Absolvieron a Rosalía

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“Recién recibí la noticia que tanto esperé, una noticia que me llena el alma”, dijo a FM De la Calle, Rosalía Reyes, quien luego de 16 años de enfrentarse a los obstáculos judiciales, finalmente, fue absuelta por la Cámara de Casación Penal.

Se trata de un fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana.

Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero del 2020, el Tribunal Criminal N°3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.

“Después de tanto tiempo quedé en liberad, estoy esperando que me saquen la pulsera electrónica. Estoy muy agradecida con las mujeres de pañuelo verde, agradecida con la abogada (Fabiana) Vannini. Me siento muy emocionada porque tanto tiempo esperé esta noticia, estoy más que feliz. No tengo palabras de agradecimiento”, agregó.

“Utilizaron la declaración de ella para condenarla”

Entre los fundamentos de absolución, el juez Maidana afirmó que “nos enfrentamos a una causa en donde las condiciones personales y familiares, sociales y económicas de la imputada la ubican en un contexto de vulnerabilidad que debió ser evaluado para interpretar y juzgar los hechos, brindando un tratamiento diferenciado que supone incorporar perspectivas específicas de género”.

El año pasado, gracias a la insistencia de la Campaña por la Absolución y el camino judicial iniciado por su abogada defensora, le otorgaron la prisión domiciliaria. En pandemia pudo realizar los trámites para volver a Zárate donde estaba su pareja y su hija más pequeña.

Condenada por no ser “buena madre”

Casación señaló al Tribunal Criminal Nº3 -compuesto por Daniela Castaño, Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire- que en primera instancia condenó a Rosalía que debió “introducir la perspectiva de género, considerando el contexto de vulnerabilidad personal, social y económica que rodeaban a la imputada”.

Agregó que “la sentencia impugnada (…) contiene abundantes referencias a modelos estereotípicos del rol maternal, que marcan un estándar ideal y abstracto sobre cómo debe actuar una ‘buena madre’, desentendiéndose de la contundente información reunida en torno a la falta de posibilidades reales de actuar conforme al modelo”.

“La capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio”, sostuvo el tribunal superior.

Su resolución enfatizó que durante las instancias judiciales previas no fue considerado que “Rosalía no tenía acceso al servicio de salud, que no tuvo ningún control médico durante el embarazo, que en el momento del parto se encontraba sola y sin la asistencia de un adulto, que la vivienda donde residían se encontraba alejada de un centro urbano y sin línea telefónica, ello además de la apremiante situación económica que no le permitía afrontar la pérdida de una jornada de trabajo y el temor fundado a perder su puesto en caso de conocerse su embarazo. La circunstancia de haber experimentado cuatro partos anteriores no determina un conocimiento de ‘cuestiones básicas’ acerca de cómo desenvolverse en un parto”.

Por último, agregó que “la descontextualización de la situación de Rosalía” y el rol estereotípico de “buena madre” asumido por el Tribunal Criminal “creó exigencias ideales no alcanzables por Rosalía” quien “se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la norma”.

Rosalía: “Sigo firme porque no me siento sola”

Meses atrás FM De la Calle dialogó en vivo por Instagram con Rosalía.

«Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla», relató.

El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.

«Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas», dijo en aquella conversación.

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La Fiscalía bahiense y la UFEM dictaminaron a favor de la constitucionalidad de la ley de IVE

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El fiscal a cargo de la Fiscalía General de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron que no se hiciera lugar al recurso de apelación interpuesto por el Partido “NOS” de la provincia de La Pampa contra la decisión del Juzgado Federal de Santa Rosa que había rechazado la demanda de inconstitucionalidad promovida por la organización política contra la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“El planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”, afirmaron.

El y la representante del MPF argumentaron que la demanda no ha demostrado la existencia de un caso individual ni colectivo y que los demandantes no tienen legitimidad, al tiempo que ingresaron en el fondo del asunto, para lo cual analizaron la normativa nacional e internacional.

El planteo de inconstitucionalidad realizado el 1° de febrero por los representantes del partido NOS de La Pampa había sido rechazado en marzo por el juez federal Juan Jose Baric, en concordancia con lo solicitado por la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Jésica Silvestre.

La fiscala había remarcado la constitucionalidad de la IVE, haciendo un recorrido sobre distintos pronunciamientos del derecho internacional sobre el tema, y cuestionó la procedencia de la demanda, ya que no había un caso concreto que les cause un perjuicio tal que amerite la utilización del último recurso posible respecto de una ley.

Ante la apelación interpuesta por el presidente de la organización política, Azzolin y Labozzeta expresaron su coincidencia con lo dictaminado en primera instancia por Silvestre y ampliaron los fundamentos sobre el fondo del asunto.

La falta de caso y de legitimación para accionar

Ante los argumentos de la parte demandante de que la ley de IVE lesiona un derecho de incidencia colectiva, el y la representante del MPF sostuvieron que la cuestión no puede ser abordada en el marco de una causa colectiva, ya que “un bien colectivo es aquél que pertenece a toda la comunidad, por lo que es indivisible y no admite exclusión alguna; en el caso de la ley 27.610, no se encuentran en juego los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, ni ningún otro de incidencia colectiva”.

En ese sentido, Azzolin y Labozzeta expresaron que, al no verificarse la existencia de un caso en el que se compruebe una lesión concreta a un derecho individual o colectivo, “el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede entonces ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”.

Es decir, que para que haya competencia del Poder judicial, se requiere que la demanda “se funde en la existencia de una afectación concreta de un derecho constitucional, haya derechos lesionados o una amenaza seria de daño”.

Por otra parte, remarcaron la falta de legitimidad de quienes realizan el reclamo, ya que se trata de un partido político que no solo no ha sido hasta el momento constituido, sino que además las personas que lo integran “carecen de representación partidaria en el Congreso de la Nación para impugnar genéricamente los términos de una ley que regula con detalle el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente su embarazo”.

Añadieron que “es desmesurado pretender que diez personas que no representan a los ciudadanos de su provincia para debatir una ley nacional puedan hacerlo ahora en los tribunales”.

Marco general de derechos en juego

Azzolín y Labozzetta se expresaron sobre el fondo del asunto, haciendo referencia a los distintos instrumentos del derecho internacional en los que se inscribe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y al libre desarrollo de vida de las personas gestantes.

Al respecto sostuvieron que “de acuerdo con la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es compatible con normativas internas que despenalicen el aborto voluntario”.

Agregaron que estos órganos señalan que las elecciones y las decisiones en relación con la maternidad “forman parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” y, por consiguiente, que “la decisión de ser o no ser madre o padre pertenece a la esfera de las decisiones autónomas de los individuos respecto a su vida privada y familiar”.

El fiscal y la fiscala titular de la UFEM pusieron de relieve el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, en donde, si bien no se abordó un caso de aborto sino de fecundación in vitro (FIV), se discutió el derecho a la vida. Recordaron que la Corte IDH puntualizó que todo ser humano debe poder “auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia”, por lo que “juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona”.

En este sentido, remarcaron que la Corte IDH ha entendido que la salud sexual y reproductiva “se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos”.

Azzolin y Labozzetta también citaron pronunciamientos de otros organismos internacionales:

  • Remarcaron lo sostenido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respecto a la necesidad de “que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad”.
  • Añadieron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6.1 tampoco refiere desde cuándo debe entenderse que comienza la vida y que el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado, ha analizado la cuestión del aborto como un tema de derechos de las mujeres en las observaciones generales N°28 y N°36 y en los casos “K.L. vs. Perú” y “L.M.R. vs. Argentina”.
  • Pusieron de relieve que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho a la salud integral y que “esta obligación internacional se hace efectiva con la atención sanitaria a través de los funcionarios públicos del Estado”. Citaron al respecto la Observación General N°22 y recordaron que en su 46° período de sesiones (2011), el Comité indicó como uno de los principales motivos de preocupación en el Estado Argentino que los abortos no medicalizados seguían siendo una de las principales causas de mortalidad materna. El organismo, señalaron, recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y que se garantice el acceso a instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos previos y posteriores al aborto.
  • Destacaron que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General Nº 3/2016, puso de manifiesto que suele negarse a este colectivo “el acceso a la información y la comunicación, incluida una educación sexual integral, sobre la base de estereotipos nocivos que suponen que son asexuales y, por tanto, no necesitan esa información en igualdad de condiciones con las demás”.

Por otro lado, la fiscalía recordó el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema, donde el máximo tribunal se expidió sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los abortos despenalizados desde 1921 en el Código Penal e interpretó que la referencia del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional a un marco normativo de protección social al niño desde el embarazo “integra un supuesto concreto del mandato del constituyente para que se establezcan, en general, políticas públicas promotoras de derechos humanos” y que “de dicha norma no se deriva ninguna clase de deber u obligación constitucional de prohibir los abortos no punibles”. La Corte, recordaron Azzolín y Labozzetta, citó al respecto al jurista Carlos Nino, quien afirmó que “de la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales, se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas unilateralmente”.

Por eso, indicaron el fiscal y la fiscala, “puede afirmarse que la pretensión de exigirle a una persona que lleve adelante un embarazo forzado es violatorio de su dignidad como persona”.

En el final, el fiscal y la fiscala señalaron que, en el debate de la ley 27.610, el cuerpo legislativo tuvo en cuenta y sopesó el conflicto entre los derechos e intereses en juego, en procura de otorgarles un adecuado equilibrio, como consecuencia de lo cual se dictó la ley.

“Por tal razón, cuando se controla la constitucionalidad de la ley, los tribunales deben hacer un estricto juicio de ponderación y proporcionalidad entre el interés por la protección de la vida intrauterina, y los derechos a la autonomía sexual y reproductiva, a la igualdad y a la vida libre de violencias, a la vida y a la integridad psicofísica de la persona gestante, en las particulares circunstancias de cada caso”, dictaminaron.

En tal sentido, sostuvieron que esta ley como otras legislaciones “estipulan diversos niveles de protección, de acuerdo con la evolución de la vida intrauterina”, y señalaron que “los legisladores argentinos entendieron que el valor de la vida intrauterina antes de la semana 14 de gestión no justifica imponer a las personas gestantes la carga extraordinaria de seguir adelante con un embarazo no deseado”, pues “esa carga implica relegar el ejercicio de su vida privada, su autonomía sexual y reproductiva, así como sus derechos a la igualdad y a la vida libre de violencia”, e incluso puede “poner en riesgo el derecho a la vida de las mujeres porque la experiencia evidencia que la prohibición del aborto induce a las personas gestantes a recurrir a abortos no seguros”.

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Memoria feminista: recorrido sonoro del Ni Una Menos

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“Antes, ir al 3J tenía una liturgia, ya sabíamos que es una fecha fundamental en la agenda de los feminismos. Este año nos encuentra reflexionando y viendo qué podemos aportar ante esta situación. La pandemia trajo muchas consecuencias a la vida de mujeres y otras identidades. Consecuencias en el mal sentido: aumentar la miseria, la precariedad. No hay que irse lejos de la vida de una para ver que es algo que nos pasa a todas y todes”, dijo a FM De la Calle Griselda Cifuentes, socorrista e integrante del programa “Aguar la Fiesta”.

Desde el espacio radial, que se emite todos los martes a las 20 por la 87.9, proponen hacer “memoria feminista para saber que ese 2015, ese antes y después, tuvo muchos antecedentes. Proponemos un recorrido sonoro que apunta a entender que no son hechos aislados sino que están entramados entre ellos, algunas voces necesarias que elegimos identificar”.

Escuchá los programas:

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Fuente recursero: Colegio de Psicologxs Bahía Blanca.

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Kathy Moscoso: 6 años de impunidad

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Se cumple el sexto aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso. Días atrás, el Ministerio Público Fiscal anunció el pase de la causa al Departamento Judicial de Azul, luego de que varios fiscales se excusaran de participar en la investigación. Aún no hay ningún imputado por el crimen de la joven.

“Son dos causas, la 1 y la 2. La 1 es la que está desde hace 6 años, la que no tiene movimiento desde hace un año y medio, el último fue la recusación de (Jorge) Viego que no se llegó a formalizar por el Covid. Me denuncia a mí y se va de la causa”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia Moscoso, Leandro Aparicio.

“En esa causa, la última medida de prueba que hay, después que lo pedimos hace 4 años, le hicieron un oficio a Facebook y Facebook no dice el contenido del mensaje sino las últimas 3 personas con las que chateó: con su tía, con su mejor amiga y con un patovica del boliche de Dichiara, no con el del boliche al que ella fue a bailar si no con otro”.

Aparicio comentó que desde la justicia “no hicieron nada, ni fiscales ni el procurador. La causa con toda la información está hoy en Tandil, que depende la Fiscalía de Azul, llamamos a la Fiscalía y nos dijeron que están viéndola”.

Por otro lado, mencionó que “la causa 2 en la cual denunciamos el encubrimiento, le agregamos la foto del patovica, le agregamos la foto del comisario Maldonado y Zamora apretando a los bomberos para que borren la foto de un lugar a una cuadra donde fue plantado el cuerpo. Zamora está apartado por el abuso de 3 mujeres, Maldonado está jubilado”.

El fiscal de Azul llamó a declarar a algunos testigos. “Está citando a las personas con policía de la provincia cuando está denunciada. Nos oponemos a que vayan 300 kilómetros por sus propios medios. Llegó la pandemia y se paró. Empezamos a pedir explicaciones, nos dijeron que la causa se había pedido desde Bahía. Ahora están citando de nuevo a los mismos testigos”.

Agregó que en “esa causa no estamos constituidos como particular damnificado, nos presentamos en Azul y la jueza dijo esto tiene que ir a Bahía y en Bahía se excusaron los 5 camaristas penales. No le aceptaron la excusación (Gustavo) Barbieri y (Guillermo) Soumoulou y volvió a la sala de ellos para que nos digan que somos particular damnificado y ahí podríamos presentarnos en la causa 2”.

El abogado explicó que el plan es concurrir con el tío de Katherine, Ezequiel Moscoso, “sentarnos con los fiscales de Azul para preguntarles por dónde va la investigación. Estamos insistiendo que la Comisión Provincial de la Memoria nos acompañe a plantear reclamos internacionales. Después de 6 años con una complicidad advertible en el expediente, le mandamos mail a todas las comisiones de mujeres, género, diversidad, discapacidad, nadie nos contestó, el Estado está interpelado y estamos en condiciones de decir que acá en Argentina en este caso se han violado todos los derechos”.

“Lo más importante que tenemos es con quien se comunica Kathy a las 5:30 de la mañana y es un patovica. No lo llamaron a declarar, me denunciaron a mí. Eso lo va a tener que explicar el dr. Viego, por qué no realizó medidas de prueba sobre esa persona luego de que se la pedimos expresamente”.

Por otro lado, cuentan con “el testimonio de 3 policías, que fueron a investigar y dicen que Cordi les dijo “vos no te movés de acá y si algún comisario te llama me avisas primero”. Otro que dice que Pérez, el comisario que permitió que mataran a Canini, le dijo “vos pelado te movés del patio y te meto 8 días de suspensión”, ese inspector dice que a otros policías les avisaron: ‘ese es tu coche, sacálo porque se va a pudrir todo'”, en referencia a los incendios ocurridos una vez conocida la aparición del cuerpo de la joven.

“A Canini lo linchan porque la policía no lo protegió, este Pérez le dice a la gente, según declararon 4 personas, “ahí lo tenés, agárralo que se te escapa”. Hay 3 policías que dicen ‘a mí me apretaron para que no investigue’. Eso se lo dicen al fiscal Long y se lo comunican al fiscal Fernández. Siguen avanzando e imputan a Daiana, una amiga de Kathy, una chica discapacitada. Eso no resiste ningún análisis”.

También señaló que a “los inspectores del centro del monitoreo, que podrían haber visto lo que pasaba por las cámaras, los amenazaron personalmente en un Bora a las 8 de la noche, antes de los incendios y del linchamiento, y después los llaman a través de un handy y los amenazan”.

Po último, enfatizó que “tenemos también las contradicciones de los patovicas y del dueño del boliche Arenas, Martín Fernández. También está el papel de los policías, que siguieron órdenes, bajó Aníbal Fernández, vino el ministro Casal. Este encubrimiento fue posible por el poder político que tiene Dichiara. No me cabe duda que fue una inteligencia de ese quilombo que sirvió para tapar el crimen de Katherine Moscoso”.

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La pandemia trajo más desempleo para las mujeres

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María Julia Eliosoff explicó en la columna de Economía de FM De la Calle que los indicadores del mercado laboral en contexto de pandemia que reflejan la situación de las mujeres no son alentadores: “En términos absolutos hay más mujeres desempleadas y en inactividad”.

“Hubo una segregación horizontal, ya que están sobre representadas en determinadas actividades económicas como las administrativas, las turísticas y las gastronómicas, muchas de las cuales se cerraron”, afirmó.

Por otra parte, “en otros sectores vinculados a la salud y la educación, se precarizó aún más la situación laboral”. Se trata de contextos donde los insumos hospitalarios escasean y la conectividad es casi nula.

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Violencia machista: Pera al borde de un nuevo juicio

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El fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja.

Lo confirmó a FM De la Calle Fernanda Petersen, abogada de la denunciante, Laura Trespando. Luego de frustrar en varias ocasiones las audiencias indagatorias, finalmente el ex concejal prefirió mantenerse en silencio.

Destacó que “tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas” que existen en esta causa.

En el expediente en cuestión, “el fiscal contextualiza con los hechos que se denuncian y considera que están dadas las condiciones para elevarlo a juicio. El defensor de Pera se opone y estamos esperando la resolución jueza de Garantías, Claudia Olivera”, dijo la letrada.

Los hechos que se le imputan a Pera son lesiones agravadas por el vínculo y en el marco de violencia de género y amenazas coactivas. “Para acreditar esto hay informes médicos, hay fotos, un informe psicológico que da cuenta el impacto que tuvo en la víctima. Por las amenazas, más allá de testimonios, la víctima presentó su celular y los peritos concluyeron que no se había modificado nada y que surgían los textos tal cuales los había relatado al momento de hacer la denuncia”.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

“Eso es fundamental para poder acreditar que la situación de lesiones y amenazas se dieron y en este marco de una relación previa, por eso se da el tratamiento dentro del marco de violencia de género”.

“La pena es mayor a 3 años, lo que buscamos es que sea condenado para validar los dichos de la víctima y demostrar que, más allá de su cargo (secretario general de la UTA), es posible llevar a cabo una causa de estas características y que la justicia le de una respuesta”, afirmó Petersen.

Agregó que “la fiscalía ha agotado todas las medidas de prueba, no solamente desde el denunciado y la víctima, sino que también los testimonios del imputado han sido escuchados. Esto acredita que los hechos que se relatan sucedieron con esta modalidad”.

La abogada resaltó que el relato de la víctima y de testigos dan cuenta de “esta situación poder real que era ejercida por esta persona sobre cualquiera que tomara posicionamiento. La víctima deja claro el padecimiento y el miedo real y no solamente lo que le pueda pasar a ella sino a su entorno familiar y cercano que es quien la sostienen en esta denuncia”.

Pera fue condenado a un año y diez meses de prisión por la agresión a dos concejales durante una sesión del deliberativo local. “Esta persona ha tenido actitudes de violencia en situaciones públicas donde no solo había gente sino medios. Si esto lo trasladamos a una situación de asimetría en una relación de pareja, laboral, donde él ejerce el poder por sus contactos políticos y su representación gremial, queda acreditado que los dichos de la víctima son reales. Creo que en muchas causas tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas que en esta situación tenían”.

Violencia en el Concejo: condenaron a Ricardo Pera

Trespando y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa» tras la separación de la pareja. El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Al momento que se realiza la denuncia se divide la investigación en delito de lesiones y amenaza coactiva y la situación específica en el ámbito laboral. Las personas que prestaron declaración en esta causa son allegadas, en la otra causa no hemos llegado a la instancia probatoria, pero la realidad es que más allá de lo que suceda a futuro (Trespando) no ha tenido el acompañamiento de las instituciones como SAPEM o el mismo Municipio. La víctima tomó todos los recaudos para que los estamentos públicos estuvieran al tanto de esta situación”.

“En este caso juegan otras cosas que tienen que ver con el poder que detenta esta persona, su cargo gremial, la influencia que tienen en los estamentos públicos”, dijo en referencia al titular de la Unión Tranviarios Automotor.

Señaló que “si ella no hubiera tenido el acompañamiento de su familia, de militantes, otra hubiera sido la situación. Las redes que se han tejido en esta causa y el acompañamiento de organizaciones hacen que ella este posicionada en otro lugar, pero ante cualquier movimiento en la causa se reaviven esta situación”.

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Ecuador despenalizó el aborto por causal violación

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En una nueva entrega de Asuntos Latinoamericanos, la historiadora Julia Giménez entrevistó a Pilar Troya Fernández, subsecretaria de Educación de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa.

Dialogaron acerca de la modificación de algunos artículos de la ley que penaliza el aborto. A partir de esta reforma se legalizó la interrupción del embarazo por causales de violación o estupro.

“Lo que ha pasado a partir del ‘Vivas Nos Queremos’ contra la violencia a partir del 2016 es que han surgido un montón de colectivos feministas más jóvenes, un relevo generacional. Había menos organizaciones antes y la agenda era menos radical”, dijo Troya Fernández a FM De la Calle.

Explicó que “el aborto estaba penalizado por distintas causales, excepto riesgo de vida de la madre, y decía ‘violación o estupro de mujer idiota o demente’. Eso era el Código Penal del año 1934. Hubo una disputa interna dentro del partido, cuando estaba Correa, porque él estaba abiertamente en contra y el Código Penal quedó idéntico pero con una redacción que decía ‘mujeres con discapacidad'”.

“Hubo una serie de colectivos que presentaron una demanda de inconstitucionalidad respecto a esos artículos. La Corte reconoció que eran inconstitucionales y que no tiene sentido hacer discriminación entre mujer con o sin discapacidad respecto a lo que es una violación y atendiendo a los principios de derechos humanos y de la posibilidad de no revictimizar”, comentó Fernández.

Por último, señaló que “lo que pasó no es una legalización, la Corte dijo que son artículos inconstitucionales y que la Asamblea tiene 6 meses para redactar una nueva ley”.

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El trabajo doméstico emplea “a 1 millón 400 mil personas pero es el sector más precarizado”

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La economista María Julia Eliosoff analizó la situación de las mujeres trabajadoras domésticas en Argentina: “Hay un 77% de informalidad y los ingresos son los más bajos”. Según el informe técnico “La COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, publicado por Elva López Mourelo en la página web de la OIT, esta fuerza de trabajo representa el 5,6% del empleo, el 17,4 % de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas: el 99,3%  de quienes desarrollan esta actividad son mujeres.

Eliosoff explicó en su columna de economía de FM De la Calle que “en el régimen especial de contrato de trabajadoras de casas particulares, se observa que hasta 2013 no existía ninguna normativa que reconociera sus derechos, no eran consideradas por la ley de contrato de trabajo: no había licencias por enfermedad y ni por embarazo. Ese año es un hito importante, empieza a estar regulado el salario por hora y por mes”.

“El 70% de las mujeres trabajadores de hogares particulares son jefas de hogares monomarentales, el ingreso mensual más bajo por 8 horas es de $22.765 y el más alto de $27.928. El último dato del mes de marzo sobre la canasta básica informa que para una vivienda con 3 personas se necesita de $48.460 para no ser un hogar pobre”.

Durante la pandemia “hubo pérdida de empleo a pesar de la doble indemnización y las mujeres que siguieron trabajando tuvieron grandes dificultades para cobrar, ya que lo hacen en efectivo. Otras trabajan en condiciones de salud y seguridad deficientes: algunas fueron obligadas a quedarse en las casas de sus empleadores para no tener contacto en el transporte público por riesgo al contagio”.

Por otro lado, la integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica comentó que en el informe de la OIT “intentan mostrar que el sector de trabajadoras domésticas está fuertemente en la informalidad: los márgenes de acción y negociación con sus empleadores suelen ser muy acotados, en general negocian de manera individual”.

En este sentido, Eliosoff agregó que “se generan vínculos afectivos entre las trabajadoras domésticas con niñes y adultes mayores, eso refuerza ciertas prácticas discrecionales. Por ejemplo, el empleador se atrasa en el regreso al hogar, entonces la trabajadora se tiene que quedar más tiempo en la jornada de trabajo: ‘No me vas a dejar el pibe sólo’. La trabajadora suele acceder y esto no es reconocido monetariamente como horas extras”.

“Es muy común el trabajo a tiempo parcial, un par de horas a la semana. Por este motivo, hay varias campañas promovidas por el Ministerio de Mujeres, la AFIP, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que intentan visibilizar la necesidad de registración del trabajo doméstico”.

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Confirman la perpetua para el femicida de Aída Caballín

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La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia rechazó el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Diego Hernán Rogero y confirmó la condena a prisión perpetua por el femicidio de Aída Rosa Caballín.

El 12 de febrero del año pasado el Tribunal Criminal Nº2 determinó que Rogero fue el autor responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018, alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en inmediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. «Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer», sostuvo el funcionario.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era explotada sexualmente en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó un rastreo mediante las cámaras de seguridad que registraron un vehículo utilitario que coincidía con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

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42 días sin Tehuel

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Tehuel De la Torre, joven trans de la localidad bonaerense de San Vicente, está desaparecido hace más de un mes. Luego de cinco allanamientos y una serie de rastrillajes hay dos sospechosos detenidos aunque la carátula de la causa sigue siendo “Averiguación de paradero”.

En el marco de la búsqueda se realizaron varias marchas pidiendo por su aparición con vida. 

“El 11 de marzo a las 19 sale de la casa hacia una entrevista de trabajo porque iba a hacer de mozo en un evento. Me lo cruzo cuando venía de mi trabajo 19:30. Me dijo que iba a ver a un amigo ‘Luis’. Esa fue la última vez que lo vimos”, comentó a FM De la Calle su hermana, Verónica Alarcón.

Agregó que luego “viene la novia y nos avisa que no había vuelto a la casa, hicimos la denuncia y empezamos a averiguar. Se hicieron allanamientos en la casa de (Luis) Ramos y encontraron pertenencias de Tehuel: su celular roto y la campera”.

Días después, apareció en la causa Oscar Montes, un chatarrero de la zona. La justicia peritó los teléfonos de Ramos y Montes, habían sido reseteados los dos del mismo día. Sin embargo, encontraron una foto donde estaban los tres: Ramos, Montes y Tehuel.

En primera instancia, Ramos y Montes fueron interrogados como testigos sobre si habían visto a Tehuel. Ambos lo negaron. El 23 de marzo Ramos fue detenido y Montes cuatro días después. Eligieron no declarar. 

“Estuvimos con Sergio Berni, se hizo un pedido de recompensa para ver si alguien tiene más información, estuvimos con la ministra de Géneros de la Provincia, Estela Díaz, se comprometieron a brindar recursos para la búsqueda”, dijo Verónica.

Para aportar datos

Quien tenga alguna información sobre su paradero, comunicarse con la UFI Descentralizada de San Vicente: por teléfono al 0221-429-3015 o por mail en [email protected]. También se puede llamar al 911. ACTUALIDADARGENTINALGBTI+TRANSFEMINISMOS

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Honduras: “La democracia ha quedado bajo órdenes del embajador norteamericano”

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Hace 5 años asesinaron a la activista indígena lenca Berta Cáceres. Madre de cuatro hijos, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Cáceres había encabezado el movimiento que logró que el Banco Mundial y la constructora china Sinohydro, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

La hija mayor de Berta, Olivia Marcela Cáceres Zúniga, dialogó con Julia Giménez, columnista de FM De la Calle en su espacio “Asuntos Latinomaericanos”.

En esta segunda entrega, Zúniga se refiere a la injerencia norteamericana en el gobierno hondureño, el panorama electoral signado por un contexto de fraude de parte del Partido Nacional y al proceso de organización de pueblos indígenas campesinos que resisten la llegada de organismos multilaterales ante el endeudamiento del gobierno.

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Berta Cáceres: la lucha sigue

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El 2 de marzo se cumplieron 5 años del crimen de Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Olivia Marcela Cáceres Zúniga, hija mayor de Berta y actual diputada de Congreso Nacional de Honduras por el partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre), se refirió en diálogo con la columnista de Asuntos Latinoamericanos de FM De la Calle, Julia Giménez, a la lucha emprendida junto a su madre, como mujer lenca, en defensa de los ríos y contra el gran capital extractivita y a su compromiso como defensora de los derechos humanos para combatir la impunidad encarnada en Honduras.

Para Olivia, el golpe de Estado que en 2009 destituyó al presidente Manuel Zelaya profundizó el modelo extractivo de explotación minero energética entregando soberanía a partir de las Zonas Especiales de Desarrollo.

Asociado a ello, la violencia política contra aquellos y aquellas que resisten al saqueo ya se ha llevado la vida de centenares de militantes populares y defensores de la tierra y el medioambiente en Abya Yala.

En relación al avance la de causa Berta Cáceres, Olivia explicó el proceso en curso contra David Castillo, ex directivo de la represa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por la coautoría del crimen. Aunque entorpecido por un sistema judicial viciado, para Olivia ello pone al desnudo los vínculos entre los poderes económicos y políticos a nivel nacional e internacionales tanto en el asesinato de su madre como del modelo que continúa matando y expulsando a los pueblos de sus territorios.

“El hecho de que un día la justicia llegue a ese eslabón intelectual tan poderoso sería sentar un precedente en la justicia de este país contra esa impunidad histórica y quizás una forma de que estos hechos no se repitan”, afirmó.

Escuchá la entrevista:

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“La feminización de la pobreza volvió a sus valores históricos y quizá siga aumentado”

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La licenciada en Economía Agostina Costantino analizó en FM De la Calle los números del Indec sobre la pobreza en Argentina. “La situación estructural se vio agravada no sólo por la pandemia sino también por algunas decisiones respecto a la distribución del ingreso que se vienen tomando desde el año pasado”.

Costantino detalló que las cifras corresponden al segundo semestre del año pasado y exponen que “un 42% de las personas en nuestro país están cobrando bajo la línea de pobreza y un 10% están bajo la línea de indigencia. Sus ingresos no les alcanzan para cubrir la canasta alimentaria”.

La columnista explicó que “la comparación interanual muestra que la pobreza aumentó un 6,5% en promedio en todo el país. La región más afectada fue el Gran Buenos Aires, y tiene directamente que ver con la pandemia, por el parate de las industria en esa zona y la prohibición a la circulación” hacia un lado y otro de la General Paz.

Según la Encuesta Permanente de Hogares “el ingreso promedio de una familia pobre en el segundo semestre del 2020 fue de $29.500 mientras que la canasta básica total, estuvo en $50.000. La brecha con el monto de la canasta básica total, aumentó respecto a 2019”. La economista explicó que “no sólo se acrecentó la proporción y la cantidad de pobres, sino que las personas pobres son más pobres que antes ya que cobran en promedio cada vez menos ingresos con respecto a lo que cuesta la canasta básica total”.

Mujeres y niñeces

Costantino dijo que “el INDEC aún no publicó detalles, sino un informe: del total de personas pobres, la incidencia sobre los niños es realmente escalofriante. Las cifras muestran que el 57,7% de las personas entre 0 y 14 años, son pobres, casi 6 de cada 10”.

En relación a la feminización de pobreza, la economista citó una investigación de BAE Negocios, realizada por Macarena Turubiano, quien “compara el primer trimestre 2020 con el tercer trimestre del 2020, e intenta analizar qué pasa con los ingresos laborales y no laborales”.

“¿Qué es lo que explica este aumento en la pobreza? Turubiano narra que en el primer trimestre, las tasas de ocupación de desempleo y actividad entre varones y mujeres, fue más o menos similar. La diferencia está en el punto de partida ya que ellas enfrentan cotidianamente una tasa de ocupación mucho menor que ellos, 35% en el primer trimestre, contra 49%”.

Asimismo, Costantino mencionó que la investigación de BAE Negocios “analiza específicamente el tema de los ingresos y observa que en la normalidad pre pandemia los salarios correspondientes a las mujeres ya eran inferiores al de los varones: $36 mil contra $28 mil”.

“Es en la distribución de ingresos, donde ocurre la feminización de la pobreza, porque en los deciles más bajos hay una mayor proporción de mujeres. Estructuralmente en Argentina, un dato nunca cambiaba: dentro del 10% más pobre de la población, 7 de cada 10 eran mujeres. Al tercer trimestre del 2020, esa proporción del decil más bajo de ingreso, descendió de a 6 de cada 10, por la existencia del IFE, que fue escasa pero tuvo un efecto importante”.

En este sentido, la licenciada en Economía, pronosticó que “lo más esperable que esta cantidad de mujeres, haya vuelto a subir porque el IFE se cortó. Es real que al mismo tiempo que se corta el IFE, el Estado siguió manteniendo otro tipo de política de transferencia de ingresos, como el ATP, que son subsidios a empresas para pagar salarios”.

Costantino invitó a reflexionar sobre estas medidas: “¿Cómo se financia ese ATP? ¿Qué efectos tiene sobre la distribución de ingresos? ¿Cómo recauda el Estado? Todavía no se ve la plata del gravamen a las grandes fortunas y en la Cámara Baja se aprobó el aumento del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias (NdR ayer el Senado lo transformó en ley). Se decide disminuir cargas a los sectores asalariados en blanco que son los que mejores estarían en la distribución de ingresos pero se resuelve hacer menos progresivo a un impuesto progresivo y no se toca uno regresivo, como es el IVA”.

En el ámbito local, disminuyó la pobreza y subió la indigencia. “Bahía Blanca está dentro de los más bajos en todo el país con un 24%. Esto podría estar relacionado con el parate de actividades no tan abrupto como en Gran Buenos Aires o CABA, muchas actividades volvieron antes que en otras ciudades, no creo que sea por la incidencia del IFE”, concluyó.

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Violencia machista: Pera evadió otra vez la indagatoria

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Por tercera vez el secretario general de la UTA, Ricardo Pera, evitó ser indagado por el fiscal que interviene en la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja. Laura Trespando lo denunció por lesiones agravadas y amenazas.

“El viernes a última hora presentó un certificado en el que dice que está pasando por un cuadro de Covid positivo. Se resolvió por parte de la fiscalía que se fijaba un nuevo horario y, si tenía algún síntoma, previamente tuviera una entrevista telefónica con el médico pericial. No se pudo hacer porque no atendió el teléfono”, señaló a FM De la Calle la abogada de víctima, Fernanda Petersen.

La letrada agregó que “más allá de la autenticidad o no del hisopado, del que no tengo porqué desconfiar, la realidad es que el teléfono apagado demuestra voluntad de evadir a la justicia si tenemos en cuenta que no se lo pudo notificar en el domicilio real”.

El fiscal Juan Pablo Schmidt dejó abierto el acto para llamarlo nuevamente cuando esté en condiciones. Una vez realizada la indagatoria, acto de defensa en el cual Pera puede o no declarar, se elevaría la causa a juicio.

“Esta persona no solo ejerció violencia públicamente, sino que sigue haciéndolo al no presentarse a la justicia. Es el hombre de las mil causas y mil situaciones, esto es una manera de seguir ejerciendo poder”, afirmó Petersen.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

El ex concejal fue condenado en febrero a un año y diez meses de prisión por agresiones contra dos legisladores. Los hechos ocurrieron en 2015 dentro del Concejo Deliberante.

“Estamos convencidas de que se va a llegar a una condena y la causa anterior, si es confirmada en la sede de apelación, opera como un antecedente que agrava y que se tiene en cuenta para establecer pena”, explicó Petersen.

Finalmente, destacó que Pera “públicamente ha demostrado su conducta violenta, si a esto le sumamos la privacidad de un domicilio, la situación de trabajo y de poder, estamos frente a una situación donde los elementos sobran”.

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El padre se llevó a su hija y hace siete meses que no la ve

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Cintia Villega denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Gustavo San Román. El 21 de agosto el hombre se llevó a la nena de nueve años impidiéndole todo contacto con la madre.

En la puerta de la Fiscalía General, la mujer junto a su abogada y organizaciones sociales reclamaron celeridad para que la niña pueda volver con su familia y que citen a declarar al agresor.

“Hace nueve años estoy juntada con él, siempre me amenazó con que me la iba a sacar y lo hizo, manipuló la situación. A mi hija la tiene manipulada, no la vi más a la nena. No se cómo está, la sacó de la vida que ella tenía, iba a natación, inglés, él la veía todos los días. Se enojó conmigo, me pegó y se la llevó”, dijo Cintia a FM De la Calle.

Relató que fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que la “ahorcó” aunque “justo el servicio local estaba con otro caso”.

“Me cruzo un amigo de él que le avisa que estoy ahí. Él va con Sofía a la comisaría, le dice al servicio local si puede tener a la nena durante tres días porque era el cumpleaños del hermano y no me la trajo nunca más”.

La abogada Alicia Busteros afirmó que “la justicia tiene que ser más expeditiva porque si no no es justicia. La criatura tiene un problema de salud grave, no se la medica en tiempo y forma. Ahora se agravó porque tampoco la lleva a la escuela”.

“La escuela fue la que dio aviso de que no estaba yendo la nena, el servicio local nos dijo ‘vamos a comunicarnos la semana que viene'”, señaló.

Hay varias denuncias: una está radicada en el Juzgado de Familia Nº3 y otra en la UFIJ Nº3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín.

Busteros destacó que el hombre se “manifiesta humillando a la madre, golpeándola físicamente, psicológicamente. El servicio local no se había dado cuenta que se ejercía violencia psíquica contra ella porque la violencia que ejercía contra la madre era siempre enfrente de la nena”.

Por último, Cintia contó que “Sofía estaba todos los días conmigo, ella hacía deportes, iba a canto, estaba todos los días con los hermanos. Tiene a su perro, su gato, su rana, todo en mi casa. Ella no se quedaba nunca a dormir con él porque no quería. No puedo creer que hace siete meses que la tiene y que no se cómo está. Necesito que me ayuden”.

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UOCRA: no le permiten asumir a la primera delegada mujer

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Mariela González trabaja en el rubro de la construcción hace diez años, fue elegida como delegada tesorera en 2017 para representar a sus compañeros de obra en la UOCRA. Desde que ganó la elección, la conducción gremial -a cargo del interventor Carlos De Boer- no la deja asumir y recibe constantes amenazas.

“No me esperaba esta pregunta, si vos te animás y creés que los compañeros te van a votar, hacélo”, le respondieron cuando preguntó si podría postularse. Junto a ella fueron parte de la lista dos de sus compañeros: Tamame y Pavón, quienes pasado el tiempo comenzaron a hostigarla.

“Me decían de todo, me amenazaban, que no me meta. Yo me sentía comprometida con esos compañeros que me habían votado, para que no me falte nada. Me voy al sindicato a pedir ayuda y fue peor porque al otro día me agredieron, a uno de los chicos lo sacaron del cuello de la oficina diciéndome vos me vas a conocer”, relató González a FM De la Calle.

Foto: Tamame y Pavón junto a González

“Hice muchas denuncias, la primera fue en la Comisaría de la Mujer y no sabían si tomármela o no porque nunca hubo una denuncia laboral. En fiscalía me citaron al otro día para contar lo sucedido”, relató.

Mariela siguió yendo a trabajar y las amenazas no cesaron. “Un día estamos cenando con mis hijas y escuchamos fuertes golpes, mi hija va a sacar la moto y vimos los dos proyectiles, atravesaron el portón y las paredes de mi casa. Ya había sido advertida de que me iban a tirotear la casa”.

“Me cansé de ir al sindicato, fui muchísimas veces. Al principio De Boer no me podía atender así que me atendieron sus colaboradores, uno de ellos me mandó a que me busque un amante para que me entretenga”, enfatizó Mariela.

La delegada mencionó: “Le envié una carta al secretario general Gerardo Martínez, me citaron a Buenos Aires y me dijeron que me quede tranquila, que no está bueno manchar la institución. Me hizo entender como que yo estoy mal, que yo le falté el respecto a mis compañeros por sacar al aire todo lo que estaba pasando”.

“Antes de la intervención había más de 50 mujeres en obra, ahora hay tres. La respuesta es que somos muy complicadas las mujeres, que tenemos nuestro período, que los empleadores no quieren mujeres. No me dan solución de nada, me hacen sentir culpable de todo lo que me pasó”.

En relación a las mujeres que trabajan en el rubro de la construcción contó que “las compañeras no tienen la ropa adecuada, no tenemos una representante mujer que nos ayude, no tenemos apoyo de ninguna mujer, nadie nos puede asesorar y son nuestro derechos”.

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¿Qué es la reforma judicial feminista?

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El reclamo por una reforma judicial feminista encabezó las últimas expresiones del movimiento de mujeres e identidades disidentes ante el recrudecimiento de los femicidios y la ineficacia del sistema.

La Asociación Abogadas Feministas (ABOFEM) presentó ante el Consejo de la Magistratura un pliego de reclamos, entre ellos la impugnación de una lista de 52 jueces y juezas que no cuentan con las capacitaciones en perspectiva de género obligatorias por ley.

“El planteo de la reforma judicial ya no alcanza solo a lo referido a la administración de justicia y no concentración de poder en los fueros, sino a una lógica que tenga relación con que se aplique la perspectiva de género, de derechos, que haya paridad en los cargos. Y que, además, quienes se presenten, cumplan con la formación en género que exige el reglamento para que de una vez y por todas veamos sentencias judiciales que tengan perspectiva de género actualizadas y acordes a la realidad que estamos viviendo”, detalló a FM De la Calle, la abogada Melisa García.

La presidenta de ABOFEM mencionó que, respecto a la capacitación obligatoria en relación a la perspectiva de género, “el Consejo de la Magistratura se ha arrogado que la implantación total de estas normas será en 36 meses, pero por otro lado la misma normativa plantea que los jueces y juezas deben acreditar -aunque sea- haber comenzado un curso de género para presentarse a concurso”.

El femicidio de Ursula Bahillo conmocionó a la sociedad. La joven había denunciado en 17 oportunidades a su ex pareja quién finalmente la asesinó. A este hecho se le agrega la renuncia del juez de la causa por haber tenido un informe de peligrosidad que alertó que la vida de la joven corría peligro 12 días antes de su femicidio. ¿De qué depende la prioridad de una causa en una fiscalía o un juzgado?

“La situación deviene de no haber una formación, un seguimiento y una consecuencia para quienes toman las denuncias. El gran problema es que se abra lugar a la arbitrariedad, no entender cuál es la gravedad, pareciera que no hubiera ningún tipo de consecuencia. En una causa de violencia de género, cuando una mujer denuncia y menciona que está en peligro su vida no tiene que haber dilaciones, ni quién es el imputado, ni si es parte de una fuerza, o de la justicia, ni de ningún otro espacio”, comentó García.

“Se empezó a poner la mira en la ineficacia de la toma de las denuncias. La falla es sistemática y está en la falta de formación, en la falta de equipos interdisciplinarios, falta de evaluaciones de riesgo”.

En muchas oportunidades quienes alertan a los agentes policiales son personas cercanas a la víctima pero que, en determinado momento, se encuentran con los obstáculos del sistema que obliga a que la víctima ratifique la denuncia.

“Debería mínimamente poderse tomar una denuncia y hacer un mínimo seguimiento cuando denuncia una persona cercana a la violentada. Si se requiere una ratificación, que la persona violentada se pueda acercar a ratificar. Pero si una mujer está en situación de violencia no se le puede pedir que ratifique un proceso. Quizás no pueda salir de su casa, reciba amenazas, es ahí donde el Estado tiene que tener equipos especializados”.

La abogada señaló que “la Comisaría de la Mujer es una lógica que responde al derecho penal y si no va la víctima a ratificar se archiva. En el medio hay un montón de mujeres que mueren justamente por este tipo de abordaje, llegan a un femicidio porque el Estado no responde como corresponde”.

“Vivimos una gravedad respecto a los femicidios que hace que haya que pensar de otra manera y con perspectiva para auxiliar a las mujeres en peligro y no para cubrir al sistema que dice que si no se da de determinada manera no se puede seguir la causa”, finalizó García.

Foto: Notas Periodismo Popular

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Censura en La Nueva: “En otro momento hubiera sido un escándalo, es un tema gravísimo”

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Gustavo Mandará se refirió a la censura de la edición impresa del periódico La Nueva del sábado del 27 de febrero en la cual se difundía una causa armada por la Policía Bonaerense.

“No estoy enterado que haya análisis desde lo político en el Concejo. Desde lo personal me preocupa, me indigna, trabajé 15 años y sufrí y padecí muchas cosas pero nunca nada como esto”, dijo el concejal del Frente de Todos.

Agregó que “el diario de papel no es ni por asomo lo que era hace 15 años. Lo que se perdieron fueron 700 ejemplares pero simbólicamente es alevoso. El clima de los trabajadores es de una indignación grande, ellos están con la espada de las condiciones de trabajo. En otro momento hubiera sido un escándalo pero es un tema gravísimo”.

“No digo que no corresponda que se trate aquí (en el Concejo), pero tampoco tengo claro si más allá de la difusión del tema hubo alguien que se haya agraviado personalmente como para que el Concejo como órgano político pueda expedirse. Al Concejo se le complica muchas veces intervenir cuando no hay una instancia concreta”, apuntó.

Mandará sostuvo que “lo más grave es que a la opinión pública le importa poco. Entre los que estamos metidos en el mundillo periodístico hablamos, pero nadie te lo plantea como una situación de dominio público”.

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