Mañana comenzará el juicio por la muerte de Mariana Sol Bruna. El hecho fue calificado como abandono de persona seguido de muerte, estupro y suministro de estupefacientes a una menor en concurso real, en perjuicio de la joven de 15 años. Ocurrió durante la madrugada de 31 de marzo de 2018.

El debate oral y público se desarrollará desde las 9:30 y se extenderá hasta el viernes 13 en dependencias del Tribunal Criminal N°3, en Estomba 34.

El imputado es Luis Nicolás Martínez de 28 años y, según la investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, se le reprocha haber puesto en peligro la vida de Mariana Sol Bruna (15 años), facilitándole droga y colocándola en situación de desamparo al retenerla en el interior de su vehículo.

Una vez desencadenado el shock cardiogénico, Martínez la dejó librada a su suerte, sin requerir asistencia médica en forma inmediata o trasladándola a un centro asistencial con la premura que el caso demandaba.

Ante el notorio estado, que luego le ocasionó la muerte por un infarto, intentó descartarse del cadáver de la adolescente en el Hospital Español habiendo transcurrido tres horas de su muerte.

De acuerdo a los testimonios y a las cámaras de seguridad se pudo realizar el seguimiento del VW Gol blanco perteneciente al imputado, determinándose los lugares donde transitó de manera errática hasta llegar al Hospital Español.

En su declaración, la médica que realizó la autopsia aseguró que “si la chica hubiera recibido asistencia médica en una guardia o servicio de emergencia , es posible que se hubiera llegado a revertir el cuadro y salvar la vida”. Que no se trató de una muerte súbita.

Respecto de la declaración de Martínez, en la solicitud de elevación a juicio el fiscal Romero Jardín asegura que “la falacia y la mentira son las constantes en la versión de descargo”.

Comenzó el juicio a cuatro represores civiles que actuaron en Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado. Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio integraron las patotas de Rodolfo Ponce y Remus Tetu.

En la primera audiencia, el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación y los imputados se negaron a declarar. El juicio continuará el 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

Más información, mañana en juiciobahiablanca.wordpress.com

Este lunes a las 10 comenzará el juicio contra integrantes de la Triple A de Bahía Blanca, a 45 años de sus crímenes contra más de cuarenta militantes políticos, estudiantiles y gremiales.

Para seguir el desarrollo del Juicio Triple A, desde FM De la Calle actualizamos nuestro blog juiciobahiablanca.wordpress.com y pusimos a disposición de nuestra audiencia el detalle sobre LA CAUSA, los IMPUTADOS y las VÍCTIMAS.

La audiencia pública será en Colón 80. Es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

Para unos minutos después hicieron lo propio H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa x el Juicio y Castigo.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

(Por Giuliana Crucianelli) Ser mujer, pobre, madre sola de cuatro hijes, trabajadora precarizada y vivir en una zona rural como Argerich se vuelven condición para la justicia al momento de firmar sentencia condenatoria. Las doctoras en Historia Graciela Hernández y Jessica Visotsky analizaron en FM De la Calle la realidad sociocultural en la cual estaba inmersa Rosalía desde una perspectiva de género.

“Creemos que hay un mandato de la maternidad y de la ‘buena madre’ que se le está exigiendo. Es un fallo con una fuerte impronta moral y patriarcal. Ahí tenemos la doble vara con la que se mira a las mujeres: o no sabemos nada o somos capaces de todo”, señalaron.

La mujer parió sola en su casa de Argerich en 2005, se desvaneció y la criatura murió. El Tribunal Criminal Nº3  la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado.  

El informe de las historiadoras está elaborado a partir de entrevistas a familiares de Rosalía y da cuenta que “las múltiples violencias que ha atravesado en su vida Rosalía, la violencia acumulada, las intersecciones de opresiones que ha sufrido e incluso su relación con los partos, con la crianza inmediata posterior, se explican en gran medida por aspectos vinculados a factores sociales y culturales”.

“Pudimos ver como las condiciones de ruralidad casi impensadas en ese lugar, con semejante aislamiento, han naturalizado cuestiones que a cualquiera nos parecerían una epopeya y a ellas les parecía normal. En Argerich no alcanzaba a llegar la ambulancia, el primer hijo de Rosalía lo atendió el papá de ella, el abuelo. En el campo se acostumbraron a esas condiciones y lo consideraban un experto al papá de Rosalía porque atendía el ganado”, apuntó Hernández.

Las investigadoras se detuvieron en la responsabilidad que recae sobre la Universidad Nacional del Sur por tratarse de una trabajadora precarizada del frigorífico La Gleba. “Esto nos involucra directamente a la universidad. Mencionamos la dimensión subjetiva de trabajadoras en contexto de precarización laboral. Muchas investigaciones dan cuenta de estrategias de resistencia, que la negación y el ocultamiento son formas de resistir a los estigmas”.

“Otra de las cosas que mencionamos es cómo las condiciones de vida en contexto de ruralidad, de precarización laboral, de jornadas laborales extenuantes y, asimismo, con cuatro hijos, hacen que se ejerza una ciudadanía débil y que no se vayan exigiendo derechos que tiene que ver con la vida digna”, argumentó Visotsky.

Por otro lado, las investigadoras se refirieron a la mirada de la justicia ante el caso: “El fiscal dice qué mujer no sabe atar un cordón. Ella tendría que haber sido lo suficientemente ‘madre’ como para ser capaz de parir sola, cortar el cordón, atarlo bien, todo con su hija de 12 años al lado que estaba asustada”.

“Es como que las mujeres saben, a pesar de todo, lo que tienen que hacer. Como un instinto, se está pensando que si lo hacen las perras y las gatas por qué no puede hacerlo una mujer como si tuvieran la misma condición”, dijo Hernández.

Por último, Visotsky comentó que en el informe se refieren al “policiamiento de las familias”. “Estamos ante un Estado que tiene una relación con las mujeres del tipo policial, que nos judicializa pero que está ausente para darnos lugar a una vida digna”.

Se cumplen cuatro años del homicidio de Ángel Almada en Ingeniero White. El abogado de la mamá del adolescente, Leando Aparicio, comentó en FM De la Calle los avances en las causas por homicidio y  por encubrimiento que investiga el fiscal Marcelo Romero Jardín.

La familia convocó a una marcha a las 19. Irán desde la Escuela Técnica de Ing. White hasta el puente desde el cual arrojaron al joven.

“No me cabe ninguna duda que hay un contexto relacionado con la cocaína, con gente pesada. El chico muere a 200 metros del cargamento de cocaína más grande de la historia”, apuntó Aparicio.

El abogado afirmó que “ayer, después de cuatro años, finalmente los peritos enviaron a la Fiscalía el teléfono de Ángel, el de (Horacio) Pagotto y el de ex delegado municipal (Marcelo Acosta), son 12 teléfonos que habían sido secuestrados en noviembre del 2017. Romero Jardín me dijo que habían recibido y no pueden abrir el informe desde las computadoras de la Fiscalía. Hablé con el perito y son 64 gigas que hacen falta para abrir la información”.

De la causa por encubrimiento, las personas señaladas son “cinco policías -comisario, subcomisario y tres policías-, el ex delgado, el amigo del ex delegado y una falsa testigo. Está en el Juzgado de Garantías, tal vez este año podamos llegar a juicio. Se los acusa de apretar a los amigos de Ángel y hacerle decir básicamente que Ángel se había suicidado. Al ex delegado se le acusa por ser una especie de sheriff, llevando y trayendo testigos, yendo a buscar la partida de nacimiento del nene para presentar ante el registro y hacerlo pasar como un suicidio”.

Hipótesis 

Según la investigación de la querella, la madrugada del 4 de marzo de 2016 había dos fiestas: “Ángel estuvo siempre con Trinidad Acosta, la hija del delgado, que mintió las 3 veces que declaró. De la primera fiesta se van a otra fiesta un poco más pesada y después vuelven. Ahí alguien se lleva un teléfono que estaban usando para pasar música, hay una discusión de Ángel con las amigas y el se va. Ángel o la hija del delegado se llevan el teléfono. Ese es el celular que luego encuentran en la casa de Pagotto”.

“Desde que se van hay versiones encontradas, fue a un bar y estuvo haciendo cosas, no sabemos qué. Según una testigo, Ángel cambia un teléfono por dos cervezas. Pero esa testigo, que es quien entrega el teléfono de Ángel al otro día, ya lo había toqueteado, había sacado cosas, entendemos que ese teléfono ella lo compra a la gente que mata a Ángel”.

“Pedimos las cámaras que estaban en la DDI y los vemos (a Ángel y Trinidad Acosta) caminando juntos. Ella dice que no lo ve más y se va a la casa. Ángel ha visto cosas que no tenía que ver, con personas que no tenía que estar”.

Procedimiento

“El personal de Ferro Expreso hace la logística del procedimiento, mandan a 3 policías recién recibidas, ahí empieza el apriete a pibes de 16, 17 años, que los sacan de la cama y los llevan a declarar y los aprietan. Lo primero que advertí es que los pibes no hablan como está escrito en la causa. No dicen ‘una mirada torva’. Acá tiene que ver el delegado y  la hija, es una pieza clave que ha mentido mucho y que sabe cuáles fueron las causas por las que lo mataron, tiene que ver el ambiente de la noche de White”, finalizó Aparicio.

La sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó el habeas Corpus presentado por la defensa de Rosalía en el cual reclamaba su liberación inmediata.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez no hicieron lugar al pedido de doctora Fabiana Vannini en el cual planteó que Rosalía está detenida arbitrariamente debido a que al momento de ser juzgada había prescripto acción penal.

Por otro parte, Vannini junto a Mario Coriolano, defensor oficial ante el Tribunal de Casación de la Provincia, solicitó la prisión domiciliaria ante el Tribunal Criminal N°3.

Rosalía está presa desde el año pasado en Azul. En 2005 parió en soledad y desamparo, se desmayó y, cuando despertó, la criatura había fallecido. El 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de presión por no haberle brindado los cuidados necesarios a su beba recién nacida.

Desde este lunes serán juzgados cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad. Será el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

Si bien el tribunal definirá el horario este viernes, se estima que será entre las 10 y las 12 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80. La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

En una etapa anterior de la misma causa, el juez federal Walter López da Silva demora la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en febrero de 2018.

La defensora de Rosalía presentó ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías un Habeas Corpus reclamando la inmediata liberación de la mujer. “Consideramos que mantener a Rosalía privada de su libertad es arbitrario porque se encuentra prescripta la acción penal”, señaló Fabiana Vannini.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez deberán decidir en 24 horas si hacen lugar a lo solicitado por la defensa.

Rosalía parió en soledad en mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido. El pasado 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de prisión por homicidio calificado por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios. Está presa en Azul desde junio de 2019.

“Habeas Corpus significa que se solicita la libertad inmediata de la persona, se considera que el encarcelamiento es ilegal o arbitrario”, comentó a FM De la Calle la abogada.

Señaló que ya plantearon la prescripción y “el Tribunal nos resolvió desfavorablemente con un argumento bastante cuestionable. Ahora planteamos esta cuestión ante la Cámara, si nos hacen lugar Rosalía puede recuperar la libertad y si no iremos con recurso de Casación para discutir la resolución desfavorable”.

“El delito por el que se la condena está prescripto, pasó el plazo que el Estado tenía para condenar que es 12 años. El Tribunal entendió que plazo es de 15 años, en base a una interpretación bastante forzada”.

En el recurso presentado, la defensa argumentó que “parece innecesario tener que recordar la raigambre constitucional y convencional que posee la actuación del Estado respecto de minorías desprotegidas en el complejo aspecto de la pobreza y de género que resulta el marco de la supuesta comisión del hecho que se imputa. Por ello, la única solución justa y adecuada a derecho y a la perspectiva de género que corresponde al caso es admitir la presente acción de Habeas Corpus, declarando prima facie prescripta la acción penal”.

Por otra parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente cómo amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía. “Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, comentaron en referencia a la ex trabajadora del frigorífico La Gleba. La Comisión Provincial por la Memoria interpondrá el mismo recurso.

Por último, Vannini comentó que “Rosalía está tranquila, bastante angustiada pero lo que quiere es que salga lo antes posible la orden de traslado a Bahía para estar cerca de la familia. El traslado depende del servicio penitenciario y el cupo que tenga la Unidad 4. Contestaron que no tienen lugar. Eso es cierto, en el pabellón femenino están con algún problema de sobrepoblación”.

Organizaciones feministas se concentraron frente a Tribunales para pedir la absolución e inmediata liberación de Rosalía.

Al acercarse al hall de entrada del Palacio de Estomba 34 para manifestar sus demandas, un oficial de guardia las frenó y cerró la puerta: “Silencio que los jueces están trabajando”, afirmó.

Rosalía está presa en Azul desde junio y el 19 de febrero -mientras ocurría el primer pañuelazo- el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado por no haberle dado los cuidados necesarios a su bebé recién nacida.

Recordamos que fue en 2005 cuando, luego de parir en su casa, se desmayó y no pudo atender a la criatura. La mujer cumplía extenuantes jornadas laborales en el frigorífico La Gleba perteneciente a la UNS y ocultó su embarazo por temor a perder el trabajo.

“Desde la asamblea de ADUNS le exigimos al rector de la UNS a que la universidad se presente como amicus curie. La Comisión Provincial por la Memoria también se presentó. Rosalia era una trabajadora precarizada, con todo lo que implica. Ella tenía cuatro hijos, temía que al anunciar un nuevo embarazo pudiera perder el trabajo. Vivía en una zona semirural, las condiciones del parto fueron sumamente precarias. El fallo judicial es machista y clasista. Desde la UNS hemos realizando un informe técnico desde la perspectiva sociocultural a partir de entrevistas de la familia donde se ven las condiciones en las que trabajaba”, comentó la docente Jessica Visotsky.

La integrante de Socorristas en Red, Griselda Cifuentes, señaló: “Otra vez la justicia patriarcal disciplina la vida y nuestros cuerpos, siempre con la movilización en la calle y dejando ver que los mandatos patriarcales pesan en la justicia que se presenta como objetiva. El mandato de la maternidad obligatoria y del instinto maternal como si todas estuviéramos preparadas para la situación que vivió Rosalía. Hay que exigirle a la justicia que sepa que la vida de las mujeres es más compleja y que muchas veces no podemos tomar las decisiones que queremos para nosotras y nuestros hijos”.

“Rosalía es mujer y es pobre y no debería estar en prisión con una violación de derechos humanos elementales. Las mujeres estamos hartas, por eso el lunes hay un paro internacional, vamos a seguir reclamando el derecho a  vivir en libertad y sin violencia”, finalizó Verónica Bajo, militante de Acciones Feministas y Desbandadas.

El Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos presentó una denuncia penal contra la dictadura boliviana por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo invocando el principio de jurisdicción internacional ante el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López da Silva.

Las organizaciones que integran el comité afirmaron que “desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de la derechas locales, los Estados Unidos y el Estado de Israel, los hermanos bolivianos han sido víctimas de una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos, dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades”.

El secretario de DD.HH. de la CTA, Dante Patrignani, dijo a FM De la Calle que “se presentó la denuncia en mesa de entradas, estuvieron revisándola y se aceptó la demanda. Ahora esperaremos qué respuesta hay. El objetivo principal que teníamos era avanzar con algunas cuestiones para visibilizar esto y por eso nos damos por satisfechos”.

“Sabemos que se presentó en Córdoba por parte de una asociación de ex detenidos políticos y en Buenos Aires por parte de la comitiva que viajó a Bolivia en la que participaron compañeros de distintas organizaciones. Sería bueno que esto se replique para que algún juez le de trámite. Es nuestro aporte, modesto pero nos parece que teníamos que hacerlo”.

En la demanda se propone una serie de testigos que padecieron el accionar de las fuerzas golpistas, encabezados por el ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Esperamos aporte al conocimiento de los hechos, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas”.

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal se movilizó frente al palacio comunal para repudiar la condena a la médica Renata Pierini Lerner por el homicidio culposo de Micaela Hernández y Ramiro Gavilán por monóxido de carbono en el Barrio Las Cañitas.

Un jurado popular la encontró culpable por su rol como responsable de la ambulancia que se acercó al lugar y se retiró al no ser atendida. La resolución motivó el descontento tanto de la defensa como del fiscal Cristian Aguilar porque terminó con la absolución del operador del 911, Juan Manuel Sánchez.

El abogado de Lerner, Sebastián Martínez, pidió ayer la nulidad de la causa, La dra. Claudia Fortunatti, titular del Tribunal Criminal Nº2, deberá resolver el planteo y determinar el monto de la pena de la médica.

“Entendemos el reclamo de que se juzgue nuestro accionar. Y como cualquier ciudadano o servidor público estamos expuestos a ello. Entendemos que los pacientes y sus familiares nos griten y descarguen su angustia ante situaciones de gravedad. Entendemos que a veces nos agredan y nos amenacen. Porque eso nos pasa todo el tiempo. Incluso nos golpean, literalmente. Parte de nuestro trabajo es contener y acompañar en momentos de gran angustia bronca y tristeza. Y así lo hacemos”, manifestaron desde la APSM.

Desde las escalinatas de Alsina 65, agregaron: “Lo que no entendemos es que se nos quiera usar como chivo expiatorio de turno. No entendemos por qué se nos exigen resultados infalibles mientras trabajamos en situaciones inadecuadas y desfavorables. La sociedad debe aceptar que no somos dioses ni tenemos poderes especiales. No podemos adivinar el futuro ni ver detrás de una pared. No somos distintos al resto de las personas. No salimos a trabajar con la intención de hacer daño ni tampoco somos asesinos”.

“Por eso, le pedimos a la sociedad que tenga expectativas realistas y deje de ponernos en la cima del Olimpo o en lo más profundo del infierno. Somos personas que dedican su esfuerzo y entrenamiento a hacer el mayor bien posible, para otros”.

Las y los profesionales sostuvieron que “el problema no es una condena desfavorable. El problema es el juicio de un jurado que está compuesto por personas que viven y forman parte de una sociedad hostil y con enojo crónico. Y los profesionales de la salud somos sistemáticamente blanco de ese enojo. Así no se puede juzgar y ha quedado demostrado que de esa manera no se juzga con criterio”.

“Si el fiscal buscaba justicia debió preguntar primero por el responsable de la presencia de monóxido de carbono. Pero no lo hizo. Y después sí vayamos a analizar las responsabilidades que le siguen. Discutamos sobre las comunicaciones del operador y discutamos las responsabilidades del sistema de salud. Pero no al revés”.

“La ambulancia no fue para generar daño. Las ambulancias no salen para hacer daño. Por esto le pedimos a la sociedad y los responsables de impartir justicia que recuperemos la coherencia y seamos realistas con las expectativas del sistema de salud”, afirmaron.

Por último, advirtieron que “no se resuelve nada si solo se busca una condena para quien está para ayudar y se ignora el origen de los problemas. Por esto le pedimos a la sociedad y los responsables de la justicia que recuperemos la coherencia y se juzguen los hechos con la importancia que a cada parte le corresponde”.

“Nos preguntamos por el derecho al cuidado, qué es lo que implica el derecho a cuidarse uno mismo y a cuidar de sus hijos. Nos planteamos quién llegó tarde para cuidar a Rosalía y a sus hijos o quién no estuvo al lado de ella para cuidarla”, dijo a FM De la Calle Nora Dinoto.

Desde la Red Local de Violencia de Género rechazaron la sentencia que condenó a Rosalía a ocho años de prisión por homicidio por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios, ocasionando con ello su muerte.

“Es una historia de vida con muchas precariedades, con muchas miserias sociales y culturales y no sé si estamos en condiciones de emitir un juicio, a priori, para decir es culpable. Está inmersa en un sistema que ha sido producto de condiciones de existencia que la han ido delimitando en todo su ejercicio como mujer y madre, para cuidarse a si misma y a sus hijos”, señaló Dinoto.

Respecto al accionar de la justicia, comentó que había “pericias psicológicas y psiquiátricas donde señalaban las imposibilidades que tenía esta mujer para asumir esta realidad. No lo quisieron  captar y optaron por un fallo que deja satisfechos a los supuestos sociales y culturales de esta sociedad patriarcal. En este caso, la perspectiva de género no estuvo y fue una mirada clasista y misógina”

Dinoto mencionó que “este tipo de realidades llega a la consulta de distintas organizaciones o servicios que plantea el Estado y desde esas gestiones municipales o provinciales se desvaloriza ese reclamo. Se la juzga desde ese lugar, si va se la juzga y si no va también. Esa situación, de alguna manera, condiciona esa mirada social sobre estas realidades”.

Una mujer fue condenada por homicidio a ocho años de prisión efectiva por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios, ocasionando con ello su muerte.

El Tribunal Criminal Nº 3 dictó ayer sentencia sobre el hecho ocurrido casi quince años atrás. Fue un fallo unánime a partir del voto de la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.

La mujer, madre sola de cuatro hijos, ex trabajadora precarizada en un frigorífico de pollos dependiente de la Universidad Nacional del Sur, está presa en Azul desde junio de 2019.

R. parió en soledad entre el 18 y el 19 de mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido.

Las pericias establecieron que la mujer “posee carencia de recursos psicológicos básicos o necesarios para asumir los cuidados y responsabilidad materna, sin un tercero en quién apoyarse y que la ayude a sostener esas responsabilidades. Presenta precariedad psicológica para enfrentar por sí sola problemas que involucren los afectos y maternidad de manera adecuada”.

Sin embargo, el fiscal Jorge Viego argumentó que “la justificación que brindó la acusada no resulta creíble”. Consideró que tuvo un “plan para deshacerse de la criatura”.

La defensora oficial Fabiana Vanini señaló que “debido al desvanecimiento, R. tuvo una ausencia de capacidad para poder realizar la conducta ordenada. Fue incapaz de evitar el resultado, por incapacidad física y psíquica, por su historia de vida, el cansancio debido a jornadas de trabajo inhumanas”.

Vanini expuso que “existió omisión del Estado para con ella y la recién nacida, por las condiciones de vida que llevaba, también sobre la inexistencia de tutela laboral para mujeres embarazadas, que R. no podía realizarse los controles de embarazo pues ello le representaba faltar a su trabajo y no cobrar por dicha jornada”.

“Se encontraba en un contexto de vulnerabilidad económica y social y si hacía ostensible su embarazo probablemente fuera despedida, sus anteriores parejas no se hicieron cargo de sus hijos. La imputada se vio obligada por las circunstancias a ocultar su embarazo”, afirmó.

La mujer trabajaba en el frigorífico de pollos “La Gleba” desde las 5 de la mañana hasta las 21. Carecía de derechos laborales, estaba inscripta en el régimen del monotributo.

La jueza Castaño aseguró en su voto que “la inminencia del parto, el alumbramiento sin asistencia, los dolores, el cansancio extremo, el temor por su estabilidad laboral han limitado su capacidad de razonamiento, llevándola a obrar de la manera que lo hizo”.

Pese a esto, la magistrada refirió que “no ha surgido de la causa que la imputada se haya visto frente a una situación extrema que le anulara su autodeterminación al punto de tener que optar entre la propia vida y la de la recién nacida”.

Así propuso, y fue acompañada por D’Empaire y Casas, condenarla a ocho años de prisión por encontrarla autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias de atenuación.

Lucas “Titi” Schwaner (24) fue detenido ayer sospechado de ser el autor del disparo que mató al hincha de Olimpo Emanuel Castillo.

La jueza de Garantías Susana Calcinelli ordenó tres allanamientos para dar con el acusado: Thompson al 1400, Falcón al 2100 y Estados Unidos al 1400, donde finalmente fue hallado Schwaner y un arma envuelta en una bufanda escondida en el techo de la vivienda.

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa de la cual participaron Viego, el fiscal general Juan Pablo Fernández y familiares de Castillo.

“Lo primordial fue el relevo del lugar del hecho, la complicación surgió porque se disparó desde ambos bandos, fue complicado determinar cuál fue el disparo que terminó con la vida de Emanuel. Pero con esa reconstrucción del hecho, una activa participación de la familia y de la justicia -porque varios testigos se acercaron a la familia- se fue reconstruyendo la mecánica del hecho”, dijo Viego.

A partir de filmaciones se pudo reconstruir que Schwaner disparó desde Garibaldi y Maipú y luego huyó del lugar en el Fiat Uno blanco secuestrado días atrás. Las cámaras de seguridad y otros testimonios permitieron seguir el trayecto del vehículo e identificar al sospechoso.

Para la Fiscalía está probado que el hincha de Villa Mitre detenido no fue el único que disparó y que hubo tiros de ambos bandos. Ahora, deberá peritarse el arma encontrada para evaluar si es la que asesinó a Castillo.

Por otro lado, se analiza la veracidad de un mensaje de Whatsapp en el cual el acusado se autoincrimina en el homicidio y en las heridas sufridas por otras dos personas. Un primer testeo del audio dio resultado negativo por no tratarse del archivo original sino de uno reenviado.

Fernández confirmó que otras fiscalías avanzan en la investigación sobre los desmanes ocurridos en la previa del clásico, que hay un detenido por portación de armas y que interviene además el Fuero Penal Juvenil por la participación de menores.

En cuanto a la inacción policial que permitió el enfrentamiento entre las barras de Olimpo y Villa Mitre, el fiscal general aseguró que la investigación evidencia la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos o personal policial se avanzará en ese sentido.

La familia de Castillo agradeció el acompañamiento de la comunidad bahiense y a las personas que se acercaron a brindar información a la Justicia.

A partir de la imputación y la indagatoria al detenido, Jorge Viego tendrá 15 días para solicitar la prisión preventiva de Schwaner.

La familia del hincha de Olimpo asesinado este domingo antes del clásico con Villa Mitre pidió colaboración para identificar al autor del disparo mortal y convocó a una marcha pacífica para este viernes a las 19.

En el marco de la investigación por el homicidio de Sergio Emanuel Castillo se realizó un allanamiento en calle Italia al 2000. Tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del CEUM y de vecinos particulares se logró identificar a la persona en cuya vivienda no se encontró el arma aunque sí se secuestró un celular.

El intendente Héctor Gay, en declaraciones a LU2, señaló que no fue “ni consultado para cortar una calle”. “No nos preguntaron absolutamente nada”, dijo y delegó responsabilidades en la A. Pre. Vi. De.

En las últimas horas se conoció que Alejandro Barreto fue separado de su cargo como titular en la Policía Distrital y que será reemplazado por Gonzálo Bezos.

Por otro lado, el barrio Villa Mitre vivió ayer una tensa tarde tras la circulación por redes sociales de rumores sobre la posible aparición de hinchas de Olimpo que luego del sepelio de Castillo. La Policía realizó un operativo en el centro del barrio, varios comercios cerraron sus persianas y hubo poco movimiento vecinal.

Circuló una carta en redes sociales firmada por un villamitrense anónimo en la que manifiesta: “Fueron a maltratar nuestros símbolos más sagrados, a destrozar nuestras pertenencias y amenazar a todos nuestros vecinos. Algunos ineptos cuestionan que el partido se haya continuado, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si realmente nuestros 7 mil vecinos veían cómo estaban destrozando nuestro barrio? En el medio la policía… con 33 cuadras de por medio en donde podrían haber frenado la caravana, pero no… les faltó tenderles una alfombra mostrándoles el camino hasta la sede”.

El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor y ex concejal, Ricardo Pera, fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección, la cual le fue denegada por el dr. Juan Pablo Schmidt.

“No me hagas enojar negra”, decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los “coscorrones” alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa”. El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

El ex concejal será juzgado en agosto por las amenazas y golpes denunciados por otros dos ediles tras una sesión para tratar un aumento del boleto de colectivos en 2015.

Laura Trespando brindó su testimonio a FM De la Calle.

“Quiero denunciar lo que estoy viviendo para poder darle también ayuda a las mujeres que vienen atrás mío”, dijo. Su relación con Ricardo Pera comenzó en diciembre de 2012 y duró casi seis años.

Yo venía de una separación, de perder a mi papá, me había mudado a una casa más pequeña que la que estaba. No teníamos muchos recursos, estábamos bastante solas con mis hijas, que son las que siempre me acompañaron en todo. Él salió de la galera y empezó a ayudarnos. Primero aparecía con un telefonito, después empezó a venir a cenar, con sus risas y sus cuentos. La verdad que me inundó de amor y de ilusión. Pensé: al fin, después de tantos años de estar mal, conozco a mi compañero y a la persona que va a caminar conmigo y ya no va a ser tan pesado.

Todo empezó porque por ahí yo tendría alguna reunión familiar con mi mamá o con mi hermana y él ya no quería que fuera. O si iba a algún lado era una discusión o ‘te la pasás en la calle, ¿qué tenés que hacer? ¿qué necesitas? ¿no te alcanza con lo que te doy?. Era imposible tener una reunión de amigas porque para él no era necesario. Si iba a su casa no podía agarrar el teléfono -yo iba fin de semana por medio- y si mis hijas me necesitaban o querían decirme una mínima cosa yo no podía contestarles.

Si necesitaba ir al mercado iba pensando ‘que no me llame, que no me llame’. Y si me llamaba me decía ‘yo siempre te tengo que enganchar en la calle’, me decía ‘por qué no te organizás mejor, salís del trabajo, pasás por la leche y no tenés que andar dando vueltas’. No quería que estuviera en la calle para nada. Mi vida empezó a ser el trabajo, mi casa y la suya. No tenía otra cosa. Ni siquiera cumpleaños de mis hermanos ni de nadie. Todo era una discusión si yo quería hacerlo. Y si iba a algún lugar de esos lo hacía sin que se entere para evitar una pelea, para evitar… cualquier cosa.

¿Eso lo tornaba más violento?

Sí, obvio. Empecé a evitar todas esas situaciones pero cuando por ahí no me daba cuenta o no la podía evitar, venía el “coscorrón” -como él le llamaba- o un castigo laboral o empezaban los gritos y las amenazas constantes.

No recurrí nunca a ningún lado porque si yo hablaba era una desagradecida, una mal parida. Cuando estuvimos bien fuimos construyendo mi casa para ir en algún momento a vivir juntos. Cuando terminé de construirla, él no vino a vivir conmigo. Pero como me ayudó mucho en lo económico -en realidad no me ayudó porque la casa era para los dos- cuando se enojaba me decía ‘bueno, vendé todo, te vas a alquilar’. Y yo pensaba a dónde voy a ir, otra vez pierdo todo. Por ese miedo seguí sosteniendo mi relación. Además, siempre me dijo que me iba a ver de rodillas, que él no iba a parar hasta verme de rodillas.

¿Vos estabas trabajando en Bahía Transporte Sapem y tenías un rol como delegada de UTA?

Sí. Fui durante tres años delegada de UTA, hasta que me hicieron renunciar cuando yo decidí separarme.

¿Estabas rodeada tanto en lo privado como en lo laboral?

Totalmente.

¿Cuándo terminás con esa relación y decidís hacer la denuncia?

Yo rompo con eso porque en una de las últimas peleas él me pegó en casa y estaban los nenes. Estaban en el living y no vieron la situación, pero estaban. Por el miedo, no solo a que ellos vieran sino a que siguiera, presioné la alarma para que sonara, tiene un botón de emergencia. Empezó a sonar, él se asustó y se fue. Pensé para mí: esta es la última vez que tengo que permitir esto en casa.

Uno de mis hijos tiene autismo y él en dos ocasiones lo golpeó. Hasta ahí era. No solamente venía sufriendo en daños o amenazas permanentes o en maltrato, que ya era nuestra forma de relación. No me di cuenta, llegó un punto en que pensé que era así la forma de relacionarse, venía de dos fracasos y empecé a pensar que era yo.

Conversando con amigas, con gente que quiero, o con mi hija que en algún momento se enojó conmigo por las cosas que yo permitía, vi que eso no es natural, normal. Pero cuando estaba viviendo eso no… seguí nada más.

¿Cómo es tu situación laboral y económica hoy?

Perdí el trabajo, perdí todo sustento. Además, ella (Ndr: su hija) que también fue despedida comenzó a trabajar en una heladería y Ricardo llamó al dueño para que la despidan. Y así pasó.

Fui a ver al intendente con la denuncia en la mano para que me reciba. Está al tanto de toda esta situación porque Sapem es en su mayoría municipal. No me recibió porque supuestamente para él esto es una cuestión personal. Yo creo que excedió lo personal, todas las personas de mi empresa sabían lo que estaba pasando y vieron las veces que iban y me retiraban de mi oficina y me obligaban a renunciar a mi cargo o a la mutual o a la afiliación.

¿Eso cuándo ocurrió?

Yo decido separarme de él y lo primero que hace es hacerme renunciar a mi cargo de delegada del gremio. Un par de meses después despide a Maite. Como yo sigo sin querer volver con él, me hace renunciar a la mutual. Yo dependía de eso para los costos de mi hijo. Después me hace renunciar a la afiliación. Quedo totalmente desprotegida en mi lugar de trabajo. En Sapem si no sos afiliado al gremio quedás afuera casi inmediatamente, así funciona. Yo coordinaba el sector de monitoreo.

¿Cómo te hacen renunciar?

Estaba sentada en mi oficina y aparecen dos compañeros suyos, el secretario adjunto y el secretario gremial. Me piden que renuncie con una hojita y yo les dije que no quería renunciar, que me quedaba sin cobertura para F.. Ellos lo conocen, hacemos un tratamiento en Buenos Aires de estimulación magnética transcraneal en INAC. Me dijeron que no, que ellos tenían que llevar esa hoja firmada y que no había opción, que no tenían explicación que darme y que hasta ahí había llegado mi momento. El secretario adjunto me dijo: ‘firma calladita así no te pasa nada’. Firmé y se fueron.

Yo siempre trabajé del lado del gremio, representando a mis compañeros, no les había faltado nunca. Siempre trabajé a la par de ellos, a pesar de que no me permitían estar en asambleas o convocatorias por mi condición de mujer.

Y así fue…

¿Y de Sapem te echaron?

Me quisieron hacer renunciar. Ricardo me obligaba a renunciar pero no quise. Me empecé a asesorar, el gerente y el presidente me decían que no renuncie. Me derivaron a distintos sectores, a Tránsito y Transporte…

¿Federico Harfield y Tomás Marisco estaban al tanto de toda la situación?

Claro, obvio, ellos estaban al tanto de todo. De hecho, Marisco en una de las venidas del gremio a la Sapem me vio demasiado sensible y me derivó al Departamento de Género. Me recibieron tres veces y también estaban al tanto de todo. Creo que no pudieron cuidarme. Tomás en cierta forma hizo lo posible para derivarme y no dejarme sin empleo pero finalmente no quedó otra, todos acataron su orden.

¿Renunciaste?

No, me despidieron sin causa.

¿Cómo te sentís hoy?

¿Cómo me siento hoy? Totalmente sola. Cuando cuento que se trata de Ricardo Pera todas las personas que podrían ayudarme no pueden. Porque tienen miedo o por intereses creados no me pueden ayudar. Fui a hablar con mi abogada y me dijo que si estaba fuerte me acompañaba.

¿Tuviste algún tipo de consecuencia?

Sí, él me mandó a decir por terceros que desestime la denuncia, que los muchachos me van a hacer mierda. Esas fueron las palabras que me llegaron. En esta denuncia presenté audios, fotos, pero bueno, no me dieron la perimetral.

¿Con qué argumento?

Que los golpes eran viejos.


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(Por Giuliana Crucianelli) Durante la segunda jornada del juicio por el femicidio de Aída Rosa Caballín las partes presentaron los alegatos. Hernán Rogero se negó a declarar.

El acusado estuvo presente durante la audiencia aunque no acudirá el jueves próximo a la lectura de la sentencia. La Fiscalía solicitó la prisión perpetua y la defensa pidió ocho años, la pena mínima por homicidio simple.

En su alegato, el fiscal Jorge Viego argumentó que hay elementos probatorios suficientes para demostrar la figura de homicidio perpetrado de un hombre hacia una mujer mediando violencia de género.

Destacó que, por la forma que se encontraba el cuerpo de la víctima, el asesinato pudo haberlo realizado una sola persona. Señaló que cuando Rogero huyó de Blandengues al 800 “el hecho ya estaba cometido y procedió a descartar el cuerpo”.

En la Sprinter se encontraron cabellos que “coinciden morfológicamente con los de Caballín y eso habla de una mecánica de violencia dentro del vehículo”. Sin embargo, no se realizaron las pruebas de ADN necesarias para acreditar que esos cabellos pertenecieran a la víctima.

La Fiscalía afirmó que se “cosificó a la mujer en función de la actividad que realizaba”. Viego señaló que durante el allanamiento Rogero se desmayó cuando oficiales encontraron las sogas similares a las halladas en la víctima, lo cual acreditaría su culpabilidad. Asimismo, se contempló como antecedente el testimonio de la ex pareja quien aseguró que existió violencia durante la relación.

La defensa, a cargo de German Kiefel, solicitó el homicidio simple y argumentó que no hay motivación para considerar el agravante por femicidio. Señaló que no se acreditó el móvil que indique que es un caso de violencia de género.

Destacó que, en todo caso, la Fiscalía debería haber solicitado la figura del femicidio no íntimo que establece el Código Penal en el artículo 80 inciso 4. El abogado sumó como atenuantes la carencia de antecedentes ante la justicia, el buen concepto que tenía el empleador de Rogero sobre el acusado y la adicción a la cocaína.

El jueves a las 12, el juez Eugenio Casas y las juezas Claudia Fortunati y María Mercedes Rico, a cargo del Tribunal Criminal 2, leerán la sentencia contra Rogero, quien permanece en prisión preventiva.