Trabajadores del frigorífico INCOB visitaron esta mañana FM De la Calle y comentaron la difícil situación que atraviesan por la caída de la producción y el tarifazo en los servicios públicos. De faenar medio millar de animales por semana en 2015 hoy matan con suerte 150. De pagar 12 mil pesos por la factura de luz hoy deben afrontar 62 mil. “Es imposible juntar el retiro semanal de los compañeros (…) yo puedo matar una vaca pero no puedo comprar un kilo de asado”, graficó Esteban. 76 familias viven de la empresa recuperada.

“La propuesta de la Cooperativa INCOB es poder reorganizarnos entre todos los sectores que habitamos Bahía Blanca, centros culturales, clubes de barrio, centros de jubilados, cooperativas, pymes, realmente nos sentimos todos afectados, y creemos que si solamente INCOB sale a la calle va a tener respuesta pero solo para INCOB, queremos que esto se normalice para todos los argentinos”, agregó.

La semana pasada fueron invitados por sus pares del Hotel Bauen a participar en una asamblea en la ciudad de Buenos Aires. “El martes hicimos una manifestación en Plaza de Mayo junto con clubes de barrios de todo el país” y “el jueves fue la manifestación de la multisectorial, fue interesante, nos trajimos buena respuesta de varios compañeros porque sinceramente acá en Bahía Blanca no le veíamos salida al tema del tarifazo”, explicó Esteban acompañado por Agustín y Pocho.

“El Ministerio de Energía propuso pagar el 50 por ciento en efectivo y el otro 50 en tres meses, te estaban cobrando lo mismo pero con la excusa de que en esos meses el otro 50 por ciento lo pongas dentro de tus costos. Pasa que hoy la producción de cualquier empresa, como está el país, no avanza. Si tuviéramos la que teníamos hace un año atrás tranquilamente podemos pagar ese monto, pero hoy el país no se mueve, de matar 500 o 600 animales semanales estamos matando 140 o 180. La producción bajó muchísimo”, dijo.

Esteban explicó que “somos prestatarios del servicio, de acuerdo a la producción que tenemos es el retiro semanal que se lleva cada compañero. Se trató de hacer un fondo en la cooperativa por unos meses, la veníamos sobrellevando bastante bien pero lo que nos deja mucha plata es el cuero, bajó el cuero, aumentaron las tasas de SENASA, aumentó la luz, nos aumentó todo. La cooperativa hoy en día se ve obligada a salir a la calle porque es nuestro derecho de poder manifestarnos democráticamente, creemos que esto es injusto porque no podemos llegar a fin de mes”.

Para comunicarse con la Cooperativa INCOB pueden llamar al 0291 454 5138.

El periodista Emilio Ruchansky presentará en Bahía Blanca su libro “Un mundo con drogas”. Será este viernes a las 18 en Sarmiento 54. Dos horas antes disertará sobre “actualidad legislativa y jurisprudencial en drogas” a instancias de la Defensoría local y el Departamento de Derecho de la UNS. Inscripciones en www.derechouns.com.ar

El integrante del staff de la Revista THC y columnista de la TV Pública investigó las experiencias alternativas a la prohibición en países como Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia y Holanda y las contrastó con las políticas represivas de la prohibición que generaron “una multiplicidad de problemas graves que saltan a la vista: cebo transgresor para adolescentes, proliferación de mercaderías descontroladas, mafias clandestinas enquistadas en diversos estamentos del Estado, negocios multimillonarios para unos pocos y cadenas de crímenes cada vez más espantosos”. Aquí la charla con el autor durante el programa En Eso Estamos de FM De la Calle antes de su llegada a la ciudad.

-¿Qué es Un mundo con drogas?

Es un libro que empieza a gestarse en 2012 en un viaje a Holanda donde pude entrevistar a biólogos que hacen semillas feminizadas de cannabis, ir a los coffee shops y hablar con los dueños, conocer un poco el ambiente del activismo holandés que es bastante desconocido acá y juntar materiales de la política pública de ellos, por qué decidieron permitir los coffee shops, que tiene que ver con separar el mercado de heroína con el de cannabis, es decir, que la gente que quiere cannabis solamente tenga cannabis y no tenga contacto con los dealers.

A partir de que la puerta de entrada es el dealear y no el cannabis o el alcohol, ellos plantean esta política de separación que funciona. Yo ya conocía el caso de Suiza con las salas de consumo controlado que también tiene que ver con evitar el contagio de Hepatitis C y HIV en usuarios de heroína o cocaína inyectables en Europa, fui juntando los casos, también España con los clubes de cultivo, Estados Unidos con los dos estados que legalizaron, yo fui a Colorado para ver cómo se gestó, cómo se votó -eso fue un plebiscito-, y cómo es la legislación interna.

El libro tiene una preocupación y yo a veces lo encuentro hasta pesado de detalles de legislación, por eso también la invitación de los defensores del Departamento de Bahía Blanca, porque hay mucha letra fina sobre cómo se puede legislar en drogas y qué resultados tiene pensar y actuar de una manera distinta. Dejar de basarnos solamente en la represión y empezar a atender el problema respetando la voluntad de las personas, sin internación coactiva o judicial sino acercándose y aceptando que consumen y viendo cómo se puede mejorar eso y cuáles son los objetivos que se puede plantear esa persona.

También fui a Bolivia por el tema de la hoja de coca y a Uruguay que es hoy el país más avanzado en políticas de drogas en el mundo.

-¿Qué valoración hacés de estos primeros meses de esas políticas públicas en Uruguay?

Solamente con los clubes de cultivo cooperativo más el autocultivo, que no está todo registrado, hay cuatro mil personas registradas, ya tienen un 40 por ciento del cannabis circulante que es uruguayo. Es decir, cuarenta por ciento menos de ganancia para las mafias de cannabis paraguayo, esto involucra a las mafias locales más la plata que pagarán para entrar al país, etcétera. Es positivo en el sentido de que se logran los objetivos que es dejar de alimentar al mercado negro, dejar de financiar a la persona que supuestamente decís combatir.

Hay que ver que va a pasar con las farmacias, están hablando de agosto, creo que se va a retrasar pero hay dos empresas licitadas, una es argentina, ganaron la licitación y va a haber venta en farmacias, con lo cual ahí ya el sistema realmente va a tomar la dimensión que tiene que tomar porque no todo el mundo tiene tiempo de cultivar en su casa o un club cannabico cerca, ni es tan sibarita que es el estilo de los clubes. La venta en farmacia lo va a poner en el acceso a los consumidores a un nivel más masivo y ahí sí va a empezar a funcionar el mercado bajo la consigna uruguaya que también es la segmentación de mercados de marihuana y pasta base, el que quiera marihuana que no se le ofrezca pasta base, cocaína y otras drogas. Si funcionó en Holanda no tiene porque no funcionar en Uruguay.

-¿Cuando planteas la regulación lo haces para cualquier droga?

La regulación hasta lo que pude investigar para el libro se ha vuelto sobre el tema del cannabis. Son cosas distintas, hay otras drogas que por la peligrosidad uno tendría que evaluar cómo regularlas. Obviamente que la prohibición no sirve para ninguna sustancia, hay algunas que creo que son más regulables como el éxtasis. Más allá de que lo que pasó en Time Warp, que nos quieran llenar la cabeza con que a los chicos los mató una pastilla, todos sabemos que había el doble de gente y no había agua, había cuestiones básicas que cualquier persona que consume éxtasis sabe que tiene que tener.

Primero te diría, un milagro a la vez. Hay que probar cómo funciona con el cannabis, qué nuevos problemas genera, porque acá no hay soluciones mágicas, la regulación lo que trae aparejado son nuevos problemas comerciales, controlar a las empresas, que no haya publicidad. Fijate que mal nos fue con el tabaco que nunca se aclaró que causaba cáncer abiertamente, solamente se decía que era perjudicial para la salud, y fijate que mal nos está yendo con el alcohol que tiene publicidad en televisión, esponsorea partidos siendo hoy el principal problema de consumo de la Argentina y de la región.

-Y muchas veces no lo consideramos como una droga…

Me ha pasado de dar charlas y personas indignadas me decían que no es una droga, ‘cómo me vas a decir que es una droga’.

MMM2014-1-Emilio, ¿qué opinás respecto del discurso de algunos curas de villas de Capital que suelen plantear que todo bien despenalizar para cierto sector de la sociedad pero que en los barrios sería una catástrofe?

Creo que no todos los curas opinan lo mismo en las villas, los Curas de Opción por los Pobres no creo, existe un cura en particular que es el padre Pepe que se viene oponiendo sistemáticamente a la despenalización bajo criterios inentendibles. Porque él está de acuerdo en no criminalizar a las personas que padecen una adicción y cuando le decís que es necesario despenalizar para no criminalizar te dice ‘no, despenalizar es una mala señal’. Y así al infinito, es irresponsable.

Y ya la Organización de los Estados Americanos está planteando que sin despenalización no hay estrategia de salud. No podés esperar que la gente se acerque a los servicios médicos si la estás criminalizando, si pueden ir presos por tener sustancia. Esto de defender con el garrote no sirve. Portugal lo demostró, cuando se despenalizó no aumentó el consumo, aumentaron las consultas médicas porque la gente se sintió más segura.

Siempre nos van a decir que no estamos preparados, no lo entiendo, ¿no estamos preparados para qué? Estamos preparados para seguir metiendo gente presa, consumidores, persiguiéndolos, para que la policía siga recaudando con las mafias de venta de sustancias, para seguir encerrando chicos con órdenes judiciales sin respetar su voluntad, creo que es muy inhumano lo que está pasando pese a tener una gran Ley de Salud Mental en la Argentina.

-Me tocó estar en Uruguay en un momento en que se llevaban detenidas a un grupo de personas que cultivaban pero que no estaban inscriptas en un registro del Estado. Hay quienes se oponen a este tipo de registros por la información que le dan a un Estado que en última instancia conserva características represivas, ¿cuáles son los riesgos en ese sentido?

En el caso del registro, en el libro está explicado por la persona que armó la regulación que es Julio Calzada, era algo necesario para el momento y hay que ver si se sostiene en el futuro. A nadie le gusta registrarse, son cuestiones privadas, para comprar cerveza no tenés que estar registrado y estamos de acuerdo en que hasta es ridículo. Ahora, el gobierno uruguayo plantea que necesita saber el volumen del cannabis que se está cultivando al menos legalmente, sea autocultivo, sean clubes o farmacias, porque Uruguay también puede correr el riesgo de transformarse en un país productor de cannabis y exportador. Ahí solucionas el tema de las mafias pero generas tal vez nuevas. Es una primera regulación, no hay experiencias a nivel de estados nacionales, si en el caso de Estados Unidos, Holanda nunca completó la regulación del cannabis, permite la tenencia y la venta pero no la producción, es raro pero es así.

Es importante que los Estados se involucren, la consecuencia grande que puede tener, que está en Colorado y es para debatir, es que pueden encarecer el producto la cantidad de controles y si se encarece el cannabis el del mercado negro va a seguir estando. Si tu objetivo es sacar el mercado negro, es lo que dice Pepe Mujica, contra los bombazos de cien dólares no hay forma de ganar la guerra. Hay que copar el mercado, claro, pero si el Estado se burocratiza demasiado y eleva el precio del cannabis tenés un problema de nuevo.

Son cuestiones complicadas, hay que salir del fracaso de las drogas que ya lo reconoce (el presidente de Colombia, Juan Manuel) Santos, (el de México Enrique) Peña Nieto, hay presidentes que no son los ex sino en ejercicio diciéndolo, y de los países más afectados. Evidentemente la salida no va a ser fácil y va a haber complicaciones. Uruguay tuvo un camino valiente, es importante que el Estado intervenga porque hasta ahora la regulación la tenían los transas, los narcos, la policía.

cannabis-5-¿Qué fue el Proyecto Cocaína de la OMS?

Es una investigación, hecha en Cochabamba, San Pablo, Rio de Janeiro e Ibadán -en Nigeria-, es el estudio más importante que se hizo sobre cocaína y sobre hoja de coca. Incluye pasta base, crack, clorhidrato y formas inyectables también y fue realizado por la OMS pero nunca se pudo publicar porque Estados Unidos presionó con dejar de financiar al organismo de salud si lo hacían. Lo que dice es que el clorhidrato de cocaína no genera una epidemia sanitaria ni nada parecido. Y también que la hoja de coca tiene utilidades médicas. Según el psiquiatra que hizo el estudio, lo que más molestó a los delegados estadounidenses fue el tema de la hoja de coca y no la cocaína, aunque suene increíble.

El estudio es muy interesante, lo pude rescatar, está publicado por Wikileaks y el National Institute y lo que hice es reconstruir cómo se gestó, porque la OMS en un momento tuvo un área que se llamó Abuso de Sustancias que se cerró cuando terminó el Proyecto Cocaína y es una investigación comparativa que hizo un antropólogo barcelonés que ya había trabajado con investigaciones de cocaína pero en Europa, comparando Barcelona, Ámsterdam y Roma. Es un estudio en territorio donde hablan los pastabaseros, la gente que está más en el horno, y también gente que le va bien, de buenos ingresos económicos que toman cocaína los fines de semana, que no tienen un problema de consumo.

También publiqué unas cosas que no existen en un sitio que se llama unmundocondrogas.com, está el proyecto, algunas cosas más y las taquigráficas de Uruguay, algunas cosas sobre Suiza en inglés, siempre pido una mano a ver si me pueden ayudar a producir muchos de los materiales, mi idea no es vender libros sino acercar materiales a las personas que investigan, que hacen política con esto o tienen que ver con la tensión desde el lugar que les toque.

-Venimos de una marcha mundial muy concurrida como la de los últimos años y la posibilidad de avanzar en el cannabis medicinal, ¿que hay en concreto y en el marco del nuevo gobierno en cuanto a la posibilidad de despenalizar en el país?

El martes que viene tenemos una reunión en la comisión de Salud para ver el tema del cannabis medicinal y te diría que el avance va a ser ese por ahora. No hay todavía en el gobierno una postura muy clara sobre este tema, hay un ala más dura -Burzaco, Patricia Bullrich- y por otro lado, gente más liberal como Pinedo. Hay que ver cómo se da ese debate interno.

De todas formas la ministra planteó fijar cantidades mínimas, no es algo que a nosotros desde la Revista THC nos parezca ideal pero ayuda. Por lo que pude hablar con Pinedo hay toda una expectativa de lo que está haciendo Uruguay, yo creo que eso va a influenciar mucho. Uruguay fue pionero en algunas cosas como el divorcio como nosotros fuimos pioneros con matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, es interesante que ellos tomaron el tema de la despenalización y la regulación al lado del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, dentro de ese paquete de derechos, cosa que acá no se hizo.

(Por Francisco J Cantamutto) Reunidos para resistir el ajuste, se propuso la constitución de una coordinadora multisectorial.

Ante el escenario abierto por el tarifazo y otras medidas de ajuste social, FACTA y otras organizaciones llamaron a una reunión el día lunes en el hotel BAUEN para debatir la situación y posibles acciones. La lista de oradores fue abierta, y el micrófono pasó de mano en mano, donde se presentaron y explicaron su situación muchas organizaciones muy diversas. Había clubes de barrio, empresas recuperadas, cooperativas, sindicatos, jubilados, PyMEs, trabajadores informales, gestores culturales, entre otros. Algunos partidos políticos se hicieron presentes para acompañar, pero no lideraron la reunión.

El clima general de la reunión fue de mucha bronca por las políticas del gobierno nacional, sin ninguna respuesta para los sectores populares y laburantes. La caracterización que se hizo del proyecto del gobierno nacional fue que éste intenta realizar un feroz ajuste, aún si esto implica dejar fuera y sin contención a la mayoría de la clase trabajadora. El aumento de tarifas y de combustibles, la apertura a las importaciones, la devaluación fueron las políticas más criticadas, como parte de un programa más general de ajuste. Ante esto, el gobierno es muy astuto dividiendo a los afectados, dando algún subsidio o contención pero por separado y con muchas limitaciones. Por ejemplo, los clubes de barrio criticaron la devolución del 40% del aumento, porque sólo era para el gas, dejando fuera los demás servicios, y aún así implicaba un aumento del 150-200% sobre lo que pagaban antes. La respuesta que parece venir es puramente represiva.

El objetivo del gobierno, hubo acuerdo, es crear recesión y desempleo, de manera de bajar los salarios. Representantes de cooperativas y PyMEs señalaron que no había que ponerse a competir “entre pobres”, que el problema era el capital concentrado. Con desempleo y salarios bajos, ponen contra las cuerdas a todos los sectores populares. Se añadió además, desde el Programa Facultad Abierta, que las Empresas Recuperadas eran atacadas por vía económica, judicial y política, justamente porque mostraban una alternativa para los y las laburantes ante estas crisis: tomar las herramientas y ponerlas a trabajar. No se están atiendo sus pedidos, se vetan los proyectos que éstas promueven y llegan con inspecciones imposibles de cumplir. Desde la recuperada Por Más Tiempo señalaron que tenemos que recuperar nuestra herramienta principal de trabajo, que es la palabra.

Los dirigentes de clubes de barrio señalaron que su realidad es semejante, y que de obligarlos a cerrar, implicaría que miles de pibes pierden el lugar de contención. Representantes de la cultura explicaron que el gobierno ya venía complicando la gestión independiente en la ciudad de Buenos Aires, cerrando espacios y centros culturales. El tarifazo pone en riesgo de cierre a estos espacios.

Según se señaló en la reunión, los pedidos de tarifas “sociales” no son una alternativa real, pues son parciales (todas implican aumento), llenas de trámites y que provocan división. Hubo un acuerdo muy general  en la necesidad de ganar la calle, y se señaló que eso ya se está haciendo, pero por separado. Esta semana protestan en la Capital los clubes de barrio (martes), recuperadas (jueves) y consumidores y usuarios (viernes).

Por esto se remarcó la necesidad de empezar a confluir entre todos los sectores afectados. La consigna fue unidad en la acción, es decir, actuar conjuntamente en lo que hay de acuerdo, con independencia de que luego cada sector tenga sus particularidades. Lograr la mayor unidad posible con acciones concretas. Confluir en todo lo que se pueda, y golpear a la vez. Se habló de conformar una Multisectorial, con mesas específicas de trabajo. Se señaló la necesidad de hacer esto de manera Federal, recuperando la experiencia de 2000-2001.

Se comenzaron a intercambiar experiencias de protesta y acciones para resistir. Por ejemplo, la presentación de medidas cautelares y amparos ante el ajuste, promover una ley de emergencia laboral y PyME, bocinazos, veredazos, entre otras. Se insistió en hablar con los y las vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, para convocar de manera amplia. Todas las acciones sirven, pero quedó claro que era necesario impulsarlo en las calles y en unidad.

Por todo lo anterior, las reuniones van a seguir, buscando unidad, comunicación y coordinación. El próximo lunes 13 es la próxima cita, en el mismo lugar.

Entre otras organizaciones, se presentaron en la reunión: FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), CTA, FECOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo), representantes de clubes de barrio, CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), FECACYA (Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines), Sindicato de Obreros Curtidores, Federación Gráfica Bonaerense, Confederación Nacional de Jubilados, APYME, CGE (Confederación General de Empresas), Fedecámaras, Central de Trabajadores Informales, Comerciantes contra el Tarifazo, Alerta PYME, Programa Facultad Abierta de la UBA, Instituto Scalabrini Ortiz, Cultura Unida, Unión de Usuarios y Consumidores.

El  lunes a mediodía la jueza Susana González La Riva dirá si Norberto Metz es penalmente responsable del homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Así lo es para la Fiscalía que pidió una pena de cuatro años de prisión para el ex gerente local de Camin Cargo Control S.A. y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba. El juicio analizó la responsabilidad de Metz y próximamente deberá ser juzgado el representante nacional de la firma, Marcelo Camin.

Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, comentó a FM De la Calle que fue una investigación con mucha prueba aunque “uno no puede decir qué pasó por la cabeza de un juez”. Destacó que “lo importante es que se haya debatido”, más teniendo en cuenta el intento del primer fiscal de la causa de acordar una pena de tres años en un juicio abreviado para el gerente de la empresa Marcelo Camin.

“Cuando se va a debate hay que reproducir todo lo que se hizo en forma oral, a riesgo de eso, la familia prefirió en honor a la memoria de su hijo que esto salga a la luz, que se debata y se conozca cómo trabajan estas empresas, esto es un tema de precarización laboral donde para ofrecer un producto barato, a bajo costo, la empresa pone en riesgo a los trabajadores y a un montón de gente”.

Fernández explicó que se trata de “una empresa internacional con sede en Houston” y otra que se llama Camin Cargo Argentina. “El gerente de Argentina es Marcelo Camin y está imputado también pero, por un recurso de Casación, todavía no llegó su debate. Con respecto al jefe local lo que había que demostrar era el nivel y grado de responsabilidad que teníaal manejar la delegación de Bahía Blanca, ese fue el nudo principal. Se apuntó a tratar de demostrar claramente que esta persona tenía toma de decisión”.

“Es importante porque no hay muchos antecedentes de gente de una empresa, del personal jerárquico, que sea responsable penalmente. Muchos terminan en un abreviado, en una probation, y si no tienen antecedentes pareciera como que no debería ir preso una persona. Pero, la pucha, no solamente mató una persona -no tuvo la intención de matarlo pero es un homicidio culposo- (…), era una bomba de tiempo, no podés poner en una vivienda tipo dúplex, en un edificio acostado, muchas viviendas, ¿cuánta gente que va por recreación al Parque de Mayo sabía que a media cuadra había una bomba?”, se preguntó.

El abogado dijo que para probar a qué se dedicaba -dedica- Camin Cargo Control hubo que escuchar a muchos especialistas. “Cuando viajan productos inflamables en buque se toma una muestra local y se hace un resguardo, se contrata a estas empresas para que cuando el buque llega a destino, si hay un tema de contaminación, tengan un respaldo de muestra. Por eso la actividad principal es guardar muestras, uno espera que lo hagan en un lugar seguro y no en un departamentito que alquilaron como casa habitación”.

“La peligrosidad estuvo dada porque se almacenaron productos incompatibles entre sí. Había muchos tipos de gasolina que salen del puerto, naftas, gasolinas especiales que son altamente explosivas. Incluso como también hacían muestreo de fertilizantes había urea granulada, nitrato de amonio. Pareciera que no son peligrosos por sí solos pero los especialistas en explosivos nos explicaron que si mezclas fuel oil con nitrato de amonio se denomina ANFO, un explosivo casero con el que se voló la AMIA. Para que uno tenga dimensión de la peligrosidad. Podría haber muerto mucha más gente acá”, advirtió.

1969323_850202271677011_6882888788721100430_nFernández agregó que “esta gente para ahorrar costos no tenía, como explicaron los técnicos, los productos peligrosos separados y en un lugar habilitado. Obviamente vino la jefa de Habilitaciones y dijo que esto no podía estar por el lugar directamente, es residencial, tendría que haber estado en el puerto o el parque industrial, un lugar preparado para tener este tipo de producto, no en el medio de la ciudad”.

“Más de una empresa debería poner las barbas en remojo y por lo menos si contratan a una empresa para tomar una muestra requerir dónde la llevan. En el sistema penal se imputan personas determinadas pero posiblemente esto desemboque en alguna investigación, espero, es difícil entender la actividad porque los únicos que saben son los que la realizan”.

“Esto es un contrato entre una empresa internacional que viene de afuera a buscar un producto -a la cual ni siquiera conocemos- y contrata un buque y el que vende el producto acá. Esas dos personas contratan a un tercero para queguarde la muestra. Esto debería reverse y las autoridades deberían mirar un poco más. Esa es la lucha de la familia, nadie les va a devolver el hijo, incluso en un momento se trató de desvirtuar esto como que había sido una mala manipulación de una garrafa de este muchacho. Le echaron la culpa al muerto que es lo más fácil”, dijo.

En ese sentido comentó que ” los médicos explicaron que estaba quemado el 95 por ciento del cuerpo y que si manipulas una garrafa lo lógico es que te quemes adelante, no que tengas una quemadura tipo V en la espalda, es imposible. El ambiente donde ponían estos productos generaba vapores, algoque detonó eso levantó una temperatura terrible e hizo lo que técnicamente se llama deflagración, una explosión”.

La sentencia se conocerá el lunes a las 12 en el Juzgado Correccional Nº3 de Estomba 34. Más información en Exigimos Justicia para Juan Cruz Manfredini.

Otras entrevistas:


Foto familiar: Facebook Gino Manfredini.

A principios de mes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2016 del presidente Mauricio Macri a través del cual derogó la disposición tomada en 1984 por el gobierno de Raúl Alfonsín para restar autonomía a los militares y dejar en manos de las autoridades elegidas democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. La medida provocó el rechazo de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

La especialista en temas de Defensa Nacional, Estrategia y Geopolítica y secretaria del Centro de Militares por la Democracia, Elsa Bruzzone, dijo a FM De la Calle que el decreto “ratifica lo que ya se venía haciendo, manejo de cuarteles, traslados, tareas administrativas y de funcionamiento interno” y no representa “ninguna autonomía”, aunque lo calificó como “un globo de ensayo para ver si pueden acostumbrarnos a que las fuerzas armadas puedan intervenir en los asuntos internos del país”.

Bruzzone explicó que la Ley de Defensa 16.970 de la dictadura de Onganía no distinguía las funciones de las FFAA en torno a la defensa nacional y la seguridad interior, lo que “permitió la utilización de las mismas en las tareas de represión interior con los resultados por todos conocidos”.

Al asumir Raúl Alfonsín, mientras se redactaba una nueva Ley de Defensa, aprobó el decreto recientemente derogado y “controló” a las fuerzas”. “Cuando la ley es sancionada en 1985, y más después con la reglamentación de la ley bajo el gobierno kirchnerista, este decreto ya prácticamente queda sin efecto porque tiene que ver con tareas administrativas, con el con el manejo hacia adentro de las FFAA”.

“Como bien lo explica el Decreto 721, el poder civil sigue teniendo el control y el manejo en los ascensos, a partir de coronel y los grados superiores se sigue requiriendo el acuerdo del Senado, en los puestos más altos el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa designan, los planes de estudios siguen estando en manos del Ministerio, las hipótesis de conflicto las fija el gobierno nacional”.

Bruzzone dijo que “el peligro es que se pudiera avanzar más adelante en una modificación de la Ley de Defensa Nacional donde con una simple letra que dijera ante una agresión externa o interna permitiera que la FFAA intervinieran en tareas de represión interior o en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay presiones desde hace cuatro o cinco años del Departamento de Defensa norteamericano a través del Comando Sur”.

“Estas intervenciones han tenido resultados nefastos en México, en Colombia o inclusive en Honduras. Acá está prohibido pero se han reanudado las presiones y las hay también de integrantes de la política, de los grupos económicos, de nuestra justicia, que pretenden que esta línea divisoria caiga”, afirmó y agregó que las contradicciones de la ley, por ejemplo, abarcan el envío de tropas a supuestas misiones de paz de Naciones Unidas que en realidad son ocupaciones de países “donde los integrantes de las misiones realizan tareas de seguridad interior, la mayor parte de las veces con resultados catastróficos para las poblaciones locales porque se producen violaciones a los derechos humanos”.

Bases militares

12.Elsa-Bruzzone“EEUU tiene en su mente la instalación de bases militares ya sean descubiertas o encubiertas, disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria ante desastres naturales, epidemias, pandemias, bases científicas para realizar estudios, o bases de control de la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masivas. (…) Ellos tienen que tener libre acceso y control de recursos naturales que ya no poseen para seguir siendo la potencia dominante en el mundo”, manifestó.

Tras mencionar las bases yankees o de la OTAN en Colombia, Haití, Guantánamo, Puerto Rico, Perú, Chile, Paraguay y Malvinas, Bruzzone destacó que pretenden instalar una de carácter científico en Ushuaia “con acceso libre a la Antártida” que, junto a la de Malvinas, habilitaría el control del Atlántico Sur y su conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle con proyección hacia el océano Índico.

“Además permite una presencia en zona donde toda la plataforma continental nuestra alrededor de las islas tiene yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos e industria pesquera y tanto Ushuaia como Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo sino que también -en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña- se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico”. Hasta 2041 rige la prohibición de toda explotación de los bienes comunes aunque EEUU intentará impedir su prórroga por otros cincuenta años.

En San Ignacio, Misiones, también podrían construir una base. “En lugar de utilizar a Hamas o a Hezbollá en la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y recarga del Acuífero Guaraní, (…) reflotan el fantasma de la presencia del Daesh o ISIS, como lo llaman en occidente, o del Frente al Nusra que está vinculado a Al Qaeda para reflotar las presiones que en su momento se hicieron sobre De la Rúa y Duhalde”. “Dependerá de nosotros impedir que se consume”, dijo.

El discurso de Gay

gayLa integrante del CEMIDA se refirió además al discurso del intendente Héctor Gay del 25 de mayo en el cual habló de la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”.

“Este discurso me remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional (…), me remite a tiempos que hemos vivido y a los cuales no quiero volver. No quiero volver a la década de 1930, a 1955, de ahí en adelante tampoco quiero volver a un 24 de marzo del 76 que es a lo que él me está remitiendo. El que no tiene patria ni nación es él porque la patria y la nación no son pasiones inútiles y un verdadero patriota y alguien que ama profundamente a su patria y a su pueblo no ve en el otro, en el pueblo, al enemigo”, dijo.

Bruzzone reconoció que “tenemos enemigos de adentro” aunque apuntó a “los grupos económicos de poder, las corporaciones trasnacionales, los organismos financieros internacionales, estamos llenos de cipayos al servicio de intéreses foráneos”. “Tenemos enemigos de afuera, sí señor, todo imperio, todo aquel que ejerce colonialismo, eso es enemigo, enemigo es el capitalismo que destruye vida humana, vida vegetal, vida animal, que destruye a la naturaleza y al planeta”.

Sobre la aclaración del intendente, quien comentó que se refería al narcotráfico, la especialista afirmó: “Usted va a escuchar que utilicen el narcotráfico o el terrorismo, que los agiten como bandera, pero en realidad los destinatarios de eso son el pueblo, las organizaciones sociales, políticas, culturales, todos aquellos que luchan por la justicia social, por la independencia económica, por la soberanía política y la paz, el capitalismo”.

(Por Francisco J Cantamutto) El enorme malestar social que crea el plan de ajuste provoca discusiones dentro del gobierno. Los problemas políticos del ajuste económico.

El gobierno de Cambiemos tiene disputas internas, que se han hecho conocer –otra vez- como de “halcones y palomas”. La metáfora es mala porque aquí no hay relación predatoria entre ambos tipos de aves ni dietas disímiles; se refiere apenas a los diferentes estilos para aplicar un mismo programa económico. Por un lado, están quienes pretenden un ajuste más brutal, profundo y veloz, en clave de shock. Por otro lado, están los que creen que es mejor dosificar la administración de políticas, permitiendo ajustes graduales. No son posiciones siempre fijas, porque se cruzan perspectivas ideológicas, vínculos con diferentes sectores empresariales y lecturas del proceso político. Créase o no, la pelea la vendrían ganando los gradualistas.

Por ejemplo, el primer debate en este sentido se dio en torno a la devaluación de diciembre. En ese caso, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el coordinador del equipo económico Gustavo Lopetegui creían necesario ir con calma, mientras que el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger creían necesario liberar totalmente el tipo de cambio. El riesgo percibido por los primeros era el riesgo de un exceso de devaluación (que el dólar llegara a $20, por ejemplo), mientras que los segundos creían que era una buena señal de libertad al mercado. Si bien al inicio primó esta última visión, la segunda devaluación en febrero obligó a intervenir en el mercado para contener la estampida.

En el mes pasado trascendieron nuevos chispazos, en relación al control de la inflación y el nivel de las tasas de interés. Prat Gay habría criticado que las tasas de referencia –como las LEBAC, al 37,5% anual- estaban demasiado altas, y esto bloqueaba la inversión. Esto llevaría a una parálisis de la actividad. Sturzenegger, por su parte, criticó que su par no era lo suficientemente veloz en la tarea de reducir el déficit fiscal, lo que lo obligaba a emitir pesos y buscar formas de licuar esa emisión. Esto llevaría a dificultades para reducir la inflación. Esta discusión, sin embargo, se dio en el marco de un diálogo fluido –facilitado por el viceministro Pedro Lacoste- y objetivos de política compartidos. Reducir la inflación –aún a costa de recesión-, generar clima de inversiones, y luego recién reactivar la economía. Por eso ambos ponían las fichas en el segundo semestre, ahora trasladado al 2017.

Más radicales se presentan otros sectores del propio gobierno (Carlos Melconian, presidente del Banco Nación) y sectores afines (como Daniel Artana, de FIEL, o Dante Sica, de la consultora ABECEB) que insisten con que la frecuencia semanal de malas noticias genera malestar, y la “sensación” de que no hay buenas perspectivas. Esto atentaría contra el “clima de inversiones”, posponiendo las decisiones que permitirían a la economía salir del actual trance. Por ejemplo, el índice de confianza al consumidor relevado por la Universidad Di Tella muestra caídas mes a mes, lo que implica menor demanda y, por ello, demora decisiones de inversión.

Esta obsesión con la inversión no es trivial, pues se supone que es el objetivo ulterior de la política de estabilización y ajuste, presentado como lucha contra la inflación y la “herencia” kirchnerista. Según el razonamiento del gobierno, con cuentas fiscales balanceadas, menores tasas de inflación y un clima de previsibilidad, las inversiones llegarán y reactivarán la economía. Prat Gay comenzó su tarea, con los despidos en el Estado y el arreglo con los buitres, la tarea recae ahora en otros funcionarios. Concretamente, les tocaría la posta a la canciller Susana Malcorra y el ministro de Producción Francisco Cabrera, encargados de atraer la inversión extranjera. El 23 de marzo pasado, en un encuentro de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense se anunció –por tercera vez- una Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, de gestión compartida por estos funcionarios. Pretenderían transformar al ente mixto (público-privado) Fundación Exportar, para que promueva conjuntamente exportaciones e inversiones. Hasta ahora los resultados concretos son esquivos: no hay prácticamente nada que anunciar respecto a inversiones.

Cabrera es además acusado de no ofrecer ninguna contención a las PyMEs, actualmente en pie de guerra por el tarifazo y la apertura de importaciones. Pero aquí es donde el límite no es personal, sino de la fuerza política. El sentido general de las reformas neoliberales fue claro desde sus inicios: privilegiar la estructura de poder definida en el mercado y sostenida por el Estado para la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Eso significa que el Estado pone toda su estructura al servicio de los sectores más concentrados del capital, no se achica ni minimiza, sino que modifica su accionar. Tampoco significa que el empresariado concentrado tenga acuerdos plenos respecto de todo un programa, sino apenas de su sentido general contra las clases populares –y fracciones más débiles del propio capital. Esto explica que incluso en el marco de las reformas estructurales de la última dictadura en el país o durante la Convertibilidad se dieran disputas al interior del bloque en el poder, con personeros políticos representando fracciones de capitalistas.

Ya a fines del siglo XX, a la luz del enorme descontento social de las reformas, dentro de la propia ortodoxia mundial comenzaron a plantearse cuál era el problema. El supuesto, claro, es que las reformas neoliberales son beneficiosas y sobre esto no hay discusión. Un documento muy circulado del Banco Interamericano de Desarrollo –una de las instituciones de crédito responsables de presionar por las reformas- presentaba ya en el 2000 lo que veían como problema: la duración total y secuencia de aplicación de las mismas. Este debate lo había planteado casi una década antes la pretendida heterodoxia del mainstream, que coincidía con el sentido general de liberalización y apertura, pero que, a diferencia de sus pares más tecnócratas, tomaba en consideración los problemas políticos (por ejemplo, leer aquí un conocido texto de 1992 de Dani Rodrik). Esta variante que ganó espacio con el estallido de la crisis mundial en 2008: economistas igualmente neoliberales, pero con consideraciones políticas (como Stiglitz o Krugman). ¿Cuál es el debate? Cuán rápido y profundo tomar las mismas medidas, de manera de evitar alianzas sociales y políticas que las resistan.

Es por eso que el propio Prat Gay dijo, ese mismo 23 de marzo pero en la Sociedad Rural, que eligieron “el camino del gradualismo porque es el único posible”. Un ajuste más acelerado no sólo foguearía la resistencia en las calles, sino que impediría el juego de alianzas en el Congreso y las provincias, que tan bien llevan adelante otros gradualistas como Frigerio y Pinedo. El problema de esta estrategia es el malestar permanente por las medidas contrarias a los intereses populares: ¿hasta cuándo podrán sostener el discurso de la “herencia K”?

No hay que confundirse, por dosis o por shock, todos en el gobierno quieren aplicar el mismo veneno.

(Por Julio Gambina) ¡Multitudinaria marcha NI UNA MENOS! La violencia contra las mujeres es en todo los terrenos. Hay más mujeres que hombres en la Argentina. Sin embargo, hay menos mujeres registradas en el mercado laboral. Los salarios de las mujeres son menores a los de los varones. La mayoría de las mujeres hacen gratis los trabajos de cuidado. Trabajan gratis en sus casas y en tareas sociales. La desocupación es mayor entre mujeres que entre varones. Las amas de casa no son consideradas mujeres trabajadoras desocupadas y por su tarea no se les paga. La violencia de género ejercida contra las mujeres es cotidiana y más común de lo reconocido. ¡No al femicidio, a la discriminación de género y al patriarcalismo!

Hasta acá el post en mi muro del “face”, que resulta uno de los más compartidos y comentados a pocos minutos de colocado. Varios “me gusta” y “reacciones”, junto a comentarios: “bien dicho” y “basta de capitalismo colonial patriarcal”. Probablemente se incrementen los comentarios y quizá cierta polémica. Son muchas/os las/os que postearon mensajes relativos a la movilización callejera en variadas ciudades de todo el país. Casi nadie estuvo afuera del fenómeno de conciencia sobre la cuestión y familias enteras se movilizan, incluidos algunos que no se mueven por ninguna otra causa. La razón de la movilización es la asunción de un tema generalizado que se hizo evidente con la movilización callejera.

El tema existe y existía, pero adquirió relevancia con la multitudinaria movilización, y no solo del 3/6 del 2015, sino con las marchas de las mujeres y con la militancia consecuente del movimiento de mujeres, que en trabajosa militancia social popular extendida tiene el logro del presente movilizado. La consigna por la reivindicación de género atraviesa a las distintas clases y necesita hacerse más compleja en la consideración de la explotación y discriminación hacia las mujeres en el trabajo. Por eso mi reflexión sobre el “mercado laboral”[1] y el trabajo del “cuidado”. Es parte de lo mismo y además tiene especificidad, que se reproduce cotidianamente en la lógica de acumulación capitalista.

Trabajadoras y trabajadores para construir un paro nacional

Por eso, las mujeres también protagonizaron la movilización del día anterior, el 2/6, convocada contra el Veto a la ley anti despidos y contra los tarifazos. La cita fue promovida por las CTA y nutrida con varios sindicatos de las CGT y organizaciones sociales y políticas, más muchas/os indignadas/os que querían y demandan el paro nacional. Es que si los trabajadores en general están afectados por las políticas de ajuste del gobierno Macri, las mujeres lo sienten en mayor magnitud y no solo por lo señalado al comienzo, sino que también existe discriminación al interior del ámbito de trabajo y en la propia organización social o política, que reproduce las lógicas sistémicas. No podría ser de otro modo, pues la hegemonía cultural atraviesa a todas las organizaciones.

Es curioso como la “dirigencia” se sorprende de la masividad de la protesta y queda atrás del sentimiento popular masivo. El pasado 3/6/15 sorprendió la masividad del “ni una menos”. Igual sorprendió a propios y extraños la masividad de la movilización del 29/4/16 convocada por las CGT y las CTA contra el ajuste, el veto a ley anti despidos y los tarifazos. Igual se sorprenderán ante la construcción de un paro nacional.

La bronca es grande contra los despidos, la inflación y la baja del poder adquisitivo de los ingresos populares, el tarifazo y la impudicia de la fuga de capitales y la lógica de que “pobres hubo y habrá siempre” manifestada en declaraciones de funcionarios de Macri. Son los que señalan: “si el combustible es caro, que no compren”, o “creían que podían tener acceso a una TV u otros consumos”. Son expresiones de los que se consideran la elite privilegiada y con acceso a bienes y servicios negados para los de abajo, la mayoría de la población.

Las centrales sindicales demandaron al Parlamento la emergencia ocupacional y así se elaboró la legislación para suspender los despidos, que muchos suponían de escaso efecto concreto, aun cuando pudo instalar la agenda de la gravedad y extensión de las cesantías. El movimiento obrero organizado pudo instalar agenda de debate político en la sociedad. Claro que no es el único tema y quizá ni siquiera el que involucre a más población, tal como ocurriría si se pudiera instalar la cuestión de la indigencia o la pobreza, la malnutrición o la ausencia de salud y educación, entre muchos temas que incluyen el ingreso y calidad de vida de las/os jubiladas/os. Lo que pretendemos resaltar es que sobre la ofensiva del gobierno Macri por lograr hegemonía política desde su mayoría electoral, el movimiento obrero pudo instalar desde la movilización una agenda política más cercana a sus intereses.

Claro que el poder mueve también sus fichas e intenta desmarcar al movimiento obrero y por eso negocia con el sindicalismo tradicional para desalojar la calle y seguir disputando hegemonía. La lógica discursiva de las CGT es que la “gente no está para protestas”. La realidad lo desmiente y en todo caso, se trata de la disposición a desplegar iniciativas políticas para disputar el poder. Es una cuestión de miles y de millones de personas, por lo que se demanda masividad y ello supone juntar lo diverso, tanto en las movilizaciones obreras como entre las mujeres.

La sociedad movilizada disputa agenda, por derecha y por izquierda. Recordemos las movilizaciones “Blumberg”, o las protestas de la Mesa de Enlace. No todo lo movilizado era por derecha y sin embargo, la agenda era reaccionaria.

Disputa del consenso

Existe en la actualidad razones para la movilización popular. El gobierno disputa hegemonía convocando al consenso pasivo y si puede al activo y lo hace desde la crítica a 12 años de kirchnerismo, algo que ya le dio réditos en el voto, quizá la mitad de lo cosechado en noviembre del 2015.

Ahora pretende que sea consenso activo y por eso publica “El Estado del Estado”[2] para mantener viva la llama de la crítica al gobierno anterior y avivar el rechazo de buena parte de la sociedad, incluso de los de abajo. Allí no se condena el acuerdo del poder, como las concesiones petroleras y mineras, los acuerdos secretos, caso Chevron, o el conjunto de iniciativas estatales que confirman el modelo productivo y de desarrollo de promoción de la dependencia tecnológica y productiva a mano de las transnacionales, en el agro, la industria o los servicios.

También disputa consenso con la articulación legislativa del “pago a jubilados” con el “blanqueo de capitales”. El fondo es limpiar la fuga de capitales, interés de pocos enriquecidos y además, fuente de ingreso de divisas, indispensable para la lógica de la política económica del gobierno Macri. Parece atractivo compensar a los beneficiarios estafados por malas liquidaciones previsionales, aun cuando se ocultan quitas y pagos en cuotas, tanto como desfinanciamiento del Fondo de Garantías y Sustentabilidad (FGS). El FGS está generado con recursos previsionales que pertenecen a las/os trabajadoras/es jubiladas/os, administrado por ANSES, y que se nutre, entre otros, de la renta generada por acciones privadas que pretenden ser liquidadas y retornadas a la propiedad y gestión de particulares.

El movimiento de jubiladas/os también se moviliza, y desde hace mucho tiempo por asegurar fondos previsionales suficientes para satisfacer las necesidades de las personas mayores. Por eso rechazan el proyecto y exigen se compensa a los litigantes con sentencia o no, como a los que reciben liquidaciones por debajo de lo que corresponde; y más aún el 82% móvil con relación a las/os trabajadoras/es en actividad. Se propone que los recursos para tal fin provengan de rentas generales y no desfinancien el FGS. La reforma previsional en curso, contenida en la propuesta legislativa, será resultado de la movilización gestada desde abajo o la que promueva el discurso oficial relativo a lo que se puede o no.

En rigor, la cuestión es si la iniciativa del gobierno y del poder se impone en la disputa del consenso social, o si la movilización popular genera consenso para otro proyecto político, social y cultural de confrontación con la lógica del capital, la de la ganancia, la acumulación y la dominación.

Esta última consideración no está instalada en la mayoría social y muchos creen que es ilusorio convocar a cualquier actividad anti capitalista, bajo el argumento que la sociedad no está para disputas mayores.

Se equivocan, los ilusos son los que creen que todo se resuelve con solo ir por reivindicaciones democráticas (salario, empleo, condiciones de trabajo) hasta que se consolide una potencia para ir por más, contra el régimen del capital.

No tienen razón los líderes sindicales que agotan las iniciativas en que la gente no está para más y que es un tiempo de cerrarse en la defensa corporativa.

Es erróneo. Este es un tiempo para ir por más organización y movilización, en el espíritu originario de la CTA, que sostenía un nuevo modelo de organización de las/os trabajadoras/es, que son la mayoría de la sociedad, estén regularizados o no, tengan salario o no. Es desde ahí que en el 2002 se sostuvo la necesidad de superar la crisis política con la construcción de un movimiento político social y cultural de liberación. La constituyente social fue un intento, que siempre puede ser relanzado más allá de como se la nomine.

Manipulación del poder o masividad movilizada en la disputa

Por eso hay que pensar en la capacidad de movilización manifestadas el 2 y el 3 de junio pasados, aun con diferencias de participantes y motivaciones, ya que ambas ponen en evidencia que los debates en la sociedad se manipulan desde el poder con el peso de los medios privados y monopólicos (cadenas) de información del poder, o se instalan democráticamente desde la masividad de la movilización popular.

Es cierto que no alcanza con movilización, e incluso con organización, ya que se requiere definir el proyecto que indique el rumbo, para mí, anticapitalista, pero este requiere de aquel. No es un detalle menor, que la CTA Autónoma se auto define como una Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Sin proyecto o rumbo puede ser estéril cualquier iniciativa, pero no hay proyecto posible sin la dinámica social masiva y movilizada. Eso requiere articular lo diverso, y ensayar búsquedas de acciones que promuevan sujetos para el cambio, que construyan programas y rumbos estratégicos, y en ese camino, resuelvan los adecuados instrumentos para la disputa integral del poder.

Foto: Sala de Prensa

(Por Francisco J Cantamutto) Se trataría el día de hoy en Diputados el proyecto de ley ómnibus del gobierno, mezclando un reclamo justo con una gigantesca estafa.

Cambiemos vuelve a mostrar que sabe hacer política, que no son unos improvisados. Recuperando la iniciativa, enviaron un proyecto de ley ómnibus que mezcla temas y problemas, opacando el debate y manejando la agenda de debate. Este punto es central, pues de esta forma oblitera el veto a la ley anti-despidos, del que nos separa menos de una semana. Modificando la agenda a altas velocidades, dificulta la constitución de una agenda sostenida que, en el debate, mostraría sus claros sesgos de clase.

El proyecto de ley busca tratar a un mismo tiempo varios asuntos diferentes, sintéticamente reunidos entre la Amnistía Fiscal y el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Al enredar un nuevo blanqueo de capitales con aumentos en haberes jubilatorios, genera falsas impresiones para lo que en rigor es una nueva estafa.

La ley de blanqueo

El estallido de los Papeles de Panamá ha puesto en el centro de atención las prácticas fraudulentas del capital, que se aprovecha de legislaciones laxas para evadir impuestos y regulaciones. Esto incluye el lavado de dinero de actividades ilícitas, como narcotráfico o trata de personas. Este escándalo involucra de lleno al presidente Mauricio Macri, del que se han detectado al menos 3 cuentas offshore no declaradas. Esto incluye a la ahora famosa Fled Trading, que el presidente no declaró, luego negó que haya tenido actividad, y ahora se supo que desarrolló el millonario negocio de Pago Fácil en Brasil. Macri además incorporó en su última declaración jurada, una cuenta en Bahamas –otra cueva fiscal- por 18 millones de dólares, que ofreció repatriar porque, según parece, tras medio año de su propio gobierno, empieza a confiar en sí mismo.

Resulta difícil de creer que gobiernos asociados a los propios capitalistas que practican estas maniobras vayan a alterar sustancialmente el mecanismo, pero sí pueden tomar algunas medidas que calmen al público indignado. Ha llegado la hora de una nueva ronda de lavado. La Ley de blanqueo de capitales, llamada de manera irónica Amnistía Fiscal, se propone habilitar el ingreso de dinero a la economía formal sin investigar ni preguntar nada por su origen. Se calcula que habría entre 270.000 y 440.000 millones de dólares fugados del sistema económico, disponibles para ingresar al blanqueo. Este dinero puede estar en cuentas o colocaciones en el exterior, pero también en cajas de seguridad dentro del país. Por presión del pan-radicalismo, la tratativa en el Congreso quitó la posibilidad de ingresar al blanqueo a funcionarios públicos con cargos activos en los últimos 5 años.

Como en cada ocasión que esto ocurre, el gobierno afirma que este será el último canje, y que al dar garantías –certidumbre- al capital será un éxito. En esto, no se distingue de los 9 blanqueos que hizo el kirchnerismo desde mediados de 2013, mediante los cuales habría logrado captar unos 2.370 millones de dólares colocados en títulos públicos (Cedin y Baade). Cambiemos es más ambicioso y busca captar casi diez veces esa cifra, unos 20.000 millones (aunque mencionaron también un objetivo superior de 60.000 millones). Para distinguirse de sus predecesores, impone una “multa” a los capitales blanqueados, que arrancan en el 5% para sumas de entre $305.000 a $800.000 y 10% por montos superiores, tasa que se incrementará el año entrante. Esta “multa” es una broma por permitir blanquear capitales y evadir impuestos por montos muy superiores (IVA, Ganancias, Bienes Personales, etc.). Se propone destinar esta recaudación directamente a ANSES.

La reparación jubilatoria

Los juicios a la ANSES por actualización de haberes constituyen una verdadera maquinaria perversa. Aprovechando las múltiples formas de la precarización y flexibilización laboral, los pagos de jubilaciones y pensiones comenzaron a atrasarse de manera sistemática durante la Convertibilidad. Esto da inicio a reclamos de los beneficiarios por recomposición de sus haberes, en juicios que cobran algunas veces tarde, y otras nunca llegan a ver. El reclamo por recomposición de las jubilaciones y pensiones es histórico y tiene múltiples ribetes. Las moratorias jubilatorias del kirchnerismo sirvieron para ampliar el universo de cobertura –que hoy llega al 97%- pero no atendieron a este problema de los montos cobrados. El fallo de la Corte Suprema por el caso Badaro tiene años sin surtir efecto en los pagos.

Cambiemos toma así una demanda justa (el aumento de los haberes), pero para hacerlo nos extorsiona con su ley de blanqueo de capitales. Alegando que los recursos de ANSES son insuficientes para hacer estos pagos, proponen financiarlos con las penalidades cobradas a los blanqueadores. De acuerdo con los objetivos declarados de 20.000 millones de dólares que ingresen, esto significaría $300.000 millones, que con una tasa máxima del 10%, significarían $30.000 millones para la ANSES. Esta cifra no alcanza ni la mitad de lo que hoy rinde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que mediante diversas colocaciones genera unos $75.000 millones al año. Las penalidades del blanqueo, además, servirían por única vez, y no como un flujo de ingresos. A todas luces insuficientes, el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso reconoció que podrían obtener más recursos vendiendo las participaciones que tiene el organismo que dirige en 45 empresas privadas.

He allí el meollo de este segundo asunto: el gobierno pretende deshacerse de las participaciones estatales en empresas privadas, legado de la estatización de las AFJP. Aunque sólo en pocos casos esta participación fue conflictiva, al gobierno le resulta ideológicamente indigerible, y bien podría tratarse a ésta como la primera privatización macrista. Los beneficios de esta venta para ANSES están por verse.

La ley de blanqueo y la venta de acciones serían ingresos por vez única, lo que no permite sostener pagos sistemáticos a jubilados y pensionados. A esto debe sumarse los despidos, que erosionan la base de aportantes, lo que da poca credibilidad al anuncio. Aún más, el proyecto de Primer Empleo enviado al Congreso propone, igual que hiciera Cavallo, reducir los aportes patronales para teóricamente fomentar la contratación en blanco. Esto no ha funcionado en Argentina ni en otros países del mundo: su efecto será menores aportes a ANSES. Todo esto contribuye al desfinanciamiento de la caja jubilatoria, que el gobierno deberá resolver en los años por venir. La toma de deuda o nuevas privatizaciones no deben descartarse.

La ley de blanqueo es un auténtico desfalco, pero también una demostración de habilidad política de Cambiemos y falta de compromiso popular real de la mayor parte de las otras fuerzas políticas en el Congreso –que juegan el juego del gobierno. No debe confundirse su profundo sesgo ideológico liberal con torpeza: esa subestimación facilitó que ganaran la elección de 2015. Analizar el carácter regresivo de la medida no debe hacernos perder nuestra agenda.

La Asociación Judicial Bonaerense cerró ayer su acuerdo salarial con las autoridades de la provincia de Buenos Aires y puso fin a un conflicto gremial que se extendió por más de cien días. “Los ministros de Trabajo y de Economía comprendieron que era necesario un cambio de actitud y poner sobre la mesa más recursos de los que estaban dispuestos a poner”, dijo el secretario general Pablo Abramovich a FM De la Calle. Además, confirmó la participación en la protesta que mañana realizarán las dos CTA “para poner un freno a los despidos”.

“La propuesta finalmente fue aceptada por amplísima mayoría en nuestras asambleas, que son el mecanismo de toma de decisión que tenemos, participaron más de cuatro mil judiciales, hubo un debate muy rico, de mucha cantidad de compañeras y compañeros que supieron valorar que después de tres meses y medio hayamos podido superar ampliamente el techo que el gobierno pretendía para el cierre de estas negociaciones”, declaró.

Los representantes de la gobernadora María Eugenia Vidal no querían superar el 26 o 27 por ciento aunque el resultado final “garantiza para todo el año un mínimo del 32,5 por ciento pero que además tiene una cláusula que en agosto tiene que haber una rediscusión donde se van a poner sobre la mesa cuál es la evolución de las variables económicas en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina que podría generar también que el aumento final sea mayor”.

A partir de ahora se continuará con alguno de los otros temas que exigía debatir el sindicato. “Algunos tienen que ver con el salario y otros con la lógica de la negociación, por ejemplo la sanción de la Ley de Paritarias para judiciales, la discusión de la autarquía para el Poder Judicial y otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y de infraestructura de los edificios”.

Cambio de ministro

Carlos Mahiques presentó ayer su renuncia a la gobernadora Vidal. El argumento oficial indica que “la inminencia del vencimiento el próximo 10 de junio del plazo de la licencia otorgada por el Poder Judicial de la Nación –que integro como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal– me persuaden de la necesidad de retomar la función a la que he dedicado más de cuarenta años de mi vida”. Rápidamente su lugar fue ocupado por el ahora ex titular de la Asesoría General de Gobierno, Gustavo Ferrari.

“Nos sorprendió, no conocíamos la interna que existía dentro del gabinete ni siquiera tenemos al día de hoy claro cuáles son los motivos de la renuncia porque evidentemente no son los que el ministro pone de manifiesto. Muchas veces estos son acuerdos políticos que se hacen de que esas salidas no evidencien los debates internos”, opinó Abramovich y agregó que “independientemente de eso, creemos que más allá del cambio de nombres es necesario que esta gestión, empiece a explicitar cuál es su agenda de trabajo para la justicia, para el Servicio Penitenciario, para la política de seguridad porque hasta ahora no lo han hecho y es una provincia que requiere cambios profundos”.

(Por Julio Gambina) )No hay duda que el gobierno Macri tiene iniciativa política. En el “peor momento” según reconocen, asume una ofensiva en la disputa del consenso social y la vanguardia de la agenda de discusión política en la Argentina.

En primer lugar, ante los límites para ingresar inversiones genuinas y ante el aún elevado costo de los préstamos internacionales, se la juega por capturar una parte de los capitales fugados desde el país.

El total de la fuga de capitales se estima en 400.000 millones de dólares y el propio Macri acaba de declarar en su patrimonio duplicado en un año, que tiene el equivalente de 18 millones de pesos depositados en el exterior.

La excusa recurrente de los “fugadores” es la falta de seguridad jurídica para los inversores, y no se trata de hacer una crítica moral a la salida de capitales, pero si reconocer que la acumulación capitalista nunca tuvo ni tendrá límites fronterizos. La economía capitalista es mundial y la busca de rentabilidad no reconoce límites nacionales.

Los blanqueos siempre son mal vistos y por eso, en esta oportunidad se lo asocia a la cancelación de deuda con jubilados con sentencia en firme, en proceso de juicio o con potencialidad de litigar contra el Estado. Es algo que suena bien en la lógica de “peor momento del macrismo”, ya que mostraría sensibilidad social, algo así como pagar a empobrecidos jubilados con fondos de la acumulación de los ricos y concentrados capitales.

El costo estimado del pago a jubilados es de 75.000 millones de pesos, algo menos de 5.000 millones de dólares. Ese costo se devengará, como mínimo en un par de años, a medida que se vayan presentando los acuerdos de los acreedores (jubilados), según dice a la prensa el titular de Anses. Se considerarán unos 100.000 casos por mes para un universo de 2,5 a 3 millones de jubilados (Entrevista en Clarín, 29/5/16).

Con el blanqueo, el fisco ingresará con una tasa del 10% para el 2016 y 15% para el 2017 unos 3.500 millones de dólares. De ahí se deduce una expectativa de exteriorizar unos 20.000 millones de dólares, algunos de los cuales podrían ser repatriados y engrosar las reservas internacionales. Por ello, hay una expectativa de ingreso de divisas y mejorar la ecuación fiscal con el costo del blanqueo.

Como los recursos no alcanzarán, se acudirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la ANSES.

El blanqueo se difunde difundiendo el acuerdo fiscal con 48 países en el 2017 para informar sobre patrimonios de nacionales en esos países. En el 2018 la cifra superará el centenar de países, incluyendo paraísos fiscales.

Habrá que ver la materialidad de esa amenaza para un capitalismo criminal, donde la evasión y elusión es un instrumento privilegiado de los capitales más concentrados, los hegemónicos, especialmente radicados en EEUU, país que no suscribe ningún acuerdo relativo a denunciar evasiones, fugas y paraísos. No en vano, los empresarios de ese país no aparecen en los “Panamá papers”.

La propuesta remitida al Parlamento incluye la universalización de ingresos previsionales para los mayores de 65 años, en el 80% de la mínima, hoy de $3.967, muy lejos de una canasta reclamada por el movimiento de jubilados y que los trabajadores de ATE INDEC estiman cercana a los $17.000 mensuales.

Más allá de cualquier consideración técnica, el anuncio expresa voluntad política de recuperar protagonismo en la arena política. La gran movilización del 29/4 por el movimiento obrero y la difusión del documento sobre la pobreza y la conflictividad de la Iglesia, sumado a la convocatoria en Mar del Plata a todas las centrales por parte de la pastoral social el sábado 21/5/16, había corrido la iniciativa al movimiento obrero y a la Iglesia, con lo que eso significa en la lucha política argentina.

Macri quiere sumar consenso político y ese es su objetivo en este primer semestre de gobierno. Sabe que no le alcanza con el consenso electoral y ya rechazó alianzas con incomodos socios, sea el PJ o los renovadores, salvo para circunstancias precisas en el Congreso. Cree que cuenta con el aval silencioso de una mayoría que le otorgó el voto, críticos a la gestión kirchnerista del último turno.

Lo que relatamos no es más que episodios de manifestación de la lucha de clases, que requiere lecturas adecuadas para profundizar una línea de acumulación entre las/os trabajadoras/es e intentar resolver la crisis de alternativa política. Esta es la base, a mi entender, de algunos debates en el movimiento popular, y la necesidad de la unidad de acción contra el ajuste que implementan las clases dominantes y el gobierno Macri.

¿El alumno que acaba de salir de su escuela?
¿Una madre que tiene un dolor enorme por la muerte de su hijo? ¿Un apellido al que le robaron parte de su linaje?
¿Una hermana que no puede cumplir el deseo de decirle que será el padrino de su hija/o?
¿Un padre el que no dará más consejos?
¿Un amigo que se quedó sin compañero de salidas?
¿Un sueño que alguna fue soñado y ahora no podrá ser cumplido?
¿Una familia que lucha por la memoria, el recuerdo y la justicia?

¿ Y para qué escribimos?
¿Sirve de algo si la persona que queremos que lo lea no lo leerá?
Escribimos mostrando la necesidad de llegar a un solo destinatario, ocultando lo que realmente necesitamos, que él nos hable.
Necesitamos escuchar su voz, sentir su presencia, verlo, olerlo. No exagero, el aroma de una persona se va cuando esta se muere. Cuando la matan también. En lugar de él nos dieron una ausencia, nada que escuchar, nadie a quien hablar, nada que recordar más que imágenes con telarañas y polvo que desenterramos desde lo más profundo de nuestros recuerdos para tenerlo más presente. Buscamos la forma de hacer que siga con nosotros, sabiendo que le arrebataron la vida y que ya no está.

Muchos nos dicen que tenemos que dejarlo ir, que la vida sigue y hay otros enfoques en los que centrarnos, que si lo dejamos ir va a estar mejor, él y nosotros… Pero, ¿cómo lograrlo si aún no hay justicia? Si la memoria de él, de Juan Cruz Manfredini, no es respetada y sí es pisoteada. Así como los miles de tercerizados que tiene este país. Ni hablar de esta ciudad.

CUANDO UNA PERSONA SE VA, EL VACÍO LLENA TODO HUECO.

Apoyamos la cabeza en la almohada fantaseando que por la mañana nos despertaremos y reiremos, porque todo es un sueño, una pesadilla. Pero, ¿sabes qué?, todo es verdad, es un día a día de lo mismo. Es despertarse y saber que el desayuno por la mañana no tiene sentido porque hoy él está celebrando el día de la madre y treinta minutos después está internado en terapia intensiva, con el 95% del cuerpo quemado. ¿Te cuento lo peor de todo? Pasamos, como familia, seis años de lucha, manifestaciones, marchas, CUMPLEAÑOS SIN SABER QUÉ FESTEJAR; ¿hacemos una torta o le llevamos flores? Por si no te imaginas los festejos de fin de año, es brindar al cielo, creyendo, de alguna manera, que él está allá arriba, brindando con nosotros…

Estamos en los seis años de lucha y hoy comienza el juicio. Hoy empieza la cuenta regresiva. Basta de sumar días, semanas, meses y años para que llegue el día en que vamos a poder dejarlo descansar a él, que fue, es y si no hay justicia, seguirá siendo el más lastimados de todos, porque que te quiten la vida es lo peor que te pueden hacer. No hay nadie que decida quién vive y quién muere.

PD: Si hay un ente que diga quién va a la cárcel, que ejerza la justicia, entonces, ¡QUE LO HAGA!

A partir de las 9:30 am en Estomba 34. Ayúdanos para que se haga justicia.

Manfredini Gino N.
39.483.444

(Por Julio Gambina) Ayer, 27 de mayo de 2016 se realizó en 7 lugares (Chubut, La Pampa, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y en la sede central de la CTA A en Capital) la discusión por el pensamiento crítico, estimulada desde distintas instancias de la conducción de la CTA A y desde hace mucho tiempo. Fue el segundo encuentro federal, luego del realizado el 16/12/2015. Próximo encuentro el 19 de agosto y con la intención de un encuentro presencial el sábado 12 de noviembre.

Los temas abordados, ayer y en diciembre, son parte de la discusión en el movimiento popular actual, desde las características de la etapa económica, política, social, cultural en nuestro país, la región y el mundo, hasta la estrategia de acumulación de poder popular.

En ese contexto, las intervenciones transitaron por distintas miradas sobre las iniciativas políticas y la estrategia de las clases dominantes y de los sectores populares, una clave para entender la lógica contemporánea de la lucha de clases en nuestro tiempo. Una lucha que se procesa en las calles, en las formas de la organización del movimiento de trabajadoras y trabajadores, como en el conjunto del pueblo, pero también en el plano de las ideas. La lucha de clases supone un debate político, ideológico, cultural, teórico. Tiene que ver con el movimiento obrero y los distintos proyectos políticos que disputan la hegemonía del movimiento popular, incluido los procesos electorales.

Se trató de una convocatoria amplia con difusión a toda la Central, y estando satisfecho con la respuesta de grupos organizados que trascienden a la militancia de la CTA A, vale mencionar que algunas/os no pudieron y otras/os no quisieron protagonizar el debate, en un momento donde lo que se requiere es precisamente la discusión, y desde allí, la articulación de síntesis teóricas y políticas superadoras de la fragmentación que acusa el movimiento popular. El desafío intelectual crítico pasa por sistematizar la experiencia crítica de la construcción integral que protagoniza nuestro pueblo.

Lo de discutir política, ideas, opiniones, teoría, concepciones es estratégico y así lo definimos cuando asumimos la dirección del IEF-CTA A en 2010, coherente con la trayectoria previa en los encuentros de nuevo pensamiento y el IEF desde sus inicios. La pluralidad de la CTA estaba contenida en los esfuerzos del IEF desde sus inicios y por eso la amplia convocatoria para renovar la pluralidad necesaria en la CTA. Hay acuerdo que el movimiento popular requiere actualizar su diagnóstico sobre el momento actual del capitalismo y las formas más adecuadas para confrontarlo. No alcanza con viejas recetas, ya que las clases dominantes actualizan las formas de su accionar para la explotación y la dominación.

Por eso, hace pocos días, el 20 de mayo promovimos desde el IEF-CTA A, un debate sobre el “imperialismo hoy”, a 100 años del texto que escribiera Lenin[1], el dirigente comunista ruso, líder de la revolución centenaria (el próximo año) y que hizo realidad la posibilidad de construir una sociedad socialista, por ende anti capitalista.

Qué hoy sepamos que la revolución rusa no pervivió en la experiencia de la Unión Soviética, no elimina el objetivo por el que lucharon los comunistas y el pueblo de Rusia y las repúblicas soviéticas, que con los soviets (consejos populares) ofrecieron una nueva forma de organizar el poder del pueblo contra el régimen del capital. Ese imaginario hizo posible el orden bipolar entre 1945 y 1989/91, e incluso hizo viable cualquier “tercera posición”, con capacidad de articular con uno u otro de los polos de la contradicción entre el capitalismo y el socialismo. De ahí la existencia del “tercer mundo”, una categoría del pasado ante la unicidad y universalidad del régimen del capital que hoy estamos convocados a discutir.

Ese debate es parte de la discusión de la Central, con definiciones que deben ser sustentadas desde la actualización teórica y política, para avanzar en consensos masivos para constituirnos como una Central clasista, anticapitalista y antiimperialista. Ni hablar si lo que propusiéramos es construir una sociedad socialista, por la que algunos bregamos desde hace años y que tanto molesta a compañeras/os formados en el anticomunismo.

Por los debates existentes en la Central, sobre su presente y futuro, algunas/os se perdieron de aportar a tan trascendente debate, e incluso extender la convocatoria para un debate en profundidad y que nos enriquezca a todas/os.

Se trata de discutir el capitalismo de época y las formas de confrontarlo, con qué horizonte civilizatorio, con qué rumbo y desde que tradiciones del movimiento popular.

La pluralidad de esas tradiciones hace a la riqueza de la construcción de la Central. No es un tema de filosofía, sociología o teoría política, sino de tradiciones políticas en el país, que atraviesan la historia de nosotros, militantes desde hace años por y desde el comunismo, el socialismo, el peronismo, el radicalismo, el cristianismo y variadas formas de la experiencia política en la Argentina. Es más, hoy participan de la Central varios proyectos partidarios, y algunos articulan frentes electorales, otros no. No es cuestión de tal o cual partido político, sino de las influencias y enseñanzas desde toda militancia para configurar el pensamiento contemporáneo, para ser efectivo en la lucha de clases a favor de los de abajo. Con Gramsci recordamos que el éxito de una estrategia política se mide por su capacidad de modificar el escenario de la lucha de clases.

Nuestros debates deben procesarse a la luz de esta máxima, en la capacidad que tengamos para entender el presente de la explotación capitalista y transformar la realidad, con pluralismo, sin sectarismo. No niego la importancia de las formas para la discusión, pero lo esencial es dar el debate político y teórico y actuar sobre la base de acciones e iniciativas populares que transformen la realidad. Solo a modo de ejemplo señalo que la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA A de comienzos de abril, no pudo resolver la propuesta presentada al inicio del cónclave, para organizar en unidad de acción la jornada de protesta propuesta por las CGT para el 29/4. Sin embargo, la CTA A impulsó la iniciativa y fue parte de la organización, a contrapelo de otras opiniones que subestimaban la importancia del evento, incluso hasta pocos días previos a su realización y que motivó una convocatoria paralela.

Ya con el balance de la acción realizada, nos animamos a formular que el acontecimiento marcó un cambio sustancial en la lucha de clases en el país, porque no solo estaba presente el accionar y la iniciativa política de las clases dominantes y el gobierno Macri, muy fuerte desde noviembre del 2015, sino que apareció nada menos que el sujeto movimiento obrero organizado con medio millón de manifestantes en varias ciudades de la Argentina. Ni los medios pudieron obviar la valoración de la iniciativa, donde la CTA A no solo intervino sino que contribuyó a definir en unidad de acción algunas de las orientaciones principales del acontecimiento.

Vale el comentario aun cuando las CGTs se bajan ahora del compromiso para construir un paro nacional si ocurría el veto presidencial a la ley anti despido. Vale también comentar, que la intervención de Micheli en el Parlamento, cuando el propósito era discutir el impuesto a las ganancias, incorrectamente aplicado sobre salarios (no es ganancia), desde la sugerencia de la CTA A se propuso poner el centro en la emergencia ocupacional. Desde allí surgieron las iniciativas por una legislación que suspenda transitoriamente la posibilidad de cesantías. No es el programa que sustenta la CTA A, pero es parte de una estrategia de acumulación para hacer realidad los propósitos de última instancia de la CTA A, contra el capitalismo y el imperialismo.

Algunas/os compañeras/os argumentaron que el debate estaba en la calle, afuera del Parlamento, con importantes discursos contra el papel antipopular del parlamento del régimen burgués. Sin embargo, se subestimó la capacidad de la iniciativa política para modificar el escenario de la lucha de clases. El debate de ideas en un tiempo prolongado estuvo en si debían promoverse o no la legislación anti despidos. Un logro para hacer evidente el problema del empleo y el desempleo, la precariedad y un conjunto de problemas que asume la explotación de la fuerza de trabajo en las condiciones de la Argentina actual. Otra vez, sin fuerza propia en el Parlamente pudimos ser efectivos a la hora de intervenir y modificar la situación política en el país. No se trata de balancear que con una sola acción se modifica la correlación de fuerzas, pero la realidad es que hicimos visible la discusión contra los despidos y facilitar la emergencia de una subjetividad diferenciada a los propósitos de las clases dominantes y el gobierno Macri.

Esa visibilidad en el debate sobre el empleo motivó la iniciativa fracasada de Macri para lograr un acuerdo patronal sindical para suspender por 90 días los despidos. Apenas logró que un centenar de jefes de la élite empresaria suscribiera un pacto incumplido al día siguiente, tal como se manifestó con las cesantías de la Fiat, dispuesta por Ratazzi, el fiscal del PRO. Pero también se convocó al Consejo del Salario Mínimo y más allá del acuerdo impúdico entre gobiernos, empresarios y burócratas, la CTA A pudo manifestar su opinión de rechazo y denuncia del ajuste y las reaccionarias políticas del gobierno Macri. Esa opinión sustentada en el Consejo del Salario fue discutida en un Consejo Federal de la CTA A, con secretarios de municipios y provinciales de 20 provincias participantes y dirigentes de organizaciones nacionales adheridas a la Central.

Algunas/os compañeras/os tampoco quisieron dar ese debate esgrimiendo ilegitimidad en la convocatoria. Los estatutos avalan el cónclave del 18/5, convocado para discutir la coyuntura, la política de alianzas y el plan de acción futuro, incluyendo el posicionamiento para el Consejo del Salario convocado para el día siguiente. El debate político se sostuvo con intervenciones de secretarios de la CTA A de municipios, provincias y organizaciones nacionales. Los argumentos fueron diversos, pero unificados en sustentar a la estrategia de acumulación que define el accionar público de la CTA A, un logro de la militancia, más allá de las caras visibles que asumen la responsabilidad de defender mediáticamente el proyecto de la Central.

Algunas/os piensan que el debate se sustenta en las redes sociales, que sirve para extender las opiniones en discusión, pero es la “asamblea”, la “reunión”, el momento de debatir ideas. Ese fue el propósito de un Consejo Federal que se circuló a todas las instancias de la Central. Algunos/as decidieron no participar del Confederal en una reunión a la que solo se invitó a una parcialidad de la conducción, ya que los demás fuimos excluidos de esa convocatoria. Quienes no participaron del Confederal es porque no quisieron, incluso algunos que decidieron no participar, protagonizan otras acciones definidas por los organismos de conducción de la CTA A, tal el caso de las iniciativas de formación y discusión del IEF-CTA A, que se sostiene y difunden a toda la Central, sin preguntar previamente por el grado de consenso en tal o cual posición de algún/a dirigente/a. Agreguemos que el desfinanciamiento definido para la Central afecta el plan de trabajo del IEF, pero no lo impide, y se suple con mayor militancia.

No sirven las descalificaciones personales, ni sectoriales, ni a las trayectorias de compañeras/os que hemos decidido sostener los principios y valores de la CTA A desde el 2010 para sustentar el proyecto originario de hace 25 años.

La CTA es un proyecto inconcluso, imaginado hace 25 años y en construcción. No es una Central de sindicatos, es una Central de trabajadoras y trabajadores, con votación directa y que debemos respetar.

No es una confederación que asume mandatos de sus organizaciones, sino una organización con afiliación y votación directa, de múltiples voluntades para hacer realidad un nuevo modelo sindical de democracia y libertad que dispute con el viejo modelo de la burocracia sindical asociada a las patronales. En ese camino sostennos acuerdos y diferencias.

En ese sentido, integro junto a otras/os compañeras/os una corriente de izquierda que hizo parte de la corriente Germán Abdala, hegemónica en el proceso histórico de construcción de la Central y que más allá de matices asume las decisiones colectivamente asumidas.

Es oportuno recordar que la Corriente de Izquierda en al CTA A surgió a instancia del debate en la CTA del 2006 para incorporar a la Central a la CSI y la CSA. Muchos nos opusimos porque sosteníamos el carácter autónomo de la Central. Pese a perder nuestra posición mantuvimos la pertenencia y la institucionalidad, aceptando la voluntad democrática de la mayoría. Desde esa oposición articulamos posiciones locales y regionales, especialmente en la construcción del Encuentro Sindical Nuestra América, el ESNA, que actúa desde 2008 en unidad de acción con centrales adheridas a la FSM, a la CSA y a quienes no tienen adhesión a ninguna central mundial. Vale mencionar que la CTA A creció en la participación y construcción del ESNA, creciendo su papel en la coordinación continental. Haberse adherido la CTA a la CSA-CSI no impidió que continuáramos en la CTA y su nueva adscripción internacional, que a algunos enorgullece y otras/os seguimos discutiendo, por lo que no aceptamos que se mencione despectivamente la articulación de compañeras/os y de la propia CTA en el ESNA u otros ámbitos de articulación mundial, especialmente la Federación Sindical Mundial, la FSM.

La ofensiva del capital se desató con violencia en las dictaduras militares del cono sur y por más de 40 años, el poder económico mundial incrementa la explotación de la fuerza de trabajo; saquea nuestros bienes comunes y subordina a una lógica consumista a la sociedad para asegurar las ganancias de los monopolios transnacionales de la producción. Nuestro objetivo es frenar esa iniciativa política y si podemos, intervenir en la generación de un nuevo sentido común desde el clasismo, por el anticapitalismo y el antiimperialismo. Se trata de construir un bloque popular desde la centralidad de las/os trabajadoras/es y por eso nuestra apuesta irresuelta por un movimiento político social y cultural de liberación y las mediaciones del intento por construir un movimiento por una constituyente social.

Es un objetivo que nos permite recuperar las luchas de los 60 y 70 del siglo pasado, emblemáticamente expresado en el Cordobazo, aquel 29/5/1969, parte de una gigantesca acumulación de poder popular mundial a fines de los 60 y comienzos de los 70, con los comunistas y el pueblo de Vietnam y la solidaridad de los pueblos del mundo triunfando sobre el imperialismo yanqui entre 1973/75.

Fue esa gigantesca movilización y organización popular mundial lo que motivo el terrorismo de Estado en el Cono Sur, con el Plan Cóndor, que ayer recibió las primeras condenas a parte de los responsables del genocidio transnacional que imaginaron las clases dominantes con el poder de los Estados bajo dictaduras. Esa gigantesca ofensiva del capital tuvo freno en los procesos gestados desde la lucha popular y que incluso fueron gobierno en este comienzo de Siglo XXI en Sudamérica. Un proceso que aún requiere ser discutido para aprender sus lecciones y animarse a ir por más, a no quedarse en el posibilismo de las reformas y ser consecuente con la “revolución”, expresión que tomo de Víctor de Genaro en el cierre de la constituyente social en 2008 en Jujuy.

Estas notas están escritas para la discusión fraterna con compañeras/os que hace años compartimos organizaciones y movilizaciones, para intentar superar divisiones que agiganten la fragmentación popular y podamos hacer realidad la CTA A de masas y efectiva en la disputa y desafíos que nos propone en nuestro tiempo la lucha de clases.

La CONADU Histórica se sumó al resto de las federaciones docentes universitarias y firmó el acta acuerdo salarial con el gobierno tras varias semanas de paros y protestas. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur fue una de las tres entidades de base que se opuso a la oferta, aunque las otras 18 votaron afirmativamente.

“Luego de un intenso debate en el Consejo Directivo de la Federación, la voluntad unánime fue la de rescatar el proceso de lucha, movilización y debate democrático, del cual fuimos indiscutidos protagonistas y vertebradores. Ello no sólo posibilitó avanzar en la defensa de nuestro salario, sino instalar en la opinión pública y en la agenda política, la crisis por la que atraviesa la universidad pública y la necesidad de articular con todos los sectores del sistema educativo”, manifestaron.

La CONADU Histórica sostuvo que aceptó la mejora del 34% a 36% -según la categoría- “sin dejar de plantear sus reivindicaciones históricas de la docencia y del movimiento estudiantil, tales como: aumento presupuestario; derogación de la Ley de Educación Superior menemista; el Boleto Educativo, universal y gratuito; becas y comedores universitarios. Asimismo, demandaron por la efectiva aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo en todo el Sistema Universitario, la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, entre otros aspectos”.

La semana pasada ADUNS analizó la propuesta presentada el jueves 19 por el Ministerio de Educación y la rechazó por insuficiente. Durante la asamblea se propuso convocar a una movilización nacional a Plaza de Mayo para el 15 de junio (98° Aniversario de la Reforma Universitaria) en forma conjunta con las federaciones docentes, no docentes y de estudiantes, enmarcada en la estricta defensa de la educación y la universidad pública y gratuita.

Por su parte, desde la Obra Social de la UNS dijeron que el congelamiento salarias desde noviembre de 2015 generó “no solo una pérdida del valor adquisitivo de los sueldos para los trabajadores, sino también un impacto en los conceptos de salario indirecto, como es el valor de los aportes que ingresan a las obras sociales”.

“Los prestadores reclaman un aumento de aranceles en relación con la creciente inflación que sumado al de medicamentos, prótesis y tarifas provoca un desfasaje entre los ingresos y egresos de la obra social. Por todo ello, este Consejo expresa la necesidad de una urgente recomposición salarial para todos los trabajadores de las UUNN que permita equilibrar las finanzas de las Obras Sociales Universitarias”.

(Sandra Crucianelli – Solo Open Data) La lista de bahienses con empresas creadas en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, no se agotó. Tres nuevos casos surgieron en los últimos días, tras el relevamiento de la base de datos conocida como “Panamá Papers”, que administra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una filtración de archivos que recibió el diario alemán Süddeutsche Zeitung, a principios de 2015. Se trata de millones de correos electrónicos, hojas de cálculo, imágenes y documentos en distintos formatos que manejó el estudio jurídico de Mossack Fonseca, entre 1977 y el año pasado.

Los datos revelan de qué manera las familias más poderosas económicamente han eludido impuestos o evadido, en el peor de los casos, a través de compañías ficticias. El primer caso de esta tercera entrega, es el de Juan Ignacio Elías, hijo del vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Fabián Elías. En los documentos, el citado aparece como uno de los apoderados de la empresa Orkin Managment Corporation,  creada en Panamá en Julio de 2008 con un capital de 10.000 dólares, aunque en la base de datos que se hizo pública las acciones figuran al portador.

Sin embargo, otros documentos, como este, muestran que la empresa les confirió un poder por tres años a Juan Ignacio Elías y a Carlos Daniel Duval. En esa escritura, constan los DNI de ambos, quienes fijaron residencia en un edificio de la calle Plaza Independencia, en Montevideo, Uruguay.  Finalizado el mandato, en junio de 2011, el poder les fue revocado (ver aquí y en este enlace). Además de formar varias sociedades en nuestro país, Juan Ignacio Elías aparece como director de la empresa LimaVictor SA, en la que comparte directorio con Cristiano Santiago Argentino Rattazzi, el actual presidente de FIAT Argentina. Se trata de una compañía que administra vuelos privados.

El segundo caso es el de Oscar Saúl Jaratz, quien junto a su esposa, Laura Ester Schulzinger y el hijo de ambos, Andrés Jaratz, crearon en Lovix Trading Ltd, en septiembre de 2003, bajo la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Oscar Saúl Jaratz, es el hijo de Enrique Jaratz, quien fue durante muchos años dueño del ex Banco del Sud. La empresa funcionó hasta mayo de 2015 en que se le dió de baja. Pero los mismos actores, crearon en Panamá, en marzo de 2015, una empresa de nombre similar, Lovix Trading Inc., la que se encuentra activa. Los documentos muestran que aunque las reuniones de los accionistas se realizaron en Punta del Este, (ver aquí), la dirección postal se fijó en Suiza (ver aquí).

 2 Jaratz

Finalmente, el tercer caso fue un hallazgo a partir de una pista que proporcionada por un colega de FM De la Calle, quien nos solicitó verificar el nombre de Héctor Furlong, que apareció en la base de datos que contiene información liberada.

En este caso, se trata de Héctor Esteban Furlong, nacido en 1968-. Es uno de los hijos del primer matrimonio deHéctor Diego Furlong (fallecido en 2014, ex presidente del Colegio de Abogados local y quien fuera el esposo de la actual senadora provincial por Cambiemos, Nidia Moirano)

Para el caso que nos ocupa, Furlong fijó residencia en calle Cerrito de Montevideo, Uruguay, para crear -en las Islas Vírgenes Británicas- la empresa Archibald International Ltd. Fue en agosto de 2011, junto a su socio Tomás Ortuño. La empresa, oficialmente dedicada a la importación y exportación de alimentos, se encuentra en estado activo.

Furlong es socio con Ortuño de otras sociedades creadas en nuestro país, como Fobtrading SRL, dedicada a la importación y exportación de productos alimenticios.

2 Furlong

Ventana sobre la Utopía, programa que se emite por FM De la Calle, contó con la presencia de Laura de La Fuente, Ingeniera Agrónoma del Departamento de Agronomía de la UNS y Promotora y Asesora de Cambio Rural, para compartir el trabajo que desarrollan en el cinturón hortícola de nuestra ciudad.

Integra Cambio Rural, programa del INTA y del Ministerio de la Agroindustria que junto con los pequeños productorexs de Sauce Chico han conformado el grupo PRO.SAU.CHI, pertenecientes a una agricultura familiar que produce frutas y verduras, desde hace ya dos o tres generaciones. La cuenca hortícola actual nace con las primeras migraciones, se amplía en los años 70´ y se consolida en la década del 80. Hoy el resto de los productorxs del cinturón hortícola de la zona pertenecen a General D. Cerri, Colonia La Merced, Alférez de San Martín, Villarino Viejo, Paraje Los Mirasoles, Aldea Romana, Villa Floresta y Villa Belgrano.

De la Fuente amplió la mirada y el conocimiento sobre el tipo de producción que se realiza desde PRO.SAU.CHI, donde lo “que se hace es en fresco, a cielo abierto y convencional con la mínima utilización de agrotóxicos. Hoy conviven familias de diferentes nacionalidades, del norte de nuestro país, de Bolivia y descendientes de aquellas migraciones. Si consideramos el mercado de frutas y hortalizas abastecedor de la ciudad podemos decir que, en porcentajes, no existimos. Hoy nos manejamos con circuitos cortos, es decir, la venta es de productor a consumidor”.

Al momento de encontrar los fundamentos por los cuales estas experiencias continúan siendo pequeñas en relación a los grandes mercados, Laura comentaba que “por una simple no valorización se pierde la capacidad de favorecer estas producciones locales que nos rodean y que son injerencia del estado municipal. Si tuviéramos esta valorización hoy se podrían replicar otras experiencias; porque la realidad es que hoy tenemos sobredemanda pero lo que falta es el incentivo de más productores. Esto tiene que ver con la capacidad de agencia del Estado, es decir, la capacidad de acción de atender a estas demandas, de tomar decisiones desde la administración a través de políticas publicas que incentiven la agricultura familiar”.

PRO.SAU.CHI se encuentra cada 15 días en La Feria del Lago, espacio de comercialización de economía social y solidaria, donde  lxs productorxs ofrecen frutas y verduras frescas a un precio justo y donde visibilizan un trabajo colectivo que lleva más de diez años de construcción.

Escuchá la entrevista completa:

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Numerosos gremios estatales se manifestarán este jueves en La Plata, frente a la legislatura provincial y la gobernación, para frenar la aprobación de leyes de ajuste estructural y en defensa del salario y el empleo.

Participarán trabajadoras y trabajadores organizados en ATE, SOEME y AEMOPBA, docentes afiliados a SUTEBA, FEB, AMEB, AMET, SADOP, UDOCBA y la FND, profesionales de la Salud enrolados en CICOP y AMRA, judiciales de la AJB, legislativos de APL, policías de SIPOBA, la comisión interna del Banco Provincia, estudiantes de la FULP y cooperativistas de la CCC, entre otros.

Mañana la Cámara de Diputados bonaerense podría convertir en ley el proyecto de emergencia administrativa y tecnológica. La iniciativa pretende declarar el estado de excepción por un año para “agilizar” los procesos de licitación y compra a través de una flexibilización en los mecanismos de control y del establecimiento de plazos más cortos para que los organismos del Estado se expidan sobre este tipo de trámites.

Además, en los artículos 25 y 26, plantea una mayor laxitud en los contratos laborales planteando, por ejemplo, que “la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prorroga, ni creará una relación de dependencia” con el Estado provincial.

Para el secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerenses, Oscar de Isasi, este último punto “significa lisa y llanamente pasar a la semi esclavitud porque se niega los derechos que la OIT, las leyes laborales y demás que se dan aún en los contratos más elementales, y por otra parte te dice que ni pienses pasar a planta permanente alguna vez, expresamente lo dice la ley”.

Por otra parte, De Isasi explicó a FM De la Calle que la ley de emergencia administrativa “es una herramienta para diluir, para minimizar los organismos de control ante las contrataciones del sector privado, esto es para limitar a la Asesoría General de Gobierno, a la Contaduría General de la provincia y a la misma Fiscalía de Estado porque para evaluar si una contratación está bien hecha, si no hay estafa, dolo o esas cuestiones, se le da diez días corridos a los organismos para que puedan expedirse”.

“No está mal si se les dan las herramientas para que lo haga. Lo que sí está mal es que si no se expiden se da como positiva y válida la contratación”, se quejó. El dirigente también criticó que el proyecto pretenda habilitar la contratación de proveedores que no estén inscriptos en el listado oficial que garantiza sus antecedentes para participar en licitaciones públicas.

En Bahía Blanca el acto central de la jornada de protesta será a las diez frente al Hospital Interzonal José Penna. Allí confluirán la Asociación de Profesionales del Hospital, ATE y docentes de SUTEBA que se concentrarán 9:30 en la Escuela 60 de Humboldt y Fournier.

Tras la masiva marcha protagonizada por la comunidad universitaria el jueves pasado, el gobierno nacional realizó una nueva oferta salarial a las federaciones docentes que impulsan un plan de lucha con paros y protestas desde principios de año. Se trata de dos cuotas, la primera del 18 por ciento a cobrar en junio y la segunda de un 15 por ciento para diciembre.

Se suma a ese valor un ajuste de los nomencladores universitarios y preuniversitarios cuyo porcentaje varía entre el 0,9 al 0,3% según la categoría del cargo, quedando excluido del ajuste el cargo de Ayudante de Docencia y el de Ayudante Alumno. “La posibilidad de percibir el primer incremento salarial recién en el mes de junio y mantener los sueldos congelados hasta diciembre rompe con toda posibilidad de recuperar el valor de nuestros haberes y mucho menos de verlos incrementados superando o al menos empatando con la inflación”, afirmaron desde ADUNS.

“Vemos con preocupación que haya sectores que quieran acordar con esta oferta cuando tienen a sus espaldas un movimiento, demostrado el jueves en Buenos Aires pero también durante dos o tres semanas en todas las ciudades del país donde el movimiento estudiantil, docente, no docente, está en alza”, dijo a FM De la Calle el titular de ADUNS Sergio Zaninelli. Concretamente apuntó a la conducción de la ConaduH porque “apurarse a cerrar un acuerdo dentro de dos días con el gobierno implica desconocer y de alguna manera traicionar a ese movimiento”.

El gremio manifestó en un comunicado que “es evidente el impacto negativo de la inflación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Mediciones oficiales y que son fuente de consulta del gobierno, ante la ausencia del INDEC, certifican que la inflación acumulada en los últimos cinco meses ronda el 23% con una proyección anual del orden del 43%. Aceptar la oferta implicaría legitimar en un acta de negociación paritaria un ajuste del poder de compra de nuestros haberes con consecuencias más gravosas que el recorte del 13% que aplicara el gobierno de la Alianza a mediados del año 2001”.

“Acordar con este ofrecimiento es legitimar un brutal ajuste para todos los docentes de las universidades nacionales y por sobre todo es traicionar a un movimiento docente, no docente y estudiantil que está en un claro proceso de crecimiento y movilización en torno a la defensa de la universidad pública”, aseguraron desde ADUNS. Este martes a las 17:30 se realizará una asamblea en el auditorio de 11 de abril 445 para definir la postura que llevarán el miércoles al congreso de ConaduH.

La Comisión de Fondo Educativo decidió destinar cuatro millones de pesos para subsidiar a las empresas del transporte público. Fue con los votos de cuatro representantes del Ejecutivo y el de la concejala Constanza Rivas Godio, quienes advirtieron que de no aprobarse corría riesgo la continuidad del boleto escolar. La edila del FPV, Betiana Gerardi, se opuso y el representante de Infraestructura del Consejo Escolar y el del Inspector Distrital se abstuvieron.

“Cuatro millones que vayan a las empresas de transporte significan cuatro millones que no se van a invertir en las escuelas que tanto lo necesitan. Es como la frazada corta, tapo acá, destapo allá”, aseguró a FM De la Calle el secretario adjunto de Suteba, Enrique Gandolfo. Si bien la gobernadora descartó cumplir la ley de Boleto Escolar Gratuito, en Bahía Blanca el alumnado de primaria y secundaria viaja con un 50% de descuento y estudiantes de terciarios y universidades lo hacen pagando 40% menos.

El docente comentó que “la desinversión en infraestructura ocasiona problemas muy serios. Hoy quizás los emergentes pueden ser la Secundaria 10 de Patagonia que no tiene clases hace diez días porque no se terminó la obra y está paralizada, la 9 está funcionando, en un día como hoy tan frío, sin gas, imaginen las cuatro horas chicos, docentes y auxiliares en ese espacio de la primaria de Tiro Federal. El Nacional tiene un curso que no tiene aula, que deambula por laboratorio, por lugares que están vacíos porque hay dos aulas con serios problemas de derrumbe del cielorraso y debe hacerse una obra en forma urgente. Las deficiencias son permanentes, continuas y graves”.

“El fondo educativo, para bien o para mal, es hoy y desde hace dos años la principal inversión en infraestructura que existe dado que el gobierno de la provincia -esta es plata que viene de Nación al municipio directamente- desde la administración Scioli ha producido un vaciamiento en cuanto a los trabajos de infraestructura y el deterioro de las escuelas es alarmante”, agregó.

El gremio denunció la “maniobra” que permitió el subsidio a las empresas: “Sin aviso previo, Morena Roselló, la subsecretaria de Formación y Promoción Educativa del Municipio dijo que habían invitado a Adrián Sachargorodsky (ex gerente de Sapem) para ‘facilitar algunos datos’. El ex funcionario afirma que para el boleto escolar la Municipalidad había presupuestado 8 millones en el año, pero que en virtud de los aumentos de costos serán necesarios 15 millones. De no ser así podría producirse ‘un paro en el transporte o que las empresas no puedan pagar aguinaldos’. Dicho de otra manera, las empresas trabajan a pérdida, larguen plata o habrá problemas. Todo esto sin mostrar ningún número aunque afirmó que están a disposición”.

“Para implementar el boleto estudiantil se deben buscar recursos que o bien provengan de otras partidas municipales y/o de políticas tributarias que graven la riqueza (la renta financiera, la del juego o la de las grandes corporaciones cerealeras, por ejemplo).También deben transparentarse los libros contables de la empresas”.