coloca en una posición de vulnerabilidad mucho mayor. Los procesos de recesión económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que son quienes garantizan todo aquello donde el Estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda.

Que la desigualdad y falta de autonomía económica nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables aún ante la violencia machista, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.

Que en Argentina nos falta una mujer por día, víctima de femicidio.

Que los crímenes de odio hacia las identidades disidentes están invisibilizados.

En Bahía Blanca, hace 12 años, Alejandra Galicio fue asesinada por ser trans. Su caso nunca fue investigado.

Que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el Estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte.

Que los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable.

Que la Iglesia, con complicidad y aval del estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente en la restricción de nuestras libertades y en la opresión de nuestros cuerpos.

Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: MICAELA ORTEGA, KATHERINE MOSCOSO, LUCIANA MORETTI, LETICIA CAYULI, IVONNE GALLARDO, IRINA MONTOYA, DOLORES SANCHEZ, RUTH UTRIERA, DAIANA MENDEZ, SILVANA RIETTI, SOFIA DIAZ, CARMEN FLORES, MARIA LUISA MONTAGNA, VIVIANA AGUILERA, JESSICA ELIAS, LUISA PERALTA, EUDES BAZAN, CLAUDIA GODOY, LEONELA COSTA, STELLA GOTTAU, ALEJANDRA GALICIO, MELINA SAAVEDRA, MARIA SILVA.

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¿Por qué luchamos?

Por los derechos de las mujeres trabajadoras.

Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. No al ajuste. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico. Cupo laboral trans y trabajo genuino.

Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485, con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias destinadas a la erradicación de la violencia y el apoyo de las víctimas. Incremento del número y la calidad de refugios sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas. Apoyo económico, asesoramiento legal y psicológico gratuito para las víctimas.

Contra toda forma de violencia hacia las mujeres.

Basta de justicia patriarcal. Basta de femicidios. Basta de travesticidios. Basta de violencia institucional. Basta de discriminación y criminalización a nuestras compañeras trans. Respeto y cumplimiento de la ley de identidad de género. Por el cumplimiento de la Ley 25.929 de parto humanizado. Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.

Por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito.

Tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Por un estado y una educación laica y no sexista.

Separación de la iglesia del Estado. Educación laica. Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista.

Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata.

Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del Estado.

Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios.

Por el reconocimiento del derecho a territorio de los pueblos originarios y retiro de las fuerzas represivas de los territorios ancestrales. No al desalojo de las comunidades originarias. Basta de extractivismo y de favorecer a los capitales antes que al bienestar de la tierra y sus habitantes.

Contra la criminalización de la protesta social.

Libertad a las/os presas/os políticas/os. Derogación de la ley antiterrorista y los protocolos represivos del estado.

Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la de las mujeres de todo el mundo.

#HuelgaDeMujeres #SolidaridadNuestraArma

Evento en Bahía Blanca:https://www.facebook.com/events/266543353760345/
Contacto de prensa: Sofia 291- 156450301. Griselda 291- 154616470
Evento Internacional: https://www.facebook.com/events/1043905282422378/
#SolidarityIsOurWeapon #WomensStrike
Twitter: @womensstrike
Página oficial: http://www.parodemujeres.com/
email: [email protected]

(Por Francisco J. Cantamutto) Cerró el primer año de gobierno de Cambiemos, y las previsiones que hiciéramos resultaron acertadas: el rumbo elegido es el del ajuste y las reformas regresivas. El sesgo social del gobierno no admite demasiadas dudas, al menos en sus rasgos generales: abundan los datos sobre el aumento de la pobreza y el desempleo, la caída del salario real, de las asignaciones sociales y jubilaciones, pues todas aumentaron por detrás de una inflación desbocada. El efecto sectorial dio por principales beneficiarios del nuevo esquema a las fracciones ligadas al procesamiento de recursos naturales y las financieras. Sobre esto, el balance ha sido claro.

Tras ese año, agotándose ya el efecto del relato de la herencia, Macri realizó algunos cambios de gabinete. El más resonado, fue el reemplazo de Prat Gay por la dupla Dujovne-Caputo. Para el segundo, se trató de una promoción para poder ejecutar su rol de tomador compulsivo de deuda sin ataduras. Para el primero fue una sorpresa, en la cual su carácter de casi ignoto ayuda a subordinarse a los requerimientos del presidente –además de aportar vínculos personales con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. El programa parece simple, pero no lo es: debe ajustar… en año electoral. La clave para congeniar parece estar en ajuste, deuda y obra pública.

Sin embargo, las inconsistencias del ajuste, que se promueve como racional, incluso como “con rostro humano”, provocaron renuncias masivas en el ministerio de Salud. El secretario de Obra Pública, Daniel Chaín, un histórico del PRO, fue desplazado por no lograr reanimar el sector de sus competencias, aun de muy tibia performance. Isella Costantini se debió ir por no lograr mayor ajuste en la aerolínea de bandera, que abriera el mercado a las aerolíneas de bajo costo. En la misma línea se puede interpretar el reemplazo de Melconian por González Fraga en el Banco Nación: en primer lugar, anular las aspiraciones personales y consolidar así la subordinación total al mandato del “equipo chico” del PRO; en segundo lugar, castigar su permisividad con la paritaria de bancarios. Pero en tercer lugar está también el hecho de que Melconian –un histórico defensor del endeudamiento- cuestionó que el gobierno estuviera colocando demasiada deuda en el banco que le tocaba administrar, superando los niveles técnicamente sostenibles. El pecado de soberbia por cuestionar el modelo fue castigado. González Fraga, quien desde las tribunas festejó el ajuste social, asume con la idea de lanzar créditos productivos e hipotecarios destinados a los sectores más acomodados (la propuesta que lanzó apenas asumió permite acceder a créditos solo al 10% de la población).

Y el programa para 2017 comenzó a ejecutarse, entonces, sin pausas.

Dujovne, tal como predicó desde su tribuna en los medios, llegó con la idea fija del ajuste fiscal, raíz de todos los males según su mirada. Según destacó de primera fuente La Nación –donde el devenido ministro publicaba sus columnas- el recorte tiene tres ejes. El primero es la reducción de secretarías, subsecretarías, direcciones y organismos a través de su fusión, buscando funciones duplicadas entre ministerios. No es llamativo que, entre los más de 20 ministerios de Macri, busque estas duplicaciones en Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y ANSES. Según sus cálculos, se ahorrarían así $65.000 millones, equivalentes a un 0,8% del PBI. Llamativamente, pretenden asegurar que esto no significará recortes de planes de esos ministerios.

El segundo eje por el que pasa el recorte es conocido ya: se trata de los subsidios a la energía y el transporte. Aunque el ritmo de reducción no es claro, el sentido sí lo es: ahorrar cerca de 3% del PBI por la vía de subas de tarifas. Esas subas componen el tarifazo, que fue un factor de conflicto relevante en 2016. En estos meses vinieron sustanciales subas de la electricidad –junto a discursos de Aranguren sobre cómo ahorrar energía-, a las que se sumará en abril un nuevo aumento del precio del gas en boca de pozo. Esto incrementará no solo las tarifas de gas, sino también las de electricidad. Ambos incrementos impactan sobre el conjunto de la producción, a los que se adiciona la suba de los combustibles. Un cóctel que erosiona los salarios reales sin necesidad de ajuste nominal.

Justamente, un eje no declarado es el ajuste inflacionario, que Cambiemos tanto criticó del gobierno anterior. Con una inflación total bien por encima del 40% y paritarias muy por debajo, el gobierno logró una ajuste importante. La paritaria bancaria, que había roto el techo, fue objetada por el ministro de Trabajo Triaca, pero recientemente fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El gobierno pretende que las negociaciones paritarias actuales –en especial, con docentes- cierren por debajo del 20% este año. Según sus previsiones, la inflación de 2017 se ubicará en torno al 18%, aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indica que todos los analistas esperan un número mayor.

En cualquier caso, la pretensión del gobierno es cerrar omitiendo el ajuste que ya ocurrió: el de 2016. Al mismo tiempo, busca incorporar en las negociaciones la flexibilización por diversas vías, como atestigua el acuerdo con petroleros, que crea una nueva rama para hidrocarburos no convencionales con otras condiciones que sus pares. El gobierno probablemente evite pasar la flexibilización por el Congreso antes de las elecciones, y la introduzca por esta vía alterna. Aquí se expresaran los pedidos empresariales por contratos por tarea, y aumento de la carga de aportes por parte de los propios trabajadores.

El tercer eje de Dujovne es el ajuste en las 53 empresas públicas, que acusan según la cuenta oficial un déficit de $50.000 millones, lo que representa alrededor de un 0,6% del PBI. YPF, Aerolíneas, Correos, ENARSA, AySA, Canal 7, Radio Nacional y Télam son algunas de las que tiene enfocadas para avanzar. El esquema de ajustes aquí puede pasar por privatizaciones parciales, vaciamiento, o la temible iniciativa público-privada, aprobada como ley el año pasado. Ya se están sentando las bases para una nueva reforma del sistema jubilatorio, habilitando nuevamente la participación privada en un mercado creado a tal efecto.

Con este ajuste en mente, el gobierno espera poder eliminar algunos impuestos, tal como demandan diversos empresarios. Al mismo tiempo, enfatizan la necesidad de reanimar la obra pública, a sabiendas que es año electoral.

Sin embargo, las cuentas aún no cierran. El blanqueo del 2016 implicó una recaudación de $82.000 millones, que contuvo parcialmente el déficit, y dio cierto aire para continuar el ajuste estructural sin que el efecto sea notable velozmente. La gran excusa del sospechoso blanqueo, la “reparación histórica” atrajo a apenas 300.000 jubilados de 2,4 millones que podían optar por él.

La otra fuente de contención es la toma masiva de deuda. El plan declarado para este año es la toma de deuda por 40.350 millones de dólares, que se utilizarán en mitades para cubrir el déficit y pagos de deuda pasada. Solo en enero, Caputo ya emitió 17.036 millones de dólares, el equivalente al 42,2% de lo necesario para pasar el año. Dos quintas partes de esa emisión vencen en seis meses o menos: plazos extremadamente cortos. El gobierno está apurado por colocar deuda antes que el efecto Trump siga encareciendo las tasas de interés globales.

La entrada masiva de deuda ha incrementado las reservas –Sturzenegger ya está buscando dónde colocarlas a interés- y también sostenido el tipo de cambio. Comenzando febrero, el dólar ha bajado de los $16, a pesar de que el presupuesto estima que se ubicará en torno a los $18. Mantener el dólar bajo durante un tiempo más permitirá sostener el impulso a la importación de bienes de consumo, fomentando así un bienestar pasajero. Es probable que la devaluación llegue con las elecciones, preferentemente luego de ellas.

Para tentar al capital especulativo, Dujovne colaboró eliminando los plazos mínimos de permanencia en el país, que eran de 120 días. Altas tasas de interés y dólar planchado son una gran oportunidad de negocios financieros.

La combinación de ajuste, deuda y obra pública parece que será la clave de este 2017 que recién empieza.

(Por Julio Gambina) Alfonso Prat Gay dijo en su momento, en una conferencia en EE.UU., que el “trabajo sucio” ya estaba hecho. Se refería a las iniciales medidas económicas del gobierno Macri: la devaluación, el levantamiento a las restricciones cambiarias (CEPO), la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones, el arreglo con los acreedores en conflicto con más deuda y el ajuste de tarifas de servicios públicos.

Cuando se despedía, no dudó en hablar de “éxito” de su gestión, pese a la recesión y la inflación, coronado con un anuncio de 90.000 millones de dólares exteriorizados por el blanqueo, que podría llegar a 120.000 millones de dólares hacia fines de marzo cuando se exterioricen los inmuebles no declarados. Hay que pensar en un 10% de la exteriorización como potencial recaudación por multas.

De su propia boca escuchamos al Ministro saliente aludir al trabajo sucio y al éxito de la gestión, toda una confesión, que explicita beneficiarios y perjudicados.

Entre los primeros los grandes productores y exportadores, la gran banca y los especuladores, entre ellos los acreedores externos y nuevos prestamistas de la Argentina, y en general el gran capital hegemónico, pese a la recesión y la inflación. Claro, en materia de precios, son los sectores más concentrados los que explican la escalada de precios. No cualquiera puede incrementar los precios, y si no, veamos cuanto les cuesta a los trabajadores ajustar sus ingresos, ni hablar de los jubilados y los perceptores de planes sociales.

Los perjudicados son la mayoría de la sociedad, la gran masa de trabajadoras y trabajadores y el grueso de los pequeños y medianos productores y empresarios, en general, todos asociados a la capacidad de compra y venta en el mercado interno. Todos los datos de la economía muestran reducción de ventas y producción, por baja de consumo y capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.

Nuevos ministros

Nicolás Dujovne se hará cargo del Ministerio de Hacienda desde 2017. Ya anunció en conferencia de prensa sus objetivos concentrados en: a) bajar el déficit, b) aumentar el gasto en infraestructura, c) reducir impuestos, distorsivos dice, y d) comunicar buenas noticias a la sociedad.

El primer objetivo es contradictorio con el segundo, por lo que se supone el nivel de ajuste del gasto social será importante. Dice que no ajustará pero que estudiará a fondo todos los gastos, siempre para reducirlos, no para aumentarlos.

La línea del ajuste queda clara, mientras que los constructores se preparan para intervenir en las licitaciones de obra pública que estuvo frenada durante el 2016 para intentar frenar el déficit fiscal.

El esfuerzo por incrementar obra pública contrasta con la segura reducción del gasto social. Una muestra es el reciente conflicto en el Conicet o en el Ministerio de Educación.

La reforma tributaria suena a beneficios para los empleadores, una pista que surge del calificativo “distorsivo” para los tributos. Lo que se quiere con ese lenguaje es reducir el costo de contratación a los inversores, para mejorar la perspectiva de rentabilidad al capital.

Ni por asomo se piensa en reducir la alícuota del IVA, principal fuente de recaudación tributaria en la Argentina, un 8% del PBI, contra el 6% del impuesto a las ganancias, de los cuales, más del 2% recae en los pagos de la cuarta categoría que abonan unos 2 millones de trabajadoras/es.

Sobre la comunicación a la sociedad, la especulación se asocia a la trayectoria de comunicador liberal del columnista de La Nación y TN.

Convengamos que una cosa es comunicar como analista, de derecha o de izquierda, y otra muy distinta seguir explicando el ajuste y la regresiva reestructuración de la economía argentina en la gestión Macri.

Otra novedad es que el Ministerio se dividió en Hacienda y en Finanzas. En este último caso se ascendió a Luis Caputo de Secretario a Ministro. ¿El mérito? Haber tenido éxito en endeudar al país y hacerlo regresar al mercado de préstamos mundial, algo que se profundizará desde el mismo enero del 2017.

La nueva deuda estimada entre 2016 y 2017 será de 90.000 millones de dólares, una fuerte hipoteca para el conjunto de la sociedad argentina, la que se comunicará como un éxito, ya que supone que el país vuelve a ser sujeto de préstamos del sistema financiero mundial.

Para fundamentar el cambio de Ministros, Macri y sus funcionarios de la Jefatura de Gabinete apuntaron a mejorar el equipo, nunca a promover cambios en la política económica para beneficio social.

Realizado el trabajo sucio, se busca profundizar el ajuste y la regresiva reestructuración a favor de la ganancia.

Claro que para ello tienen que disciplinar al conflicto social. Para eso tienen al Ministro del Interior y al de Trabajo que “dialogan” y pactan con la burocracia política y la sindical respectivamente.

Saben de la tradición combativa del pueblo argentino y por eso se empeñan en controlar el conflicto y si pueden, contenerlo en la fragmentación que hace visible la protesta en la actualidad.

Nueva situación mundial

El marco internacional continua desfavorable para la aspiración de atraer inversores.

La situación mundial privilegia la orientación de capitales hacia los países capitalistas desarrollados, especialmente EE.UU.

Luego del 20 de enero, con Danald Trump en Washington y su política de recuperación de la economía estadounidense, lo previsible será que la potencia imperialista actúe como una aspiradora de fondos de inversión de todo el mundo.

Sin contar, claro, que el mapa de la geopolítica cambiará en nuevas disputas entre los principales países del sistema mundial. Además de EE.UU., habrá que contar a Europa, China y Rusia que no solo disputan destino de inversores, sino condiciones de beneficio de sus políticas nacionales.

El papel de Argentina es subordinado en esta ecuación global, y a no dudar, el destino seguirá profundizando la dependencia del capitalismo local en el sistema mundial.

Facundo López Crespo, Gustavo García Zanotti y Marco Kofman presentaron un informe económico acerca de las transferencias de recursos al sector hidrocarburífero en Argentina. Fue el 7 de diciembre en el CEIL-CONICET en conjunto con especialistas de la materia. La publicación -de descarga gratuita- está impulsado por Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES), el Observatorio Petrolero Sur y el Taller Ecologista.

“Los resultados obtenidos muestran flujos cuantiosos y en franco crecimiento:

  • Más de 21 mil millones de dólareshan sido transferidos a las empresas del sector;
  • Los montos se incrementaron en los últimos años, llegando a superar los 3 mil millones de dólares por añoen 2013, 2014 y 2015;
  • Del total, el Estado nacional transfirió 14 mil millones de dólarespor diversas vías, siendo el restante originado por los consumidores;
  • Entre 2009 y 2015, el aporte estatal representa 1,5 veces la masa salarial del sector, casi el 30% de lo ejecutado por el Ministerio de Educación, el 74% del Ministerio de Salud y más de dos veces de lo gastado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología;
  • A partir del aumento tarifariodel gobierno de Cambiemos en 2016, hasta mediados de año losconsumidores transfirieron el 81% del total, frente a un 2% entre 2008 y 2014;
  • En cuanto a los beneficiarios, YPF y Pan American Energy(Bulgheroni, Cnooc y BP) captaron el 72%, siendo otros actores destacados Sinopec, Pluspetrol y Total;
  • Además de ir en aumento, las transferencias representaron una porción cada vez mayor de la facturación total del sector, alcanzando el 48% para 2015”.

El trabajo señala que “en todo el período analizado las transferencias de la política hidrocarburífera apuntaron a la producción, donde se estimuló a las empresas con señales de precios para que incrementen sus niveles de extracción y exploración, especialmente en su fase no convencional y en la cuenca Golfo San Jorge. La prioridad de este aspecto fue en detrimento de abordar el impacto socioambiental de la actividad. Con el gobierno actual a esta tendencia se le sumó el aumento de tarifas, donde se plasmó el abandono de la idea de acceso popular a la energía en tanto derecho. A largo plazo, las políticas de estímulo dan continuidad a un esquema de consumo energético ineficiente e injusto desde el punto de vista económico y ambiental”.

“Las transferencias son una herramienta que permite reflejar aportes que van más allá del subsidio directo. Las definimos como el resultado de las presiones que se ejercen sobre la estructura de precios relativos en beneficio de una determinada rama de actividad o sector empresarial. Esto permite englobar subvenciones directas y políticas indirectas, como la devaluación”.

Los autores señalan que “el reconocimiento y la evaluación de las transferencias es un problema estratégico” y que “las mismas comprometen distintas dimensiones: los territorios, infraestructura y capital involucrados; la captura y transferencia de fondos públicos hacia uno de los sectores más ricos, concentrados y de mayor nivel de daño sanitario y degradación ambiental”

Al mismo tiempo, “los fondos públicos engrosan una industria que necesariamente debe tender a un achicamiento drástico si se desea mantener el clima planetario bajo cierta estabilidad. El esfuerzo de dejar los fósiles también implica re-direccionar el accionar estatal para apuntar hacia una transición justa”.

En otras conclusiones, el documento señala que “la importancia de este sector implica la necesidad de establecer políticas profundas y de largo alcance que contemplen, entre otras cuestiones:

  • Recuperar la capacidad de conducción del sector por medio de una fortalecida empresa estatal con participación ciudadana en las decisiones.

  • Desconcentrar el segmento privado del mercado.

  • Proteger el medio ambiente y fomentar la diversidad y transición productiva de las zonas de extracción de hidrocarburos.

  • Fomentar la diversificación de la oferta primaria de energía.

  • Bajo la premisa de que la energía es un derecho, garantizar el acceso de toda la sociedad a los recursos energéticos.

  • Estimular un uso racional y eficiente de la energía, primordialmente en el transporte y en la industria”.

 

(Por Francisco J Cantamutto) Tratado sobre tablas, el Senado dio la media sanción faltante para expropiar el BAUEN y ceder su uso a la cooperativa.

Una noticia buena en un año de retrocesos: se aprobó la ley que expropia el inmueble del hotel BAUEN, a expensas de créditos nunca pagos con el Estado, y los cedió a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras que hace casi 14 años la opera. Ícono del proceso de recuperación de empresas, el BAUEN es un ejemplo de lucha, que permite contar también una historia del país.

El hotel fue originalmente construido durante la última dictadura cívico-militar, de cara al nefasto Mundial de Fútbol de 1978. Para acelerar la construcción, el entonces Banco Nacional de Desarrollo (Banade) realizó suculentos préstamos a favor del empresario Iurcovich. Este préstamo, claro, no fue nunca devuelto. Con la apertura de los noventa, llegaron cadenas hoteleras internacionales al país, desplazando al BAUEN del perfil de hoteles de lujo. A partir de 1997, Iurcovich acrecentó las maniobras fraudulentas, incluyendo el traspaso de manos al grupo chileno Solari. Pero esto no resolvió ningún problema. Se acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con el plantel trabajador, declarando la quiebra durante esos escasos días del gobierno ilegítimo de Adolfo Rodríguez Saá en 2001.

En marzo de 2003 se inicia otra etapa, en la que los y las trabajadoras decidieron cambiar el rumbo de la disputa, y tomar la gestión en sus manos. A partir de entonces pelearon por dar continuidad a su fuente laboral, creando la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Limitada. No pocas disputas atravesaron, incluyendo varios intentos de desalojo, disputas judiciales para permitir el uso del inmueble, y por supuesto, la disputa por la propia propiedad. Una pelea que prácticamente todas las empresas recuperadas debieron transitar durante los 12 años del kirchnerismo, en los cuales muy pocas lograron soluciones estables.

La conversión de la empresa como cooperativa recuperada implicó grandes desafíos para aprender nuevas herramientas de gestión y organización, y desaprender viejos vicios empresariales –que incluyen fomentar la desconfianza entre compañeros. Desandar esos caminos era y es tan difícil como construir los nuevos. Rápidamente el BAUEN comprendió que debía apoyarse en las organizaciones sociales y en el movimiento popular para blindarse de los abusos y extorsiones siempre presentes. El BAUEN se convirtió, de alguna manera, en la casa de las recuperadas del interior del país, cuando venían a reclamar y peticionar a la capital del país. Allí se cruzaban con sindicatos, organizaciones sociales, proyectos autogestivos y otras iniciativas que dieron forma a una amplia solidaridad política. Este año, el BAUEN ha sido la casa de la Multisectorial de CABA contra el tarifazo y el ajuste.

La derrota electoral de las presidenciales de 2015 dio impulso a múltiples agendas detenidas por falta de voluntad política. Entre ellas, se logró apurar el proyecto de Carlos Heller por la expropiación del inmueble, a cargo del Estado, a cuenta de créditos impagos, y la cesión a la cooperativa BAUEN. El 26 de noviembre de 2015 se logró la media sanción en Diputados de esta ley. La mayoría de los diputados opositores evitaron presentarse, pretendiendo bloquear así lo inevitable, pues el kirchnerismo contaba con mayoría propia. El de Heller fue el último de una gran cantidad de proyectos presentados en el mismo sentido, cuyo estado parlamentario caía por falta de tratamiento.

Ese era el riesgo con este proyecto con media sanción: quedar cajoneado y volver a foja cero. Por eso, la noche del 30 de noviembre de este año, nuevamente los trabajadores y las trabajadoras del BAUEN se presentaron en el Senado a reclamar el tratamiento –sobre tablas- del proyecto con media sanción, tras la extensa jornada de debate por el presupuesto de 2017. Y aunque el bloque Cambiemos buscó dilatar el tratamiento con excusas variopintas, no pudieron evitar la votación. El señador radical Luis Naidenoff dijo que no sabían con exactitud cuál era la deuda o quién era el titular del inmueble, mostrando su falta de interés en averiguarlo o siquiera escuchar los 14 años de lucha. La senadora PRO Laura Machado pretendió usufructuar una carta federal señalando que el costo de la expropiación lo pagarían todas las provincias, como si eso los hubiera detenido de otras acciones. Pero la clave la dio el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al señalar que “No podemos votar esto porque el valor del inmueble es enorme y los beneficiarios son poquísimos”. El problema, para el PRO, era cómo echar mano de una gran renta inmobiliaria, de la que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sabido aprovechar para sus negociados.

Nada de esto tenía fuerza luego de las largas tratativas del presupuesto. Gran oportunidad para la oposición para pasar un proyecto favorable a los intereses populares, luego de aprobar el proyecto económico 2017 de Cambiemos. A avanzadas horas de la noche, se aprobó el proyecto que declara de utilidad pública y sujetos de expropiación a los inmuebles e instalaciones del hotel, otorgando el uso a la cooperativa. Esto mejora las condiciones de casi 140 trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán establecer contratos, ser sujetos de crédito, proveedores inscriptos del Estado, entre otras mejoras. Queda en espera la reacción de Macri, que puede promulgar o vetar la ley en las próximas semanas. El lunes 5 se realizará un encuentro de Multisectoriales, donde se abrazará simbólicamente al hotel.

María Eva Losada, presidenta de la Cooperativa BAUEN, señaló que esto es “el fruto de una lucha de los trabajadores y de las organizaciones y espacios que apoyaron”. Federico Tonarelli, trabajador del BAUEN y presidente de la Federación FACTA, reforzó la misma idea: se trató de trabajo consecuente, permanente, con el movimiento obrero, las cooperativas, los movimientos sociales y organizaciones populares, construyendo una amplia unidad.

Eva resaltó además, respecto del gobierno, la incomprensión de quienes ven todo desde la mirada empresarial, y por eso “no entienden cómo un grupo de simples trabajadores puedan expropiar y quedarse con una empresa”. Para todos quienes no lo comprenden, aquí uno de tantos ejemplos de coraje e hidalguía: el BAUEN para quienes lo trabajan.

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Según el Índice de Precios al Consumidor Online la inflación de noviembre en Bahía Blanca registró un aumento de 0,92% respecto a octubre.

Siete capítulos registraron alzas: Esparcimiento (5,21%), Otros bienes y servicios (1,80%), Alimentos y bebidas (1,00%), Atención médica y gastos para la salud (0,91%), Vivienda y servicios básicos (0,63%), Indumentaria (0,48%) y Educación (0,14%). Por su parte, los únicos capítulos que mostraron bajas fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (-1,16%) y Transporte y comunicaciones (-0,21%).

De los 17030 productos y servicios relevados el 15,95% registró alzas, el 4,70% bajas y el restante 79,35% no tuvo cambios. Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Choclo, Queso pategrás, Cerveza en botella, Jugo de fruta concentrado y Crema de enjuague, todas con subas superiores a 65%. Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Cerveza en lata, Texto primario, Alfajor, Vino fino y Pollo entero, todas ellas mayores a -60%.

La variación de precios fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 28,54%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 33,97%.

El Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca es un producto del proyecto «Sistema informático de recopilación y procesamiento de precios online –Cálculo de índice de inflación en Bahía Blanca», integrado por el dr. Juan Larrosa, docente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur; Gonzalo Ramírez Muñoz de Toro, estudiante de abogacía, y el ingeniero en sistemas Juan Ignacio Uriarte.

(Por Francisco J Cantamutto) Ya se cumplió el año desde las elecciones, y nos acercamos al primer año de gestión del gobierno de Cambiemos. Las excusas sobre la necesidad de tiempos para poder evaluar ya han perdido toda validez, y podemos retomar los balances de conjunto.

La devaluación y tarifazo fueron un contrasentido en una política que decía combatir la inflación, pues en lugar de reducirla, la aceleraron, casi duplicando las ya grandes subas de 2015. En la disputa contra esta suba de precios, el gobierno procedió a una apertura generalizada de la economía, tanto en el comercio como en la cuenta financiera de la balanza de pagos. El creciente ingreso de mercancías importadas funciona como límite al aumento de precios, al competir con producción local, para placer del consumidor y miseria del trabajador. La suba de los costos de la energía quitó más competitividad, favoreciendo el cierre de empresas y los despidos.

Sin casi ningún control para los movimientos de capital, el ministerio de Hacienda coordinó con el Banco Central la suba de las tasas de interés para mantener los recursos en el país. Las tasas pagadas por este último organismo, tras llegar al 38% anual, se estabilizaron en los últimos meses por encima del 25%. Pero esta suba no solo intenta evitar una corrida cambiaria: también tiene por finalidad cubrir el mayor déficit fiscal. Para cubrirlo, el gobierno debió emitir más deuda (la cifra roza los 40.000 millones de dólares solo para el Estado nacional) y el Banco Central emitir más pesos. Para quitar estos pesos de la economía –que identifican erróneamente como fuente de inflación- emiten LEBACs, que prometen los jugosos rendimientos recién referidos. Esto ha favorecido la multiplicación de la bicicleta financiera, pues desde febrero a esta parte la devaluación del peso apenas superó el 10%: cada dólar ingresado, cambiado a pesos, que compró LEBAC, obtuvo al vencimiento rendimientos en dólares del 10 al 21%. Esto produjo que la masa total de LEBAC superara ya la base monetaria, y el 84% de las mismas tiene una duración menor a tres meses. Es decir, están disponibles para iniciar una corrida de un momento a otro. Con semejantes tasas de interés, la inversión productiva está paralizada.

Estos son apenas algunos de los rasgos centrales de la política económica del gobierno de Cambiemos, que se presentaron como problemas desde el primer momento: no era necesario esperar a ver lo que ocurría.

Algunos resultados

La falta de inversiones y la caída del consumo provocaron una caída del nivel de actividad, que rondará el 3% para todo el año. Hasta el momento no se visualiza ninguna reanimación de la inversión, ni local ni externa, lo que pone dudas sobre las expectativas. El consumo se ve particularmente afectado por la caída del salario real. El sector mejor pago, el de quienes se emplean en condiciones formales en el sector privado, sufrió una caída del orden del 6,4%. Quienes trabajan en el sector público o en el sector privado bajo formas informales han tenido mayores caídas de su poder adquisitivo. Los aumentos dispuestos en asignaciones familiares y jubilaciones han quedado retrasados respecto de la inflación, que supera el 44% en octubre.

Para septiembre, la construcción cayó más de un 11% (según el Indicador Sintético de Actividad de Construcción, del propio INDEC) y la industria más de un 7%. Las ventas minoristas se retrajeron un 8,2% en agosto según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y por encima del 15% en los supermercados, según mide el INDEC. La misma CAME denunció el cierre de 6.300 comercios en los primeros 8 meses del año. Se trata de los tres sectores de actividad (construcción, industria y comercio) que han perdido mayor participación en el PBI, cayendo por encima del nivel general de actividad. Esto de gran importancia porque se trata de los tres sectores de mayor capacidad de creación de empleo.

Vale resaltar que al mismo tiempo, son la agricultura, ganadería y las finanzas los sectores que menos afectados se ven por el escenario general, creciendo en el marco de una recesión nacional. El sector financiero, en particular, viene mostrando sistemáticas ganancias ligadas a lo que se conoce como “bicicleta financiera”, a través de la compra de títulos públicos que pagan altas tasas de interés. Este sector cobra tan bien con esta bicicleta, que no tiene incentivos a prestar para financiar ninguna inversión.

Hasta septiembre de 2016, el Centro de Economía Política Argentina contabilizó 213.166 despidos, un tercio de los cuales fue responsabilidad del sector público. No debe extrañar entonces que entre despidos y caída del salario, la pobreza haya aumentado. Según cifras oficiales del INDEC, el 32,2% de la población es pobre. Entre menores de 14 años, la cifra empeora: más del 47% vive en la pobreza, casi 3 millones de niños y niñas. Aún peor, el 6,3% es indigente, es decir, no puede cubrir ni siquiera sus necesidades de alimentación, valuadas en cerca de $5.000 mensuales para una familia tipo. Como quiera que se mida, la pobreza y la indigencia aumentaron en los últimos meses.

Estos son algunos resultados preliminares de la gestión de Cambiemos, datos para un balance sobre este feroz ataque a las clases populares y trabajadoras.

(Por Mariela Dobal) Luego de 10 años de recorrido y aprendizaje, diversos integrantes del sector debatieron y proyectaron acciones y realidades.

dscn7618Las 10° Jornadas de Economía Solidaria se realizaron en Bahía Blanca, como respuesta al trabajo que numerosas personas vienen construyendo en la ciudad y la región, en torno a este intercambio socio-económico-cultural basado en el crecimiento colectivo de comunidades que le escapan a la lógica capitalista de consumo.

dscn7635En esta oportunidad, y con la coordinación del área de ECOSOL de Cáritas Bahía Blanca, el sábado pasado se encontraron emprendedores/as, productores/as, artesanos/as, agricultores familiares y representantes de pequeñas cooperativas, para proyectar futuras acciones conjuntas, desde una perspectiva que valoriza el trabajo digno, el precio justo y el intercambio sociocultural.

dscn7667La jornada inició con una introducción y repaso de todos los logros conseguidos desde los distintos espacios que protagonizan esta otra economía posible, y continuó con dos mesas simultáneas de intercambio. Una de ellas discutió sobre cómo avanzar con la implementación de las Pequeñas Unidades Productivas Alimentarias (P.U.P.A.S) para lograr la habilitación de la cocina comunitaria del Centro Integrador Comunitario de Spurr, y otra analizó el marco legal que debería contemplar un óptimo funcionamiento de la Feria del Lago y la de Villa Harding Green.

dscn7642Marina Huentenao, directora de Cáritas Bahía Blanca, compartió con FM De la Calle su emoción y alegría por “todo el crecimiento que estos años nos brindó el hecho de repensarnos como personas capaces de vivir en una sociedad más justa, donde existan debates superadores al derecho humano indiscutible del acceso a la salud, la educación y la vivienda de todos y todas. Creemos muy necesario fortalecer estos vínculos y producciones, y avanzar en marcos legales con un Estado activo que acompañe y respete las experiencias y prácticas de la Economía Solidaria, dándole legitimidad al trabajo de autogestión de numerosas familias”.

“Es gratificante escuchar a emprendedoras compartiendo todo lo que estos espacios han significado para sus vidas, porque si bien existen muchos hombres, son principalmente las mujeres quienes se empoderaron desde la elección, las palabras y sus saberes prácticos para defender y mejorar la organización cotidiana”, explicó Huentenao.

Actualmente en Bahía Blanca más de un centenar de familias promueven los valores de la economía social y solidaria. Quienes integran este concepto, tanto individual como colectivamente, “organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”,  tal se coincidió en la jornada por todxs sus participantes.

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Invitamos desde la comunicación alternativa y comunitaria a conocer y prosumir (producir y consumir) en la Feria del Lago, el local Reloj de Arena, el Banco de Telas que fomenta la producción textil, la granja agroecológica Los Tamariscos y las producciones de los distintos integrantes del Corredor Productivo y Cultural de la Economía Solidaria bahiense, que tiñen de realidad cada palabra aquí expresada.