Más de veinte organizaciones de mujeres, feministas, gremiales y políticas expresaron su “preocupación en relación a los intentos de cerrar la causa sobre la desaparición de Andrea Esnaola, trabajadora de la educación de Pehuen Co, quien salió de la escuela en horario laboral el 15 de julio de 2015 y nunca más se supo de ella”.

“Pedimos que la fiscala Leila Scavarda sea removida del caso, ya que demuestra su ineficiencia en la búsqueda de respuestas (pasaron 5 años, ya no cabe hablar de probabilidades) y su falta de perspectiva de género para poder llegar a saber que pasó con Andrea”, afirmaron.

La Fiscalía difundió ayer el informe que se publica más abajo. En tanto, la dra. Scavarda agregó a La Nueva Provincia: “No puede haber desaparición con fines criminales porque era una mujer de bajo perfil, no tenía dinero ni podía ser objeto de alguna situación sexual porque sus características físicas no daban para eso. Tampoco el lugar donde vivía ni el trabajo que tenía”.

Las organizaciones repudiaron las expresiones de la fiscala por “prejuiciosas en lo que a desapariciones se refiere, e inaceptablemente sexistas en relación a este caso”.

“Teniendo en cuenta que el lugar donde desapareció Andrea es una comunidad muy pequeña y donde es imposible que nadie sepa o haya visto nada, así también como las pericias hechas en el momento de su desaparición establecieron la improbabilidad del suicidio en el mar ya que de ser así su cuerpo hubiese aparecido no vamos a aceptar que dicha causa pueda quedar en el olvido, mucho menos usando argumentos que responsabilicen a la propia víctima de su desaparición”, sostuvieron.

Por otro lado, advirtieron: “No vamos a permitir que sigan culpando a las mujeres y niñas por las violencias recibidas, femicidios o desapariciones, en ninguna de sus formas, tampoco tratándolas de ‘enfermas’ o con ‘desórdenes’ psíquicos, en este caso desde el informe pericial de profesionales del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, intentando de esta formar deslindar responsabilidades ante la ineficacia judicial para dar respuestas sobre una desaparición”.

Por último, pidieron la intervención de una unidad fiscal especializada en violencia de género y la urgente aplicación de la Ley 27499 “Ley Micaela” con su correspondiente capacitación para todo el personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio Público Fiscal.

Comunicado oficial

⚖ Causa por Averiguarción de Paradero de María Andrea Esnaola

Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N ° 12 a cargo de la Fiscal Leila Scavarda se informa que en el marco de la causa en el transcurso del año 2019, se dispuso que por intermedio de la Secretaria de Cooperación con los Poderes Constitucionales, Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación se proceda a realizar la autopsia psicológica de María Andrea Esnaola y ese informe fue recibido el 26 de Mayo de 2020.

La Autopsia Psicológica tiene como función ayudar a esclarecer los casos de muerte cuya etiología médico legal es dudosa (suicidio, homicidio o accidente), en los cuales ni el médico legista ni el investigador policial-judicial tienen suficientes elementos para decidir.

El procedimiento consiste en un proceso de recolección de datos del sujeto en análisis que permite reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del evento investigado. Se realiza un trabajo interdisciplinario entre médicos, autoridades judiciales, psiquiatras y psicólogos forenses. En el presente caso la autopsia psicológica se efectuó sobre la categoría de “persona desaparecida”, por ello se abocaron a construir el perfil psicológico de María Andrea Esnaola y establecieron su estado mental y condiciones de vida antes de su desaparición.

Se organizó la información obtenida a lo largo del proceso, ello en diferentes categorías. Dicha información consistió en siete cuerpos de expediente y anexos, donde se encuentra la información proveniente de declaraciones de testigos y allegados a la desaparecida, informes de resultados de rastillajes de la zona, pericias realizadas sobre lugares de allanamiento, análisis de material de celulares, etc.

Se consideraron varias hipótesis explicativas de la desaparición:

1️⃣.- DESAPARICION POR SUICIDIO
2️⃣.- DESAPARICION CON FINES CRIMINALES
3️⃣.- DESAPARICION VOLUNTARIA
4️⃣- DESAPARICION CON ACCIDENTE EVENTUAL

Del material analizado en los cuerpos del expediente, se pudo arribar a las siguientes conclusiones:

?️- MARIA ANDREA ESNAOLA, reunía una serie de condiciones de vulnerabilidad psíquica, tanto personales como sociales (trastorno de personalidad, enfermedad psiquiátrica, aislamiento social), por lo cual no contaba con los recursos necesarios para afrontar un conflicto percibido por ella como altamente estresante. En consecuencia la hipótesis de un suicidio impulsivo como fuga o escape es la que reúne mayor cantidad de elementos objetivables (declaraciones e información médica), volviéndose así de mayor probabilidad.

?️- Las restantes hipótesis carecen de elementos de peso al presente, es decir, con la información recabada por la investigación de las autoridades competentes.

No surgen datos positivos de las distintas pesquisas llevadas a cabo por el personal a cargo de la investigación que sustenten la hipótesis de una desaparición con fines criminales, como así tampoco se pudo localizar a la víctima o sus restos.

La investigación en torno a amigos y conocidos del matrimonio, de personas sospechosas de cometer un crimen contra la desparecida no condujo a resultados útiles a la causa. Tampoco dieron fruto los allanamientos realizados en distintos inmuebles ni se obtuvo información útil del registro de llamadas de su teléfono. Arrojaron resultado negativo los los rastrillajes efectuados en varios lugares.

Se hicieron recomendaciones de distintas diligencias a realizar para poder arribar a conclusiones más ajustadas, las que serán realizadas a la mayor brevedad posible en la medida de los recursos humanos y tecnológicos con los que contamos.

Foto: Canal Siete.

Ezequiel Moscoso emprendió una caminata desde Monte Hermoso hasta Capital Federal para hacerle llegar al presidente el reclamo de justicia por el femicidio impune de su sobrina Katherine.

Hoy se reunirá en La Plata con la conducción del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Esto ha tomado mucha repercusión, ha hecho ruido. En cierta manera hemos logrado el cometido, si bien en cierta medida era entrevistarnos con el presidente tuvimos que apurarnos porque tomaron nuevas medidas, el miércoles vuelven a fase 1”, comentó a FM De la Calle.

Agregó: “Venimos con un mensaje y un pedido claro, lo que esperamos es comprometer a esta gente con la que nos vamos a entrevistar, tenemos muy presente que hemos hecho avanzar mucho el caso por parte de la querella. Hemos aportado pruebas, hace tres meses que denunciamos a 22 personas, al ex intendente Marcos Fernández, dos patovicas, el ex secretario de Seguridad, bomberos, a todos los fiscales de Bahía Blanca excepto a (Chirstian) Long. De hecho, ahora la causa está radicada en Azul”.

Moscoso mencionó que desde que presentaron las pruebas ante la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul -hace tres meses- no tuvieron respuesta.

Respecto a la caminata hacia la Capital, afirmó que “cuando salimos de Monte hasta Dorrego nos sentimos amenazados, hemos tenido miedo por nuestras vidas, nos habían llegado mensajes de que nos iban a levantar en la ruta, que estábamos regalados. Levantamos campamento en Dorrego y fuimos hasta Tres Arroyos y después llegamos hasta Azul. Producto de que se acercaba la fase 1 (en el AMBA) tuvimos que llegar con auto”.

Respecto de los dichos del indentende de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, advirtiendo que les dejaría volver mientras dure el aislamiento, Moscoso señaló: “Yo no he tenido trato con el intendente pero hemos gestionado que vamos a hacer la cuarentena en Monte con el protocolo que se debe”.

A 51 años de la revuelta de Stonewall Inn y con motivo de la Marcha virtual contra los Travesticidios, la economista feminista María Julia Eliosoff analizó las condiciones de vida del colectivo trans y travesti en su columna de FM De la Calle.

“La lucha por la identidad y pensar al orgullo como respuesta política tiene consecuencias muy concretas en las cuestiones materiales. Hay que entender que las condiciones de vida de las personas LGBTIQ implican violencia, no estamos pensando solamente en un golpe sino en la violencia en sentido amplio, la violencia económica”, afirmó.

Eliosoff agregó que “ayer, cuando se dieron los datos de salud, estaba la secretaria de Políticas por la Diversidad Alba Rueda y habló de un transfemicidio social”.

“El promedio de vida de las personas trans es de entre 35 y 40 años, son personas que no tienen los mismos derechos. Su vida están fuertemente vulneradas, son ciudadanías de segunda o tercera. El aislamiento las expone a situaciones de mucha mayor vulnerabilidad. Las estadísticas que tenemos a nivel nacional son siempre binarias, siempre hay datos de mujeres y varones, es muy difícil conocer oficialmente lo que pasa porque ni siquiera hay datos”.

Eliosoff explicó que “la información con la que en general contamos proviene de investigaciones de organizaciones y de una prueba piloto del INDEC que se hizo en 2012 en La Matanza. Los datos arrojan que más del 60% expresa su identidad de género entre los 13 y 17 años y hay muchos investigadores que identifican que allí comienza el proceso de desciudadanización”.

“Empiezan a atravesar un proceso de exclusión, quedan fuera del colegio, de vínculos familiares. El 80% tiene el secundario incompleto, no tienen cobertura de salud y están bajo tratamientos hormonales. Solo el 14% tiene controles médicos de esos tratamientos”, comentó la economista.

Otro determinante tiene que ver con el acceso a una fuente de ingreso: “El 77% dice no recibir ninguna ayuda del Estado, sin embargo, el 81% manifiesta que hace actividades con las cuales obtiene un dinero aunque 7 de cada 10 personas trans nunca tuvo una entrevista laboral”.

“Más del 80% en ambos informes habla de que están o estuvieron en situación de prostitución o trabajo sexual. Sin embargo, el 72% de ese total manifiesta buscar otra fuente de ingreso”.

Respecto a las condiciones de vivienda, “más del 55% vive en viviendas que se caracterizan como deficitarias, no cuentan con acceso a condiciones habitacionales y solo el 7% pudo acceder a un contrato de alquiler”.

¿Qué respuestas da el Estado?

“Gracias a la organización de los movimientos feministas y personas travestis trans existe hoy un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el cual tenemos una subsecretaría para pensar estas problemáticas. Existen proyectos vinculados a la Ley de Cupo Trans que hablan al menos de 1% de personas trans en lugares de trabajo estatal. Otra respuesta es el POTENCIAR Trabajo, 4100 personas trans accedieron a este programa. Por otro lado, están las miles de respuestas que dan las organizaciones, cooperativas de trabajo, etcétera”, comentó.

En cuanto al proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans que discute la Cámara de Diputados, mencionó que “los proyectos son a nivel nacional en los tres poderes. En la provincia de Buenos Aires está aprobado desde 2015 pero nunca se reglamentó. Lo mismo en Bahía, en septiembre del año pasado se aprobó la ordenanza pero no hay información de cuánto ha avanzado el cupo, si han ingresado compañeres”.

¿Qué falta?

Si bien ha habido avances en materia de política pública aún resta mucho. Algunas reivindicaciones de las organizaciones son:

*Producción nacional y del Estado de hormonas y prótesis para garantizar la continuidad en los tratamientos y no depender de importaciones o laboratorios privados.

*Garantizar provisión en todos los Centros de salud.

*Formación y capacitación para profesionales de salud y frenar la violencia en la atención a personas TTT en los Centros de Salud.

*Extender redes de cuidado a personas TTT.

*Garantizar acceso (hay faltantes) a medicación para atención del HIV.

*Actualización de la Educación Sexual Integral (más contenidos no binario).

*Que se reconozcan en el RENAPER identidades no binarias, travas y travestis.

Se cumplieron 51 años de la revuelta de Stonewall Inn, en Nueva York, inicio de la lucha histórica del movimiento LGTBIQ+.

En Argentina, hace cinco años que el 28 de junio se organiza la Marcha contra los Travesticidios.

Debido al aislamiento, ayer se realizó una movilización virtual en el aniversario de los disturbios newyorkinos para reivindicar los logros del movimiento de travas y trans en los últimos años.

La lucha colectiva nunca deja de reclamar el derecho a una vida que merezca ser vivida.

“El tiempo de la revolución es ahora porque a la cárcel y al closet no volvemos nunca más”.

Lohana Berkins.

Producción: Giuliana Crucianelli

Edición: Astor Vitali

La Comisión de Mujer y Diversidad de la Cámara de Diputados abrió el debate sobre los proyectos que proponen establecer un cupo de acceso laboral al Estado Nacional para los colectivos trans y travestis.

Son once propuestas de diversas extracciones políticas, las cuales pretenden destinar entre el 1 y 1,5% de los cargos estatales a personas del colectivo. También hay otros que apuntan a reservar un espectro de los puestos laborales en el ámbito privado.

Mónica Macha, diputada del Frente de Todos y autora de uno de los proyectos dijo a FM De la Calle que “hubo una primera reunión informativa, vamos a tener dos más: una con referentes de instituciones estatales de distintas provincias y una última con varones trans, porque la agenda tiene puntos en común pero no es necesariamente la misma”.

“Lo que prima en todos los proyectos es la búsqueda del ingreso al trabajo formal para el colectivo trans y travesti que es uno de los grupos más vulnerados de la sociedad, muchas han sido expulsadas de sus propias casas, buscamos poder generar un ingreso a un trabajo formal en distintas dependencias que el Estado nacional”, comentó.

Uno de los proyectos se refiere al empleo en el ámbito privado: “Es una discusión que me parece importante traerla como un tema de debate. Vamos por esto seguro y después vamos ampliando. Si ponemos todo en un proyecto es mucho más difícil de implementar también, es como abrir todos los frentes al mismo tiempo”.

Macha agregó que “la posibilidad del cupo en el Estado depende de una decisión del gobierno, tenemos un camino mucho más allanado y, a la hora de pensar la incorporación, también es importante imaginar que hay que consolidar compañeros que vayan siendo de algún modo quienes van acompañando ese proceso de inclusión. Vía la normativa podemos ir contra un obstáculo organizacional, podemos generar una apertura en ese sentido pero los lazos sociales se van construyendo”.

“Ahora va a entrar gente al Estado que no se lo merece o que no está capacitada”

En relación a este prejuicio, la diputada mencionó que “cuando hablamos de desigualdades, la idea del merecimiento y la capacitación la tomo como un discurso patriarcal, como el querer evitar un acto de justicia. Merecer, todos merecemos trabajar. Es un derecho y tiene que ser una posibilidad para todas las personas. Estamos hablando de un colectivo que entre el 80% y el 90% de las personas trans travestis se han dedicado como método de supervivencia a la prostitución”.

“¿Cuál fue el momento que tuvieron para capacitarse si fueron excluidas de la casa, de la escuela? Se habla de capacidad, una persona que ha tenido que sobrevivir a un mundo tan hostil vaya si no tiene capacidades para trabajar. Son motivaciones patriarcales para no perder privilegios”.

“¿Todos los varones que ingresan al Poder Legislativo lo hacen por su capacidad?” , se preguntó.

Varones trans, un colectivo del que poco se habla

“La discriminación y la exclusión son dos líneas similares que se dan en todos los casos. Primero que es una población con la que no se ha trabajado mucho, cuando hablo con ellos no han tenido el nivel de acercamiento que han logrado las compañeras. Es una necesidad poder empezar a tener espacios donde puedan ser escuchados”, comentó Macha.

Los principales obstáculos son “cuestiones vinculadas a la salud, los varones trans tienen especiales complicaciones para poder ser atendidos con respeto, que su identidad sea tenida en cuenta, donde no se les digan cosas hirientes. Esto lo que hace es alejarlos del sistema de salud e implica que cuando una persona se siente mal no tome al sistema de salud como un lugar a donde ir. También tienen dificultad en el acceso a las hormonas, a actividades deportivas, a querer cursar un embarazo”.

Proceso legislativo

En la actualidad el Congreso sesiona virtualmente para atender urgencias vinculadas a la pandemia.

“Sobre otros temas estamos haciendo estas reuniones informativas que nos permiten ir trabajando y ajustando los proyectos, buscar modificaciones, agregando cosas. Calculo que en pocas semanas iremos transitando otro camino”, dijo Macha.

Luego de las reuniones informativas, resta que les asesores se reúnan y consensúen un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras..

El Consejo Superior Universitario aprobó “aceptar como válidas las expresiones que supongan usos inclusivos y no sexistas de la lengua en las producciones escritas y orales realizadas por integrantes de los distintos estamentos de la Universidad Nacional de Sur, tanto en las producciones académicas como en la comunicación institucional, administrativa y de gestión”.

“Nos parece un paso muy importante para la construcción de una sociedad más igualitaria y de una educación con más oportunidades y más diversa”, señaló a FM De la Calle Saira Millaqueo, desde el Observatorio de Géneros y Diversidad Sexual.

Agregó que “busca visibilizar la multiplicidad de diversidades que habitan la comunidad universitaria, a partir de ahí promueve y acepta el uso de lenguaje inclusivo. No busca imponer que se hable de determinadas formas sino que se promueve que se empiecen a correr esas costumbres de relacionarnos de forma genéricamente masculina y androcentrista y se generen lenguajes en los que las diversidades se vean reflejadas”.

La medida también promueve el uso de estructuras de reemplazo que no contemplen connotación de género y dispone que “en el marco de la Ley 26743 de Identidad de Género, se deberá evitar en los formularios de uso interno la consulta por el sexo de la persona, aun cuando no se limite a las opciones binarias de respuesta: “Femenino” y “Masculino”.

En caso de ser necesaria la consulta por tratarse de una variable que se requiere indagar, se debe preguntar por el género autopercibido. Cuando por necesidades externas a la UNS sea requerida esta información, se aceptará como válido lo indicado en el DNI de la persona”.

Esta resolución encuentra su fundamento en “la necesidad de prevenir y erradicar las violencias que se expresan en las formas de comunicación y nominación que supone el uso del genérico masculino, y de promover lenguajes inclusivos, esto es, usos de la lengua que no sean sexistas, androcéntricos y binarios, que permitan reconocer y nombrar la existencia de una diversidad de identidades y subjetividades”. También se citan allí como ejemplos numeras universidades y unidades académicas del país que ya han adoptado esta media, como las de Río Negro, Cuyo, la UBA, de Rosario y otras, e incluso la del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la UNS. 

Además, se reconocer en la resolución aprobada “que existe material de referencia generalmente aceptado y de acceso gratuito, como es el caso del Manual Pedagógico sobre el Uso del Lenguaje Inclusivo y No Sexista de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del (RAADH) del MERCOSUR” y que si bien “el intento de utilizar lenguaje no sexista, puede conllevar algunas dificultades en la búsqueda de expresiones que no resulten repetitivas o tal vez disruptivas en la expresión oral (…) las mismas son necesarias para visibilizar, desde el punto de vista político e ideológico, a la totalidad del grupo al que se hace referencia”.

Fuente: Prensa UNS y FM De la Calle.

Durante la pandemia todo ha cambiado, muchas actividades y rubros se han paralizado o modificado. Sin embargo, lo que no cesa son los femicidios ni la violencia machista.

Hoy, 3 de junio, el Ni Una Menos no encontrará al movimiento feminista en las calles pero sí estarán presentes las consignas por un mundo más igualitario que dieron origen a la fecha. En el aire de FM De la Calle recordamos el reclamo de quiénes todavía claman por justicia para sus hijas, amigas, hermanas, madres. O por ellas mismas.

Edición: Astor Vitali

Guión y producción: Giuliana Crucianelli.

Si sos víctima de violencia podes comunciarte con:

Línea 144 [email protected]
?App gratuita para celulares
?Línea solo de WhatsApp (+54) 112771 6463/ 11 2775 9047/ 11 9075 90 48

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumple quince años de lucha ininterrumpida por el acceso a la salud sexual y reproductiva.

La abogada e integrante de la Campaña en Bahía Blanca, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que “muchas de quienes militamos el pedido de legalización del aborto, el primer paso que tuvimos fue este cambio de paradigma de que el aborto era una cuestión íntima a entenderlo como una cuestión pública. La democracia no es plena si hay niñas obligadas a ser madres o mujeres obligadas a llevar adelante un embarazo no deseado”.

“Tengo 46 años y en mi adolescencia no era un tema que se hablaba públicamente. La democracia como manera de organizarnos socialmente debe respetar la libertad de autonomía de los cuerpos de las mujeres, no solo eso no había sido escuchado sino que era relacionando directamente a la muerte”, agregó.

El Código Penal establece causales por las cuales el aborto está permitido desde 1921. “Creemos que es una cuestión de salud pública pero necesitamos un marco legal para poder decidir si esta el recurso en un hospital o donde la mujer decida”.

En 2018 el proyecto de ley de la Campaña obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue desaprobado por el Senado. “Eso permitió ver que era una ley que se hizo desde la discusión, escuchando diferentes perspectivas: la médica, la social, la cultural y creo que eso es lo que deberemos seguir defendiendo, que se siga tratando legislativamente el proyecto”.

“En el medio de todo esto, como norte en la aprobación de la ley, se han ido sorteando deferentes situaciones: los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo, los fallos de la Corte Suprema, se han ido dando pasos en caminos de dar el marco legal, social y cultural. Se fue avanzando en otras cuestiones con la importancia de mantener viva de la lucha”.

Respecto al reciente caso de una niña a la cual le negaron una interrupción del embarazo en Santiago del Estero, Petersen afirmó que “el primer punto es la adhesión de las provincias a los protocolos de ILE. Después generar presupuestos y partidas para que esto se pueda cumplir. La capacitación de profesionales que intervienen en estos casos es fundamental, seguimos abordando estas situaciones como en otro tiempos, donde hay arraigada una cuestión feudal y patriarcal, de clase y género”.

Se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso.

Días atrás informamos sobre la impunidad que reina en la causa y la denuncia de la familia contra 21 personas por la «probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías».

Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios. El trámite corre por cuenta de la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul.

Compartimos en esta nota el apoyo al pedido de justicia de decenas de organizaciones acompañadas por Nora Cortiñas y Dora Barrancos, la expresión de un centenar de mujeres convocadas por Acciones Feministas y la canción que Silvia Palumbo dedicado a Kathy como “un homenaje a todas las víctimas de femicidios del poder, muchas de las cuales aún no tienen justicia”.

Femicidio del Poder

Como espacios y organizaciones preocupadas por el estado de la causa de Katherine Moscoso, exigimos que el poder judicial de la provincia de Buenos Aires, resuelva con suma urgencia en las denuncias presentadas por la familia de Katherine Moscoso en torno a la impunidad que ha impedido esclarecer el aberrante femicidio de Kathy.

La familia ha denunciado dicha impunidad que reina en el caso a 5 años de que apareciera enterrada en un Médano después de que se la vió por última vez en un boliche bailable de la localidad y después de una semana de búsqueda.

Un entramado de complicidades que involucra al poder político de Monte Hermoso, al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, envuelve a este caso que ha gozado de un absoluto encubrimiento de quienes deberían investigar.

Incluso la amenaza e intimidación a testigos también es parte de este escandaloso caso en el que la única imputada que tuvo la causa es una jovencita con retraso madurativo amiga de Katherine.

En estos días 21 denuncias realizó la familia a través de su abogado Leandro Aparicio, solicitando asimismo detenciones; entendemos que es necesario que estas presentaciones tengan una respuesta a la mayor brevedad.

En Bahía Blanca reina una absoluta impunidad en casos de femicidios, siendo este escandaloso.

¡JUSTICIA POR KATHERINE!

Acompañan:

Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora)

Dora Barrancos (Investigadora CONICET, militante feminista, CABA)

ADHIEREN:

SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)

CTA Bahía Blanca

Secretaría de Mujeres y Géneros CTA Bahía Blanca

Acciones Feministas (Bahía Blanca, BsAs)

Mala Junta Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Mujeres Autoconvocadas Punta Alta (Pta. Alta, BsAs)

Organizacion Feminista Guapabanda (Gral. Pico, La Pampa)

DesBandadas (Bahía Blanca, BsAs)

Ni una Menos (Luis Beltrán, Rio Negro)

Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (La Pampa)

Proyecto La Banda Lavanda

Mujeres Empoderadas Lincoln (Lincoln, BsAs)

Colectiva Feminista Abolicionista “Todas somos Andrea” (Santa Rosa, La Pampa)

Bahía Contra La Trata (B. Blanca, BsAs)

Mujeres por la Solidaridad (Santa Rosa, La Pampa)

ADUNS (B.Blanca, BsAs)

SUTEBA Bahia Blanca

Brujas Tamboras del Sur (Puerto Madryn, Chubut)

Les ATs PampaS Agrupación de Acompañantes Terapéuticos (Santa Rosa, La Pampa)

Corriente Clasista René Salamanca (B.Blanca, BsAs)

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Bahía Blanca (B. Blanca, BsAs)

Comunismo Revolucionario. Partido Marxista Leninista Maoísta (B.Blanca, BsAs)

Juntas y a la Izquierda MST (B.Blanca, BsAs)

Corriente Nacional Lohana Berkins, Partido Comunista (B.Blanca, BsAs)

Federación Juvenil Comunista (B-Blanca, BsAs)

Cardumen (B.Blanca, BsAs)

Artistas por la No Violencia (Bahía Blanca, BsAs)

Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes. Colegio de Trabajadorxs Sociales. Distrito Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Bahía Rosa – Socorristas en Red, feministas que abortamos (Bahía Blanca, BsAs)

Cátedra Pedagogía II. Educación y DDHH. Proyecto de Investigación en Pedagogías Críticas y DDHH (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca)

Watu Corriente Comunista (B.Blanca, BsAs)

Frente Feminista Nacional y Popular

Red de Comunicadoras Bahía Blanca

Pan y Rosas – PTS en el FIT Unidad (B. Blanca, BsAs)

Feministas Humanistas Bahía Blanca

Estudiantes Autoconvocades Cs. de la Educación UNS (B.Blanca, BsAs)

Agrupacion Mujeres de Bahia Blanca, CEPA- Corriente estudiantil popular anti imperialista- UniTe humanidades

Pdt – tendencia del Partido Obrero BBca.

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca) En un contexto de aislamiento a raíz del COVID-19, en el que el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunció que aumentaron más de un 30 % los llamados a la línea 144 producto de mujeres que conviven con sus agresores, en Bahía Blanca hubo un femicidio y un intento de femicidio durante la cuarentena.

Susana Melo fue asesinada por su pareja Gregorio Raúl Costa, denunciado por la familia de la víctima en varias oportunidades. Días atrás, Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su novia, quién se encuentra gravemente herida.

En momentos donde los medios de comunicación son una actividad esencial, se vuelve fundamental contar las violencias a las que nos vemos sometidas y que recrudecen ante el aislamiento. Sin embargo, no podemos ni debemos reproducir información de cualquier manera.

Somos muchxs colegas que en esta ciudad nos cuestionamos y repensamos la tarea de comunicar. Hacer del sensacionalismo y la exposición truculenta de hechos violentos y personas violentadas, la línea editorial de un medio o de un relato, es una elección. No es la nuestra.

Desde la Red de Comunicadoras Bahía Blanca apostamos a capacitarnos y por eso mismo también revisamos día a día nuestras prácticas, las observamos, nos observamos y nos enriquecemos con el aporte de colegas y audiencias.

Es por eso que entendemos que cuestionarnos y debatir nos hace mejores profesionales, más responsables y respetuosxs de los derechos de las personas.

La ley 26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en el año 2009, en su art. 5 establece los tipos de violencia contra la mujer entre los que se encuentra la Violencia Simbólica que es aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

La misma Ley hace referencia a las modalidades, es decir a las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos y se nombra a la Violencia Mediática que comprende “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, (…)”.

Como comunicadorxs y responsables de medios de comunicación debemos prestar especial atención a cómo difundimos y producimos el relato, sabemos que NO debemos develar la identidad de las víctimas, no hay que exponer sus datos como nombre y domicilio, tampoco hay que publicar imágenes ni realizar preguntas estigmatizantes para no volver revictimizante el abordaje.

En el caso que la mujer que está en situación de violencia decida difundir su historia en medios de comunicación, es parte de nuestra tarea profesional informarla y prevenirla sobre las implicancias de mediatizar su situación.

En el ejercicio de nuestra profesión, debemos observar si la persona está en plena autonomía, si está contenida y protegida, para resguardarla de las amenazas que se reiteran en estos casos.

Al mismo tiempo, creemos que darle micrófono a quienes violentan no es pluralidad de voces. No hay dos campanas en los casos de violencia machista. Lxs comunicadorxs tenemos que evitar caer en estas prácticas.

Instamos a las empresas periodísticas locales, en especial a quienes tienen decisión sobre contenidos y a sus trabajadorxs a generar el desarrollo de coberturas respetuosas que visibilicen y concienticen a la comunidad sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres.

Es necesario que en los medios de comunicación locales se promueva el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género.

Sabemos también, que es transcendental que se brinden capacitaciones en estas temáticas.

A raíz del auge de la serie “Poco Ortodoxa” y el documental “One of us”, acerca de la vida de judíos ortodoxos, FM De la Calle dialogó con Karina Finkielsztein -educadora y primera rabina en casar un matrimonio igualitario- acerca de su visión del mundo judío desde una mirada feminista.

Las series están situadas dentro de grupos jasídidcos y “no cualquiera sino dentro de los más cerrados. Una de las definiciones dentro de los jasídicos es que las familias siguen a ciertos rabinos y si vos no cumplís con las reglas de ese rabino quedás afuera. Los fundamentalismos los conocemos dentro de todas las perspectivas”, afirmó.

De familia judía de centro izquierda, nieta de inmigrantes de una Rusia Socialista con fuerte actividad comunitaria, Finkielsztein señaló que “la comunidad es el gran legado. Entendí que también las tradiciones espirituales dentro del judaísmo buscan crear un contado más humano”.

“No comprendo el judaísmo como una religión, porque así lo acotás a prácticas que ligan a lo sagrado. Me gusta definirlo como una pizza donde cada porción es una cosa. Una porción es la religiosidad, otra son valores e ideas, tradiciones y costumbres, festividades, historia, una tierra en común, un lenguaje y cada judío se va situando en esas porción según su legado familiar”, comentó.

Para Finkielsztein una de las tareas más importantes como feminista y judía es la producción cultural: “Muchos libros fueron escritos por hombres, por lo tanto, el lugar de la mujer está desdibujado. Poder rescatar las voces de las mujeres ocultas me parece un lugar de liberación, generar cultura de ley escrita por mujeres es muy importante”.

En cuanto al abordaje de las identidades disidentes afirmó que “es un proceso que se está construyendo ahora. Cuando empecé a trabajar con JAG -Judíos Argentinos Gays- el movimiento buscaba comunidades solo para ellos y lo que les decía es que tenemos que trabajar con comunidades integradas, que integren a los judíos en todas sus identidades”.

“Hay comunidades que están más abiertas a eso. En la que trabajé yo realicé el primer matrimonio igualitario judío, tiene que ver con el contexto mundial. Hay que decir que por más que el mundo judío sea más observante, en general, su cabeza es más de derecha que su práctica”, finalizó.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró hasta ayer 97 casos de femicidio, de los cuales 10 corresponden a femicidios vinculados, 2 personas trans y 2 suicidios feminicidas.

De la investigación surge que las provincias que registraron mayor cantidad de casos son Buenos Aires con 35 (incluye 2 en CABA), en Santa Fé 12, Tucumán 7, Córdoba y Santa Cruz 6 casos respectivamente, Misiones 5 y Jujuy 4 casos.

También se puede asegurar que el 38,4% de los asesinatos fueron cometidos por parejas/esposos, el 25,3% por ex parejas, el 11,1% por desconocidos y el 31,3% incluye a padres, padrastros, tíos, hijos y nietos. En tanto que el lugar de mayor peligrosidad para la víctima es su domicilio o el domicilio compartido con el victimario.

El registro y sistematización de datos incorporado por este observatorio fue realizado a partir de un seguimiento exhaustivo de información periodística, tanto de medios nacionales como de medios locales y es por eso que se destaca la labor periodística, ya que ha hecho posible que, en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, se hayan podido visibilizar estos hechos de violencia extrema hacia las mujeres.

En base a la medición elaborada por el observatorio, durante los últimos cuatro años se reflejó un número similar de casos entre los meses de enero a abril, con un resultado de 110 casos en el año 2017, 95 casos en 2018, 94 casos en 2019 y 97 en el 2020, teniendo en cuenta que aún hay casos del período actual que se encuentran en investigación.

Si bien la cantidad de femicidios se mantuvo a lo largo de estos años, se pudo observar un destacado incremento en la cantidad de denuncias efectuadas por mujeres en riesgo de violencia desde el período que comenzó el aislamiento preventivo, y también gran cantidad de denuncias de familiares y allegados de las víctimas que reclaman por falta de perspectiva de género en el tratamiento de los casos.

Respecto a lo anterior, resulta necesario que los responsables de intervenir ante estos hechos accedan a la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, permitiendo un buen abordaje y mejor manejo de sus funciones, el cumplimiento de la Ley Micaela debe ser efectivo para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Así también de necesaria y urgente debe ser la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional. El cumplimiento de estas leyes permitirá encarar desde los distintos niveles etarios una problemática basada en una situación de desigualdad que históricamente ha priorizado al hombre en desmedro de la vida de la mujer.

A la luz de las denuncias efectuadas ante diferentes medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, rechaza las recientes medidas adoptadas por Jueces que ponen en riesgo a las mujeres que han sido víctimas de violencia y pide a los mismos a rever cualquier decisión que las afecte directamente y que se extremen las medidas de control frente a cualquier tipo de amenazas a las que pudieran estar expuestas.

“Está claro y acreditado que hubo un apriete a personas para que no investiguen, para que se callen, hay 19 personas amenazadas. Hay un desvío para no llegar a las fiestas que hacían los personajes del poder, con patovicas de Arenas y otros boliches con chicas de extrema vulnerabilidad”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia de Katherine Moscoso, Leandro Aparicio.

Días atrás la familia de Kathy presentó un escrito de 325 páginas en el cual denunciaron a 21 personas por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”.

La denuncia será tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul. Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios.

“Planteamos en la denuncia quiénes son los autores del encubrimiento porque una vez que aparece el cuerpo se organizó todo para matarlo a Canini, o dejarlo matar, y permitir el incendio de los edificios y de una casa particular donde estaban las filmaciones que comprometían a quienes podían a haber matado a Kathy”, mencionó Aparicio.

Agregó que “antes de que aparezca el cuerpo de Canini todos los inspectores del centro de monitoreo fueron amenazados. El fiscal Del Cero, mal y tarde y dándole ventajas a las personas, hace allanamientos a fines del 2017 y habla de asociación ilícta, habla de policías. Hace eso para cumplir y después se va. Viego aparece desde un plato volador y me dice que cuando yo hablo de asociación ilícita soy un irresponsable”.

La investigación señala que Katherine Moscoso ingresó al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso y con los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell, y David “Kun Kun” Tello. Y luego se dirigieron a la casa de Sergio “el Pelado” Sánchez en el barrio El Sauce”.

“Todos mienten, hay varias páginas donde se prueba que mienten. No es el único femicidio el de Katherine, no es la única chica violada en Monte, hay chicas desaparecidas que se quieren tapar. No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas”, finalizó el abogado.

Me llamo Ezequiel Moscoso y soy tío de Katherine Moscoso, quien fuera asesinada, enterrada viva cuatro o cinco días antes de su aparición ocurrida el 23 de mayo de 2015 en Monte Hermoso.

Como ya lo hemos dicho, después de solicitarlo desde mayo de 2016 al fiscal, el 21 de mayo de 2018 solicitamos el legajo reservado a la sra. jueza de Garantías junto con un análisis del expediente hasta allí, denunciando también distintas irregularidades sin todavía tener conocimiento de las irregularidades que obraban en el legajo reservado.

Después de solicitarlo al procurador de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2019 volvimos a pedir vista del legajo reservado. Recién en el mes de julio de 2019 tuvimos acceso al legajo reservado.

El 2 de octubre de 2019 denunciamos las amenazas a 18 testigos y solicitamos declaración testimonial de 29 testigos.

El 8 de abril de 2020, junto con mi mamá Marta Angeliza Mesa y nuestro abogado, denunciamos penalmente, en un escrito de 325 páginas presentadas en soporte virtual ante el procurador general, a 21 personas. Entre ellos fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. Fue por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías.

Al día siguiente, 9 de abril, ampliamos la denuncia solicitando la detención de dos comisarios por nuevas pruebas recibidas.

El 21 de abril pedimos la detención de una persona, aportando más pruebas, buscadas por nosotros, las víctimas.

Desde la Procuración le comunicaron a nuestro abogado que la denuncia primigenia quedó radicada en el Departamento Judicial de Azul. Además, se mandaron actuaciones al área de control disciplinario para que investiguen la conducta de los funcionarios del Miniterio Público denunciados (fiscal general, fiscales y letrados).

La hipótesis de la querella es que Katherine Moscoso fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso y que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policía de Monte Hermoso en los primeros tres días, direccionar y encubrir a los verdaderos culpables los días posteriores a través de la Policía Departamental (DDI), borrar la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello, la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se lo sindicó intencionalmente como sospechoso y, al unísono, incendiar la Comisaría y distintos lugares públicos y, por sobre todo, aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos. Simultáneamente, el sábado 23 sobre las 20 horas), amenazar a los inspectores de tránsito que pudieran haber visto algo en las cámaras durante la semana del 18 al 23 de mayo de 2015 y direccionar en un primer momento la imputación hacia la amiga de la víctima, una chica con retraso mental, la única procesada en la causa y quien no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderla, hacerla aparecer, organizar y planificar el homicidio de Canini y los distintos incendios que ocurrieron para lograr su impunidad.

Todo esto pudo ser ejecutado por una asociación ilícita de policías, funcionarios municipales -entre ellos ex policías como Ricardo Triches, recordado por el caso de Natalia Melmann de Miramar, quien era secretario de Seguridad de Monte Hermoso- y de instructores y fiscales, de quienes detallamos en las presentaciones realizadas.

Las pruebas que presentamos nos permiten afirmar que Katherine Moscoso ingreso al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso, y los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell y David “Kun Kun” Tello.

Otras pruebas indican que estas cuatro personas estuvieron con la víctima, yendo para el Sauce a una casa llamada “La Erica” con la colaboración de Sergio “el Pelado” Sánchez.

Los nombrados mintieron cuando afirmaron no haber hablado con la víctima en el boliche, cuando varios testimonios dicen lo contrario, brindaron versiones contradictorias sobre muchos aspectos de la noche y de la semana posterior al hecho y, por sobre todo, del conocimiento con el señor Sergio Sánchez, el “Pelado” del Sauce, propietario del sitio donde se encontró ADN de la víctima, en unos palos de su patio y en su camioneta el día martes 26 de mayo.

La camioneta fue incendiada intencionalmente en el incendio contra la Comisaría de Monte Hermoso ocurrido horas después de que el cuerpo de la víctima fuera “plantado” por policías en complicidad con bomberos, oportunamente denunciados en la presente.

Estamos convencidos que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de los distintos fiscales denunciados.

A casi cinco años ya del asesinato de Katherine pedimos justicia!!!!!

La mujer que denunció por abuso sexual al cura católico Mauro Enrique Cantanhede Ferreira contó a FM De la Calle que la causa judicial no registró avances y que continúa sufriendo presiones mediáticas y de integrantes de la comunidad de la Parroquia San Roque.

El 13 de noviembre se presentó en la Comisaría de la Mujer. Luego declaró en Fiscalía y, desde entonces, está a disposición de la justicia. Sin embargo, las pericias fueron programadas recién para este mes y finalmente suspendidas por la feria. Tampoco se peritaron pruebas materiales como celulares, mensajes, fotos, videos y correos electrónicos.

En una extensa entrevista, la cual puede escucharse en el audio que acompaña esta nota, la víctima señaló que hay otros dos casos de abusos de chicas que no se animaron a denunciar. “Cuando me enteré dije no soy solo yo, hay otras. Él sabía que no iba a poder hablar, no necesitaba ponerme un arma en la cabeza para que yo haga o diga una determinada cosa”.

La joven manifestó que en primera instancia no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría: “Me decían que vaya a Fiscalía, que se movía mucho más rápido. Sin embargo, la hice. En Fiscalía me tocó hacer la ampliación y fue revictimizante por el tipo de preguntas que me hicieron. ¿Vos sabés si tiene una contextura diferente? ¿Si es más flaquito? ¿De qué manera te amenazó? Un abuso no se da si a vos te gusta o no o si la persona es más flaquita que vos, tiene que ver en el poder que ejerce sobre uno”.

A pesar de las recomendaciones en sentido contrario, la mujer decidió avanzar también en la búsqueda de justicia en el ámbito eclesial. Los juicios canónicos son procesos institucionales donde autoridades de la Iglesia Católica escuchan a la víctima y deciden -sin ninguna garantía ni devolución hacia ella- si corresponde sancionar o no al acusado. Las “condenas” van de “castigos espirituales” a la excomunión. Aunque la historia suele terminar en algún archivo secreto.

“El proceso eclesiástico quedó detenido. Me llamaron a declarar en una habitación chiquita, yo sola, con un cura de Italia especialista en derecho canónico y el padre hindú era el notario, es el que oficia misa en San Cayetano y San Roque. Me hicieron preguntas tremendas porque fue relatar todo nuevamente”.

“Hablo de vulneración de derechos porque no te permiten acompañamiento del abogado, en este caso sabían cómo estaba yo, no me dejaron entrar ni con psicóloga, ni psiquiatra, ni acompañante. Salí muy mal, temblando. Lo único que se me dijo es que se iba a analizar si dejan todo archivado o no”, relató sobre la audiencia realizada en la Curia bahiense.

Agregó que contó “todo delante del obispo, llegué a mostrarle las imágenes y conversaciones que me mandaba y él mismo obispo se tapaba la cara. No creo que la conducta se haya dado solo conmigo. Evidentemente si la iglesia lo respalda, está respaldando este tipo de conductas. Por eso digo que no quiero que le pase a más nadie, no quiero que nadie más salga dañado”.

Para la denunciante notas como la publicada semanas atrás por La Nueva en abierto apoyo al párroco cuando aún ni siquiera se realizaron las pericias a víctima y victimario, son un mensaje para acallar a otras personas abusadas.

“Las notas diciendo que él va a seguir siendo cura, que él sigue siendo normal, que ya va a poder hablar… para quienes fuimos víctimas es tremendo. Y para quienes no denunciaron les da más miedo, esa sensación de impunidad, de que si hablan no va a tener sentido. Sumado a que con esto del encierro yo tengo que estar 24 horas donde ocurrió el hecho”.

La mujer recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico: “Duermo pocas horas y me despierto con pesadillas donde vuelvo a revivir esto. Vivo con miedo constante, cualquier estímulo que vea en una imagen, un sonido, una sensación táctil me da miedo, asco, me quiero bañar y sacarme la sensación de asco y suciedad. Quiero que esto se sepa para que se pueda actuar y que reciba la sanción necesaria, a nivel de la justicia y de la iglesia”.

Una de las conclusiones centrales de la investigación para conocer para qué y con quiénes se endeudan los sectores populares de la ciudad refiere al rol preponderante de las mujeres en el sostenimiento de las economías familiares. Esta realidad conduce a que sean ellas quienes en primera instancia toman los créditos para invertir en consumos básicos como la compra de alimentos.

El documento, elaborado por  el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez señala que contra todo pronóstico o falsa idea de empoderamiento, la deuda contraída por las mujeres solo intensifica la precariedad estructural de las condiciones de vida que conduce, únicamente, a resolver lo urgente.

Debido a que la responsabilidad del cuidado de les hijes recae sobre la figura materna, son ellas las principales tomadoras de deuda a través de los créditos de la ANSES que luego serán descontados de los montos de AUH que perciben.

“Casi siempre las que se endeudan son las mujeres porque son las encargadas de llevar adelante la economía del hogar. No porque sean quienes ingresen plata al hogar, sino porque son quienes la manejan”, comentó Macarena Santamaría, integrante de Ser Comunidad.

Por su parte, Jorge Cascallar, coordinador de Envión, comentó que “las mujeres son las primeras que se endeudan. Los hombres son los que se deprimen si no consiguen trabajo por la cuestión del machismo. Las mujeres han estado 4 o 5 días sin volver a la casa para buscar trabajo debido a que se hace posible sustentar el pasaje del colectivo todos los días que hoy sale $40. Esta situación implica no poder comer, bañarse ni estar con sus hijos”.

Desde el Programa Nacional de Primera Infancia señalan que “estos créditos que sacan muchas veces son para comprar alimentos o para comprar útiles escolares para sus niños o niñas. O para estas tareas que se derivan de la responsabilidad de cuidar a un hijo o a una hija”.

El informe reconoce que “en los barrios la mayor parte de los hombres participan del mercado laboral, insertos en oficios de baja calificación, con formas precarias de contratación y escasa continuidad. Las mujeres tienen una inserción menor en el mercado laboral, debido a su carga en las tareas de cuidado en el hogar, pero participan de la búsqueda. En Bahía Blanca, mostraban para 2019 una tasa de actividad un tercio más baja que los hombres”.

“En la mayoría de las familias, si se tiene una pareja, es el hombre el que trabaja más y generalmente él trabaja en el ámbito de la construcción. Él es el que hace changas, mientras que la mujer es la que se queda en la casa haciendo las tareas domésticas, cuidando a sus hijos, y al no estar remunerado eso, ellas no tienen un ingreso. Pero sí son quienes manejan la economía de los hogares. Es más, si te tendría que tirar un número, diría que el ochenta o noventa por ciento de las personas que van a tomar créditos para materiales de construcción (que es lo que nosotros brindamos) son las mujeres. Ellas se acercan porque tienen tiempo, ellas son las que tienen la iniciativa aunque quienes después encaren la construcción sean los varones. Ellos lo encaran porque son los que tienen el conocimiento y la práctica en este rubro”, afirmó Santamaría.

En último lugar, las mujeres son quienes se encargan de resolver el abasto cotidiano y los cuidados, y por lo mismo, son las que más circulan por los barrios, son más conocidas. “Esto compone un vínculo más sólido, que habilita fuentes de crédito basadas en la reputación”.

“El hombre está menos acostumbrado y le cuesta más el hecho de no tener trabajo. En cierta forma creo que lo sufren más, les da más vergüenza ya que la sociedad es muy machista. La mujer puede dejar el orgullo un poco más de lado o la vergüenza y salir a buscar una solución”, apuntó María Soto del Movimiento Evita.

Una mujer que está sufriendo una situación de violencia se ve condicionada a irse del hogar si es que es la titular o responsable de un préstamo. También son las mujeres las que primero restringen sus consumos, ‘dejo de comer para darle a mis hijos, dejo de compararme ropa o cosas personales para comprarle a los chicos’. Y, por otro lado, centra la discusión entorno a qué mundo habitamos, dado que es el propio Estado quien ejerce violencia económica contra las mujeres de sectores populares y las obliga a endeudarse mientras realizan doble o triple jornada laboral. Parafraseando a la investigadora Verónica Gago, la deuda organiza la obediencia.

Hace ya unos meses con gran fuerza de voluntad algunas compañeras tomamos el desafío de poner en funcionamiento la Secretaría de Mujeres y Géneros de la CTA Autónoma Bahía Blanca. Luego del escenario que acontecía por el Tercer Paro Internacional de Mujeres del pasado 8 de marzo de 2019, muchas nos vimos ante la necesidad de juntarnos y expresar la perspectiva de las trabajadoras en el amplio movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y de ser parte de su vocación de construcción transversal e interseccional, es decir, poner de manifiesto cómo el feminismo propone una comprensión múltiple de lo que acontece en la vida social, política, económica y cultural; y de una manera, donde el género, la etnia, la raza, la clase también son componentes de sus debates. Esta secretaría se compone hoy de mujeres trabajadoras de diferentes sectores y edades, y su vocación será siempre de ampliar esa diversidad.

MUCHAS GENERACIONES POR UNA VIDA DIGNA DE SER VIVIDA

El feminismo que queremos es aquel que pelea por la legalización del aborto, que está en la calle en los paros, que discute el sistema capitalista, colonialista, racista y patriarcal, que le dice no al pago de la deuda externa pero que a su vez piensa las herramientas de la economía feminista para comprender las implicancias de lo que decimos. El feminismo que queremos es el que también participa en los espacios sindicales, disputa su lugar dentro de las organizaciones, discute con las dirigencias, reclama las responsabilidades que le corresponden al estado pero que a su vez se mantiene autónomo de los gobiernos; es el que entreteje marcos de articulación para potenciar nuestras reivindicaciones, pero además es el que no le teme a discusión política y a las diferencias que allí se puedan expresar. Nuestro feminismo no es homogéneo y tampoco pretendemos que lo sea.

Las compañeras y les compañeres que nos precedieron, nos homenajearon con la conquista del derecho a votar, a estudiar, a divorciarnos, a abortar, a tener propiedades, a subsidios por maternidad, a organizarnos, a la patria potestad compartida, a la paridad, a jubilarnos como amas de casa, a penalizar los delitos contra la integridad sexual, a parir dignamente, al matrimonio igualitario, a ser tratadas según nuestra identidad de género autopercibida, a que los asesinatos que cometen contra nuestros cuerpos se tipifiquen como femicidio, travesticidio, transfemicidio, al cupo laboral trans, a la educación sexual integral y laica, a parar. Nuestras compañeras fueron audaces y pensaron horizontes políticos cuando talvez las condiciones objetivas no eran las más favorables; sin embargo, aquí están con nosotras, no hay vuelta atrás. Quizás nuestro mayor desafío es pensar cómo toda esta historia se transforma de manera conjugada en la propuesta política del feminismo para construir mundos nuevos.

UN APORTE (EN CONSTRUCCIÓN) A LA DISCUSIÓN SOBRE LOS TRABAJOS QUE HACEMOS

Por nuestra parte decidimos en este camino avanzar despacio, pero firmes. Fue así que nos propusimos descubrir puntos en común en la vida de las mujeres trabajadoras, en nuestras vidas, desde sus infancias hasta la adultez. Entendimos por trabajo aquel que contempla el formal, el informal, el registrado y el no registrado, pero también el doméstico, el trabajo reproductivo. Y allí nos encontramos con los datos que pacientemente han recopilado nuestras economistas feministas De esta manera visualizamos que durante los primeros años de nuestras infancias las niñas realizamos un 3,3% de las actividades domésticas de sus hogares mientras que los varones representan un 2,0%; y que a la hora de jugar el 40% de la oferta de juguetes destinados a niñas solo refuerza la estadística anterior, ya que todos están destinados a las tareas de cuidados. El mandato de femeneidad es claro: ser madres, buenas cocineras y bellas.

Pero, la vida continúa y las imposiciones patriarcales también, por eso durante la adolescencia las mujeres seguimos dedicando más tiempo a las tareas de cuidado que los varones, su variación solo está determinada por el nivel socioeconómico. Mientras que el 44% de las adolescentes mujeres de nivel socioeconómico (NSE) bajo asumimos esta tarea, el de los varones representa el 33%. En los casos de NSE alto el porcentaje es el 24% para nosotras y solo el 9% para los varones. Durante esta etapa el vínculo que el capitalismo ha forjado con el patriarcado se ve materializado en dos puntos. El primero es que para algunos jóvenes de este mundo la educación no es prioridad, por el contrario, el capitalismo les tiene reservado que a temprana edad salgan a trabajar, en esta premisa no hay diferencia de géneros. El segundo punto reside en que su alianza con el patriarcado se expresa en lo que el sistema tiene pensado para cada uno de ellos/as porque en cuanto a las actividades que generan bienes o servicios (con valor económico en el mercado) los estudiantes varones (15,2%) trabajan más que nosotras, las mujeres (8,9%). ¿Por qué sucede esto? Porque la preparación es para la próxima etapa, para la de mayor rentabilidad, para el momento de la vida donde somos para este sistema “más productivxs”. La adultez.

En la adultez la complejidad es notoria, porque aquí es cuando la mayoría de las mujeres damos vuelta la estadística, pero no necesariamente para bien, porque nuestra participación en el mercado de trabajo aumenta muchísimo, el problema radica en que el trabajo reproductivo también; ósea tenemos una jornada laboral circular. Mas simple: el 75% de las mujeres en Argentina realizamos tareas domésticas sin remuneración. ¿Más simple?: 9 de cada 10 mujeres hacemos estas labores, trabajemos fuera del hogar o no, mientras que 4 de cada 10 varones no realizan ninguna, aunque estén desempleados. Parte de la complejidad que mencionábamos antes es que además somos parte del mercado formal de trabajo donde tampoco los números nos favorecen, no sólo en representatividad sino respecto a nuestros salarios y oportunidades. La brecha salarial, es decir aquello que las mujeres ganamos haciendo el mismo trabajo que los varones, siguen siendo del 27% y se profundiza al 34% en el sector informal; nuestros ingresos aún están en injusta desventaja. Y sobre las oportunidades laborales las mujeres encontramos más obstáculos porque mientras que el 8,1% de los varones tienen cargos de dirección, solo un 4,7% de las mujeres ocupadas ejercemos puestos de estas características. Si a todos estos números que pueden sonar fríos pero que son necesarios por ejemplo para demandarle al estado igualdad de condiciones, le sumamos los mandatos patriarcales que arrastrábamos desde la infancia, nuestra situación es aún más adversa. El caso de las mujeres trabajadoras madres no es alentador: 5 de cada 10 mujeres con hijes tenemos un trabajo precarizado y 4 veces más probabilidades de vivir en hogares pobres y la licencia por paternidad es simbólica en nuestro país.

Hasta aquí el recorrido ha sido de las mujeres. No es casual, las hermanas travestis y trans poco aparecen en los números oficiales. Sin embargo, hay algo que con certeza sabemos y nos duele: su expectativa de vida sigue siendo de 35 años. A ellxs les abrazamos y les agradecemos por llenar aún más de debate y diversidad al feminismo y al Movimiento de Mujeres. Tampoco son contempladas en estos datos las situaciones de las lesbianas y bisexuales, cómo atraviesan las exigencias de la heterosexualidad obligatoria desde la niñez, qué dificultades particulares enfrentan a la hora de conseguir empleo, cómo llegan a la adultez mayor, los tipos específicos de violencias que padecen, cómo viven los mandatos de la maternidad o escogen ser madres, entre muchas otras situaciones. Todos los datos que se relevan globalmente no consideran para las mujeres otra opción fuera de la heteronorma, por lo tanto, también consideramos fundamental poder enriquecer nuestro análisis con las perspectivas y vivencias de ellxs.

Los relevamientos oficiales tampoco consideran las diferencias de raza y etnia en las condiciones de vida que evaluamos. Creemos que el hecho de vivir en un sistema de opresión que también es racista da como resultado que las mujeres negras, marronas, de pueblos originarios y de otras etnias sufran inequidades en la cotidianeidad que, en conjunto con las que sufrimos todas las mujeres, dan lugar a formas de opresión específicas en las que se conjugan el capitalismo, el patriarcado y el racismo; otra vez.

Para las mujeres que sí llegamos a la adultez mayor esta etapa no representa el descanso que el mundo debería desearnos, aún en este período el trabajo no remunerado no desciende: para los varones es de 5 de cada 10 y para nosotras 8 de cada 10. Tampoco dejamos de sufrir violencia, representamos el 78% de las personas de esta edad que la padecen y el ámbito doméstico es el lugar donde más ocurre, mayoritariamente de la mano de nuestras parejas o ex parejas. Sufrimos diagnósticos de depresión dos veces más que los varones y nuestra actividad sexual desciende en importancia incluso para nosotras mismas según las estadísticas, ya que representa un 60% y en los varones un 80%.

Aún cuando en la Argentina la mayoría de las personas jubiladas somos mujeres, se sigue manteniendo una brecha de ingresos. A partir de los 65 años cobramos un 8% menos que los varones llegando hasta el 17% cuando nos acercamos a los 69 años. Es cierto que la Ley de Moratoria 26.970 para quienes no contaban con aportes realizados o eran insuficientes respecto de los 30 años requeridos, pudieron jubilarse con un plan de pagos que les eran (y les son) descontados de su haber jubilatorio. Quiénes resultamos beneficiarias de esta ley fuimos en un 87% las mujeres, razón por la cual se le llamó popularmente “jubilación de amas de casa”; sólo el 13% representó a los varones.

A pesar de que las mujeres trabajamos todas nuestras vidas llegamos a estas circunstancias por diversos motivos, los más comunes han sido que nuestros empleadores no nos hicieron los aportes correspondientes, que hemos tenido trabajos no registrados, que nos hemos dedicado al trabajo reproductivo y de cuidados no remunerado, entre tantas otras cosas. Sin embargo, el rasgo distintivo de todas es que habíamos quedado fuera del sistema y con esta ley pudimos jubilarnos con la mínima para continuar aportando en cuotas deducidas de nuestros haberes. A pesar del bajo monto respecto de la canasta básica familiar, la posibilidad de cierta autonomía económica había significado un importantísimo logro y las consecuencias de la suspensión de las moratorias como ocurrió el año pasado, nos pone nuevamente en una mayor situación de vulnerabilidad y dependencia.

LA SOLIDARIDAD ES NUESTRA ARMA

Sabemos que es mucho en pocas líneas, es que es mucho lo que nos atraviesa la vida. Esa vida que debería ser justa; está permeada por injusticias y por eso nos organizamos entre mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries; así como también lo hacemos como trabajadoras integrantes de diversas organizaciones del movimiento popular. Peleamos por un mundo libre de violencias, por un ambiente sano, por derechos laborales, por mejores condiciones de vida en el más amplio sentido que podamos construir. Y el feminismo a medida que avanza, ensaya pasos de cómo ejercerlo y qué proponer; allí nos encontraremos.

Organizaciones feministas se concentraron frente a Tribunales para pedir la absolución e inmediata liberación de Rosalía.

Al acercarse al hall de entrada del Palacio de Estomba 34 para manifestar sus demandas, un oficial de guardia las frenó y cerró la puerta: “Silencio que los jueces están trabajando”, afirmó.

Rosalía está presa en Azul desde junio y el 19 de febrero -mientras ocurría el primer pañuelazo- el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado por no haberle dado los cuidados necesarios a su bebé recién nacida.

Recordamos que fue en 2005 cuando, luego de parir en su casa, se desmayó y no pudo atender a la criatura. La mujer cumplía extenuantes jornadas laborales en el frigorífico La Gleba perteneciente a la UNS y ocultó su embarazo por temor a perder el trabajo.

“Desde la asamblea de ADUNS le exigimos al rector de la UNS a que la universidad se presente como amicus curie. La Comisión Provincial por la Memoria también se presentó. Rosalia era una trabajadora precarizada, con todo lo que implica. Ella tenía cuatro hijos, temía que al anunciar un nuevo embarazo pudiera perder el trabajo. Vivía en una zona semirural, las condiciones del parto fueron sumamente precarias. El fallo judicial es machista y clasista. Desde la UNS hemos realizando un informe técnico desde la perspectiva sociocultural a partir de entrevistas de la familia donde se ven las condiciones en las que trabajaba”, comentó la docente Jessica Visotsky.

La integrante de Socorristas en Red, Griselda Cifuentes, señaló: “Otra vez la justicia patriarcal disciplina la vida y nuestros cuerpos, siempre con la movilización en la calle y dejando ver que los mandatos patriarcales pesan en la justicia que se presenta como objetiva. El mandato de la maternidad obligatoria y del instinto maternal como si todas estuviéramos preparadas para la situación que vivió Rosalía. Hay que exigirle a la justicia que sepa que la vida de las mujeres es más compleja y que muchas veces no podemos tomar las decisiones que queremos para nosotras y nuestros hijos”.

“Rosalía es mujer y es pobre y no debería estar en prisión con una violación de derechos humanos elementales. Las mujeres estamos hartas, por eso el lunes hay un paro internacional, vamos a seguir reclamando el derecho a  vivir en libertad y sin violencia”, finalizó Verónica Bajo, militante de Acciones Feministas y Desbandadas.