El Concejo Deliberante sancionaría en su próxima sesión la creación de una comisión específica para atender temas de mujeres, géneros y diversidad.

Según lo acordado entre oficialistas y opositoras, tras su conformación, el espacio diagramará un protocolo interno para la actuación ante casos de violencia machista.

Sigue en discusión el proyecto de emergencia presentado por el Frente de Todos.

La concejala Gisela Ghigliani dijo a FM De la Calle que la creación de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad “la presentamos dentro de un paquete de tres proyectos antes de que comience la cuarentena. Nos parece que llegado el momento de tener una comisión para abordar las temáticas de manera específica”.

En cuanto al protocolo de actuación interno del Concejo ante Situaciones de Violencia de Género y/o Discriminación, la concejala señaló que es una vía para poder “definir de qué manera actuar para cualquier persona que se sintiera hostigada o discriminada por su género”.

“Es muy importante contar con estos espacios porque pueden hacer su aporte con perspectiva de género y desde los derechos humanos del tratamiento de otros temas de otras comisiones, transversalizar la mirada de género en la política pública”.

En relación a la Ley Micaela Ghigliani afirmó que “no hemos recibido capacitación. Ese proyecto también lo presentamos y se aprobó, estamos pidiendo su pronta implementación. Por eso es importante poder tener este tipo de comisiones para trabajar, se ven como cuestiones ajenas y las reacciones son generalmente ante un femicidio, que es la cara más cruenta pero no se pueden ver otras violencias como la simbólica, cuesta identificar que están ejerciendo violencia porque se ha naturalizado”.

Señaló que “no es solo el seguimiento de las políticas públicas, ni analizar el presupuesto sino incluir la perspectiva de género en el Concejo”.

La concejala comentó que desde el Ejecutivo se informó que existieron capacitaciones nConsultada acerca de si la cúpula política municipial había recibido formación en el marco de la Ley Micaela comentó que “hemos preguntado formalmente y nos han dicho que si, pero no encontramos una capacitación formal”.

El Consejo Superior Universitario aprobó “aceptar como válidas las expresiones que supongan usos inclusivos y no sexistas de la lengua en las producciones escritas y orales realizadas por integrantes de los distintos estamentos de la Universidad Nacional de Sur, tanto en las producciones académicas como en la comunicación institucional, administrativa y de gestión”.

“Nos parece un paso muy importante para la construcción de una sociedad más igualitaria y de una educación con más oportunidades y más diversa”, señaló a FM De la Calle Saira Millaqueo, desde el Observatorio de Géneros y Diversidad Sexual.

Agregó que “busca visibilizar la multiplicidad de diversidades que habitan la comunidad universitaria, a partir de ahí promueve y acepta el uso de lenguaje inclusivo. No busca imponer que se hable de determinadas formas sino que se promueve que se empiecen a correr esas costumbres de relacionarnos de forma genéricamente masculina y androcentrista y se generen lenguajes en los que las diversidades se vean reflejadas”.

La medida también promueve el uso de estructuras de reemplazo que no contemplen connotación de género y dispone que “en el marco de la Ley 26743 de Identidad de Género, se deberá evitar en los formularios de uso interno la consulta por el sexo de la persona, aun cuando no se limite a las opciones binarias de respuesta: “Femenino” y “Masculino”.

En caso de ser necesaria la consulta por tratarse de una variable que se requiere indagar, se debe preguntar por el género autopercibido. Cuando por necesidades externas a la UNS sea requerida esta información, se aceptará como válido lo indicado en el DNI de la persona”.

Esta resolución encuentra su fundamento en “la necesidad de prevenir y erradicar las violencias que se expresan en las formas de comunicación y nominación que supone el uso del genérico masculino, y de promover lenguajes inclusivos, esto es, usos de la lengua que no sean sexistas, androcéntricos y binarios, que permitan reconocer y nombrar la existencia de una diversidad de identidades y subjetividades”. También se citan allí como ejemplos numeras universidades y unidades académicas del país que ya han adoptado esta media, como las de Río Negro, Cuyo, la UBA, de Rosario y otras, e incluso la del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la UNS. 

Además, se reconocer en la resolución aprobada “que existe material de referencia generalmente aceptado y de acceso gratuito, como es el caso del Manual Pedagógico sobre el Uso del Lenguaje Inclusivo y No Sexista de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del (RAADH) del MERCOSUR” y que si bien “el intento de utilizar lenguaje no sexista, puede conllevar algunas dificultades en la búsqueda de expresiones que no resulten repetitivas o tal vez disruptivas en la expresión oral (…) las mismas son necesarias para visibilizar, desde el punto de vista político e ideológico, a la totalidad del grupo al que se hace referencia”.

Fuente: Prensa UNS y FM De la Calle.

Durante la pandemia todo ha cambiado, muchas actividades y rubros se han paralizado o modificado. Sin embargo, lo que no cesa son los femicidios ni la violencia machista.

Hoy, 3 de junio, el Ni Una Menos no encontrará al movimiento feminista en las calles pero sí estarán presentes las consignas por un mundo más igualitario que dieron origen a la fecha. En el aire de FM De la Calle recordamos el reclamo de quiénes todavía claman por justicia para sus hijas, amigas, hermanas, madres. O por ellas mismas.

Edición: Astor Vitali

Guión y producción: Giuliana Crucianelli.

Si sos víctima de violencia podes comunciarte con:

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La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumple quince años de lucha ininterrumpida por el acceso a la salud sexual y reproductiva.

La abogada e integrante de la Campaña en Bahía Blanca, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que “muchas de quienes militamos el pedido de legalización del aborto, el primer paso que tuvimos fue este cambio de paradigma de que el aborto era una cuestión íntima a entenderlo como una cuestión pública. La democracia no es plena si hay niñas obligadas a ser madres o mujeres obligadas a llevar adelante un embarazo no deseado”.

“Tengo 46 años y en mi adolescencia no era un tema que se hablaba públicamente. La democracia como manera de organizarnos socialmente debe respetar la libertad de autonomía de los cuerpos de las mujeres, no solo eso no había sido escuchado sino que era relacionando directamente a la muerte”, agregó.

El Código Penal establece causales por las cuales el aborto está permitido desde 1921. “Creemos que es una cuestión de salud pública pero necesitamos un marco legal para poder decidir si esta el recurso en un hospital o donde la mujer decida”.

En 2018 el proyecto de ley de la Campaña obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue desaprobado por el Senado. “Eso permitió ver que era una ley que se hizo desde la discusión, escuchando diferentes perspectivas: la médica, la social, la cultural y creo que eso es lo que deberemos seguir defendiendo, que se siga tratando legislativamente el proyecto”.

“En el medio de todo esto, como norte en la aprobación de la ley, se han ido sorteando deferentes situaciones: los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo, los fallos de la Corte Suprema, se han ido dando pasos en caminos de dar el marco legal, social y cultural. Se fue avanzando en otras cuestiones con la importancia de mantener viva de la lucha”.

Respecto al reciente caso de una niña a la cual le negaron una interrupción del embarazo en Santiago del Estero, Petersen afirmó que “el primer punto es la adhesión de las provincias a los protocolos de ILE. Después generar presupuestos y partidas para que esto se pueda cumplir. La capacitación de profesionales que intervienen en estos casos es fundamental, seguimos abordando estas situaciones como en otro tiempos, donde hay arraigada una cuestión feudal y patriarcal, de clase y género”.

Luego de la viralización del chat con uso de lenguaje sexista contra una alumna de la Universidad Nacional del Sur por parte de dos profesores durante una clase virtual, la subsecretaria de Derechos Humanos, Andrea Montano, dijo a FM De la Calle que fueron apartados del cargo hasta tanto se resuelva la situación.

Esteban Pedroncini y Daniel Chiaradía, integrantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, agraviaron a la estudiante en un chat privado que terminó expuesto frente a toda la clase. Cuando el alumnado mostró su enojo, los profesores afirmaron que “se trató de un chiste”.

La alumna denunció el hecho ante el Consejo Asesor y de Intervención para la implementación del Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género.

Montano comentó que “el Comité como medida de prevención sugiere suspender las clases esta semana para que ella no tuviera que exponerse a la situación y los Departamentos en los que están estos docentes deciden apartarlos hasta tanto se resuelva la situación”.

“La que se ve agraviada es una estudiante, se complejiza la situación por esta relación asimétrica entre docentes y estudiantes. Las materias se van a seguir dictando a cargo de otros docentes hasta que se tome una decisión. Se preserva a la persona afectada y se preserva su derecho de seguir estudiando”, agregó.

Respecto a la estudiante señalaron que con el correr de la horas todo fue peor porque el caso se viralizó y se difundió información errónea. “Se publicaron informaciones que no son correctas ni fieles a la verdad, incluso hemos visto publicadas las cara de la estudiante con su nombre”.

Montano dijo que ante las clases virtuales “estamos todos, todas, mucho más expuestas con nuestros datos, nuestro teléfono, nuestras fotos. Desde la institución se reforzó la idea de privilegiar los contactos asincrónicos, las clases no necesariamente tienen que ser en vivo. En Moodle hay un texto que explicita esto, que no por estar en cuarentena la violencia para”.

Por último, la subsecretaria de Derechos Humanos de la UNS señaló que ahora resta “hacer una entrevista para ratificar y profundizar y se tomarán las acciones para proteger a la víctima. Luego de eso, el Comité tiene 10 días para elaborar el dictamen y eso pasa al Consejo Asesor y de Intervención, se discute, se vota, se puede revisar y completar o votar directamente. En base a eso es el canal que se se sigue”.

(Por Red de Comunicadoras Bahía Blanca) En un contexto de aislamiento a raíz del COVID-19, en el que el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunció que aumentaron más de un 30 % los llamados a la línea 144 producto de mujeres que conviven con sus agresores, en Bahía Blanca hubo un femicidio y un intento de femicidio durante la cuarentena.

Susana Melo fue asesinada por su pareja Gregorio Raúl Costa, denunciado por la familia de la víctima en varias oportunidades. Días atrás, Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su novia, quién se encuentra gravemente herida.

En momentos donde los medios de comunicación son una actividad esencial, se vuelve fundamental contar las violencias a las que nos vemos sometidas y que recrudecen ante el aislamiento. Sin embargo, no podemos ni debemos reproducir información de cualquier manera.

Somos muchxs colegas que en esta ciudad nos cuestionamos y repensamos la tarea de comunicar. Hacer del sensacionalismo y la exposición truculenta de hechos violentos y personas violentadas, la línea editorial de un medio o de un relato, es una elección. No es la nuestra.

Desde la Red de Comunicadoras Bahía Blanca apostamos a capacitarnos y por eso mismo también revisamos día a día nuestras prácticas, las observamos, nos observamos y nos enriquecemos con el aporte de colegas y audiencias.

Es por eso que entendemos que cuestionarnos y debatir nos hace mejores profesionales, más responsables y respetuosxs de los derechos de las personas.

La ley 26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en el año 2009, en su art. 5 establece los tipos de violencia contra la mujer entre los que se encuentra la Violencia Simbólica que es aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

La misma Ley hace referencia a las modalidades, es decir a las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos y se nombra a la Violencia Mediática que comprende “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, (…)”.

Como comunicadorxs y responsables de medios de comunicación debemos prestar especial atención a cómo difundimos y producimos el relato, sabemos que NO debemos develar la identidad de las víctimas, no hay que exponer sus datos como nombre y domicilio, tampoco hay que publicar imágenes ni realizar preguntas estigmatizantes para no volver revictimizante el abordaje.

En el caso que la mujer que está en situación de violencia decida difundir su historia en medios de comunicación, es parte de nuestra tarea profesional informarla y prevenirla sobre las implicancias de mediatizar su situación.

En el ejercicio de nuestra profesión, debemos observar si la persona está en plena autonomía, si está contenida y protegida, para resguardarla de las amenazas que se reiteran en estos casos.

Al mismo tiempo, creemos que darle micrófono a quienes violentan no es pluralidad de voces. No hay dos campanas en los casos de violencia machista. Lxs comunicadorxs tenemos que evitar caer en estas prácticas.

Instamos a las empresas periodísticas locales, en especial a quienes tienen decisión sobre contenidos y a sus trabajadorxs a generar el desarrollo de coberturas respetuosas que visibilicen y concienticen a la comunidad sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres.

Es necesario que en los medios de comunicación locales se promueva el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género.

Sabemos también, que es transcendental que se brinden capacitaciones en estas temáticas.

A raíz del auge de la serie “Poco Ortodoxa” y el documental “One of us”, acerca de la vida de judíos ortodoxos, FM De la Calle dialogó con Karina Finkielsztein -educadora y primera rabina en casar un matrimonio igualitario- acerca de su visión del mundo judío desde una mirada feminista.

Las series están situadas dentro de grupos jasídidcos y “no cualquiera sino dentro de los más cerrados. Una de las definiciones dentro de los jasídicos es que las familias siguen a ciertos rabinos y si vos no cumplís con las reglas de ese rabino quedás afuera. Los fundamentalismos los conocemos dentro de todas las perspectivas”, afirmó.

De familia judía de centro izquierda, nieta de inmigrantes de una Rusia Socialista con fuerte actividad comunitaria, Finkielsztein señaló que “la comunidad es el gran legado. Entendí que también las tradiciones espirituales dentro del judaísmo buscan crear un contado más humano”.

“No comprendo el judaísmo como una religión, porque así lo acotás a prácticas que ligan a lo sagrado. Me gusta definirlo como una pizza donde cada porción es una cosa. Una porción es la religiosidad, otra son valores e ideas, tradiciones y costumbres, festividades, historia, una tierra en común, un lenguaje y cada judío se va situando en esas porción según su legado familiar”, comentó.

Para Finkielsztein una de las tareas más importantes como feminista y judía es la producción cultural: “Muchos libros fueron escritos por hombres, por lo tanto, el lugar de la mujer está desdibujado. Poder rescatar las voces de las mujeres ocultas me parece un lugar de liberación, generar cultura de ley escrita por mujeres es muy importante”.

En cuanto al abordaje de las identidades disidentes afirmó que “es un proceso que se está construyendo ahora. Cuando empecé a trabajar con JAG -Judíos Argentinos Gays- el movimiento buscaba comunidades solo para ellos y lo que les decía es que tenemos que trabajar con comunidades integradas, que integren a los judíos en todas sus identidades”.

“Hay comunidades que están más abiertas a eso. En la que trabajé yo realicé el primer matrimonio igualitario judío, tiene que ver con el contexto mundial. Hay que decir que por más que el mundo judío sea más observante, en general, su cabeza es más de derecha que su práctica”, finalizó.

Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su pareja. Cintia se encuentra en su casa pero tiene parte del rostro, pecho y manos quemadas. Familiares y vecinas que ayudaron a socorrerla denuncian que la familia del agresor las amenaza por redes sociales.

En la causa interviene la UFIJ Nº 5 a cargo de Jorge Viego. Esta tarde le tomarán declaración por videoconferencia a Cayuñir, quien se encuentra detenido.

“Él tenía a la beba en brazos, primero estaba arriba de la cama porque yo le había terminado de dar el pecho. Cuando la va a busca le digo ‘a la nena no te la llevás’. Me dijo ‘ahora vas empezar con que la bebé no es mía’. Yo le dije ‘yo se que es tuya’. Me dice ‘¿sabés lo que voy a hacer ahora? Te voy a rociar con alcohol y te voy a prender fuego’. Agarró el alcohol y me lo empezó a tirar encima, cuando va a buscar el encendedor tiró la primera chispa y se prendió todo fuego. Me saqué la remera como pude y salí corriendo, lo primero que hice fue mirar a la beba de tres años y vi que no la agarró a ella, la remera la tiré arriba arriba de la cama y fue ahí donde empezó a prender fuego todo”, relató Cintia.

Una vecina, Liliana, escuchó los gritos e intercedió: “Cuando vi que no abrían, empujé la puerta y me metí. Ahí la veo a ella salir de la pieza, toda quemada, prendida fuego, la cabeza, el cuerpo, la puerta. Ahí le preguntamos qué hiciste, ‘le dije que la iba a prender fuego, le tiré alcohol y la prendí’. Yo empecé a los gritos y llegaron los vecinos que llamaron a la ambulancia y la policía”.

“No me permitía que la lleve al hospital, me decía que la llevaba él, yo lo empecé a empujar, a gritar, y a decirle que la llevaba yo. Él sacó la moto y se fue. Ahí llegó la policía, la ambulancia. Estaba todavía el fuego en la cama, en el piso, la ropa, y lo apagamos”, relató Liliana.

Cintia convivió en el encierro con el violento: “Antes había habido golpes, nunca lo denuncié”. ¿Tenías miedo? “Sí. Ahora no tengo miedo, pero no sé lo que puede llegar a pasar después de esto. Estamos recibiendo amenazas”.

“Él no me dejaba salir a ningún lado, a donde iba me acompañaba, iba a trabajar me acompañaba, se quedaba en mi trabajo, era muy obsesivo, no me dejaba tener celular. Cuando estaban los dos (hijos) más grandes nunca pasó nada, pero cuando se iban ahí era donde siempre discutíamos y pasaban estas cosas”.

La víctima no tiene botón antipánico ni custodia policial. Las autoridades están al tanto de que esta recibiendo amenazas.

“Yo voy a seguir, no tengo miedo, así reciba amenazas yo voy a seguir con todo esto, porque me arruinó todo”, afirmó.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró hasta ayer 97 casos de femicidio, de los cuales 10 corresponden a femicidios vinculados, 2 personas trans y 2 suicidios feminicidas.

De la investigación surge que las provincias que registraron mayor cantidad de casos son Buenos Aires con 35 (incluye 2 en CABA), en Santa Fé 12, Tucumán 7, Córdoba y Santa Cruz 6 casos respectivamente, Misiones 5 y Jujuy 4 casos.

También se puede asegurar que el 38,4% de los asesinatos fueron cometidos por parejas/esposos, el 25,3% por ex parejas, el 11,1% por desconocidos y el 31,3% incluye a padres, padrastros, tíos, hijos y nietos. En tanto que el lugar de mayor peligrosidad para la víctima es su domicilio o el domicilio compartido con el victimario.

El registro y sistematización de datos incorporado por este observatorio fue realizado a partir de un seguimiento exhaustivo de información periodística, tanto de medios nacionales como de medios locales y es por eso que se destaca la labor periodística, ya que ha hecho posible que, en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, se hayan podido visibilizar estos hechos de violencia extrema hacia las mujeres.

En base a la medición elaborada por el observatorio, durante los últimos cuatro años se reflejó un número similar de casos entre los meses de enero a abril, con un resultado de 110 casos en el año 2017, 95 casos en 2018, 94 casos en 2019 y 97 en el 2020, teniendo en cuenta que aún hay casos del período actual que se encuentran en investigación.

Si bien la cantidad de femicidios se mantuvo a lo largo de estos años, se pudo observar un destacado incremento en la cantidad de denuncias efectuadas por mujeres en riesgo de violencia desde el período que comenzó el aislamiento preventivo, y también gran cantidad de denuncias de familiares y allegados de las víctimas que reclaman por falta de perspectiva de género en el tratamiento de los casos.

Respecto a lo anterior, resulta necesario que los responsables de intervenir ante estos hechos accedan a la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, permitiendo un buen abordaje y mejor manejo de sus funciones, el cumplimiento de la Ley Micaela debe ser efectivo para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Así también de necesaria y urgente debe ser la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional. El cumplimiento de estas leyes permitirá encarar desde los distintos niveles etarios una problemática basada en una situación de desigualdad que históricamente ha priorizado al hombre en desmedro de la vida de la mujer.

A la luz de las denuncias efectuadas ante diferentes medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, rechaza las recientes medidas adoptadas por Jueces que ponen en riesgo a las mujeres que han sido víctimas de violencia y pide a los mismos a rever cualquier decisión que las afecte directamente y que se extremen las medidas de control frente a cualquier tipo de amenazas a las que pudieran estar expuestas.

Una de las conclusiones centrales de la investigación para conocer para qué y con quiénes se endeudan los sectores populares de la ciudad refiere al rol preponderante de las mujeres en el sostenimiento de las economías familiares. Esta realidad conduce a que sean ellas quienes en primera instancia toman los créditos para invertir en consumos básicos como la compra de alimentos.

El documento, elaborado por  el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez señala que contra todo pronóstico o falsa idea de empoderamiento, la deuda contraída por las mujeres solo intensifica la precariedad estructural de las condiciones de vida que conduce, únicamente, a resolver lo urgente.

Debido a que la responsabilidad del cuidado de les hijes recae sobre la figura materna, son ellas las principales tomadoras de deuda a través de los créditos de la ANSES que luego serán descontados de los montos de AUH que perciben.

“Casi siempre las que se endeudan son las mujeres porque son las encargadas de llevar adelante la economía del hogar. No porque sean quienes ingresen plata al hogar, sino porque son quienes la manejan”, comentó Macarena Santamaría, integrante de Ser Comunidad.

Por su parte, Jorge Cascallar, coordinador de Envión, comentó que “las mujeres son las primeras que se endeudan. Los hombres son los que se deprimen si no consiguen trabajo por la cuestión del machismo. Las mujeres han estado 4 o 5 días sin volver a la casa para buscar trabajo debido a que se hace posible sustentar el pasaje del colectivo todos los días que hoy sale $40. Esta situación implica no poder comer, bañarse ni estar con sus hijos”.

Desde el Programa Nacional de Primera Infancia señalan que “estos créditos que sacan muchas veces son para comprar alimentos o para comprar útiles escolares para sus niños o niñas. O para estas tareas que se derivan de la responsabilidad de cuidar a un hijo o a una hija”.

El informe reconoce que “en los barrios la mayor parte de los hombres participan del mercado laboral, insertos en oficios de baja calificación, con formas precarias de contratación y escasa continuidad. Las mujeres tienen una inserción menor en el mercado laboral, debido a su carga en las tareas de cuidado en el hogar, pero participan de la búsqueda. En Bahía Blanca, mostraban para 2019 una tasa de actividad un tercio más baja que los hombres”.

“En la mayoría de las familias, si se tiene una pareja, es el hombre el que trabaja más y generalmente él trabaja en el ámbito de la construcción. Él es el que hace changas, mientras que la mujer es la que se queda en la casa haciendo las tareas domésticas, cuidando a sus hijos, y al no estar remunerado eso, ellas no tienen un ingreso. Pero sí son quienes manejan la economía de los hogares. Es más, si te tendría que tirar un número, diría que el ochenta o noventa por ciento de las personas que van a tomar créditos para materiales de construcción (que es lo que nosotros brindamos) son las mujeres. Ellas se acercan porque tienen tiempo, ellas son las que tienen la iniciativa aunque quienes después encaren la construcción sean los varones. Ellos lo encaran porque son los que tienen el conocimiento y la práctica en este rubro”, afirmó Santamaría.

En último lugar, las mujeres son quienes se encargan de resolver el abasto cotidiano y los cuidados, y por lo mismo, son las que más circulan por los barrios, son más conocidas. “Esto compone un vínculo más sólido, que habilita fuentes de crédito basadas en la reputación”.

“El hombre está menos acostumbrado y le cuesta más el hecho de no tener trabajo. En cierta forma creo que lo sufren más, les da más vergüenza ya que la sociedad es muy machista. La mujer puede dejar el orgullo un poco más de lado o la vergüenza y salir a buscar una solución”, apuntó María Soto del Movimiento Evita.

Una mujer que está sufriendo una situación de violencia se ve condicionada a irse del hogar si es que es la titular o responsable de un préstamo. También son las mujeres las que primero restringen sus consumos, ‘dejo de comer para darle a mis hijos, dejo de compararme ropa o cosas personales para comprarle a los chicos’. Y, por otro lado, centra la discusión entorno a qué mundo habitamos, dado que es el propio Estado quien ejerce violencia económica contra las mujeres de sectores populares y las obliga a endeudarse mientras realizan doble o triple jornada laboral. Parafraseando a la investigadora Verónica Gago, la deuda organiza la obediencia.

La directora de Políticas de Género del Municipio, Ana Meceratesi, habló con FM De la Calle sobre la situación que atraviesan las mujeres que conviven en aislamiento con sus agresores. Además, se refirió al abordaje de la oficina en casos puntuales y al funcionamiento de los dispositivos existentes.

“Tengo la información de que aumentaron los casos (en provincia), no nos consta que acá en la ciudad hayan subido. Manejamos un número bastante grande de consultas, en los últimos tiempos va en aumento. Si el momento de emergencia fuera en un horario de 9 a 14 se puede llamar a nuestros teléfonos, le vamos a brindar esta contención, si es en otro horario hay que llamar al 144, nos van a informar a nosotros y la vamos a poner en contacto”.

“La situación de violencia es un proceso, va a pasar por varias instancias, es importante la contención, es fundamental que la persona pueda tener este contacto, tener un espacio de escucha, un nombre, un referente”, comentó Maceratesi.

No hay política específica para atender los casos de reparto de alimentos y asistencia municipal a mujeres jefas de familia. “Entra dentro de la red que se armó en relación a la entrega de bolsones, se trabaja desde las trabajadoras sociales del equipo, que se ocupan de estas cuestiones y, por ahí, ver con qué recurso cuenta cada mujer. En esos casos donde hay personas que tienen menos recursos, ahí están las trabajadoras sociales haciendo el nexo, como para que esa ayuda llegue”.

En relación al funcionamiento del refugio, apuntó que “siempre es mucho mejor contar con alguien, recurrir a algún referente, irse a la casa de alguien que no sea una institución, un amigo, un familiar alguien que pueda contener en esta situación. Lo que sugiero es que la persona que conviva con algún agresor es que pueda tener agendado el nombre de alguien de confianza y que esa persona pueda hacer el puente. Que cuente con alguien y que sea una manera rápida que tenga esa persona de conectarse con ese referente ante la emergencia”.

Respecto de la situación de contratación del personal del refugio comentó: “Hay diferentes situaciones. No me parece que sea un tema para tocar en esta nota, sería un tema para plantearlo en otro espacio”.

Sobre los botones antipánico mencionó que hay 46 funcionando: “Está la posibilidad de adquirir nuevos botones, la posesión es dinámica, las personas lo tienen en un momento y pasado un tiempo, pasada la situación de violencia ya no es necesario porque no es tal la gravedad de la situación. Hasta ahora nos manejamos bien con el número de botones que tenemos.

Consultada por la intervención en casos como el femicidio de Susana Melo, el caso de Rosalía o la denuncia de abuso sexual realizada por dos chicas contra soldados del ex V Cuerpo de Ejército, Maceratesi señaló que “es prudente no hablar de casos puntuales, por una cuestión de resguardo de privacidad por ahí preferiría no hablar, me parece importante hablar de generalidades”.

“Atendemos y abordamos todos los casos que nos puedan llegar por demanda directa de la persona afectada o de familiares y allegados que nos demandan,la persona que pasa por una situación de violencia puede no reconocerlo. En estos casos de violencia de género en el ámbito familiar o no, como puede ser violencia sexual, que sean en el ámbito familiar o no, vamos a tener intervención si nos piden. En ese sentido vemos el acompañamiento”.

Susana Melo, de 53 años, fue asesinada este fin de semana. El principal y único acusado es Raúl Gregorio Costa, su pareja, quien confesó haberla matado, se negó a declarar y permanece detenido desde entonces.

En reiteradas oportunidades la familia de Susana denunció a Costa por violencia machista. La última fue en enero cuando producto de los golpes la víctima terminó internada. Ni la justicia ni la policía actuaron a tiempo. El sábado, luego de que una amiga alertara a la familia, encontraron su cuerpo sin vida en un camino vecinal.

“Ese día recibo un mensaje de la amiga de mi mamá en el cual me decía que Costa andaba divulgando que la iba a matar”, comentó Rosana, hija de la víctima, a FM De la Calle.

“Hace 6 años que estaba con él, tenía denuncias previas de mi parte, lo denuncié cuando mando a mi mamá al hospital. Mi mamá dijo que se cayó, cuando había sido que él la agredió, tenía tibia y peroné con los huesos triturados por dentro. Para nosotras le pasó la camioneta por encima”, expuso Rosana.

Comentó que acudió en aquella oportunidad a la Comisaría de la Mujer “el mismo día que la internaron”. “A la semana tenía que ir yo con una testigo que era amiga de mi mamá y la testigo no quiso ir porque mi mamá se lo pidió. Así que cuando fui me dijeron que si no se presentaba la testigo ni mi mamá quería hacer la denuncia, quedaba archivada porque no era fehaciente. Les dije lamentablemente si esto no se para esperemos no tener una desgracia, y a los dos meses la desgracia sucedió”.

Costa tiene otros antecedentes para con la familia Melo: “Tiene una denuncia porque manoseó a mi hermana más chica, que también quedó en la nada, se apareció en mi casa, estaba yo sola con mis hijos. Me fue a apretar con cinco personas más. Esa denuncia también está hecha. Tiene denuncias por violación y la justicia nunca hizo nada”.

“Conociéndola a ella, para nosotros estaba siendo amenazada, nosotros queríamos ayudarla y ella nos alejaba, para nosotros él la tenía amenazada con que nos iba a matar”, agregó.

Rosana dijo que su mamá “era una excelente persona, todos los que la conocieron saben la persona que era, muy laburadora, buena, ayudaba, te brindaba hasta lo que no tenía. El último tiempo por ahí pasaban días que no aparecía, le escribíamos y siempre decía que estaba bien, por ahí aparecía más de una vez con el ojo negro y decía que se había caído. Nosotros la queríamos sacar pero ella estaba siendo muy amenazada”.

La presidenta del bloque del Frente de Todos en el HCD, Gisela Ghigliani, se refirió a una serie de proyectos vinculados a la perspectiva de género incluidos en la Agenda 2020 de Mujeres, Género y Diversidades.

“Lo que queremos con esto es ponerlo a consideración, que se discuta, que lo ampliemos y lo mejoremos. No podemos detenernos a recolectar números porque sino hacemos política publica a posterior. Estas son distintas líneas en las cuales vemos cómo abordar la problemática”, dijo a FM De la Calle.

La concejala comentó que “la ordenanza del Cupo Laboral Trans no se implementa, ni siquiera estamos discutiendo la reglamentación, eso también lo vamos a reclamar. Tenemos ordenanzas sobre soluciones habitacionales para víctimas de violencia, está promulgada y reglamentada, nos falta información sobre cómo se está implementando”.

“Para mí es un clásico que los presupuestos de Cambiemos son horribles y es obscena la subejecución, no por eso vamos a dejar de insistir en estas temáticas. No es aprobar por aprobar, preferimos que nos digan que no”.

Son diez ítems de propuestas: un Programa Mujeres Conductoras del Transporte Urbano de Pasajeros, un Protocolo Interno de Actuación en Situaciones de Violencia de Género y/o Discriminación. Además, la creación del Programa de prevención y erradicación del acoso callejero y de una  comisión permanente de “Mujeres, Género y Diversidad” en el Concejo Deliberante.

Por otro lado, le solicitarán al Ejecutivo el cumplimiento de la Ley Micaela, la pronta respuesta del expediente referido al Programa de Prevención del Acoso a Mujeres en bares y confiterías y propondrán la creación de una guía de lenguaje no sexista para las comunicaciones oficiales.

Se incluye, además, la creación de Centros de Atención Integral y Territorial de las Violencias por motivo de Género en Cerri, Ing. White y Cabildo; la modificación en el reglamento del HCD para licencias por nacimiento y adopción; y, por último, un homenaje a  María Luisa Cosentino de Pastorino, primera concejala mujer de Bahía.

Este lunes se realizó la audiencia para pedir la prisión domiciliaria para Rosalía. El Tribunal Criminal Nº3, a cargo de la jueza Daniela Castaño, Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire, deberá en los próximos días definir si hacen lugar a la petición solicitada por la defensa.

Durante la audiencia solo estuvieron presentes Castaño y Casas, con la particularidad de que la sala que brindó el Tribunal tenía capacidad solo para la familia de Rosalía. Durante esta instancia ni las organizaciones que estaban acompañándoles ni la prensa pudieron presenciar el debate debido al espacio restringido.

Recordamos que Rosalía parió sola en su casa de Argerich en 2005, se desvaneció y la criatura murió. El Tribunal Criminal Nº3  la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado.  

En la audiencia, Rosalía comentó a los jueces que está muy angustiada y preocupada por estar lejos de sus hijes, en particular de su hija más chica de 9 años. Y que su accionar fue para proteger a las criaturas en todo momento.

Según la abogada defensora, Fabiana Vannini, el tribunal estuvo abierto a escuchar a Fernanda, hermana de Rosalía, quien la recibiría en su casa junto con su hija menor, en caso de que el pedido sea favorable.

Por su parte, el fiscal Viego se mostró reacio a aceptar el pedido de prisión domiciliaria argumentando que la mujer estuvo 15 años  fugada.

La defensa solicitó el pedido de 7×60, es decir, que en caso de continuar en prisión Rosalía permanezca 7 días en Bahía Blanca y 60 en Azul para posibilitar la visita de la familia.

Asimismo, la abogada señaló que se reunió con Lucía Portos, subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, que se mostró atenta a continuar acompañando el proceso judicial.

Vannini destacó que hay tres medidas judiciales que corren en paralelo: una es la solicitud de la prisión domiciliaria; otra recurrir el Habeas Corpus; y por último, apelar la condena.

(Por Giuliana Crucianelli) Ser mujer, pobre, madre sola de cuatro hijes, trabajadora precarizada y vivir en una zona rural como Argerich se vuelven condición para la justicia al momento de firmar sentencia condenatoria. Las doctoras en Historia Graciela Hernández y Jessica Visotsky analizaron en FM De la Calle la realidad sociocultural en la cual estaba inmersa Rosalía desde una perspectiva de género.

“Creemos que hay un mandato de la maternidad y de la ‘buena madre’ que se le está exigiendo. Es un fallo con una fuerte impronta moral y patriarcal. Ahí tenemos la doble vara con la que se mira a las mujeres: o no sabemos nada o somos capaces de todo”, señalaron.

La mujer parió sola en su casa de Argerich en 2005, se desvaneció y la criatura murió. El Tribunal Criminal Nº3  la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado.  

El informe de las historiadoras está elaborado a partir de entrevistas a familiares de Rosalía y da cuenta que “las múltiples violencias que ha atravesado en su vida Rosalía, la violencia acumulada, las intersecciones de opresiones que ha sufrido e incluso su relación con los partos, con la crianza inmediata posterior, se explican en gran medida por aspectos vinculados a factores sociales y culturales”.

“Pudimos ver como las condiciones de ruralidad casi impensadas en ese lugar, con semejante aislamiento, han naturalizado cuestiones que a cualquiera nos parecerían una epopeya y a ellas les parecía normal. En Argerich no alcanzaba a llegar la ambulancia, el primer hijo de Rosalía lo atendió el papá de ella, el abuelo. En el campo se acostumbraron a esas condiciones y lo consideraban un experto al papá de Rosalía porque atendía el ganado”, apuntó Hernández.

Las investigadoras se detuvieron en la responsabilidad que recae sobre la Universidad Nacional del Sur por tratarse de una trabajadora precarizada del frigorífico La Gleba. “Esto nos involucra directamente a la universidad. Mencionamos la dimensión subjetiva de trabajadoras en contexto de precarización laboral. Muchas investigaciones dan cuenta de estrategias de resistencia, que la negación y el ocultamiento son formas de resistir a los estigmas”.

“Otra de las cosas que mencionamos es cómo las condiciones de vida en contexto de ruralidad, de precarización laboral, de jornadas laborales extenuantes y, asimismo, con cuatro hijos, hacen que se ejerza una ciudadanía débil y que no se vayan exigiendo derechos que tiene que ver con la vida digna”, argumentó Visotsky.

Por otro lado, las investigadoras se refirieron a la mirada de la justicia ante el caso: “El fiscal dice qué mujer no sabe atar un cordón. Ella tendría que haber sido lo suficientemente ‘madre’ como para ser capaz de parir sola, cortar el cordón, atarlo bien, todo con su hija de 12 años al lado que estaba asustada”.

“Es como que las mujeres saben, a pesar de todo, lo que tienen que hacer. Como un instinto, se está pensando que si lo hacen las perras y las gatas por qué no puede hacerlo una mujer como si tuvieran la misma condición”, dijo Hernández.

Por último, Visotsky comentó que en el informe se refieren al “policiamiento de las familias”. “Estamos ante un Estado que tiene una relación con las mujeres del tipo policial, que nos judicializa pero que está ausente para darnos lugar a una vida digna”.

Hace ya unos meses con gran fuerza de voluntad algunas compañeras tomamos el desafío de poner en funcionamiento la Secretaría de Mujeres y Géneros de la CTA Autónoma Bahía Blanca. Luego del escenario que acontecía por el Tercer Paro Internacional de Mujeres del pasado 8 de marzo de 2019, muchas nos vimos ante la necesidad de juntarnos y expresar la perspectiva de las trabajadoras en el amplio movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y de ser parte de su vocación de construcción transversal e interseccional, es decir, poner de manifiesto cómo el feminismo propone una comprensión múltiple de lo que acontece en la vida social, política, económica y cultural; y de una manera, donde el género, la etnia, la raza, la clase también son componentes de sus debates. Esta secretaría se compone hoy de mujeres trabajadoras de diferentes sectores y edades, y su vocación será siempre de ampliar esa diversidad.

MUCHAS GENERACIONES POR UNA VIDA DIGNA DE SER VIVIDA

El feminismo que queremos es aquel que pelea por la legalización del aborto, que está en la calle en los paros, que discute el sistema capitalista, colonialista, racista y patriarcal, que le dice no al pago de la deuda externa pero que a su vez piensa las herramientas de la economía feminista para comprender las implicancias de lo que decimos. El feminismo que queremos es el que también participa en los espacios sindicales, disputa su lugar dentro de las organizaciones, discute con las dirigencias, reclama las responsabilidades que le corresponden al estado pero que a su vez se mantiene autónomo de los gobiernos; es el que entreteje marcos de articulación para potenciar nuestras reivindicaciones, pero además es el que no le teme a discusión política y a las diferencias que allí se puedan expresar. Nuestro feminismo no es homogéneo y tampoco pretendemos que lo sea.

Las compañeras y les compañeres que nos precedieron, nos homenajearon con la conquista del derecho a votar, a estudiar, a divorciarnos, a abortar, a tener propiedades, a subsidios por maternidad, a organizarnos, a la patria potestad compartida, a la paridad, a jubilarnos como amas de casa, a penalizar los delitos contra la integridad sexual, a parir dignamente, al matrimonio igualitario, a ser tratadas según nuestra identidad de género autopercibida, a que los asesinatos que cometen contra nuestros cuerpos se tipifiquen como femicidio, travesticidio, transfemicidio, al cupo laboral trans, a la educación sexual integral y laica, a parar. Nuestras compañeras fueron audaces y pensaron horizontes políticos cuando talvez las condiciones objetivas no eran las más favorables; sin embargo, aquí están con nosotras, no hay vuelta atrás. Quizás nuestro mayor desafío es pensar cómo toda esta historia se transforma de manera conjugada en la propuesta política del feminismo para construir mundos nuevos.

UN APORTE (EN CONSTRUCCIÓN) A LA DISCUSIÓN SOBRE LOS TRABAJOS QUE HACEMOS

Por nuestra parte decidimos en este camino avanzar despacio, pero firmes. Fue así que nos propusimos descubrir puntos en común en la vida de las mujeres trabajadoras, en nuestras vidas, desde sus infancias hasta la adultez. Entendimos por trabajo aquel que contempla el formal, el informal, el registrado y el no registrado, pero también el doméstico, el trabajo reproductivo. Y allí nos encontramos con los datos que pacientemente han recopilado nuestras economistas feministas De esta manera visualizamos que durante los primeros años de nuestras infancias las niñas realizamos un 3,3% de las actividades domésticas de sus hogares mientras que los varones representan un 2,0%; y que a la hora de jugar el 40% de la oferta de juguetes destinados a niñas solo refuerza la estadística anterior, ya que todos están destinados a las tareas de cuidados. El mandato de femeneidad es claro: ser madres, buenas cocineras y bellas.

Pero, la vida continúa y las imposiciones patriarcales también, por eso durante la adolescencia las mujeres seguimos dedicando más tiempo a las tareas de cuidado que los varones, su variación solo está determinada por el nivel socioeconómico. Mientras que el 44% de las adolescentes mujeres de nivel socioeconómico (NSE) bajo asumimos esta tarea, el de los varones representa el 33%. En los casos de NSE alto el porcentaje es el 24% para nosotras y solo el 9% para los varones. Durante esta etapa el vínculo que el capitalismo ha forjado con el patriarcado se ve materializado en dos puntos. El primero es que para algunos jóvenes de este mundo la educación no es prioridad, por el contrario, el capitalismo les tiene reservado que a temprana edad salgan a trabajar, en esta premisa no hay diferencia de géneros. El segundo punto reside en que su alianza con el patriarcado se expresa en lo que el sistema tiene pensado para cada uno de ellos/as porque en cuanto a las actividades que generan bienes o servicios (con valor económico en el mercado) los estudiantes varones (15,2%) trabajan más que nosotras, las mujeres (8,9%). ¿Por qué sucede esto? Porque la preparación es para la próxima etapa, para la de mayor rentabilidad, para el momento de la vida donde somos para este sistema “más productivxs”. La adultez.

En la adultez la complejidad es notoria, porque aquí es cuando la mayoría de las mujeres damos vuelta la estadística, pero no necesariamente para bien, porque nuestra participación en el mercado de trabajo aumenta muchísimo, el problema radica en que el trabajo reproductivo también; ósea tenemos una jornada laboral circular. Mas simple: el 75% de las mujeres en Argentina realizamos tareas domésticas sin remuneración. ¿Más simple?: 9 de cada 10 mujeres hacemos estas labores, trabajemos fuera del hogar o no, mientras que 4 de cada 10 varones no realizan ninguna, aunque estén desempleados. Parte de la complejidad que mencionábamos antes es que además somos parte del mercado formal de trabajo donde tampoco los números nos favorecen, no sólo en representatividad sino respecto a nuestros salarios y oportunidades. La brecha salarial, es decir aquello que las mujeres ganamos haciendo el mismo trabajo que los varones, siguen siendo del 27% y se profundiza al 34% en el sector informal; nuestros ingresos aún están en injusta desventaja. Y sobre las oportunidades laborales las mujeres encontramos más obstáculos porque mientras que el 8,1% de los varones tienen cargos de dirección, solo un 4,7% de las mujeres ocupadas ejercemos puestos de estas características. Si a todos estos números que pueden sonar fríos pero que son necesarios por ejemplo para demandarle al estado igualdad de condiciones, le sumamos los mandatos patriarcales que arrastrábamos desde la infancia, nuestra situación es aún más adversa. El caso de las mujeres trabajadoras madres no es alentador: 5 de cada 10 mujeres con hijes tenemos un trabajo precarizado y 4 veces más probabilidades de vivir en hogares pobres y la licencia por paternidad es simbólica en nuestro país.

Hasta aquí el recorrido ha sido de las mujeres. No es casual, las hermanas travestis y trans poco aparecen en los números oficiales. Sin embargo, hay algo que con certeza sabemos y nos duele: su expectativa de vida sigue siendo de 35 años. A ellxs les abrazamos y les agradecemos por llenar aún más de debate y diversidad al feminismo y al Movimiento de Mujeres. Tampoco son contempladas en estos datos las situaciones de las lesbianas y bisexuales, cómo atraviesan las exigencias de la heterosexualidad obligatoria desde la niñez, qué dificultades particulares enfrentan a la hora de conseguir empleo, cómo llegan a la adultez mayor, los tipos específicos de violencias que padecen, cómo viven los mandatos de la maternidad o escogen ser madres, entre muchas otras situaciones. Todos los datos que se relevan globalmente no consideran para las mujeres otra opción fuera de la heteronorma, por lo tanto, también consideramos fundamental poder enriquecer nuestro análisis con las perspectivas y vivencias de ellxs.

Los relevamientos oficiales tampoco consideran las diferencias de raza y etnia en las condiciones de vida que evaluamos. Creemos que el hecho de vivir en un sistema de opresión que también es racista da como resultado que las mujeres negras, marronas, de pueblos originarios y de otras etnias sufran inequidades en la cotidianeidad que, en conjunto con las que sufrimos todas las mujeres, dan lugar a formas de opresión específicas en las que se conjugan el capitalismo, el patriarcado y el racismo; otra vez.

Para las mujeres que sí llegamos a la adultez mayor esta etapa no representa el descanso que el mundo debería desearnos, aún en este período el trabajo no remunerado no desciende: para los varones es de 5 de cada 10 y para nosotras 8 de cada 10. Tampoco dejamos de sufrir violencia, representamos el 78% de las personas de esta edad que la padecen y el ámbito doméstico es el lugar donde más ocurre, mayoritariamente de la mano de nuestras parejas o ex parejas. Sufrimos diagnósticos de depresión dos veces más que los varones y nuestra actividad sexual desciende en importancia incluso para nosotras mismas según las estadísticas, ya que representa un 60% y en los varones un 80%.

Aún cuando en la Argentina la mayoría de las personas jubiladas somos mujeres, se sigue manteniendo una brecha de ingresos. A partir de los 65 años cobramos un 8% menos que los varones llegando hasta el 17% cuando nos acercamos a los 69 años. Es cierto que la Ley de Moratoria 26.970 para quienes no contaban con aportes realizados o eran insuficientes respecto de los 30 años requeridos, pudieron jubilarse con un plan de pagos que les eran (y les son) descontados de su haber jubilatorio. Quiénes resultamos beneficiarias de esta ley fuimos en un 87% las mujeres, razón por la cual se le llamó popularmente “jubilación de amas de casa”; sólo el 13% representó a los varones.

A pesar de que las mujeres trabajamos todas nuestras vidas llegamos a estas circunstancias por diversos motivos, los más comunes han sido que nuestros empleadores no nos hicieron los aportes correspondientes, que hemos tenido trabajos no registrados, que nos hemos dedicado al trabajo reproductivo y de cuidados no remunerado, entre tantas otras cosas. Sin embargo, el rasgo distintivo de todas es que habíamos quedado fuera del sistema y con esta ley pudimos jubilarnos con la mínima para continuar aportando en cuotas deducidas de nuestros haberes. A pesar del bajo monto respecto de la canasta básica familiar, la posibilidad de cierta autonomía económica había significado un importantísimo logro y las consecuencias de la suspensión de las moratorias como ocurrió el año pasado, nos pone nuevamente en una mayor situación de vulnerabilidad y dependencia.

LA SOLIDARIDAD ES NUESTRA ARMA

Sabemos que es mucho en pocas líneas, es que es mucho lo que nos atraviesa la vida. Esa vida que debería ser justa; está permeada por injusticias y por eso nos organizamos entre mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries; así como también lo hacemos como trabajadoras integrantes de diversas organizaciones del movimiento popular. Peleamos por un mundo libre de violencias, por un ambiente sano, por derechos laborales, por mejores condiciones de vida en el más amplio sentido que podamos construir. Y el feminismo a medida que avanza, ensaya pasos de cómo ejercerlo y qué proponer; allí nos encontraremos.

La defensora de Rosalía presentó ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías un Habeas Corpus reclamando la inmediata liberación de la mujer. “Consideramos que mantener a Rosalía privada de su libertad es arbitrario porque se encuentra prescripta la acción penal”, señaló Fabiana Vannini.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez deberán decidir en 24 horas si hacen lugar a lo solicitado por la defensa.

Rosalía parió en soledad en mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido. El pasado 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de prisión por homicidio calificado por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios. Está presa en Azul desde junio de 2019.

“Habeas Corpus significa que se solicita la libertad inmediata de la persona, se considera que el encarcelamiento es ilegal o arbitrario”, comentó a FM De la Calle la abogada.

Señaló que ya plantearon la prescripción y “el Tribunal nos resolvió desfavorablemente con un argumento bastante cuestionable. Ahora planteamos esta cuestión ante la Cámara, si nos hacen lugar Rosalía puede recuperar la libertad y si no iremos con recurso de Casación para discutir la resolución desfavorable”.

“El delito por el que se la condena está prescripto, pasó el plazo que el Estado tenía para condenar que es 12 años. El Tribunal entendió que plazo es de 15 años, en base a una interpretación bastante forzada”.

En el recurso presentado, la defensa argumentó que “parece innecesario tener que recordar la raigambre constitucional y convencional que posee la actuación del Estado respecto de minorías desprotegidas en el complejo aspecto de la pobreza y de género que resulta el marco de la supuesta comisión del hecho que se imputa. Por ello, la única solución justa y adecuada a derecho y a la perspectiva de género que corresponde al caso es admitir la presente acción de Habeas Corpus, declarando prima facie prescripta la acción penal”.

Por otra parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente cómo amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía. “Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, comentaron en referencia a la ex trabajadora del frigorífico La Gleba. La Comisión Provincial por la Memoria interpondrá el mismo recurso.

Por último, Vannini comentó que “Rosalía está tranquila, bastante angustiada pero lo que quiere es que salga lo antes posible la orden de traslado a Bahía para estar cerca de la familia. El traslado depende del servicio penitenciario y el cupo que tenga la Unidad 4. Contestaron que no tienen lugar. Eso es cierto, en el pabellón femenino están con algún problema de sobrepoblación”.

Organizaciones feministas se concentraron frente a Tribunales para pedir la absolución e inmediata liberación de Rosalía.

Al acercarse al hall de entrada del Palacio de Estomba 34 para manifestar sus demandas, un oficial de guardia las frenó y cerró la puerta: “Silencio que los jueces están trabajando”, afirmó.

Rosalía está presa en Azul desde junio y el 19 de febrero -mientras ocurría el primer pañuelazo- el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado por no haberle dado los cuidados necesarios a su bebé recién nacida.

Recordamos que fue en 2005 cuando, luego de parir en su casa, se desmayó y no pudo atender a la criatura. La mujer cumplía extenuantes jornadas laborales en el frigorífico La Gleba perteneciente a la UNS y ocultó su embarazo por temor a perder el trabajo.

“Desde la asamblea de ADUNS le exigimos al rector de la UNS a que la universidad se presente como amicus curie. La Comisión Provincial por la Memoria también se presentó. Rosalia era una trabajadora precarizada, con todo lo que implica. Ella tenía cuatro hijos, temía que al anunciar un nuevo embarazo pudiera perder el trabajo. Vivía en una zona semirural, las condiciones del parto fueron sumamente precarias. El fallo judicial es machista y clasista. Desde la UNS hemos realizando un informe técnico desde la perspectiva sociocultural a partir de entrevistas de la familia donde se ven las condiciones en las que trabajaba”, comentó la docente Jessica Visotsky.

La integrante de Socorristas en Red, Griselda Cifuentes, señaló: “Otra vez la justicia patriarcal disciplina la vida y nuestros cuerpos, siempre con la movilización en la calle y dejando ver que los mandatos patriarcales pesan en la justicia que se presenta como objetiva. El mandato de la maternidad obligatoria y del instinto maternal como si todas estuviéramos preparadas para la situación que vivió Rosalía. Hay que exigirle a la justicia que sepa que la vida de las mujeres es más compleja y que muchas veces no podemos tomar las decisiones que queremos para nosotras y nuestros hijos”.

“Rosalía es mujer y es pobre y no debería estar en prisión con una violación de derechos humanos elementales. Las mujeres estamos hartas, por eso el lunes hay un paro internacional, vamos a seguir reclamando el derecho a  vivir en libertad y sin violencia”, finalizó Verónica Bajo, militante de Acciones Feministas y Desbandadas.