La dirigente porteña de la CCC y el PCR Julia Rosales fue baleada anteayer al llegar a su casa. “Tiraron a matar, no es que fue una amenaza, fue muy grave, tiene dos balas alojadas en el codo y en el antebrazo por cubrirse la cara. Y descartado un robo o lo que sea porque tiró cinco tiros y siguió de largo”, dijo a FM De la Calle su hijo César García.

El ex precandidato a concejal por el Frente Socialista y Popular bahiense denunció que el ataque “es para acallar las voces, es una ola represiva de parte del gobierno de Macri, que quiere hacer pasar el ajuste a como de lugar”.

“Mi madre es Julia Rosales, la coordinadora de la Corriente Clasista y Combativa de una de las zonas de Capital Federal. Ayer a las cuatro de la tarde más o menos está llegando a su casa, cuando va a estacionar el auto ve por el espejo retrovisor que viene un flaco en una moto con el casco puesto a plena luz del día y, cuando va a abrir la puerta, ve que desenfunda un arma y se la apoya en el vidrio”, relató.

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Agregó que su madre “se tira para el costado y tipo reflejo se pone la mano en la cara y el tipo este le tira cinco tiros que le impactan dos en el brazo, en el codo que estaba cubriendo la cara, otro le pasa por el pecho. Termina de hacer eso y sigue de largo, o sea, descartado un robo, tira los cinco tiros y sigue de largo”.

García detalló que cuatro horas después, cuando su madre ya estaba internada en el Hospital Italiano donde se encuentra fuera de peligro, “le saltan arriba del auto de mi viejo que también es dirigente del PCR y del PTP de acá de Buenos Aires y le dejan rallado todo el auto”.

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El atentado “se da en un marco de que un conjunto de organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la CCC pusieron sobre el eje la política en relación a lo del hambre, en un contexto donde el día 22 el movimiento obrero se puso de pie contra la flexibilización laboral en relación a no avasallar los derechos del movimiento obrero y principalmente lo que está pasando en el sur con el tema de Santiago Maldonado”, concluyó.

A horas de cumplirse el primer mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, desde la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego aseguraron que “Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha y constituirse en el acuerdo prioritario” para que en la ciudad se realice una manifestación unitaria.

Para este viernes, la central llamó a un acto a las 18 mientras que media hora más tarde comenzará en el Teatro Municipal la concentración convocada por H.I.J.O.S., APDH, Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo.

“Si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quienes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha”, afirmaron desde CTA.

Además, propusieron cerrar la movilización “al grito de: APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS y EL ESTADO ES RESPONSABLE”.

El comunicado completo:

A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hacemos responsable al Gobierno Nacional en la persona del Presidente Macri, a la Ministra de Seguridad, al Jefe de Gabinete y a la Gendarmería, al gobernador Mario Das Neves (con enfrentamientos desde larga data con la comunidad mapuche) a la justicia y a la oligarquía terrateniente, entre otrxs.

Son los representantes del Estado Argentino quiénes la convalidan, negando y manipulando lo evidente, cuando hay muchísimas pruebas de que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. No casualmente, se produjo dentro de las tierras patagónicas saqueadas junto a los bienes comunes por parte de empresas extranjeras, en este caso bajo el dominio de Benetton. Conflicto de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.

Desde la CTA Bahía Blanca estamos convencidos/as que la construcción de un acto único es indispensable. La única diferencia en este marco debiera ser entre quienes queremos la aparición con vida de Santiago y quienes por acción u omisión no.

En esta oportunidad Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha, y constituirse en el acuerdo prioritario.

Por lo tanto, si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quiénes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha, y sería loable culminar con una gran movilización al grito de:

APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO
CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS
EL ESTADO ES RESPONSABLE

CTA BAHIA BLANCA-DORREGO
http://www.santiagomaldonado.com/comunicado-oficial-la-familia-2482017/

Ayer, 29 de agosto de 2017, en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, se reunieron la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, y el Dr. Mario Coriolano con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán Garavano.

En dicha reunión se le entregó la petición que figura al pie, que fue analizada pormenorizadamente por los presentes.

El señor Ministro se comprometió a evaluarla y dar respuesta en el término de 24/48 horas.

La Plata, 29 de agosto de 2017

Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán GARAVANO
S/D

La familia de Santiago Maldonado junto a nuestra abogada Verónica Heredia, peticionamos:

1.- El reconocimiento público del Gobierno de la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut;

2.- Garantice la efectiva participación de las víctimas en el proceso penal Expte. 8232/2017 “MALDONADO Santiago 5/ Desaparición forzada de personas -art. 142 ter CP” en trámite en la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut. A tal fin se solicita:

a) se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y colaboradores que ellos convoquen;

b) se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago;

3.- Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación.

Saludamos al señor Ministro atentamente.

VERÓNICA HEREDIA
ABOGADA

La ministra Bullrich negó la responsabilidad del estado por la desaparición de Santiago Maldonado y acusó a las víctimas.

::: Errores, imprecisiones, omisiones y mentiras :::

Como organismo querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y en virtud del acompañamiento a la comunidad mapuche y el reclamo por sus derechos que desde hace años viene realizando, la Comisión por la Memoria (CPM) manifiesta su preocupación por los dichos de la ministra Patricia Bullrich ayer en el Senado de la Nación.
Aunque existe una cantidad de hechos e indicios que orientan la principal hipótesis de la investigación hacia la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería, el Gobierno Nacional niega el hecho y no reconoce este delito gravísimo. Por eso, y en relación con lo expresado por la funcionaria, es imprescindible aclarar algunos puntos fundamentales.

 

1.- LA JUSTICIA INVESTIGA UNA DESAPARICIÓN FORZADA

La ministra Bullrich dijo que no es posible hablar de desaparición forzada y que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, todavía no ha caratulado de ese modo la causa. Sin embargo, desde las primeras horas de la desaparición de Santiago Maldonado, la CPM que presentó el primer habeas corpus, plantea la figura de la desaparición forzada. Esa investigación se tramita bajo el expediente FCR 8233/2017 en la Secretaría criminal y correccional del juzgado.

Además desde la semana pasada la CPM es querellante en la causa que lleva adelante la fiscal Ávila, que es quien investiga la desaparición de Santiago. Esta investigación tiene como hipótesis principal la desaparición forzada por parte de la Gendarmería Nacional, y en función de eso se adoptaron múltiples medidas para investigar este delito. Rastrillajes en los escuadrones de la fuerza en Esquel, El Bolsón y San Martín de los Andes, peritaje de sus móviles y hallazgo de pruebas, que están siendo analizadas, en el lugar de los hechos.

Los tres testimonios de los testigos pertenecientes a la Lof Cushamen declararon ante los miembros del Ministerio Público Fiscal que estuvieron allí en el momento de la desaparición. Afirman que vieron como la Gendarmería lo detenía, lo golpeaba y lo trasladaba fuera del territorio en los móviles oficiales. Cabe destacar que ellos fueron quienes denunciaron el hecho desde las primeras horas posteriores al operativo represivo del 1 de agosto. Hoy se está investigando su desaparición porque ellos lo expusieron ante la opinión pública y luego ante los funcionarios judiciales.

Sin embargo, Bullrich promueve una perspectiva de múltiples posibilidades y pretende que los senadores y todo el pueblo argentino mantenga varias hipótesis abiertas sobre suposiciones que sólo ella construye para eludir algo que ya resulta evidente: fue la Gendarmería.

Cuando una fuerza de seguridad es sospechada de un crimen como este, no hay nada más grave que esto y el Estado debe asumir y reconocer esa sospecha y actuar en consecuencia porque es su propia responsabilidad. Lejos de esto la Ministra hace una defensa corporativa de la fuerza y a modo de justificación dice: “no voy a tirar ningún gendarme por la ventana”.

2 – ESTÁ PROBADO QUE SANTIAGO MALDONADO ESTUVO EN EL LUGAR

Han pasado dos semanas desde que desapareció Santiago Maldonado. Nadie (excepto el Gobierno Nacional) duda que estuvo en el lugar durante el violento operativo de Gendarmería el martes 1 de agosto. Como decíamos, los integrantes de la comunidad y su propia familia han constatado esto, reconociendo pertenencias de Santiago recolectadas en los rastrillajes del lugar (un cuello, un gorro y un collar). Los perros entrenados han reconocido su rastro en los lugares donde los testigos describen.
Sin embargo, la Ministra sigue poniendo en duda y refiriéndose con ambigüedad sobre la posibilidad de que Santiago haya estado efectivamente allí en el momento en que sucedieron los hechos.

3 – EL JEFE DE GABINETE PABLO NOCETTI DIRIGIÓ Y ESTUVO PRESENTE EN EL OPERATIVO REPRESIVO

La Ministra de seguridad intentó desvincular a Pablo Nocetti (segundo cargo político en importancia luego de ella) del violento operativo represivo realizado por Gendarmería el martes 1 de agosto. No pude negar que haya estado en el lugar porque los relatos de los testigos y las fotografías así lo demuestran, pero lo excusó diciendo que estaba allí de paso.

Un burdo intento por apartarlo de una acción represiva en la que él mismo se ha involucrado, reivindicando todo lo actuado y prometiendo extremar aún más el uso de la fuerza del Estado, con declaraciones públicas que tuvieron una masiva difusión días atrás. Allí el alto funcionario del Ministerio de Seguridad expuso con claridad que había seguido de cerca las circunstancias del operativo en el cual desapareció Santiago.

4 – EL OPERATIVO REPRESIVO DEL MARTES 1 DE AGOSTO NO FUE ORDENADO POR EL JUEZ OTRANTO

Una vez más, frente a las preguntas de los senadores, la Ministra insistió en ampararse en una supuesta orden del juez Otranto como justificación del operativo represivo realizado por Gendarmería el pasado martes 1 de agosto. Sin embargo, en respuesta a un requerimiento puntual de la CPM sobre el mismo punto, el juez contestó hace unos días: “al respecto le informo que no he dictado ninguna resolución que autorice el allanamiento del lugar […] Toda esta actuación fue ejecutada por iniciativa de la fuerza de seguridad de acuerdo a las facultades que le confiere el código procesal nacional.” La Gendarmeria ingresó al territorio de la comunidad de manera ilegal, sin orden judicial alguna. Además prendieron fuego pertenencias de estas familias muy pobres (materiales de construcción, colchones, vajilla, etc.), acto que no tiene justificación alguna y también constituye un delito. No existía ninguna flagrancia que justifique el accionar de la fuerza, toda vez que la ruta había sido desalojada horas antes.

5 – NO TODOS LOS DÍAS DESAPARECEN PERSONAS EN EL MARCO DE UNA REPRESIÓN DE FUERZAS DE SEGURIDAD

Al comienzo de su intervención, en su intento por deslegitimar la figura de la desaparición forzada, la Ministra dijo que todos los días desaparecen personas intentado equiparar el caso de Santiago Maldonado con tantos otros asociados a otro tipo de delitos como femicidios, trata de personas o fugas por decisión propia.

Lo que resulta inadmisible de esta afirmación es que no reconozca la gravedad del delito que aquí se persigue, gravedad que precisamente es tal porque involucra de manera directa a las fuerzas del Estado en la autoría del hecho y por lo tanto a su conducción política.

6 – LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA TAMBIÉN SON VÍCTIMAS

Todavía hoy la ministra Bullrich continúa atacando a la familia de Santiago Maldonado con acusaciones que además de inoportunas son falsas. Habló de la imposibilidades de comunicarse con ellos, intentó hacerlos responsables de generar obstáculos y dilaciones en el avance de la investigación demorando, por ejemplo, los estudios para los cotejos de ADN. Al explicar que lo primero frente a un caso de desaparición es la colaboración de la familia expresó que esto no había sucedido y que por el contrario se habían encontrado con una negación. Cabe destacar que la primera reunión con funcionarios de su cartera se produjo en Esquel a casi diez días de la desaparición de Santiago.

Resulta muy grave que la máxima responsable política de los hechos que condujeron a la desaparición de Santiago Maldonado termine agraviando a la familia y haciendo un intento por responsabilizarla por los magros avances de la investigación. Frente a la desaparición forzada de personas y el uso arbitrario de la fuerza pública hay una única responsabilidad y es la del Estado.

Lejos de promover dispositivos públicos de acompañamiento terapéutico y contención de la familia, se la revictimiza acusándola de no colaborar. La falta de sensibilidad de la funcionaria es gravísima y claramente demuestra su carencia de objetividad y la defensa cerrada e injustificable de la fuerza. Pero además, desconoce la esencia de la figura de la desaparición forzada como crimen y el impacto que esto puede generar en la familia de la víctima, lo que resulta alarmante viniendo de una funcionaria pública.

7- LA MINISTRA BULLRICH OBSTACULIZA LA INVESTIGACIÓN

Lejos de colaborar con la investigación, la decisión de mantener a la Gendarmería Nacional custodiando el ingreso a la comunidad mapuche, implica obstaculizar la misma. La fuerza señalada como responsable de la desaparición forzada de Santiago continúa hostigando y amenazando a sus habitantes. No sólo el Ministerio no ha brindado garantías a los testigos para que puedan declarar libremente ante la justicia, sino que además, con sus declaraciones y acciones, se fortalece la idea de que la fuerza puede cometer múltiples delitos sin consecuencia alguna. ¿Cómo pedir a los testigos que declaren o dejen actuar a las fuerzas de seguridad en el territorio si, ademas de la histórica y sistemática represión y persecución que han sufrido, se los sigue hostigando en el lugar y también con cada declaración de la Ministra donde insiste en tratarlos de terroristas sin prueba alguna?

Retirar a Gendarmería del lugar es una potestad de la Ministra. Su negativa a hacerlo entorpece la investigación y, por lo tanto, fortalece la impunidad. Cabe mencionar que su apartamiento y reemplazo en dichas tareas fue solicitado por la CPM ante la justicia federal hace ya una semana, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas en este sentido. El Juez y la fiscal informaron que no están allí por orden judicial sino por decisión política del Ministerio de Seguridad.

8.- LA MINISTRA CONSTRUYE UN ENEMIGO Y UNA HIPÓTESIS DE GUERRA PARA DESVIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA ATENCIÓN PÚBLICA

Gran parte del tiempo la Ministra lo utilizó para construir con falacias e imprecisiones la idea de un enemigo poderoso que pone en peligro al Estado Nacional y constituye una amenaza para las personas y las instituciones. Nada tan alejado de la realidad. La comunidad la integran cinco familias que viven allí de manera muy precaria. Ante los distintos hechos de represión e ingreso en sus tierras, se han defendido arrojando piedras contra armas de fuego con balas de plomo y de goma que utiliza la Gendarmería.

Lejos de posibilitar instancias de mediación y diálogo, el Estado solo hace uso de la fuerza estatal desproporcionada y construye un imaginario de grupos terroristas y violentos a los que solo se puede derrotar mediante la represión. Y para esto la Ministra brinda información recortada y poco consistente de cantidad de causas penales y denuncias iniciadas, sin aclarar cuántas de estas tuvieron condenas o están siendo investigadas. Cabe aclarar que no hay ningún miembro de la comunidad mapuche condenado por los delitos que denuncia la Ministra. También lee testimonios de supuestas víctimas de la agresión mapuche, pero omite leer la gran cantidad de relatos que dan cuenta de los heridos, muchos de ellos graves, por parte de la Gendarmería y la policía provincial de Chubut.

La Ministra debería estar informada de las diez causas penales abiertas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche que incluso tramitan en los mismos juzgados, como la del espionaje ilegal por parte de la AFI durante el año 2015 y dos que involucran a la propia Gendarmería.

La imparcialidad es clara, la Ministra considera injusto acusar a la Gendarmería hasta tanto no avance la causa penal, pero adjudica autoría y condena a miembros de la comunidad mapuche de hechos que aún están siendo investigados por la justicia.

Ningún conflicto se resuelve con la fuerza. Se requiere del diálogo y el respeto. Hacen falta dispositivos adecuados y capacitados para intervenir en estos casos. El Gobierno defiende claramente los intereses del grupo empresarial Benetton, por sobre los derechos vulnerables de la comunidad mapuche que reclama sus tierra ancestrales.

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA

Desde el martes 15 de agosto la empresa bahiense Dienst Consulting cuenta con un nuevo contrato millonario otorgado mediante una licitación cuestionada judicialmente. Se trata del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para usuarios de armas implementado por la ANMaC.

Dienst Consulting es la misma firma que administra de manera onerosa y abusiva desde 2009 las licencias médicas de docentes y auxiliares bonaerenses y es propiedad de Guillermo Martín, socio de Gustavo Elías en La Nueva Provincia y financista de los hobbies automovilísticos del camarista Eduardo Freiler. Con Scioli o con Vidal, sus cuentas no pararon de crecer.

En 31 de marzo la Agencia Nacional de Materiales Controlados resolvió adjudicarle “el servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credenciales de legítimo usuario de armas de fuego y otros materiales controlados” que entró en vigencia esta semana.

Según informó el diario Hoy, el contrato es objeto de una investigación judicial en el marco de la cual se realizaron allanamientos “tanto en oficinas de la empresa Dienst Consulting como en la sede de la agencia gubernamental cuya titular es Natalia Gambaro, una funcionaria que formó parte del partido creado por el empresario Francisco de Narváez. Actualmente, se le atribuyen estrechos vínculos con el operador judicial del macrismo y actual presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici”.

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Gambaro fue imputada por “los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Se le atribuye, entre posibles ilícitos, haber cometido irregularidades por la firma de la Resolución 0015/17“.

“Estamos totalmente en desacuerdo con este proyecto que lo único que hace es generar un kiosko cerrado para unos pocos en detrimento de la gran mayoría de los usuarios de armas que quieren acceder a tener una licencia vigente”, dijo Adrián Marcenac, integrante de la Red Argentina para el Desarme, en diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle.

Como padre de Alfredo, joven asesinado por el “tirador serial de Belgrano” en julio de 2006, y como miembro de Rad, Marcenac afirmó que siempre pidieron controles exhaustivos -“fundamentalmente en los requisitos psicológicos”- pero opinó que con esta decisión el gobierno va por “un camino contraproducente”, mediante una licitación hecha “como para que la ganara esta empresa” y con un fin “recaudatorio”.

“Nos parece una locura que una sola empresa organice y tenga la facultad de pedir los certificados psicológicos y psicofísicos para los usuarios de armas y además nos parece una locura el valor de 3500 pesos. Cuando recién se inició la licitación era de 4500 pesos, así que el negocio todavía era mucho mayor-, después de muchos reclamos accedieron a bajarlo de un día para el otro mil pesos. Evidentemente el margen que tiene esta gente para la emisión de los certificados es altísimo”, comentó.

Hasta ahora regía “un sistema muy light” en el cual los certificados eran emitidos por [email protected] o psiquiatras [email protected] Por eso desde la red habían solicitado “una homologación de los criterios de evaluación”.

“Que aquellos profesionales que firmaran un certificado para un futuro usuario de armas tuviera una serie de requisitos a cumplir, todos iguales, con dos o tres test, de acuerdo a lo que en su momento había sugerido el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Y que, además, se hiciera una historia clínica y por lo menos se guardara durante el período de vigencia de la licencia por cualquier requerimiento que hiciera el Estado”, explicó.

Télam 06/07/2016 Buenos Aires: La familia del estudiante Alfredo Marcenac, asesinado el 6 de Julio de 2006 por Martin Ríos, "el tirador de Belgrano" rechaza la absolución y se mantiene firme en el reclamo de justicia.Los padres de la víctima en el lugar del hecho. Foto: Analía Garelli

Télam 06/07/2016 Buenos Aires: La familia del estudiante Alfredo Marcenac, asesinado el 6 de Julio de 2006 por Martin Ríos, “el tirador de Belgrano” rechaza la absolución y se mantiene firme en el reclamo de justicia.Los padres de la víctima en el lugar del hecho. Foto: Analía Garelli

Para Marcenac, aquellos usuarios deportivos o empresas de seguridad que necesitan habilitación renovarán sus licencias con el nuevo sistema, aunque por el alto costo -del cual el certificado es solo una parte- “muchos de ellos van a optar por no renovar sus licencias”.

La ANMaC asegura tener actualmente un millón 200 mil [email protected] registrados, “lo que es una verdad a medias -dijo- porque la mitad de esas licencias están vencidas”. Este número se incrementará “si sigue esta política de generar restricciones burocráticas y a través de los costos, no tiene ningún sentido, es un camino totalmente equivocado y que genera más ilegalidad”.

Como querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la Comisión por la Memoria (CPM) acompañó esta mañana un nuevo rastrillaje en la lof Cushamen. Un collar de Santiago fue encontrado en la vera del río donde el joven fue visto por última vez el martes 1 de agosto. Para las querellas y la familia se refuerza una única hipótesis: se lo llevó Gendarmería.

Entre las ocho y las doce del mediodía se realizó un nuevo rastrillaje en la lof Cushamen. Alrededor de 400 efectivos de Policía Federal y Prefectura participaron de un operativo conducido por el juez federal Guido Otranto. Se realizó un importante despliegue con helicópteros y drones que permitieron ampliar, dentro de la lof Cushamen, la zona que había sido explorada en una oportunidad anterior. Como organismo querellante en la causa, la CPM acompañó la diligencia judicial, de la que también participó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Alrededor de las once de la mañana, el perro que se utiliza para detectar rastros condujo a los investigadores a un lugar en el que hallaron un collar que pertenecía a Santiago. Allí se tomaron muestras periciales y el objeto fue retirado. Estaba a menos de 100 metros de donde había sido encontrado el gorro de Santiago la semana pasada, y en el área donde todos los testigos dicen haber visto a Santiago cuando fue golpeado por efectivos de la Gendarmería y subido a una camioneta de esa fuerza.

Este hallazgo, que significó el fin del operativo realizado esta mañana, refuerza la única hipótesis que hasta ahora viene conduciendo toda la investigación judicial: la Gendarmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.

Resulta fundamental resaltar que todo el operativo realizado el día de hoy se realizó dentro de la comunidad mapuche Cushamen, y que en todo momento contó con el apoyo y acompañamiento de sus integrantes. Dos mujeres mapuches estuvieron presentes durante el operativo y mostraron su disposición con la investigación.

Este nuevo hallazgo y la predisposición para cooperar de la comunidad mapuche hacen del operativo de hoy un paso clave en la investigación, al tiempo que inhabilita muchas de las ambigüedades y los intentos por minimizar el caso que formaron parte de la exposición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta mañana en el Senado de la Nación.

Ya no hay dudas: Santiago estuvo ahí y se trata de un caso de desaparición forzada donde la principal fuerza responsable es la Gendarmería.

Fuente: CPM.

Dos semanas pasaron desde la desaparición del joven que fue a acompañar la lucha de la Lof en Resistencia de Cushamen. Incluso pasaron las elecciones primarias y todavía no hay novedades de su paradero. Recién hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso ante la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico un informe sobre el caso.

Esteban Santamaría, integrante del colectivo de FM Alas (El Bolsón), comentó a El Mejor Equipo cómo está la situación en el lugar y afirmó que luego de la desaparición de Santiago se vive un escenario de tensión.

Santamaría mencionó el allanamiento realizado el fin de semana en la Biblioteca del Río, orquestado por el juez federal Guido Otranto, y dijo que las autoridades ingresaron de forma “muy violenta y se llevaron cosas de Santiago”. Además, contó que la Policía Federal llenó las calles de uniformados para preguntarle a lxs vecinxs del lugar sobre el paradero de Maldonado. “Han ingresado hasta en centros culturales”, acotó.

En relación a lo que ocurre en la Lof, el integrante de FM Alas, relató que en Cushamen, “siempre está la presencia de Gendarmería en la zona”. Aseguró que en los medios están diciendo cosas que no son ciertas y confirmó que los integrantes de la Lof, a pesar del temor que tenían, prestaron declaración la semana pasada, frente a un grupo especial de la Justicia que viajó hasta allá por tratarse de un caso con protección de testigos.

“Sí, estuvo el juez Otranto, haciendo un peritaje hace una semana y media, en la zona donde se encontró la boina. Del peritaje aún no tenemos ningún resultado, respecto a la sangre y la soga que se encontraron en Gendarmería Nacional. Pero sabemos que no se ha tomado declaración a los principales sospechosos, que justamente pertenecen a Gendarmería”, concluyó.

Para contextualizar la desaparición de Santiago, a quiénes resisten las comunidades mapuches y quiénes ocupan su territorio ancestral, El Mejor Equipo realizó un informe sobre la extranjerización de las tierras. Escuchálo:

En consonancia con el llamado de los organismos de derechos humanos nacionales a movilizarse esta tarde a Plaza de Mayo, la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego convocó a una concentración y movilización a las 19 en Plaza Rivadavia para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

“Responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios y la campaña medática que pretende instalar la idea de un ‘terrorismo mapuche’. El Estado está obligado a articular en tiempo y forma las actuaciones para esclarecer las circunstancias en que se sucedieron los hechos y quienes fueron los actores responsables, deben obligar a Gendarmería Nacional a dar cuenta de lo sucedido”, aseguraron desde la central.

En tanto, la Cámara Federal de Apelaciones ratificó la incompetencia de la justicia bahiense para atender la acción de habeas corpus presentada por un grupo de bahienses en favor del joven desaparecido desde el 1 de agosto tras la represión de Gendarmería en el Pu Lof en Resistencia Cushamen.

El juez federal Walter López Da Silva había manifestado respecto al habeas corpus que “las medidas tendientes a dar con el paradero y salvaguardar la integridad física de Maldonado –que fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Esquel– suponen un contralor judicial suficiente que prescinde de cumplir nuevamente con el trámite” y agregó que “ello podría derivar en pronunciamientos contradictorios”.

“De esa manera, señaló que al conocerse la autoridad de la que emanó la orden en cuyo marco o ejecución por parte de Gendarmería Nacional se habría producido el acto lesivo de la libertad personal de Santiago Maldonado es el juez federal con competencia en el lugar el llamado a intervenir”, afirmaron los camaristas Pablo Candisano Mera y Leopoldo Velázquez.

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Las personas que requirieron la medida pretendían que “se ordene de manera inmediata a Gendarmería Nacional a que brinde toda la información referente al paradero de Santiago Andrés Maldonado y se disponga una audiencia con sus autoridades a fin de reconocer el alojamiento actual y el estado de salud”. Mencionaron además que del operativo participaron, al menos, el Escuadrón de Gendarmería 34 de Bariloche, el 35 de El Bolsón, el 36 de Esquel y los Escuadrones de Ramos Mejía y de Rawson.

El fallo de la Cámara destaca que desde el juzgado se comunicaron con la sede judicial de Esquel desde donde informaron que el 2 de agosot se inició un habeas corpus en el marco del cual se realizó una audencia y “se han tomado distintas medidas a fin de averiguar su paradero”. Tambíen se menciona el comunicado del juzgado patagónico en el cual se indicaba que no se había corroborado que Santiago “haya sido detenido por la Gendarmería Nacional” y se acusaba a la comunidad mapuche de entorpecer la búsqueda.

Cabe destacar, que el juez Guido Otranto se negó a sacar a la Gendarmería de la zona de la desaparición de Maldonado, presencia que intimida a los testigos de los hechos, y recién ayer allanó el Escuadrón 36 con a la Policía Federal.

“Más allá de advertirse que la situación denunciada por los presentantes habría sido canalizada dentro del marco de la acción que se encuentra en trámite en la jurisdicción de Esquel, la mencionada sede resulta competente tanto por la fuerza de seguridad denunciada como en razón del territorio, por lo que por elementales principios de inmediatez y celeridad, debe entender en autos”, resolvieron Candisano y Velázquez.

La Comisión por la Memoria en Esquel

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante ante el juzgado federal de Esquel. Durante una entrevista con el juez Guido Otranto, se pidió además el avance de la investigación y el cese de las hostilidades contra la comunidad mapuche.

La semana pasada, apenas conocida la noticia de la desaparición de Santiago Maldonado, la CPM —que desde hace años viene acompañando a la comunidad mapuche de Esquel con el reclamo por el respeto de sus derechos— presentó un habeas corpus por desaparición forzada ante el juez federal de Esquel Guido Otranto. Esta fue la primer acción presentada al día siguiente de su desaparición, a la que luego se agregaron otras, y que aún sigue tramitando bajo el número FCR 8233/2017.

Ayer por la mañana Nora Cortiñas, Sandra Raggio y Roberto Cipriano García se entrevistaron con el juez federal Guido Otranto a quien le solicitaron que intervenga para que la Gendarmería sea apartada de la causa y que disponga el cese de la violencia estatal contra la comunidad mapuche, en tanto efectivos de esta fuerza de seguridad persisten hasta el día de hoy en la puerta de la lof Cushamen hostigando y amenazando testigos.

Además, se le pidió al juez que se haga presente en el lugar para tomar declaración a los testigos de la represión protagonizada por Gendarmería la semana pasada, circunstancia en la que se produjo la desaparición de Santiago Maldonado. Al mismo tiempo, se remarcó la importancia de proteger la integridad de los testigos y mantener en reserva su identidad. Otro pedido fue que se dé intervención a la PROCUVIN, fiscalía de violencia institucional del Ministerio Público Fiscal, lo que ya se concretó en la causa.

(Por Mauro Llaneza) El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo en Bahía Blanca invitado por Cáritas y otras agrupaciones de las iglesias Católica y Metodista para participar de un homenaje al obispo riojano Enrique Angelelli, asesinado por el terrorismo de Estado hace 41 años.

El artista y docente renegó del “monocultivo de las mentes” y aseguró que la paz no es la ausencia de conflicto sino que se alcanza “cuando logramos establecer las relaciones humanas, la comprensión en la diversidad, no en la uniformidad”.

“Cuando a mí me dicen que un militante es amargado yo digo: ‘Ojo, ese no es un militante. Ese es un amargado’. Porque en realidad, aquellos que estamos trabajando junto al pueblo y caminamos juntos, tenemos que tener esa alegría interior, no podemos ser amargados, porque si somos amargados no podemos aportar.

“Cuando vemos tanta miseria, tanta pobreza o tantas muertes, tanto dolor, siempre hay una luz de esperanza, siempre hay algo que nos mueve a seguir, a no renunciar”, dijo en una charla junto a los sacerdotes Juan D’amico y Renzo Adami, ordenado en Córdoba por Angelelli.

En una entrevista que FM De la Calle emitirá el viernes a las 10 por el 87.9Mhz, Pérez Esquivel se refirió a las detenciones políticas de Milagro Sala, Agustín Santillán y Facundo Jones Huala y a la desaparición de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería tras la represión en Cushamen.

“(Pablo) Noceti, que es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, quiere confundir a la gente, me menciona a mí, habla de los kurdos, de terrorismo y que van a ser castigados pero no habla de cómo les quitan las tierras a los pueblos originarios, cómo los persiguen, cómo los meten presos. En el caso de Facundo Huala el año pasado acompañamos el juicio en Esquel, que fue en el regimiento de Gendarmería.

“El juez lo escuchó, lo liberó, es el juez federal Otranto. Lo liberó y después que Macri se encuentra con la presidenta de Chile, Bachelet, lo detienen otra vez para extraditarlo. Entonces, ¿dónde queda el derecho de justicia?”, manifestó.

El titular del Servicio Paz y Justicia afirmó que Milagro Sala “es una presa política. Nosotros estuvimos como miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, con Víctor De Gennaro y Víctor Mendibil, fuimos a ver en la cárcel a Milagro. Estuvimos como dos horas con ella y después hablamos con el gobernador Morales. Morales decía: ‘Yo no tengo nada que ver, esto es un problema judicial'”.

“Esto es un problema político. A Milagro la detuvieron y la condenaron antes de ser juzgada, cosa que no puede ser, tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas están reclamando la libertad de Milagro. Es una condena antes de ser juzgada y esto no es posible. El caso de Facundo Huala también”.

“Lo otro: hay desaparecidos -subrayó Pérez Esquivel-. Hay ahora otro desaparecido más, de los que fueron a apoyar a Facundo Huala, Santiago Maldonado, un chico de veintipico de años que hasta el día de hoy no se sabe. (Mientras tanto) el presidente Macri se está ocupando de Venezuela”.

Horas antes de la entrevista, a pocas cuadras de la sede de Cáritas, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay habían encabezado un acto de campaña con globos de colores, vallas y gendarmes. “Esa no es la democracia”, advirtió el Nobel.

“Yo tuve un amigo de caminada por América Latina que ustedes conocerán, Eduardo Galeano. Siempre decía: ‘Esto más que democracia son democraduras’. Dice: ‘Se levantaron del sillón pero están al lado’. Estas democracias están agotadas, no sirven más, esto es como sostener el statu quo del poder y hacernos creer que nosotros, porque votamos, vivimos en democracia. No es cierto esto, ¿no?”.

El activista propuso “comenzar a repensar democracias participativas, democracias donde el pueblo no delegue totalmente el poder. Y para esto necesitamos un nuevo contrato social, un nuevo contrato de repensar cuál es la vida de los pueblos. Porque si vos ves que aumenta la pobreza, que los chicos (…) tienen hambre…

“Hubo un director de la FAO, que era un médico, Josué de Castro, que escribe un libro extraordinario, te estoy hablando del año 68, se llama La geografía del hambre. En un parte del libro dice “los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre”. Esa es la rebelión de los pueblos, es conflicto, lamentablemente esto es así. La única forma de contener este modelo que está aplicando Macri es con la represión, no con el diálogo, no con la participación del pueblo”, dijo Pérez Esquivel.

El juez federal Walter López da Silva rechazo un habeas corpus presentado por un grupo de bahienses para dar con el paradero de Santiago Andrés Maldonado, desaparecido por la Gendarmería tras la represión en el Lof en Resistencia Cushamen el 1 de agosto. Esta tarde, familiares de Santiago brindarán una conferencia de prensa junto a Nora Cortiñas en Bariloche.

El magistrado local declinó su competencia en favor del Juzgado de Esquel dado que, “las medidas tendientes a dar con el paradero y salvaguardar la integridad física de Maldonado” que aquel realiza, “suponen un contralor judicial suficiente” y su intervención “podría derivar en pronunciamientos contradictorios, sumando un estado mayor de incertidumbres”. La Fiscalía General apelará para mantener activo el recurso.

La Comisión por la Memoria (CPM) viajará hoy a Esquel para profundizar el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado. Nora Cortiñas, Roberto Cipriano García y Sandra Raggio se reunirán con familiares de Santiago, organizaciones sociales y de derechos humanos de la zona y con integrantes de la comunidad mapuche que estuvieron detenidos la semana pasada luego de la brutal represión de Gendarmería. Se entrevistarán también con el juez Otranto, la fiscal Ávila y el defensor oficial Machado, y visitarán al lonko Facundo Jones Huala, detenido en la Unidad Federal 14 de Esquel.

Los organismos de derechos humanos convocaron a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo viernes a las 17. “Es tremendo el dolor que produce tener que pedir de nuevo por un desaparecido. Es lo peor que le puede pasar a una madre, a un hermano”, aseguró Estela de Carlotto.

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“Los hemos convocado para denunciar un hecho de extrema gravedad, que es la primera aplicación en la Argentina de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas, que fue sancionada hace más de 20 años por las Naciones Unidas”, dijo el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.

Madres Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros, exigieron a la ministra Patricia Bullrich que “de cuenta de su desaparición e informe al respecto dando las respuestas pertinentes frente a la gravedad de los hechos” y al “Estado Nacional se ponga al servicio de la investigación, garantizando la misma y arbitrando los medios para localizar a Santiago”.

Bullrich defendió el accionar de la fuerza de seguridad y acusó a la comunidad mapuche de entorpecer la búsqueda y pretender una “república independiente” en el antiguo territorio del Wallmapu ocupado por el empresario italiano Benetton.

La permanente persecución contra el pueblo mapuche se intensificó el 29 de julio cuando fueron reprimidas mujeres, niñas y niños en Esquel y siguió el 31 con la detención de nueve personas que pedían la libertad del lonko Facundo Jones Huala frente al Juzgado Federal de Bariloche.

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El 1 de agosto la Gendarmería entró ilegalmente al lof de resistencia, destruyó e incendió rukas, herramientas, juguetes, semillas y libros. Varias personas pudieron escapar al cruzar un rio. Testigos afirman que Santiago no pudo hacerlo y fue golpeado y subido a una camioneta de Gendarmería.

El Juzgado Federal de Esquel informó el domingo que hasta entonces no se había corroborado que Santiago “haya sido detenido por la Gendarmería Nacional” y afirmó que los vehículos que participaron del procedimiento fueron identificados y resguardados para determinar si Maldonado “fue subido a alguno de ellos”.

Acusó a integrantes del  Pu Lof en Resistencia Cushamen de impedir un rastrillaje de Prefectura río abajo “más allá de los 400 metros del lugar” y el uso de drones y de obstaculizar la búsqueda con perros adiestrados. Finalmente pidió a las organizaciones que acompañan el pedido de aparición con vida del militante que aporten testigos presenciales a quienes prometen garantizar su seguridad.

Al día siguiente y en línea con el Juzgado, la fiscala subrogante de Esquel, Silvina Alejandra Ávila, comunicó que se hacía cargo de la investigación penal por la desaparición forzada y las posibles irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto. La funcionaria manifestó que estaba en trámite una acción de habeas corpus a favor de Maldonado.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas consideró que la desaparición de Maldonado exige “la acción urgente del Estado parte para buscarle y localizarle” y para identificar a los responsables. Solicita al Estado argentino que le informe “sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado parte para localizarlo, para aclarar su desaparición y para garantizar que esté bajo la protección de la ley”. El gobierno nacional ofrece una recompensa de $500.000 para quienes “brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero” de Maldonado.

“El Estado está obligado a articular en tiempo y forma las actuaciones para esclarecer las circunstancias en que se sucedieron los hechos y quienes fueron los actores responsables, deben obligar a Gendarmería Nacional a dar cuenta de lo sucedido. Creíamos haber superado esas prácticas nefastas e inadmisibles. Como Familia, además del lógico dolor e incertidumbre, seguiremos responsabilizando al Estado hasta que aparezca Santiago”, manifestó la familia Maldonado.

El lonko sigue preso

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Ayer, el lonko Jones Huala comunicó desde la cárcel de Esquel que lleva ocho días de huelga de hambre por “haberse agotado todas las vías para la superación de tan evidente injusticia, llamando abierta y explícitamente a la rebelión de todo Nuestro Pueblo a través de la Dirección Estratégica de La Vanguardia de Weichafes Organizados desde el Kuifirakizuam y Az Mapu”.

“La cárcel y la represión intentan sembrar temor en Nuestro Pueblo, no debemos caer en la trampa de su violencia, debemos responder con legítima defensa, como valientes, no como cobardes ni traidores. Ellos quieren silenciarnos, mantenernos sumisos en el tramposo juego de la burocracia y la falsa e hipócrita legalidad burguesa, leyes que no dudan en romper cuando el rico lo ordena, allí los jueces se olvidan el Estado de Derecho convirtiéndose en secuestradores, y lacayos de terratenientes y empresarios”, aseguró.

Huala, cuyo juicio por extradición a Chile fue declarado nulo, dijo que “si se permite el doble juzgamiento, se permite la ilegalidad del poder formal, es decir, no solo no habrá justicia para nosotros sino para nadie, burlan sus propias leyes, cuando quieren, como lo hicieron las dictaduras militares en los 70”.

En el marco de la investigación desarrollada por los fiscales Horacio Castaño y Marcelo Colombo el empresario y ex presidente de Huracán, Víctor Hugo Iglesias, quien se encontraba prófugo desde el pasado 7 de julio, se presentó el martes ante el Juez Federal N°2. Fue encerrado en una sede policial de Azul hasta tanto se lo traslade a una cárcel federal.

La Fiscalía había solicitado una serie de medidas de investigación para dar con el paradero del hombre, sobre quien pesaba un pedido de captura en virtud de que se le imputa el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en Ingeniero White.

La investigación se inició en abril de 2016, cuando 25 mujeres fueron rescatadas durante una serie de allanamientos realizados en los locales “La Esquina”, “Broadway” y “El chaparral” y un domicilio particular ubicado en Bahía Blanca. La profundización de la pesquisa permitió identificar a los responsables, quienes ya eran investigados por delitos similares.

En junio de 2016, los fiscales Castaño y Colombo, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), respectivamente, solicitaron el procesamiento de cuatro personas: Iglesias –principal imputado-, Eduardo Horacio Gutt –oficial de la Prefectura Naval Argentina-, Alfredo Ismael García –oficial retirado de la Prefectura- y Alberto Martín Vargas.

Tanto García como Iglesias están imputados en otras investigaciones, ya elevadas a juicio oral, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en los prostíbulos bahienses “Night Club Kaos” y “Las Vegas”.

El pasado 7 de julio, la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva de Alfredo Ismael García, Alberto Martín Vargas, Eduardo Horacio Gutt e Iglesias, quien se mantuvo prófugo hasta el martes, cuando se presentó con su abogado en la sede del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca.

La Fiscalía está a la espera de que el Juzgado le remita la causa para formular el pertinente requerimiento de elevación a juicio.

La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona la radio comunitaria FM En Tránsito 93.9, para que la Corte Suprema revise la modificación regresiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y declare inconstitucional el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia en reemplazo del Congreso de la Nación.

El recurso se presentó bajo el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales, y la discusión continuará ahora en la Corte Suprema de Justicia.

En diciembre de 2015, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social presentó un amparo pidiendo la nulidad del decreto 13 que crea el Ministerio de Comunicaciones, el decreto 236 que intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el decreto 267 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones. Con el asesoramiento legal de Damián Loreti, abogado del CELS y redactor de la LSCA, la Cooperativa amplió la denuncia contra la Ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia.

“Cuestionamos los DNU que modificaron la ley más participada y debatida de la historia de nuestro país y que ponen en peligro la Democracia”, afirmó Patricio Enciso Riveros, presidente de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. “La democracia está en peligro cuando los medios comunitarios están ahogados económicamente y las organizaciones, los partidos, los pueblos originarios, el colectivo de mujeres, los sindicatos y la ciudadanía en general se queda sin el lugar donde poner a circular sus ideas y donde reivindicar sus derechos. La democracia está en peligro cuando la propiedad de los medios se concentra y la información, las ideas y la cultura queda en manos de una sola empresa que responde a intereses de pocos. Esas son las consecuencias de estos decretos contra los que estamos dando pelea”.

Por su parte, Diego Morales, Director de Litigios del CELS, aseguró que “este es el lugar donde deberíamos haber estado hace tiempo y es una oportunidad para volver a discutir mano a mano en términos jurídicos sobre el sistema de comunicación en Argentina y si los decretos de Macri son constitucionales o no. En la Corte vamos a debatir qué tipo de comunicación queremos”.

FM En Tránsito, primera radio cooperativa del país, funciona en el oeste del Gran Buenos Aires desde 1987. “Acabamos de cumplir 30 años como radio. Durante toda nuestra historia trabajamos, militamos y peleamos por concebir a la comunicación como derecho humano y como derecho habilitante a través del cual nos informamos, exigimos otros derechos y nos formamos como ciudadanos. Con este recurso somos consecuentes con nuestra historia, y con la historia de la totalidad de los actores que militamos esta ley. Por todo esto, seguimos peleando por el derecho a la comunicación y contra los decretos de Macri”.

En línea con lo solicitado por el fiscal federal Antonio Castaño, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva de cuatro hombres procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en Ingeniero White.

En su resolución, los jueces de Cámara consideraron que existen riesgos procesales, ya que el hecho de que se determinara que en el caso hubo “connivencia policial” permite presumir “el riesgo de elusión de la justicia” por parte de los imputados.

Los jueces también indicaron que, permaneciendo en libertad, los imputados podrían ejercer su influencia, comprometiendo los testimonios de las víctimas, y entorpecer así el procedimiento judicial, con la manipulación o contaminación de las pruebas.

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El principal imputado es Víctor Hugo Iglesias, único prófugo. Los detenidos este viernes tras la decisión del tribunal son Alfredo Ismael García, Alberto Martín Vargas y Eduardo Horacio Gutt. Los camaristas señalaron que Iglesias “aprovecha su influencia personal y política para garantizar la impunidad de los hechos ocurridos al interior del bar”.

Este último es un prefecto en actividad y García perteneció a la misma fuerza. Junto a Iglesias, ex dirigente de un club de fútbol de Ingeniero White, tienen causas elevadas a juicio por el mismo delito en los prostíbulos “Night Club Kaos” y “Las Vegas”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Tanto Iglesias como Vargas y García están acusados de ser autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que Gutt se encuentra procesado como partícipe primario del mismo delito.

Esta organización estaría involucrada en el circuito prostibulario local y habría actuado con la connivencia policial ya que, a través de la investigación, se estableció que existieron mensajes de aviso para advertir allanamientos.

La organización habría sido la dueña de una serie de prostíbulos que tenían la fachada de lugares con “Show” y “Karaoke” pero donde en realidad había mujeres ofreciendo “copas” y “pases”. Además, según el testimonio de “clientes” de esos boliches, los “pases” se realizaban dentro de camiones ubicados en una playa de estacionamiento.

Iglesias, junto a Natalia Zotta, reabrieron la histórica Cantina Royal.

Iglesias, junto a Natalia Zotta, reabrió la histórica Cantina Royal.

Esos hechos habrían ocurrido desde una fecha desconocida hasta 15 de abril del año pasado, cuando se realizaron los allanamientos en varios locales nocturnos de esa localidad. En esa oportunidad, fueron rescatadas 25 mujeres en situación de vulnerabilidad.

En junio de 2016, el fiscal Castaño y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo -que asiste en la investigación-, solicitaron los procesamientos con prisión preventiva de los cuatro acusados. Sin embargo, el Juzgado Federal N°2 les dictó el procesamiento pero los mantuvo en libertad. Como consecuencia, en noviembre de 2016 el representante del MPF apeló la medida y solicitó la inmediata detención y prisión preventiva para los cuatro acusados.

Fuentes: FM De la Calle y fiscales.gob.ar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el rechazo al pedido de salir transitoriamente del país formulado por el ex camarista federal Néstor Luis Montezanti, imputado en la causa que investiga 22 homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca.
El ex magistrado había solicitado el permiso para viajar al exterior, pero el tribunal supremo rechazó el recurso extraordinario contra el fallo con el que, meses atrás, la Cámara Federal de Casación Penal se había opuesto a la solicitud.
Ya en setiembre de 2016, la Cámara Federal de Bahía Blanca, el mismo tribunal que presidió Montezanti, se había opuesto al pedido.
La Corte, con las firmas del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministro Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti desestimó al recurso, al que consideró “inadmisible” por no estar dirigido contra una sentencia definitiva.
El ex camarista federal fue denunciado por su “protección” al sangriento accionar de la Triple A bahiense y por haber actuado como Personal Civil de Inteligencia (PCI) que reportaba al Destacamento 181 y al Batallón 601 del Ejército dentro de las aulas de la Universidad Nacional del Sur durante el terrorismo de Estado.
En la causa penal se le atribuyó participación indirecta en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975; se le imputó también el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista (JP) que lo habría reconocido durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977, y además se lo juzga por su desempeño como agente Inteligencia.
Montezanti renunció a su cargo en febrero de 2016, cuando en el Consejo de la Magistratura de la Nación avanzaba un proceso de juicio político en su contra por mal desempeño de sus funciones, “conductas incompatibles con los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y vocación democrática”.
Fuente: Télam.

(Por Lorena Zerneri*) El próximo miércoles, jueves y viernes (28, 29 y 30 de junio) se llevará a cabo en el Juzgado Criminal Nº 1 el Juicio Oral de la causa “Caramelli Carlos Marcelo por extorsion y exacciones ilegales en concurso real en calidad de autor y Pombo Leonardo Andres por extorsión en calidad de participe secundario” tramitada ante la U.F.I. Nº 10 del Dr. Gustavo Zorzano.

Caramelli, ingresó al Municipio de Bahía Blanca, en el año 2005, durante la gestión del Dr. Rodolfo López, en la Secretaria de Turismo, luego durante la gestión de Cristian Breitenstein estuvo a cargo del Cementerio y en el año 2007 se hizo cargo de la Dirección de Espacios Públicos hasta enero de 2014, durante el último tiempo (Desde Enero 2013) también a cargo de la Delegación Norte.

En Mayo de 2014 el Intendente Gustavo Bevilacqua simuló la renuncia de Caramelli y de Lenzi frente a los ciudadanos de Bahía Blanca. Oficialmente redactaron una “renuncia temporal”.

Cuando en enero de 2015, presenta la renuncia Ruben Lascano, secretario de Obras Pubicas, Marcelo Caramelli ocupa su oficina dentro del Palacio Municipal, a la vista de todos, para llevar a cabo la campaña política del Frente Renovador con Gustavo Bevilacqua a la cabeza como diputado nacional.

Fue detenido el 25 de Noviembre de 2015 y permaneció privado de su libertad hasta marzo de 2016, cuando fue beneficiado con la prisión domiciliaria por diabetes. Para los que no saben, en la Unidad Penal de Floresta hay muchos internos con esta misma enfermedad y otras graves y gravísimas, por las que no les otorgan el mismo beneficio.

Con fecha marzo de 2016 se conoció que fue imputado en la causa de la muerte de Daiana Herlein con los delitos de Homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público.

También con fecha marzo de 2016, nos hicimos presentes en la Municipalidad ante la nueva gestión a cargo de Héctor Gay, nos atendió junto a Karina Mahon, y entre otras cosas, solicitamos que consideraran la posibilidad de que la Municipalidad se presente en esta causa en como “particular damnificado” ya que Caramelli, extorsionó y cobró coimas a ciudadanos bahienses en nombre del municipio. La Dra. Mahon dijo no conocer la ley en materia penal. No sólo nunca se presentaron, sino que trabajan a la par con el Dr. Sebastián Martinez, hoy empleado municipal, defensor de Caramelli, sino tambien con el Dr. Romanelli, quien estuvo a cargo de ensuciar la causa judicial de Daiana. Nunca más nos atendieron en el municipio. Sólo nos utilizaron en la campaña!

La foto data del acto realizado en AEC, junto a sus compañeros de militancia del Frente Renovador Romanelli, Serra (ladrón de la camioneta municipal) Laplace (exsecretario de Gustavo Bevilacqua) días antes de su detención.

Esperamos con ansias una sentencia JUSTA para este criminal !! y por la memoria de DAIANA HERLEIN.

*Mamá de Daiana Herlein, joven fallecida tras ser golpeada por una rama de un árbol en mal estado en el Parque de Mayo.

(Ricardo Ragendorfer para Tiempo Argentino) La reciente captura en Bahía Blanca y Mendoza de una banda encabezada por narcos mexicanos, junto con el decomiso de casi dos toneladas de cocaína oculta en bobinas de acero y bolsas con piedras preciosas, propició una brisa fresca a las autoridades, muy atareadas en los últimos tiempos debido a la renuncia o el arresto de ciertos jefes policiales por escandalosos casos de corrupción.

Pero desde un ángulo más totalizador, esta historia constituye un caso testigo de la profusa actividad desarrollada en Argentina por los organismos norteamericanos de inteligencia y seguridad. Una circunstancia que también causa satisfacción –aunque en privado– a los funcionarios locales.

De modo que el 19 de junio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se la vio exultante –secundada por el siempre circunspecto secretario Eugenio Burzaco y el titular de la Policía Federal, Néstor Roncaglia– al brindar detalles del asunto en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca, donde además se exhibían ocho enormes cilindros metálicos con un total de 1984 ladrillos de droga con envoltorios multicolores. Por eso el operativo fue bautizado con el criterioso nombre de “Bobinas de Acero”. Lo cierto es que en ese momento la funcionaria se mostró muy generosa con la prensa.

En resumen, informó que la pesquisa fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y fue ejecutada por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA bajo el monitoreo del propio Roncaglia. Dijo que el valor de la droga se estimaba entre 60 y 80 millones de dólares, siendo su destino final España y Canadá. Añadió que tras innumerables seguimientos y 50 intervenciones telefónicas se allanaron 30 domicilios en Buenos Aires, Bahía Blanca y la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, donde fue incautada otra media tonelada de esa pócima. Y que resultaron detenidos 13 argentinos y cuatro mexicanos; a saber: Rodrigo Alexander Naged Ramírez (el presunto cabecilla), Gilberto Acevedo Villanueva, Max Rodríguez Córdova y Jesús Madrigal Vargas. Todos oriundos del estado de Michoacán, pero sin precisar a qué cártel pertenecían, como si reservara para sí ese secreto.

La señora Bullrich también se mostró evasiva con respecto al origen de la pesquisa. “Fue un dato que obtuvo personal de Drogas Peligrosas”, deslizó en voz baja. Y finalmente dijo que la Drug Enforcement Agency (DEA) solo “ayudó en la identificación de los detenidos”.

Apenas unas horas después trascendía que en la ciudad canadiense de Montreal era secuestrada una bobina de acero con 372 kilos de cocaína. Y eso señala claramente el papel de la DEA por medio de una “entrega vigilada” –tal como se le llama al acto de monitorear la ruta del cargamento hacia su destino final–, una operatoria que, en consecuencia, también abarcó su etapa en Bahía Blanca y Mendoza.

Por tal motivo en particular este caso no deja de ser un déjà vu de los grandes procedimientos antidroga del período menemista, como la “Operación Café Blanco” (1995), donde el triunfo sobre el flagelo narco se vio enturbiado por la presencia de un “agente encubierto provocador”, es decir, alguien que instigó la triangulación del cargamento en el país para así articular una trampa. Cabe destacar que en aquella oportunidad –en la cual intervino el comisario bonaerense Mario Naldi con la colaboración del ahora famoso espía Antonio Stiuso– el agente en cuestión fue un tal Mario Álvarez, quien supo tener cierto renombre con anterioridad por haber sido el productor ejecutivo de la película Evita, quien quiera oír que oiga, de Eduardo Mignogna.

Claro que era la época de las “relaciones carnales” con Estados Unidos, algo que también incluía a la CIA, el FBI y la DEA.

La historia parece repetirse. De hecho, ya el 27 de febrero de 2016, la ministra Bullrich, acompañada por Burzaco y el director de Cooperación Internacional, Gastón Schulmeister, viajaron a Estados Unidos para reunirse con el entonces director de la DEA, Chuck Rosemberg. Al concluir el encuentro, este dijo: “Acabamos de sellar una asociación estratégica que no solo beneficiará a ambas naciones, sino al mundo entero”.

Tales palabras no tardaron en plasmarse en el campo de la realidad. A partir de entonces Estados Unidos aumentó la planta permanente de agentes antinarcóticos en Argentina, reabrió sus oficinas en Salta –clausurada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– y estableció franquicias para la actuación –sin tener que pedir autorización a las autoridades argentinas– del personal encubierto llegado especialmente para misiones puntuales.

Y en marzo de aquel año, durante la visita de Barack Obama al país, se ampliaron tales acuerdos además de concretar otros relativos al terrorismo sin diferenciar seguridad de defensa. Dicho combo incluía asistencia en la Triple Frontera, misiones militares en el continente africano, la presencia en el país de fuerzas del Comando Sur junto con la articulaciones de centros de fusión para tareas de inteligencia. Lo que se dice, una “cooperación” irrestricta.

Ya con Donald Trump en la Casa Blanca, el gobierno macrista –siempre a través de Bullrich– ratificó sus acuerdos con la DEA a mediados de febrero, durante el encuentro del South American Work Group realizado en la ciudad de Buenos Aires con los jefes antidrogas de la región y los popes de la DEA.

El acatamiento de las fuerzas de seguridad argentinas a los dictados de ese organismo ahora es redondo como una bobina de acero. Los primeros resultados ya están a la vista.

(Por TEL*) La ofensiva del gobierno contra los jueces nacionales del trabajo y los propios abogados laboralistas es de una gravedad inusitada. Forma parte de una agresiva política impulsada por los sectores del capital con el objeto de hacer tierra arrasada con los derechos de los trabajadores.

Gobierno nacional y gobiernos locales vienen llevando adelante una verdadera campaña de destrucción del derecho del trabajo y sus estructuras normativas, concentrando sus ataques sobre jueces y abogados laboralistas porque saben que de ese modo golpean también a los trabajadores.

La violación abierta de la ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta extremadamente autoritaria que se inscribe en este marco.

Otros ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba, es expresión directa de la sumisión absoluta de los gobiernos a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.

La insólita pretensión del gobierno de esa provincia de sancionar una ley limitando el derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.

La acusación oficial que recae sobre jueces y abogados del fuero laboral conforma una ofensiva ideológica sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. No son los abogados laboralistas quienes promueven una supuesta “industria del juicio” sino las prácticas empresariales que desconocen la ley y los derechos de los trabajadores. Antes bien, si hay una infame “industria del juicio”, deberá buscársela en el sistema de las ART, las que de forma sistemática se niegan a reconocer las enfermedades laborales y obligan a los trabajadores a demandar judicialmente para obtener prestaciones médicas e indemnizaciones que apenas si reparan los daños recibidos, impulsando intencionalmente una verdadera saturación de la justicia del trabajo, con miles de juicios de trabajadores accidentados o enfermos por su labor y por las precarias condiciones en que realizan la misma. Esto da cuenta de la hipocresía de presentar a los empleadores y aseguradoras como víctimas en vez de victimarios.

El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar este proceso.

El pedido de juicio político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.

Quizás como nunca se ha revelado el carácter de clase de quienes abiertamente gobiernan en nombre y representación de los poderosos.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.

Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos con jueces y abogados laboralistas, y denunciamos que el absurdo ataque contra los mismos es en realidad parte de la ofensiva profunda y extendida contra los trabajadores como clase.


El Taller de Estudios Laborales es una institución científica y educativa independiente, que desde 1990 produce conocimiento, formación, y otros recursos destinados a elevar la capacidad y calidad de intervención de los trabajadores/as y sus organizaciones en las relaciones laborales y la negociación colectiva, a nivel de la empresa y la sociedad.

La Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctor Honoris Causa –post mortem– al ex fiscal general Hugo Omar Cañón, activo defensor de los derechos humanos.

La vicepresidenta académica Ana Barletta recordó que “Hugo Cañón fue el único fiscal general que desde Bahía Blanca se enfrentó a los represores y luego promovió los juicios por la verdad” y rescató “su valentía para luchar contra La Nueva Provincia, un diario cómplice de la dictadura militar”. “Cañón fue muy importante como testigo en el juicio que se realizó en España contra Adolfo Scilingo, condenado como autor de delitos de lesa humanidad”, agregó.

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El ex juez español Baltasar Garzón, quien recibió el diploma en nombre de su amigo, aseguró que “Cañón es un ejemplo de entrega al servicio público, sabía que los desaparecidos y las familias merecían de su máximo esfuerzo para que se supiera qué había pasado, para buscar la Verdad y la Justicia”.

La decana de Periodismo Florencia Saintout destacó “el coraje del fiscal Cañón que, en épocas de incertidumbre, en una ciudad con fuerte presencia militar como era Bahía Blanca, él salía a buscar testigos para que declararan en juicios por la Verdad”.

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El Consejo Superior de la UNLP aprobó esta distinción por una propuesta elevada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, destacando la trayectoria de un luchador que defendió las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La labor de Hugo Cañón como fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue fundamental para lograr la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Cañón también se desempeñó como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

Fuente: UNLP