Femicidio en White: “Costa andaba divulgando que la iba a matar”

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Susana Melo, de 53 años, fue asesinada este fin de semana. El principal y único acusado es Raúl Gregorio Costa, su pareja, quien confesó haberla matado, se negó a declarar y permanece detenido desde entonces.

En reiteradas oportunidades la familia de Susana denunció a Costa por violencia machista. La última fue en enero cuando producto de los golpes la víctima terminó internada. Ni la justicia ni la policía actuaron a tiempo. El sábado, luego de que una amiga alertara a la familia, encontraron su cuerpo sin vida en un camino vecinal.

“Ese día recibo un mensaje de la amiga de mi mamá en el cual me decía que Costa andaba divulgando que la iba a matar”, comentó Rosana, hija de la víctima, a FM De la Calle.

“Hace 6 años que estaba con él, tenía denuncias previas de mi parte, lo denuncié cuando mando a mi mamá al hospital. Mi mamá dijo que se cayó, cuando había sido que él la agredió, tenía tibia y peroné con los huesos triturados por dentro. Para nosotras le pasó la camioneta por encima”, expuso Rosana.

Comentó que acudió en aquella oportunidad a la Comisaría de la Mujer “el mismo día que la internaron”. “A la semana tenía que ir yo con una testigo que era amiga de mi mamá y la testigo no quiso ir porque mi mamá se lo pidió. Así que cuando fui me dijeron que si no se presentaba la testigo ni mi mamá quería hacer la denuncia, quedaba archivada porque no era fehaciente. Les dije lamentablemente si esto no se para esperemos no tener una desgracia, y a los dos meses la desgracia sucedió”.

Costa tiene otros antecedentes para con la familia Melo: “Tiene una denuncia porque manoseó a mi hermana más chica, que también quedó en la nada, se apareció en mi casa, estaba yo sola con mis hijos. Me fue a apretar con cinco personas más. Esa denuncia también está hecha. Tiene denuncias por violación y la justicia nunca hizo nada”.

“Conociéndola a ella, para nosotros estaba siendo amenazada, nosotros queríamos ayudarla y ella nos alejaba, para nosotros él la tenía amenazada con que nos iba a matar”, agregó.

Rosana dijo que su mamá “era una excelente persona, todos los que la conocieron saben la persona que era, muy laburadora, buena, ayudaba, te brindaba hasta lo que no tenía. El último tiempo por ahí pasaban días que no aparecía, le escribíamos y siempre decía que estaba bien, por ahí aparecía más de una vez con el ojo negro y decía que se había caído. Nosotros la queríamos sacar pero ella estaba siendo muy amenazada”.

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La disputa por la Justicia y la Memoria

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Casi la totalidad de los genocidas condenados y en prisión por delitos de lesa humanidad configuran grupos de riesgo, ya sea por su edad o por alguna patología de salud.

En el marco del aislamiento por la pandemia del coronavirus muchos aprovechan para pedir la prisión domiciliaria. La abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, comentó en FM De la Calle cuál es la realidad de las cárceles y de los genocidas detenidos.

“Es una vieja discusión respecto si la condición etaria es motivo de otorgamiento de prisión domiciliaria. Muchos tribunales han dicho que no. Las condiciones sanitarias mínimas no son las condiciones de los pabellones de quienes están condenados por delitos de lesa humanidad, la mayoría de ellos fueron trasladados al complejo de Campo de Mayo, allí hay pabellones acondicionados y hay a seis minutos dentro del complejo el Hospital Militar, son condiciones que nada tiene que ver con las cárceles”.

Godoy agregó que “hay algunos jueces que están esperando algún tipo de decisión en materia de salud pública más genérica. En otros países se están tomando medidas que tienen que ver con el aislamiento a determinados grupos de riesgo y, por otro lado, según el tipo de delito, hay personas que están privadas de su libertad porque están por delitos con poca cantidad de pena, como por ejemplo por comercialización de estupefacientes. Hay jueces que dicen que hasta ahora no hay ninguna medida del Poder Judicial, en cambio otros jueces sin preguntar a la querella, sin pedir informes de condiciones otorgan las prisiones domiciliarias”.

A 44 años del comienzo de la dictadura cívico militar eclesiástica, Godoy destacó una anécdota: “Hace unos años un grupo de militantes habíamos ido a España, se habían hecho unos paneles sobre genocidio, en el momento en que se trataba de abrir las causas contra el franquismo. Los argentinos estábamos con que solo teníamos imputados a 200 genocidas, de que la mayoría estaban con domiciliaria y, en realidad, cuando se ven las posibilidades de justicia de los pueblos del mundo ante el genocidio nos damos cuenta de que como pueblo hacemos y hemos hecho cosas maravillosas”.

“Hemos podido construir esa memoria, ese valor. Lo tenemos que destacar siempre, más allá de todos los avatares, de lo que se sufre. Es algo que nos construye como pueblo. El valor es que el Movimiento de Derechos Humanos es mucho más que los organismos de derechos humanos sino todos los que disputan la memoria todos los días”, finalizó.

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¿Qué pasa con los juicios de lesa humanidad?

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En el marco del 44º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió el estado de situación de las causas que se tramitan en el país. Son más de 968 los genocidas condenados y 156 los absueltos entre los más de 3000 investigados. Se destaca la continuidad del incremento de las excarcelaciones y los arrestos domiciliarios desde 2015 hasta la actualidad.

En Bahía Blanca, días atrás comenzó el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad el cual involucra por primera vez a civiles que integraron la Triple A. Para esta semana se esperaba el inicio de las declaraciones testimoniales aunque las audiencias fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus.

El organismo a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos informó que de un total de 592 causas en trámite, el 45% se encuentra en etapa de instrucción (266), el 41% obtuvo sentencia (241), el 11% está elevada a juicio (65) y sólo el 3% está actualmente en juicio oral (20).

Los datos muestran que la mayoría de las causas se encuentran en la etapa inicial o intermedia del proceso judicial y que hasta la fecha sólo 20 causas se encuentran en instancia de debate oral y público.

En este sentido, con respecto a la temporalidad del proceso de juzgamiento, el documento muestra que para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas

En cuanto a la condición de libertad o arresto de las personas investigadas, las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 913 a marzo de este año.

Si bien se observa un leve descenso del arresto domiciliario como forma de detención, que desde 2015 venía en aumento año tras año, esto se debe a la baja general de las detenciones y no a un cambio en la modalidad.

Cabe destacar que éstos datos son anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual muchos detenidos solicitaron en los últimos días la morigerarción de la modalidad de prisión con arresto domiciliario.

Por otra parte, el 47% del total de 3161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentran libres (1563), mientras que el 28% están detenidas (913) y el 24% fallecieron (811).

Sobre un total de 3315 personas investigadas por delitos de lesa humanidad -según la máxima situación procesal alcanzada- 968 están condenadas. Hubo 156 absoluciones.

Por último, el informe de la Procuraduría especializada indica una totalidad de 3315 personas investigadas por delitos de lesa humanidad según la máxima situación procesal alcanzada, de las cuales sólo 968 están condenadas. La cifra desagregada consta de 637 procesados, 544 imputados, 182 con falta de mérito, 156 absueltos, 91 sobreseídos, 70 indagados y 28 prófugos.

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Femicidio en White: se negó a declarar el acusado

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Raúl Gregorio Costa es el único acusado por el femicidio de Susana Melo. El cuerpo de la mujer fue encontrado el sábado en el camino vecinal ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252.

Esta mañana el imputado se negó a declarar ante el fiscal Diego Conti, quien subroga la Fiscalía especializada en Homicidios. La autopsia arrojó que la víctima tenía un disparo de arma de fuego.

El atacante había sido denunciado por la víctima en ocasiones anteriores.

El operativo comenzó cuando una amiga de la mujer se comunicó con la hija de Melo para contarle lo que había sucedido.

Efectivos de la Comisaría Tercera encontraron a Costa realizando disturbios en una vivienda ubicada en Nicolás Levalle y 25 de Mayo y lo detuvieron. Horas más tarde encontraron el cuerpo de la víctima.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas.

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Coronavirus: detenciones arbitrarias y violentas en Villa Libre

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El Partido Obrero Tendencia denunció detenciones arbitrarias y brutalidad policial contra una familia del barrio Villa Libre. El hecho ocurrió cuando las personas se encontraban temporalmente en la puerta de la vivienda y fueron agredidos físicamente por un efectivo policial de apellido Rojas.

Rojas los obligó a entrar a la casa y luego se bajó del patrullero y golpeó a la familia, alegando que estaban infringiendo la cuarentena pero sin presentar ningún tipo de documentación para las aprehensiones.

“Cuando ingresaron a la vivienda uno de los efectivos policiales derribó la puerta a patadas e ingresó tirando balas de goma que impactaron las personas. La policía los detuvo en forma arbitraria y violenta, los arrojó al piso, los golpeó con la culata de las pistolas. Fueron esposados, trasladados a la Comisaría Cuarta, dos cuadras antes de llegar, en el patrullero que iba Miguel Ángel, (una de las víctimas)  se detuvo el patrullero, se bajó el efectivo y  lo siguió golpeando”, relató el dirigente Emiliano Fabris.

Agregó que “en la comisaría estaban hacinados, más de 10 personas en una habitación con una sola botella de agua, todos los detenidos sufrieron golpes, una de las personas presenció cómo la policía desmayaba a otra persona a patadas. No recibieron atención medica salvo al final. Luego fueron liberados, pero esto no cancela el hecho. Solo a una persona le presentaron un documento de apertura de una causa por violar la cuarentena”.

Miguel Ángel fue liberado ya que, según la UFIJ Nº15, no había motivos para detención. Miguel tuvo que volver por la tarde del día siguiente a revisar su mandíbula al hospital donde constató una fractura derivada de los golpes recibidos.

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Detenciones por cannabis medicinal: “Esta gente estuvo innecesariamente aprehendida”

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“Aplican la Ley de Tenencia de Estupefacientes en vez de utilizar la Ley del Uso Medicinal del Cannabis. Esta gente, que estuvo innecesariamente aprehendida, recuperó su libertad y puede retomar el tratamiento.”, expresó el defensor ante el Tribunal de Casación Penal, Mario Coriolano, respecto a las detenciones realizadas por Mauricio Del Cero en Tornquist por cultivo de cannabis para uso medicinal.

En diálogo con FM De la Calle, el funcionario agregó que el fiscal “está equivocado, se lo planteamos verbalmente y lo hicimos por escrito ante el Juzgado de Garantías. Creemos que la causa debe archivarse y devolver rápidamente las sustancias medicinales que se están deteriorando desde el secuestro”.

En los operativos fueron aprehendidos los concejales y trabajadores del INTA, Federico Labarthes y Cristian Raising, y un matrimonio de usuarios de cannabis medicinal.

Respecto al matrimonio, Coriolano señaló que “en las casas donde fueron, como es el caso de la señora, había goteros con el aceite medicinal, lo que no sabemos es por qué no lo secuestró o por qué no dejó constancia en actas, todo está acreditado de que es uso medicinal”.

Coriolano agregó que “hay un montón de otra gente que está dependiendo de la producción de estos aceites y que fue perjudicada, por eso el descontento en Tornquist. Es muy difícil de encontrar, en algunos lugares es carísimo y desde luego que hay gente que tiene que aprender a hacerlo porque no puede pagarlo”.

En relación a la ley, afirmó que “hay un vacío en la reglamentación porque hay una serie de detalles que va a haber que ir avanzando como es el registro de cultivadores, el tipo de planta, de dosis, de enfermedades, reglamentación que a su vez sea difusión en las ciencias para ir mejorando la atención a los pacientes. Aquí está el derecho a una salud y hay un trabajo en red. Hay un daño, como pasó con el matrimonio donde la señora está usando el aceite para un artrosis muy dolorosa y de golpe terminó detenida por el acceso al aceite que es un derecho que ella tiene”.

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Triple A: ¿Será justicia?

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El juicio está en marcha. 45 años pasaron de los crímenes cometidos por muchos más que quienes están sentados en el banquillo. Rodolfo Ponce y Remus Tetu son los grandes ausentes. El ex diputado nacional del peronismo ortodoxo y secretario general de la CGT y el rector interventor de la UNS fueron los jefes de las bandas que asolaron las calles bahienses. Murieron impunes.

Este lunes el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación contra Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio. Los otrora bravos tripulantes de “la fiambrera” se pusieron el traje de pobres viejitos “sorprendidos” por “esta porquería” que les está pasando.

“Como todos los bahienses de esa época saben, eran los hombres de Ponce que manejaban la fiambrera, patrullaban la ciudad, decidían quién vivía, quién no, quién podía andar por las calles por las noches, quién podía opinar y quien no, imponían su forma de pensar e intimidaban y asesinaban a los que pensaban diferente. Eran agentes de este grupo paraestatal cuya historia vamos a tratar de reconstruir en este juicio”, dijo el fiscal a FM De la Calle.

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Se les reprocha haber sido parte -entre 1974 y 1975- de una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad como parte de un plan sistemático y generalizado de eliminación de opositores políticos, amparada y provista de recursos materiales y de información por parte del Estado argentino. Aceituno está imputado, además, por el asesinato de David Cilleruelo.

“Son las 10 hs, comienza el circo”, escribió Curzio mientras escondía su rostro al flash de nuestra cámara. Minutos después, el presidente del tribunal, Roberto Amábile, provocó el aplauso del público al abrir el debate: “En lo personal, como representante de un poder del Estado, siento la necesidad de pedir disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio”.

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En sus manos y la de sus pares, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, está la posibilidad de demostrar su pesar con hechos concretos y retomar el camino de Justicia que alguna vez conoció Bahía Blanca. El primer paso podría incluir la escucha atenta a quienes tendrán que repetir una vez más sus testimonios, garantizar la agilidad del debate, la regularidad de las audiencias y la presencia de los imputados, evitando el escándalo de verlos más libres que a las propias víctimas.

Un buen inicio fue la aceptación sobre la hora de dos querellas que se sumaron a la de la Agrupación H.I.J.O.S.. La Universidad Nacional del Sur retomará la acusación por el homicidio de Watu -ocurrido en sus propias instalaciones-. El rector Daniel Vega participó de la audiencia junto al abogado Francisco Fuster. Por otra parte, Leandro Aparicio representará a la familia del obrero Luis Jesús “Negrito” García.

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La próxima audiencia marcará el inicio de las declaraciones testimoniales. Será el miércoles 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

La lentitud garantiza la impunidad

“Llegó el día de poder ver a esta gente en el banquillo de los acusados, después de tantas suspensiones y de cuarenta y pico de años del crimen de Watu”, dijo el testigo y secretario de Derechos Humanos de la CTA bahiense, Dante Patrignani.

Mostró su ansiedad por decir lo que tiene para decir: “Sobre todo de las barbaridades que hizo esta gente en Bahía, de denunciar a los responsables. No solamente son los que están en el banquillo de los acusados sino la connivencia del poder sindical de la época, de Rodolfo Ponce, del rector de la universidad, Remus Tetu”.

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Mencionó a aquellos que continuaron su tarea represiva durante la dictadura como Personal Civil de Inteligencia. Es el caso de los hermanos Chisu o del ex presidente de la Cámara Federal: “Néstor Montezanti está en la etapa de instrucción de la misma causa y el juez, después de dos años, todavía tiene que definir su situación procesal. Hay de parte del Poder Judicial una lentitud que garantiza la impunidad”.

Un juicio para ver más allá

“Este juicio nos va a llevar a mirar más allá, la Triple A era simplemente el brazo ejecutor de los blancos y objetivos que otros marcaban”, dijo Julia, hermana de Luis Jesús “Negrito” García.

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Recordó que “hay una declaración del Consejo Superior del PJ de septiembre del 73 donde declaran la guerra al pueblo argentino. Después de que matan a Rucci, cerca de las elecciones que Perón gana con el 62 por ciento, ellos declaran la guerra al pueblo diciendo que había que poner orden, en un país que venía desde la dictadura anterior luchando, resistiendo”.

“Por otra parte abren una batalla campal en contra del marxismo. Marxismo para ellos era todo lo que no siguiera los lineamientos de este grupo del PJ incluyendo a los propios compañeros peronistas”.

Julia comentó que el Negrito “era solidario, en un momento se planteó ser cura, se identificó un tiempo con la Federación Juvenil Comunista y después dejó de estudiar y se proletarizó, se insertó en el sector de la construcción en la Interamerican de White”.

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“Prontamente fue delegado. En una oportunidad lo echan, la gente hace paro y si no lo reincorporaban iban a sumarse otras empresas de alrededor. Eso habla del conocimiento de la gente del lugar. Era un pibe que quizás se exponía mucho, hablaba, discutía, peleaba, no se quedaba nada que decir”.

El dilema del PJ

José Lualdi aseguró que “la Triple A fue creada por el teniente general Juan Perón. Por eso tal vez la mora tenga que ver con la complicidad que ha tenido el conjunto de la dirigencia del PJ de ocultar esta cuestión. El PJ se debate entre aceptar que Perón ideo, creó y desarrolló la Triple A o que Perón era tan irresponsable que llegó a la Argentina enfermo y no podía conducir ni el país ni su fuerza política. Esta hipótesis la descartamos porque Perón condujo el país hasta el día de su muerte”.

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El testigo que relató en la causa cómo fue la interna de la UOCRA en tiempos de la banda paraestatal afirmó que “a los jóvenes parece que le estamos contando algo novelesco, pensar que los autos de la CGT patrullaban esta ciudad como si fueran fuerzas de seguridad, intimidaban, golpeaban, mataban, mandaron al exilio a cientos de compañeros. Si todo esto se ventila, estos 45 años de porfía habrán valido la pena, más allá de la condena que los jueces decidan sobre los cuatro imputados”.

Los crímenes debajo de la alfombra

Verónica, hermana de Fernando Alduvino quien fuera asesinado la noche del 21 de marzo de 1975, dijo a FM De la Calle: “La única expectativa que tengo es que por primera vez se diga que fueron terrorismo de Estado los crímenes ocurridos en un gobierno democrático, legítimamente elegido por el pueblo, con todos los recursos para hacer las cosas dentro de la ley. Que nos hagamos cargo de esto trae luz a muchísimas muertes que han ocurrido durante gobiernos democráticos que se guardan debajo de la alfombra”.

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“Mi hermano era un librepensador, estudiaba Filosofía y Letras, le encantaba enseñar a pensar. Era un militante de la vida y un militante de la vida no puede ser muerto sacado de la cama a las dos de la mañana, por la espalda, arrodillado.  Era tan alto que lo hicieron arrodillar y le dieron 13 tiros en la nuca. Había un mensaje mafioso para el resto de la militancia: si hacés algo podés terminar como él”.

Más información en juiciobahiablanca.wordpress.com

 

 

 

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Pidieron prisión domiciliaria para Rosalía

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Este lunes se realizó la audiencia para pedir la prisión domiciliaria para Rosalía. El Tribunal Criminal Nº3, a cargo de la jueza Daniela Castaño, Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire, deberá en los próximos días definir si hacen lugar a la petición solicitada por la defensa.

Durante la audiencia solo estuvieron presentes Castaño y Casas, con la particularidad de que la sala que brindó el Tribunal tenía capacidad solo para la familia de Rosalía. Durante esta instancia ni las organizaciones que estaban acompañándoles ni la prensa pudieron presenciar el debate debido al espacio restringido.

Recordamos que Rosalía parió sola en su casa de Argerich en 2005, se desvaneció y la criatura murió. El Tribunal Criminal Nº3  la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado.  

En la audiencia, Rosalía comentó a los jueces que está muy angustiada y preocupada por estar lejos de sus hijes, en particular de su hija más chica de 9 años. Y que su accionar fue para proteger a las criaturas en todo momento.

Según la abogada defensora, Fabiana Vannini, el tribunal estuvo abierto a escuchar a Fernanda, hermana de Rosalía, quien la recibiría en su casa junto con su hija menor, en caso de que el pedido sea favorable.

Por su parte, el fiscal Viego se mostró reacio a aceptar el pedido de prisión domiciliaria argumentando que la mujer estuvo 15 años  fugada.

La defensa solicitó el pedido de 7×60, es decir, que en caso de continuar en prisión Rosalía permanezca 7 días en Bahía Blanca y 60 en Azul para posibilitar la visita de la familia.

Asimismo, la abogada señaló que se reunió con Lucía Portos, subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, que se mostró atenta a continuar acompañando el proceso judicial.

Vannini destacó que hay tres medidas judiciales que corren en paralelo: una es la solicitud de la prisión domiciliaria; otra recurrir el Habeas Corpus; y por último, apelar la condena.

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Llega a juicio la muerte de Mariana Sol Bruna

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Mañana comenzará el juicio por la muerte de Mariana Sol Bruna. El hecho fue calificado como abandono de persona seguido de muerte, estupro y suministro de estupefacientes a una menor en concurso real, en perjuicio de la joven de 15 años. Ocurrió durante la madrugada de 31 de marzo de 2018.

El debate oral y público se desarrollará desde las 9:30 y se extenderá hasta el viernes 13 en dependencias del Tribunal Criminal N°3, en Estomba 34.

El imputado es Luis Nicolás Martínez de 28 años y, según la investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, se le reprocha haber puesto en peligro la vida de Mariana Sol Bruna (15 años), facilitándole droga y colocándola en situación de desamparo al retenerla en el interior de su vehículo.

Una vez desencadenado el shock cardiogénico, Martínez la dejó librada a su suerte, sin requerir asistencia médica en forma inmediata o trasladándola a un centro asistencial con la premura que el caso demandaba.

Ante el notorio estado, que luego le ocasionó la muerte por un infarto, intentó descartarse del cadáver de la adolescente en el Hospital Español habiendo transcurrido tres horas de su muerte.

De acuerdo a los testimonios y a las cámaras de seguridad se pudo realizar el seguimiento del VW Gol blanco perteneciente al imputado, determinándose los lugares donde transitó de manera errática hasta llegar al Hospital Español.

En su declaración, la médica que realizó la autopsia aseguró que “si la chica hubiera recibido asistencia médica en una guardia o servicio de emergencia , es posible que se hubiera llegado a revertir el cuadro y salvar la vida”. Que no se trató de una muerte súbita.

Respecto de la declaración de Martínez, en la solicitud de elevación a juicio el fiscal Romero Jardín asegura que “la falacia y la mentira son las constantes en la versión de descargo”.

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Juicio Triple A: la primera audiencia en imágenes

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Comenzó el juicio a cuatro represores civiles que actuaron en Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado. Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio integraron las patotas de Rodolfo Ponce y Remus Tetu.

En la primera audiencia, el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación y los imputados se negaron a declarar. El juicio continuará el 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

Más información, mañana en juiciobahiablanca.wordpress.com

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Llega otro momento histórico en el juzgamiento del genocidio

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Este lunes a las 10 comenzará el juicio contra integrantes de la Triple A de Bahía Blanca, a 45 años de sus crímenes contra más de cuarenta militantes políticos, estudiantiles y gremiales.

Para seguir el desarrollo del Juicio Triple A, desde FM De la Calle actualizamos nuestro blog juiciobahiablanca.wordpress.com y pusimos a disposición de nuestra audiencia el detalle sobre LA CAUSA, los IMPUTADOS y las VÍCTIMAS.

La audiencia pública será en Colón 80. Es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

Para unos minutos después hicieron lo propio H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa x el Juicio y Castigo.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

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#8M Caso Rosalía: “O no sabemos nada o somos capaces de todo”

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(Por Giuliana Crucianelli) Ser mujer, pobre, madre sola de cuatro hijes, trabajadora precarizada y vivir en una zona rural como Argerich se vuelven condición para la justicia al momento de firmar sentencia condenatoria. Las doctoras en Historia Graciela Hernández y Jessica Visotsky analizaron en FM De la Calle la realidad sociocultural en la cual estaba inmersa Rosalía desde una perspectiva de género.

“Creemos que hay un mandato de la maternidad y de la ‘buena madre’ que se le está exigiendo. Es un fallo con una fuerte impronta moral y patriarcal. Ahí tenemos la doble vara con la que se mira a las mujeres: o no sabemos nada o somos capaces de todo”, señalaron.

La mujer parió sola en su casa de Argerich en 2005, se desvaneció y la criatura murió. El Tribunal Criminal Nº3  la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado.  

El informe de las historiadoras está elaborado a partir de entrevistas a familiares de Rosalía y da cuenta que “las múltiples violencias que ha atravesado en su vida Rosalía, la violencia acumulada, las intersecciones de opresiones que ha sufrido e incluso su relación con los partos, con la crianza inmediata posterior, se explican en gran medida por aspectos vinculados a factores sociales y culturales”.

“Pudimos ver como las condiciones de ruralidad casi impensadas en ese lugar, con semejante aislamiento, han naturalizado cuestiones que a cualquiera nos parecerían una epopeya y a ellas les parecía normal. En Argerich no alcanzaba a llegar la ambulancia, el primer hijo de Rosalía lo atendió el papá de ella, el abuelo. En el campo se acostumbraron a esas condiciones y lo consideraban un experto al papá de Rosalía porque atendía el ganado”, apuntó Hernández.

Las investigadoras se detuvieron en la responsabilidad que recae sobre la Universidad Nacional del Sur por tratarse de una trabajadora precarizada del frigorífico La Gleba. “Esto nos involucra directamente a la universidad. Mencionamos la dimensión subjetiva de trabajadoras en contexto de precarización laboral. Muchas investigaciones dan cuenta de estrategias de resistencia, que la negación y el ocultamiento son formas de resistir a los estigmas”.

“Otra de las cosas que mencionamos es cómo las condiciones de vida en contexto de ruralidad, de precarización laboral, de jornadas laborales extenuantes y, asimismo, con cuatro hijos, hacen que se ejerza una ciudadanía débil y que no se vayan exigiendo derechos que tiene que ver con la vida digna”, argumentó Visotsky.

Por otro lado, las investigadoras se refirieron a la mirada de la justicia ante el caso: “El fiscal dice qué mujer no sabe atar un cordón. Ella tendría que haber sido lo suficientemente ‘madre’ como para ser capaz de parir sola, cortar el cordón, atarlo bien, todo con su hija de 12 años al lado que estaba asustada”.

“Es como que las mujeres saben, a pesar de todo, lo que tienen que hacer. Como un instinto, se está pensando que si lo hacen las perras y las gatas por qué no puede hacerlo una mujer como si tuvieran la misma condición”, dijo Hernández.

Por último, Visotsky comentó que en el informe se refieren al “policiamiento de las familias”. “Estamos ante un Estado que tiene una relación con las mujeres del tipo policial, que nos judicializa pero que está ausente para darnos lugar a una vida digna”.

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Caso Almada: “Hay un contexto relacionado con la cocaína”

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Se cumplen cuatro años del homicidio de Ángel Almada en Ingeniero White. El abogado de la mamá del adolescente, Leando Aparicio, comentó en FM De la Calle los avances en las causas por homicidio y  por encubrimiento que investiga el fiscal Marcelo Romero Jardín.

La familia convocó a una marcha a las 19. Irán desde la Escuela Técnica de Ing. White hasta el puente desde el cual arrojaron al joven.

“No me cabe ninguna duda que hay un contexto relacionado con la cocaína, con gente pesada. El chico muere a 200 metros del cargamento de cocaína más grande de la historia”, apuntó Aparicio.

El abogado afirmó que “ayer, después de cuatro años, finalmente los peritos enviaron a la Fiscalía el teléfono de Ángel, el de (Horacio) Pagotto y el de ex delegado municipal (Marcelo Acosta), son 12 teléfonos que habían sido secuestrados en noviembre del 2017. Romero Jardín me dijo que habían recibido y no pueden abrir el informe desde las computadoras de la Fiscalía. Hablé con el perito y son 64 gigas que hacen falta para abrir la información”.

De la causa por encubrimiento, las personas señaladas son “cinco policías -comisario, subcomisario y tres policías-, el ex delgado, el amigo del ex delegado y una falsa testigo. Está en el Juzgado de Garantías, tal vez este año podamos llegar a juicio. Se los acusa de apretar a los amigos de Ángel y hacerle decir básicamente que Ángel se había suicidado. Al ex delegado se le acusa por ser una especie de sheriff, llevando y trayendo testigos, yendo a buscar la partida de nacimiento del nene para presentar ante el registro y hacerlo pasar como un suicidio”.

Hipótesis 

Según la investigación de la querella, la madrugada del 4 de marzo de 2016 había dos fiestas: “Ángel estuvo siempre con Trinidad Acosta, la hija del delgado, que mintió las 3 veces que declaró. De la primera fiesta se van a otra fiesta un poco más pesada y después vuelven. Ahí alguien se lleva un teléfono que estaban usando para pasar música, hay una discusión de Ángel con las amigas y el se va. Ángel o la hija del delegado se llevan el teléfono. Ese es el celular que luego encuentran en la casa de Pagotto”.

“Desde que se van hay versiones encontradas, fue a un bar y estuvo haciendo cosas, no sabemos qué. Según una testigo, Ángel cambia un teléfono por dos cervezas. Pero esa testigo, que es quien entrega el teléfono de Ángel al otro día, ya lo había toqueteado, había sacado cosas, entendemos que ese teléfono ella lo compra a la gente que mata a Ángel”.

“Pedimos las cámaras que estaban en la DDI y los vemos (a Ángel y Trinidad Acosta) caminando juntos. Ella dice que no lo ve más y se va a la casa. Ángel ha visto cosas que no tenía que ver, con personas que no tenía que estar”.

Procedimiento

“El personal de Ferro Expreso hace la logística del procedimiento, mandan a 3 policías recién recibidas, ahí empieza el apriete a pibes de 16, 17 años, que los sacan de la cama y los llevan a declarar y los aprietan. Lo primero que advertí es que los pibes no hablan como está escrito en la causa. No dicen ‘una mirada torva’. Acá tiene que ver el delegado y  la hija, es una pieza clave que ha mentido mucho y que sabe cuáles fueron las causas por las que lo mataron, tiene que ver el ambiente de la noche de White”, finalizó Aparicio.

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Rechazaron el habeas corpus y Rosalía seguirá presa

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La sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó el habeas Corpus presentado por la defensa de Rosalía en el cual reclamaba su liberación inmediata.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez no hicieron lugar al pedido de doctora Fabiana Vannini en el cual planteó que Rosalía está detenida arbitrariamente debido a que al momento de ser juzgada había prescripto acción penal.

Por otro parte, Vannini junto a Mario Coriolano, defensor oficial ante el Tribunal de Casación de la Provincia, solicitó la prisión domiciliaria ante el Tribunal Criminal N°3.

Rosalía está presa desde el año pasado en Azul. En 2005 parió en soledad y desamparo, se desmayó y, cuando despertó, la criatura había fallecido. El 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de presión por no haberle brindado los cuidados necesarios a su beba recién nacida.

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Triple A: la próxima semana comenzará el juicio

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Desde este lunes serán juzgados cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad. Será el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

Si bien el tribunal definirá el horario este viernes, se estima que será entre las 10 y las 12 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80. La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

En una etapa anterior de la misma causa, el juez federal Walter López da Silva demora la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en febrero de 2018.

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Habeas Corpus para la inmediata liberación de Rosalía

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La defensora de Rosalía presentó ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías un Habeas Corpus reclamando la inmediata liberación de la mujer. “Consideramos que mantener a Rosalía privada de su libertad es arbitrario porque se encuentra prescripta la acción penal”, señaló Fabiana Vannini.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez deberán decidir en 24 horas si hacen lugar a lo solicitado por la defensa.

Rosalía parió en soledad en mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido. El pasado 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de prisión por homicidio calificado por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios. Está presa en Azul desde junio de 2019.

“Habeas Corpus significa que se solicita la libertad inmediata de la persona, se considera que el encarcelamiento es ilegal o arbitrario”, comentó a FM De la Calle la abogada.

Señaló que ya plantearon la prescripción y “el Tribunal nos resolvió desfavorablemente con un argumento bastante cuestionable. Ahora planteamos esta cuestión ante la Cámara, si nos hacen lugar Rosalía puede recuperar la libertad y si no iremos con recurso de Casación para discutir la resolución desfavorable”.

“El delito por el que se la condena está prescripto, pasó el plazo que el Estado tenía para condenar que es 12 años. El Tribunal entendió que plazo es de 15 años, en base a una interpretación bastante forzada”.

En el recurso presentado, la defensa argumentó que “parece innecesario tener que recordar la raigambre constitucional y convencional que posee la actuación del Estado respecto de minorías desprotegidas en el complejo aspecto de la pobreza y de género que resulta el marco de la supuesta comisión del hecho que se imputa. Por ello, la única solución justa y adecuada a derecho y a la perspectiva de género que corresponde al caso es admitir la presente acción de Habeas Corpus, declarando prima facie prescripta la acción penal”.

Por otra parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente cómo amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía. “Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, comentaron en referencia a la ex trabajadora del frigorífico La Gleba. La Comisión Provincial por la Memoria interpondrá el mismo recurso.

Por último, Vannini comentó que “Rosalía está tranquila, bastante angustiada pero lo que quiere es que salga lo antes posible la orden de traslado a Bahía para estar cerca de la familia. El traslado depende del servicio penitenciario y el cupo que tenga la Unidad 4. Contestaron que no tienen lugar. Eso es cierto, en el pabellón femenino están con algún problema de sobrepoblación”.

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Caso Rosalía: “Silencio que los jueces están trabajando”

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Organizaciones feministas se concentraron frente a Tribunales para pedir la absolución e inmediata liberación de Rosalía.

Al acercarse al hall de entrada del Palacio de Estomba 34 para manifestar sus demandas, un oficial de guardia las frenó y cerró la puerta: “Silencio que los jueces están trabajando”, afirmó.

Rosalía está presa en Azul desde junio y el 19 de febrero -mientras ocurría el primer pañuelazo- el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado por no haberle dado los cuidados necesarios a su bebé recién nacida.

Recordamos que fue en 2005 cuando, luego de parir en su casa, se desmayó y no pudo atender a la criatura. La mujer cumplía extenuantes jornadas laborales en el frigorífico La Gleba perteneciente a la UNS y ocultó su embarazo por temor a perder el trabajo.

“Desde la asamblea de ADUNS le exigimos al rector de la UNS a que la universidad se presente como amicus curie. La Comisión Provincial por la Memoria también se presentó. Rosalia era una trabajadora precarizada, con todo lo que implica. Ella tenía cuatro hijos, temía que al anunciar un nuevo embarazo pudiera perder el trabajo. Vivía en una zona semirural, las condiciones del parto fueron sumamente precarias. El fallo judicial es machista y clasista. Desde la UNS hemos realizando un informe técnico desde la perspectiva sociocultural a partir de entrevistas de la familia donde se ven las condiciones en las que trabajaba”, comentó la docente Jessica Visotsky.

La integrante de Socorristas en Red, Griselda Cifuentes, señaló: “Otra vez la justicia patriarcal disciplina la vida y nuestros cuerpos, siempre con la movilización en la calle y dejando ver que los mandatos patriarcales pesan en la justicia que se presenta como objetiva. El mandato de la maternidad obligatoria y del instinto maternal como si todas estuviéramos preparadas para la situación que vivió Rosalía. Hay que exigirle a la justicia que sepa que la vida de las mujeres es más compleja y que muchas veces no podemos tomar las decisiones que queremos para nosotras y nuestros hijos”.

“Rosalía es mujer y es pobre y no debería estar en prisión con una violación de derechos humanos elementales. Las mujeres estamos hartas, por eso el lunes hay un paro internacional, vamos a seguir reclamando el derecho a  vivir en libertad y sin violencia”, finalizó Verónica Bajo, militante de Acciones Feministas y Desbandadas.

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Denunciaron a la dictadura boliviana en juzgado bahiense

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El Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos presentó una denuncia penal contra la dictadura boliviana por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo invocando el principio de jurisdicción internacional ante el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López da Silva.

Las organizaciones que integran el comité afirmaron que “desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de la derechas locales, los Estados Unidos y el Estado de Israel, los hermanos bolivianos han sido víctimas de una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos, dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades”.

El secretario de DD.HH. de la CTA, Dante Patrignani, dijo a FM De la Calle que “se presentó la denuncia en mesa de entradas, estuvieron revisándola y se aceptó la demanda. Ahora esperaremos qué respuesta hay. El objetivo principal que teníamos era avanzar con algunas cuestiones para visibilizar esto y por eso nos damos por satisfechos”.

“Sabemos que se presentó en Córdoba por parte de una asociación de ex detenidos políticos y en Buenos Aires por parte de la comitiva que viajó a Bolivia en la que participaron compañeros de distintas organizaciones. Sería bueno que esto se replique para que algún juez le de trámite. Es nuestro aporte, modesto pero nos parece que teníamos que hacerlo”.

En la demanda se propone una serie de testigos que padecieron el accionar de las fuerzas golpistas, encabezados por el ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Esperamos aporte al conocimiento de los hechos, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas”.

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