“La confirmación, que sea Facundo, es un dato importante en la causa pero la investigación debe seguir. Falta el informe de la autopsia que necesita tiempo para que los estudios complementarios puedan estar y, con eso, veremos si el cuerpo arroja alguna información más”, dijo a FM De la Calle la abogada Margarita Jarque.

La integrante del equipo jurídico de la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que participan “como querella institucional por la preocupación que implica la desaparición forzada de personas -ahora seguida de muerte-”.

“Entendemos que esa pista principal que encontramos es a partir de la intervención policial en distintos tramos de lo que podríamos llamar el camino de Facundo del 30 de abril, pero también esa intervención policial que aparece sobradamente a posteriori, a medida que toma estado público, y a partir de la intervención indebida que tienen como fuerza auxiliar en la causa provincial”, afirmó.

Jarque dijo respecto al patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca peritado este jueves que los datos del GPS arrojaron movimientos irregulares en “esta fecha sintomática que es el 8 de mayo que (coincide) con algo constatado que es la confirmación de la borradura de las redes de Siomara Flores y los mensajes en una especie de clave entre personal policial que todavía no encuentran una contextualización”.

En relación de los saltos de tiempo y distancia en el móvil policial bahiense destacó que “en pocas oportunidades los hemos visto y entendemos que eso tiene que ser ampliado en futuros informes, como también los horarios no han sido consignados”.

“Hemos detectado en el análisis de algunos celulares, algunas cosas que hemos puesto en análisis de la fiscalía y la jueza, por ejemplo, sobre interpretaciones de estos cruces de llamados por parte de la Policía Federal cuando su misión era bajar la información no interpretarla”, mencionó.

Acerca de las declaraciones del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien cuestionó que las querellas no hayan apelado decisiones de la jueza, Jarque argumentó que “el fiscal Martínez requiere de manera muy endeble dos imputaciones y detenciones, de Curuhinca y Sosa, solo por los mensajes crípticos, que había que dotarlos de mayor caudal probatorio. Eso no prosperó en cabeza de la jueza y eso generó el precedente en el cual luego se ampara para no otorgarnos los pedidos de detención, al momento del hallazgo del objeto”.

“Preferimos seguir dotando de información de parte de ambas querellas. Estamos fortaleciendo con un informe anticipado al Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para poner en conocimiento a los organismos de contralor de las responsabilidades del Estado, cuál ha sido el derrotero de esta causa, cuáles son los inconvenientes que hemos tenido como querella, con demoras en decisiones que esperemos estén saldadas con la incorporación de estos dos fiscales”, finalizó.

Foto: CPM.

El abogado querellante Leandro Aparicio adelantó que la semana que viene comienza una nueva ronda de declaraciones testimoniales y que este viernes se realizaba la pericia al denominado “patrullero perro” -sin controles de GPS- secuestrado en Buratovich.

Respecto a la incorporación de dos nuevos fiscales, mencionó que “en función de lo que había hecho el fiscal (Ulpiano) Martínez, que no abonaba esta teoría, le preguntamos ¿cuál es la teoría que tienen? Desaparición forzada -nos dijeron-. La única hipótesis es la desaparición forzada. Ahora con el agravante de la muerte. Lo que se investiga es la actuación estatal, a través de la Policía de Buenos Aires”.

Aparicio destacó que “en función de los hallazgos (de restos óseos en Villarino Viejo), vamos a pedir un rastrillaje completo”. “Se encontró una mandíbula, se consultó con el Equipo Argentino de Antropología Forense y dijeron que no es la de Facundo. Anoche se encontró un cuerpo, desconocemos si pertenece a la mandíbula que se encontró hace tres días. No sabemos si son dos cuerpos o tres. O más”.

Para el letrado los análisis de los restos deberían estar a cargo del EAAF: “Yo a la Policía Federal no quiero darle nada, no confío en absolutamente nada”.

En cuanto al estudio de los registros telefónicos de los policías bonaerenses dijo que requirieron información a “la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) y no a la Federal cuyos informes están incompletos y malintencionados. Se esperará para que cuando se formulen las detenciones e imputaciones sea un cuerpo orgánico y sustentado con pruebas. Nos van a permitir explicar situaciones que no sabemos porqué el fiscal hizo todo lo posible para impedir y detener las pruebas que tenemos”.

También confirmó que se encontraron capturas de pantalla del facebook de Cristina Castro en el teléfono de Siomara Flores realizadas el 1 de mayo, un día más tarde de la salida de Facundo a la ruta.

“Hay muchas cosas para saber de Siomara, las llamadas perdidas con la hermana (Jana Curuhinca) que borró de su teléfono y del vínculo de Siomara con algunas personas, otros policías”, detalló.

Por último, Aparicio comentó: “Pedimos un nuevo allanamiento al destacamento de Origone, que la jueza nos denegó. Parecía que había sangre en las paredes y queremos hacer la prueba de luminol”.

Foto: CPM.

FM De la Calle te muestra los rostros de los policías implicados en la desaparición del joven de Pedro Luro en el primer capítulo de ¿Quién mató a Facundo? Documental urgente en tiempo real.

De izquierda a derecha son Mario Gabriel Sosa, Jana Jennifer Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González.

Sosa y Curuhinca son los primeros oficiales que toman contacto con Facundo alrededor de las 10 de la mañana del 30 de abril para infraccionarlo en Mayor Buratovich por violar la cuarentena. Sin embargo, ambos policías permitieron que el joven siguiera camino a Bahía Blanca.

Sosa es el que posa junto a Facundo, probablemente esposado, de espaldas a la cámara de Curuhinca. Cristina Castro destacó que luego de ver una y mil veces ese retrato vio a su hijo sucio, sin una zapatilla y sin la gorra que usada permanentemente.

Entre los mensajes de texto borrados que se pudieron recuperar en el marco de la causa judicial Sosa dice a Curuhinca: “Nadie va a saber que FUIMOS NOSOTROS”. En el teléfono de Jana se encontró la última foto del DNI de Castro.

Siomara Flores se involucró directamente en el supuesto traslado de Facundo desde la zona de Buratovich hasta Teniente Origone en su auto particular. A pesar de la importancia de dicha información, se tomó 41 días para contarlo en la investigación.

Mucho menos tardó en revisar y tomar capturas del Facebook de la madre de Facundo cuando esta ni siquiera sospechaba de que su hijo había desaparecido. Esto fue el 1 de mayo y, siete días después, Flores anunció a sus contactos que eliminaba su Whatsapp de su teléfono. Fue el 8 de mayo, fecha en la cual los datos del GPS de un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca ubican al móvil durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Facundo. El patrullero estaba fuera de su rutina y del Partido de Bahía Blanca.

Flores es la tercera policía que lo ve en infracción y lo deja seguir camino a Bahía Blanca. Entre los mensajes que intercambió con Sosa y que luego borró, manifiestan “Vamos a ir todos presos”.

Es media hermana de Jana Curuhinca. Flores y Sosa son quienes introducen en la causa a la Testigo H cuando la Policía Bonaerense ya había sido apartada de la investigación por las sospechas sobre su accionar.

Alberto González fue calificado por la querella como “el alumno que no aprendió la lección”. Es el último policía que está en contacto con Facundo en el KM750 de la Ruta 3. Llega hasta allí luego de la denuncia de un matrimonio que ve al joven tirado en el asfalto. En su celular estaba la foto del carnet de conducir de Castro, quien supuestamente ya no tenía su DNI.

En sede policial declaró que Facundo se había ido en una Renault Duster Oroch. Luego manifestó que había seguido viaje a pie. La Testigo H tiene una Honda.

A diferencia de los testigos, dice que lo llamaron porque había un nene caminando sobre el alambrado. En sus anotaciones tenía escrito el nombre de la Testigo H con quien se supone que no tuvo contacto. La mujer dice que vio a otro policía junto a él y que el patrullero estaba perpendicular a la ruta. González declaró que estaba solo y la Hilux había quedado paralela al camino tras girar en U, lo cual le habría permitido ver por el espejo retrovisor a Facundo cuando siguió camino a Bahía. Es el cuarto policía que no lo regresa a su casa a pesar de estar en infracción.

En su Puesto Policíal el perito Marcos Herrero y su perro Yatel encontraron la sandía con la vaquita de San Antonio. Se trata del amuleto que Facundo siempre llevaba consigo por ser un regalo de su abuela.

Los fiscales marcaron su decisión de continuar la investigación que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.

(Comunicado de Fiscalía) Luego de que el Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca informara que los restos encontrados el 15 de agosto corresponden a Facundo Astudillo Castro, los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin decidieron ayer que la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén a disposición de las partes, como así también que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) coordine y concentre la actividad pericial, entre otras medidas adoptadas de acuerdo a los alcances de una reunión que los representantes del Ministerio Público Fiscal mantuvieron el martes con Cristina Castro Alaniz, sus abogados y la querella institucional.

Azzolin y Heim -titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente- fueron designados el 28 de agosto por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, para intervenir en forma conjunta o alternada con Martínez. La decisión se plasmó en la Resolución MP 197/20.

El martes de esta semana los tres representantes fiscales mantuvieron un encuentro con la querella particular constituida por la mamá de Facundo Astudillo Castro, Cristina Adriana Castro Alaniz, sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto Ithurralde, la representante de la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de querella institucional, Margarita Jarque, y Malena Derdoy y Paola Rosero, directora de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y coordinadora del área de Violencia Policial de esa dependencia, respectivamente. En esa reunión -celebrada un día antes de que la magistrada María Gabriela Marrón notificara los resultados del cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)- las partes compartieron puntos de vista y aspectos del curso del proceso y se acordaron ciertos lineamientos para su desarrollo y continuidad; se escuchó especialmente a la mamá de Facundo, para quien se puso a disposición la continuidad y refuerzo del acompañamiento que exige el hecho objeto de investigación.

Los fiscales marcaron en su decisión de ayer que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.

Los fiscales explicaron que las diligencias se ordenaron en función de los alcances de esa reunión y de las exigencias del estado actual de la causa, como lineamiento de trabajo para encarar la nueva etapa de la investigación.

En ese sentido, designaron a la DATIP para que concentre y coordine, en lo sucesivo, la totalidad de estudios periciales de todas las especialidades, técnicos y químicos, entre otros, que se hayan dispuesto y concluido, que se encuentren pendientes y aquellos que se proyecten ordenar. Las diversas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) que están llevando a cabo análisis sobre teléfonos, equipos de geolocalización, inspecciones en espacios físicos y vehículos, libros de guardia policiales, entre otros, deberán remitirle sus informes técnicos en el estado en que se encuentren, “mediante la debida preservación de la cadena de custodia de los objetos, dispositivos y materiales objeto de pericia de que se trate”. De esa manera, será la DATIP quien sistematizará la información y hará consideraciones en el marco de un análisis integral sugerido por la PROCUVIN.

Para evitar interrupciones o traslados innecesarios, sobre ese punto se aclaró que previamente a su remisión DATIP deberá evaluar “si de acuerdo a los alcances o especificidad de algunos de ellos, su abordaje puede ser afrontado técnicamente” y, en caso contrario, “se informe inmediatamente a la investigación qué gabinete especializado entiende que podría ejecutarlo”.

Martínez, Azzolin y Heim también fijaron un cronograma para continuar recibiendo declaraciones testimoniales de manera virtual, que serán grabadas. En caso de ser necesario, quienes testifiquen y lo soliciten podrán contar con el acompañamiento de la DOVIC.

Asimismo, el equipo fiscal le hizo saber a las partes que se harán las gestiones necesarias para que en lo sucesivo la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén disponibles “a través del Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales LEX100 y, cuando eso no sea posible, se compartirán los archivos a través del servicio de nube del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Esas medidas forman parte de un paquete en el que también se encuentran el repaso de una veintena de estudios periciales e informes que restan ser examinados, finalizados o realizados; requerimientos de información telefónica de agentes policiales; al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y sobre los móviles que circularon por la Ruta Nacional 3 entre Mayor Buratovich, Teniente Origone y General Daniel Cerri y adyacencias desde el 30 de abril pasado, entre otras.

Las querellas de Cristina Castro informan que tras la audiencia realizada de manera remota esta mañana, la jueza federal María Gabriela Marrón confirmó que, según el cotejo de ADN realizado por el Equipo argentino de Antropología Forense, los restos encontrados el 15 de agosto en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo corresponden con la identidad de Facundo Astudillo Castro, el joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril.

En la audiencia estuvieron presentes, además de la jueza, la mamá de Facundo, Cristina Castro, sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y la abogada de la Comisión por la Memoria, Margarita Jarque, como querella institucional. También estuvo presente Luis Fondebrider, titular del EAAF. Además acompañaron Malena Derdoy, a cargo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas y asesoras.

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Como expresamos ayer, este es un momento muy importante para la causa pero también para Cristina y su familia. Por esta misma razón, y teniendo conocimiento de la expectativa que se ha generado, queremos hacer un llamado público a les comunicadores y funcionarios a respetar la intimidad de Cristina y su familia, dando tiempo y espacios que son muy necesarios en estos momentos tanto para ella y su familia, como para el trabajo de las querellas.

Vanesa Ganduglia es profesora de Artes Visuales y fue una de las fundadoras de El Semillero Cultural de Pedro Luro, al cual concurría Facundo Castro. Allí se alentaba la construcción y reflexión sobre la identidad de los jóvenes desde el pensamiento crítico.

“Facu salió y en el medio no sé qué pasó. No quiero pensarlo tampoco.  Creo que las prácticas (policiales) que están existieron, existen y van a seguir existiendo hasta que no haya algún tipo de cambio. (…) No puedo decir que puede haber sido premeditado pero si Facundo rompió la cuarentena la policía tendría haberlo traído y asegurarse que esté en la casa. Si hubieran hecho lo que tenía que hacer Facundo estaría acá”, dijo a FM De la Calle.

En la vieja estación ferroviaria, Ganduglia contó que Facu les volvió a juntar después de dos años. “Más allá de que sea una tristeza encontrarnos en este momento es fundamental contar quién era y honrar su vida. Las lágrimas no alcanzan, hay que hacer más, no nos podemos quedar llorando ni puteando, tenemos que poder contar quién era, qué quería”.

¿Quién es Facu?

Facu es un pibe nacido en el pueblo, lo conocí en la escuela porque fui su profe y después, cuando iniciamos El Semillero, se acercó en el primer encuentro que fue el evento de Villarino Grita y ahí se conformó la batucada. La formó Facu con algunos pibes que quedaron en El Semillero en otros proyectos.

Lo que hacíamos era trabajar con la cultura social y los derechos humanos. Facu se prendía en todas las actividades, el programa Jóvenes y Memoria, las jornadas solidarias que hacíamos para recuperar el espacio, torneos bonaerenses de muralismo, cualquier actividad en relación con los derechos humanos él estaba dispuesto a participar.

Ganduglia afirmó que Facu “fue muy activo y siempre era la chispita del grupo, siempre era el de los chistes, el cascabel, el que tenías que andar buscándolo por todos lados. Era el que hacía ruido y muchos se le acoplaban atrás”.

“Eran pibes que nunca habían creído que podían tener un futuro. Muchos de los chicos habían sido perseguidos y les habían hecho creer que no podían ser nada más que eso. Por eso cuando hablábamos de identidad, de futuro, de lo que querían ser, empezaban a ver que ellos podían ser lo que quisieran ser. Cada uno iba a buscando su camino”, recordó.

¿A qué tipo de persecución te referís?

El hostigamiento y la persecución que se hace por ser de una clase social, por vivir en un lugar en el que otros no viven -acá es ser de atrás de la vía-, por ser de una clase social que no es de alta ni media, las maneras despectivas que tiene la gente de hablar sobre estas personas, sobre cómo construyeron un imaginario de lo que eran los pibes del Semillero. Ellos se re calentaban porque decían cosas que no eran. El hostigamiento policial siempre estuvo.

Al Semillero Cultural les jóvenes llegaban de ambos lados de la vía. “Acá nos encontrábamos en el medio y ya no importaba de dónde venías. Era un lugar importante por eso, se hicieron amigos y generaron relaciones sin haberlas esperado. Ellos decían que no hubiera sido posible sino venían acá, se empezaron a relacionar con chicos que no compartían escuela, un barrio o un deporte. Acá los unió otra cosa, una relación más humana”.

Por la “persecución política hacia los coordinadores” por parte del gobierno municipal de Carlos Bevilacqua resolvieron desactivar El Semillero “para que los pibes no queden en el medio. Habíamos acordado un par de pautas para dejar el espacio, de tiempos y formas, aceleraron un poco la cosa y nos terminaron echando con la fuerza policial”.

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¿Qué pensás que pasó con Facu?

Facu salió y en el medio no sé qué pasó. No quiero pensarlo tampoco. Yo creo que las prácticas que están existieron, existen y van a seguir existiendo hasta que no haya algún tipo de cambio. No puedo decir que se les fue la mano porque es una práctica y si es una práctica no se les fue la mano, lo hacen conscientemente.

No puedo decir que puede haber sido premeditado pero, si Facundo rompió la cuarentena, la policía tendría haberlo traído y asegurarse que esté en la casa. Si hubieran hecho lo que tenía que hacer Facundo estaría acá.

¿Cómo se vive su desaparición en Luro?

Es fuerte porque nunca tuvimos un desaparecido en democracia. Y es fuerte que nos falte un pibe. Es fuerte que falte Facu. Que falte uno de los pibes con los que siempre hablábamos de estos temas. La comunidad está movilizada, es un golpe de realidad, de lo que pasa y de lo que pasó en el pasado reciente y que hace que haya un quiebre y que la gente reflexione cosas que antes no se las preguntaba.

Estamos en una comunidad que se informa de ciertos medios hegemónicos y tiene una construcción del pasado y presente por esos medios. Ahora queda en evidencia y leen noticias que saben que no son así, ahí se replantean un montón de cosas, ¿cómo dicen esto si sabemos que no es así? Hay gente que no lo conocía a Facu y se pone en el lugar de Cristina porque es una mujer de acá, porque Facu es de acá, es como si nos faltara un amigo a todos, un hijo a todos. Cris es muy fuerte, nos da más fuerza ella a nosotros que nosotros a ella y no va a aflojar hasta saber qué es lo que pasó con Facu.

En los pueblos pasa eso, todos somos del pueblo, crecimos en el pueblo, y obviamente las familias de la policía se ponen en defensiva y acompañan a sus hijos o quienes sean y el resto de la sociedad pareciera que está en contra. En realidad hay que cortar con ciertas cosas. Y si no la cortás, sos cómplice y sos parte de. Ahí está la diferencia, en lo humano.

Se tiene y se debe esclarecer. Hay que saber la verdad, el crimen de los crímenes de no saber qué pasó, dónde están, es tremendo, es perderte todos los días y no saber si vas o no a tener noticias, si vas a saber qué pasó, si el que encontraron es él o no. Es super necesario.

Las querellas de Cristina Castro informaron esta noche de manera conjunta que este miércoles, luego de la audiencia remota que tendrán a las 11 de la mañana con la jueza federal María Gabriela Marrón, darán a conocer a través de las redes sociales de la Comisión por la Memoria toda la información recibida.

“Será un día importante para la causa pero también para Cristina y su familia. Por esta misma razón, y teniendo conocimiento de la expectativa que se ha generado, queremos hacer un llamado público a les comunicadores y funcionarios a respetar la intimidad de Cristina y su familia, dando tiempo y espacios que son muy necesarios en estos momentos, tanto para ella y su familia como para el trabajo de las querellas”, afirmaron.

Twitter / Facebook: cpmemoria
https://www.comisionporlamemoria.org/

La mamá de Facundo, Cristina Castro, habló con FM De la Calle desde Pedro Luro donde cumple en soledad 14 días de aislamiento tras su viaje a Capital Federal. El sábado fue recibida por la una larga caravana de autos que la escoltó hasta su casa.

“Estoy sorprendida por lo que pasó con la dra. Marrón, quien dos veces me negó poder mover a un fiscal tan abogado de la policía (…). Una mujer que al momento de la autopsia se acerca para abrazarme y decirme que está presente y al otro día quiere denunciar a mi abogado, ¿está loca?”, dijo en relación al pedido de la jueza para que el Colegio de Abogados sancione a Luciano Peretto por una supuesta violación de confidencialidad de la causa.

En la entrevista se refirió, además, al secuestro de un patrullero “perro” de la Subestación de Buratovich, denunció la “cacería” de amigos de Facundo que está haciendo la Bonaerense y comentó los resultados de las reuniones mantenidas con autoridades políticas y judiciales.

“Patrullero Perro”

Cristina destacó que tras las reuniones con el presidente y el procurador general el fiscal “nos autorizó cosas que nunca había hecho, luminol en la comisaría de Teniente Origone, secuestrar a un patrullero mal llamado perro, en Villarino en cada una de las comisarías hay un patrullero que no tiene AVL y Motorola. Lo sabemos por los vecinos”.

Agregó que “ese mismo patrullero se encargaba de hacer los chanchullos de la Bonaerense, lo tenemos muy identificado”.

Hostigamiento a los amigos de Facundo

Cristina mencionó que realizó una denuncia en Asuntos Internos de la Bonaerense “porque se ha abierto una cacería de personas y muchos de los chicos involucrados en la cacería son amigos de Facu. Estoy cansada de que estén persiguiendo a los pibes, parece que ser joven es un delito, esto no tiene que ser así en democracia”.

“Me sorprendió mucho que el gobernador no tenga una puta idea de dónde está parado

Respecto del encuentro con Kicillof, Cristina destacó: “Salí muy disconforme de ahí, me sorprendió mucho que el gobernador no tenga una puta idea de donde está parado, no entiende nada, no tiene ni idea”.

“Con mis abogados le fuimos explicando que necesitábamos los Motorola de la policía, que tenemos un acta firmada por el sr. (Aldo) Caminada, jefe (regional) de la Bonarense, donde dice no se han podido registrar o se han borrado las llamadas. Entonces el gobernador dijo ‘quizás hace 180 años que no se usa eso’. Le estamos diciendo que la CPM viene peleando todos los años para que todos los patrulleros tengan los bait habilitados y este señor nos dice que quizás hace 180 años no se usan”.

Agregó que le pidió “cosas simples y sencillas, transparencia, y que le pida a su ministro que se calle porque miente demasiado, sino no me va a quedar otra que denunciarlo al sr. Berni”.

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Desde el día uno el fiscal estuvo con la Bonaerense”

La mamá de Facundo señaló que solo una vez pudo reunirse con el fiscal Martínez. Al inicio de la investigación en su oficina “le dije lo que iba a denunciar, me dijo ‘mejor llamemos a Aldo Caminada que es el jefe de la Policía, él los puede apretar’. ¿Qué me está diciendo? Al final me dijo que si no quería llamar a Caminada me presentara como querellante, desde el día uno tuvo maltrato conmigo, desde el día uno estuvo con la Bonaerense”.

“¿Qué me va a decir? ¿Que Marcos Herrero plantó el cuerpo? ¿Qué me va a decir de la dra. (Virgnia) Creimer?”, sentenció.

“El fiscal es el mejor abogado que tiene la bonaerense, que hasta el día de hoy no ha tomado una sola declaración, ha derivado todo en el fiscal de la PRO.CU.VIN”.

Caravana de autos en Luro

Vecinos y vecinas de Luro escoltaron en caravana a Cristina y Luciano Peretto hasta el domicilio de la mujer. Banderas con la imagen de una vaquita de San Antonio poblaron la localidad y la consigna “Justicia por Facundo” se reflejó en la movilización.

Virginia Góngora, mamá de un amigo de Facundo, y Mercedes Hollman, profe de El Semillero, espacio al que asistía el joven, hablaron durante la trasmisión de FM De la Calle.

Para el secretario general de la Federación Judicial Argentina “el sistema judicial está en crisis” en su conjunto. Durante uno de los plenarios que llevó adelante el senado, en los realizaron intervenciones diferentes especialistas e integrantes del poder judicial, “una ex jueza, docente universitaria, mencionó un dato de la Universidad Católica que señala que el noventa por ciento de la población descree de la justicia. No hace falta ser sociólogo ni hacer ninguna encuesta. De una justicia que es una estructura del estado que tiene características alarmantes, ninguna virtuosa: es jerárquica, profundamente antidemocrática, patriarcal.

El dirigente gremial recordó una caracterización del ex fiscal Hugo Cañón: ”hay un grupo reducido de jueves que son excelentes. Hay otro grupo mucho más reducido que son mala gente, que no tendría que estar en el poder judicial. Y hay una enorme mayoría de mediocres que lo único que esperan es llegar a fin de mes para cobrar el sueldo. Una enorme cantidad de personas que son presionables. Que van de un lado para otro”.

En la Argentina, “se caracteriza la Justicia por lo que pasa en Comodoro Py. Y el sistema judicial es muchísimo más que eso. Esta reforma se ocupa de una parte muy chiquita del poder judicial que es la parte del fuero penal”.

Para la federación “lo que se busca políticamente es diluir el poder de un grupo reducido de magistrados y de magistradas que han venido haciendo de las suyas, no solamente en los últimos cuatro años”.

¿Qué plantean los trabajadores y las trabajadoras? En primera medida, que “la Justicia no puede ser considerada una mera mercancía. La Justicia es un valor, un concepto que hay que darle toda la trascendencia que tiene. Por lo tanto, para nosotros los poderes judiciales están para restaurar o para instalar derechos de las personas y de los colectivos. En ese sentido es muy importante el rol de la Justicia para restaurar derechos”.

En la provincia de Buenos Aires se realizaron reformas y “en su gran mayoría han sido en el fuero penal para perseguir perejiles. Porque al final nunca se logra nada con el crimen organizado, con los pesos pesados no pasa nada”.

“¿Qué pasa con la justicia laboral? ¿Con la Justicia de familia? ¿Con la Justicia de Niños, niñas y adolescente? Vemos que no crece. El poder judicial de la provincia de Buenos Aires ha crecido en los últimos diez o quince años pero los que menos han crecido han sido los fueros que tienen que ver con el común de la gente. Lo que más crece es el aparato represivo. Porque la Justicia es guardiana del orden instituido”.

De esta forma, Blasco señala que “está bien que se pueda reformar” el fuero penal nacional pero “va a haber que elegir gente. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes los van a seleccionar y designar?  ¿Los mismos que están ahora, para repetir vicios? Nosotros reclamamos participación popular en los organismos que seleccionen postulante. Hay que cambiar la estructura del Consejo de la Magistratura”.

En el fondo, “nadie sabe por qué a una persona la eligen jueza o juez. ¿Dónde está escrito? Yo te doy un caso gravísimo. En enero de 2016 Macri designa por DNU a Rosenkrantz y Rosatti, jueces de la Corte. Ese DNU contrariaba la legalidad. Estos dos candidatos aceptaron ser designados por esta forma. El presidente de la Corte aceptó tomarles juramente. El resto, no dijo que no. Ahora bien, el gobierno dio marcha atrás. Los manda a ponerse en consideración del Senado de la Nación. Nosotros como Federación dijimos, en ese momento, que eran dos personas inhibidas éticamente para ser jueces. Porque habían aceptado, en primera instancia, ser designados por un método absolutamente irregular, contrario a la legalidad. Ahora, los que le pusieron la estampa y la firma fueron los senadores”.

Aprovechar la oportunidad

El planteo que realizó el sector se basa en la lectura de que “habría aprovechar la oportunidad, todo este contexto de cuestionamiento a la Justicia, como para encarar una verdadera reforma de la Justicia, integralmente. Desde quiénes y cómo designan y cuáles son los requisitos para designar un juez o una jueza. Y todo lo demás”.

Por otra parte, Blasco agregó que “tiene que haber control sobre los jueves y las juezas. Hay que preservar determinado tipo de reserva (sobre las causas). En algunos medios, trasciende el resultado de una pericia que nunca se hizo. Y después se confirma lo que dijo el periodista”.

“Hay que reformar el foro penal, absolutamente de acuerdo. Pero nos parece que hay aprovechar para poner la Justicia en el medio de la agenda política. Si no se ponen los temas a la luz y no se debaten, tenemos el poder judicial que tenemos. Es calamitoso lo que pasa en muchas provincias”.

Además, debería ser parte de la discusión el conjunto dela comunidad. No deben “discutir solamente los operadores, los tecnócratas, los expertos porque ellos son responsables de la justicia que tenemos”.

Se reanudó esta mañana el debate por el juicio a la Triple A en Bahía Blanca. Continuará mañana y el miércoles desde las 9 con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y por juiciobahiablanca.wordpress.com

Fueron convocados ocho testigos, a través de cuyos relatos comenzó a darse tratamiento a los homicidios de Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Carlos Alberto Davit, José Alberto Surace, Julio Alberto García y Gabriel Raymundo Ganuza.

Hoy declararon el pastor de la Iglesia Metodista, Aníbal Sicardi, Cayetano Ursino y Rodolfo García.

Davit era un joven de Guatraché, de 26 años, que cursaba la carrera de contador público en la UNS y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. El 19 de noviembre de 1975 fue secuestrado por un grupo de civil y fuertemente armado, al acompañar a un amigo a la pensión estudiantil en la que él había vivido y que había dejado de habitar tiempo atrás por las amenazas y la persecución. Su cuerpo sin vida fue hallado horas más tarde, acribillado y colgando del puente que actualmente lleva su nombre, en el kilómetro 679 de la Ruta Nacional N° 3, a la salida de Bahía Blanca.

Según reseña el requerimiento fiscal de elevación a juicio, distintos testimonios dieron cuenta de que Davit había visto rondar en varias ocasiones a la “fiambrera”, -el automotor que usaba el grupo paraestatal para operar-, e incluso en una oportunidad había sido introducido allí.

García, Surace y Ganuza eran tres estudiantes de Geología. Los dos primeros eran oriundos de Viedma y militaban en la Juventud Peronista. Todos compartían la pensión de Zapiola 659 de Bahía Blanca, lugar en donde fueron secuestrados en la madrugada del 6 de diciembre de 1975 por un grupo armado. Sus restos fueron hallados horas más tarde, a un costado de la ruta 35 al kilómetro 102. Los cuerpos estaban en ropa interior y presentaban numerosos impactos de armas de fuego.

Víctor Oliva Troncoso pertenecía a la colectividad de refugiados chilenos que se había exiliado de su país tras el golpe de Estado de 1973. En Chile había militado en el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Radicado en Bahía Blanca, estudiaba filosofía y letras en la UNS. El 2 de julio de 1975 fue secuestrado en la vía pública y a plena luz del día por un grupo armado y de civil que lo introdujo en una camioneta blanca, mientras a pocos metros un operativo policial detenía el tránsito vehicular. Su cuerpo sin vida apareció el mismo día, con 33 impactos de armas de fuego, en el paraje el Pibe de Oro cerca de la ciudad.

La causa -en la que intervienen el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento- tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. También participan del juicio como querellantes Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús “Negrito” García y la Universidad Nacional del Sur.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Procuración General de la Nación designó hoy a dos fiscales para sumarse a la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro que lleva adelante el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado en dos oportunidades por la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril pasado.

En una resolución firmada hoy, el procurador Eduardo Casal designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para “intervenir en forma conjunta o alternada” con el fiscal Ulpiano Martínez en la causa por la desaparición de Facundo.

La decisión fue adoptada por Casal dos días después de mantener un encuentro con Cristina Castro, la madre de Facundo, quien le manifestó su descontento con la actuación que venía llevando adelante Ulpiano Martínez al frente de la investigación.

El miércoles último Cristina concurrió al despacho de Casal junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio y denunció al fiscal federal de Bahía Blanca, de quien dijo que nunca la recibió ni tuvo “un trato humano” para con ella.

En el escrito de denuncia, al que tuvo acceso Télam, la madre de Facundo dijo que el fiscal Ulpiano Martínez “estaba filtrando información” y que “toda la información que a ella le negaba, se la daba finalmente a los medios de comunicación locales ‘La Brújula’ y ‘La Nueva'”.

“Tuve que llevar a su padre al hospital porque se descompuso al ver en los medios de comunicación información que solo estaba en la causa y que nadie conocía”, dijo Cristina Castro, quien agregó que “el fiscal es el mejor abogado de los policías” supuestamente involucrados en la causa.

En esa denuncia, la madre de Facundo le pidió a Casal que “en la medida de lo posible, pueda haber una actuación más coordinada de la Procuvin”, precisamente cuyo jefe fue designado hoy para trabajar en el marco de la investigación.

La querella ya había recusado en dos oportunidades al fiscal Ulpiano Martínez por distintos motivos, pero en ambas oportunidades (el 29 de julio y el 22 de agosto) el pedido fue rechazado por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.

En su pedido, los abogados plantearon el apartamiento del fiscal al considerar que la “lentitud”, la “incapacidad” y “la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía” ya “bordea la actitud dolosa”.

Sin embargo, la jueza Marrón lo rechazó por “improcedente” ya que entendió que, “al menos hasta ahora, los objetivos de eficiencia y eficacia para las investigaciones de delitos complejos se encontraban cumplidos”.

Fuente: Télam.

El martes se realizó un allanamiento dispuesto en la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca. En la medida participó personal de la PFA junto con efectivos de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de esa fuerza y representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación con canes de búsqueda de la División Canes de Bomberos.

El procedimiento culminó con el secuestro del libro habilitado para el registro de novedades de la guardia; un cuaderno con novedades de un móvil; un cuaderno de registro de presentismo y horas cores; hojas sueltas con listado completo de personal de meses de mayo y junio de 2020; órdenes de servicios especiales; un móvil Toyota Etios; y tres teléfonos celulares pertenecientes a agentes policiales de la dependencia. Los canes “Aramis” y “Branca” efectuaron el registro del móvil policial y sobre el perímetro del predio, con resultado negativo.

Según informó la Fiscalía, la comisión del área de Ciberdelito de la PFA se constituyó de Bahía Blanca. A los representantes de esa repartición se le entregaron los tres teléfonos celulares secuestrados a los efectivos policiales de la UPPL mencionada, para que practicaran la extracción de datos de los dispositivos con la tecnología UFED y efectuaran una impresión de toda la información obtenida, para remitirla a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA y a la DATIP, con el objeto de su análisis y verificación de posibles elementos que pudieran resultar de interés para la pesquisa.

Los libros incautados en la UPPL fueron remitidos al Gabinete Científico de la PFA, a fin de que practique un peritaje caligráfico y escopométrico, tendiente a verificar si se advierten adulteraciones o borrados sobre sus superficies. También se requirió que se efectuara un minucioso estudio pericial sobre el móvil policial Toyota Etios secuestrado, tendiente a constatar si se encuentran rastros biológicos, huellas dactiloscópicas u objetos dentro del vehículo que puedan pertenecer o vincularse a Facundo Astudillo Castro. Se indico que en la medida pueden participar los perros del Cuerpo de Bomberos de la PFA.

Se solicitó a la empresa de monitoreo Megatrans S.A. que designara personal para que se constituyera en la ciudad de Bahía Blanca, con el objeto de extraer el GPS o AVL del patrullero secuestrado y proceder al peritaje de rigor tendiente a determinar si el dispositivo ha sufrido modificaciones y/o desperfectos técnicos. Se requirió asimismo que explicara las anomalías advertidas en los registros, cómo es el funcionamiento del GPS incorporado al móvil, que indicara si el vehículo en cuestión posee cámara 360° y que aportara cualquier otra información que pudiera resultar de utilidad para la investigación.

En tanto, a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) se le solicitó que aportara los registros de llamadas entrantes y salientes, entre el 30 de abril y el 30 de mayo pasados, de los números de teléfono de los celulares secuestrados.

Se solicitó a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PFA que profundizara las averiguaciones sobre la supuesta presencia de un móvil policial el 8 de mayo en las coordenadas -38.74265 -62.40827, como también que verificara la situación denunciada por la querella particular a raíz de los dichos de un testigo que habría manifestado haber visto luces en el lugar indicado.

Información sobre medidas de prueba

Se requirió al Director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut, José Mazzei, la elaboración de un informe explicando el método de búsqueda de rastro por olor de referencia que desarrollan los canes, y el acompañamiento de los protocolos nacionales e internacionales que rigen esos procedimientos. Asimismo, se solicitó cualquier otra conclusión al respecto con las observaciones y sugerencias que estimare pertinentes para el avance de la pesquisa y todo otro elemento que pudiere resultar de interés teórico/práctico.

El secretario de Legal y Técnica del Sistema de Prevención de Villarino (SIPREVI) puso en conocimiento que el personal dependiente del Centro de Monitoreo de Villarino (CeMoVi) se encontraba recopilando la información solicitada e informó que contaban con otra cámara ubicada en el acceso a Colonia La Merced, a escasos metros del límite entre los partidos de Bahía Blanca y Villarino, y que en ese sitio de control el Municipio tenía instalado un scanner facial.

La fiscalía le solicitó la remisión de las grabaciones de aquella cámara correspondientes al período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto pasados y que informara pormenorizadamente respecto del funcionamiento del scanner facial, señalando desde qué fecha conservaba información ese soporte digital.

Se solicitó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación que aportara las imágenes satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes a las coordenadas 38°45´11.1´´S – 62°26´54.8´´W en el período comprendido entre el 30 de abril y el 9 de mayo pasados y entre el 1° y el 15 de agosto pasados.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF informó que concluyeron la extracción forense mediante sistema UFED respecto del teléfono celular perteneciente a uno de los agentes policiales y que se procedió a la desintervención y copia de la información contenida en los 31 DVD’s remitidos oportunamente. Además puso en conocimiento que el Laboratorio de Análisis de Telecomunicaciones fijó fecha para la desintervención del teléfono celular que le fuera secuestrado al oficial Jorge Agustín Galarza y el copiado de la extracción ya realizada con el objetivo de de realizar su análisis. La medida está prevista para el próximo martes 1° de septiembre a las 10.00.

La Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA) remitió las actas de inspección de la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como Villarino Viejo, donde se hallaron los restos esqueléticos.

Remitió también el acta de toma de muestras de ADN, relacionada con la medida practicada al señor José Luis Astudillo, padre de Facundo.

Asimismo, se enviaron las actas de relevamiento y barrido del terreno, referentes a las tareas realizadas en diferentes días en la zona indicada. Participaron de la medida personal del Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA, efectivos de la Superintendencia Federal de Policía Científica, personal del Laboratorio Científico Mar del Plata de la Agencia Federal Mar del Plata y personal de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas.

Fuente: fiscales.gob.ar

La jueza federal Gabriela Marrón informó que las conclusiones finales de la autopsia a los restos óseos hallados en Villarino Viejo se conocerá “en un plazo no menor a 40 días, más allá que la identificación de los restos podría saberse entre 10 a 15 días”.

Mediante un comunicado respondió a declaraciones de la querella y manifestó que “ni su juzgado ni ninguno de los peritos oficiales que participaron del examen (…) dio información a la madre del joven sobre las deliberaciones”.

“Solamente se le hizo saber en qué iba a consistir el procedimiento (pasos y plazos aproximados de producción de informes), sin ningún tipo de detalle sobre lo que ocurrió y lo que se iba hablando en el Laboratorio del EAAF”, agregó.

Por último, destacó que “todos los peritos actuantes, incluida la perito de parte, tienen el deber de confidencialidad (guardar secreto), que se hizo saber a todos antes, durante y después de la pericia. Su violación tiene consecuencias penales”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su Informe Anual 2020, un balance de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, signada por las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte.

Estos hechos fueron el exponente más atroz de las graves violaciones a los derechos humanos que genera el punitivismo. El XIV informe, primero tras la designación de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, es también un diagnóstico de una crisis arrastrada por décadas y que requiere cambios profundos en la política criminal; más aún en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus que agravó la crisis humanitaria en los lugares de encierro, la sobrepoblación récord en comisarías, la violencia policial y la desaparición de Facundo Castro.

La presentación es este jueves 27 a las 18 horas y con transmisión en vivo por las páginas de youtube y facebook de la CPM.

La política criminal durante el 2019, último año de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, mantuvo los lineamientos de años anteriores. A pesar de reconocer desde el principio la crisis del sistema penal, durante todo el período no se tomaron medidas para revertir la situación. Ocurrió todo lo contrario, año tras año, y en sintonía con el gobierno nacional, se profundizó el perfil punitivista de las políticas de seguridad y con ello las graves violaciones a los derechos humanos.

El incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales y la negativa sostenida por todas las instancias gubernamentales a brindar información dan cuenta del nulo respeto a dos valores centrales de los principios republicanos de gobierno: el respeto a las órdenes judiciales -división de poderes- y el acceso a la información pública.

El informe anual Sistema de la crueldad XIV analiza las políticas de encierro (penitenciarias, de seguridad, de niñez y salud mental) y el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio.

Todos los indicadores empeoraron y se alcanzaron nuevos récords en los índices de prisionización, sobrepoblación, hacinamiento. También las muertes bajo custodia y los casos de torturas alcanzaron valores elevados. La cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires creció a un promedio interanual de 9%. En diciembre de 2019, había 51.000 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico. Esta cifra representa una tasa de prisionización de 294 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Una cifra que duplica la tasa del promedio mundial: 145 cada 100.000.

El correlato directo del creciente encarcelamiento fue el hacinamiento en condiciones inhumanas: la sobrepoblación en cárceles llegó al 118% y en comisarías al 217%. En este contexto, sumado a la falta de atención médica, el riesgo para la vida se naturalizó sin producir reacción alguna de la justicia ni el gobierno. Entre 2015 y 2019, murieron 550 personas bajo custodia del Estado; 11 muertes por mes. El 78% de esas muertes fueron por enfermedades no atendidas, es decir, muertes evitables.

Bajo la falta de reacción, complicidad o silencio judicial y político, también se extiende de manera generalizada y sistemática las torturas y/o malos tratos. En 2019 sólo la CPM registró y denunció 12.594 hechos, relatados por 6.713 víctimas en entrevistas realizadas en las inspecciones a los lugares de encierro y en comunicaciones de personas detenidas o de sus familiares. En todo el período se presentaron 4.448 habeas corpus o acciones judiciales individuales urgentes y 37 acciones o habeas corpus colectivos por situaciones estructurales de violaciones a los derechos humanos. El Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos (RNCT) relevó en detalle 10.709 hechos, 2.358 de ellos el año pasado.

Las comisarías también están atravesadas por otra marca de la ilegalidad y desprecio a los valores jurídicos y humanos. De las 270 dependencias policiales que alojaban personas, 103 estaban clausuradas por orden judicial o resolución administrativa, es decir no podían hacerlo; no obstante, el 36 % de la población en comisarías fue alojado allí.

Durante la última gestión la sobrepoblación en comisarías pasó de 159% a 217% y hubo dos masacres en donde 17 personas bajo cuidado del estado, murieron quemadas: Pergamino y Esteban Echeverría. Una vez más, estas muertes no generaron ninguna conmoción en el poder político y judicial.

La comisaría 3ª de Esteban Echeverría tenía al momento de la masacre seis clausuras judiciales y una ministerial, todas desoídas. El Poder Judicial fue benevolente con los delitos cometidos por los funcionarios públicos que declamaban la defensa de las instituciones republicanas, pero desobedecían sistemáticamente sus órdenes. Cada día el gobierno provincial incumplió 136 sentencias: 33 que establecían cupos en cárceles, y 103 que clausuraban y prohibían alojar personas en comisarías.

En el territorio, la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad también siguió escalando. Con la legitimación de la “Doctrina Chocobar”, el uso letal de la fuerza policial ocasionó en la Provincia 485 muertes en cuatro años; 1 muerte cada 3 días. De éstas, 21 fueron femicidios. Durante 2019 se registraron 134 muertes en territorio bonaerense, 14 más que en 2018.

Por la brutalidad, por la edad de las víctimas, la operación institucional de encubrimiento montada para proteger a los policías responsables, y el espionaje policial ilegal montado sobre sus familias, la masacre de San Miguel del Monte aparece como uno de los más impactantes del 2019.

A las niñeces y juventudes en peligro, la gestión saliente sólo le respondió con el brazo punitivo del Estado; los dispositivos de encierro para jóvenes en conflicto con la ley también tuvieron una sobrepoblación récord, llegando a 651 jóvenes, lo que implicó un 23 % de sobrepoblación. A la par, los sistemas de promoción y protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil se deterioraron de manera crítica, sin financiamiento ni políticas dirigidas a fortalecerlos.

Las personas con padecimiento mental no corrieron mejor suerte entre 2016 y 2019. Las personas internadas tienen escasas posibilidades de insertarse en procesos sustentables de externación. Los datos lo confirman: en el 2019, el 68% de los ingresos a los cuatro hospitales monovalentes de la provincia fueron re-internaciones. En ese contexto, no se cumplió con la Ley de Salud Mental, que disponía el cierre de los manicomios para este año. Las muertes ascendieron a 150 en hospitales neuropsiquiátricos.

Nada de esto es nuevo en la provincia de Buenos Aires. Hace más de dos décadas los gobiernos de distintos signos políticos insistieron en la misma política criminal. Una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito. La denominada “mano dura” ya ha demostrado de sobra la ineficacia para resolver los problemas de inseguridad, sólo provoca mayores violaciones a los derechos humanos, incrementa la violencia social y pone en riesgo a toda la población.

Presentación en vivo

Este jueves a las 18 horas, la CPM presentará públicamente el Informe Anual 2020—Sistema de la crueldad XIV; la transmisión se podrá seguir en vivo por el canal de youtube y la página de facebook.

De la presentación participarán Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, presidentes de la CPM, junto a otros integrantes como Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Roberto Cipriano García y Víctor de Gennaro. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general Sandra Raggio.

El acto contará también con la presencia de los miembros de la CPM el padre Jose «Pepe» Di Paola, Susana Méndez, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Maria Sonderéguer y Carlos Sánchez Viamonte. Además, estará presente el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal.

Esta será la primera presentación del Informe Anual desde que la CPM fue designada el año pasado como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a una tarea que el organismo realiza de hecho desde el 2002 cuando creó el Comité Contra la Tortura.

También se presenta con un nuevo gobierno provincial. En este sentido, si bien estos datos corresponden a la gestión anterior, el diagnóstico realizado en este informe persiste. Mucho más aún, la pandemia del coronavirus expuso como nunca antes la precariedad de la vida en los lugares de encierro, la violencia policial y la necesidad de reformas urgentes en el sistema penal.

Vale destacar que la presentación se da también en un contexto signado por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. La causa que investiga la presunta desaparición forzada sigue reuniendo pruebas que vinculan cada vez más a la Policía bonaerense en el hecho.

La insistencia en presentar este diagnóstico cada año, y en reiterar las razones que provocan las violaciones a los derechos humanos que denunciamos, alberga la esperanza de que por fin los gobiernos tomen la decisión de encarar otra orientación de la política criminal. Sigue siendo una tarea pendiente para los gobiernos que se han distanciado del paradigma neoliberal abandonar la demagogia punitiva, propia de las derechas. Esta nueva gestión tiene la posibilidad y el deber de hacerlo.

El abogado de la madre de Facundo Castro, Luciano Peretto, aseguró a FM De la Calle que con los resultados preliminares de la autopsia a los restos encontrados en Villarino Viejo “sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años”.

“Existe muchísima información -que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas- para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio”, explicó.

Esta tarde, Cristina Castro declaró ante el Procurador General de la Nación sobre la desconfianza hacia el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la falta de acompañamiento por parte del Ministerio Público.

El querellante concluyó que, “con la información que tenemos, es la confirmación de un delito de desaparición forzada de personas que se realiza el 30 de abril, en circunstancias donde Facundo circulaba por Ruta 3 entre Buratovich y Origone, y que estos contactos no son declarados por la Policía Bonaerense y, a partir de ahí, comienza una serie de mecanismos de encubrimiento para dotar de impunidad la desaparición de Facundo”.

¿Cuál es el balance de la reunión con el presidente?

A la reunión que tuvo Cristina con el presidente hay que asignarle dos etapas. Una personal, que tiene que ver con una gestión institucional de recibir a la madre de un chico desaparecido. Me parece que es un gesto correcto, que predispone determinadas cosas, no solamente del Ejecutivo Nacional sino la interconexión entre poderes. Es muy importante para que destrabe algunas cuestiones, crea determinada predisposición para la investigación y para la celeridad y la exhaustividad que pide la ONU.

Lo que le planteamos al presidente es que el Estado argentino es responsable ante el mundo por el incumplimiento de la normativa internacional que prohíbe la aplicación de torturas y los convenios internacionales en materia de desaparición forzada de personas y que ha sido denunciado al Comité de los Derechos Humanos de la ONU y ha pedido celeridad y exhaustividad, dos cuestiones que no se vienen cumpliendo en el caso y que nos ha llevado a plantear dos recusaciones.

En este momento estamos en la Procuración General de la Nación, Cristina está declarando ante el procurador todas estas irregularidades que generan desconfianza, esta falta de acompañamiento por parte de quien es titular de la acción del Estado contra los desaparecedores y planteamos que no hay acompañamiento a la víctima. La querella está sustituyendo ese rol del Estado a tracción a sangre, sobre todo Cristina, que traviesa el momento más doloroso de su vida y está lidiando y empujando del carro del Estado para el esclarecimiento de la causa de su hijo.

La segunda parte tiene que ver con nosotros como abogados, haberle pedido que se dispongan todos los mecanismos que sean resortes de su organigrama, para traer tranquilidad a Cristina y a los testigos. Son testigos vulnerables, hay fuerzas de seguridad involucradas, son las causas más complicadas para que una persona sostenga su testimonio y declare.

En ese sentido, empezamos a ver un giro y un tono especial en los últimos días que tiene que ver con el momento crucial en la causa.

¿Qué se puede conocer de la autopsia?

Queremos ser respetuosos con los tiempos. Lo que nos ha permitido que la perito de parte esté en la autopsia es que pueda nutrirse de algunos datos en bruto, sin procesar, y que pueda informarle a Cristina. Al momento de la finalización sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años. Existe muchísima información que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio.

Hay que trabajarlo, pero ha sido objetivo por parte de Virginia Creimer, de especialistas, ha sido indicado en el marco de la autopsia y compartido por el EAAF, que estaba en el lugar. Hoy a las 15 llegaron a Córdoba los elementos con cadena de custodia para la comparación genética, eso va a ser para los primeros días de septiembre. Pero los resultados conclusivos van a estar entre los 15 y 30 días a partir de ayer, hablamos quizás de finales de septiembre.

¿Qué valoración hacen del allanamiento de anoche en la sede de la Policía Local de Bahía Blanca?

 Ayer leía muchos titulares, decían ‘allanan una comisaría, se cae la hipótesis de la desaparición forzada’. La verdad que uno no entiende nada. Para allanar una comisaría tiene que haber indicios de la posible comisión de un delito.  Están allanando porque había un patrullero que estuvo el día 8 de mayo en el lugar donde se encuentra el cuerpo -presumiblemente de Facundo- fuera de su jurisdicción barrial, distrital, y estuvo 35 minutos detenidos ahí.

Esto quiere decir que tenemos la postura de que en delitos tan complejos interviene una conexión y comunicación entre fuerzas de seguridad. En esto interviene un entramado que vuelve a esta causa del tenor complejo que le conocemos.

En el marco de esa situación lo que puedo decir es que se ha cumplido un allanamiento con secuestro de libros y celulares, porque un patrullero se dispuso el 8 de mayo, 8 días después de la desaparición de Facundo, a una distancia de 800 metros de donde encontraron el cuerpo. Puede decirse que 800 metros es mucho, es mucho en Bahía, en la ciudad son ocho cuadras, 800 metros en un salitral, donde no debería haber nadie en tiempo de cuarentena y menos un patrullero fuera de su jurisdicción, no es mucho. Y 35 minutos detenido, es sugestivo.

Preliminarmente no tenemos información de lo que hay en los vehículos ni de lo que hay en los teléfonos ni en los libros. Son diligencias que se realizarán en las próximas horas y esperamos tener la mayor información posible.

¿Por qué cuestionan la incorporación de la Testigo H?

No cabe duda de que la testigo de identidad protegida no tiene vinculación con Facundo, no puede asegurar haber viajado el 30, dice que viajó a fines de abril, dice que lo hizo para atenderse en un centro médico y en ese centro médico no se atendió el día 30. Dice que llevó a un joven masculino desde la entrada Origone, mientras González que es el agente policial que trata de colocar a esa testigo, dice que lo levanta en el km 750, distante a 7 km de Origone. Dice que González estaba acompañado por un masculino, González dice que estaba solo. Dice que (el patrullero) estaba perpendicular a la ruta, González dice que estaba de manera paralela y que lo vio por el retrovisor.

Todas estas circunstancias desnutren la hipótesis de que la testigo haya levantado a Facundo en ese lugar y lo haya acercado hasta las vías. Sin lugar a duda forma parte de una trama siniestra de encubrimiento, no se descarta el hecho de colocar días posteriores un falso Facundo en la ruta para tratar de torcer estas circunstancia, es un mecanismo bastante usual cuando las fuerzas cometen este tipo de hechos y para nosotros ese testimonio se encuentra vacío de toda veracidad, de toda conexión con la causa.

¿Cómo es el acompañamiento de los organismos como la CPM o Amnistía Internacional?

El de la Comisión por la Memoria es permanente, y están como querellante institucional nuestro, de hecho estamos ahora trabajando juntos en Buenos Aires. Y el de Amnistía Internacional, si bien es reciente, ha colocado el caso en la agenda internacional para interpelar al Estado para que cumpla los mecanismos de garantías y obligaciones que Argentina ha consolidado a nivel internacional. Robustece la posición de la querella y su hipótesis porque no estamos ante un acompañamiento a un chico que se pudo haber patinado de un puente, para que exista este acompañamiento tiene que haber certezas de la hipótesis violatoria de los derechos humanos y en ese sentido, sobre todo Cristina se siente acompañada y respaldada por su postura.

En el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro, hoy continúan las pericias al “material no biológico” encontrado el 15 de agosto junto a restos óseos en Villarino Viejo.

Los estudios se realizan en la sede de la Policía Científica de la Policía Federal de Parque Patricios. Ayer terminó la autopsia a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se anunció que la jueza María Gabriela Marrón brindará información oficial a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

Desde la querella se indicó que durante el martes se tomaron declaraciones testimoniales que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada del joven de Pedro Luro.

La Fiscalía Federal emitió este martes un nuevo comunicado en el cual informó sobre el allanamiento a la sede de la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca y otras medidas que aquí se detallan.

En relación al patrullero sospechoso

También se requirió a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que aportara las fotografías satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes al lugar ubicado entre las coordenadas Lat: -38.74265 Lon: -62.40827, correspondientes al 8 de mayo pasado.

Al área de Ciberdelito de la PFA se le solicitó que se constituyera en la ciudad de Bahía Blanca con el objeto de practicar las medidas que podrían surgir de esta línea de investigación.

Al Centro Único de Monitoreo de la Municipalidad de Bahía Blanca se le requirió que, en el término de 24 hs., presentara las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentren en cercanías a la UPPL ubicada en el Barrio Noroeste de esta ciudad, correspondientes al 8 de mayo pasado.

Otras medidas

El Hospital General Juan A. Pradere de Pedro Luro informó que al igual que el Centro de Asistencia Primaria N° 1 de esa localidad, carecían de ficha odontológica de Facundo Astudillo Castro, por lo cual la fiscalía solicitó a la querella particular que, en caso de ser posible, indicara otro especialista o institución a la que pudiera serle solicitada esa ficha.

Luego de recibirse en la sede de Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) el teléfono celular que le fuera oportunamente secuestrado al oficial Jorge Agustín Galarza, junto con los datos extraídos de dicho aparato, se autorizó al referido organismo para que compulsara el dispositivo y toda la información obtenida, para su posterior análisis e incorporación al informe integral oportunamente encomendado.

Se fijaron nuevas audiencias testimoniales.

La Dirección de Acompañamiento, Orientación, y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DOVIC) informó sobre las profesionales de esa dirección a cargo del acompañamiento de la señora Cristina Castro y remitió un informe interdisciplinario vinculado a las distintas entrevistas sostenidas con uno de los testigos.

La delegación local de Policía Federal Argentina (PFA) remitió actuaciones relacionadas con las tareas de cronometraje realizadas para verificar datos aportados por testigos.

La División Laboratorio Químico de la PFA informó la fecha de realización del peritaje en relación a los elementos encontrados el día 15 de agosto pasado en proximidades de los restos humanos levantados en Villarino Viejo.

El Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA remitió el acta de relevamiento y barrido efectuado sobre la zona donde se hallaran los restos esqueléticos que se encuentran siendo analizados. Durante toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider.

Se requirió a ese Gabinete que por su intermedio remitiera los objetos hallados a la División Laboratorio Químico de la PFA para que en conjunto con la División Rastros de esa fuerza efectuaran un peritaje sobre los mismos, tendiente a verificar si existen rastros biológicos o biométricos de Facundo Astudillo Castro de acuerdo a los registros obrantes en esa repartición.

En atención a la gran cantidad de medidas llevadas a cabo en este segmento inicial del proceso, el fiscal consideró que resultaba ilustrativo evaluar su estado de trámite y/o ejecución para con posterioridad reiterar o instar aquellas conducentes pendientes, reeditar las que fueren necesarias o impulsar nuevas, para lo cual dispuso que el actuario certificara al respecto.

A requerimiento de la querella institucional, se solicitó al Sistema de Prevención de Villarino (SIPREVI) que remitiera las grabaciones por el período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto pasados de las cámaras de video dispuestas en el kilómetro 714 de la ruta Nacional Nº 3, a los fines de poder individualizar los vehículos que hubieran transitado por esa zona en ese espacio temporal y con dirección al lugar en el que fueron encontrados los restos humanos.

Asimismo, se requirió a la Planta de Repotenciación de Gas ubicada en esa zona que informara si poseía cámaras de seguridad y, en ese caso, que acompañara las grabaciones correspondientes al período de tiempo señalado.

En la misma línea, se solicitó al Comité Técnico Ejecutivo del Puerto de Bahía Blanca y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca que aportaran los videos grabados por las cámaras que poseían en el domo de seguridad que monitorea la zona de Ingeniero White.

Además, se requirió a la Comisión Nacional Aeroespacial (CONAE) que acompañara las lecturas correspondientes a los satélites del 30 de abril pasado en la zona aledaña a las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone.

En búsqueda de un patrullero que tuvo movimientos sospechosos en la zona donde aparecieron los restos óseos que hoy comenzaron a ser peritados por el EAAF, se realiza un allanamiento en la sede la Superintendencia de la Policía Local.

La Fiscalía solicitó la medida al Juzgado Federal a partir de un informe de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad sobre la geolocalización por AVL de la totalidad de los móviles que estuvieron en la zona de la desaparición de Facundo, “entre Teniente Origone y Gral. Cerri y adyacencias”.

“Del análisis perpetrado se detectó un movimiento inusual y sospechoso del móvil patrullero Toyota Etios, número interno 20610, con patente OMP782, asignado a la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca sito en Pacífico 281”.

El documento agrega que “las señales de GPS emitidas por el patrullero referido, darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo del corriente año varios kilómetros alejado de su rutina, más precisamente, en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo el 15 de agosto. En el punto más cercano a dicho lugar, a unos 800 metros aproximadamente, se habría detenido el móvil durante unos 35 minutos”.

“Se advirtieron anomalías en los registros, en cuanto a que la rutina que estaba cumpliendo el móvil la secuencia de georreferenciación da un ‘salto’ de más de 10 km en apenas 41 segundos para volver con otro ‘salto’ luego de 3 horas y 38 segundos al recorrido de rutina en apenas 28 segundos”.

El secuestro fue ordenado dado que “de momento no se han podido evacuar los cuestionamientos técnicos al respecto” por parte de la Dirección General de Asistencia Operacional. Para el fiscal “existen elementos suficientes atento la gravedad del caso y los indicadores recientemente aportados”. Además del vehículo cuyo GPS deberá ser peritado, se buscan los libros de guardia del destacamento para revisar los movimientos y agentes que prestaron servicio o tenían asignado el móvil el 8 de mayo y los teléfonos celulares de dichos policías, “dispositivos electrónicos del lugar, handys, anotaciones y cualquier otro elemento que pueda resultar de estricto interés para la investigación”.

Por otra parte, se solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte las modulaciones de las comunicaciones del patrullero, individualice cuáles son los móviles asignados a la Policía Local bahiense y realice la geolocalización por AVL de todos los que hubieren estado en la zona de la desaparición de Facundo y aparición de los restos óseos.

Cristina Castro y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, brindaron ayer una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional. Fue horas antes de la autopsia que se realiza a los restos óseos encontrados en Villarino Viejo y luego del encuentro con el presidente Alberto Fernández.

“Estamos conformes con el acompañamiento institucional y con los mecanismos que el presidente ha dispuesto. Pedimos independencia y celeridad en la investigación, que son los dos imperativos que internacionalmente se le está pidiendo al Estado argentino en la causa y que para nosotros es donde radica la clave para poder llegar a la verdad material”, dijo Peretto.

La madre de Facundo afirmó que miró al jefe de Estado a los ojos “para saber si me estaba mintiendo, hablé con él, me ha dejado tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir detrás de que todo esto salga rápido a la luz y se sepa la verdad”.

Tras una primera charla entre Fernández y Castro se sumaron los representantes de la querella y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. En diálogo virtual con la prensa la querella repasó las pruebas de la desaparición forzada.

La testigo H

Aparicio afirmó que a la mujer que dice haber llevado a Facundo hasta el cruce entre la Ruta 3 y las vías, identificada como testigo H, “la metieron por la ventana de contrabando y falseando los datos Siomara Flores y Mario Sosa, que tendrían que estar presos”.

Peretto explicó que la testigo “no puede precisar que haya sido Facundo, ni que haya sido el día 30, habla de fines de abril, no se condice el lugar donde lo levanta, refiere que es el km 757 mientras González -el policía mal alumno que no se aprendió la lección y embarró la coartada- dice que lo levanta en el km 750, la testigo H dice que el patrullero estaba perpendicular a la ruta y con dos masculinos y González refiere -cuando se acuerda- que el patrullero estaba de culata a Facundo y estaba solo. Para nosotros es un plan para tratar de encubrir el hecho real que es que cuando llega al lugar González, Facundo está fuertemente golpeado y, para encubrir el hecho, lo traslada hasta el calabozo donde se encontró el objeto de Facundo en Origone”.

Para el letrado, el testimonio busca “derrumbar la hipótesis mayoritaria que, en palabras del juzgado que definió el fuero, es la única sustentable en pruebas hasta la fecha, aunque hacen esfuerzo para tratar de ubicar la hipótesis del accidente. Hay muchas situaciones que no dejan dormir a quienes están operando para que esta circunstancia sea archivada como un accidente como en tantos otros casos”.

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“Los teléfonos celulares hablan, los silencios dicen mucho más que las palabras; los diálogos que existen entre ellos; las actitudes que tomaron de manera informáticas como presenciales; la sandía en un calabozo de Origone; los AVL de los patrulleros; la falta de respaldo desde el punto de vista de los Motorola de los patrulleros – reconocido por el propio jefe seccional de la Policía, la frecuencia en que hablan milagrosamente se ha borrado-; las contradicciones enormes por parte de personal policial; sin dudas los testigos ubicados en Bahía Blanca, totalmente falaces, quienes tratan de desviar la investigación; y esta aparición dudosa de un cuerpo como una herramienta de desesperación para tratar de fortalecer una hipótesis que día a día se está cayendo por falta de pruebas”.

Aparicio aclaró que falta realizar pericias complementarias a las pruebas técnicas de los teléfonos. “No estamos conformes con las realizadas por la Policía Federal. Siguiendo los lineamientos de la PROCUVIN entendemos que hay que hacer un seguimiento integral. Hay mensajes borrados, una aplicación como Whatsapp desinstalada. Todo lo que podemos decir en ese contexto es parcial y aun así tenemos muchos elementos”.

¿Carta blanca para la policía?

Por estas horas, la querella investiga un nuevo componente del “protocolo de encubrimiento”. Explicaron que es “una especie de carta blanca que tenía la Policía para determinar si comunicaba a la señora jueza federal respecto a si habían o no detenido a una persona. Advertimos que esto fue delegado por la justicia federal a la Policía Bonaerense por una cuestión de comodidad de trabajo”.

“Creyéndoles a los policías, que no le creemos, hay una irregularidad en que a Facundo lo paren y lo dejen seguir. Es otra irregularidad que la hermanastra (de Curuhinca) lo pare y lo lleve a dedo. Es otra que después lo lleven hasta Origone y desde allí llamen a Médanos y le indiquen que lo dejen seguir. Eso en cuanto a lo que la policía dice que fue. Que no fue así”, dijo Aparicio.

Agregó que “tenemos teléfonos secuestrados, casualmente cuando viene Berni a Bahía Blanca y dice que los entregan voluntariamente. Debería saber que Flores desintaló el Whatsapp el 8 de mayo, ocho días después de la desaparición de Facundo, tendría que saber que Sosa y Curuhinca borraron entre veinte y treinta mensajes de texto y omitieron borrar otros. En ese contexto se entendería porqué el fiscal pidió la detención, aunque de manera incorrecta”.

Los testigos que vieron a Facundo y las amenazas de Berni

Aparicio se refirió a “las mentiras de Berni”. Respecto a que la querella “mete testigos porque les conviene” el abogado comentó respecto a quienes vieron a Facundo subirse a un patrullero el 30 de abril que “si (Berni) tiene acceso al expediente provincial habrá sabido que llamaron a la Comisaría de Pedro Luro el 19 de junio y desde ahí les dijeron que ya lo habían visto al chico en Bahía Blanca”. Después se comunicaron con Cristina Castro y luego fueron a declarar ante el fiscal federal.

En cuanto a que “no pasaron hacia Bahía Blanca”, Aparicio explicó que “hay un informe de lectura de patentes del 30 de abril presentado por la Municipalidad de Villarino donde consta la fecha de regreso cerca de las seis de la tarde, totalmente razonable y se puede corroborar con otros medios que ese día fueron a Bahía a hacer una mudanza y retornaron. En ese primer informe, que es incompleto y, por lo tanto, entiendo que es falso, no está la ida de ese coche. Como no se quedaron contentos con eso en el segundo informe no está el auto de los testigos ni yendo ni viniendo. Por eso denunciamos al secretario de Seguridad Ciudadana, Pacheco, y al intendente Bevilacqua”.

Las afirmaciones del ministro son parte de un raid mediático en el cual amenaza a los abogados de la familia de Facundo y acusa a la querella de montar un “show”. Cristina Castro aseguró que “le diría al señor Sergio Berni que como me está tratando a mí está tratando a cientos de papás cuyos hijos han entrado a las comisarías y aparecieron suicidados”.

“Berni se ha encarnizado con nosotros, no le tengo miedo, en vez de andar haciendo un show en televisión debería ponerse a trabajar”, dijo y agregó que “el gobernador (Axel Kicillof) me ha llamado varias veces, me gustaría hablar con él, mirarlo a la cara. Me parece que debería abrir los ojos y fijarse lo que está diciendo su ministro”.

¿Quién encontró el cuerpo?

Sobre el hallazgo de los restos que hoy son peritados por el EAAF, Peretto informó que “a la querella nos han notificado de un pescador que encontró el cuerpo y atemorizado concurrió a la Policía Federal directamente. Pero tomamos conocimiento informal que también hubo otros dos pescadores que podrían haber visto el cuerpo y habrían concurrido a una comisaría de la provincia de Buenos Aires”.

“Es un punto que se tiene que aclarar y va de la mano con el testigo que apareció de manera voluntaria en el marco del proceso y pide garantías para poder testimoniar, garantías que este fiscal sabemos no puede asegurarlas”. Se trata de un trabajador portuario que “habla de algunos movimientos y luces el día martes anterior, en la costa de la Cola de la Ballena. Esto es muy llamativo máxime en invierno, en un lugar absolutamente hostil, en cuarentena y de noche. Ningún pescador elegiría esa oportunidad para poder hacerlo”.