Hace más de diez días que los trabajadores de la fábrica PRIMA reclaman pago de salarios atrasados y de la liquidación final de 25 operarios despedidos, adeudadas desde hace un año. Los primeros días tomaron la fábrica. Sin embargo, una orden de desalojo llegó rápidamente. A partir de allí, decidieron acampar frente a las instalaciones de la empresa.

“Fuimos a la UOM Central (Buenos Aires) a plantear nuestros problemas. Nos manifestaron que no estaban al tanto de esto y que iban a tomar cartas en el asunto. Que les diéramos hasta el lunes o martes para tener una respuesta”, dijo a FM De la Calle el delegado Pablo Samuel.

Por otra parte, aseguró que “no tenemos nada del Ministerio de Trabajo. Habían dicho que hoy iban a venir por acá pero no se presentó nadie. Seguimos igual”.

Organizaciones y vecinxs se acercaron a Presbítero Biggio 1327, donde está ubicada la firma. En este sentido, Samuel destacó que “estamos muy agradecidos a la cantidad de vecinos que se acercan. Los muchachos de la universidad y los que aportan para pagar la luz o el gas. Los de SUTEBA, los del Banco Credicoop y el Banco Provincia que han venido a ofrecer su apoyo”.

Luciana Foulkles de la organización Pueblo en Lucha afirmó que no se trata de “un proceso que empieza ahora sino que viene de varios años. Pasaron de tener una planta de 100 trabajadores a las 14 que hay ahora. Es importante que el problema se visibilice. Desde la justicia y desde los funcionarios que se deberían hacer cargo de esta situación se está jugando al desgaste de los trabajadores”.

“Es un proceso de vaciamiento, porque la fábrica está en condiciones de seguir produciendo”, sostuvo.

Por su parte, el dirigente político e integrante de la CTA José Lualdi agregó que “esto se hace bajo la mirada del Ministerio de Trabajo que no toma las decisiones que debería tomar y del propio sindicato que está absolutamente borrado. Hay un conjunto de trabajos de los que la empresa ha tomado el adelanto financiero y no ha hecho nada. Se trata de un clásico proceso de vaciamiento”.

“Mientras los dueños y sus familias viven cómodamente, no pasan frío, no pasan hambre, no tienen penurias, los trabajadores están en la situación en que están”.

Finalmente, el bancario llamó la atención respecto de la acción sindical. “Que mal estamos desde el punto de vista de que la clase obrera organizada tiene dificultades para sostener un conflicto sólo de 14 trabajadores. No nos ha pasado así porque sí los 90. Hay que buscar no sólo sostener el conflicto sino buscar una salida. Si el Estado no actúa, si el Ministerio de Trabajo no obliga con su poder de policía, si el sindicato no actúa esto puede irse desgranando con el correr de los días. Quienes estamos del otro lado estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto no ocurra”.

Foto: Contrahegemonía UNS

El martes pasado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), convocó a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir sobre las condiciones de infraestructura en las escuelas públicas y los reclamos de los trabajadores de la educación.

La asamblea contó con la participación de alrededor 1.000 docentes e incluyó entre sus discusiones, qué hacer durante la visita del gobernador Daniel Scioli. El candidato a presidente por el Frente para la Victoria, visitará este viernes la Academia de Policías para poner en funcionamiento a 300 efectivos más.

Alejandra Pavón, integrante de la conducción del SUTEBA local, relató a FM de la Calle en qué estado se encuentran las negociaciones entre el gremio y el gobierno provincial.

Los problemas de infraestructura y el cobro irregular (que incluye el no cobro o, cobro con montos que no corresponden) ya tienen larga data. “No hemos tenido respuestas sobre los pagos en función de la demanda judicial que realizó el SUTEBA central, aún no hay fecha ni reconocimiento de quiénes son los docentes afectados y cuánto es el monto, hay compañeros que vienen arrastrando deudas desde hace 2, 3 años”, afirmó Pavón.

Por tales motivos, hay una perspectiva de no iniciar las clases después del receso invernal. La asamblea de la comunidad educativa resolvió un paro activo para el lunes 3 y martes 4 de agosto, que contará con una asamblea y movilización el día 3 y una clase pública el día 4.

Previendo la visita de Daniel Scioli a nuestra ciudad, los docentes organizaron una intervención pública para demostrar que siguen de pie, defendiendo la educación pública y las condiciones de trabajo de los maestros: “queremos expresarle nuestra bronca y nuestra disconformidad, aunque sea a la distancia, aclararle que no es bienvenido por los docentes de Bahía Blanca”.

Después del receso invernal y del paro activo de 48 horas, los docentes convocarán un plenario con las seccionales opositoras para discutir la reapertura de las paritarias. “También somos conscientes de que si la conducción central del sindicato no toma partido, conocemos las limitaciones de estas 9 seccionales. Obviamente una de las resoluciones fue solicitar a la conducción provincial que se ponga al frente de estos reclamos”, agregó Pavón.

La asamblea contó con la presencia de trabajadores de la Metalúrgica PRIMA que, desde el pasado lunes 6 de julio, vienen acampando en la puerta de la fábrica en reclamo de despidos, indemnizaciones no cobradas, sueldos atrasados y aportes sociales no realizados.

La asamblea -que se realizó en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N°2-, afirmó su solidaridad con los familiares de Katherine Moscoso y, de Matías Muller y Katherin Ortiz, los dos últimos, atropellados en Punta Alta por un móvil policial.

También se propuso que la Comuna adhiera a la efectivización de la Ley por Boleto estudiantil gratuito aprobada a nivel provincial.

El gobernador Daniel Scioli envió a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Paritarias para las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial. Durante años desde la Asociación Judicial Bonaerense se bregó por la aprobación de una norma que regule la relación laboral entre lxs judiciales y el Estado empleador.

El secretario general del gremio, Hugo Blasco, aseguró en FM De la Calle que el proyecto consensuado entre las partes “contempla la aplicación o vigencia del sistema autárquico en la provincia, es decir, el manejo, la administración de los recursos del Poder Judicial en exclusiva responsabilidad de la Suprema Corte. Hay un proyecto de ley de autarquía que está en la Legislatura desde fin del año pasado que contempla la puesta en práctica del modelo autárquico a partir del 1 de enero de 2016”.

“Somos el único sector que no tenemos este instrumento, los últimos en acceder a ello fueron los municipales, un ámbito mucho más difícil porque son 135 partidos, por lo tanto 135 intendentes, y sin embargo hubo capacidad para poder lograr la ley de paritarias”, agregó.

Respecto a la negociación, Blasco comentó que “en uso de nuestra responsabilidad, que es la de representar los intereses y derechos de los trabajadores judiciales, había cosas que no podíamos aceptar. Por ejemplo, el ámbito de representación, es decir, quiénes estarían representados en la negociación colectiva, la regulación del derecho de huelga que la Corte pretendía para sí, cosa que es una atribución exclusiva y competencia del Congreso Nacional, ni siquiera la Corte nacional puede regularlo, y después algunas cuestiones relacionadas con las facultades reglamentarias y un par de cosas menores pero que impedían avanzar en un acuerdo”.

“Reivindicamos esto como un triunfo porque el tema de por qué no hay negociación colectiva prácticamente en ninguna provincia para los judiciales, inclusive a nivel nacional, tiene que ver con una cultura predominante en los ámbitos judiciales en los cuales se puede ser democrático con todo el mundo menos con los trabajadores de la justicia”, manifestó.

“Que entre luz en tribunales”

Consultado acerca del debate judicial en torno a la Ley de Subrogancias y el rol del Consejo de la Magistratura en la designación de jueces y juezas interinxs, el gremialista recordó que estuvieron de acuerdo cuando el gobierno nacional impulsó proyectos para “supuestamente democratizar” al Poder Judicial. Sin embargo, “nos parecía que no era simplemente aprobar leyes a libro cerrado porque había que hacer un debate profundo convocando a los sectores interesados, no solamente a los legisladores y a algunos jueces”.

“Se intenta cambiar una corporación muy conservadora, reaccionaria en muchos de sus integrantes, por otra corporación que tampoco es una maravilla. Analizando quiénes conforman Justicia Legítima, hay gente que consideramos que es valiosa y no nos cabe ninguna duda, pero también hay jueces que son impresentables. Algunos fueron denunciados por nosotros por violencia laboral contra los trabajadores o por sacar sentencias que son verdaderamente una vergüenza”, sostuvo Blasco.

El dirigente agregó que “todos los mecanismos de designación de jueces, conjueces y demás, creo que debería ser debatida. Desde la Federación Judicial Argentina, desde la AJB, desde la CTA Autónoma siempre hemos impulsado la participación popular, incluso desligada de los partidos políticos en la responsabilidad de la selección de los candidatos para jueces, fiscales y defensores. (…) Hay que abrir la puerta, las ventanas, todo, que entre luz a tribunales”.

Un falso robo en el estudio jurídico y un ataque con brea sobre el frente de la casa del abogado Lucas Beier. Un intento de incendio del auto de Ricardo Pasquali, el más activo de los pescadores denunciantes. Una amenaza de sujetos armados para que Eduardo Mena se deje “de joder con la denuncia por contaminación”. Otros dos pescadores -que no intervienen en la causa- fueron amenazados con frases similares en el interior del puerto de Ing. White, uno de ellos recibió un palazo y una fuerte golpiza por parte de varios hombres.

“Es muy difícil desvincular estos atentados con estas causas, con la que tienen Arellano y Beier patrocinando a la Asociación de Pescadores y también esta acción civil para el saneamiento de la ría que tramita la justicia provincial”, aseguró el fiscal Alejandro Cantaro en FM De la Calle. Los abogados mencionados querellan contra las empresas del polo petroquímico y ABSA por la pérdida de la fuente laboral de los pescadores artesanales y exigen la reparación ambiental del estuario bahiense.

El funcionario recordó que los trabajadores presentaron otra denuncia el año pasado vinculando las causas ambientales y laborales con “la confusa reparación patrimonial que le dieron a los pescadores que tenían que dejar de pescar, en el marco de un convenio o acuerdo de reorganización pesquera donde se les ofrecía a los que querían seguir mejores lanchas para ir a pescar más lejos y a los que no, una indemnización. Los pescadores denuncian que esto fue turbio, que se pagó a quienes no correspondía, que se hicieron firmar recibos por más dinero del que percibían”.

La justicia federal entendió que se trataba de delitos ordinarios y derivó la investigación al fiscal provincial Rubén Álvarez. “Habría que ver también cómo es la cuestión tributaria, de dónde salió ese dinero, cómo se pagó, si es que el dinero recibido de la provincia a través del Consorcio fue a parar a quien tendría que haber ido a parar y en qué condiciones”, detalló Cantaro.

El aporte del gobierno provincial alcanzaba en principio los diez millones de pesos aunque “los pescadores dicen que podrían probar que fueron muchos más, en el orden de los sesenta millones”. El Consorcio de Gestión del Puerto se deslindó de la repartija y contrató a la empresa Estibadores S.R.L. de Amílcar Osores.

El fiscal calificó como “llamativo” que haya sido una empresa privada la que definió a quién y cuánto debía abonarse para la reconversión pesquera o la indemnización de quienes se apartaron de la actividad. “Es una empresa de estibadores, ni siquiera tiene que ver con la pesca. Le dieron el dinero y Estibadores S.R.L. tenía que rendirle cuentas. A los pescadores les llama la atención porque el socio gerente es de apellido Osores y en el directorio del Consorcio del Puerto hay otro Osores (Marcelo) que está en representación del SUPA”.

“El Consorcio pretendía hacer una extensión del dragado que después fue impedida pero que llegó a comenzar a hacerse. Con el refulado del estuario que se saca se van construyendo como islas que, cuando se asientan, deben ser base para construcción de empresas o para ampliación de lo que gestiona el puerto. Cuando ese refulado se saca, naturalmente todo ese material sedimentado con tóxicos peligrosos que están en el fondo y que fue lo que impidió que el dragado se extendiese, eso queda todo en la superficie y cuando se seca, vuela”, afirmó Cantaro y agregó: “No es paranoia, es una conexión que existe. Justamente es el Consorcio el que les da el dinero a los pescadores para que no pesquen pero a la vez, esta distribución se hace en una forma de asociación muy extraña para ver a quién le dan el dinero. Pensar que todo esto está conectado no es una locura, una fantasía, porque uno está buscando la quinta pata al gato. Hay una conexión real y vamos a insistir con eso”.

Un nuevo episodio intimidatorio se sumó al contexto de la investigación judicial por contaminación del estuario bahiense. Tras el falso robo en el estudio del dr. Lucas Beier, el ataque con brea contra el frente de su casa y el intento de incendio del auto de uno de los denunciantes, otros dos trabajadores de la pesca fueron amenazados y golpeados en el interior del puerto de Ing. White.

La noticia fue confirmada por el abogado Luis Arellano, quien representa junto a Beier a la Asociación de Pescadores de la Ría de Bahía Blanca en la causa contra las empresas del polo petroquímico y ABSA.

Ayer por la tarde aseguró durante la emisión de Tarde Piaste que “a uno de nuestros clientes lo amenazaron con una referencia bien directa a que se dejara de joder con el juicio, así fue más o menos la expresión, y ayer a la noche otras dos personas también pescadores que no son clientes, no integran el grupo del juicio, tuvieron un altercado y uno de ellos recibió una paliza con referencias directas a las acciones judiciales”.

Dentro del área portuaria “se bajó una (persona) y le partió un palo en el cuerpo a la víctima que se defendió y como la defensa fue más fuerte que el ataque, bajaron el resto que estaba en el auto, cuatro o cinco, y entre ellos le propinaron la paliza”. El letrado afirmó que la justicia intervino de oficio y opinó que “es un camino errado tratar de resolver conflictos del modo violento”.

“Se está dejando pasar la oportunidad de afrontar de una vez por todas la problemática de la contaminación de la ría de Bahía Blanca -explicó Arellano-. Ese es el origen de todas estas causas, o sea, que hoy los pescadores no tengan más posibilidad de ejercer su industria, que hicieron en forma pacífica durante un tiempo larguísimo, familias enteras que de generación en generación se dedicaban a esto hoy han perdido su tren de trabajo, su forma de vida. Y ellos han sido quienes tomaron la iniciativa de defender un recurso que es de todos, la acción que están llevando a cabo es para beneficio de la comunidad toda, que se deba dejar de contaminar y tratar de hacer algo para sanear el estuario”.

Para el abogado, si la fuerza que se encamina hacia hechos violentos fuera “la misma voluntad de afrontar este problema, se apuntaría sobre las autoridades públicas para generar las normas” que permitieran el saneamiento, que son “posibles, no muy difíciles y no muy caras, sería mejor que esto de intentar tapar el sol con las manos”.

“De hecho hay empresas privadas que controlarían, recibirían el barro residual de la cloaca de Bahía Blanca a ABSA para limpiarlo y poder vender por lo menos el 30 por ciento del agua potable que consume el polo petroquímico para su ciclo productivo”, concluyó Arellano.

Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional concluyen esta noche un paro por 48 horas en el marco de un plan de lucha ante la falta de respuesta de las autoridades de la emisora pública a las demandas salariales y por mejoras en las condiciones laborales.

El delegado de base y secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Carlos Saglul, comentó en diálogo con el programa Tarde Piaste de FM De la Calle, que la paritaria se caracteriza por maniobras dilatorias: “Fuimos a nada menos que cuatro audiencias donde la empresa no hizo ninguna propuesta. Imaginate que se hacen en Buenos Aires donde vienen compañeros de todo el país, es una falta de respeto ser citados a una reunión paritaria que no es tal porque la empresa no hace ninguna propuesta, no sé si es para desgastar o qué”.

Tras cuatro intentos fallidos la asamblea decidió iniciar la medida de fuerza e insistir este miércoles con las demandas. “La responsabilidad del paro, tiene que quedar en claro a los oyentes porque no nos permiten por primera vez difundir ni un comunicado, que no nos corresponde a nosotros que hemos tenido mucha paciencia y somos los que hemos mantenido históricamente la radio más allá de los funcionarios de turno”.

Saglul explicó que “hay una serie de problemas que para nosotros son muy graves como la situación irregular del personal contratado, no solo en Radio Nacional Buenos Aires, es más grave en el interior del país, en condiciones de irregularidad absolutas. Por otro lado, has tenido un gran número de concursos durante estos últimos meses pero los criticamos por la falta de transparencia”.

“Primero porque no sirve para que ingrese toda esta gente que está trabajando en la radio realmente y, por otro lado, no tienen control gremial, quien hace de jurado son tres o cuatro gerentes que bien podrían ponerse de acuerdo al no existir una auditoría de tipo gremial, no te asombres que haya amigos, familiares, primos, sobrinos y no realmente quienes  necesita la radio pública”, agregó.

El dirigente aclaró que el problema excede al Sindicato de Prensa y responde a una decisión de la dirección encabezada por Tristán Bauer, María Seoane y Vicente Muleiro de no recibir a ningún gremio. “Es como que los trabajadores no existieran, tienen un discurso muy piola al aire, nacional y popular, pero por dentro la otra cara es que ni siquiera reciben a los sindicatos. Es como que los trabajadores no tienen ni voz ni voto, nosotros somos delegados de base, no somos burócratas”.

Por último, Saglul informó que en la última asamblea fueron declarados personas no gratas lxs comunicadorxs Cinthia García, Roberto Caballero y Ari Lijalad: “Nos pareció una conducta muy reprobable el hecho de que el paro se iniciaba el lunes a las seis de la mañana y vinieron el domingo a la madrugada para simular que la radio está al aire. Muchos dicen que se debían a la audiencia y por eso lo hicieron, es estafar a la audiencia decir ‘esta mañana’ cuando vos no estás en el aire”.

“Por otro lado, si te debés a la audiencia es absurdo, porque es considerar que hay una sola radio en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina donde vos podés informarte. Estos comunicadores están además en varios medios donde podrían salir tranquilamente. Esta actitud es de rompehuelgas, no se puede justificar de ninguna manera, por eso la criticamos con dureza y también con dolor porque de alguna manera se trata de compañeros que, si bien al ser conductores cobran salarios o contratos mucho más altos, son compañeros, son periodistas”.

En reclamo de pago de salarios adeudados desde hace dos meses los 16 empleados de la firma decidieron tomar sus establecimientos. Según el sitio web oficial, “ha demostrado ser una de las líderes en el mercado” en construcción de silos.

Sergio Seguel, uno de los supervisores con 11 años de antigüedad, dijo a FM De la Calle que “hay trabajos ya tomados hace tiempo, pero no fueron entregados en su momento, no por falta del obrero sino por la mala gerencia de la patronal”.

El mecanismo de la mala gestión estaría en “pasar presupuesto y no comprar los materiales necesarios. Después llama gente que ha comprado algún silo, galpón, no lo tienen en la fecha que ellos le prometieron, nos llaman y nos preguntan, ¿y el galpón? Y no sabemos qué decirle. Nosotros tenemos la buena predisposición de venir a trabajar pero a nosotros no nos cumple, es más, tenemos cortada la obra social por faltas de pago, no nos hacen los aportes, no tenemos seguro de ART, estamos a la deriva”.

En respuesta a las demandas de los obreros, los titulares espetan: “muchachos, no les gusta, váyanse. Si los tengo que echar, lo voy a hacer, pero no van a  ver un peso”.

Seguel afirmó que hicieron reclamos “al sindicato, al Ministerio de Trabajo, pero no nos han escuchado nada. Nosotros somos simples obreros que nos levantamos 5:30 de la mañana, hay compañeros que tienen hijos con necesidades especiales, otros alquilan, todos venimos por lo mismo. Queremos cobrar lo que honradamente nos ganamos, no estamos pidiendo algo fuera de lo convenido, pedimos lo atrasado”.

El conflicto se remonta a “septiembre del año pasado. Se ha despedido gente de más de treinta años de servicio, gente que ha llegado a arreglos en el Ministerio, todo legal, bonito, pero no les han pagado nada”.

“Hasta acá cumplimos, ahora tienen que arreglarse con el Ministerio y dan un paso al costado. No somos gente de hacer despiole, somos gente tranquila que queremos llevar el pan a nuestros hijos, queremos trabajar, nadie va a romper nada de lo que está acá, esto es fuente de trabajo, para nosotros y los que pueden llegar a venir a trabajar” sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la UOM Bahía Blanca, Daniel Gómez, informó que “PRIMA tiene una larga y lamentable historia de incumplimiento. La planta tenía unos cien trabajadores de la UOM y ahora deben quedar algo de cuatro o cinco”.

De esta forma, “los dueños han hecho mucho daño tanto a los trabajadores como al sistema, hace un año y medio que no pagan aportes ni obligaciones a la seguridad social, la planta viene trabajando muy mal”.

Respecto a mediaciones anteriores, el dirigente sostuvo que “se han hecho los trámites correspondientes. La conducta de los dueños de PRIMA fue consecuente, lamentablemente. Antes la fábrica trabajaba mucho y aprovechaba beneficios del gobierno, pero nos hemos encontrado con situaciones que nos únicas pero que se siguen dando”.

Actualmente, “se dan situaciones de patrones ricos pero con empleados super pobres. Se los permite alguna legislación. Se agarran de eso para no cumplir obligaciones, incluso algunas que se decidieron en el Ministerio de Trabajo”.

Sumado a esto, “han hecho empresas paralelas que también están sucias. La otra empresa se llama SIMES, es común que las empresas hagan alguna otra dentro de las mismas plantas, con otro nombre. Muy común en las SRL, SA. Lo hemos tomado como una burla. Hoy la planta tiene más supervisores que obreros, uno siente que trabaja todo el mes y muchos muchachos se han ido y se sienten burlados”.

Sobre el estado de la negociación actual, Gómez aseguró que están “a la espera de un pedido de audiencia que se tramitó hace unos días en el Ministerio. Obviamente que acompañamos y apoyamos a los muchachos. Si bien hacemos conciliaciones nada nos da resultado”.

“Es difícil mantener la cordura cuando los que están del otro lado te tratan tan mal, vamos a intentar mantenernos dentro de la legalidad y la cordura pero se hace difícil”, dijo el dirigente en referencia a la toma como método lucha.

El sindicato ASIMRA es quien detenta mayor cantidad de afiliados. Consultada la oficina local, informaron que la “parte gremial se maneja desde Buenos Aires” por lo cual no estaban al tanto de la situación.

Tal como informamos ayer, la dirección del Hospital Penna decidió, sin dialogar con trabajadorxs ni profesionales, modificar la disposición de pacientes por grado de complejidad, en lugar de por servicios.

La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Viviana Marfil, dijo a FM De la Calle que “es muy grave porque los fundamentos del doctor Comezaña, (director de la institución), son las necesidades de cama. Las mismas 20 habitaciones que venimos denunciando que están clausuradas hace más de tres años porque no arreglan sus baños. Ahí tiene las necesidades de las habitaciones”.

Además, la dirigente aseguró que “aparte (Comezaña) habla de cuidados progresivos. Se debe realizar en acuerdo con el personal médico, el de enfermería, el de limpieza. Y el único lugar que tiene el requisito de cuidados progresivos es la Patrulla. Es un lugar donde se atienden los pacientes inmunodeprimidos. Es un paciente oncológico, con HIV, trasplantado, entre otros. El trabajador tiene una capacitación muy importante”.

Por otra parte, preocupa el contexto en el que se anunció la medida. Según la titular de la organización sindical, “esto está pasando a cinco meses de terminar su gestión”.

ATE denunció hace dos años la presencia de asbesto. “Vino la Superintendencia de la Oficina de Trabajo y certificó lo que nosotros decíamos. Certificó lo que veníamos diciendo de los residuos patogénicos que es más grave, están depositados es bolsas rojas y se está generando un foco de contaminación ambiental para el propio hospital, para las escuelas de alrededor y para la comunidad”, finalizó Marfil.

Por otra parte, profesionales que desempeñan su labor en el nosocomio también manifestaron diferencias con la gestión saliente.

Pablo Acrogliano, de la Asociación de Profesionales del Hospital Penna, aseguró que “estos cambios están enmarcados en una decisión política tomada desde hace varios años por la dirección del Hospital. Una modalidad de atención que se llama de cuidados progresivos. Los pacientes dejan de pertenecer a los Servicios para ser atendidos por niveles de complejidad”.

Para lxs profesionales, “si uno lo mira, se sienta y lee lo que son los cuidados progresivos uno podría estar de acuerdo porque se optimiza, no sólo los recursos humanos, sino también el recurso edilicio y material del Hospital. La pregunta es si el hospital está en condiciones edilicias y de personal para poder sostener esto”.

Por otra parte, el neumonólogo explicó que “hemos vivido en carne propia esto cuando desarticularon el servicio de neumotisiología. El tema es que la transición se viene haciendo de una manera poco articulada. Más bien se impone. Ustedes piensen que cambiar una estructura de pensamiento cuesta mucho”.

Acrogliano sostuvo que “esto va más allá del servicio de Patrullas. Pasó con oncología y pasó con neumonología. La pregunta es si ediliciamente hoy el hospital está en condiciones de hacer esto. La respuesta es: basta venir y ver el hospital”.

Finalmente, el médico indicó que “no sirve tomar decisiones con un portazo. Esto hay que charlarlo. Hay que trabajar con el personal y con los enfermos (crónicos) que se ven totalmente desvalidos ante estos cambios bruscos”.

El viernes pasado tuvo lugar en el Concejo Deliberante una reunión entre docentes sindicalizadxs en SUTEBA y legisladorxs bonaerenses. Participaron del encuentro Santiago Nardelli, Héctor Gay,  Nidia Moirano y un representante de Marcelo Feliú.

“Ninguno da respuesta al problema de fondo que no es ninguna novedad”, aseguró en diálogo con FM De la Calle Monserrat Gayone, integrante del gremio docente. “Lo que cruzaba la reunión del otro día es ir a decirles a los legisladores que desde el 3 de enero del 2012 rige un decreto de restricción en materia de recursos humanos en la administración pública provincial”, agregó.

Lxs trabajadorxs observan la creación de “un macabro sistema administrativo que va desglosando las altas, se elevan rápidamente a La Plata, de la decisión del gobierno de pagar. Es una restricción que no cumple con la Constitución, ni el Estatuto del Docente, ni con ninguna ley ni con el derecho humano de nadie”.

La dirigente aseguró que la política administrativa “pasa por encima de todos los derechos para crear un efecto que se ve en los números, que es que en la provincia desde el 2011 están subejecutando el presupuesto”.

La Comisión Directiva provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) definió un paro para hoy. “El sábado 27 fue el día del trabajador estatal. En la provincia de Buenos Aires llevamos conflictos cada año porque no sabemos si va a ser asueto o no, porque el gobernador firma el decreto a último momento, de forma tal que la gente no se entera que puede tomarse el día pese a que está otorgado”, dijo a FM De la Calle el subsecretario interior zona sur de la organización, Gustavo García.

Este año el día de reconocimiento laboral “cayó sábado y tampoco tuvimos respuesta en cuanto a trasladarlo al día lunes para que la gente puede festejar su día con un asueto. Por eso desde la comisión directiva se tomó la decisión de tomarlo igual el día mediante una medida fuerza”.

Por otra parte, para tranquilidad de afiliadxs a esta organización, el dirigente aclaró que “las presentaciones legales están todas cumplimentadas en tiempo y forma”, de manera que el paro se enmarcaría en un derecho constitucional, por lo que no debería haber descuentos.

 

“El Ministerio de Trabajo de Nación ratificó el acuerdo salarial para el sector de trabajadorxs de Gas y Petróleo. El convenio consta de un 28 % de aumento  (en rigor, menos porque es un 16 % en mayo y el 12 restante en octubre). También se modificaron las categorías que implica un 3 % más, una suma fija de $ 2000 en septiembre, una modificación en el pago de las horas en días feriados”, dijo a FM De la Calle el Secretario General del Sindicato de del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo.

A su vez, el dirigente gremial aclaró que en “lo que no hubo acuerdo, pero allí va a trabajar el Ministerio, es que en caso de accidente de trabajo los muchachos no pierdan el cobro de la vianda diaria”.

Para el día de hoy ya deberían normalizarse todos los servicios vinculados al sector, incluso el abastecimiento de garrafas.

Según Enrique Gandolfo, integrante de la comisión directiva de la Central de los Trabajadores de la Argentina Bahía Blanca – Coronel Dorrego, la medida de fuerza que llevan adelante como parte del paro nacional convocado por tres centrales obreras, está atravesada por “un reclamo unificador para la clase trabajadora”.

“Tiene que ver con esta decisión que han compartido las patronales y fue convalidada por el gobierno nacional, que es fijar un techo a los aumentos de salarios. Esta imposición del 27 % degrada el carácter mismo de la paritaria. En la práctica, quien acepta esto está aceptando una rebaja del salario”, afirmó.

El dirigente también hizo referencia a las condiciones laborales recordando que “ayer nos enteramos de un obrero de la construcción de 20 años con un gravísimo traumatismo de cráneo producto de una caída de diez metros de altura. La semana pasada un trabajador de 45 años, Hugo García, que fallece al caer del octavo piso en el edificio que se construye en Moreno 625. Esto es precarización laboral acompañada de la muerte de quien trabaja. Estos episodios se suceden en el tiempo. Esta cuestión de la precarización tiene que ser una bandera”.

Por último, Gandolfo completó la lista de reclamos contra “el impuesto sobre los salarios, nosotros rechazamos el argumento de que el salario sea ganancia y la cuestión de los jubilados, reclamamos un aumento de emergencia ya que es inaceptable que el 70% viva con $3800 de bolsillo”.