Luego de un robo en la zona, la policía interceptó a Axel y a su hermana, quienes caminaban en el lugar, y se lo llevó detenido. Tras más de cuarenta días de encierro en una comisaría local y otra de la zona, le otorgaron el arresto domiciliario por cuestiones de salud. El viernes serán los alegatos.
“Son tres días duros, estamos con fe y tranquilos porque esto es por un error. Es un lugar que frecuentamos siempre, ese día le pedí a mi hijo que acompañe a mi hija a caminar. Me llama mi hija y me dice que se querían llevar al hermano por no tener DNI. Cuando llego al lugar me dicen que es por procedimiento, después me dicen que es por un llamado al 911”.
“Lo llevan a la Comisaría Cuarta donde nunca me dejaron ingresar. Lo acusaron de robo agravado por uso de arma. Esperaba que mis hijos declaren, nunca lo hicieron. Todavía estamos viviendo un momento terrible, por algo que no cabe en la cabeza”, señaló a FM De la Calle, la mamá del chico, Carolina Ojeda.
La mujer señaló: “31 días caminé El Pinar buscando cámaras y testigos”. Los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou apartaron a la jueza de Garantías Marisa Prome por haber realizado una mala valoración de la prueba y designaron a Guillermo Mércuri, quien finalmente le otorgó la prisión domiciliaria a Axel por falta de pruebas.
“El 14 de febrero nos aceptaron todas las pruebas. Están los testigos, las cámaras, si bien las del Municipio no están porque se hizo mal el oficio y llegó tarde (las imágenes ya habían sido borradas), hay dos fundamentales porque enfocan a mis hijos caminando”, sentenció.
“Hay aportes de los vecinos que se los ve caminando los dos solos. bajan por el empedrado, hay un testigo que dice que los ve, que vio una discusión con la Policía, también testigos dentro de El Pinar que asistieron a las victimas”
Ojeda destacó la recolección de pruebas que hizo la familia: “Me levantaba a las siete de la mañana y recorría el Pinar, baje 20 kilos porque no dormía, nunca vi a un fiscal. Estaban mis abogados sacando medidas, los fiscales sacan las medidas con Google Maps. Hay que buscar pruebas y ser objetivos”.
Argumentó que “es el día de hoy que yo recuerdo esta situación y es terrible todo lo que tuvimos que vivir. Estamos con ayuda psicológica para poder soportarlo, te duele que un fiscal hable de tu hijo como un delincuente”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/12/DSC04340.jpg?fit=3072%2C1751&ssl=117513072FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-03-11 15:00:152021-03-11 15:00:17“Duele que un fiscal hable de tu hijo como un delincuente”
Siguiendo el camino abierto con Profertil, el fiscal Santiago Martínez avanzó en la firma de acuerdos unilaterales con los abogados de Dow (PBB Polisur), Mega y Oiltanking. Los convenios fueron homologados por la jueza federal Gabriela Marrón y recurridos por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.
El querellante Luis Arellano dijo a FM De la Calle que las empresas accedieron a firmar los convenios porque está próxima la resolución de la causa que busca resarcir a los pescadores por la pérdida de su fuente laboral. “Las pruebas son abrumadoras, la sentencia civil ambiental va a salir condenatoria, están tratando de dar un barniz de mejora, para luego ir a decirle al juez contencioso administrativo: nosotros arreglamos la situación, archive la causa”.
“La ría está contaminada, todo el mundo lo sabe, y una parte es reparar las consecuencias del delito. Se violó la ley, hubo actitudes antijurídicas que ocasionaron que la ría esté contaminada. Eso tiene que ser reparado. Estamos hablando de cuestiones comunitarias más allá de indemnizaciones particulares”.
El representante de los pesadores destacó que “esta etapa de acuerdo ha transitado en la más absoluta soledad, nadie se enteró, aparecieron un día en el expediente los acuerdos, propuestas de cuatro o cinco páginas firmadas por un abogado sin aval técnico. No es viable y descalificaría el trabajo de hace once años en los fueros federal y provincial. Estaríamos tirando todo a la basura si los arreglos terminan de esta forma”.
“Un eventual acuerdo por el saneamiento, remediación y finalización de la contaminación merece un interés y participación más importante de los actores que ya están en ese proceso judicial para que opinen respecto a soluciones técnicas que advertimos en los acuerdos homologados son pobrísimas”.
Arellano subrayó que en el expediente hay pruebas relevantes como la aportada por la Facultad de Agronomía de la UBA o las realizadas por Delitos Ambientales de Policía Federal. “Han sido totalmente dejadas de lado y se le dio el 100% de veracidad y procedencia a las manifestaciones de las empresas sin haber consultado con nadie”.
“Es sorprendente que pase esto cuando hay mucho material para hacer algo mejor. El estuario es un ambiente complejo, no solo desde lo biológico y ambiental sino desde los aportes cloacales e industriales. No están todos los actores metidos en un acuerdo, no está la provincia, ¡ni siquiera siquiera está el OPDS!”.
Consultado respecto a las expectativas de la querella en cuanto a las medidas de reparación del estuario, Arellano sostuvo que “para que haya algo sustancioso primero tiene que estar ABSA porque el principal aporte es el cloacal y, luego, las empresas que aportan el material químico contaminante más peligroso. Han dicho durante once años que no arrojan nada, que no tienen que rendir cuentas”.
Fiscalía General: es “imposible” y “contradictorio” un acuerdo sin la querella
El fiscal general Horacio Azzolín dictaminó en contra del acuerdo firmado por el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil, el cual fuera homologado por la jueza Gabriela Marrón. La querella ya había solicitado su nulidad.
Azzolín dijo que no hay explicación a la falta de intercambio entre los sectores involucrados en la causa, “entre los que hay órganos estatales con funciones de control- y la Fiscalía Federal interviniente o la UFIMA”.
La jueza repitió en cada homologación que le resultaban razonables los dictamenes del fiscal Martínez “cuya actuación entiendo está avalada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)”.
Sin embargo Azzolín advierte que “tampoco surge que haya intervenido nuestra UFIMA, no se establecen mecanismos de control del avance de los proyectos propuestos, reparaciones de ningún tipo, ni sanciones para un eventual incumplimiento”.
El fiscal general mencionó que los acuerdos no cuentan con “aval previo de organismo técnico alguno con conocimientos específicos en la materia” y que sería “fundamental” la participación de organismos de control “tanto para avanzar en modificaciones normativas, opinar sobre la pertinencia de las propuestas que se realicen y monitorear luego su cumplimiento en el ámbito de su competencia”.
“Reconociendo que la problemática de contaminación en el estuario de Bahía Blanca excede ampliamente a una firma, si de acuerdos individuales se trata, deberían realizarse acuerdos con cada una y someter ese conjunto a una eventual homologación”.
Por último, Azzolín dictaminó que “en cualquier caso, el intercambio con OPDS, ADA, CGPBB y Municipalidad de esta ciudad, además de la intervención de la querella, deberían garantizarse de algún modo”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/03/arellano.jpg?fit=904%2C457&ssl=1457904FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-03-09 14:20:402021-03-09 16:00:53Contaminación en la ría: “Están tratando de dar un barniz de mejora para pedir el archivo de la causa”
El testigo que, según la Policía Bonaerense, hizo la denuncia que originó la causa por narcotráfico contra un grupo de jóvenes de Puan se presentó ante la justicia para advertir que nunca realizó esa declaración.
“El muchacho viene teniendo presiones de la policía desde hace tiempo. Hace un mes una compañera de la infancia le cortó la cara, le negó el saludo y después averigua que era familiar de uno de los detenidos. Consiguió una copia de la declaración, fue hasta la comisaría de Puan donde le dicen que no puede ver nada, que se deje de joder porque si sigue con esto va a terminar por falso testimonio en cana con los muchachos”, dijo a FM De la Calle Federico Parodi, hermano de uno de los 14 detenidos.
En un comunicado afirmaron que con “la declaración de Kevin Torres queda claro que ha sido falsa también la declaración del Sargento Andrés Arguello, primer denunciante, que admite tener conocimiento de que los chicos comercializaban estupefacientes siendo Kevin Torres quien le informa cómo la transportaban y cómo la distribuían, todo esto falso”.
“Además también esta denuncia falsa expone que la declaración se la habría tomado a Kevin el comisario Víctor Tevez. Asimismo está implicado el comisario Gómez quien no le dio conocimiento ante insistentes pedidos de Kevin de esta supuesta denuncia. No solo eso sino que a partir de esto patearon la puerta de su casa y continuaron los hostigamientos policiales”.
Parodi aseguró que “ahora más que nunca pedimos que se les baje la prisión preventiva a los muchachos porque la causa está llena de irregularidades”.
“Estos policías van a tener que dar muchas explicaciones, Hablo de Arguello y de Tevez. Las defensas de los chicos van a apelar a la nulidad del caso porque todos se remiten a la declaración del sargento Arguello y a la de Torres que la firma el comisario Tevez”.
Fallo del juez Guillermo Mércuri.
Parodi destacó que “estas causas en Puan se arman así, se buscan denuncias anónimas como para llevarlas a Fiscalía y poder desarrollar las investigaciones. En este caso, si se llega a confirmar el testimonio de Kevin Torres, se les escapó la tortuga”.
Las familias ya informaron del caso a los jueces de la Cámara de Apelaciones, Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, quienes deben definir la continuidad o no de las prisiones preventivas.
Torres, trabajador municipal de 23 años, denunció el viernes pasado los hostigamientos que padece de parte de la Bonaerense y la falsedad de la denuncia que se le atribuye en la cual se sostiene la supuesta comercialización de estupefacientes desde Guatraché por parte del grupo de jóvenes de la localidad.
“Queremos hacer público esto para protección de Kevin Torres, si algo le sucediera a él hacemos responsables a la policía de Puan”, dijeron los familiares de los detenidos y agregaron que “la Comisión Provincial por la Memoria está acompañándonos desde diciembre y también ahora a Kevin”.
La causa de Puan es uno de los pilares propagandísticos del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/03/foto-7-de-marzo.jpeg?fit=955%2C443&ssl=1443955FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-03-09 10:50:442021-03-09 10:50:51Puan: familiares de los detenidos denuncian que la “causa narco” fue armada
Con un nuevo paro se conmemora este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. A partir de las 17:30 habrá micrófono abierto, intervenciones artísticas y movilización desde la Plaza Rivadavia.
Este año las protestas tienen un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial por la falta de respuestas al incremento de los femicidios.
“Este 8M la violencia machista y los femicidios nos obligan a estar en las calles. En una andanada que no cesa, tenemos el lamentable registro de un femicidio cada 24 horas, la mayoría, fueron víctimas de ex parejas, a quienes ya habían denunciado y murieron sin recibir la protección del Estado. Por esto decimos que ‘el Estado es responsable’. ¿Quién más si no? ¿A quién más que al Estado le exigiríamos que implemente políticas para prevenir la violencia machista y la protección de las víctimas?”, se preguntaron desde la Secretaría de Mujeres y Géneros de la CTA.
En el Departamento Judicial de Bahía Blanca en 2020 asesinaron a Susana Melo y se iniciaron 3.191 procesos penales por violencia familiar y/o de género: nueve denuncias por día. El 21 de marzo se cumple un año del crimen ocurrido en Ing. White y la familia de la víctima advierte que la causa no avanza.
Según el Ministerio Público Fiscal, en la provincia se registraron 94 femicidios. Se trata del 65% del total de asesinatos.
El Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que con un femicidio cada 29 horas, el 2020 terminó con 253 femicidios directos, 29 vinculados, ocho personas trans asesinadas y cinco suicidios feminicidas. 212 niñas y niños quedaron sin sus madres víctimas de femicidio, algunes fueron testigos presenciales.
El apoyo de Cristina y Rosalía
“Soy mamá de Facundo Astudillo Castro, quien fuera desaparecido en democracia el 30 de abril del año pasado. Gracias por marchar, para mí el 8 de marzo es un día muy simbólico, es el día nuestro, de la mujer”, afirmó Cristina en su adhesión a la marcha que se realizará esta tarde en Bahía Blanca.
Agregó: “Dentro de cada mujer existe una guerrera y tenemos que despertarla para que así como gritaba mi flaco que el nunca más sea nunca más en serio, que nosotras podamos gritar el vivas nos queremos. Tenemos derecho a que nos respeten y tenemos que exigir el derecho a que nuestras hijas salgan y vuelvan sanas y salvas, que no las violen o tener que ir a buscarlas o reconocer cuerpos en bolsas. Vivas nos queremos chicas”.
Rosalía Reyes, condenada a ocho años de prisión por no poder atender a su bebé tras el parto, llamó a pedir “que no haya más femicidio, violencia, y para que seamos escuchadas y tengamos derechos. Pido por la solución de mi causa y desde mi casa las acompaño en esta marcha. Asimismo pido por todas las mujeres, que sigamos batallando juntas”.
La pandemia profundizó las desigualdades
La economista Agostina Costantino dijo en FM De la Calle que “hubo un impacto desproporcionado de la crisis del Covid en trabajadores informales, en mujeres particularmente, a causa de la sobrerrepresentación que tenemos en algunos de los sectores afectados y en la intensificación de la carga de cuidados no remunerados en los hogares debido al cierre de las escuelas, en una región que ya tenía un déficit importante en cuanto a la desigualdad de la distribución de esas tareas”.
Se espera un aumento de la desigualdad no solo en términos de género sino también en cuanto a cuestiones raciales y étnicas.
Antes de la pandemia “la tasa de actividad de las mujeres era mucho menor que en los varones porque destinamos mayor cantidad de nuestro tiempo a tareas de cuidado y nos queda menos para buscar o tener trabajo remunerado”.
“En el caso de Argentina nos insertábamos en sectores muy ligados al cuidado como educación, salud, trabajo en casas particulares y demás. En países centroamericanos o México también hay muchas mujeres en sectores industriales de muy baja productividad, malos salarios y muy malas condiciones como son las cuestiones de las maquilas, el ensamblado de partes industriales”.
Con las medidas de aislamiento se redujo el empleo regional en mayor proporción para las mujeres que para los hombres. “Las mujeres tienen presencia en sectores económicos más afectados por la crisis como el sector de hotelería y restaurantes y el servicio doméstico”, sostuvo Costantino y agregó que “las mujeres urbanas estuvieron más afectadas que las rurales”.
Detalló que “la pandemia tuvo un impacto diferenciado en trabajadores/as migrantes internacionales que suelen ser más vulnerables al tipo de inserción muy precarias en los países de destino, al menor acceso a sistemas de protección social, la carencia de redes de apoyo, la discriminación, la exclusión legal o el desconocimiento de procedimientos administrativos”.
¿Qué hicieron los gobiernos?
La economista explicó que “en general los gobiernos adoptaron medidas de protección social y apoyos direccionados principalmente a las personas y hogares en situación de pobreza. Se estima que las transferencias monetarias y en especie –alimentos, medicamentos u otros servicios básicos- llegaron aproximadamente a la mitad de la población”.
“Políticas como el IFE argentino tuvieron un impacto diferenciado sobre las mujeres porque están sobrerrepresentadas en el grupo de trabajadores informales y de personas pobres, por eso hablamos generalmente de feminización de la pobreza”.
Cuidados desiguales
Un informe del Centro de Economía Política evidencia que se exacerbó la desigualdad en la distribución de los cuidados por el cierre de escuelas y de los espacios de esparcimiento y de ocio.
“Antes de las medidas de aislamiento, en promedio, las mujeres destinaban casi siete horas diarias al total de trabajo no remunerado mientras que los hombres dedicaban cinco. Durante el aislamiento, con la sobrecarga -sobre todo en materia educativa y de trabajo remoto- la cantidad de horas que dedicaron las mujeres aumentó un 70%, a casi doce horas diarias, prácticamente la mitad de la jornada de las mujeres se destinó a trabajo no remunerado. En el caso de los varones aumentó a 7,9 horas diarias”.
“Muchas de las mujeres tuvieron que dejar sus trabajo o vieron disminuidos los ingresos porque tuvieron que trabajar menos para hacer frente a las tareas de cuidado”. Por otra parte, “el decreto que obligaba a otorgar licencias por cuidado durante lo que durara el ASPO en la mayor parte del sector privado no se cumplió y en algunas del sector público tampoco”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1288.jpg?fit=5472%2C3648&ssl=136485472FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-03-08 14:36:502021-03-08 14:36:51#8M: “La violencia machista y los femicidios nos obligan a estar en las calles”
La agrupación Watu Corriente Comunista emitió un comunicado respecto a la no distribución del diario La Nueva el sábado 27 de febrero para evitar la difusión de una nota sobre el armado de una causa por parte de la Policía Bonaerense.
Las víctimas de los hechos fueron los hermanos Vidal Ríos, quien hoy son investigados por narcotráfico por la justicia federal. Según el CEO, Fernando Monacelli, el empresario Gustavo Elías prefirió descartar la edición que incluía la nota para no “horadar” la causa que tramita el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.
“Todo está en la resolución de la jueza Promé, que dice cómo ha sido armada esa causa. Nos preguntamos a quién protege La Nueva sin que ese artículo pueda ser leído por la gente. Se nos ocurre que beneficia a la policía, a la justicia, que con tal de tener resultados rápido apela a cualquier cosa”.
Desde el punto de vista político, Lualdi señaló que “nos preocupa el silencio, que desde el HCD no se haya preguntado por qué una edición impresa no se distribuye, teniendo en cuenta que hay un periodista como Carlos Quiroga, por qué hay un silencio del Sindicato de Prensa. Qué será de los liberales de ADEPA, si no van a denunciar eso que casi no tiene precedentes y qué hará el intendente que de profesión es periodista, que no le llama la atención este nivel de censura”.
“Según alguna información que no podemos confirmar se han quemado esos ejemplares para terminar de consumar la censura y barbarie”.
Lualdi agregó que “se está censurando a su propio staff de periodistas, La Nueva y LU2 reciben millonarias cantidades de pauta del Municipio, de provincia y de nación y si uno censura a sus propios periodistas porque hay un artículo que el dueño del diario cree no es conveniente imaginemos la censura que puede ocurrir con los sectores que no sean del agrado de Gustavo Elías”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/03/ln.png?fit=820%2C312&ssl=1312820FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-03-08 08:22:542021-03-08 08:22:55Censura en La Nueva: “Este hecho no puede pasar inadvertido”
Los hermanos Ricardo Jorge Miguel y Adrián Ángel Ariel Vidal Ríos tienen antecedentes por robo y son investigados por narcotráfico.
También fueron víctimas del accionar violento e ilegal de la Policía Bonaerense.
La historia ocurrió en 2019 y la reconstruyó un periodista de La Nueva. Se imprimió en el periódico del sábado pasado, sin embargo, su audiencia nunca pudo leerla. El dueño del medio, Gustavo Elías, prefirió destruir la edición para no “horadar la investigación en curso de la justicia federal” a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez.
“La nota quería reflotar esto, la causa quedó paralizada en fiscalía: tengo para meter privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio, abuso de autoridad, lesiones graves, había de todo”, dijo a FM De la Calle el abogado Juan Ignacio Vitalini.
Explicó que “gracias a unas cámaras en el domicilio de la madre de Vidal Ríos se pudo comprobar el armado del procedimiento, que no refleja la realidad de lo que dijeron los policías en el acta”.
Los oficiales involucrados son los subtenientes Sebastián Díaz Arana y Adrián Korman y los sargentos Damian Rossetti y Lucas Miranda.
“(El acta) dice que venían en persecución a los Vidal Ríos, a los disparos los Vidal Ríos, y se puede ver cómo se bajan tranquilamente. A los dos minutos llega el patrullero, empiezan a discutir y se producen disparos a quemarropa de la policía contra los Vidal Ríos: De hecho le matan un perro rottweiler, le quiebran una pierna, le disparan en la cabeza. Los hechos no tienen nada que ver con lo que relatan los policías”.
El abogado comentó que “en ese momento estaban en la (Comisaría) Sexta y no tendrían que haber hecho nada porque estaban en Bordeu y es otra jurisdicción (…). Es materia de investigación si estaban ahí en otra causa o realmente fueron a armarle el procedimiento a Vidal Ríos. Lo grave es que estos tipos siguen funcionando hace dos años y no se les hizo ni siquiera un sumario. Uno se queja de cómo tramitan algunas causas en contra de algunas personas y cómo no tramitan en contra de otras. ¿Qué veracidad podemos darle a procedimientos policiales en los que están involucrados estos funcionarios? Es gravísimo esto”.
Destacó que “tampoco se pudo comprobar que llevaran droga y un arma dentro del vehículo. Hay filmaciones previas en la camioneta, en el lugar que luego aparece el arma y la droga, y se advierte que claramente fue plantado por la policía. Si bien se les dio la libertad, la causa contra los policías no siguió de la misma manera o con la celeridad que esperaba, uno se quejaba de eso, eso es lo que yo venía hablando con el periodista La Nueva”.
Los Vidal Ríos fueron sobreseídos de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y atentado y resistencia contra la autoridad agravado por haberse cometido por más de tres personas y haber puesto manos en la autoridad y desobediencia.
La jueza Marisa Gabriela Prome concluyó que “del contenido de los videos aportados y de su observación se desprende que los hechos no han sucedido como lo ha plasmado el personal policial en el acta procedimental que obra a fs. 1/5 así como tampoco se advierte circunstancia alguna que pudiera razonablemente hacer presumir a la autoridad prevencional que existían motivos suficientes o fundadas sospechas de comisión de un delito para autorizar el procedimiento llevado a cabo; sino que, por el contrario, a partir de ellos es que puede sostenerse que la versión brindada por los aquí imputados ha quedado corroborada”.
Vitalini afirmó que “la policía se quiso llevar el dvr (registro de las cámaras de seguridad). Se confundieron y se llevaron el equipo de Direct TV sino tampoco podríamos habernos enterado. Gracias a dios ellos lo tenían escondido en otro lugar”.
Señaló que la policía siempre “les tuvo pica” a los hermanos Vidal Ríos. “No son santos de nada, tienen un antecedente cada uno por robo, pero después les han querido endilgar cuanto robo y cuanto comercio de estupefaciente estuviera dando vueltas por Bahía”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/03/disparo.png?fit=1239%2C529&ssl=15291239FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-03-05 19:30:202021-03-05 19:30:29El hecho de violencia policial que motivó la censura en La Nueva
Tal como denunció el Sindicato de Prensa de Bahía Blanca, el sábado 27 de febrero la empresa La Nueva, cuyo propietario y director es Gustavo Elías, tomó la decisión de no distribuir la edición impresa.
El objetivo fue impedir que trascendiera el contenido de un artículo sobre un caso de abuso y violencia policial. Ante la falta de información oficial sobre la censura a la nota, FM De la Calle consultó a la compañía.
El CEO Fernando Monacelli afirmó que “el director (Gustavo Elías) consideró en su momento que una nota vinculada con un antiguo procedimiento policial irregular contra los hermanos prófugos en el marco de los allanamientos por drogas de la semana pasada, que ocupaba la sección principal del ejemplar del diario que ya estaba impreso, podía horadar la investigación en curso de la justicia federal y evaluó que el interés general de la lucha contra el narcotráfico en la ciudad era superior a la distribución de la edición de ese día”.
Se trata de un procedimiento realizado en marzo de 2019 contra los hermanos Vidal Ríos que la jueza María Prome anuló por irregular. El abogado Juan Ignacio Vitalini aseguró que se abrió una nueva investigación contra los policías bonaerenses que armaron la causa y quedaron en evidencia por el registro de las cámaras de seguridad del lugar.
Monacelli dijo que fueron dadas explicaciones a sus anunciantes y a la organización gremial.
Por su parte, el Sindicato de Prensa fue convocado por la empresa para abordar el tema. Les recibió Juan Ignacio Elías, hijo del dueño de La Nueva, quien se refirió a lo ocurrido como un “error”, profirió disculpas al periodista censurado y “garantizó” que el hecho no se repetirá.
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En sus últimas horas como titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla procesó y trabó un embargo de 20 millones de pesos al ex jefe de la base bahiense de la Agencia Federal de Inteligencia, Guillermo Coll. Es por su participación en el espionaje político del gobierno de Mauricio Macri.
Coll es un ingeniero jubilado, porteño, de 58 años, domiciliado en 9 de Julio 108, Piso 7°, depto. “A” de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Revistó en la ex Side local entre el 1 de abril de 2004 y el mismo día de 2017.
“De la simple lectura de los documentos relevados se desprende que durante la jefatura de Coll, la delegación Bahía Blanca recopiló, produjo, analizó y elevó información personal de múltiples ciudadanos sobre la base de su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos”, afirmó el juez.
Ramos Padilla destacó que “el carácter de la información producida por la Delegación Bahía Blanca es particularmente sensible”. Recordemos que, a diferencia de otras bases, el espionaje en nuestra ciudad incluyó a un medio de comunicación como FM De la Calle y a la comunidad universitaria.
“Los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos”, subrayó.
En su indagatoria, Coll dijo haber ingresado a la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado el 1 de julio de 1987 y que el primer día de junio de 2017 se reincorporó como delegado de la Base La Pampa dependiente de la Dirección de Reunión Interior.
Negó haber formado parte del plan de espionaje ilegal y aseguró que se desvinculó de la AFI el 1 de abril de 2017. Sin embargo, el juez destacó que la inteligencia ilegal comenzó “a mediados de 2016”.
El imputado sostuvo que los informes eran previos a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional aunque el magistrado enfatizó que “se encontraban expresamente prohibidas desde la sanción de la Ley 25.520 en el año 2001″.
Ramos Padilla contrastó que uno de los documentos cuya autoría asumió es el titulado “informe abril”, el cual fue producido en 2015, elevado a la superioridad en 2016 y finalmente actualizado y vuelto a enviar a la superioridad en abril de 2017, “ocasión esta última, en la que el imputado no habría participado”.
Coll explicó que “se había borrado toda la información de los servidores de delegaciones provinciales” y “la sra. subdirectora (Silvia Majdalani) quería ver cómo habían trabajado las delegaciones y no tenía forma de evaluar nuestro trabajo”.
Según el magistrado, que muchos de los documentos secuestras estén fechados entre el 12 y el 27 de abril puede deberse a “la pretensión de Guillermo Coll de ser recontratado por el director Pablo Pinamonti”.
“De este modo pueden comprenderse, por ejemplo, las reseñas sobre la participación de muchas de las organizaciones relevadas en el documento ‘informe abril’ en la marcha del 24 de marzo de 2017, en la que se conmemoraba el 41° aniversario del inicio de la última dictadura militar, es decir, una actividad que fue cubierta aún durante la permanencia de Guillermo Coll al frente de la delegación”.
El espía comentó que las organizaciones perseguidas fueron seleccionadas “porque todas tuvieron participación en algún evento en el pasado”. Dijo: “Uno entraba a la página, por ejemplo, de HIJOS y usted me dice ¿por qué Hijos? Porque Hijos aparecía muchas veces en movilizaciones. O sea, era una de las agrupaciones que más movían, entonces dijimos ‘bueno, a ver, vamos al Facebook de Hijos, quiénes están ahí. Está fulano, fulano y fulano. Bueno, listo, mételos’. Nada más”.
Y nada menos.
Otro ejemplo es el del personal de la UNS: “Había actividades que se hacían todos los años, entonces, obviamente participaba la Universidad, participaba por ahí alguna agrupación pero solamente eso. Es decir, bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se inició los juicios por lesa humanidad, estuvieron presentes sí, lógico, eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente, quiénes participaron, en qué actos, listo”.
“De este modo, el imputado reconoció haber reunido información personal sobre integrantes de una universidad pública nacional por el solo hecho de haber asistido al inicio los juicios de lesa humanidad”, afirmó el juez.
Servicios prestados
En otro tramo de su indagatoria, Coll contó que entre los documentos que le remitió a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, “se encontraban una serie de informes producidos por la Delegación Bahía Blanca en el marco de la investigación seguida contra Juan Ignacio Suris”.
Justamente por su actitud de defensa corporativa a las fuerzas policiales, Martínez –ahora fiscal federal designado por el macrismo- fue dos veces recusado en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de la cual recientemente se inhibió por “violencia moral”.
*Foto: Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/03/espionaje-tres-mauricio-macri-gustavo-arribas-silvia-majdalani.jpg?fit=1200%2C506&ssl=15061200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-03-04 14:38:552021-03-04 14:38:56¿Por qué procesaron al ex jefe de los espías de Bahía Blanca?
El 15 de marzo será el turno del alegato del fiscal Pablo Fermento en el juicio contra cuatro ex integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. También habrá audiencias los días 16 y 17.
Esta semana terminaron las testimoniales de la defensa de los imputados Raúl Roberto Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Juan Carlos Curzio.
El lunes declaró la tía política de Aceituno. La docente jubilada Élida Natol recién mencionó el parentezco ante la pregunta de la Fiscalía. Previamente había manifestado que lo conocía “de vista” de “la matiné de Ing. White” y del Club Comercial “por amigos comunes”.
Afirmó que en la década del 70 estudiaba ingeniería civil en la UNS y hacía trabajos esporádicos, uno de ellos como administrativa en la UOCRA.
Sostuvo que conoció a David “Watu” Cilleruelo “porque invitaba a reuniones” y que estaba en el edificio de Alem 1253 el día de su asesinato. Fue la única testigo que dijo que el tercero de los sicarios que acompañaban a Jorge Argibay y a su hijo Pablo era Roberto Sañudo y no su sobrino Aceituno.
Por otra parte, a pesar de las numerosas testimoniales que destacaron la ostentación de armas y la actitud amenazante de la banda en los ámbitos estudiantiles y sindicales, Natol aseguró que “no había ninguna presencia intimidatoria en la universidad”.
Ayer se presentó Silvana Flores, ex tesorera de un jardín de infantes con el que colaboró Osvaldo Pallero hace 25 años. La mujer aclaró que no tiene referencias sobre la vida del imputado en la década del 70 y que lo considera un “gran amigo, buen compañero, solidario”.
Por otra parte, el rectificador mecánico Carlos Balbuena pidió declarar porque considera que Juan Carlos Curzio debería ser enjuiciado por “ñoqui”. La línea defensiva no es novedosa, pretende sostener que Curzio fue contratado por la UNS “simplemente para cobrar un sueldo” y financiar su actividad como corredor de speedway.
Según el testigo, Curzio era concuñado del secretario de la Junta Nacional de Granos, Alberto de la Fuente, “quien le consiguió ayuda económica, entre ellas, creo que era sereno en calle Rondeau la primera cuadra. El Departamento de Agronomía lo manejaba la JNG pero pertenecía a la UNS. Yo sé que cobraba un sueldo en ese lugar para ayudarlo deportivamente. Fue cuando Ponce pasa a ser secretario de la CGT y después diputado”.
Balbuena fue afiliado del PJ y dijo que pertenecía “siempre a la izquierda”. “En mi facebook pueden ver que pongo cosas de política, cómo me visto, traje cosas para que vean, si no van a decir este vino disfrazado del Che Guevara. Amo al Che Guevara, leo al Che Guevara”. Mencionó que quince días atrás firmó “una planilla” en solidaridad con un grupo de jubilados que se manifestaba en Córdoba.
La abogada Mónica Fernández Avello le marcó la contradicción entre el “ñoqui” que “levantaba quiniela” para vivir y el corredor exitoso que ganaba de a millones. “El deporte es caro y él viajaba a Europa, a Australia… Fue en 76, 77, antes tenía que juntar la plata, él vivía de eso”, respondió.
Contó que su padre militaba en el Partido Comunista y tenía un taller mecánico. Allí conoció en su infancia a Curzio. Dijo que la Triple A “perseguía a los comunistas” y que “no cree” que el corredor la haya integrado. “Nunca supe de una afiliación política de él. Por ahí me carga y me dice zurdito”.
Balbuena dijo que era un “infiltrado” en el SMATA: “A los de izquierda no nos querían pero uno estaba ahí” y cuando hacían huelgas “la patota nos patoteaba”. Consultado por los integrantes de la banda aseguró que “los más famosos que estaban con Ponce son los Argibay, padre e hijo, despues se nombraba, me acuerdo porque fui amigo de él, un Chisu”. Sostuvo que “la fiambrera la manejaba gente de los Bustos” y aseguró que una vez vio bajarse de un Torino en pleno centro al corredor Juan Carlos Belongini armado con una itaka.
Afirmó además que tuvo “un amigo montonero” al que identificó como Chiche Ruiz Vera y respondió que la línea interna de los Bustos en el peronismo “era opuesta a la de Ponce”. El secretario de la CGT estaba “muy a la derecha” y los hermanos Bustos “a la izquierda”.
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“Parece muy poco creíble que alguien de la edad de estos dirigentes no haya conocido lo que fue la patota de Triple A, la patota en la UNS encabezada por Remus Tetu, el accionar de Ponce al frente de la CGT. Es imposible no conocer que el accionar de la patota de Tripla A constituye un eslabón y antecedente inmediato e insoslayable de lo que fue el andamiaje represivo de la dictadura a partir del 24 de marzo”, dijo Walter Larrea a FM De la Calle.
El concejal se refirió así a las declaraciones de Mario Simón y Hugo Álvarez, presidente y vice del PJ, en el juicio contra cuatro ex miembros de la banda. Los dirigentes fueron convocados por la defensa de Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero y aseguraron que no conocieron la existencia de la Triple A en la década del 70 ni la conocen en la actualidad.
Larrea afirmó que los dichos le provocaron “desazón y rechazo” y agregó que “la Triple A no fue una banda de forajidos que tenía una conducta criminal, fue una banda parapolicial financiada desde el Ministerio de Bienestar Social que comandaba López Rega y que acá tuvo su expresión. Espero y confío que este juicio arroje las sentencias que esperamos en cuanto a probar la participación en la asociación ilícita y del crimen de Watu”.
“Los juicios son importantes pero tienen que servir como disparadores del debate y la discusión pública de este período tan nefasto de la historia. Que a un tipo de 70 y pico de años le den cadena perpetua está bien pero que esto sirva para la cultura de la no repetición, la sanción del crimen tiene que generar que el cuerpo social asuma que esto ha sido una mancha, un accionar delictivo que afectó a las víctimas y al conjunto social”.
“Es un debate que nos falta, hay reticencia a revisar algunas conductas que han tenido a quienes nos han antecedido en la dirigencia sindical. Cuando la basura se guarda debajo de la alfombra, capaz que no se ve, pero después empieza a echar olor”, sentenció Larrea.
Mencionó que “Argentina, por una decisión de política de Estado que recoge la lucha de los organismos, decidió enfrentar este pasado, ahora hay que trasladar este debate a la sociedad, esto nos va a permitir construir una sociedad más vivible”.
Consultado respecto a si las declaraciones del PJ habían sido analizadas en el espacio del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, aseguró que “en general es una postura del bloque, lo que no estoy al tanto es qué va a asumir la estructura del Partido Justicialista”.
Las declaraciones
El presidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, Adalberto Mario Simón, declaró en defensa de Héctor Ángel Forcelli, uno de los cuatro ex integrantes de la Triple A juzgados por crímenes de lesa humanidad.
Afirmó que sabía «muy poco» sobre la actuación de la banda parapolicial que cometió decenas de homicidios de militantes políticos y que atemorizaba a la población patrullando la ciudad y haciendo ostentación de armas en ámbitos sindicales y universitarios.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/04/walter.jpg?fit=960%2C720&ssl=1720960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-02-26 09:13:112021-09-01 09:55:00“No es creíble que no hayan conocido lo que fue la patota de la Triple A”
La abogada Sandra Vulich explicó en FM De la Calle los alcances del amparo colectivo en el marco del cual la justicia ordenó a ABSA “presente de manera urgente un plan de contingencia, con un protocolo para actuar con celeridad para los días que hay problemas con el agua. Tiene que aportarlo dentro de las próximas 48 horas..
El fallo de la titular del Juzgado Civil y Comercial N°2, María Selva Fortunato, aceptó la queja de vecinos y vecinas autoconvocades de barrios afectados por la falta de agua.
La magistrada suspendió el cobro del componente de agua potable en la facturas desde el 1 de enero y se brinde información a la población sobre los surgentes disponibles.
La abogada destacó que ABSA tiene que “disponer de recursos humanos y materiales que se necesiten para abastecer el servicio para que el vecino únicamente les abra la puerta de la casa. La jueza entiende que el personal tiene que estar capacitado para ese tipo de contingencia”.
La jueza estableció que la empresa tendrá que responder a los pedidos de agua en cuatro horas a partir del reclamo. Si incumple se aplicará una escala de multas diarias.
Vulich agregó que “se intima a la Autoridad del Agua para que informe la ubicación de surgentes de la ciudad, ya que hubo denuncias de vecinos donde manifestaban que los no están identificados o no están funcionando como corresponde. La titular del ADA se refirió a actos de vandalismo, esto es de larga data y deberían haber encontrado una solución”.
En relación a la facturación se resolvió que “la ADA amplíe el listado de barrios afectados. La bonificación se va a ver reflejada en los vencimientos de abril, mayo y junio”, señaló la letrada y agregó que será hasta tanto la magistrada lo disponga dentro del expediente.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/02/absavecinos.jpg?fit=960%2C386&ssl=1386960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-02-24 13:30:322021-02-24 13:34:23ABSA tiene hasta mañana para presentar un plan de contingencia
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2021/02/familiarespuan.jpg?fit=1280%2C503&ssl=15031280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2021-02-23 14:09:142022-04-18 00:12:22Piden que liberen a los jóvenes detenidos en Puan
La jueza María Selva Fortunato aceptó el amparo colectivo presentado por vecinas y vecinos de barrios afectados por la falta de agua. Ordenó que ABSA garantice el acceso a agua potable, informe sobre los surgentes disponibles y suspenda el cobro de las facturas.
La empresa deberá difundir en su sede, en las facturas y en la página web como “aviso importante para los usuarios” que fue iniciado este “proceso judicial colectivo en el que se solicita -en lo sustancial- que dentro de un plazo breve, razonable y de manera fehaciente, la empresa prestataria presente un Plan de Obras y Gestión para la adecuada prestación del servicio y que se vuelva al sistema defacturación asociado con el nivel de consumo”.
“El peligro en la demora no admite mayor discusión en tanto la disponibilidad de agua se encuentra indisolublemente ligada al derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana, especialmente en esta situación extraordinaria de pandemia que nos atraviesa en la que la higiene es fundamental para evitar la propagación de virus”, afirma Fortunato.
La titular del Juzgado Civil y Comercial N°2 dio 48 horas a Aguas Bonaerense S.A. para que implemente un “programa de contigencia que incluya la efectiva y regular entrega bidones con agua potable y el llenado de los depósitos domiciliarios de los particulares e instituciones que así lo requieran”.
Cabe destacar que la magistrada indicó que “la empresa deberá disponer los recursos humanos y materiales suficientes para realizar el abastecimiento sin otra intervención del usuario que la de habilitar el ingreso a la vivienda en el caso de que ello fuera necesario”.
Para ello, ABSA tendrá que habilitar y difundir una línea de atención telefónica y de mensajería “con atención y control permanente, debiendo cumplir con el requerimiento dentro de las cuatro horas siguientes a la recepción delpedido”.
Por otro lado, la jueza manda “habilitar e informar la ubicación de los surgentes disponibles y en operación, para que la población, en caso de ser necesario, pueda utilizarlos adecuadamente”. Respecto a la suspensión de la facturación del servicio de provisión de agua y sus accesorios, Fortunato indica que deberá alcanzar a los barrios indicados en la Resolución Nro. 167-ADA-2021 (Los Chañares, Bordeu, Don Ramiro, Altos de Bahía, Palos Verdes, Pacífico, Patagonia, Universitario, Amaducci, Kilómetro 5, Barrio Rucci, Comahue, Coronel Estomba, Microcentro, Patagonia Norte, Patagonia Chico, Molina Campos, Villa Harding Green, Stella Maris, Villa Don Bosco, VillaCerrito, Sanchez Elias, Nueve de Noviembre, San Cayetano, Villa Floresta, Mi Casita, Cooperación, Latino, Gral. Cerri, Villa Rosas, Villa Delfina y Piedrabuena) y a los usuarios que requieran acceder al plan de contigencia.
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La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría pidió la nulidad del “convenio ambiental” entre el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.
Los trabajadores denunciaron que “se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal”.
El escrito firmado por el abogado Lucas Beier sostiene que la empresa “ha anunciado que invertirá 150 millones de dólares en una ampliación al doble de su planta ubicada en la zona portuaria, por lo que tiene que comenzar sus procesos aprobatorios y necesita sus ‘salvoconductos ambientales’. Pero está involucrada en cinco juicios ambientales, cuatro del fuero provincial y éste. Por algún lado debe empezar”.
El “galimatías de cinco hojitas” presentado por la multinacional fue homologado por la jueza Gabriela Marrón. “Algo tan complejo como esto necesitaría dictamen de algún especialista. Ni el fiscal ni la jueza han pedido que sea revisado por algún organismo ni por los peritos designados en la causa. (…) La jueza dice que cumple los parámetros científicos, no sé cómo lo sabe, tal vez ella tenga conocimiento en materia de tratamiento de líquidos industriales, yo no los tengo y no consta ningún informe técnico”, dijo Beier a FM De la Calle.
La apelación afirma que “Profertil viene contaminando hace más de 25 años, existe prueba científica de esto, pero ahora dice que en los próximos 18 meses mejorará sus sistemas de tratamiento de residuos industriales y para el fiscal corresponde extinguir la acción penal, es decir, no sancionar la conducta delictiva cometida. Y TODO ESTO SIN PAGAR UN SOLO CENTAVO EN REPARACIÓN DEL DAÑO”.
“¿Acaso cualquier (ante un) ciudadano que cometió un delito, si se compromete a no cometerlo más, tanto la fiscalía como la jueza también entenderán que debe extinguirse la acción penal?”, se preguntó el abogado.
A pesar de desconocer la existencia de aluminio, cobre, cromo, plomo, mercurio, cadmio y otros contaminantes en sus procesos, la empresa promete volcar sus efluentes a la ría con parámetros “más rigurosos”. “Si ahora, en la urgencia de la aprobación estatal de la ampliación industrial, saldría corriendo Profertil a hacer cosas que no necesita hacer porque siempre hizo todo bien, corresponde afirmar que siempre mintió”.
El representante de los pescadores insistió en que previo al acuerdo cuestionado, a contramano del fallo de la Cámara, “no se coordinó ninguna reunión de trabajo, no se escuchó a ningún técnico, no se convocó a los peritos, nada; por el contrario, se trae a juicio a alguien ajeno al proceso, el Instituto Argentino de Oceanografía, cuando ya la FAUBA y la Policía Federal Argentina son peritos de éste juicio y ha estudiado en profundidad la problemática del caso.
Por último, en cuanto a la “precariedad” de la oferta de Profertil, advirtió que “no dice qué, dónde, cuánto, cómo arrojará en el futuro al estuario. Menos dice quién, cuándo y cómo ha evaluado en forma imparcial e independiente la calidad y eficacia de hipotéticas instalaciones y procesos futuros que no detalla ni identifica (más allá de una elemental enunciación en unos pobres párrafos)”.
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En el marco de un cuarto intermedio en el desarrollo del allanamiento al puesto policial de Teniente Origone, la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, confirmó a FM De la Calle que, entre otras evidencias, se encontró en el lugar otro fragmento de una turmalina similar a la del colgante de Facundo.
“Se realizó una prueba exhaustiva que debió hacerse tiempo atrás, llevó apelaciones y una demora de cuatro meses. Sin embargo se logró el secuestro de varias evidencias, de sedimentos del lugar que permitirán hacer un estudio respecto de dónde provienen y fundamentalmente una marcación de uno de los canes del perito de parte Marcos Herrero que reaccionó frente al colchón, el mismo que se encontraba desde tiempo atrás en el calabozo. Todo ha sido resguardado para su análisis y debemos esperar los resultados”, afirmó.
Destacó que “lo más significativo es un trozo pequeño de turmalina que era la piedra que Facundo tenía y cuyos restos también fueron hallados en el patrullero Etios de Bahía Blanca”.
El abogado Luciano Peretto comentó el trabajo realizado desde esta mañana por la crimonóloga Virginia Creimer: “Tiene a cargo la labor criminalística y de tratar de buscar dentro de los lugares que son parte de la pericia los elementos que sean útiles para la investigación. Eso se consensuó con el equipo que está llevando a cabo la diligencia”.
La primera parte de la medida ordenada por la Cámara Federal y ejecutada por resolución del juez federal Walter López da Silva fue el secuestro de los materiales mencionados y la segunda se concretará durante las primeras horas de la noche.
“Tiene que ver con el reactivo de luminol, con esparcir el químico para buscar evidencias de manchas hemáticas”, dijo Peretto.
Respecto a la turmalina el perito Marcos Herrero aseguró que “podría ser el fragmento faltante que ya había encontrado Yatel cuando hicimos el trabajo en el Etios. Si bien esto es importante hay que tener cuidado y cautela en cómo lo decimos. (…) Es un fragmento de turmalina color negro que habría que hacerle un peritaje y analizarlo”.
“Estoy realmente agotada, fue un día largo y todavía nos resta mucho pero estamos firmes presenciando cada una de las pericias”, dijo Cristina Castro.
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La declaración indagatoria del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, prevista para esta mañana fue postergada hasta el 29 de marzo. Se le imputan lesiones y amenazas contra su ex pareja. El ex concejal no pudo ser notificado.
La abogada Fernanda Petersen dijo a FM De la Calle que fue por “estrategias dilatorias” por parte de la defensa y advirtió que “vamos a seguir hasta que tenga una condena”.
“No dejamos de merituar que está citado a indagatoria: en la audiencia el fiscal le va a leer formalmente el hecho que se le imputa, le va a decir cuáles son las pruebas que hay y él decidirá si declara o no”, destacó.
La abogada de la denunciante explicó que la audiencia fue fijada a fines de 2020, “se presentó un certificado médico y la perito que hizo la evaluación dijo que estaba en condiciones de concurrir”.
“Con el dictamen pericial el fiscal fijó la audiencia para hoy y el defensor Sebastián Martínez presentó otro certificado médico advirtiendo que el acusado iba a estar fuera de la ciudad por un tratamiento, a lo cual se sumó la falta de notificación por parte de la Gendarmería”.
Petersen sostuvo que “claramente si no se pudo notificar formalmente no se le puede exigir que se presente. A partir de ahora estaremos más encima de este tipo de detalles y veremos qué medidas pedimos para evitar la dilación de la audiencia”.
“Para llegar a este momento se incorporó todo tipo de pruebas, desde testimoniales -que en estos delitos son muy difíciles y, en este caso en particular, es una persona que pertenece a un sector gremial, que tiene un poder específico, real y simbólico dentro de la ciudad-, se realizaron pruebas psicológicas, de los celulares, hay fotos”, enumeró.
Finalmente afirmó que “las dilaciones siempre operan en contra de la psiquis de la víctima. Que le tenga que avisar unas horas antes que esto se suspende por estos motivos claramente es otra situación violenta, es revivir lo que pasó”.
“También es cierto que el acompañamiento de las agrupaciones de mujeres que hoy están frente a la Fiscalía, sabiendo que no se iba a hacer la audiencia, muestra cómo está cambiando esta situación”.
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Cristina Castro encabezó ayer una marcha con velas para recordar que Pedro Luro no olvida y exige verdad y justicia por su hijo Facundo. “Sabíamos que íbamos a pelear, no vamos a bajar los brazos nunca, hasta que todos los responsables estén tras las rejas”, dijo a FM De la Calle.
El viernes tres medidas judiciales reimpulsaron la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte: la Cámara Federal ordenó nuevas medidas de prueba, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recusaron a la jueza Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Martínez pidió apartarse de la causa.
El abogado Luciano Peretto afirmó que “el año de la desaparición nos tiene que encontrar con los primeros imputados”. “Veníamos haciendo un trabajo de hormiga, sabíamos que no iba a cerrar la causa, teníamos dos grandes pilares, Heim y Azzolin, cada cosa que iba a apareciendo era un golpe al alma”, sostuvo Cristina.
Se refirió al nuevo allanamiento que deberá realizarse en la estación policial de Origone y a los obstáculos de la jueza y de efectivos de la Bonaerense para desviar la atención. “Esperamos que sigan apareciendo cosas y poder gritar un día que lo logramos”.
En ese sentido, mencionó que una testigo de identidad reservada “estuvo mucho tiempo buscándonos e intentando declarar. Lo que nos dice es muy fuerte: (el intendente Carlos) Bevilaqua mandó a limpiar esa comisaría sabiendo que estaba la gorra de mi hijo que después apareció en el cangrejal”.
En cuanto al secuestro de los teléfonos de los policías Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González dijo que le llama la atención que solo exista una foto de Facundo de espaldas: “Se encargaron de borrar la foto de frente, tenemos la esperanza de que aparezca algo más porque es muchísimo lo que borraron”.
En cuanto a las intimidaciones que recibe desde el comienzo de la búsqueda de su hijo, Cristina relató que recientemente tuvo que ir a La Salada a ver una persona que necesitaba asesoramiento legal y concurrió con Peretto: “Ingresamos y al rato estábamos rodeados de policía, nos filmaban, se escondían, yo estaba comprando aros para mi nieta. A mi trabajo desde que denuncié en noviembre el apriete que me habían hecho no fueron nunca más. Cada intimidación la voy a denunciar”.
“Creemos en la responsabilidad personal tanto del Ministerio Público Fiscal como de la jurisdicción de Bahía Blanca por haber denegado las medida de prueba, no haberlas producido, cuando por el principio de degradación uno va perdiendo material a medida que avanza el tiempo”, comentó el abogado a FM De la Calle.
Dijo que “la información que tuvimos por fuera de los informes de las empresas de telefonía nos daban indicaciones de comunicaciones sugestivas de altos funcionarios policiales a muy bajos funcionarios el 30 de abril cuando desaparece Facu”.
De la recusación de los fiscales contra la jueza destacó que le reprochan “filtrar información y haber mandado a hacer posiblemente un informe por encargue del IADO. (El organismo) se excede en sus funciones y la jueza obliga a agregarlo”. El abogado dijo que el escrito muestra “una fuerte motivación de querer cerrar la causa porque Facundo se ahogó”.
Explicó: “Los fiscales encargan un informe al IADO sobre mareas entre el día de la desaparición y el día se encuentra el cuerpo. Llegan dos, uno absolutamente irregular, sin firmar, solamente un estudio de mareas del 30 de abril. Fue devuelto para corregir. A su vez, envía el IADO un informe firmado por el presidente, que nadie había pedido, en absoluto y flagrante exceso a sus facultades, es un informe más criminalístico que de mareas. A grandes rasgos dice que Facundo se ahogó porque se desvió y la marea sube cuatro metros y quedó empantanado”.
“Esto no resiste análisis, no fue incorporado y se devolvió. A este informe hace mención la jueza que no debió enterarse porque era parte de la investigación de los fiscales y les intima a que lo agreguen. ¿Cómo se enteró la jueza? ¿Hubo alguna suerte de diálogo con el IADO? ¿Ese es el informe que ella utiliza para llevar al archivo por accidente de una manera desajustada de la causa que se investiga que es la desaparición seguida de muerte?”.
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La Suprema Corte de Justicia revocó la condena contra el profesor Dante Patrignani por la supuesta afectación de la “buen honra y dignidad” del ex camarista Néstor Luis Montezanti.
El fallo (que puede leerse aquí) refiere al debate que la comunidad de la Universidad del Sur dio respecto a la posibilidad de que el abogado siguiera a cargo de materias del Departamento de Derecho a pesar de su complicidad con el terrorismo de Estado.
En ese marco se difundió la emblemática imagen que mostraba a Montezanti con gorra militar y la mención a su pasado como espía del Destacamento de Inteligencia 181. Cabe recordar que el ex docente está procesado por su participación en la Triple A bahiense.
Patrignani mostró su alegría este mediodía en diálogo con FM De la Calle y recordó que “esta es la última que quedaba de las cuatro demandas que me hizo”. Más allá de la devolución del dinero embargado por la justicia subrayó “el éxito político para que este tipo deje de festejar lo que hizo conmigo”.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca había confirmado una condena en primera instancia y fijando el monto de la indemnización que fue apelada mediante el recurso extraordinario que hoy cierra la historia en favor de Patrignani.
“Con esto ganamos todas las causas que nos inició. Lo que queda es que la imagen que tenía hace cuatro o cinco años de tipo intocable que ganaba todos los juicios, que era imposible sacarlo de la universidad y de la justicia, se terminó de derrumbar. Más aun ahora que está imputado en la causa Triple A. Hay mucho para festejar”, afirmó.
Al momento de emitir su voto, el supremo Eduardo de Lázzari manifestó que “para afectar verdaderamente la dignidad de un hombre es preciso hacerlo (como decía Borges respecto de la injuria) de una manera memorable; el zafio uso de un panfleto con imágenes trucadas -me parece- hubiera caído prontamente en un justificado olvido, de no ser por este mismo juicio”.
Descartó, además, la violación del derecho a la intimidad: “La noticia que se divulga no refiere a la vida privada del actor sino a su paso por un organismo que, más allá de su naturaleza cuasi secreta, es (o fue) una repartición pública, donde Montezanti ha ejercido un empleo público, fue pagado con fondos públicos, etcétera; es decir, remite a aspectos de su vida que no son de su absoluta intimidad”.
Por otra parte, destacó como “fidedigno” y “relevante” el dato sobre la complicidad de Montezanti con la dictadura genocida, mediante su desempeño como PCI, “como para ser tenido en cuenta por aquellos que postulan a tal persona para un cargo, asisten a sus clases o pueden verse afectados por sus actos de gobierno”.
Por su parte, el juez Daniel Soria aseguró que Patrignani “se expresó públicamente en su condición de miembro de la Asamblea Universitaria de la UNS y en el alegado interés social de que la comunidad universitaria conociera la información así propalada”.
“Su divulgación (…) sin duda era de tono elevado, mas lo expuesto no era completamente inmotivado, ni portador de una finalidad claramente injuriante. Estuvo referida a extremos fácticos vinculados a aquel debate de interés general existente o promovido en el seno de esa comunidad universitaria, a propósito de la evaluación de las cualidades del actor para el desempeño de esas funciones”.
Soria agregó que “la manipulación de la imagen del actor plasmada en los aludidos ‘afiches’, con ser irritante lo cual resulta cierto no parece desbordar los límites de una razonable tolerancia en relación con la utilización de un recurso visual -satírico y mordaz como en el caso- tendiente a captar la atención por parte de sus destinatarios”.
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