Judiciales – Página 57

Contra el manto de neblinas

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Educación, Entrevista, Judiciales, Mundo, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) La Mesa de Coincidencias Malvinas, integrada por organizaciones que nuclean a ex colimbas que combatieron en la guerra de 1982 exigieron una autocrítica a las fuerzas armadas “por los hechos aberrantes cometidos contra la integridad de los soldados conscriptos” durante el conflicto y el juicio a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.

“Hoy nos convocan a desfilar a todos juntos, junto a los que torturaron, a los que estaquearon, a los que humillaron a los soldados en la guerra por su condición de judío, por ser de pueblos originarios o simplemente por el color de su piel, junto a los responsables de la muerte por hambre, a los que huyeron del frente de combate”, dijeron al rechazar la convocatoria para participar de las actividades del bicentenario de la Independencia en Palermo. Lo hicieron un día antes de que Cambiemos paseara a Aldo Rico y otros golpistas y represores en nombre de la patria.

Gustavo Pirich, presidente de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, dijo a FM De la Calle que “ante la polémica el ministro y distintos sectores del gobierno salieron a decir nosotros no los invitamos. (…) El Ministerio de Defensa dijo ayer: fueron los ex combatientes. Nosotros no lo vamos a invitar a Rico. Los compañeros que participaron lo hicieron de buena fe y no para reivindicar a la dictadura. Les parecía bien, que era una asignatura pendiente y lo hicieron. Por eso no los juzgamos”.

Como parte de los actos oficiales por el bicentenario en Bahía Blanca, la Municipalidad recibirá este viernes a Nicolás Kasanzew: “Un reencuentro importante con una de las plumas y difusores de lo que fue ese tiempo de la contienda”, se anunció. Según Pirich, el corresponsal de Canal 7 aparece ahora como “un rambo civil” y “habla de que solamente hubo errores y excesos en Malvinas”. “Se trató de unas fuerzas armadas que venían entrenadas con una hipótesis de conflicto que era la represión interna, que se entrenaron en la Escuela de las Américas y que a Malvinas llevaron e hicieron lo que sabían hacer”: submarino seco, picanear, enterrar a los soldados “en el frío suelo malvinense”. “Suponemos que la mitad de las Malvinas debe haber visto cosas de las cuales no habla, no las dice”.

“Nosotros no estamos arrepentidos de nada, de hecho nos quedamos en el campo de batalla, combatimos como pudimos, los tuvimos bastante a mal traer en algunos momentos y estamos orgullosos de haber enfrentado al colonialismo británico”, aseguró en la entrevista que aquí se transcribe.

-¿Era la primera vez que se daba esta posibilidad de desfilar en conjunto ex conscriptos y militares de carrera que estuvieron en Malvinas?

Sí, porque no se había planteado esta alternativa, el único desfile en el que participamos fue en el 2010. De prepo, no porque nos hayan invitado sino que estábamos ahí un grupo e irrumpimos en el desfile ya en el final. Fuimos muy aceptados por el pueblo, muy aplaudidos, creo que fue lo más bueno que nos pasó en ese sentido.

-En este caso, ¿cómo surge la convocatoria? ¿Quién invitó y organizó esta confluencia?

Del gobierno, el Ministerio de Defensa. Ahora ante la polémica el ministro y distintos sectores del gobierno salieron a decir nosotros no los invitamos a ellos, no invitamos a Rico. Qué sé yo, pero la verdad es que no hubo invitaciones cursadas personalmente, invitaron en forma general y no pusieron un filtro, entonces indirectamente lo invitaron. No seleccionaron quién sí y quién no como sí hicieron, por ejemplo, en el acto del Día de la Bandera en Rosario. Ahí pusieron vallado y los que no quisieron que entraran no entraron. No es nosotros no tenemos nada que ver. Están saliendo a lavarse las manos y les están echando la culpa a los ex combatientes. El Ministerio de Defensa dijo ayer: fueron los ex combatientes. Nosotros no lo vamos a invitar a Rico. De hecho los compañeros que participaron lo hicieron de buena fe y no para reivindicar a la dictadura. Les parecía bien, que era una asignatura pendiente y lo hicieron. Por eso no los juzgamos.

-Había muchos que esperaban un reconocimiento de este tipo pero ahí también radica la mala leche de la cuestión. Mucha gente con la intención de homenajear sentidamente y en medio se encuentra aplaudiendo a Rico. Habrá seguramente otro sector que los aplaudía a Rico y compañía pero fue confusa la situación. ¿Ustedes planteaban la necesidad de una autocrítica por parte de las fuerzas armadas y la posibilidad de juzgar las torturas y otras violaciones a los derechos humanos?

Claro, porque nunca hubo un mea culpa. Decir: esto sucedió. No, siempre niegan todo. Empezaron con el tema de la campaña anti militar o anti fuerzas armadas, que por qué ahora. No es ahora. Nosotros venimos contando todo lo que nos pasó, lo que pasa es que nadie nos dio bola. Los medios nos cerraron los micrófonos rápidamente. Nadie o muy pocos publicaron todas estas historias que todavía están ocultas tras el manto de neblina. Y que sale a la luz hace unos años porque otra vez volvimos a existir, fueron 34 años insistiendo con este tema y primero la respuesta fue: es una campaña anti Argentina, son los que se victimizan, son los que están arrepentidos de haber enfrentado a los británicos. Nosotros no estamos arrepentidos de nada, de hecho nos quedamos en el campo de batalla, combatimos como pudimos, los tuvimos bastante a mal traer en algunos momentos y estamos orgullosos de haber enfrentado al colonialismo británico.

Nada de lo que dicen para denostarnos es cierto. Lo que queremos es la verdad, nada más.

-Para eso recurrieron hace un tiempo a la justicia y llegaron a la Corte Suprema con resultado negativo aunque esto no signifique dejar de reclamar. ¿Qué otras vías tienen activas para juzgar aquellos delitos o por lo menos alcanzar la verdad?

Hoy la causa está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya la aceptó. Estamos poniendo toda nuestra expectativa pero además los querellantes han aportado muchísimo material nuevo. Por ejemplo las cartillas firmadas por nosotros ante los servicios de inteligencia que nos recepcionaron cuando volvimos, en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.

Nos hicieron firmar declaraciones sobre qué es lo que había sucedido en Malvinas y muchísimos contamos. Se juntan esas cartillas con las declaraciones y las causas actuales y demuestran que no es ahora ni es una campaña anti Argentina ni anti militar. Fueron los hechos tal cual sucedieron. Y además, el año pasado, el Ministerio de Defensa junto con estas cartillas desclasificó infinidad de documentos sobre el tema Malvinas. Algunos documentos, también de los servicios de inteligencia, demuestran que por ejemplo algunos dicen sugirieron, indicaron, a las cúpulas militares, a la dictadura, enviar a Malvinas a todos aquellos que estaban comprometidos en la represión interna. No los podemos mostrar porque han sido aportados a la causa y queremos que siga abierta para quienes están comprometidos allí.

-¿Mandar a quienes estaban comprometidos con la represión ilegal a Malvinas respondía a algún objetivo en particular?

Sí, pero no podemos decirlo.

-¿Es información que era parte del Informe Rattenbach?

No, era información desclasificada de los servicios de inteligencia. Estaba en el Ministerio de Defensa, se encontraron después de mucho tiempo creo que en un sótano o algo así.

-El problema de la causa es que la Corte dijo que no son delitos imprescriptibles…

En realidad no lo dijo la Corte. Después de tres años dijo por una cuestión reglamentaria que no se iba a abocar al tema. Pero las dos primeras instancias sí. La primera y la segunda dijeron que eran delitos de lesa humanidad. Casación fue la que dijo que no eran delitos de lesa humanidad y que habían prescripto. Luego la Corte dijo ni y ahora está en la Comisión Interamericana. Más o menos la historia es que se han aportado muchísimos nuevos elementos.

Hay otras causas que están sustanciándose, no solamente la que llegó a la Corte. Hay otras donde por la documentación aportada creemos que pronto van a citar a declarar, se van a mover.

-Gustavo, ¿qué opinión tienen respecto a la identificación de los cuerpos de los caídos en Malvinas?

Estamos pidiendo junto con el Mecoma y el Cecim, que es el Centro de La Plata. Iniciaron junto a los familiares que no son de la organización oficial, porque nunca estuvieron de acuerdo con esto porque entendían que esto eran maniobras para llevar los cuerpos al continente y que jugaban a favor de los británicos, pero nada de esto es cierto.

Es todo un sector de familiares que comenzó con esta historia junto con el Cecim y hoy estamos en que ya la Cruz Roja hizo una visita junto con el Equipo de Antropología Forense para analizar las cuestiones técnicas con las autoridades de Malvinas para iniciar casi seguramente en enero próximo las tareas de análisis para determinar quiénes son los que están enterrados, para que ya dejen de ser soldados solo conocidos por dios y los podamos conocer todos, quién está en cada uno de los lugares, y los familiares que quedan vivos -porque no son muchos- puedan poner una flor donde están.

-Por lo que leía de esos familiares, sobre todo de madres, algo similar que con las otras víctimas de la dictadura desaparecidas, la posibilidad del duelo y muchas madres que todavía creen que en algún momento ese hijo que fue a Malvinas va a volver. Para muchas cerraría una etapa la posibilidad de saber qué pasó con sus hijos.

Sí claro porque hay muchos puntos en común. Sé que hay muchos que por ahí me están escuchando y me voy a ganar algunas antipatías. Hay todo un sector de compañeros que dicen que no hay puntos de contacto, que no se pueden comparar las cosas. Pero la verdad son muchos puntos de contacto. Fuimos a una guerra a la que nos mandó la dictadura y también la dictadura hizo desaparecer a tanta gente que no volvió. Y también son quienes se han negado a decir dónde están.

La dictadura nunca estuvo de acuerdo tampoco en identificarlos en Malvinas ni en el continente. En muchos casos los personajes, esos jefes son los mismos que hicieron desaparecer tanta gente ¿no? Se repiten los nombres, las circunstancias, las historias. No es tan distintos como algunos creen. Creo que estamos llegando al punto en el cual vamos a saber.

En cuanto la tecnología sea apta para esto se va a determinar la mayor parte de los casos y también algo a lo que le tienen miedo. Que no es solo que porque no tiene nada que ver o si hubo puntos de contacto con la dictadura o porque tienen miedo que se trasladen los cuerpos. Algo que también va a surgir en no pocos casos es cómo murieron estos compañeros. En muchos casos quizás haya sorpresas. No podemos ahondar mucho.

-Por eso tanta resistencia…

Quizás haya sorpresas. Nada casualmente son sectores muy pro militares los que están queriendo que esto no se haga. Por ejemplo el apoderado de Familiares. Se descubrió cuando se desclasificó este tema del listado del 76 al 83 del servicio de inteligencia, era uno de ellos. Y creemos que nada casualmente, era el hermano de un caído en Malvinas y era servicio de inteligencia del 601. Entonces, nada casualmente estaba, creemos que estratégicamente estaba colocado ahí.

Hay muchas cosas y no te olvides que dentro de las causas se está investigando hasta el asesinato de un soldado, por lo menos un asesinato de un soldado a manos de un sargento primero, ametrallado por él. Hay testigos de esto. Y hay muchos muertos por inanición. Nosotros creemos que esa inanición, si bien no sobraba la comida los que estuvimos sabemos que había, en algunos casos esta inanición fue como direccionada hacia los soldados, esto se está investigando, no se pueden dar muchos datos.

Para terminar, el nombre de la causa central. La que está en la Comisión Interamericana, lleva el nombre de una persona bastante importante. Es Taranto, Jorge Taranto. Jorge Baroni es, ex jefe de cámaras de C5N, ex, ex, ex. Son muchas cosas que están tratando de salvar.

-Ojalá encuentren respuesta en la justicia. Una última que tiene que ver con las actividades que en Bahía Blanca se prepararon para el bicentenario entre las cuales para el viernes está anunciada la visita del periodista Nicolás Kasanzew con la presentación de sus libros. ¿Qué opinan de Kasanzew, de la tarea que desarrolló en Malvinas?

A ver… ¿cómo decirte? Bueno, Kasanzew apoya todo eso que nosotros no apoyamos. Habla también de que solamente hubo errores y excesos en Malvinas. Te debe sonar ese errores y excesos. Nosotros por el contrario creemos que fue sistemático. Que se trató de unas fuerzas armadas que venían entrenadas con una hipótesis de conflicto que era la represión interna, que se entrenaron en la Escuela de las Américas y que a Malvinas llevaron lo que sabían hacer e hicieron lo que sabían hacer. Repitieron métodos que repitieron en el continente como el submarino seco y como torturar con la radio, con el magneto, una especie de picana, soterramiento enterrando a los soldados en el frío suelo malvinense, y eso no lo ponían usar mucho porque se llenaba de agua pero de todas maneras lo usaban.

Así que nosotros discrepamos con él en este sentido, no hubo errores, no hubo excesos, fue un sistema implementado el que llevaron a Malvinas como el que implementaron acá y él siempre trata de desviar todo esto. Suponemos que la mitad de las Malvinas debe haber visto cosas de las cuales no habla, no las dice. Yo tengo un amigo, no sé si debería decir esto porque no sé si lo va a decir, es testigo de cómo estando con el ex camarógrafo (Alfredo) Lamela, creo que hoy fallecido, hablaba por la radio diciendo saquenmé de acá, saquenmé de acá, me prometieron siempre que me mandaban después al mundial. Y hoy aparece como una especie de rambo civil. No sé si me entendés. Esa es mi opinión.

13 julio, 2016/por FM De la Calle

Nuestro Bicentenario

Argentina, Bahia Blanca, Cultura, Derechos Humanos, Economía, Educación, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política, Radio, Salud

(Por Coordinadora contra los tarifazos) Doscientos años de lucha, de conquistas obreras, de intelectuales patriotas, de juventudes comprometidas, de mujeres heroicas, de pueblos originarios que luchan por su Nación; de un pueblo noble y laborioso que construye todos los días la Patria, de sangre derramada por defender causas populares, de alegrías, frustraciones, de dolor.

Es la historia del pueblo argentino como ha sido y es la de los pueblos hermanos de toda América Latina, ya que nuestra Independencia sólo fue posible en un momento de auge de las luchas populares en todo el continente. Nuestra Independencia es continental: Chile 1818, Bolivia 1825, Perú 1821, Ecuador 1809, Paraguay 1811, ayer como hoy nuestros destinos están unidos.

Hoy, un conjunto de organizaciones del pueblo construimos esta fiesta popular por la Independencia porque somos orgullosamente descendientes de aquellas y aquellos pardos, mulatos, zambos, negros, indios, criollos, que acompañaron la gesta y las ideas que por entonces mantenían San Martín y Güemes entre otros y otras.

Esta fiesta popular por la Independencia tiene mucho de aquella carta de San Martín a Estalislao López, donde San Martín le pide: “paisano, unámonos para derrotar a los maturrangos y después que los derrotemos, resolvamos nuestras diferencias como usted quiera”.

¿Por qué reflexionar en este sentido? Porque hoy organizaciones que decimos sí con alegría en debates fraternos hasta ponernos de acuerdo, que lo fundamental es festejar, como lo estamos haciendo en este, nuestro Bicentenario: el de la multiplicidad de voces, de colores, de matices; porque esto somos.

¿Cómo poder visualizar las corrientes políticas que se manifestaban en aquella época en las actuales circunstancias? ¿Cuánto de continuidad hoy podemos ver en un mundo capitalista desarrollado y desigual? Como no podría ser de otra manera, capitalismo es sinónimo de desigualdad.

Sin duda hay un pueblo que en la búsqueda de organización para llegar a la segunda y definitiva Independencia, lucha, se moviliza, genera nuevas ideas, revisa su historia y no olvida sus mártires, los del siglo XVIII y los actuales: San Martín y Fuentealba, Güemes y Tosco, Monteagudo y 30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, Belgrano y Henrich y Loyola, Juana Azurduy y las compañeras víctimas de femicidio y trata.

Un pueblo que no olvida a sus mártires porque reconoce a quienes entregaron su vida por la construcción de una sociedad más justa. Merecen el mismo respeto, no importa en qué época o bajo qué circunstancias, aunque a la ortodoxia le parezca una herejía.

Hoy tenemos un gobierno, el de Cambiemos, que es heredero natural de las ideas que explotaron y explotan al pueblo trabajador, que asesinaron a una parte importante de la juventud, que encarcelaron y desaparecieron a las luchadoras y los luchadores populares en la Argentina, que provocaron genocidios desde Rivadavia y Alvear hasta de la masacre de los pueblos originarios en la mal llamada conquista al desierto, herederos de Roca y Mitre.

Cambiemos es -estamos convencidos de esto- un gobierno que representa las ideas del centenario. Su concepción es la de patrones de estancia hoy concebida bajo la hegemonía de los CEO de las principales empresas, quienes atrasan y quieren una “moderna” versión del granero del mundo mientras como en 1916, el pueblo pasa hambre, los niños y las niñas mueren por desnutrición y enfermedades evitables, existe la falta de trabajo, la educación de baja calidad, la salud empobrecida.

Este gobierno es la expresión genuina y descarnada de quienes fueron derrotados en 1816 y hoy están dispuestos a vengarse con saña de los negr@s, mestiz@s, mulat@s, zamb@s, indi@s, crioll@s. Es un gobierno que le pide perdón a las empresas como Repsol, que invita al jefe del Imperio Norteamericano el 24 de marzo para reírse de nuestras compañeras y nuestros compañeros detenidos desaparecidos, que subió al palco de honor este 9 de julio nada más ni nada menos que al rey de España.

Es un gobierno que le grita en la cara al pueblo argentino, a Latinoamérica y al mundo, que l@s patriotas se equivocaron, que son desde el punto de vista histórico, una ofensa para nuestr@s mártires.

Por eso debemos tener unidad, organización, paciencia entre nosotros y nosotras, escuchar para enfrentar a un gobierno que multiplica las ganancias de las empresas, transfiere recursos vía devaluación, aumenta las tarifas y fomenta los salarios a la baja de las grandes empresas. Sólo un dato: en el primer trimestre las 84 empresas que cotizan en bolsa ganaron 796 millones de dólares, la banca el aliado principal de este gobierno y de otros, ganó en el mismo período 389 millones de dólares.

Debemos construir multisectoriales que enfrenten los tarifazos, la falta de trabajo, el recorte a la libertad sindical, defender las empresas recuperadas. Tarea ardua y compleja, pero absolutamente necesaria, que nos pondrá en sintonía con las ideas de la Independencia. La falta de unidad, de compromiso; nos hará responsables del fracaso y la frustración de nuestro pueblo.

COORDINADORA CONTRA LOS TARIFAZOS

Frigorífico INCOB empresa recuperada – CTA Bahía Blanca / Dorrego – SUTEBA – Asociación Argentina de Actores – Unión de Músicos del Sur – Partido del Trabajo y Del Pueblo- – Corriente Comunista Watu – Grupo 83 Solidaridad e Igualdad – Colectivo Pueblo en Lucha – Nuevos Vientos – Partido Comunista Revolucionario – Cardumen – GEN – Centro Cultural La Panadería – FM De la Calle. Adhieren: Los Irrompibles – Comisión de Apoyo a los Juicios.

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11 julio, 2016/por FM De la Calle

“Por tradición los padres llevaban a debutar a sus hijos”

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Educación, Entrevista, Feminismo, Géneros, Inclusión, Judiciales, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) Lo dijo Alika Kinan a FM De la Calle desde Ushuaia horas antes de participar de una jornada de reflexión para analizar si los concursos de belleza o elecciones de reinas son tradición o violencia simbólica. Alika es sobreviviente de una red de trata y milita contra la violencia machista y el tráfico de mujeres y niñas.

“No estoy diciendo que quitemos definitivamente todo tipo de evento. Lo que le propongo a la sociedad es que hagamos un cambio de paradigma (…) que lo que planteemos no sea por una cuestión de belleza”, que representar a tu ciudad sea “un mérito por un desafío o por una cuestión de un trabajo ya realizado”, afirmó.

Kinan cuestionó que hasta el propio Estado impulse estos actos, remarcó que “por tradición también los abuelos y los padres llevaban a debutar a sus hijos y a sus nietos, por tradición las mujeres eran traídas al sur para ser explotadas sexualmente” y dijo basta: “Basta de princesas, basta de reinas, basta de estos estereotipos que son violentos para las mujeres”.

En la capital de Tierra del Fuego como en Bahía Blanca se debaten proyectos de ordenanza que buscan que el Estado desaliente la realización de concursos de belleza. Del encuentro convocado por la Juventud Radical participaron también Verónica Bajo de Acciones Feministas y el concejal fueguino Paulino Rossi.

-Quienes defienden las elecciones de reina dicen que es un golpe bajo pensar la violencia machista y poner a la par un concurso de belleza, ¿qué te parece?

Yo creo que esto es un cambio de paradigma que se está haciendo en nuestra sociedad y por supuesto hay momentos en los que va a haber una convivencia de la violencia machista a lo mejor con un ajuste real o con una política pública como este caso de realizar este cambio.

Van a estar conviviendo un tiempo hasta que nosotros tomemos cartas en el asunto y consigamos abolir este tipo de actividades o de eventos, este tipo de estigmatización que se realiza sobre la mujer, la cual es muy violenta. Los estereotipos ya son violentos para la mujer. Hoy por hoy la simbólica está considerada una forma de violencia y son los cambios que hay que realizar a nivel social, psicológico, en todos porque es algo que culturalmente sabés. Incluso organizaciones y el propio Estado impulsaban este tipo de actividades, tenemos que decir no, basta, basta de princesas, basta de reinas, basta de estos estereotipos que son violentos para las mujeres.

-¿Cómo se está dando el debate sobre el proyecto en Ushuaia?

Hizo mucho ruido en un primer momento, incluso por las propias mujeres, hay que decirlo. Pero también lo hizo cuando fue el cierre de los prostíbulos. Son cosas que a mí no me llaman la atención, cuando nos sentamos a trabajar en este proyecto -que es muy ambicioso- con Paulino, que es mi compañero de trabajo, con quien presentamos muchísimos proyectos y tiene una visión de género que es realmente maravillosa encontrarla con un hombre, le dije: ‘Mirá que con esto te estás metiendo en camisa de once varas, es algo que va a hacer mucho ruido y posiblemente te peguen mucho’. Me dice: ‘Alika yo creo en lo que estoy haciendo, así que considero que es donde hay que estar y en los proyectos que hay que trabajar”. Paulino es concejal y yo no soy nada, yo soy una activista, entonces yo todos los proyectos que trabajo en cuanto a género se los doy a él y él los presenta.

Efectivamente le dieron duro a Paulino pero estaba yo para reforzar todo lo que son los proyectos y para dar realmente las causas legítimas por las cuales estamos pidiendo. Yo no estoy diciendo que quitemos definitivamente todo tipo de evento, no. Lo que le propongo a la sociedad es que hagamos un cambio de paradigma, creemos otra figura, que puedan participar todos, y todas, que esto sea abierto para la comunidad, que lo que planteemos no sea por una cuestión de belleza sino de inteligencia, de capacidades, de trabajo en derechos humanos, que puedan participar los hombres, que participen las mujeres, que creemos otra figura o desafío.

Hoy ir a representar a tu ciudad en un bicentenario, por decirte algo, tiene que ser un mérito por un desafío o por una cuestión de un trabajo ya realizado, no solamente porque sos linda y sos joven podés participar de un evento. No, estamos cerrando, estamos discriminando y estamos creando un estereotipo de quién debe representar la ciudad. No, yo creo que debe estar abierto a todos.

-Aparece el concepto de belleza, quién lo define.

¿Si sos petisa, si sufrís alguna discapacidad, no podés participar? ¿No tenés ningún otro tipo de mérito para representar a tu ciudad? Yo creo que esto a nivel social es gravísimo y apuntamos a revisar estos cambios, son cambios sociales que nos enriquecen y que nos van a favorecer como sociedad más allá de todas las explicaciones y todos los estudios que se han realizado por los cuales son sometidas las mujeres para poder participar de estos concursos de belleza.

No solamente acá en Argentina, donde lo tomamos un poco más ligth, pero en Estados Unidos los antecedentes son tremendos, chicas que las han dejado sin comer, cirugías, las cuestiones del pelo, no poder socializar, no poder tener novio, son muchísimas cuestiones que también las tenemos que analizar y trabajar hacia adentro de nuestra sociedad y decir cómo puede ser que hayamos llegado hasta este punto de violentar a nuestras propias hijas para conseguir una perfección falsa donde no permitimos que se desarrollen otras cualidades que ellas puedan llegar a tener y las convertimos un poco en esa muñequita perfecta que ya es violencia simbólica.

-Como muestra de la falta de argumentos para defender iniciativas de este tipo aparece esto de la tradición como si de por sí fuese algo positivo.

Por tradición también los abuelos y los padres llevaban a debutar a sus hijos y a sus nietos. Por tradición las mujeres eran traídas al sur para ser explotadas sexualmente. O sea, hay tradiciones que realmente son nefastas y no aportan a la sociedad. No nos pueden venir a correr a quienes queremos trabajar en estas temáticas en cuanto a las tradiciones o en cuanto a la cultura porque hay cuestiones que tradicionalmente eran muy violetas y muy terribles para las mujeres.

-Recién mencionabas que este es uno de los proyectos que están trabajando y presentando en el Concejo Deliberante a través de Rossi, ¿qué otras áreas o de qué otras formas están encarando el trabajo en las cuestiones de género y violencia machista?

Presentamos un proyecto -también muy ambicioso, yo no ando con medias tintas-, que es para el acceso a la vivienda. De todas las viviendas municipales que se construyan hay un cinco por ciento para víctimas de trata. Hay otro porcentaje que es el acceso al trabajo para mujeres víctimas de trata. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio para que ellos mismos creen un programa de formación y reinserción laboral para víctimas de trata. Empezamos por la trata porque obviamente es una cuestión mía pero todo esto es ampliable a todo lo que es la violencia de género.

Hace poquitos días lamentablemente tuvimos un femicidio en nuestra provincia que nos conmocionó a todos mucho y nos llevó a organizar reuniones y empezar a trabajar en equipo. Yo había leído hace tiempo un proyecto que no pudo gestarse, no pudo contener su natural evolución por la propia sociedad en Perú y se lo pasé a Paulino. Hablaba de que ningún político, ningún candidato electo, nadie que quisiera postularse en puestos de poder o decisión y que ya tuviera una condena firme por violencia de género pudiera acceder a cargos públicos de decisión. Lo presentamos en el mismo momento porque nos parecía muy emblemático, que dábamos un mensaje claro a la sociedad de que no vamos a dar lugar a violentos y que el Estado no va a ser contenedor de actitudes ni de situaciones violentas. Este también esté generando mucha polémica.

-¿Hay alguien que defienda la posibilidad de que machistas violentos puedan acceder a cargos de decisión?

Defenderlos no lo van a defender porque es algo absolutamente indefendible porque tanto la política como la moral van bastante juntas, van de la mano, y no se van a animar. Pero sí ‘¿A vos te parece? ¿Esto no es anticonstitucional?’ No, lo estudiamos perfectamente, por eso hablamos de condenas, si no podríamos decir cualquiera que tenga una denuncia por violencia de género y no es así porque estaríamos discriminando y estigmatizando.

-Pasa con los represores de la dictadura algo similar cuando son condenados, tendrían que tener, tienen, algún tipo de limitación para participar en cargos de este tipo.

Creo que el ‘tendrían’ tuyo estuvo bien dicho porque alguno se ha filtrado…

-Seguramente. Alika, mencionabas también el cierre de cabarets. Aquí también hay una ordenanza en ese sentido, se cerraron los cabarets formalmente pero nunca se constituyó una comisión de seguimiento, por lo cual es difícil acceder a una valoración de la ejecución de esa normativa aunque también es público que bajo el cierre de persianas u otra modalidad los prostíbulos siguen existiendo y hay algunas causas investigando esa cuestión. ¿En Ushuaia qué resultados tuvo?

Yo soy bastante crítica con esto y muy crítica con el Estado. Cuando desde el feminismo decimos que el Estado es responsable lo decimos por una sencilla razón. El Estado es responsable por una cuestión de acción u omisión, entonces, en muchos de los casos si bien se han cerrado los prostíbulos a través de la Ley de Trata que está muy bien diseñada y muy clara en cuanto a todos sus puntos y cuáles son las políticas públicas a implementar, todas estas políticas públicas por parte del Estado tanto de la gestión pasada como de esta nunca se hicieron efectivas.

La Ley de Trata habla de cierre de los prostíbulos y a posteriori brindar contención y asistencia a las víctimas de trata mediante articulación con el Ministerio de Trabajo para integrarnos, reinsertarnos laboralmente. Esto no se hace. Un acompañamiento psicológico gratuito hacia la víctima. Esto tampoco porque no hay psicólogas ni psicólogos especialistas ni siquiera en violencia de género, menos que menos en trata de personas. Luego, acceso a la vivienda, por eso yo empiezo a presentar estos proyectos junto con Paulino. La ley nos hace de una gran espalda.

No hay políticas públicas, no se trabajan. Vos fijate que incluso por parte del propio Estado que trabaja la trata de personas no se habla de las políticas públicas, se sigue hablando de crear y crear y crear nuevos organismos y contratar nuevas personas pero en ningún momento se habla de las víctimas realmente, las víctimas que ya venimos hace tiempo trabajando, que hemos denunciado, las activistas que han estado insertas en el sistema prostibulario que a lo mejor no tuvieron -mira lo que te voy a decir- la suerte que he tenido yo de haber sido rescatadas de un prostíbulo, como tenemos a la compañera Sonia Sánchez, como Graciela Collantes, Elena Moncada, son grandes activistas y no son tenidas en cuenta en absolutamente nada. No se nos escucha.

En marzo fue reconocida por el Senado de la Nación.

-¿Y por parte de la justicia? En Bahía Blanca algunas causas se terminan perdiendo en discusiones sobre si debe aplicarse la Ley de Trata en el ámbito federal o si hay una facilitación de la prostitución y pasa la causa a nivel provincial y se diluyen las discusiones y las responsabilidades. Como víctima, ¿como ves ese peloteo luego de ser rescatada y teniendo en cuenta la posibilidad que esos proxenetas sigan libremente actuando mientras tu situación no tiene asistencia como lo acabás de plantear?

Esto para nosotras es aberrante, lo he hablado varias veces con el dr. Marcelo Colombo (NdR: titular de Protex). Cuando suceden este tipo de situación de que es explotación sexual o es realmente trata de personas yo me he sentado muchas veces y le he dicho ‘Marcelo no lo podemos permitir porque no se puede dentro de la Ley de Trata’. Es algo que hay que cambiarlo porque está muy bien redactada pero hay algo que falta, que es cuando la víctima a lo mejor lleva bastante tiempo viviendo en una provincia ya se la considera explotación sexual y pierde su condición de delito federal.

La trata es la captación, el traslado y acogimiento de la víctima, entonces es injusto, si fue víctima de trata no debería perder jamás su condición por más que hoy esté viviendo en un departamento o esté sola o acompañada, si no perdemos la esencia de lo que es la ley y no podemos crear la asistencia, que cuesta mucho, todo el sistema de asistencia y acompañamiento hacia la víctima.

Es lamentable que por una cuestión jurídica y cómoda, porque muchas veces las provincias se niegan y tienen gran desconocimiento en asistir a las víctimas. Se niegan porque es todo dinero pero cuanto tiempo estuvieron haciendo uso y abuso de esos cuerpos que estuvieron generando, produciendo dinero tanto para la policía como para los hospitales, como para un montón de organismos que vos decís cómo me hicieron esto, ¿no?

El Estado es responsable.

9 julio, 2016/por FM De la Calle

Lopes: “Se llevaron por delante la democracia”

Bahia Blanca, Judiciales, Noticias, Política

El ex intendente Rodolfo Lopes dijo que le “llama poderosamente la atención” el fallo de la Suprema Corte bonaerense que validó las escuchas telefónicas en las cuales se basó la acusación en su contra por estafa y malversación de fondos cuando estaba al frente de la comuna. El funcionario destituido en 2006 por el Concejo Deliberante había sido sobreseído por el Tribunal de Casación que ahora deberá dictar una nueva sentencia. Sus abogados evalúan apelar ante la Corte Suprema de la Nación.

La causa se había iniciado con la intervención a teléfonos de la ex secretaria Nora Martínez, quien había denunciado amenazas. Un informe sobre algunas de esas grabaciones redactado por el jefe de Operaciones de la DDI, Abel Maggi, señalaba el supuesto manejo irregular de fondos públicos a partir de lo cual la Fiscalía solicitó el monitoreo de las comunicaciones de Lopes.

Según declaró a FM De la Calle el dirigente peronista, aquello fue “una barbaridad, una vergüenza, porque no había absolutamente nada (…) Estoy convencido de que no he cometido ningún delito ni he hecho ninguna cosa que no esté bien, no sabría de qué defenderme. Fueron irrisorias, recuerdo cuando allanaron mi domicilio particular, pensarían que tenía dinero”.

Lopes calificó como “mentores ideológicos” del proceso a “políticos que después se instalaron en la Municipalidad”, muchos de los cuales “están sospechados de un montón de irregularidades, porque hay que observar qué pasó en la Municipalidad con los contratos a posteriori”.

Enumeró “las idas y vueltas” respecto a las líneas de los colectivos, la adjudicación de la obra de la terminal a “una sola firma que el único antecedente que tenía era hacer galpones”, la prórroga del contrato con Altec para la administración de los parquímetros y la rescisión del contrato con Cliba para entregar la recolección de residuos a Covelia.

El médico afirmó tener “conocimiento de reuniones hechas en el Barrio Patagonia, que se hacían a puertas cerradas en la DDI” para urdir una maniobra en la cual “cierto sector de la justicia se confabula o devuelve favores a los políticos”.

“Esto es una cuestión de poder, de esquemas de poder muy pesados, muy fuertes, más allá de los partidos políticos, acá nadie escapa que durante los primeros veinte años de gobierno democrático, antes de que yo llegara a la Municipalidad, había una sociedad tácita entre un sector del radicalismo y un sector metido en el peronismo”, dijo y agregó que “hay un sector que se mete como caballo de Troya en un determinado lugar, hace desmanes, hace desastres, sirve intereses”.

“Larraburu siempre defendió los intereses de los Massot, de La Nueva Provincia. Como defendieron los radicales que estuvieron. Convengamos que Linares no era muy distinto. Había una cuestión de poder político y un poco yo venía a romper ese esquema hegemónico de un sector de poder que manejaba las decisiones y tomá vos y dale a Braulio, como dirían en el campo los paisanos”, sostuvo.

En cuanto a las escuchas ahora validadas por la Corte, Lopes contó: “Me tomé el trabajo de escuchar algunas y en realidad no dicen gran cosa, son personas que hablan, yo a veces hablo más enojado, menos enojado. Yo era consciente de que me estaban usurpando los teléfonos, incluso en el día de hoy, según con quién hablo, por momentos aparece la misma instancia que sufrí durante esos seis meses siendo intendente”.

“Una vergüenza, se llevaron por delante la democracia, estos radicales de cafetín que hay acá creo que si se levanta Yrigoyen los saca a patadas en el traste. Lo mismo con determinado sector del peronismo, simplemente se han dedicado a vivir de la política. Del 83 para acá hay tipos a los que no se le conoce trabajo particular”.

“(Héctor Gay) tuvo un rol fundamental porque se encargó de hacer públicas rápidamente las escuchas para generar el caos y el desorden que se generó y eso significó un impacto en la sociedad de Bahía Blanca muy fuerte. Es un gran responsable, el actual intendente es otro caballo de Troya metido en la democracia. El pueblo lo eligió, que trabaje y que gobierne, y que se calle la boca porque ya no es más locutor”, exigió.

9 julio, 2016/por FM De la Calle

Trata laboral: anularon declaraciones de 11 víctimas

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

Habían sido rescatadas de un campo dedicado a la cosecha de papa. Un tiempo después, fueron citadas por los abogados oficiales de los acusados a ampliar sus testimonios. Los dueños son investigados también por lavado de dinero. Se trata de Carlos Alberto Tassara, Jesús Miguel Agustín Leiva y Miguel Ángel Marrón.

“Con la sola finalidad de echar luz a semejante desaguisado, sólo cabe señalar que la producción de prueba por parte de la defensa configuró una extralimitación de sus facultades”, dijeron los camaristas subrogantes Jorge Ferro y José Triputti al confirmar la decisión de la jueza de primera instancia María Gabriela Marrón que había decretado nulidad de las declaraciones de 11 víctimas de trata.

El tribunal de alzada coincidió parcialmente con el fiscal Alejandro Cantaro y el fiscal ad hoc José Nebbia en que las personas rescatadas de la estancia “La Emilia” -ubicada a 140 kilómetros de Bahía Blanca- testimoniaron en la sede de Santiago del Estero de la Defensoría General de la Nación sin control judicial, sin aviso previo al Ministerio Público, ni asistencia psicológica.

“La nulidad salta a la vista en virtud del artículo 167, inciso 2 del código de forma. El artículo 239 hace recaer en el juez el deber de interrogar a los testigos, y el artículo 212 faculta al fiscal cuando tuviere delegada la investigación conforme el artículo 196 del mismo cuerpo legal”, consignaron los jueces Jorge Ferro y José Mario Tripputi.

Los trabajadores habían sido hallados durante un operativo realizado en marzo de 2015 en el establecimiento rural del Partido de Coronel Suárez. En esa oportunidad, detallaron ante los representantes del Ministerio Público cómo habían sido engañadas, trasladadas y explotadas laboralmente en el campo dedicado a la cosecha de papa y responsabilizaron al dueño. Dos de los acusados -socios y propietarios del predio- permanecieron prófugos durante cuatro meses, en tanto que el imputado a cargo del reclutamiento habría sido el cuadrillero.

Con posterioridad, las víctimas fueron citadas para declarar en Santiago del Estero -a donde habían sido trasladadas ya que eran oriundas de allí- ante la Defensoría. Según las actas, cambiaron el relato y los testimonios fueron contrarios a los que habían prestado durante el procedimiento. Entonces, la defensa presentó esas supuestas ampliaciones para intentar mejorar la situación procesal de los acusados.

Ante esto, la Fiscalía planteó la nulidad de esas declaraciones en un escrito firmado por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, y el fiscal ad hoc de Bahía Blanca, José Nebbia.

Así las cosas, en agosto se amplió la imputación al dueño del campo por el delito de lavado de dinero ya que, a partir de la investigación, “se desprende palmariamente que el activo de esa sociedad proviene (al menos, en parte) de negocios ilícitos”.

En cuanto al patrimonio del primer acusado, se determinó que integra la sociedad ‘Agropecuaria C & V SRL’ desde, al menos, el año 2010, dedicada al cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas, producción de semillas de cultivos agrícolas y cultivo de soja, inscripta en los impuestos a las ganancias de sociedades, ganancia mínima presunta, IVA, etc.

Los fiscales agregaron: “Lo cierto es que explotaba el establecimiento rural (y por tanto a los trabajadores) junto a su socio” con roles diferentes pero con el mismo beneficio sobre las ganancias.

El caso

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en la delegación Tres Arroyos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) que sostenía que en el campo allanado existían personas que estaban siendo explotadas laboralmente. Como consecuencia, en marzo de 2015 se realizó un allanamiento en el predio dedicado a la cosecha de papa y fueron rescatadas las 11 víctimas.

A partir del relevamiento efectuado por el Renatea y la AFIP-Bahía Blanca, se identificó dueño del campo quien, mediante un intermediario y a través de falsas promesas laborales habría engañado y trasladado a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

Los trabajadores vivían en casillas precarias que ellos mismos habían construido con chapas y nylon. No contaban con servicios sanitarios, ni condiciones mínimas de higiene. La comida era provista por el imputado y se les descontaba del salario, que nunca cobraron al igual que el costo del pasaje que utilizaron para trasladarse desde Santiago del Estado. Según su propio relato, las víctimas realizaban jornadas de, aproximadamente, diez horas y debían trabajar sin ningún elemento de protección para las manos, mediante una técnica que los dejaba exhaustos y doloridos.

La Fiscalía contó con la colaboración de la Protex y de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas de la Procuración General de la Nación (DOVIC). La noche del allanamiento, las víctimas recibieron asistencia psicológica y médica en el Hospital Penna.

Fuente: Fiscales. Fotos: NuevoDia Digital.

7 julio, 2016/por FM De la Calle

Para la jueza el crimen de Micaela no fue femicidio

Bahia Blanca, Derechos Humanos, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

La jueza de Garantías Gilda Stemphelet dictó la prisión preventiva de Jonathan Luna, único imputado en la causa que investiga el femicidio de Micaela Ortega, y quitó la agravante por violencia de género.

Para la abogada de la familia de la nena, Fernanda Petersen, tanto el Juzgado como la Fiscalía carecen de perspectiva de género y por eso califican el hecho como “un homicidio agravado por la alevosía dadas las características con las que se ha encontrado el cuerpo. Nadie está mirando cuál fue el origen, por qué se captó a una adolescente de doce años, por qué se la engañó, se utilizó su vulnerabilidad”.

“A Micaela no la mató facebook, lo que la mata es el machismo y lo que la mata es ser mujer”, insistió Petersen al ser consultada por FM De la Calle. Explicó que “el Código Penal dice que para que se considere el femicidio como agravante tiene que haber una situación previa de violencia de género, los padres de Micaela y yo como su letrada consideramos que la captación por las redes sociales tiene como fin una situación de violencia sexual, de violencia física o en el caso de Micaela que fue su muerte”.

“Si bien hoy por hoy procesalmente lo que nos ocupa y lo que nos importaba era el dictado de la prisión preventiva, tenemos otras instancias en las cuales podemos seguir reuniendo toda la prueba que consideremos y las argumentaciones pertinentes para llegar a una elevación a juicio con la calificación de femicidio. No nos parece un dato menor porque consideramos que esto tiene que ver con una falta de mirada, de perspectiva de género de la justicia para con los hechos que se dan sobre las mujeres, niñas o jóvenes”, dijo.

Además, destacó que a “Luna al momento de ser indagado, si bien no declaró, se le leyeron todas las pruebas en su contra y cuál era la figura que se le estaba imputando. Si a futuro pedimos que se cambie la carátula en vez de ser por alevosía que sea femicidio no estaríamos afectando ninguna de las garantías constitucionales de esta persona”.

6 julio, 2016/por FM De la Calle

Casación anuló la absolución de Juan Suris y ordenó un nuevo juicio

Argentina, Bahia Blanca, Judiciales, Noticias, Política

La Sala III aceptó como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas sobre los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” las que originaron esas intercepciones. El empresario Juan Suris se encuentra imputado por comercialización de estupefacientes, junto a otros diez acusados.

Desde la Cámara de Casación Penal, Eduardo Rafael Riggi, Lliana Elana Catucci y Juan Carlos Gemignani, dieron lugar al pedido del fiscal general Ricardo Gustavo Wechsler y anularon el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que había absuelto a un grupo de personas imputadas por comercialización de estupefacientes.

El fiscal Alejandro Cantaro participó en la etapa de instrucción y también, conjuntamente con la fiscala María Cristina Manguera, durante el juicio oral que tuvo como imputados a Juan Ignacio Suris, Guillermo Martín Suris, Sandro Cristian Miranda, Fernando Alexis Bond Stork, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, Martin Cruz Ocampos, Juan Ramón Romero Miranda, Yolanda Corina Jiménez, Tamara Brasilina Jiménez, Gustavo Rodolfo Sequeira y Aníbal Mario Arce.

De este modo, la Cámara anuló el fallo de Beatriz Torterola y Juan Velázquez del Tribunal Oral que habían determinado la nulidad del inicio de la investigación y la intervención de líneas telefónicas de los imputados. Asimismo, apartó de la causa al Tribunal Oral y revalidó el criterio del juez de Instrucción Santiago Ulpiano Martínez, que había sido desestimado por los jueces bahienses.

Los camaristas aceptaron como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas de los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” lo que originó la intervención de las líneas telefónicas. Por el contrario, los magistrados fundamentaron que “no fue aquí un llamado anónimo lo que motorizara el inicio de la causa, sino que fue una persona debidamente individualizada, concretamente un funcionario policial, Subdirector de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (D.D.I.T.D.I.) de Bahía Blanca, con más de veintidós años de antigüedad en la repartición en ese entonces, quien primigeniamente aportara la información que diera origen a esta causa”.

La Cámara destacó que fue “a raíz de las tareas investigativas efectuadas por el personal policial que se pudo determinar que era Juan Ignacio Suris quien se encontraría a cargo de la comercialización de estupefacientes a gran escala; siendo Guillermo Martín Suris su hermano y hombre de confianza”.

“Efectivamente, el juez instructor obró de conformidad a lo normado en los preceptos legales que rigen el curso del proceso, y prestando la debida atención a los estándares fijados tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los establecidos por ésta Sala”, agregó el fallo judicial.

Fuente: fiscales.gob.ar

4 julio, 2016/por FM De la Calle

Tiempo de patotas: crónica de una madrugada agitada

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

(Por lavaca.org) Hoy a la madrugada una patota de 20 personas ingresó a la redacción de Tiempo Argentino, tapió las ventanas y revolvió el edificio. Ante la inacción policial, los trabajadores decidieron reingresar por la fuerza. Comprobaron así que junto a la patota estaba el supuesto dueño del diario, Mariano Martínez Rojas, que los amenazó. Recién entonces la policía ingresó para negociar la salida de Martínez y su banda, y los trabajadores lograron quedarse en la redacción. Una vez más.

Norma había dejado todo impecable. Gabriel, que había ido a ayudarla a limpiar, ya estaba juntando las cosas para irse cuando escuchó un ruido desde abajo. Norma sólo recuerda el tun tun tun de las pisadas por las escaleras. No sabe si fue Gabriel que se apuró a bajar o los cinco encapuchados que al mismo tiempo subían: lo retuvieron y lo sacaron, sin más, del edificio. A Norma, esos mismos cinco tipos la acompañaron a que agarrara su cartera y luego a seguir el mismo camino que Gabriel: afuera, por las buenas o por las malas. “Estaban todos vestidos de negro, encapuchados y con borcegos”, alcanza a recordar, horas después, ya sentada de nuevo en la redacción junto a los trabajadores del diario recuperado otra vez.

¿Qué pensaste que estaba pasando?

“Pensé que eran ladrones”.

Tenía razón.

Los encapuchados

Entre las 12:30 y las 12:40 de este lunes, entre quince y veinte hombres de negro y encapuchados entraron a la redacción de Tiempo Argentino por la puerta que la une con Radio América. Esa puerta estaba tapada con un locker, lo más pesado que encontraron los periodistas para evitar a los intrusos que, sospechaban, podían caer en cualquier momento. La radio ya había sido usurpada por Mariano Martínez Rojas, el autodenominado comprador de parte del Grupo 23, quien también entró hoy al edificio como uno más de los delincuentes.

Desde ese horario hasta las 6 de la mañana, pasó de todo a un ritmo frenético. Primero, los trabajadores se enteraron por Norma y Gabriel que el edificio estaba tomado por Martínez y sus encapuchados, que habían bloqueado las puertas desde adentro y tapado las ventanas. Empezaron a circular los rumores: que llegaron con un cerrajero y abrieron la puerta, que la empleada de la heladería de la esquina vio a ocho “monos” en la puerta esperando la señal de entrar, que la camioneta negra de pocos kilómetros estacionada en la puerta era de Martínez Rojas, que la zona estaba invadida por sus hombres. Con los minutos las hipótesis se irían confirmando.

Como si fuera un mal chiste, llovía a cantaros.

Los trabajadores iban llegando y apuraban la estrategia. Junto a Norma y Nahuel algunos se dirigieron a la Comisaría 31 a radicar la denuncia: unos encapuchados habían entrado al edificio – hasta ese momento, se desconocía que Martínez Rojas también. Y otros se quedaron en la puerta de la redacción de la calle Amenábar, mirando atónitos las ventanas tapadas con diarios (sic) y twitteando y llamando a las cámaras que nunca llegaron.

Y mojándose.

En el medio llegó la policía con el subcomisario Aparicio a cargo del operativo. Según hizo saber el uniformado a lavaca, recibió órdenes de la fiscal Verónica Andrade – Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 1- de “hacer guardia en la puerta del inmueble para evitar que alguien salga con cosas y que no entre más nadie”.

¿Los que salieran serían detenidos?

“No, serán identificados”.

¿Cómo sigue el trámite?

“Mañana a primera hora, la fiscal citó a las partes a la fiscalía”.

¿Quiénes son las partes, quién representa a los que están adentro del edificio?

“No sé. Los trabajadores dicen que responden a un tal Martínez”

Ahora o nunca

De 1 a 3 de la mañana la situación fue desesperante: desde la puerta se oían impactos y estallidos que se adivinaban como destrozos provocados por la patota. Los trabajadores temían, más que por las computadoras, por papeles sensibles de la cooperativa, y también algún elemento personal.

La policía, escasa, custodiaba la puerta. Con la banda sonora de destrozos de fondo, los trabajadores pedían que reaccionara. “Tenemos que tener una orden para entrar”, aducían los efectivos. La fiscal ya había dado una, que iba en el sentido contrario.

En la práctica, entonces, abstraída de la coyuntura, la policía cuidaba que los trabajadores no entraran, y que luego decida la justicia. Con los trabajadores afuera.

A Eduardo Murúa le llevó un cigarrillo entender esta situación. Llegó, mientras varios estaban de la vereda de en frente del edificio mirando a las sombras moverse y respaldándose bajo un techo de la lluvia que azotaba. Murúa, entonces, dio una pitada, y otra, y otra más, tiró el cigarrillo y dijo: “¿Qué hacen? Vengan”.

Cruzamos.

La guardia policial, compuesta por dos agentes, lo siguió con la mirada mientras Murúa encontraba el hueco por donde entrar. Y lo encontró: corrió una reja y empujo una puerta que se abrió hacia arriba, tipo garaje. “¿Qué hacen? Vengan”, por segunda vez.

Entonces se desató un ingreso desaforado de todos los que se habían acercado a la puerta, que así eran invitados a pasar adentro: “Ahora o nunca”.

El cuarto pequeño se fue llenando y pronto quedó chico para la horda; sólo una puerta separaba ahora del resto del edificio, donde estaban los encapuchados, que se hicieron sentir desde adentro.

Siguió entonces un ida y vuelta de golpes a la puerta y a las paredes que, gracias a la arquitectura moderna, se fueron derrumbando. Se abrieron huecos en los que se veía a algunos de los hombres de negro, que se mostraron provocadores: echaron gas matafuegos, amenazaron con “tirar”, mostraron cuchillos e invitaban con la mano a que los trabajadores sigan avanzando.

El mano a mano se paró a tiempo, aunque algunos ya se habían lastimado en el tren de hacer huecos que permitieran echar luz sobre lo que pasaba adentro, quiénes estaban y qué hacían.

A la larga, esa fue la única forma de establecer comunicación con el adentro y lograr que el subcomisario Aparicio se postulara para dialogar con los encapuchados.

“Den gracias que todavía tienen piernas”

La tensión siguió, pero sin violencia. Se acordó que entraran al edificio los policías junto al presidente de la cooperativa, Javier Borelli, y el secretario, Randy Stagnaro. Adentro los esperaban los encapuchados, pero nadie sabía que también estaba el autoproclamado dueño, Mariano Martínez Rojas.

“Den gracias que todavía tienen piernas” y “Los voy a sacar del forro del culo” fueron algunas de las sugestivas frases que tiró un Martínez sacado, según contaron los que estuvieron en la mesa chica. Nada distinto a lo que hace todos los días en su cuenta de Twitter. Todo ante las autoridades policiales, que se apuraron a proponer una solución: los encapuchados y Martínez saldrían, pero los trabajadores también. Y el edificio quedaría vacío, a la espera que la justicia decida quién tiene derecho a ocuparlo.

La respuesta fue inmediata: no.

Los trabajadores, adentro.

Así fue como durante las dos horas de negociación, algunos de los encapuchados eran vistos saltando por los techos de las casas de la cuadra, huyendo como delincuentes. La policía intentó, infructuosamente, tocar timbres, acceder a las viviendas y buscarlos.

Un puñado de los patoteros se quedó junto a Martínez, mientras los trabajadores iban ocupando las sillas donde hacen el diario de cada domingo, preparando mates para recalentarse y prendiendo sus computadoras.

Cerca de las siete de la mañana, Martínez y los encapuchados salieron por la puerta y se fueron, pero por sus propios medios.

La policía libró un acta donde se identificaron todas las personas que entraron golpeando y se fueron corriendo.

¿Cómo sigue esta historia?

Con los trabajadores adentro.

Más imágenes en http://www.lavaca.org/notas/tiempo-de-patotas-cronica-de-una-madrugada-agitada/

4 julio, 2016/por FM De la Calle

Derecho al aborto: se va la sexta

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política, Salud

Ayer se presentó por sexta vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. Impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con el aval de 350 organizaciones y las firmas de 38 diputadas y diputados de diversos bloques de izquierda a derecha. La iniciativa contó con puntos de difusión en varias ciudades del país.

En Bahía Blanca, integrantes de la Campaña y la Colectiva Feminista entregaron volantes frente a la Municipalidad con detalles sobre la norma que plantea que “la práctica se pueda garantizar en el sector público y privado, incluyendo a obras sociales, para que las mujeres o varones trans no sean sometidxs a maternidades forzadas”.

En diálogo con FM De la Calle, Selva Lamtzev explicó que esta vez el proyecto llega con “modificaciones sustanciales en relación a los anteriores y uno de los puntos importantes es que pide la IVE hasta las 14 semanas sin ninguna otra solicitud ni control ni requisito, y para los otros casos que ya estaban contemplados en la ley, de violación, de enfermedad materna o malformación severa, obviamente no tiene otro límite. Es superador del anterior que hablaba hasta las 12 semanas”.

“Creemos que va a requerir de mucha participación, que se sienta que hay una presión popular para que este proyecto salga, lo estamos motorizando desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otros colectivos y organizaciones. Este contexto en particular, con los dichos de Macri -quien dijo defender la vida desde ‘la concepción’ en el Congreso Eucarístico-, es adverso pero es que lo ha sido siempre para este tema, vemos que el consenso social avanza mucho más que lo legal”, dijo la médica.

Lamtzev opinó que “los medios de comunicación en su mayoría tienen una posición bastante tomada o manejan el tema del aborto como tabú o con discursos falsos y malintencionados, por ejemplo de hablar de IVE y ponen en la tele una foto de una embarazada que está prácticamente a término, ese tipo de manipulación no habla de la realidad de las mujeres que día a día deciden interrumpir el embarazo de forma voluntaria. El tema es que en este momento lo tienen que hacer en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida y si esto fuera legal podrían hacerlo en un centro de salud”.

Las cifras oficiales, mencionadas en los argumentos del proyecto, muestran que el Ministerio de Salud de la Nación informó el año pasado que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año” y en 2014 murieron por abortos inseguros 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.

“Las de mayores recursos lo hacen en una clínica privada y las que no, de una forma mucho más precaria que será la que tengan a mano poniendo en riesgo su salud y su vida. Es muy importante proteger los derechos de esas mujeres y está en el marco de la ley no solamente nacional -hay muchas cuestiones relacionadas con el aborto no punible que no se cumplen en la práctica- pero además, si vemos el mapa del aborto a nivel mundial, constatamos de qué tipo de políticas se trata, vemos que en los países llamados centrales o desarrollados en la mayoría el aborto es legal y en los llamados del tercer mundo no lo es y tienen fuertes políticas restrictivas”.

Lamtzev recordó que Macri “cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires vetó la ley del aborto no punible en CABA y desde que ha asumido como presidente hemos visto el vaciamiento de ciertos programas, la reducción de recursos tanto de programas de violencia como de salud sexual y procreación responsable que se encarga fundamentalmente de distribuir métodos anticonceptivos y educar”.

“Existe una disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, lo vemos a Macri intentando congraciarse con Jorge Bergoglio y juega la carta de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos parecía muy preocupante. Hablamos del aborto pero también de que la ley de educación sexual se aplique correctamente y los métodos anticonceptivos existan en toda su disponibilidad para que las mujeres puedan deciidir”, dijo.

Finalmente, destacó que “puede haber una confusión porque la religión oficial es la católica pero nuestro Estado es laico y por lo tanto todas las medidas que deben tomar en cuestiones de derecho y de salud deberían basarse en el principio de beneficio para la mayor parte de la población y no de lo que opine o no la iglesia o si el presidente profesa determinada religión o no”.

Foto: Rolando Andrade.

1 julio, 2016/por FM De la Calle

Nieto 120: La historia de José Luis Maulín Pratto

Argentina, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política

Abuelas de Plaza de Mayo presentó a José Luis Maulín Pratto como un nuevo caso de restitución de identidad, sustraída durante el terrorismo de Estado, y exigió a la Justicia Federal de Santa Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009. José Luis, desde entonces, reclama por distintos medios recuperar su verdadero apellido.

En octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías, miembros de la III Brigada Área de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de una joven pareja. A los golpes, destrozando todo, secuestraron a Rubén Maulín, un trabajador y militante político del PRT, adelante de sus dos hijos pequeños y de su esposa Luisa Pratto, embarazado de cuatro meses. En el mismo operativo se llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schoesting, y otros familiares. Luisa quedó sola con sus dos hijos y su embarazo. Semanas más tarde, su hermana menor, Griselda, llegó de Buenos Aires para ayudarla pero también fue secuestrada.

La historia

Los represores se ensañaron con Luisa: fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora -Cecilia Góngora de Segretín-, evidenciando la premeditación del delito pero, a la vez, dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El bebé fue entregado así al matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a la Fuera Aérea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores lo inscribieron en el Registro Civil con un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino.

Por entonces, Rubén seguía detenido pero ya como preso político. Fueron años de dolor que vivió Luisa. Después del parto y durante mucho tiempo siguió siendo visitada por la misma patota policial que había secuestrado a su marido y hermanos, que la sometía a torturas y abusos sexuales. La abuela de José Luis, Ana Elena, se ocupó de los niños y acompañó a Luisa en el reclamo por su marido y su hijo robado. Cuando Rubén Maulín recuperó su libertad, en 1982, ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por el niño pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que no podían hacer nada.

Las búsquedas

Durante mucho, tiempo Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo pero a fines de los ‘80 una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo. Fue así que decidieron ir a reclamar por él, pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro. A principios de los ‘90, Gisela, la hermana mayor de José Luis escuchó que en su escuela había un niño con el apellido Segretín y se acercó a hablarle, pero el encuentro no prosperó y Cecilia Góngora amenazó a Gisela para obstaculizar la búsqueda.

José Luis en ese entonces ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado, pero los relatos iban variando según las circunstancias y conveniencia. Él desde temprana edad tenía dudas de su identidad, por las diferencias físicas y porque tenía una hermana mayor adoptada. En un primer momento le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial de Segretín y luego se fueron sumando otras versiones, siempre inconsistentes.

En 2008, Luisa y su hermana Griselda hicieron otra declaración ante la justicia, contando nuevamente lo que habían padecido durante el terrorismo de Estado. Después de años de impunidad fue la primera vez que la justicia santafesina aceptó investigar su caso. Para ese momento, ya hacía dos años que muchas víctimas del terrorismo de Estado en la región habían comenzado a dar testimonio en la “Causa Base Aérea”. Luisa dio una nota en una radio de la ciudad y su historia llegó a conocimiento de José, quien se sintió motivado a averiguar sobre su identidad.

El encuentro

En enero de 2009, José Luis tomó coraje y llamó a Luisa para contarle que, según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero, y en abril se presentó a la justicia para reclamar por su identidad. Rápidamente José Luis, Rubén Maulín y Luisa Pratto viajaron a Buenos Aires y realizaron el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos para confirmar su vínculo: era el hijo que durante 32 años habían buscado.

José Luis dice que recuperó a su familia y su familia lo recuperó a él; desde 2009 mantiene una relación estrecha que se fortalece día tras día.

El juicio por su identidad

La semana pasada comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis, en el que están imputadas la apropiadora Cecilia Góngora, y la médica que atendió el parto y firmó el certificado de nacimiento, Elsa Nasatsky de Martino. También estaba acusado el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, quien falleció en diciembre de 2014.

En 2013, Sambuelli ya había sido condenado a 21 años de prisión por los secuestros y torturas a 39 militantes, entre ellos Rubén Maulín –el papá de José Luis– y por la “violación agravada reiterada” de Griselda Pratto –la tía–, en un juicio histórico porque fue el primero en la provincia que juzgó la violencia sexual en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad.

El propio José Luis se acercó el mes pasado hasta el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó una carta para que el juicio se realice lo antes posible. “Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín”, escribió en la primera línea. Y, en una carilla, les contó a los jueces “la congoja y la desdicha de portar una identidad que no es la propia”, y ser víctima de “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, con él y con sus hijos que actualmente tienen 12 y 16 años.

El caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco en los nuevos casos que, gracias a las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), se van incorporando al Banco. Sin embargo, se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiados. Gracias a su valentía y la de familia se lograron reconstruir los hechos que los genocidas intentaron borrar y tergiversar. Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica.

Fuente y fotos: Abuelas de Plaza de Mayo.

29 junio, 2016/por FM De la Calle

Trata: “¿Quiénes son los que están consumiendo esos cuerpos?”

Bahia Blanca, Derechos Humanos, Entrevista, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) La historiadora Valentina Riganti investigó las políticas públicas relacionadas a la explotación sexual y la implementación de tratados internacionales en Bahía Blanca durante la década del 90, cuando el país era gobernado por el menemismo y la ciudad por el linarismo. El Estado municipal, la justicia, la policía y los proxenetas aparecen como actores de una realidad en la cual “la situación de las mujeres que son explotadas sexualmente no se vio modificada”.

Si bien todavía existen dudas o complicidades en el Poder Judicial al aplicar la Ley 26.364 aprobada en 2008 –basta mirar las noticias de esta semana para comprobarlo-, dos décadas atrás la trata de mujeres con fines de explotación sexual se escondía en causas por facilitación de la prostitución o contravenciones.

Riganti plantea que la noción de “facilitación” descarga de responsabilidades al proxeneta y al Estado, el cual actúa como legitimador de una actividad prohibida, condenando la facilitación del hecho y no la explotación sexual. Desde este punto de vista, si una mujer se prostituye y el hombre sólo “facilita” la actividad, la acción ilegal queda ligada a la mujer-prostituta, descartándose la existencia de la coerción como posibilitadora de la explotación y, en ese sentido, marca una continuidad entre esta denominación y el “consentimiento” de la Ley de Trata eliminado en 2012.

En su visita a FM De la Calle la historiadora identificó continuidades y cambios: “Los mecanismos de cooptación, las formas de mantenimiento de las mujeres dentro del sistema prostituyente son siempre más o menos las mismas. Después hay rupturas que tienen que ver con las leyes, la federalización del delito de trata fue un cambio efectivamente aunque tiene muchos límites relacionados más que nada con lo presupuestario”.

Hoy como ayer se repiten factores que abonan la explotación sexual de mujeres y niñas: las dificultades sociales y económicas, los altos niveles de desempleo y pobreza -y en particular la feminización de esta última- y la ubicación geográfica de la ciudad como nodo de comunicaciones y articulación con el sur. “En un caso del ’92 la amenaza constante a las mujeres era ‘las vamos a llevar a Comodoro Rivadavia’, siempre está esa idea de ‘te llevo al sur y ahí ya no te encuentran más'”.

“Bahía Blanca en relación a la economía internacional siempre se planteó en el imaginario, en las representaciones, como una ciudad abierta al mundo, la ciudad puerto, la idea del corredor con el pacífico. Todo este incremento de circulación no solamente de personas sino de recursos sobre todo marca un ambiente favorable para el surgimiento de estas situaciones de clandestinidad”, explicó.

Riganti aclaró que al referirse a la “movilidad de personas e inmigración lo primero que se tiende a pensar es que hay que cerrar todas las fronteras, pero justamente uno de los causantes de esta situación de clandestinidad en que se encuentran las mujeres es la existencia de políticas migratorias muy rígidas. Está demostrado que mientras más flexibles sean, aunque no se levanten los controles pero que las personas tengan posibilidad de tener la ciudadanía, permite que las mujeres salgan más rápidamente de la situación de clandestinidad”.

En cuanto a las políticas nacionales de la década del 90, la investigadora menciona la tarea de las “manzaneras”. “Tenía que ver con entrar a las bases de los barrios, bien comunitario, eran punteras políticas la mayoría -sobre todo las que eran cabeza de la organización- y estaban vinculadas con el partido gobernante del momento. Eso hace que el PJ no pueda decir no estaba enterado de que esto estaba sucediendo. En algunas entrevistas aparece esto de que nosotras sabíamos que había mujeres que estaban en situación de prostitución pero hacíamos lo que podíamos. El problema principal en Bahía Blanca es el desempleo, no la prostitución. Esto siempre nos pasa a las mujeres, lo nuestro es un accesorio que si se puede se cubre y si no no”.

La intendencia de Jaime Linares estableció la libreta sanitaria para las mujeres prostituidas. “El problema fundamental es que muchos proxenetas tenían contactos con médicos y esas libretas aparecían firmadas a pesar de que las mujeres eran adictas, no usaban preservativo, estaban golpeadas todo el tiempo porque la clandestinidad y la explotación sexual hacen que se desarrollen relaciones muy violentas de parte de los proxenetas hacia las mujeres”. Para Riganti, el Estado legitimaba al proxeneta-explotador como “el intermediario que lleva a la mujer al hospital”.

La falta de atención integral de la problemática por parte de la comuna habilitó la intervención de organizaciones de la sociedad civil. Por entonces, Nido era la única que abordaba la violencia de género y por eso fue convocada en el marco del Plan Estratégico junto a Caritas, grupos scouts y otras instituciones de extracción religiosa. La entrevistada destacó que “es importante pensar desde dónde se está generando la política pública, a pesar de que discursivamente se habla de un enfoque de género, en realidad se está hablando desde el punto de vista moral, no es lo mismo a Iglesia Católica que agrupaciones feministas”.

En uno de sus estudios, Riganti concluyó que en Bahía Blanca, “los temas ‘de género’ fueron abordados sin analizar las relaciones de poder que actuaron en el marco de una sociedad patriarcal y capitalista, la cual estaba viviendo una profunda crisis económica y social. Esto respondió a planteos que concebían el lugar de ‘la mujer’ como separado de otros aspectos: así, se compartimentaron las instancias que atravesaban la realidad femenina, contrariamente a lo postulado en los tratados que planteaban la importancia de un enfoque ‘transversal’ de la cuestión de género”.

“El orden de prioridades implícito en la configuración de las políticas municipales -que ubicaron a las mujeres en su dimensión doméstica y maternal como ‘pilar de la familia’ y ‘variable de ajuste’- pudo verse en la distribución de fondos, al mismo tiempo que algunas de las implementadas no estuvieron controladas por el gobierno local y que las instancias ‘cívico-religiosas’ aumentaron su importancia. (…) La insistencia en la cuestión de la explotación sexual de mujeres en los tratados marca que había conocimiento y preocupación por el tema, pero no respuestas por parte de los gobiernos de todos los niveles”.

Cierre de cabarets

Al ser consultada sobre la ordenanza que prohibió el funcionamiento de cabarets y otros locales similares en el partido de Bahía Blanca, Riganti advirtió que “nunca terminó de despegar” el observatorio que debe evaluar su implementación y que la iniciativa “tiene un límite particular que es que lleva a las mujeres a una situación de clandestinidad, en ese sentido favorece la explotación”.

“El otro problema que tiene es que si habilitamos los cabarets es como caer en esta idea de que los proxenetas nos van a ayudar a llevar adelante las cuestiones sanitarias y van a colaborar con nosotros. Eso tampoco está bien, hay muchos límites ahí. Estás hablando directamente de la explotación sexual de mujeres y, por otro lado, las estás llevando a una situación de clandestinidad.

“La forma de manejar eso no es generar un cambio sobre las mujeres o sobre la prostitución sino sobre los prostituyentes. ¿Quiénes son los que están consumiendo esos cuerpos? Esas mujeres están ahí, siendo ofrecidas porque hay alguien que está pagando. ¿Los proxenetas de dónde sacan la plata que después le dan a la policía o a los políticos? Sale de los varones de la sociedad civil. Ahí está el cambio que hay que hacer”, afirmó.

29 junio, 2016/por FM De la Calle

Causa Iglesias: apelarán para saber de qué se trata

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

“Es una discusión que se ha planteado muchas veces que algunos delitos sexuales, que tienen que ver con prostitución, se entiende que los debe juzgar la justicia provincial y cuando estos delitos están estructurados de una forma organizativa y además implican explotación de las personas -casi servidumbre en términos modernos- el delito sexual pasa a ser un delito contra la libertad, entonces es trata de personas y sí debe intervenir la justicia federal”, explicó el fiscal Alejandro Cantaro en relación a la declaración de incompetencia de la jueza Mirta Filipuzzi en una causa contra cuatro proxenetas.

La subrogante del Juzgado Federal Nº1 envió a la justicia ordinaria la investigación sobre el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual.

Cantaro dijo a FM De la Calle que “la jueza entendió que no, que no estaba probada la explotación sino que había casi como una decisión individual, libre, de cada una de las mujeres víctimas y que, por tanto, en todo caso lo único que podría quedar como delito -ni siquiera dice que quede- pero que si hay algo que investigar es esto de facilitar el ejercicio de la prostitución libre e independiente de las mujeres y eso lo debe investigar la justicia provincial”.

Para Filipuzzi la única relación entre las mujeres rescatadas en abril y los imputados “sería de facilitación, les permiten, les dan el lugar donde las mujeres libremente y en forma autónoma hacen sus contactos y después hacen los pases”, no cree “que haya una organización que se aproveche de una situación de vulnerabilidad de las mujeres y las explote de modo tal que se trate de un delito de trata de personas”.

El fiscal afirmó que está probado que “las mujeres que hacían el contacto pasaban detrás de la barra y distribuían dinero con estas personas. Claro, cuando en estos lugares era el ejercicio del comercio prostibulario era más fácil, después cuando toda la justicia empieza a investigar esto las organizaciones se empiezan a extender, ya no hay habitaciones, los pases se hacen fuera, por eso exige mucho más”.

“Hace tiempo (existe) este problema entre cuál de estos dos delitos se dá y quién tiene que investigar. Ahora empieza a tener algunas cuestiones que está bueno que la gente sepa si no pareciera ‘bueno que investigue un juez u otro’. Pero no, resulta que si el juez de provincia al que la jueza federal le manda la causa tiene una opinión contraria, dice que es trata de personas y no acepta el expediente, quien debe resolver cuál de los dos jueces se hace cargo es la Corte Suprema, esto implica una demora increíble”, dijo Cantaro.

La misma Corte resolvió que ante la duda la investigación continúe en manos de la justicia federal. “Tengo la sensación que nosotros continuamos la sumersión de las mujeres que en muchas oportunidades, cuando son entrevistadas por las peritos que manda el Ministerio de Justicia, de rescate de trata de personas, dicen estar involucradas en el círculo prostibulario, algunas, desde que son menores”.

28 junio, 2016/por FM De la Calle

Medios: Declaración de La Pampa

Argentina, Bahia Blanca, Cultura, Derechos Humanos, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política, Radio

(Coalición por una radiodifusión democrática) Aprobada por unanimidad en el Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, en Santa Rosa, 25 de junio de 2016.

Desde la ciudad donde el federalismo comunicacional proclamó dos gritos históricos; contra la exclusión de la ley de la dictadura (2003) y por el derecho cooperativo a la implementación de la Ley 26.522 (2009), la Coalición por una Comunicación Democrática, lanza una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales.

La Coalicion, conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.

Actualizamos de esta manera, un compromiso por valores y principios, y nos encaminamos a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.

Este Encuentro Federal se realiza en coincidencia con el día 179 de vigencia del Decreto 267/15 que esta Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el pasado 8 de abril.

De allí surgió un compromiso público de parte de las nuevas autoridades nacionales de convocar a diversos actores a participar en el proceso de redacción de un anteproyecto denominado como “Ley de las Convergencias” frente a lo cual la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas. En este sentido, valoramos la presencia de orgnizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate y reclamamos que estas consultas incluyan foros federales abiertos y paricipativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional.

Denunciamos la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.

Expresamos nuestra pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector.

Al respecto exigimos plena claridad sobre el punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país. En este punto, sostenemos con firmeza el principio de no regresividad en los derechos ciudadanos, como también lo ha subrayado públicamente la CIDH en relación con el caso argentino.

Hacemos nuestras las expresiones de sectores diversos del campo audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen señalando la urgencia de políticas activas para la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, tal como se manifestó en el reciente Congreso Multisectorial por la Ficción y la Producción Nacional Audiovisual. Allíi se abordó la necesidad de políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, se denunció la injustificada parálisis gubernamental en la conformación de jurados, en la ejecución de fondos afectados, y la falta de pago de compromisos surgidos de la aplicación de políticas de Estado, como los Fondos Concursables para el Cine y la TV, o el FOMECA. En esa línea también el reconocimiento y defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual en todas las plataformas en que se de a la difusión publica de obras musicales, argumentales y literarias, destacando la aplicación del principio de progresividad y no retroceso en los derechos adquiridos ante el anuncio de eventuales modificaciones.

Hacemos nuestra también la denuncia de los trabajadores de prensa de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016, acompañamos este reclamo y manifestamos el consecuente resentimiento que estos hechos implican sobre la libertad de expresión. Resulta central desde esta perspectiva la plena aplicación de los postulados de la ley 26.522 respecto de las cuotas de producción nacional, local, independiente y propia, con espacios informativos obligatorios, incluyendo a la televisión paga como actor fundamental de los servicios audiovisuales.

Respecto del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta, respaldamos la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión, tanto desde la infraestructura y la gestión de frecuencias, como en la transición digital y la disponibilidad de señales en todo el país y bajo las distintas formas de gestión previstas en la legislación de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro debe traducirse en una concreta existencia de estas emisoras, para lo cual reclamamos que el Estado garantice las condiciones para su efectiva concreción. En el mismo sentido exigimos el cumpimiento de las previsiones respecto de las PyMEs del campo audiovisual y de las TICs.

Destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación, así como a las pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las comunitarias, los pueblos originarios, las universidades, las escuelas técnicas, de frontera, los sindicatos, las organizaciones sociales. Por ello, deben ser restablecidas y reconocidas, las regulaciones asimétricas que protejan a estos actores de la competencia despiadada y desigual ante los oligopolios concentrados. En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal. La constitución de empresas de la economía social no debe permanecer centralizada en la Capital Federal, lo que atenta contra principios constitucionales y debe desconcentrarse como factor de promoción del federalismo económico y comunicacional.

La sostenibilidad del nuevo sistema de medios argentino debe contemplar los cambios de las formas de financiamiento y asignación de recursos en cada soporte y actividad. Esto implica, además de la ejecución de políticas de fomento y promoción audiovisuales, una regulación de la publicidad oficial en todas las jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y la regulación y tributación de las plataformas digitales de distribución audiovisual de pago de creciente consumo por parte de las audiencias de nuestro país.

Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores. En este sentido, debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. Para ello resulta indispensable la continuidad de la tarea que viene desempeñando la Defensoría del Público de SCA, solicitando la apertura de delegaciones en todo el país con un sentido federal e inclusivo.

Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.

Vaya entonces desde Santa Rosa, La Pampa, este tercer grito por una comunicación democrática, en todas las plataformas, al servicio del pueblo argentino.

27 junio, 2016/por FM De la Calle

“No queremos que se duerma la causa”

Bahia Blanca, Derechos Humanos, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política, Sin categoría

Fue el principal reclamo de la familia de Katherine Moscoso a un año y un mes de su femicidio. También acudieron a la Municipalidad familiares de Micaela Ortega. Todxs al grito de “Justicia por Mica, por Kathy, por todas”.

“Más que nada para que la causa no se duerma, que se siga investigando y lleguen a fondo. No tiene que quedar en la nada porque Monte es un pueblo muy chico y se están hablando cosas y nosotros no tenemos respuestas y tenemos que andar sufriendo por las cosas que se dicen. Queremos respuestas”, contó Wanda Banegas, prima de Katherine.

En cuanto a la causa, Wanda dijo que “en Bahía estaban trabajando y justo el fiscal se enfermó. Nosotros confiábamos mucho en Christian (Long), ahora queremos respuestas de Mauricio del Cero. A mi abuela le dijo que no íbamos a tener respuestas hasta julio o agosto, nosotros queremos que nos digan que va a pasar y porqué no se puede empezar a imputar a los sospechosos”.

Familiares de Micaela Ortega manifestaron que se convocaron “por todas y cada una de las chicas que fueron víctimas por decir no. Quiero hacer una referencia un poco más triste de lo que todos estamos viviendo y creo que es la indiferencia. Porque la magnitud de la desgracia que nos está tocando vivir y que nos hicieron vivir es muy grande”.

“Y así como es muy grande la desgracia es muy poco el acompañamiento de la gente, somos poquitos por tremendos casos que estamos afrontando y veo que mucha gente que pasa no nos mira, hace oídos sordos a esto y es muy triste”.

“Me gustaría que toda la gente que está viendo se sume, un ratito son cinco minutos, esto le podría pasar a cualquiera de ustedes y es una situación que no se la deseo a nadie porque es lo más triste que le puede pasar a una persona. Quiero hacer saber a los amigos de Kathy que estamos acá compartiendo el dolor porque sabemos de qué se trata. También compartimos un mismo pedido”, concluyó una familiar.

26 junio, 2016/por FM De la Calle

Trata: la jueza se declaró incompetente

Bahia Blanca, Derechos Humanos, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

Mirta Susana Filipuzzi, quien subroga el Juzgado Federal Nº1, se declaró incompetente en la causa contra el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual. La jueza entendió que corresponde la figura de “facilitación de la prostitución” y, por ende, la investigación debería llevarla la justicia ordinaria.

Por otra parte, dictó la falta de mérito por el delito migratorio. Los fiscales Antonio Castaño y Marcelo Colombo (Protex) le reprochan también a Iglesias, García, Gutt y Vargas “haber promovido o facilitado la permanencia en situación migratoria irregular de una de las presuntas víctimas, encontradas la noche del procedimiento con el fin de obtener un beneficio económico a partir de la actividad que ella realizaba”.

Según la Dirección Nacional de Migraciones una de las mujeres rescatadas “tenía su visa de turista vencida y pese a ello, permanecía en la Argentina siendo explotada la actividad económica que practicaba en favor de Alfredo Ismael García y obteniendo por ello sumas de dinero que le permitían permanecer en nuestro territorio”.

La causa

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

La instrucción fiscal comenzó en 2014 a partir de una denuncia anónima en la línea 145 que advertía que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y Salta dentro de camiones de cereales para ser explotadas sexualmente. Habrían sido entregadas por 40 mil pesos a un hombre de unos 40 años, propietario de un prostíbulo en el puerto.

La Protex identificó al acusado, ya había sido imputado por el mismo delito tras el allanamiento en 2012 a su Night Club Kaos. Más de dos años después, otra denuncia al 145 advertía que una piba se habría escapado de Kaos gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. El prostíbulo seguía funcionando encubiertamente y su dueño, Víctor Hugo Iglesias “estaría relacionado con el bar ‘Unión’, que sería administrado por su hermano” Claudio.

Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para la Fiscalía, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, las víctimas rotarían entre ambos boliches y existiría una conexión entre todos los sujetos investigados”.

25 junio, 2016/por FM De la Calle

Piden juicio contra banda que explotaba mujeres en Cat’s

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

El fiscal Alejandro Cantaro solicitó que se enjuicie a tres hombres, dos de ellos hermanos, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El funcionario consideró que existen elementos suficientes para elevar la investigación a juicio oral por la explotación de al menos a cuatro víctimas en el prostíbulo Cat’s que funcionaba en Colón y Sixto Laspiur.

Uno de los imputados habría sido el dueño y encargado del lugar y junto a su hermano habrían alternado las tareas de regenteo. El tercero sería un amigo que habría oficiado de colaborador.

Luego del allanamiento realizado en noviembre de 2015, los tres hombres resultaron detenidos y finalmente, en diciembre procesados por el delito de trata de personas, en su modalidad agravada, por abusar de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación se inició luego de una denuncia anónima realizada en marzo de 2015 en la línea 145, lo que derivó en una serie de medidas para constatar la existencia y funcionamiento de la red. De esta manera, se pudo saber que el lugar funcionaba los domingos, miércoles y jueves desde las 00:00 hasta las 8:00, “evitando los restantes días de la semana para no alertar a la Policía Federal”.

Además, en el lugar se consumían bebidas alcohólicas, había mujeres que conversaban con los hombres que allí asistían y finalmente se realizaban los pases, cuyo valor rondaría los 500 pesos, concretados en un hotel alojamiento llamado “Mesón Sur”.

El fiscal solicitó entonces el allanamiento en el lugar y en la casa del acusado de ser el dueño del prostíbulo. Así, se comprobó que el local estaba ambientado como cabaret, con un caño, tarima, sillones, una barra, luces tenues y con varios ambientes en mal estado y sucios. Además, se secuestró dinero, celulares, cocaína, preservativos, geles íntimos y ropa de mujer.

Por su parte, en la casa del acusado se hallaron preservativos, geles íntimos y una importante cantidad de tarjetas de publicidad del cabaret Cat’s.

En cuanto a la declaración de las víctimas rescatadas, todas detallaron una situación de extrema vulnerabilidad y relataron cómo llevan muchos años dentro del circuito prostibulario, una de ellas incluso desde que era menor de edad.

Algunas de ellas refirieron que aproximadamente tres años atrás concurrían a este lugar para realizar “copas” pero “como ya no estaba permitido”, a la fecha establecían contacto con los ‘clientes’ y los ‘pases’ se concretaban en el hotel alojamiento.

Connivencia política y policial

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

A principios de mes el fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo pidieron el procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. Los acusadores destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas.

24 junio, 2016/por FM De la Calle

Analizan en la UNS juicios en ausencia

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política

La titular de la cátedra de Derecho Penal de la UNS, Graciela Cortázar, dijo a FM De la Calle que junto a un grupo de colegas fueron convocados por la Secretaría de Investigación del atentado a la AMIA para analizar la factibilidad de crear una ley que permita el juzgamiento en ausencia para personas imputadas por delitos de lesa humanidad, terrorismo y crímenes de guerra.

La causa sobre el atentado contra la mutual judía se estancó luego de la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán promovido por el gobierno anterior. “Hay dificultades para poder notificar a los imputados y se encuentra con una parálisis que conmociona al Estado porque es la segunda causa judicial más importante que tiene el país y sin embargo no se encuentran las formas de resolverla, no de lograr siquiera una condena sino poder aportar una verdad sobre lo ocurrido”.

El respeto a las garantías de las personas acusadas es uno de los puntos centrales del estudio. Cortázar explicó que “hay que hacer un análisis en base a los tratados de derechos humanos para ver de qué modo se puede hacer una interpretación que garantice los derechos y sin embargo no nos impida, porque las personas se profuguen, continuar con el proceso. La cuestión está en poder garantizarle a las víctimas y a la sociedad -porque el Estado tiene la obligación- que las causas terminen en un plazo razonable”.

Si bien parten de la necesidad planteada por la causa AMIA, la incorporación del juzgamiento en ausencia “puede venir a resolver muchas cuestiones que tienen que ver con causas o procesos abiertos por los hechos cometidos por la dictadura y se encuentran con algunas personas profugadas. (…) Me parece que en el país hemos tenido y tenemos procesos complejos que requieren contar con herramientas jurídicas especiales”.

Por último, Cortázar destacó que los procesos en ausencia también garantizan a las o los imputados una definición de su situación porque tratándose de crímenes imprescriptibles quedarían encausados “eternamente”. Además las defensas técnicas se “refuerzan mucho para evitar que esto sea una apariencia de debido proceso. (…) Se pone mucho énfasis en las leyes de los otros países y en que tenga la posibilidad el imputado de elegir un defensor y, verificada su voluntad de ausentarse del proceso, continuar con todas las garantías hasta juzgarlo y obtener una sentencia”.

23 junio, 2016/por FM De la Calle

Reinas, camarones y proxenetas

Argentina, Bahia Blanca, Cultura, Derechos Humanos, Educación, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

La presidenta de la Sociedad de Fomento de Ing. White, Andrea Cardone, defendió la continuidad de los concursos de belleza y la elección de la reina nacional del Camarón y Langostino porque si bien “estamos en contra de todo lo que es violencia de género meterlo en este sentido es un golpe bajo”. La concejala Miriam Iantosca propuso que el municipio no participe ni financie estos eventos por su violencia simbólica.

La fomentista aseguró que solicitaron la Banca 25 para presentar su postura en el deliberativo porque “que haya una reina nacional no es capricho nuestro, esta es la número 22, los diputados y senadores de la Nación decretaron esto”. “Cuando la reina viaja va representando a la ciudad de Bahía Blanca y al municipio y en otros lugares nos recibe el intendente, también es un evento cultural”, dijo a FM De la Calle.

Según la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la simbólica es aquella violencia que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

“Con el pensamiento que tienen, tienen que prohibir los desfiles de moda, cerrar las escuelas de modelos, que en las revistas no aparezca la mujer para vender un producto en bombacha o en malla”, se quejó la organizadora.

Cardone aseguró que en la fiesta del Camarón “no nos guiamos ni por medidas, ni por estatura, ni por color de piel, ni color de ojos, ni color de cabello”. Este video del “backstage” la desmiente. Por otra parte, se jactó de actuar diferente a quienes discriminaron a la reina de la Vendimia por estar embarazada: “Hace dos años atrás nuestra reina Sol Díaz después de ser electa quedó embarazada, no se le sacó la corona, sí no viajó, viajó la princesa en su lugar para preservar su embarazo y al otro año se despidió en el escenario mayor con su bebé”.

Dijo que el municipio “no está participando en la elección de la reina” y que el “único aporte” que hizo este año para la fiesta whitense “fue el aporte de los músicos locales”.

“Dentro del jurado siempre participaba el intendente o mandaba alguien en su lugar, en este caso era el delegado, siempre participaron concejales, te puedo nombrar a Ana Civitella. Cuando se hace la elección de la reina se realiza el día sábado, el miércoles anterior todas las postulantes tienen una entrevista donde el jurado las conoce por primera vez, pueden conversar con ellas y tienen una planilla con un montón de cosas que ven no solo la belleza de la que se postula”. Por ejemplo, “se ve la simpatía que pueda tener, cómo se desenvuelve, la parte humana, si es solidaria, un montón de aspectos, no solamente el físico”.

“Cuando las nenas desfilan, en la primer pasada que es en malla, es en malla enteriza para preservar su cuerpo”, contó. ¿Para que lo hacen si quieren preservar el cuerpo? “Porque desde que se hace la elección es eso”, concluyó.

Un proxeneta en la cocina

La Fiesta del Camarón y Langostino es organizada por la Sociedad de Fomento junto a otras instituciones de la localidad portuaria. Entre ellas el Club Huracán, cuyo vicepresidente Víctor Hugo Iglesias será juzgado junto a su hermano y otros tres hombres por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y en otra causa similar tiene un pedido de detención y procesamiento en su contra por parte de la Fiscalía.

El Piraña Iglesias es el encargado de la cocina de la fiesta. “Antiguamente había una empresa que venía desde Mar del Plata a hacerlo. En la gestión de Juan Mosqueira (sic) logramos que estuviera a cargo de gente de White. En manos del Club Huracán y con los cocineros Víctor Hugo y Hugo Iglesias”, publicó Ecodias el 12 de abril. Años antes, como consta en el parte municipal, el propio imputado destacaba los “cinco años seguidos” que llevaba en la función.

Al ser consultada respecto a la imputación contra el vicepresidente del club, Andrea Cardone dijo que “eso lo tiene que decidir la justicia, o sea, uno lo conoce como vecino y tampoco lo podés juzgar de antemano. La justicia tendrá que dar el dictamen final”.

-Víctor Hugo representa al Club Huracán pero hay un montón de gente, nosotros como entidad trabajamos no solamente con el Club Huracán sino con un montón de entidades de Ing. White.

-Que no tienen un vicepresidente procesado por trata.

-Eso lo va a dictaminar la justicia.

-¿Trataron el tema en algún momento?

-No, sinceramente no.

22 junio, 2016/por FM De la Calle