(Por lavaca.org) Hoy a la madrugada una patota de 20 personas ingresó a la redacción de Tiempo Argentino, tapió las ventanas y revolvió el edificio. Ante la inacción policial, los trabajadores decidieron reingresar por la fuerza. Comprobaron así que junto a la patota estaba el supuesto dueño del diario, Mariano Martínez Rojas, que los amenazó. Recién entonces la policía ingresó para negociar la salida de Martínez y su banda, y los trabajadores lograron quedarse en la redacción. Una vez más.

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Norma había dejado todo impecable. Gabriel, que había ido a ayudarla a limpiar, ya estaba juntando las cosas para irse cuando escuchó un ruido desde abajo. Norma sólo recuerda el tun tun tun de las pisadas por las escaleras. No sabe si fue Gabriel que se apuró a bajar o los cinco encapuchados que al mismo tiempo subían: lo retuvieron y lo sacaron, sin más, del edificio. A Norma, esos mismos cinco tipos la acompañaron a que agarrara su cartera y luego a seguir el mismo camino que Gabriel: afuera, por las buenas o por las malas. “Estaban todos vestidos de negro, encapuchados y con borcegos”, alcanza a recordar, horas después, ya sentada de nuevo en la redacción junto a los trabajadores del diario recuperado otra vez.

¿Qué pensaste que estaba pasando?

“Pensé que eran ladrones”.

Tenía razón.

Tiempo Argentino

Los encapuchados

Entre las 12:30 y las 12:40 de este lunes, entre quince y veinte hombres de negro y encapuchados entraron a la redacción de Tiempo Argentino por la puerta que la une con Radio América. Esa puerta estaba tapada con un locker, lo más pesado que encontraron los periodistas para evitar a los intrusos que, sospechaban, podían caer en cualquier momento. La radio ya había sido usurpada por Mariano Martínez Rojas, el autodenominado comprador de parte del Grupo 23, quien también entró hoy al edificio como uno más de los delincuentes.

Desde ese horario hasta las 6 de la mañana, pasó de todo a un ritmo frenético. Primero, los trabajadores se enteraron por Norma y Gabriel que el edificio estaba tomado por Martínez y sus encapuchados, que habían bloqueado las puertas desde adentro y tapado las ventanas. Empezaron a circular los rumores: que llegaron con un cerrajero y abrieron la puerta, que la empleada de la heladería de la esquina vio a ocho “monos” en la puerta esperando la señal de entrar, que la camioneta negra de pocos kilómetros estacionada en la puerta era de Martínez Rojas, que la zona estaba invadida por sus hombres. Con los minutos las hipótesis se irían confirmando.

Como si fuera un mal chiste, llovía a cantaros.

Los trabajadores iban llegando y apuraban la estrategia. Junto a Norma y Nahuel algunos se dirigieron a la Comisaría 31 a radicar la denuncia: unos encapuchados habían entrado al edificio – hasta ese momento, se desconocía que Martínez Rojas también. Y otros se quedaron en la puerta de la redacción de la calle Amenábar, mirando atónitos las ventanas tapadas con diarios (sic) y twitteando y llamando a las cámaras que nunca llegaron.

Y mojándose.

En el medio llegó la policía con el subcomisario Aparicio a cargo del operativo. Según hizo saber el uniformado a lavaca, recibió órdenes de la fiscal Verónica Andrade – Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 1- de “hacer guardia en la puerta del inmueble para evitar que alguien salga con cosas y que no entre más nadie”.

¿Los que salieran serían detenidos?

“No, serán identificados”.

¿Cómo sigue el trámite?

“Mañana a primera hora, la fiscal citó a las partes a la fiscalía”.

¿Quiénes son las partes, quién representa a los que están adentro del edificio?

“No sé. Los trabajadores dicen que responden a un tal Martínez”

Tiempo Argentino

Ahora o nunca

De 1 a 3 de la mañana la situación fue desesperante: desde la puerta se oían impactos y estallidos que se adivinaban como destrozos provocados por la patota. Los trabajadores temían, más que por las computadoras, por papeles sensibles de la cooperativa, y también algún elemento personal.

La policía, escasa, custodiaba la puerta. Con la banda sonora de destrozos de fondo, los trabajadores pedían que reaccionara. “Tenemos que tener una orden para entrar”, aducían los efectivos. La fiscal ya había dado una, que iba en el sentido contrario.

En la práctica, entonces, abstraída de la coyuntura, la policía cuidaba que los trabajadores no entraran, y que luego decida la justicia. Con los trabajadores afuera.

A Eduardo Murúa le llevó un cigarrillo entender esta situación. Llegó, mientras varios estaban de la vereda de en frente del edificio mirando a las sombras moverse y respaldándose bajo un techo de la lluvia que azotaba. Murúa, entonces, dio una pitada, y otra, y otra más, tiró el cigarrillo y dijo: “¿Qué hacen? Vengan”.

Cruzamos.

La guardia policial, compuesta por dos agentes, lo siguió con la mirada mientras Murúa encontraba el hueco por donde entrar. Y lo encontró: corrió una reja y empujo una puerta que se abrió hacia arriba, tipo garaje. “¿Qué hacen? Vengan”, por segunda vez.

Entonces se desató un ingreso desaforado de todos los que se habían acercado a la puerta, que así eran invitados a pasar adentro: “Ahora o nunca”.

El cuarto pequeño se fue llenando y pronto quedó chico para la horda; sólo una puerta separaba ahora del resto del edificio, donde estaban los encapuchados, que se hicieron sentir desde adentro.

Siguió entonces un ida y vuelta de golpes a la puerta y a las paredes que, gracias a la arquitectura moderna, se fueron derrumbando. Se abrieron huecos en los que se veía a algunos de los hombres de negro, que se mostraron provocadores: echaron gas matafuegos, amenazaron con “tirar”, mostraron cuchillos e invitaban con la mano a que los trabajadores sigan avanzando.

El mano a mano se paró a tiempo, aunque algunos ya se habían lastimado en el tren de hacer huecos que permitieran echar luz sobre lo que pasaba adentro, quiénes estaban y qué hacían.

A la larga, esa fue la única forma de establecer comunicación con el adentro y lograr que el subcomisario Aparicio se postulara para dialogar con los encapuchados.

Tiempo Argentino

“Den gracias que todavía tienen piernas”

La tensión siguió, pero sin violencia. Se acordó que entraran al edificio los policías junto al presidente de la cooperativa, Javier Borelli, y el secretario, Randy Stagnaro. Adentro los esperaban los encapuchados, pero nadie sabía que también estaba el autoproclamado dueño, Mariano Martínez Rojas.

“Den gracias que todavía tienen piernas” y “Los voy a sacar del forro del culo” fueron algunas de las sugestivas frases que tiró un Martínez sacado, según contaron los que estuvieron en la mesa chica. Nada distinto a lo que hace todos los días en su cuenta de Twitter. Todo ante las autoridades policiales, que se apuraron a proponer una solución: los encapuchados y Martínez saldrían, pero los trabajadores también. Y el edificio quedaría vacío, a la espera que la justicia decida quién tiene derecho a ocuparlo.

La respuesta fue inmediata: no.

Los trabajadores, adentro.

Así fue como durante las dos horas de negociación, algunos de los encapuchados eran vistos saltando por los techos de las casas de la cuadra, huyendo como delincuentes. La policía intentó, infructuosamente, tocar timbres, acceder a las viviendas y buscarlos.

Un puñado de los patoteros se quedó junto a Martínez, mientras los trabajadores iban ocupando las sillas donde hacen el diario de cada domingo, preparando mates para recalentarse y prendiendo sus computadoras.

Cerca de las siete de la mañana, Martínez y los encapuchados salieron por la puerta y se fueron, pero por sus propios medios.

La policía libró un acta donde se identificaron todas las personas que entraron golpeando y se fueron corriendo.

¿Cómo sigue esta historia?

Con los trabajadores adentro.

Más imágenes en http://www.lavaca.org/notas/tiempo-de-patotas-cronica-de-una-madrugada-agitada/

Ayer se presentó por sexta vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. Impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con el aval de 350 organizaciones y las firmas de 38 diputadas y diputados de diversos bloques de izquierda a derecha. La iniciativa contó con puntos de difusión en varias ciudades del país.

En Bahía Blanca, integrantes de la Campaña y la Colectiva Feminista entregaron volantes frente a la Municipalidad con detalles sobre la norma que plantea que “la práctica se pueda garantizar en el sector público y privado, incluyendo a obras sociales, para que las mujeres o varones trans no sean sometidxs a maternidades forzadas”.

En diálogo con FM De la Calle, Selva Lamtzev explicó que esta vez el proyecto llega con “modificaciones sustanciales en relación a los anteriores y uno de los puntos importantes es que pide la IVE hasta las 14 semanas sin ninguna otra solicitud ni control ni requisito, y para los otros casos que ya estaban contemplados en la ley, de violación, de enfermedad materna o malformación severa, obviamente no tiene otro límite. Es superador del anterior que hablaba hasta las 12 semanas”.

1 aborto

“Creemos que va a requerir de mucha participación, que se sienta que hay una presión popular para que este proyecto salga, lo estamos motorizando desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otros colectivos y organizaciones. Este contexto en particular, con los dichos de Macri -quien dijo defender la vida desde ‘la concepción’ en el Congreso Eucarístico-, es adverso pero es que lo ha sido siempre para este tema, vemos que el consenso social avanza mucho más que lo legal”, dijo la médica.

Lamtzev opinó que “los medios de comunicación en su mayoría tienen una posición bastante tomada o manejan el tema del aborto como tabú o con discursos falsos y malintencionados, por ejemplo de hablar de IVE y ponen en la tele una foto de una embarazada que está prácticamente a término, ese tipo de manipulación no habla de la realidad de las mujeres que día a día deciden interrumpir el embarazo de forma voluntaria. El tema es que en este momento lo tienen que hacer en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida y si esto fuera legal podrían hacerlo en un centro de salud”.

Las cifras oficiales, mencionadas en los argumentos del proyecto, muestran que el Ministerio de Salud de la Nación informó el año pasado que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año” y en 2014 murieron por abortos inseguros 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.

“Las de mayores recursos lo hacen en una clínica privada y las que no, de una forma mucho más precaria que será la que tengan a mano poniendo en riesgo su salud y su vida. Es muy importante proteger los derechos de esas mujeres y está en el marco de la ley no solamente nacional -hay muchas cuestiones relacionadas con el aborto no punible que no se cumplen en la práctica- pero además, si vemos el mapa del aborto a nivel mundial, constatamos de qué tipo de políticas se trata, vemos que en los países llamados centrales o desarrollados en la mayoría el aborto es legal y en los llamados del tercer mundo no lo es y tienen fuertes políticas restrictivas”.

2 abortoLamtzev recordó que Macri “cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires vetó la ley del aborto no punible en CABA y desde que ha asumido como presidente hemos visto el vaciamiento de ciertos programas, la reducción de recursos tanto de programas de violencia como de salud sexual y procreación responsable que se encarga fundamentalmente de distribuir métodos anticonceptivos y educar”.

“Existe una disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, lo vemos a Macri intentando congraciarse con Jorge Bergoglio y juega la carta de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos parecía muy preocupante. Hablamos del aborto pero también de que la ley de educación sexual se aplique correctamente y los métodos anticonceptivos existan en toda su disponibilidad para que las mujeres puedan deciidir”, dijo.

Finalmente, destacó que “puede haber una confusión porque la religión oficial es la católica pero nuestro Estado es laico y por lo tanto todas las medidas que deben tomar en cuestiones de derecho y de salud deberían basarse en el principio de beneficio para la mayor parte de la población y no de lo que opine o no la iglesia o si el presidente profesa determinada religión o no”.

Foto: Rolando Andrade.

Abuelas de Plaza de Mayo presentó a José Luis Maulín Pratto como un nuevo caso de restitución de identidad, sustraída durante el terrorismo de Estado, y exigió a la Justicia Federal de Santa Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009. José Luis, desde entonces, reclama por distintos medios recuperar su verdadero apellido.

En octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías, miembros de la III Brigada Área de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de una joven pareja. A los golpes, destrozando todo, secuestraron a Rubén Maulín, un trabajador y militante político del PRT, adelante de sus dos hijos pequeños y de su esposa Luisa Pratto, embarazado de cuatro meses. En el mismo operativo se llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schoesting, y otros familiares. Luisa quedó sola con sus dos hijos y su embarazo. Semanas más tarde, su hermana menor, Griselda, llegó de Buenos Aires para ayudarla pero también fue secuestrada.

La historia

CmJjJAsWIAEGVPsLos represores se ensañaron con Luisa: fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora -Cecilia Góngora de Segretín-, evidenciando la premeditación del delito pero, a la vez, dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El bebé fue entregado así al matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a la Fuera Aérea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores lo inscribieron en el Registro Civil con un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino.

Por entonces, Rubén seguía detenido pero ya como preso político. Fueron años de dolor que vivió Luisa. Después del parto y durante mucho tiempo siguió siendo visitada por la misma patota policial que había secuestrado a su marido y hermanos, que la sometía a torturas y abusos sexuales. La abuela de José Luis, Ana Elena, se ocupó de los niños y acompañó a Luisa en el reclamo por su marido y su hijo robado. Cuando Rubén Maulín recuperó su libertad, en 1982, ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por el niño pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que no podían hacer nada.

Las búsquedas

Durante mucho, tiempo Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo pero a fines de los ‘80 una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo. Fue así que decidieron ir a reclamar por él, pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro. A principios de los ‘90, Gisela, la hermana mayor de José Luis escuchó que en su escuela había un niño con el apellido Segretín y se acercó a hablarle, pero el encuentro no prosperó y Cecilia Góngora amenazó a Gisela para obstaculizar la búsqueda.

José Luis en ese entonces ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado, pero los relatos iban variando según las circunstancias y conveniencia. Él desde temprana edad tenía dudas de su identidad, por las diferencias físicas y porque tenía una hermana mayor adoptada. En un primer momento le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial de Segretín y luego se fueron sumando otras versiones, siempre inconsistentes.

En 2008, Luisa y su hermana Griselda hicieron otra declaración ante la justicia, contando nuevamente lo que habían padecido durante el terrorismo de Estado. Después de años de impunidad fue la primera vez que la justicia santafesina aceptó investigar su caso. Para ese momento, ya hacía dos años que muchas víctimas del terrorismo de Estado en la región habían comenzado a dar testimonio en la “Causa Base Aérea”. Luisa dio una nota en una radio de la ciudad y su historia llegó a conocimiento de José, quien se sintió motivado a averiguar sobre su identidad.

El encuentro

CmJulEJWIAEkUm9En enero de 2009, José Luis tomó coraje y llamó a Luisa para contarle que, según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero, y en abril se presentó a la justicia para reclamar por su identidad. Rápidamente José Luis, Rubén Maulín y Luisa Pratto viajaron a Buenos Aires y realizaron el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos para confirmar su vínculo: era el hijo que durante 32 años habían buscado.

José Luis dice que recuperó a su familia y su familia lo recuperó a él; desde 2009 mantiene una relación estrecha que se fortalece día tras día.

El juicio por su identidad

La semana pasada comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis, en el que están imputadas la apropiadora Cecilia Góngora, y la médica que atendió el parto y firmó el certificado de nacimiento, Elsa Nasatsky de Martino. También estaba acusado el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, quien falleció en diciembre de 2014.

En 2013, Sambuelli ya había sido condenado a 21 años de prisión por los secuestros y torturas a 39 militantes, entre ellos Rubén Maulín –el papá de José Luis– y por la “violación agravada reiterada” de Griselda Pratto –la tía–, en un juicio histórico porque fue el primero en la provincia que juzgó la violencia sexual en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad.

El propio José Luis se acercó el mes pasado hasta el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó una carta para que el juicio se realice lo antes posible. “Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín”, escribió en la primera línea. Y, en una carilla, les contó a los jueces “la congoja y la desdicha de portar una identidad que no es la propia”, y ser víctima de “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, con él y con sus hijos que actualmente tienen 12 y 16 años.

El caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco en los nuevos casos que, gracias a las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), se van incorporando al Banco. Sin embargo, se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiados. Gracias a su valentía y la de familia se lograron reconstruir los hechos que los genocidas intentaron borrar y tergiversar. Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica.

Fuente y fotos: Abuelas de Plaza de Mayo.

(Por Mauro Llaneza) La historiadora Valentina Riganti investigó las políticas públicas relacionadas a la explotación sexual y la implementación de tratados internacionales en Bahía Blanca durante la década del 90, cuando el país era gobernado por el menemismo y la ciudad por el linarismo. El Estado municipal, la justicia, la policía y los proxenetas aparecen como actores de una realidad en la cual “la situación de las mujeres que son explotadas sexualmente no se vio modificada”.

Si bien todavía existen dudas o complicidades en el Poder Judicial al aplicar la Ley 26.364 aprobada en 2008 –basta mirar las noticias de esta semana para comprobarlo-, dos décadas atrás la trata de mujeres con fines de explotación sexual se escondía en causas por facilitación de la prostitución o contravenciones.

Riganti plantea que la noción de “facilitación” descarga de responsabilidades al proxeneta y al Estado, el cual actúa como legitimador de una actividad prohibida, condenando la facilitación del hecho y no la explotación sexual. Desde este punto de vista, si una mujer se prostituye y el hombre sólo “facilita” la actividad, la acción ilegal queda ligada a la mujer-prostituta, descartándose la existencia de la coerción como posibilitadora de la explotación y, en ese sentido, marca una continuidad entre esta denominación y el “consentimiento” de la Ley de Trata eliminado en 2012.

En su visita a FM De la Calle la historiadora identificó continuidades y cambios: “Los mecanismos de cooptación, las formas de mantenimiento de las mujeres dentro del sistema prostituyente son siempre más o menos las mismas. Después hay rupturas que tienen que ver con las leyes, la federalización del delito de trata fue un cambio efectivamente aunque tiene muchos límites relacionados más que nada con lo presupuestario”.

Hoy como ayer se repiten factores que abonan la explotación sexual de mujeres y niñas: las dificultades sociales y económicas, los altos niveles de desempleo y pobreza -y en particular la feminización de esta última- y la ubicación geográfica de la ciudad como nodo de comunicaciones y articulación con el sur. “En un caso del ’92 la amenaza constante a las mujeres era ‘las vamos a llevar a Comodoro Rivadavia’, siempre está esa idea de ‘te llevo al sur y ahí ya no te encuentran más'”.

“Bahía Blanca en relación a la economía internacional siempre se planteó en el imaginario, en las representaciones, como una ciudad abierta al mundo, la ciudad puerto, la idea del corredor con el pacífico. Todo este incremento de circulación no solamente de personas sino de recursos sobre todo marca un ambiente favorable para el surgimiento de estas situaciones de clandestinidad”, explicó.

Riganti aclaró que al referirse a la “movilidad de personas e inmigración lo primero que se tiende a pensar es que hay que cerrar todas las fronteras, pero justamente uno de los causantes de esta situación de clandestinidad en que se encuentran las mujeres es la existencia de políticas migratorias muy rígidas. Está demostrado que mientras más flexibles sean, aunque no se levanten los controles pero que las personas tengan posibilidad de tener la ciudadanía, permite que las mujeres salgan más rápidamente de la situación de clandestinidad”.

En cuanto a las políticas nacionales de la década del 90, la investigadora menciona la tarea de las “manzaneras”. “Tenía que ver con entrar a las bases de los barrios, bien comunitario, eran punteras políticas la mayoría -sobre todo las que eran cabeza de la organización- y estaban vinculadas con el partido gobernante del momento. Eso hace que el PJ no pueda decir no estaba enterado de que esto estaba sucediendo. En algunas entrevistas aparece esto de que nosotras sabíamos que había mujeres que estaban en situación de prostitución pero hacíamos lo que podíamos. El problema principal en Bahía Blanca es el desempleo, no la prostitución. Esto siempre nos pasa a las mujeres, lo nuestro es un accesorio que si se puede se cubre y si no no”.

sirenaLa intendencia de Jaime Linares estableció la libreta sanitaria para las mujeres prostituidas. “El problema fundamental es que muchos proxenetas tenían contactos con médicos y esas libretas aparecían firmadas a pesar de que las mujeres eran adictas, no usaban preservativo, estaban golpeadas todo el tiempo porque la clandestinidad y la explotación sexual hacen que se desarrollen relaciones muy violentas de parte de los proxenetas hacia las mujeres”. Para Riganti, el Estado legitimaba al proxeneta-explotador como “el intermediario que lleva a la mujer al hospital”.

La falta de atención integral de la problemática por parte de la comuna habilitó la intervención de organizaciones de la sociedad civil. Por entonces, Nido era la única que abordaba la violencia de género y por eso fue convocada en el marco del Plan Estratégico junto a Caritas, grupos scouts y otras instituciones de extracción religiosa. La entrevistada destacó que “es importante pensar desde dónde se está generando la política pública, a pesar de que discursivamente se habla de un enfoque de género, en realidad se está hablando desde el punto de vista moral, no es lo mismo a Iglesia Católica que agrupaciones feministas”.

En uno de sus estudios, Riganti concluyó que en Bahía Blanca, “los temas ‘de género’ fueron abordados sin analizar las relaciones de poder que actuaron en el marco de una sociedad patriarcal y capitalista, la cual estaba viviendo una profunda crisis económica y social. Esto respondió a planteos que concebían el lugar de ‘la mujer’ como separado de otros aspectos: así, se compartimentaron las instancias que atravesaban la realidad femenina, contrariamente a lo postulado en los tratados que planteaban la importancia de un enfoque ‘transversal’ de la cuestión de género”.

“El orden de prioridades implícito en la configuración de las políticas municipales -que ubicaron a las mujeres en su dimensión doméstica y maternal como ‘pilar de la familia’ y ‘variable de ajuste’- pudo verse en la distribución de fondos, al mismo tiempo que algunas de las implementadas no estuvieron controladas por el gobierno local y que las instancias ‘cívico-religiosas’ aumentaron su importancia. (…) La insistencia en la cuestión de la explotación sexual de mujeres en los tratados marca que había conocimiento y preocupación por el tema, pero no respuestas por parte de los gobiernos de todos los niveles”.

Cierre de cabarets

diaboloAl ser consultada sobre la ordenanza que prohibió el funcionamiento de cabarets y otros locales similares en el partido de Bahía Blanca, Riganti advirtió que “nunca terminó de despegar” el observatorio que debe evaluar su implementación y que la iniciativa “tiene un límite particular que es que lleva a las mujeres a una situación de clandestinidad, en ese sentido favorece la explotación”.

“El otro problema que tiene es que si habilitamos los cabarets es como caer en esta idea de que los proxenetas nos van a ayudar a llevar adelante las cuestiones sanitarias y van a colaborar con nosotros. Eso tampoco está bien, hay muchos límites ahí. Estás hablando directamente de la explotación sexual de mujeres y, por otro lado, las estás llevando a una situación de clandestinidad.

“La forma de manejar eso no es generar un cambio sobre las mujeres o sobre la prostitución sino sobre los prostituyentes. ¿Quiénes son los que están consumiendo esos cuerpos? Esas mujeres están ahí, siendo ofrecidas porque hay alguien que está pagando. ¿Los proxenetas de dónde sacan la plata que después le dan a la policía o a los políticos? Sale de los varones de la sociedad civil. Ahí está el cambio que hay que hacer”, afirmó.

“Es una discusión que se ha planteado muchas veces que algunos delitos sexuales, que tienen que ver con prostitución, se entiende que los debe juzgar la justicia provincial y cuando estos delitos están estructurados de una forma organizativa y además implican explotación de las personas -casi servidumbre en términos modernos- el delito sexual pasa a ser un delito contra la libertad, entonces es trata de personas y sí debe intervenir la justicia federal”, explicó el fiscal Alejandro Cantaro en relación a la declaración de incompetencia de la jueza Mirta Filipuzzi en una causa contra cuatro proxenetas.

La subrogante del Juzgado Federal Nº1 envió a la justicia ordinaria la investigación sobre el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual.

Cantaro dijo a FM De la Calle que “la jueza entendió que no, que no estaba probada la explotación sino que había casi como una decisión individual, libre, de cada una de las mujeres víctimas y que, por tanto, en todo caso lo único que podría quedar como delito -ni siquiera dice que quede- pero que si hay algo que investigar es esto de facilitar el ejercicio de la prostitución libre e independiente de las mujeres y eso lo debe investigar la justicia provincial”.

Para Filipuzzi la única relación entre las mujeres rescatadas en abril y los imputados “sería de facilitación, les permiten, les dan el lugar donde las mujeres libremente y en forma autónoma hacen sus contactos y después hacen los pases”, no cree “que haya una organización que se aproveche de una situación de vulnerabilidad de las mujeres y las explote de modo tal que se trate de un delito de trata de personas”.

El fiscal afirmó que está probado que “las mujeres que hacían el contacto pasaban detrás de la barra y distribuían dinero con estas personas. Claro, cuando en estos lugares era el ejercicio del comercio prostibulario era más fácil, después cuando toda la justicia empieza a investigar esto las organizaciones se empiezan a extender, ya no hay habitaciones, los pases se hacen fuera, por eso exige mucho más”.

“Hace tiempo (existe) este problema entre cuál de estos dos delitos se dá y quién tiene que investigar. Ahora empieza a tener algunas cuestiones que está bueno que la gente sepa si no pareciera ‘bueno que investigue un juez u otro’. Pero no, resulta que si el juez de provincia al que la jueza federal le manda la causa tiene una opinión contraria, dice que es trata de personas y no acepta el expediente, quien debe resolver cuál de los dos jueces se hace cargo es la Corte Suprema, esto implica una demora increíble”, dijo Cantaro.

La misma Corte resolvió que ante la duda la investigación continúe en manos de la justicia federal. “Tengo la sensación que nosotros continuamos la sumersión de las mujeres que en muchas oportunidades, cuando son entrevistadas por las peritos que manda el Ministerio de Justicia, de rescate de trata de personas, dicen estar involucradas en el círculo prostibulario, algunas, desde que son menores”.

(Coalición por una radiodifusión democrática) Aprobada por unanimidad en el Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, en Santa Rosa, 25 de junio de 2016.

Desde la ciudad donde el federalismo comunicacional proclamó dos gritos históricos; contra la exclusión de la ley de la dictadura (2003) y por el derecho cooperativo a la implementación de la Ley 26.522 (2009), la Coalición por una Comunicación Democrática, lanza una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales.

La Coalicion, conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.

Actualizamos de esta manera, un compromiso por valores y principios, y nos encaminamos a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.

Este Encuentro Federal se realiza en coincidencia con el día 179 de vigencia del Decreto 267/15 que esta Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el pasado 8 de abril.

De allí surgió un compromiso público de parte de las nuevas autoridades nacionales de convocar a diversos actores a participar en el proceso de redacción de un anteproyecto denominado como “Ley de las Convergencias” frente a lo cual la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas. En este sentido, valoramos la presencia de orgnizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate y reclamamos que estas consultas incluyan foros federales abiertos y paricipativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional.

Denunciamos la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.

Expresamos nuestra pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector.

Al respecto exigimos plena claridad sobre el punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país. En este punto, sostenemos con firmeza el principio de no regresividad en los derechos ciudadanos, como también lo ha subrayado públicamente la CIDH en relación con el caso argentino.

Hacemos nuestras las expresiones de sectores diversos del campo audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen señalando la urgencia de políticas activas para la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, tal como se manifestó en el reciente Congreso Multisectorial por la Ficción y la Producción Nacional Audiovisual. Allíi se abordó la necesidad de políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, se denunció la injustificada parálisis gubernamental en la conformación de jurados, en la ejecución de fondos afectados, y la falta de pago de compromisos surgidos de la aplicación de políticas de Estado, como los Fondos Concursables para el Cine y la TV, o el FOMECA. En esa línea también el reconocimiento y defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual en todas las plataformas en que se de a la difusión publica de obras musicales, argumentales y literarias, destacando la aplicación del principio de progresividad y no retroceso en los derechos adquiridos ante el anuncio de eventuales modificaciones.

Hacemos nuestra también la denuncia de los trabajadores de prensa de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016, acompañamos este reclamo y manifestamos el consecuente resentimiento que estos hechos implican sobre la libertad de expresión. Resulta central desde esta perspectiva la plena aplicación de los postulados de la ley 26.522 respecto de las cuotas de producción nacional, local, independiente y propia, con espacios informativos obligatorios, incluyendo a la televisión paga como actor fundamental de los servicios audiovisuales.

Respecto del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta, respaldamos la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión, tanto desde la infraestructura y la gestión de frecuencias, como en la transición digital y la disponibilidad de señales en todo el país y bajo las distintas formas de gestión previstas en la legislación de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro debe traducirse en una concreta existencia de estas emisoras, para lo cual reclamamos que el Estado garantice las condiciones para su efectiva concreción. En el mismo sentido exigimos el cumpimiento de las previsiones respecto de las PyMEs del campo audiovisual y de las TICs.

Destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación, así como a las pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las comunitarias, los pueblos originarios, las universidades, las escuelas técnicas, de frontera, los sindicatos, las organizaciones sociales. Por ello, deben ser restablecidas y reconocidas, las regulaciones asimétricas que protejan a estos actores de la competencia despiadada y desigual ante los oligopolios concentrados. En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal. La constitución de empresas de la economía social no debe permanecer centralizada en la Capital Federal, lo que atenta contra principios constitucionales y debe desconcentrarse como factor de promoción del federalismo económico y comunicacional.

La sostenibilidad del nuevo sistema de medios argentino debe contemplar los cambios de las formas de financiamiento y asignación de recursos en cada soporte y actividad. Esto implica, además de la ejecución de políticas de fomento y promoción audiovisuales, una regulación de la publicidad oficial en todas las jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y la regulación y tributación de las plataformas digitales de distribución audiovisual de pago de creciente consumo por parte de las audiencias de nuestro país.

Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores. En este sentido, debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. Para ello resulta indispensable la continuidad de la tarea que viene desempeñando la Defensoría del Público de SCA, solicitando la apertura de delegaciones en todo el país con un sentido federal e inclusivo.

Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.

Vaya entonces desde Santa Rosa, La Pampa, este tercer grito por una comunicación democrática, en todas las plataformas, al servicio del pueblo argentino.

Fue el principal reclamo de la familia de Katherine Moscoso a un año y un mes de su femicidio. También acudieron a la Municipalidad familiares de Micaela Ortega. Todxs al grito de “Justicia por Mica, por Kathy, por todas”.

“Más que nada para que la causa no se duerma, que se siga investigando y lleguen a fondo. No tiene que quedar en la nada porque Monte es un pueblo muy chico y se están hablando cosas y nosotros no tenemos respuestas y tenemos que andar sufriendo por las cosas que se dicen. Queremos respuestas”, contó Wanda Banegas, prima de Katherine.

En cuanto a la causa, Wanda dijo que “en Bahía estaban trabajando y justo el fiscal se enfermó. Nosotros confiábamos mucho en Christian (Long), ahora queremos respuestas de Mauricio del Cero. A mi abuela le dijo que no íbamos a tener respuestas hasta julio o agosto, nosotros queremos que nos digan que va a pasar y porqué no se puede empezar a imputar a los sospechosos”.

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Familiares de Micaela Ortega manifestaron que se convocaron “por todas y cada una de las chicas que fueron víctimas por decir no. Quiero hacer una referencia un poco más triste de lo que todos estamos viviendo y creo que es la indiferencia. Porque la magnitud de la desgracia que nos está tocando vivir y que nos hicieron vivir es muy grande”.

“Y así como es muy grande la desgracia es muy poco el acompañamiento de la gente, somos poquitos por tremendos casos que estamos afrontando y veo que mucha gente que pasa no nos mira, hace oídos sordos a esto y es muy triste”.

“Me gustaría que toda la gente que está viendo se sume, un ratito son cinco minutos, esto le podría pasar a cualquiera de ustedes y es una situación que no se la deseo a nadie porque es lo más triste que le puede pasar a una persona. Quiero hacer saber a los amigos de Kathy que estamos acá compartiendo el dolor porque sabemos de qué se trata. También compartimos un mismo pedido”, concluyó una familiar.

Mirta Susana Filipuzzi, quien subroga el Juzgado Federal Nº1, se declaró incompetente en la causa contra el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual. La jueza entendió que corresponde la figura de “facilitación de la prostitución” y, por ende, la investigación debería llevarla la justicia ordinaria.

Por otra parte, dictó la falta de mérito por el delito migratorio. Los fiscales Antonio Castaño y Marcelo Colombo (Protex) le reprochan también a Iglesias, García, Gutt y Vargas “haber promovido o facilitado la permanencia en situación migratoria irregular de una de las presuntas víctimas, encontradas la noche del procedimiento con el fin de obtener un beneficio económico a partir de la actividad que ella realizaba”.

Según la Dirección Nacional de Migraciones una de las mujeres rescatadas “tenía su visa de turista vencida y pese a ello, permanecía en la Argentina siendo explotada la actividad económica que practicaba en favor de Alfredo Ismael García y obteniendo por ello sumas de dinero que le permitían permanecer en nuestro territorio”.

La causa

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

La instrucción fiscal comenzó en 2014 a partir de una denuncia anónima en la línea 145 que advertía que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y Salta dentro de camiones de cereales para ser explotadas sexualmente. Habrían sido entregadas por 40 mil pesos a un hombre de unos 40 años, propietario de un prostíbulo en el puerto.

La Protex identificó al acusado, ya había sido imputado por el mismo delito tras el allanamiento en 2012 a su Night Club Kaos. Más de dos años después, otra denuncia al 145 advertía que una piba se habría escapado de Kaos gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. El prostíbulo seguía funcionando encubiertamente y su dueño, Víctor Hugo Iglesias “estaría relacionado con el bar ‘Unión’, que sería administrado por su hermano” Claudio.

Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para la Fiscalía, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, las víctimas rotarían entre ambos boliches y existiría una conexión entre todos los sujetos investigados”.

El fiscal Alejandro Cantaro solicitó que se enjuicie a tres hombres, dos de ellos hermanos, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El funcionario consideró que existen elementos suficientes para elevar la investigación a juicio oral por la explotación de al menos a cuatro víctimas en el prostíbulo Cat’s que funcionaba en Colón y Sixto Laspiur.

Uno de los imputados habría sido el dueño y encargado del lugar y junto a su hermano habrían alternado las tareas de regenteo. El tercero sería un amigo que habría oficiado de colaborador.

Luego del allanamiento realizado en noviembre de 2015, los tres hombres resultaron detenidos y finalmente, en diciembre procesados por el delito de trata de personas, en su modalidad agravada, por abusar de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación se inició luego de una denuncia anónima realizada en marzo de 2015 en la línea 145, lo que derivó en una serie de medidas para constatar la existencia y funcionamiento de la red. De esta manera, se pudo saber que el lugar funcionaba los domingos, miércoles y jueves desde las 00:00 hasta las 8:00, “evitando los restantes días de la semana para no alertar a la Policía Federal”.

Además, en el lugar se consumían bebidas alcohólicas, había mujeres que conversaban con los hombres que allí asistían y finalmente se realizaban los pases, cuyo valor rondaría los 500 pesos, concretados en un hotel alojamiento llamado “Mesón Sur”.

El fiscal solicitó entonces el allanamiento en el lugar y en la casa del acusado de ser el dueño del prostíbulo. Así, se comprobó que el local estaba ambientado como cabaret, con un caño, tarima, sillones, una barra, luces tenues y con varios ambientes en mal estado y sucios. Además, se secuestró dinero, celulares, cocaína, preservativos, geles íntimos y ropa de mujer.

Por su parte, en la casa del acusado se hallaron preservativos, geles íntimos y una importante cantidad de tarjetas de publicidad del cabaret Cat’s.

En cuanto a la declaración de las víctimas rescatadas, todas detallaron una situación de extrema vulnerabilidad y relataron cómo llevan muchos años dentro del circuito prostibulario, una de ellas incluso desde que era menor de edad.

Algunas de ellas refirieron que aproximadamente tres años atrás concurrían a este lugar para realizar “copas” pero “como ya no estaba permitido”, a la fecha establecían contacto con los ‘clientes’ y los ‘pases’ se concretaban en el hotel alojamiento.

Connivencia política y policial

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

A principios de mes el fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo pidieron el procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. Los acusadores destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas.

La titular de la cátedra de Derecho Penal de la UNS, Graciela Cortázar, dijo a FM De la Calle que junto a un grupo de colegas fueron convocados por la Secretaría de Investigación del atentado a la AMIA para analizar la factibilidad de crear una ley que permita el juzgamiento en ausencia para personas imputadas por delitos de lesa humanidad, terrorismo y crímenes de guerra.

La causa sobre el atentado contra la mutual judía se estancó luego de la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán promovido por el gobierno anterior. “Hay dificultades para poder notificar a los imputados y se encuentra con una parálisis que conmociona al Estado porque es la segunda causa judicial más importante que tiene el país y sin embargo no se encuentran las formas de resolverla, no de lograr siquiera una condena sino poder aportar una verdad sobre lo ocurrido”.

El respeto a las garantías de las personas acusadas es uno de los puntos centrales del estudio. Cortázar explicó que “hay que hacer un análisis en base a los tratados de derechos humanos para ver de qué modo se puede hacer una interpretación que garantice los derechos y sin embargo no nos impida, porque las personas se profuguen, continuar con el proceso. La cuestión está en poder garantizarle a las víctimas y a la sociedad -porque el Estado tiene la obligación- que las causas terminen en un plazo razonable”.

Si bien parten de la necesidad planteada por la causa AMIA, la incorporación del juzgamiento en ausencia “puede venir a resolver muchas cuestiones que tienen que ver con causas o procesos abiertos por los hechos cometidos por la dictadura y se encuentran con algunas personas profugadas. (…) Me parece que en el país hemos tenido y tenemos procesos complejos que requieren contar con herramientas jurídicas especiales”.

Por último, Cortázar destacó que los procesos en ausencia también garantizan a las o los imputados una definición de su situación porque tratándose de crímenes imprescriptibles quedarían encausados “eternamente”. Además las defensas técnicas se “refuerzan mucho para evitar que esto sea una apariencia de debido proceso. (…) Se pone mucho énfasis en las leyes de los otros países y en que tenga la posibilidad el imputado de elegir un defensor y, verificada su voluntad de ausentarse del proceso, continuar con todas las garantías hasta juzgarlo y obtener una sentencia”.

La presidenta de la Sociedad de Fomento de Ing. White, Andrea Cardone, defendió la continuidad de los concursos de belleza y la elección de la reina nacional del Camarón y Langostino porque si bien “estamos en contra de todo lo que es violencia de género meterlo en este sentido es un golpe bajo”. La concejala Miriam Iantosca propuso que el municipio no participe ni financie estos eventos por su violencia simbólica.

La fomentista aseguró que solicitaron la Banca 25 para presentar su postura en el deliberativo porque “que haya una reina nacional no es capricho nuestro, esta es la número 22, los diputados y senadores de la Nación decretaron esto”. “Cuando la reina viaja va representando a la ciudad de Bahía Blanca y al municipio y en otros lugares nos recibe el intendente, también es un evento cultural”, dijo a FM De la Calle.

Según la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la simbólica es aquella violencia que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

“Con el pensamiento que tienen, tienen que prohibir los desfiles de moda, cerrar las escuelas de modelos, que en las revistas no aparezca la mujer para vender un producto en bombacha o en malla”, se quejó la organizadora.

Cardone aseguró que en la fiesta del Camarón “no nos guiamos ni por medidas, ni por estatura, ni por color de piel, ni color de ojos, ni color de cabello”. Este video del “backstage” la desmiente. Por otra parte, se jactó de actuar diferente a quienes discriminaron a la reina de la Vendimia por estar embarazada: “Hace dos años atrás nuestra reina Sol Díaz después de ser electa quedó embarazada, no se le sacó la corona, sí no viajó, viajó la princesa en su lugar para preservar su embarazo y al otro año se despidió en el escenario mayor con su bebé”.

Dijo que el municipio “no está participando en la elección de la reina” y que el “único aporte” que hizo este año para la fiesta whitense “fue el aporte de los músicos locales”.

“Dentro del jurado siempre participaba el intendente o mandaba alguien en su lugar, en este caso era el delegado, siempre participaron concejales, te puedo nombrar a Ana Civitella. Cuando se hace la elección de la reina se realiza el día sábado, el miércoles anterior todas las postulantes tienen una entrevista donde el jurado las conoce por primera vez, pueden conversar con ellas y tienen una planilla con un montón de cosas que ven no solo la belleza de la que se postula”. Por ejemplo, “se ve la simpatía que pueda tener, cómo se desenvuelve, la parte humana, si es solidaria, un montón de aspectos, no solamente el físico”.

“Cuando las nenas desfilan, en la primer pasada que es en malla, es en malla enteriza para preservar su cuerpo”, contó. ¿Para que lo hacen si quieren preservar el cuerpo? “Porque desde que se hace la elección es eso”, concluyó.

Un proxeneta en la cocina

iglesias camaronLa Fiesta del Camarón y Langostino es organizada por la Sociedad de Fomento junto a otras instituciones de la localidad portuaria. Entre ellas el Club Huracán, cuyo vicepresidente Víctor Hugo Iglesias será juzgado junto a su hermano y otros tres hombres por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y en otra causa similar tiene un pedido de detención y procesamiento en su contra por parte de la Fiscalía.

El Piraña Iglesias es el encargado de la cocina de la fiesta. “Antiguamente había una empresa que venía desde Mar del Plata a hacerlo. En la gestión de Juan Mosqueira (sic) logramos que estuviera a cargo de gente de White. En manos del Club Huracán y con los cocineros Víctor Hugo y Hugo Iglesias”, publicó Ecodias el 12 de abril. Años antes, como consta en el parte municipal, el propio imputado destacaba los “cinco años seguidos” que llevaba en la función.

Al ser consultada respecto a la imputación contra el vicepresidente del club, Andrea Cardone dijo que “eso lo tiene que decidir la justicia, o sea, uno lo conoce como vecino y tampoco lo podés juzgar de antemano. La justicia tendrá que dar el dictamen final”.

-Víctor Hugo representa al Club Huracán pero hay un montón de gente, nosotros como entidad trabajamos no solamente con el Club Huracán sino con un montón de entidades de Ing. White.

-Que no tienen un vicepresidente procesado por trata.

-Eso lo va a dictaminar la justicia.

-¿Trataron el tema en algún momento?

-No, sinceramente no.

La directora del programa de Investigación del Área de Educación, Investigación y Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, Samanta Salvatori, participó del ciclo de Encuentros “Memoria, Derechos Humanos y Educación” y brindó una charla sobre “La Construcción de la Memoria y las formas de participar en el aula”. Antes de su exposición en la actividad convocada en el marco de la Licenciatura en Ciencias de la Educación visitó el estudio Heinrich y Loyola de la FM De la Calle.

Salvatori comentó que vino a la ciudad para  “contar la experiencia que llevamos adelante en la Comisión por la Memoria, a partir del programa Jóvenes y Memoria que hace años que se viene desarrollando en las escuelas y con organizaciones sociales y poder comprender qué es esto de educar en la memoria, de reflexionar qué entendemos por memoria, no como algo anclado en el pasado sino a partir de ese mandato que tuvo la escuela desde un principio, del deber de memoria, poder desentrañar eso y qué ha pasado todos estos años desde el período posterior a la dictadura militar”.

La dictadura “caló hondo en la educación pero también hubo muchas resistencias y eso es interesante de indagar, cuando trabajamos con docentes en las capacitaciones emergen esas situaciones de resistencia, de cómo hacían para poder dialogar con los jóvenes, presentarles otra mirada. Si no nos quedamos solamente con esa implantación de un modelo económico, la implantación de un sistema en la educación”, afirmó.

La investigadora recordó que “al principio muchos de los trabajos tenían que ver con recuperar estas historias del pasado, siempre contraponiendo relatos. Después las temáticas fueron ampliándose, más allá de la intervención que hicimos como institución para proponer nuevos temas porque nos parecía que había que empezar a hablar de algunas cuestiones, se hablaba de la dictadura pero no se hablaba de la violencia política”.

“Pero también hubo una emergencia de temas que tienen que ver con lo que fue atravesando a los jóvenes, la violencia policial, la violencia en distintas instituciones del Estado, en la escuela, las interpretaciones que ellos hacen sobre el sistema educativo, los barrios, qué sucede en el barrio, muchos de los trabajos indagan en cómo se construye desde la sociedad ese Otro somos nosotros en este barrio, y también la incorporación de organizaciones sociales -ahora están participando desde Envión Bahía Blanca- hace que esos temas vayan emergiendo y se vayan fortaleciendo en el programa”, agregó.

También el plantel docente se renovó: “Muchos son jóvenes y a veces no conocen qué sucedió durante la dictadura militar, por ahí tienen 22 o 23 años y empiezan a estar frente a alumnos. Cómo abordar el tema, a veces en las capacitaciones decimos ‘pero todavía no saben qué pasó, cuál fue el modelo económico de la dictadura militar’. Les querés contar todo. Llevamos adelante una capacitación en distintas instancias en el programa para no solamente pensar en la información que se necesita para abordar el tema sino también de qué manera podemos formarnos en nuestra tarea de formar a los jóvenes, plantearnos una crítica sobre lo que estamos haciendo (…) y de qué manera es la práctica docente porque muchas veces es transmitir el conocimiento y no, lo que promovemos es la reflexión en torno a ese conocimiento”.

Foto: Sandra Della Giustina.

(Por Mauro Llaneza) El procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White fue solicitado por la fiscalía federal. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

El fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo, destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas. Iglesias es un hombre del presidente de la Liga del Sur, Dámaso Larraburu. Supo militar la frustrada candidatura a la intendencia del dirigente peronista y muestra con orgullo su foto con dos que tuvieron mejor suerte: los diputados nacionales Gustavo Bevilacqua y Sergio Massa.

iglesias +aVarios de los hombres investigados son ex integrantes de la Prefectura Naval expulsados por cuestiones disciplinarias y aún tienen contactos en esa u otras fuerzas de seguridad que los mantienen al tanto de los movimientos judiciales y allanamientos. El imputado Eduardo “Moisés” Gutt es actualmente ayudante de primera entre el personal subalterno de la Prefectura Bahía Blanca y advirtió a Beto García que la situación se estaba poniendo “peligrosa”. La exclusión de esa dependencia y su reemplazo por prefectos de Zona Mar Norte, Mar del Plata y Quequén permitió que la madrugada del viernes 15 de abril pudiesen ser rescatadas siete mujeres en el Bar Brodway y cuatro en El Gran Chaparral.

García también se mantiene informado por el policía bonaerense Marcelo de la Rosa a quien alguna vez le pidió que actúe contra El Gran Chaparral, ubicado en la playa de camiones cercana al Triángulo, porque las “fiestas” del restaurante de Martín Vargas le quitaban prostituyentes. Muchos clientes solían ver el cierre de las persianas del local sentados en sus mesas, las luces bajaban, la música subía y los machos estallaban en “aplausos, silbidos y una especie de aliento”. Los cuerpos y la compañía de las “mozas” pasaban a ser vendidos mediante “copas”, bebidas que las mujeres compran al dueño para revender más caras y quedarse con la diferencia.

chaparralllLuego de la clausura de El Gran Burlesque en Torres 4091, edificio del Piraña Iglesias, los investigadores dieron con una “cumbre” de proxenetas en la cual acordaron variar la modalidad del delito para no ser descubiertos e incorporaron a ex miembros de Prefectura como personal de seguridad. Miguel Ángel “Sapo” Álvarez de Diábolo y José Gabriel Contreras de Las Vegas participaron del encuentro con los miembros de la red denunciada por la Fiscalía.

Varios de ellos están procesados en otras causas y a la espera del juicio oral -como Iglesias- aunque la justicia nunca aceptó mantenerlos en prisión preventiva a pesar del riesgo de fuga y el comprobado entorpecimiento de la instrucción mediante presiones contra las víctimas.

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La investigación concluyó que todas las mujeres rescatadas atraviesan situaciones de pobreza, violencia familiar, son único sostén de familia, madres de varios hijos e hijas menores de edad, inclusive con discapacidades físicas, o tienen parientes mayores enfermos, a quienes deben asistir, padres ausentes (suyos y de sus hijas e hijos), provienen del circuito prostibulario, vivieron circunstancias muy violentas, y no cuentan con estudios secundarios ni ninguna otra alternativa económica viable. “Allá es mierda”, dijo una de las víctimas sobre su país.

Dicha vulnerabilidad “facilita la captación -denominada actualmente ‘captación blanda’- como asimismo, mantener a la persona damnificada en la condición de explotación, asegurándose” los tratantes “no ser delatados y a consecuencia de ello, garantizar su impunidad”.

Muchas de las mujeres rescatadas no se reconocen como víctimas, según los fiscales, “por miedo a represalias por parte de traficantes, contra ellas mismas o sus familiares, trauma, vergüenza, temor al rechazo de su familia al regresar o de la sociedad, falta de confianza o autoestima y falta de información sobre la asistencia disponible”. Ellas vieron que los imputados no fueron detenidos por la jueza Mirta Susana Filipuzzi.

La licenciada en psicología María Victoria Burgos detectó en las víctimas “un vínculo patológico y dependiente con los tratantes, o que tendería a encubrirlos, mostrando enojo y molestia ante la intervención judicial y la interrupción del funcionamiento del que forman parte”.

“¿Se puede ser libre para decidir cuando se encuentran quebrantados los derechos más elementales del ser humano?”, preguntó la referente local de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas Silvina Pasquaré.

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El 13 de febrero de 2014 un llamado anónimo denunció en la línea 145 que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y Salta dentro de camiones de cereales para ser explotadas sexualmente. Habrían sido entregadas por 40 mil pesos a un hombre de unos 40 años, propietario de un prostíbulo en el puerto.

La Protex identificó al acusado, ya había sido imputado por el mismo delito tras el allanamiento en 2012 a su Night Club Kaos. Más de dos años después, otra denuncia al 145 advertía que una piba se habría escapado de Kaos gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. El prostíbulo seguía funcionando encubiertamente y su dueño, Víctor Hugo Iglesias “estaría relacionado con el bar ‘Unión’, que sería administrado por su hermano” Claudio.

iglesias hIglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para la Fiscalía, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, las víctimas rotarían entre ambos boliches y existiría una conexión entre todos los sujetos investigados”.

Una de las mujeres rescatadas en abril dijo que una amiga le pidió que “nunca se meta con Víctor Hugo Iglesias y compañía, alias Los Pirañas, que son muy bravos, que son muy peligrosos, con la droga, no sé, ha tenido chicas encerradas, prostituyéndose”. Otra había “trabajado” en Kaos con un Víctor Hugo: “Él sí las amenazaba, se quedaba con todo el dinero de los pases. Eso hace como seis años atrás, cuando recién llegó de Paraguay. Víctor Hugo si veía una chica que no trabajaba la trataba mal, era re loco, venía y les decía por qué no trabajaban. Arriba de la casa de Víctor Hugo tenía piezas, allí vivió durante cuatro años. En esas habitaciones se hacían los pases. Eso fue más o menos de 2009 a 2013”.

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“¿Por qué las mujeres insisten en jurar no saber nada? ¿No puede aparecer como indicador de la posición dominante e influencia negativa que ejerce el tratante que ellas lo llamen “señor”, “patrón” o “el dueño”? ¿Será por vergüenza que intentan convencernos falsamente que tienen novio (de los cuales no recuerdan sus datos personales) y que por eso han dejado de practicar intercambios sexuales por dinero?”, plantearon los fiscales Castaño y Colombo.

Y agregaron: “¿No es raro que alguien salga solo a tomar algo a un bar de esas características, instalado a la vera de la ruta, dejando a sus hijos durmiendo sin nadie que los cuide, únicamente para divertirse, sin ganar dinero? ¿Es solamente casualidad que todas las entrevistadas hayan tenido una vinculación anterior con el circuito prostibulario bahiense, presenciando inclusive otros procedimientos judiciales? ¿Por qué dicen haber concurrido por esa sola vez, cuando las hemos visto antes, junto a los proxenetas? ¿No debe resultar llamativo que, por ejemplo, la supuesta moza “P” mantenga el mismo discurso que el tratante?”.

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Alfredo Ismael “Beto” García se defendió en la indagatoria diciendo que su negocio “contaba con la habilitación municipal” y que tenía las “obligaciones fiscales en regla”. Dijo que se dedica al “servicio de bar y sanguchería” y que la acusación “infundada” provino de enemigos de Prefectura. Pidió una audiencia en la Municipalidad y se quejó por ser “injustamente perseguido”.

brodwayIglesias ofreció como prueba de su inocencia las grabaciones de las cámaras ubicadas frente a su hotel aunque el fiscal la descartó por los contactos clandestinos que el imputado tenía en el Sistema de Prevención y Vigilancia por Imágenes “que le brindaban protección y aseguraban su impunidad”.

“A mí solo me rompe las bolas, me manda a decir ‘Víctor te vieron que saliste con un fierro’, ‘Víctor te vieron que saliste con un palo'”, le dijo Iglesias telefónicamente a un hombre no identificado quien le contaba que “el de las cámaras”, “el hermano de Martín”, se lavaba las manos y no lo ayudaba.

Eduardo Gutt admitió su amistad de tres décadas con Beto García, a quien conoció en la Prefectura y apuntó también a oficiales de Inteligencia de dicha fuerza con quienes tiene “mala relación”. Alias Moisés advertía sobre los allanamientos a García y este a Iglesias. Para los fiscales “violó todas las normas de secreto que regulan la actividad pública convirtiéndose en un cómplice primario del delito de trata de personas”.

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“Ninguna duda queda a esta altura que tanto en el Bar Brodway de propiedad de Alfredo Ismael García, como así también en El Gran Chaparral de propiedad de Martín Vargas, desde un tiempo desconocido hasta la fecha en que se practicó el procedimiento de registro, detención y secuestro, se cometió el delito descripto supra, habida cuenta que allí se explotaban sexualmente mujeres, las que previamente fueron captadas a través del circuito prostibulario que funciona en este medio, y a consecuencia de lo expuesto, se enriquecieron ilícitamente con el dinero preveniente de dichos intercambios sexuales ajenos. Para ello se valieron de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, haciendo de dicho abuso una actividad habitual”.

“Los bares o restaurantes no eran más que la forma de intentar disimular los prostíbulos, siendo las mujeres que se ofrecían o vendían allí el motivo por el cual acudía la clientela. Una clientela muy especial: casi exclusivamente formada por camioneros”, dijeron Castaño y Colombo.

La causa está a cargo del Juzgado Federal Nº1, sin titular desde la jubilación de Alcindo Álvarez Canale cuatro años atrás. En el Nº2 fue nombrada en febrero de 2015 Gabriela Marrón, de licencia hasta octubre de 2017 para acompañar el traslado laboral a Cuba de su marido. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi ordenó como subrogante los allanamientos de abril y pidió más pruebas para detener a los imputados. Está de licencia. Héctor Plou, titular del Juzgado Federal de Junín, debe resolver el pedido de los fiscales para procesar y dictar la prisión preventiva de los tratantes. Además de sus propios expedientes y los de Bahía Blanca fue designado hasta el 30 de noviembre en otra sede judicial en Santa Rosa. Intentó renunciar a esa responsabilidad pero el Consejo de la Magistratura no se lo permitió.

(Por Mauro Llaneza) El juez Jorge Ferro se refirió ayer en FM De la Calle a los fallos que firmó como integrante de la Cámara de Apelaciones bahiense en los cuales se aceptaron las recusaciones planteadas por las defensas de represores que son investigados en la ciudad contra Alejo Ramos Padilla, subrogante del Juzgado Federal Nº1 hasta su renuncia el 31 de diciembre de 2015.

“Los actos que dictó mientras estuvo a cargo del juzgado quedan vigentes”, aclaró y agregó, contradiciendo lo escrito en el fallo Delaico que ilustra esta nota, que las quejas fueron declaradas “abstractas” y por ende, no analizaron los cuestionamientos contra el juez que firmó en Bahía Blanca alrededor de 80 procesamientos contra represores de las fuerzas armadas y de seguridad y de Triple A.

Por otra parte, comentó por qué votó por la confirmación de la falta de mérito que benefició al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y adelantó que en agosto podría comenzar el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad.

Desde Mar del Plata, Ferro aseguró que “cuando estas causas llegan a la Cámara Federal, la sala que integro con el dr. Triputti y creo con el dr. Velázquez, resolvemos que las recusaciones del dr. Ramos Padilla caen en abstracto precisamente porque él ya no es juez subrogante en Bahía Blanca. Por cuestiones técnicas, no obstante esa declaración en abstracto, dejamos vigentes los autos que el dr. Ramos Padilla había dictado como tal durante su permanencia como juez, las causas no se retrotraen, lo que ocurre es que a partir de ahora van a tener un nuevo juez que va a ser designado por el Consejo de la Magistratura”.

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Extracto fallo Delaico.

Los defensores calificaron a Ramos Padilla como un “juez militante” y cuestionaron que haya sido “director de Derechos Humanos, que participó como querellante en causas de lesa humanidad mientras estuvo cumpliendo funciones como abogado en La Plata e intervino en muchos juicios” y que al subrogar el juzgado local “esa supuesta forma de actuar o ejercer ese derecho de defensa de los querellantes podía influir en su ánimo parcial”.

Sin embargo, Ferro aseguró: “Eso nosotros no lo tratamos porque entendemos que ya al haber renunciado a su cargo de juez ya no tiene sentido analizar las pretensiones de los abogados defensores porque precisamente caen en abstracto”.

deaico padilla

Extracto fallo Delaico.

El camarista reprochó al juez renunciado el haberse excusado en causas de lesa en su juzgado original pero no en nuestra ciudad: “El tema de la uniformidad del plan criminal ya como miembros del tribunal oral lo hemos dicho en tres juicios ahí en Bahía Blanca, entonces decimos si las causas de lesa humanidad actúan de una forma en Dolores tienen que actuar de la misma forma en Bahía Blanca”.

La falta de mérito de Massot

Al ser consultado sobre la falta de mérito otorgada al empresario Vicente Massot por el abogado Claudio Pontet en el marco de la causa que investiga la participación de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado, Ferro aseguró que la Cámara confirmó la resolución porque “no hay ningún tipo de elementos que lo convaliden al señor Vicente Massot como participante de los casos de Heinrich y Loyola en el año 76, 77”.

“Al menos está acreditado por ahora que él vivía en Buenos Aires, que estaba en Buenos Aires y que solo ocasionalmente viajaba a Bahía Blanca. Distinto es el caso de la madre (Diana Julio) y del hermano fallecido (Federico Massot) que ellos estaban en Bahía Blanca y manejaban de manera directa el diario La Nueva Provincia”, dijo.

Massot fue acusado por la Fiscalía de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario.

Según el magistrado, las negociaciones con el Sindicato de Ártes Gráficas que conducían los obreros asesinados estaban a cargo de Federico y “un señor que en este momento no recuerdo el apellido, ¿puede ser Gabrielli?”. Insistió en considerar probada la permanencia del actual director de la empresa en Capital Federal durante el conflicto gremial.

-¿Y las actas de delegación de la gestión de Federico a Vicente?

Porque él no estaba en Bahía Blanca. Él tiene perfectamente acreditado que durante esos períodos estuvo permanentemente en Buenos Aires.

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Acta LNP, 16/9/75.

-¿El acta de la propia empresa no dice lo contrario?

No, el acta ante escribano dice que él puede manejar las negociaciones sindicales, como que estaría facultado, pero no dice que él las llevó a cabo.

-Hablan de por lo menos dos ocasiones en que estuvo cara a cara con Heinrich y Loyola.

Por eso le digo, el acta dice, pero hasta este momento no está acreditado que él participó de esas reuniones en el ámbito del diario, hasta lo que surge ahora. Por eso confirmamos la falta de mérito y si la parte de la Fiscalía profundiza investigaciones y logra acreditar lo que ellos dicen otro puede ser el resultado.

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Acta LNP 28/9/75.

-¿Y en relación a la acción psicológica que ustedes habían ordenado investigar?

Bueno, la acción psicológica era manejada por las autoridades del diario en ese momento que eran la señora, la madre, y el hijo que falleció.

-Eso está probado pero no lo de Vicente…

Eso sí, pero no lo de Vicente Massot.

-Ustedes dicen en algún momento que la empresa es usada por las fuerzas armadas, casi como víctima de los terroristas de Estado…

No, lo que decimos es que el diario La Nueva Provincia en ese interín sirvió como acción psicológica porque lo expresaba el propio Adel Vilas en su declaración indagatoria. Lo que ocurre es que el diario en ese momento estaba dirigido por la señora de Massot y por el hijo que estaba en Bahía Blanca. El señor Vicente Massot por lo que surge en el expediente hasta este momento no tuvo nunca injerencia o poder de decisión en ese diario, aparte tenía si mal no recuerdo creo que 19 o 20 años.

Próximo juicio

Como presidente del Tribunal Oral subrogante de Bahía Blanca, Ferro informó que “está en pleno camino el cuarto juicio” por crímenes de lesa humanidad. Las partes están aportando sus pruebas, “tenían un plazo de diez días, creo que van a pedir otra ampliación y si todo ocurre normalmente calculo que en el mes de agosto empezaríamos con las audiencias orales. Es un plazo muy relativo porque como es complejo el juicio y muy extenso las partes pueden ofrecer muchas pruebas”. Se trata de la causa Ejército III caratulada “González Chipont y otros” con cerca de 35 imputados por casi un centenar de hechos.

(Por Mauro Llaneza) Seis meses después de la renuncia de Alejo Ramos Padilla como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, la Cámara Federal avaló una recusación en su contra planteada por la defensa de un represor y puso en jaque a todas sus resoluciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad.

Se trata de varias causas similares que repiten el argumento: que Ramos Padilla haya sido abogado de organismos de derechos humanos y condene públicamente el terrorismo de Estado da “sustento serio y razonable al temor de parcialidad” que plantean los genocidas. Esto habilitaría a las defensas a pedir la nulidad de decenas de procesamientos, elevaciones a juicio, prisiones preventivas e indagatorias de civiles y militares.

El camarista Jorge Ferro afirmó que más allá de la renuncia del recusado “el caso no puede ser declarado abstracto” porque eso sería “adoptar una posición, por lo menos, ingenua respecto del tipo de proceso que nos ocupa, pues en razón de su objeto, los sujetos que involucra, su gran volumen, su complejidad, su extensión geográfica y temporal, su importancia histórico social y su alto contenido político e ideológico entre muchos otros factores, nunca podría ser asimilado a una causa penal ordinaria”.

A pesar de haberse inscripto en la historia judicial bahiense como el presidente del tribunal oral que condenó a decenas de represores y ordenó investigar a La Nueva Provincia, el marplatense ya había comenzado su adaptación al cambio cuando confirmó la falta de mérito a Vicente Massot victimizando a la empresa sin importar siquiera las “apariencias” de quien benefició al hijo de Diana Julio.

La Fiscalía había solicitado la nulidad de la designación de Claudio Pontet a quien recusó por imparcial “no sólo como consecuencia de la estrecha vinculación de Pontet respecto a imputados de delitos de lesa humanidad de esta jurisdicción, sino además por la adopción de conductas y posturas previas a su nombramiento”, que “afectan seria y fundadamente la confianza en que proceda con objetividad y equidistancia”. El tema no fue de “interés actual” para la Cámara.

Ahora, por ejemplo en un incidente de la causa “Delaico… p/Privación de la libertad pers. tortura, homicidio agravado”, Jorge Ferro declaró la nulidad del rechazo de Padilla a la recusación en su contra por entender que era una definición que correspondía a la Cámara y desplegó la jugada con el apoyo del pampeano José Mario Triputti –vocal del tribunal oral- y Pablo Candisano Mera.

El debate comenzó cuando el defensor Sebastián Olmedo Barrios pidió el apartamiento de Ramos Padilla por falta de imparcialidad porque a su entender el juez “tiene una posición política tomada” respecto al tema de la causa y “de planteos jurídicos que pueden producirse durante el proceso”. Se basó en declaraciones periodísticas que Padilla realizó cuando era abogado de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

El magistrado destacó entonces que fue designado para entender en todas las causas que tramita el Juzgado Nº1 y que “no conoce a las partes, no tiene parentesco alguno con ellos, ni amistad o enemistad manifiesta, ni prejuicio alguno sea objetivo, subjetivo o con relación a la materia específica de juzgamiento” y que sus resoluciones se fundarían en las pruebas de cada caso.

Padilla sostuvo que su anterior actuación como abogado no tenía ninguna incidencia en la causa en cuestión ni su compromiso con los derechos humanos podía ser un inconveniente dado que así lo exige el Reglamento de Selección de Magistrados. Calificó la recusación como “absurda” pues si los mismos argumentos se utilizaran en causas de “trata de personas, narcotráfico, abuso de menores, etcétera, se podría sostener que no se encontrarían habilitados para actuar como magistrados aquellos abogados que previamente hubieran actuado como acusadores en algunos de esos procesos” o que hubieran manifestado que los imputados “deben ser juzgados y de resultar responsables, condenados”.

Ya en la Cámara, el juez Ferro dijo que el planteo es “ambivalente” porque, por un lado, toma “esa posición simplista” y, por otro, “al justificar su designación y el rechazo de los múltiples planteos recusatorios, busca apuntalarse en la diferenciación de estas causas respecto de cualquier otras, haciendo hincapié en que este tipo de causas es producto de una política de Estado y que todo juez de la Nación debe regir su actividad siguiendo los mandatos de la Constitución Nacional y los tratados de DDHH”.

Para Ferro es “obvio” que el mejor argumento es el “mixto” de Olmedo Barrios quien invocó “tanto las causales del código como la causal objetiva de ‘temor de parcialidad’, debiendo tenerse en consideración las particularidades propias de los procesos judiciales en que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.

En plan de compartir “obviedades”, Ferro recordó que “el plan criminal fue único, no hubo uno por cada circunscripción en las que está organizada la justicia federal, de allí que no puede hacerse el análisis desvinculando las causas unas de otras pues se iría a contramano de la realidad de los hechos acreditados en las distintas causas que tramitan en todo el país”.

Y agregó que “si bien las acusaciones que como querellante formuló el dr. Ramos Padilla involucraban a personas distintas de las partes intervinientes en esta jurisdicción (tanto víctimas como imputados), igualmente refieren al mismo plan criminal investigado”.

Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia trabajan por estas horas en la apelación de los fallos, los represores de las fuerzas armadas y la Triple A son de los pocos que aún tienen expectativa de mejorar en el segundo semestre.

Ayer, el Juzgado Correccional Nº 3, a cargo de la jueza Susana Amelia González La Riva, absolvió a Norberto Maximiliano Metz, gerente local de Camin Cargo Control, acusado de la muerte de Juan Cruz Manfredini.

Por homicidio culposo, la Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de prisión y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba.

Durante el proceso judicial, los testimonios de los trabajadores, especialistas y funcionarios públicos que dieron cuenta de la clandestinidad en que la empresa llevó a cabo su proyecto, generaron cierta expectativa sobre la posibilidad de una decisión judicial orientada en un sentido contrario a la adoptada por González La Riva.

“Esperábamos una condena ejemplar para que esto no vuelva a pasar”, dijo a FM De la Calle Mónica Dambolena, mamá del joven trabajador. “Se demostró que Juan no tuvo responsabilidad alguna”, agregó.

Por su parte, Federico Mandredini, papá de Juan Cruz, sostuvo que “deja mucho que desear el fallo de la jueza. Porque en el juicio quedó demostrado que el lugar no estaba habilitado, que no estaban las condiciones dadas, que no tenían el lugar habilitado, inclusive cómo se produjo la explosión. Quedó también demostrado que Juan no alcanzó a manipular nada. A la jueza no le alcanzó esto”.

Marcando las condiciones laborales a las que se vieron sometidos los trabajadores en el dúplex, Manfredini recordó que “había muestras semi enterradas del año 2008. Cuando fueron los peritos de la universidad se agarraban la cabeza porque decían que eso es una bomba ambiental”.

La cocina judicial

“Ayer fui la voz de mucha gente común que trabaja, que cumple con la cosas. Me preguntaron ¿qué piensa de la justicia? Y… la Justicia es una mierda, dije”, agregó Federico.

“Nos quedamos con las manos vacías, peor que antes. Porque tuvimos una ilusión que fue borrada. Ayer cayó un muchacho en una obra en construcción. Te da a pensar que la justicia no va a resolver nunca nada y no sabes qué pensar y para dónde ir”, cuestionó Gino Manfredini, hermano de la víctima.

La estrategia de absolución se basó en que el gerente también era empleado y con ello relativiza su responsabilidad. Sin embargo, Norberto Metz “sabe cómo actúo y sabe perfectamente bien que es culpable”, recalcó Federico.

Según Mónica, el absuelto “no fue en toda la semana previa al accidente a la oficina. Estuvo toda la semana cerrada ahí es donde se convierte ese anfo”. “Eso es su responsabilidad. Tenía un trabajo extra al que le dedicaba mayor responsabilidad y los chicos le hacían el trabajo a él”, agregó Manfredini.

Además de absolver a Metz, la jueza no hace ninguna consideración concreta acerca de quién tuvo la responsabilidad. “Ya sabíamos que es una jueza que se tira a favor de las empresas. El hecho de que Metz no haya estado en la audiencia marcaba que lo iban a dejar libre”.

Según la familia de Juan Cruz, el hecho de que el letrado que representó al imputado no haya presentado una defensa férrea daba la sensación de que “estaba todo cocinado”.

Escuchá la nota completa:

El periodista Emilio Ruchansky presentará en Bahía Blanca su libro “Un mundo con drogas”. Será este viernes a las 18 en Sarmiento 54. Dos horas antes disertará sobre “actualidad legislativa y jurisprudencial en drogas” a instancias de la Defensoría local y el Departamento de Derecho de la UNS. Inscripciones en www.derechouns.com.ar

El integrante del staff de la Revista THC y columnista de la TV Pública investigó las experiencias alternativas a la prohibición en países como Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia y Holanda y las contrastó con las políticas represivas de la prohibición que generaron “una multiplicidad de problemas graves que saltan a la vista: cebo transgresor para adolescentes, proliferación de mercaderías descontroladas, mafias clandestinas enquistadas en diversos estamentos del Estado, negocios multimillonarios para unos pocos y cadenas de crímenes cada vez más espantosos”. Aquí la charla con el autor durante el programa En Eso Estamos de FM De la Calle antes de su llegada a la ciudad.

-¿Qué es Un mundo con drogas?

Es un libro que empieza a gestarse en 2012 en un viaje a Holanda donde pude entrevistar a biólogos que hacen semillas feminizadas de cannabis, ir a los coffee shops y hablar con los dueños, conocer un poco el ambiente del activismo holandés que es bastante desconocido acá y juntar materiales de la política pública de ellos, por qué decidieron permitir los coffee shops, que tiene que ver con separar el mercado de heroína con el de cannabis, es decir, que la gente que quiere cannabis solamente tenga cannabis y no tenga contacto con los dealers.

A partir de que la puerta de entrada es el dealear y no el cannabis o el alcohol, ellos plantean esta política de separación que funciona. Yo ya conocía el caso de Suiza con las salas de consumo controlado que también tiene que ver con evitar el contagio de Hepatitis C y HIV en usuarios de heroína o cocaína inyectables en Europa, fui juntando los casos, también España con los clubes de cultivo, Estados Unidos con los dos estados que legalizaron, yo fui a Colorado para ver cómo se gestó, cómo se votó -eso fue un plebiscito-, y cómo es la legislación interna.

El libro tiene una preocupación y yo a veces lo encuentro hasta pesado de detalles de legislación, por eso también la invitación de los defensores del Departamento de Bahía Blanca, porque hay mucha letra fina sobre cómo se puede legislar en drogas y qué resultados tiene pensar y actuar de una manera distinta. Dejar de basarnos solamente en la represión y empezar a atender el problema respetando la voluntad de las personas, sin internación coactiva o judicial sino acercándose y aceptando que consumen y viendo cómo se puede mejorar eso y cuáles son los objetivos que se puede plantear esa persona.

También fui a Bolivia por el tema de la hoja de coca y a Uruguay que es hoy el país más avanzado en políticas de drogas en el mundo.

-¿Qué valoración hacés de estos primeros meses de esas políticas públicas en Uruguay?

Solamente con los clubes de cultivo cooperativo más el autocultivo, que no está todo registrado, hay cuatro mil personas registradas, ya tienen un 40 por ciento del cannabis circulante que es uruguayo. Es decir, cuarenta por ciento menos de ganancia para las mafias de cannabis paraguayo, esto involucra a las mafias locales más la plata que pagarán para entrar al país, etcétera. Es positivo en el sentido de que se logran los objetivos que es dejar de alimentar al mercado negro, dejar de financiar a la persona que supuestamente decís combatir.

Hay que ver que va a pasar con las farmacias, están hablando de agosto, creo que se va a retrasar pero hay dos empresas licitadas, una es argentina, ganaron la licitación y va a haber venta en farmacias, con lo cual ahí ya el sistema realmente va a tomar la dimensión que tiene que tomar porque no todo el mundo tiene tiempo de cultivar en su casa o un club cannabico cerca, ni es tan sibarita que es el estilo de los clubes. La venta en farmacia lo va a poner en el acceso a los consumidores a un nivel más masivo y ahí sí va a empezar a funcionar el mercado bajo la consigna uruguaya que también es la segmentación de mercados de marihuana y pasta base, el que quiera marihuana que no se le ofrezca pasta base, cocaína y otras drogas. Si funcionó en Holanda no tiene porque no funcionar en Uruguay.

-¿Cuando planteas la regulación lo haces para cualquier droga?

La regulación hasta lo que pude investigar para el libro se ha vuelto sobre el tema del cannabis. Son cosas distintas, hay otras drogas que por la peligrosidad uno tendría que evaluar cómo regularlas. Obviamente que la prohibición no sirve para ninguna sustancia, hay algunas que creo que son más regulables como el éxtasis. Más allá de que lo que pasó en Time Warp, que nos quieran llenar la cabeza con que a los chicos los mató una pastilla, todos sabemos que había el doble de gente y no había agua, había cuestiones básicas que cualquier persona que consume éxtasis sabe que tiene que tener.

Primero te diría, un milagro a la vez. Hay que probar cómo funciona con el cannabis, qué nuevos problemas genera, porque acá no hay soluciones mágicas, la regulación lo que trae aparejado son nuevos problemas comerciales, controlar a las empresas, que no haya publicidad. Fijate que mal nos fue con el tabaco que nunca se aclaró que causaba cáncer abiertamente, solamente se decía que era perjudicial para la salud, y fijate que mal nos está yendo con el alcohol que tiene publicidad en televisión, esponsorea partidos siendo hoy el principal problema de consumo de la Argentina y de la región.

-Y muchas veces no lo consideramos como una droga…

Me ha pasado de dar charlas y personas indignadas me decían que no es una droga, ‘cómo me vas a decir que es una droga’.

MMM2014-1-Emilio, ¿qué opinás respecto del discurso de algunos curas de villas de Capital que suelen plantear que todo bien despenalizar para cierto sector de la sociedad pero que en los barrios sería una catástrofe?

Creo que no todos los curas opinan lo mismo en las villas, los Curas de Opción por los Pobres no creo, existe un cura en particular que es el padre Pepe que se viene oponiendo sistemáticamente a la despenalización bajo criterios inentendibles. Porque él está de acuerdo en no criminalizar a las personas que padecen una adicción y cuando le decís que es necesario despenalizar para no criminalizar te dice ‘no, despenalizar es una mala señal’. Y así al infinito, es irresponsable.

Y ya la Organización de los Estados Americanos está planteando que sin despenalización no hay estrategia de salud. No podés esperar que la gente se acerque a los servicios médicos si la estás criminalizando, si pueden ir presos por tener sustancia. Esto de defender con el garrote no sirve. Portugal lo demostró, cuando se despenalizó no aumentó el consumo, aumentaron las consultas médicas porque la gente se sintió más segura.

Siempre nos van a decir que no estamos preparados, no lo entiendo, ¿no estamos preparados para qué? Estamos preparados para seguir metiendo gente presa, consumidores, persiguiéndolos, para que la policía siga recaudando con las mafias de venta de sustancias, para seguir encerrando chicos con órdenes judiciales sin respetar su voluntad, creo que es muy inhumano lo que está pasando pese a tener una gran Ley de Salud Mental en la Argentina.

-Me tocó estar en Uruguay en un momento en que se llevaban detenidas a un grupo de personas que cultivaban pero que no estaban inscriptas en un registro del Estado. Hay quienes se oponen a este tipo de registros por la información que le dan a un Estado que en última instancia conserva características represivas, ¿cuáles son los riesgos en ese sentido?

En el caso del registro, en el libro está explicado por la persona que armó la regulación que es Julio Calzada, era algo necesario para el momento y hay que ver si se sostiene en el futuro. A nadie le gusta registrarse, son cuestiones privadas, para comprar cerveza no tenés que estar registrado y estamos de acuerdo en que hasta es ridículo. Ahora, el gobierno uruguayo plantea que necesita saber el volumen del cannabis que se está cultivando al menos legalmente, sea autocultivo, sean clubes o farmacias, porque Uruguay también puede correr el riesgo de transformarse en un país productor de cannabis y exportador. Ahí solucionas el tema de las mafias pero generas tal vez nuevas. Es una primera regulación, no hay experiencias a nivel de estados nacionales, si en el caso de Estados Unidos, Holanda nunca completó la regulación del cannabis, permite la tenencia y la venta pero no la producción, es raro pero es así.

Es importante que los Estados se involucren, la consecuencia grande que puede tener, que está en Colorado y es para debatir, es que pueden encarecer el producto la cantidad de controles y si se encarece el cannabis el del mercado negro va a seguir estando. Si tu objetivo es sacar el mercado negro, es lo que dice Pepe Mujica, contra los bombazos de cien dólares no hay forma de ganar la guerra. Hay que copar el mercado, claro, pero si el Estado se burocratiza demasiado y eleva el precio del cannabis tenés un problema de nuevo.

Son cuestiones complicadas, hay que salir del fracaso de las drogas que ya lo reconoce (el presidente de Colombia, Juan Manuel) Santos, (el de México Enrique) Peña Nieto, hay presidentes que no son los ex sino en ejercicio diciéndolo, y de los países más afectados. Evidentemente la salida no va a ser fácil y va a haber complicaciones. Uruguay tuvo un camino valiente, es importante que el Estado intervenga porque hasta ahora la regulación la tenían los transas, los narcos, la policía.

cannabis-5-¿Qué fue el Proyecto Cocaína de la OMS?

Es una investigación, hecha en Cochabamba, San Pablo, Rio de Janeiro e Ibadán -en Nigeria-, es el estudio más importante que se hizo sobre cocaína y sobre hoja de coca. Incluye pasta base, crack, clorhidrato y formas inyectables también y fue realizado por la OMS pero nunca se pudo publicar porque Estados Unidos presionó con dejar de financiar al organismo de salud si lo hacían. Lo que dice es que el clorhidrato de cocaína no genera una epidemia sanitaria ni nada parecido. Y también que la hoja de coca tiene utilidades médicas. Según el psiquiatra que hizo el estudio, lo que más molestó a los delegados estadounidenses fue el tema de la hoja de coca y no la cocaína, aunque suene increíble.

El estudio es muy interesante, lo pude rescatar, está publicado por Wikileaks y el National Institute y lo que hice es reconstruir cómo se gestó, porque la OMS en un momento tuvo un área que se llamó Abuso de Sustancias que se cerró cuando terminó el Proyecto Cocaína y es una investigación comparativa que hizo un antropólogo barcelonés que ya había trabajado con investigaciones de cocaína pero en Europa, comparando Barcelona, Ámsterdam y Roma. Es un estudio en territorio donde hablan los pastabaseros, la gente que está más en el horno, y también gente que le va bien, de buenos ingresos económicos que toman cocaína los fines de semana, que no tienen un problema de consumo.

También publiqué unas cosas que no existen en un sitio que se llama unmundocondrogas.com, está el proyecto, algunas cosas más y las taquigráficas de Uruguay, algunas cosas sobre Suiza en inglés, siempre pido una mano a ver si me pueden ayudar a producir muchos de los materiales, mi idea no es vender libros sino acercar materiales a las personas que investigan, que hacen política con esto o tienen que ver con la tensión desde el lugar que les toque.

-Venimos de una marcha mundial muy concurrida como la de los últimos años y la posibilidad de avanzar en el cannabis medicinal, ¿que hay en concreto y en el marco del nuevo gobierno en cuanto a la posibilidad de despenalizar en el país?

El martes que viene tenemos una reunión en la comisión de Salud para ver el tema del cannabis medicinal y te diría que el avance va a ser ese por ahora. No hay todavía en el gobierno una postura muy clara sobre este tema, hay un ala más dura -Burzaco, Patricia Bullrich- y por otro lado, gente más liberal como Pinedo. Hay que ver cómo se da ese debate interno.

De todas formas la ministra planteó fijar cantidades mínimas, no es algo que a nosotros desde la Revista THC nos parezca ideal pero ayuda. Por lo que pude hablar con Pinedo hay toda una expectativa de lo que está haciendo Uruguay, yo creo que eso va a influenciar mucho. Uruguay fue pionero en algunas cosas como el divorcio como nosotros fuimos pioneros con matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, es interesante que ellos tomaron el tema de la despenalización y la regulación al lado del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, dentro de ese paquete de derechos, cosa que acá no se hizo.

Liliana Díaz, de 29 años, fue asesinada ayer en Coronel Dorrego. El femicida sería su ex pareja Marcelo Fabián Camarero, de 48,  quien se presentó a medianoche en la comisaría junto a su representante legal y quedó detenido. La víctima fue encontrada sin vida dentro de un automóvil.

Según los medios del lugar, Liliana cursaba la carrera de Educación Física en la Escuela Secundaria Nº2 y habría sido atacada en un playón de estacionamiento ubicado enfrente. Luego, Camarero habría llevado el auto hasta una cochera de calle Yrigoyen, entre Lequeric y Santagada donde lo encontró la policía. La mujer era bombera voluntaria y residía en El Perdido.

“Hay algo que se fue de las manos evidentemente, pensar en nuestro pueblo, de 2008 hasta acá son muchos los casos que se van sucediendo, tratás de ver cuál es el punto en común y el único es el ser mujer”, dijo a FM De la Calle Eliset Nomdedeu, integrante del programa feminista “Y que los platos los lave otro” y enumeró: “Katherine Moscoso, Verónica Vaca hace unos años, Marcela García, el caso de Rocío secuestrada y violada, son muchos”.

La Unidad Fiscal Descentralizada de Dorrego informó: “Un sujeto de sexo masculino se encuentra aprehendido imputado de Femicidio (art. 80 inc. 11 del Codigo Penal) Se trata de Marcelo Fabián Camarero, DNI 18377613, quien cerca de las 21 de ayer, le habría quitado la vida a Liliana Díaz, su ex pareja, mediante disparo de un arma de fuego calibre 9 mm.. El hecho acaeció en el interior del vehículo del aprehendido, Peugeot 308., se procura determinar lugar exacto. Interviene UFIJ 5 temática de homicidios subrogada por Mauricio Del Cero. Colabora esta Ayudantía Fiscal. Están en curso medidas probatorias fundamentales. Ampliaremos”.

Según pudo constatar FM De la Calle, el viernes 16 de enero de 2015 el Boletín Oficial dio cuenta de la solicitud para la tenencia y portación de una pistola 9mm. por parte del femicida “a efectos de que cualquier ciudadano, habitante de la Nación Argentina y entidades de la sociedad que tengan interés, puedan oponerse”.

camarero boletin efemedelacalle“Estamos despertando, yo me enteré anoche a pocas horas que había pasado y es como que uno no alcanza a acomodar la cabeza, hace una semana estuvo la marcha y ya vino mucha menos gente que otros años, pasas por distintos ciclos, el hartazgo, la bronca, preguntarte qué hay que hacer o qué falta”, afirmó Nomdedeu.

Agregó que es “una mujer más, de tanto años, y el tema de cómo lo tratan los medios, era ‘su autor’, el uso de los eufemismos para no decir el asesino y enfatizando que no se quiso fugar, que ya es un justificativo del homicidio”, opinó.

ana ines femicidio

El #NiUnaMenos en Dorrego

Video: Pablo Rodríguez.