Una causa por abuso de autoridad y lesiones de parte de efectivos de la Policía Bonaerense que tramita la Fiscalía Nº3 de nuestra ciudad fue el saldo de la persecución que sufrieron hinchas de Peñarol de Mar del Plata tras el partido con Bahía Basket por la Liga Nacional. La versión oficial había responsabilizado a los marplatenses por agredirlos y provocar destrozos en la vía pública por lo cual ocho personas fueron detenidas por unas horas el miércoles pasado.

“Una versión distorsionada en la que trata de justificar lo que habían hecho con ilegalidad minutos antes”, afirmó a FM De la Calle César Sivo, abogado de las víctimas. Dos de los heridos serán operados en los próximos días, uno de ellos con un ojo “muy comprometido”.

“Algunos tienen golpes de culata de revólver, palazos, patadas, golpes de puño, etcétera. De la policía el único lastimado es en la mano, eso te da una idea de que no parece que haya sido agredido sino ser uno de los agresores”, detalló.

El abogado explicó que “la policía desaloja a la hinchada de Peñarol cuando después que termina el partido se queda cantando (…) les dicen ‘no estamos haciendo nada’, hay imágenes del estadio en la que se ve eso, y la policía los empieza a empujar para sacarlos del lugar. Los desplazan hacia las escaleras y ahí un hincha se cae y se produce una discusión donde la gente que estaba siendo expulsada con mucha vehemencia por la policía empieza a manifestar que estaba mal, que no tenían por qué hacer eso”.

“Empieza el desafió y termina a los palazos. Luego vienen las corridas y ya nadie actúa racionalmente. La policía empieza una cacería, a perseguir hinchas de Peñarol y les empieza a pegar, los más golpeados han sido agredidos por cinco o seis personas”.

Tras ordenar la revisación médica de las personas afectadas, la Fiscalía archivó la denuncia policial por los delitos de resistencia a la autoridad y daño contra los visitantes y formó una nueva causa por abuso de autoridad y lesiones contra los Bonaerenses.

“Da para replantearse cómo debe actuar la policía, siguen sin entender que en estados democráticos hay ciertas cosas que no se pueden hacer. (…) No  pueden salir a ejercer cualquier violencia, sino una mínima y necesaria para reprimir algún tipo de ilícito, no para generarlo”, declaró Sivo.

“No tiene que ver tanto con la capacitación sino con los valores y la ética de la gente que tenía a su cargo la búsqueda”, dijo esta mañana a FM De la Calle Guadalupe Albacete, mamá de una amiga de Micaela Ortega, y agregó que desde el primer día sabían que “en el Facebook estaba la clave” aunque se tardó treinta días en acceder a sus últimos chats. “Otra cosa que nos genera dolor es que si no hubiera sido por el propio asesino no nos hubiéramos enterado nunca dónde estaba el cuerpo”, se lamentó.

Albacete aseguró que para su hija y las compañeras de Mica su femicidio “no tiene explicación, va a ser un cambio, un antes y un después para todos los chicos, difícil de lograr, con el tiempo lo podrán hacer. El duelo es un proceso que tienen que atravesar y no es malo llorar. Que haya aparecido el cuerpo, dentro de la tragedia que implicó para todos nosotros y para Mónica, da un poco de paz para hacer el duelo de su hija. La desaparición es peor, fue peor estos 36 días que no sabíamos nada porque una empieza a imaginar cualquier situación, de hecho la cantidad de llamados que hubo los días posteriores implicaron que todo el mundo la veía y ya estaba fallecida la nena”.

“Los procedimientos fueron bastante ineficientes, no se actuó objetivamente y para la edad de la nena no debería haberse filtrado esa información. No trabajaron profesionalmente para nada (…). Los obstáculos detrás del Facebook son tremendos, hay una incapacidad total. No hay ningún tipo de recurso humano capacitado en Bahía Blanca para poder investigar este tipo de delitos, son delitos muy nuevos y creo que algunos no están ni tipificados”.

“Sabíamos que en el Facebook estaba la clave, desde el primer día, por el tema de que se había enojado con la mamá y había estado chateando hasta últimas horas de la noche pero no teníamos la herramienta para poder hacerlo y eso tardó treinta días”, culminó.

Miles de bahienses reclamaron justicia por el femicidio de Micaela Ortega. Las compañeras de la escuela y del Club El Danubio de la nena de 12 años encabezaron la movilización con una bandera que decía “Mica: en nuestros corazones”. El próximo viernes a las 17 en Plaza Rivadavia, se realizará una nueva convocatoria de #NiUnaMenos a un año del histórico 3 de junio de 2015.

“Para acompañar a la familia en esto que recién empieza, que es una nueva lucha, el pedido nuestro es que se cumplan las leyes, pedimos que nos acompañen en una marcha pacífica”, gritó la mamá de una de sus amigas. La protesta partió de la Municipalidad y se detuvo frente a la Catedral y la Fiscalía.

IMG_1222“Como familia que llevamos a nuestros hijos a un colegio católico le vamos a pedir al santo padre que nos ayude, que nos dé una mano, es feo ser padre de una compañera de Mica, no se sabe qué explicar, no se sabe qué decir, no se sabe qué hacer”, dijo un hombre desde las escalinatas del municipio para convocar a la misa que cerraría la jornada en la parroquia La Piedad. “Nadie esperaba esto, lo único que pedimos es paz, tranquilidad y que acompañen a la familia. Un abrazo, un beso, una palabra”.

IMG_1189Según difundió la agencia Télam, la autopsia determinó que no fueron los golpes los que provocaron la muerte de la nena sino la asfixia mecánica con una remera. El hecho habría ocurrido el mismo día de su desaparición. Ahora analizan si sufrió abuso sexual.

Jonathan Luna, quien confesó ser el autor de los hechos, fue trasladado ayer a la comisaría Primera de Tres Arroyos. Esta mañana, un grupo de personas quemaron la vivienda que habitaba en Juana Azurduy y Canning de Ing. White. El lugar estaba bajo custodia policial.

IMG_1165El intendente Héctor Gay, cuestionado al igual que la policía por el fracaso de la búsqueda, visitó a la familia de la niña y luego emitió un comunicado expresando su “profunda tristeza” y se comprometió “a trabajar juntos para que se haga justicia por Micaela y para que no haya más femicidios en nuestra sociedad”.

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(Por Mauro Llaneza) El cuerpo de Micaela Ortega fue encontrado anoche en cercanías de la planta de TGS sobre la ruta 3. La nena de 12 años era buscada por su familia hace cinco semanas. Jonathan Luna, de 26, confesó el femicidio y quedó detenido tras un allanamiento en El Saladero donde se encontró una campera quemada y un celular. Un amplio operativo policial se desplegó en la Comisaría Quinta, la Municipalidad y el centro bahiense ante la reacción de unas 300 personas que salieron a la calle a exigir justicia. A las 17 habrá una nueva manifestación en Plaza Rivadavia.

El secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, intervino inmediatamente para intentar “bajar el tono” a la respuesta de la familia y las protestas que apuntaron al municipio y a la policía. Reconoció por LU2 que “hubiese sido imposible si él no nos llevaba hacia el lugar” y que “estábamos buscando algo que no íbamos a encontrar”.

13288769_280731032273446_823657385_o“Me parece terrible que en Argentina cada treinta horas muera una mujer, que en Bahía Blanca esté pasando que Micaela haya aparecido muerta, la inoperancia del Estado, de la policía, tenemos que salir a la calle a denunciar y a pedir justicia para que las cosas pasen y cambien de una vez”, dijo a FM De la Calle una joven con la voz quebrada.

Por su parte, la abogada de la mamá de Mica, Fernanda Petersen declaró que fue “la peor noticia pero con el paso del tiempo era una de las alternativas que se esperaba. Lamentablemente la familia tuvo que recibir esta noticia que deja al descubierto la ineptitud de todo el sistema para la búsqueda de una nena de 12 años”.

13315296_528830063971167_8287510477665075267_n“Se recibió un llamado en la DDI de la Fiscalía que pedía refuerzos en la zona de Saladero. Se fue hasta ahí, se encontraron pertenencias de Micaela. Después esta persona en forma extrajudicial confiesa haber cometido el hecho o por lo menos saber dónde estaba Micaela y él es el que da la indicación de hasta donde llegar al lugar en donde estaba el cuerpo”, informó.

Un grupo de mujeres se reunió en Plaza Rivadavia tras conocer la noticia y al rato recibieron a decenas de bahienses que decían “basta de femicidios” y “ni una menos”. Alrededor de 300 marcharon a contramano por Chiclana-Estomba, pasaron frente a la Fiscalía, y siguieron por 19 de mayo hasta Alem para retomar Alsina y concentrarse en las escalinatas del palacio comunal. Desde las veredas, ventanas y autos se apoyaba el reclamo.

 “Queremos justicia por Micaela, Gay da la cara, corrupto”, gritaba una mujer en la puerta de Alsina 65. Allí se realizó un minuto de silencio “por nuestra nenita de Bahía” y “para que no vuelva a pasar”. El repique de tambores de la banda feminista Desbandadas cerró la escena.

13288173_280730918940124_542386153_oOtra manifestante recordó que desde el gobierno municipal se justificó el aumento de robos registrado en las últimas semanas diciendo que la mayoría de los efectivos policiales habían sido destinados a la búsqueda de Micaela y advirtió que “si llegan a sus casas y les falta algo, es porque están todos acá adentro cuidándole el culo a Gay, que es lo único que saben hacer”.

A pesar del temor a una pueblada y el pedido de ayuda a la gobernadora por parte del intendente que agitaban las placas rojas de Crónica TV, un par de hombres que pretendían arrojar elementos contra la Municipalidad fueron apartados inmediatamente por quienes pedían justicia por Mica.

“Micaela apareció muerta a manos del machismo. Una vez más una mujer es víctima a manos de la violencia patriarcal. Basta de violencia. Nosotras debemos responder desde lo institucional, organicémonos en la semana, marchemos, visibilicemos que Micaela no está, hagámonos oír, como dice Mónica, hagamos ruido. Bahía Blanca tiene que despertar, sin violencia, con justicia, porque Micaela necesita justicia. El 3 de junio todos en la plaza, Micaela no está, Katherine Moscoso no está, Andrea Esnaola no está, el Estado es responsable pero nosotros vamos a estar acá, vamos a decir basta a la violencia”, dijo Fernanda Petersen.

13322213_528829223971251_5567011087249737901_nVerónica Bajo, de Acciones Feministas, dijo no tener palabras para describir la situación: “Es de una impotencia, hoy fue Micaela y pasó muy cerca y más allá de la inoperancia del Estado, de cuarenta días sin poder encontrarla con semejantes operativos que dicen que hacían es una falta total de cuidado de la población. Hace tres días pasó lo mismo con una nena en Rosario asesinada de una manera brutal. Si bien siempre estamos preocupadas y pensando que lo que sucede son redes de trata o pedófilos o este tipo de violentos machistas que se apropian de la vida de las mujeres y las niñas, teníamos una esperanza de que estuviera viva”.

“No quiero más chicas muertas, tenemos que emprolijar las cosas, necesitamos cambiar leyes, hay una madre que hace 35 días está buscando a su hija, solamente el pueblo la apoyó, basta de muertes, basta, ni una chica menos durmiendo en la cama en su casa”, dijo Julia a FM De la Calle mientras marchaba. Agregó que “hay que cambiar de paradigma, no podemos culpar a la víctima, hay un responsable, el asesino, y muchos irresponsables que hicieron todo mal y hoy hay una chica que fue desenterrada y una madre llorando al lado”.

Camila aseguró que salió porque “era una nena de 12 años que iba a ver a una amiga y no volvió a la casa, a todo el mundo le preocupaba que la nena se había ido pero en realidad ya estaba muerta. Nos quedamos siempre con las primeras cosas y nos olvidamos de buscar, de todo lo que pasa a nuestra alrededor, del peligro que son las redes sociales”. “Hay una mala organización en la búsqueda, una mala toma de medidas, creo que se le da demasiada información al periodismo que incluso entorpece la investigación, más allá de que sea buena o mala”, opinó Diego.

“No quisiera estar en los zapatos de esos padres, me siento insegura en Bahía por mi hija y por todos los chicos. Me siento insegura por la policía, creo que no actuaron como tenían que actuar, dieron opiniones que no tenían que dar y no pensaron como una criatura que se dejó llevar por un adulto”, afirmó Marta.

13313828_280730858940130_89163860_oSonia Acuña, madre de Giuliano Gallo, el pibe asesinado por la Policía Bonaerense en febrero de 2008, comentó que se acercó “para acompañar a la mamá de Micaela porque sé lo que es perder un hijo y la verdad que esto no me la esperaba, pensaba que la iban a encontrar. Como siempre, hay muchos sicópatas y creo que en esto está metida la policía porque está ocultando muchas cosas como el intendente. Vine del lugar (donde encontraron el cuerpo), tengo grabado todo lo que estaban haciendo los policías, apenas me enteré once y media de la noche fuimos”.

A su lado, Victoria Sánchez informaba que frente a la Comisaría Quinta había un amplio operativo policial. “Se nota a la vista que (al acusado) lo tienen ahí refugiado. Uno tiene hijos y se pone en el lugar de la madre y te agarra mucha impotencia, Bahía es muy careta. Nos tenemos que unir para que esto no suceda, para que no haya ni una menos”.

“Comparto el dolor de la pérdida de un hijo como la mamá de Micaela y quiero que se termine con la impunidad. No sé exactamente los detalles de la causa, cuántos días hacía que estaba muerta pero si la investigación hubiera sido eficiente hubiera aparecido con vida”, dijo Lorena Zerneri, mamá de Daiana Herlein, fallecida en el Parque de Mayo por la caída de una rama sobre su cabeza. “Mi hija lleva más de dos años y no vemos los resultados en las altas esferas, agarran a un pirincho y porque tiene diabetes está en la casa compartiendo con su familia, mi hija no está. El caso de Micaela creo que tiene que ver mucho con esto, con la actuación del Estado, ineficiente como siempre”.

El fiscal Miguel Palazzani, titular de la Unidad de Lesa Humanidad que investigó la participación de La Nueva Provincia en el genocidio, aseguró a FM De la Calle que le causó “escozor” escuchar a “la voz de LU2” hablando sobre “enemigos de adentro y de afuera” y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”. “Hay que tener cuidado con esas lógicas discursivas porque cuando después se materializan es tarde”, dijo respecto a los dichos del intendente macrista Héctor Gay en el acto del 25 de mayo.

“La imagen que tengo es (Gay) delante de jefes de fuerzas de seguridad diciendo estas cosas, uno creía que de algunos sectores se podía empezar a superar pero cuando tenés en la memoria tan claro varios editoriales y se escucha eso, uno dice, bueno, no estamos hablando nunca del pasado, estamos hablando siempre de un pasado presente. Sobre todo en estas lógicas discursivas en las cuales hay que poner mucho el ojo porque ahí hay que empezar a trabajar y mucho porque es el intendente, es una figura política que es escuchada, que se replica, es preocupante”, comentó.

Para el fiscal “nuestra obligación es poner el ojo y alertar sobre las lógicas de esas discusiones de construcción de un enemigo. Y en la lógica de construcción enemigo, como decía La Nueva Provincia, al enemigo se lo destruye, se lo aniquila, porque para el enemigo no regían las reglas de Ginebra, no merecen ni un juicio justo, sin piedad, ni nada”.

“Puede ser cualquiera, en este caso tiene la salida cómoda del narcotráfico, entonces ahí le ponemos todo y termina siendo presentable para todo el mundo. En realidad, el discurso de la dictadura, los reglamentos secretos decían -justamente encubriendo estas lógicas- que al enemigo se lo presentaba como una excusa para justificar el aniquilamiento. Ahora, ese es el problema, porque con lo discursivo, vamos a suponer que es ‘combatir el narcotráfico’, con esa excusa, ¿habilitamos qué?”, preguntó.

El ex camarista federal Luis Alberto Cotter se mostró sorprendido por “la manera de utilizar términos que son muy caros al recuerdo de los argentinos. Caros en el recuerdo de haber pasado épocas sangrientas cuando se sufrió la dictadura militar e incluso utilizando todos esos términos, enemigos de afuera, subversión, etcétera, cuando no sé en qué se basa el intendente o si quiere reeditar algún tipo de ideología de extrema derecha”.

Cabe “advertir que hay sectores que evidentemente quieren reeditar una opción falsa para de alguna manera justificar tal vez una futura represión, eso es lo que más aterra, lo que más inquieta porque sabemos perfectamente que se empieza con este tipo de palabras que tienen por supuesto una raíz ideológica profunda”.

Como Videla

La agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca destacó que Gay hizo suyas “las mismísimas palabras que podría haber empleado el propio Videla. Con el mismo discurso del ‘enemigo interno’ y arrogándose los ‘valores e ideales’ de lo moralmente correcto, utilizó igual vocabulario que en la dictadura los genocidas emplearon para aniquilar a toda una generación y perseguir a quienes pensaban distinto”.

“No escapa al conocimiento de todos nosotros, que este intendente fue empleado durante 20 años del monopolio de los Massot, dueños de la Nueva Provincia, LU2 y Canal 9, acusados por ser partícipes necesarios de llevar adelante la dictadura genocida en nuestra ciudad, que aun no ha sido resuelto por esta justicia amiga de los poderosos, y que sin duda empleaba en su trabajo y emplea aun hoy, el mismo vocabulario que sus patrones. Nos preguntamos si la intencionalidad también es la misma”, afirmaron y acusaron al jefe comunal “de apologista del vocabulario de la dictadura y de incitar a la violencia entre ciudadanos”.

Alberto Rodríguez, integrante de la Liga Argentina por los Derechos de Hombre, llamó a “no ser ‘tibios'” frente a las declaraciones de Gay: “Debemos dar una respuesta de los sectores que luchan contra el ajuste, la represión y la entrega de nuestra soberanía. Por eso mas que nunca UNIDAD. No esperemos el repudio a un discurso fascista, de quienes sabemos se esconderán en el silencio. Pero sabemos bien que sectores sociales, políticos, organismos de derechos humanos como Hijos y nuestra Liga estamos dispuestos a salir a la calle, exigir al Concejo Deliberante exprese su repudio y analizar si judicialmente no merece ser tenido en cuenta como una proclama antidemocrática y como tal punible”.

Eran los narcos…

El intendente Héctor Gay “aclaró” esta mañana a quién señalaba como “enemigos de adentro y de afuera” en su encendido discurso del Día de la Patria. “Me refería a los estragos que está haciendo el narcotráfico. (…) Me gustaría que muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras recorran más los barrios y se den cuenta de lo que está haciendo la droga en nuestra provincia y nuestra ciudad”, dijo y agregó: “Lo de enemigos de adentro y de afuera el primero que lo dice es José Hernández, lo dice Alem y lo dice Perón”.

“Ayer y ahora hay enemigos importantes, de adentro y de afuera, los que responden a intereses personales y los que integran grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud. Por eso digo, no son tiempos fáciles pero tampoco son tiempos para tibios”, dijo el intendente macrista Héctor Gay en el acto oficial por el 25 de mayo.

En estricta sintonía con el rol ejercido durante las últimas décadas como principal vocero del grupo La Nueva Provincia, Gay agregó que “este momento especial que estamos transcurriendo, en el año del bicentenario de nuestra independencia, es un tiempo de reflexión, de unión de los argentinos que queremos construir y no destruir, de los argentinos que queremos una mejor educación, más trabajo, de los argentinos que queremos restaurar valores, de los argentinos de bien, que somos la inmensa mayoría, pero que tenemos que estar unidos frente a esos ataques, frente a esos que no nos quieren ver unidos, frente a aquellos que no quieren que nuestra juventud crezca en los mejores valores y con un destino de grandeza”.

El jefe comunal realizó sus manifestaciones en nombre de “la libertad” en el Jardín de las Américas del Parque de Mayo de cara a las cúpulas de las fuerzas armadas, legisladores provinciales oficialistas y opositores como Nidia Moirano, Santiago Nardelli, Marcelo Feliú, Federico Susbielles, integrantes del Concejo Deliberante y del gabinete municipal y entidades locales. El repudio a los dichos del líder de Cambiemos se multiplica en las redes sociales.

Desde la CTA Bahía Blanca- Cnel. Dorrego mostraron su preocupación por “el mensaje cuasi castrense” el cual “desde el vocabulario hasta el contenido, manifiesta su ideología y nos remite a épocas nefastas. Cabría preguntarle al intendente, a qué grupos organizados se refiere. ¿Será a la militancia que enfrenta su política neoliberal, o se referirá a algún demonio?”.

“Frases muy sugestivas y gráficas ha manifestado, tanto que parecen extraídas de un discurso de Videla o Masera. (…) También habría que preguntarse de qué ‘Patria’ habla él. ¿De la patria de las corporaciones? ¿De la patria financiera? Seguro, no habla de la patria de las familias empobrecidas, la de lxs laburantes, la de lxs chicos y chicas de las escuelas. La patria que pagó la fiesta de otros, la que se la jugó, la de lxs compañeros y compañeras desaparecidxs, la de todxs nuestros mártires”.

La central tomó el discurso como “una provocación hacia los que nos manifestamos, los que integramos organizaciones, los que militamos en las calles. Seguramente no compartimos esos valores que tanto cuida, los nuestros tienen que ver con el respeto, la solidaridad de clase, con la igualdad de oportunidades para todos y todas, fundamentalmente para esa juventud que no consigue trabajo, la que trabaja en forma precaria, la que no puede estudiar porque sus familias carecen de recursos. Creemos que desde las organizaciones y de toda la sociedad bahiense debemos interpelar al intendente, respecto de sus dichos, que sobre todo en este contexto de luchas y reclamos, no son menores ni inocentes”.

El escritor y docente Mario Ortiz afirmó que Gay “se expresó en los más lamentables términos que merecen el repudio de toda la sociedad civil y exigen una aclaración inmediata” y preguntó al intendente “¿quiénes son, según usted, esos enemigos? ¿Por qué mantiene esa ambigüedad que da pie a cualquier interpretación? ¿Acaso, como periodista que trabajó durante años en el multimedio de La Nueva Provincia, uno de los actores fundamentales de la dictadura cívico militar, puede usted desconocer que está apelando al viejo discurso del terror de estado?”.

“Tiene razón cuando afirma que no es tiempo de tibios, sólo que debe explicitar cuáles son los fríos y los calientes y en consecuencia de qué lado se sitúa usted. Ideológicamente, lo sospechamos. Sólo falta aclarar el exacto alcance político-represivo de lo que, ya a esta altura, no podemos sino considerar una amenaza”.

“No es una cita de Videla en 1976 sino de Héctor Gay este 25 de mayo de 2016. A quiénes se refiere este señor??? Quienes son sus enemigos? A que grupos organizados alude? Muy significativo el discurso del intendente de hoy. Nos remite a otras épocas no?”, publicó la dirigente de Suteba y CTA Ana Canullo.

Pablo Fermento, integrante de la Unidad Fiscal que investigó e imputó por crímenes de lesa humanidad al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, dijo que “los anacronismos políticos-discursivos a veces son útiles como recurso humorístico, y de eso sabe Capusotto. Cuando los usa el intendente de mi ciudad (con agenda marcada por Massot), se me eriza la piel”.

“Como ciudadana, como madre y profesora de jóvenes, quiero saber a qué enemigos organizados se refiere el intendente. En un marco democrático, debe dar información precisa a la ciudadanía sobre tal peligro. O retractarse, por formular juicios sin fundamento pero que instalan un clima de sospecha que puede utilizarse para justificar la represión”, exigió la profesora Adriana Ressia.

“Nosotros y ellos, argentinos de bien, ataques a los mejores valores. Los valores de quién? De nosotros, los hombres de bien, no los otros. Ojo”, advirtió el ex concejal Raúl Ayude. El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, repudió los dichos de Gay “que intentan sembrar un estado de confusión y terror” y destacó que “los que subvierten, los enemigos, los que no tienen patria ni corazón son ELLOS, que te quede claro”.

“Una declaración de guerra a las organizaciones populares. Los que no tienen ni patria ni bandera son ellos y lo han demostrado a lo largo de la historia entregando nuestro país y la sangre de nuestro pueblo a los intereses imperialistas. Repudio absoluto a las declaraciones fascistas del intendente Gay”, dijo Joni Landa desde la Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros y Cadetes.

Foto: Bahía Despierta.

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó hoy a cuatro años y nueve meses de prisión al secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de la Alianza, Enrique Mathov; a cuatro años al entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos; a tres años y medio al ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, y a tres años al ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi, por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 provocó la muerte de cinco personas y numerosas lesiones entre los manifestantes.

Además, los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín les impusieron penas de hasta seis años de prisión por el “homicidio en agresión” de Alberto Márquez a tres de los nueve agentes que llegaron al debate acusados por ese hecho, entre otras condenas.

A fines del año pasado, el equipo fiscal consideró acreditados los hechos que en siete causas fueron elevados al debate y la responsabilidad de todos los acusados. Por ello había solicitado cinco años de prisión para Mathov y Santos; tres años y ocho meses para Andreozzi; y tres años y medio para Gaudiero, al encontrarlos culpables del delito de homicidio culposo de Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto, y lesiones culposas a 48 personas -que enumeraron durante su alegato- y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los jueces encontraron culpables a Mathov y a los integrantes de la cúpula policial de los crímenes culposos de Lamagna, Riva y Almirón y alrededor de una veintena de lesiones, muchas de ellas de gravedad.

Durante esta mañana, los acusados terminaron de hacer uso del derecho a las últimas palabras, tras lo que los magistrados convocaron a las partes a las 16 para dar a conocer su veredicto, ante una sala de audiencias que lució colmada con la presencia de víctimas y familiares de la represión. La Fiscalía destacó que “se logró una muy buena sentencia en cuanto a las autoridades políticas”, en tanto el tribunal “adhirió en forma parcial” con lo postulado. Como hubo “diferencias en cuanto a los hechos ocurridos en la 9 de julio y Avenida de Mayo”, los fiscales señalaron que esperarán a conocer los fundamentos -que serán comunicados por el tribunal el 4 de agosto- “para analizar la posibilidad de presentar un eventual recurso de Casación”.

En su alegato de diciembre, la Fiscalía también había requerido condenas para los nueve integrantes del departamento de Control de Integridad Profesional, acusados de disparar escopetas cargadas con postas de plomo contra las personas que estaban ubicadas sobre la plazoleta de la calle Cerrito, entre Sarmiento y Perón, provocándole la muerte a Márquez y graves heridas a Martín Galli y Paula Simonetti.

El accionar de los policías, que se desplazaban en móviles no identificables, fue calificado como “una especie de pelotón de fusilamiento”. En este caso, las penas pedidas fueron de 16 años para el comisario inspector Orlando Oliverio; 14 para el subcomisario Carlos José López, el sargento primero Roberto Juárez y el agente Gonzalo Firpo Castro; 12 para el principal Eugenio Figueroa y el oficial Mario Seia; y 5 años y cuatro meses para el inspector Norberto Sabbino y los auxiliares Sebastián Saporiti y Horacio Berardi, a quienes encontraron como partícipes secundarios. El TOF N°6 dictó condenas de seis, cuatro años y medio y tres años en suspenso para López, Juárez y Firpo Castro, respectivamente, y absolvió a los restantes acusados.

Por otra parte, se le había solicitado al Tribunal Oral Federal N°6 que le imponga a Víctor Manuel Belloni 10 años de prisión por la tentativa de homicidio de Marcelo Dorado y Sergio Sánchez en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio. En este caso, la pena fue de tres años por el delito de abuso de armas.

Para el subcomisario de la Seccional 51ª Omar Alberto Bellante, la Fiscalía solicitó una condena a tres años de prisión por el encubrimiento del crimen de Gustavo Ariel Benedetto. Su homicidio se produjo en las inmediaciones del cruce de la Avenida de Mayo y Chacabuco, en cercanías al entonces edificio del Banco HSBC. La Fiscalía consideró probado que su deceso fue producto de los numerosos disparos efectuados desde el interior de la entidad bancaria, en un horario cercano a las 16:30, por el personal policial a cargo de Bellante. Los jueces coincidieron con el requerimiento fiscal y condenaron al imputado a esa misma pena.

Finalmente, para Carlos Loforte -principal- y Jorge Toma –subcomisario-, el Ministerio Público Fiscal había pedido penas de dos años y dos años y medio -de ejecución en suspenso- por las vejaciones cometidas durante las detenciones realizadas en los alrededores del Congreso de la Nación. Los magistrados resolvieron el sobreseimiento de ambos por prescripción, aunque rechazaron los planteos de nulidad y de prescripción interpuestos por la mayoría de las defensas restantes.

Fuente: fiscales.gob.ar

Doce meses después del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso, la impunidad reina en la causa. El sábado 23 de mayo de 2015 el cuerpo de la joven de 18 años fue encontrado enterrado en un médano cercano a un barrio del Plan Procrear. Familiares, amistades y vecinas y vecinos solidarios la buscaban hacía seis días. Horas después del hallazgo, en el marco de intensas protestas, fue asesinado el sospechoso Juan Carlos “Canini” González.

Esta tarde unas 200 personas acompañaron a la familia de Kathy en el pedido de justicia en un acto en la plazoleta del Fonavi de la localidad balnearia.

“Ya un año, hemos hecho muchísimas cosas para que se sepa la verdad y para que no se olvide. Seguimos en la lucha y reclamando justicia por Kathy”, dijo por la mañana a FM De la Calle, Wanda Benegas, prima de Moscoso.

Por problemas de salud el fiscal Cristian Long derivó la causa a su colega Mauricio del Cero. “Nos dicen que va a llevar tiempo, que la causa es como un ovillo de lana todo enredado y tenemos que llegar a desarmarlo y llegar hasta la punta de lo que pasó y la verdad. Hay muchas mentiras, muchas declaraciones en las que mienten muchísimas personas”.

“Mi familia está peleando para llegar al verdadero culpable y los encubridores van a tener que pagar también por lo que hicieron, por jugar con nuestro sentimiento y con la búsqueda incansable de esos cinco o seis días, nos tomaron el pelo, se aprovecharon de que estábamos mal y desesperados. Nos vendieron pescado podrido”, agregó Banegas.

En cuanto al homicidio de Canini González, Wanda aseguró que fue desprotegido por la policía: “Hicieron zona liberada, eso ya se dijo varias veces, esto no quiere decir que ese hombre tenía que ser linchado, a nosotros nos servía vivo como familia porque era uno de los que la policía todo el tiempo nos decía que era sospechoso de lo que le pudo haber llegado a pasar a Kathy. Él y su nieto”.

“La gente no se compromete mucho, nosotros somos familiares y somos las víctimas, obviamente vamos a seguir pidiendo justicia pero no les pasó, no son conscientes que hay asesinos sueltos en Monte Hermoso, tenemos al asesino de Katherine, también lo tenemos a Cuchan que está protegido en su casa. Monte Hermoso ya no es el que era”, concluyó.

La Red Local de Violencia de Género denunció públicamente a La Brújula 24 por realizar “una invasión a la privacidad de la familia y una violación a los derechos humanos” de Micaela Ortega -la niña desaparecida el 23 de abril- mediante la difusión de la carta que dejó antes de irse de su hogar. El comunicado fue leído por la concejala Miriam Iantosca durante la sesión de ayer del Concejo Deliberante. Sin noticias sobre su paradero, familiares, amigas y amigos de Micaela volvieron a marchar este viernes.

“Exclusivo: la carta de despedida que le dejó Micaela a su mamá”, tituló el lunes pasado el sitio web de la emisora que ilustró la nota con imágenes del texto manuscrito de la nena. “No entendemos la intencionalidad de divulgar masivamente esa información, conducta que nos parece imprudente en el contexto sumamente complejo y delicado de la búsqueda que se está llevando a cabo para encontrar a Micaela”, dijeron las instituciones y organizaciones que conforman la Red al manifestar su “preocupación”.

“Si bien resulta pertinente el retiro de la web de los comentarios cuestionados y de haber cerrado a comentarios las otras publicaciones, manifestamos que resulta indispensable que los medios masivos de comunicación asuman éticamente su responsabilidad en el contenido informativo y en la manera en que este se da a conocer a la opinión pública, por encima de su avidez para asegurar su éxito comercial. De esta manera su servicio a la comunidad será una contribución social esencial para que la consigna #NiUnaMenos pueda hacerse realidad”, concluyeron.

twLa Red de Violencia de Género está integrada por las ONGs El Nido, Creer Sí, Prevención y Asistencia a Víctima de abuso sexual infanto juvenil y Mujeres en Acción; la Dirección General de Políticas de Género de la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Centro de Asistencia a la Víctima, la Fiscalía Departamental, la Defensoría General Departamental, los Juzgados de Familia, y la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Bahía Blanca, en conjunto con los dispositivos: “Promover” Servicio Municipal de Asistencia y Prevención de la violencia familiar y maltrato infantil y Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

Antecedente

En 2008 el editor del medio, Germán Sasso, fue denunciado por la titular del Colegio de Trabajadores Sociales por haber difundido nombres y domicilios de menores en conflicto con la ley durante una emisión de La Brújula, en aquel entonces un programa radial semanal de Radio 10. “”Vamos a dar la lista de los cinco, diez menores más bravos, más -¿cómo podríamos decirlo?- más peligrosos, más incontenibles de la ciudad de Bahía Blanca, con nombre, apellido y domicilio. Más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas””, dijo al aire con plena conciencia de la infracción que cometía.

El juez correccional José Luis Ares lo condenó a abonar cuatro mil pesos  y cumplir dos días de arresto por contrariar el Art. 94 quater del Decreto Ley 8031. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -integrada por Alfredo Mones Ruiz, Hugo Ángel Cavallaro y Guillermo Rodríguez- confirmó la pena pero redujo la multa a 2.474 pesos y el arresto a un día. Sasso recurrió a la Suprema Corte donde, al amparo de parte de la dirigencia política local, la condena prescribió.

Malas noticias

La radio La Brújula 24 es una empresa de los directivos de la Unión Industrial de Bahía Blanca Gustavo Elías y Maximiliano di Federico y los periodistas Germán Sasso y Martín Noir. Desde su fundación recibe una de las mayores pautas publicitarias del Estado municipal. Días atrás, la periodista Sandra Crucianelli detectó en los archivos del Estudio Mossak Fonseca -filtrados en los #PanamaPapers- una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas compartida por Elías y el Guillermo Luis Montezanti, hijo del ex camarista federal Néstor Luis Montezanti quien abandonó el cargo a punto de ser destituido por su participación durante el terrorismo de Estado.

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Micaela Aldana Ortega, de 12 años, falta de su casa desde el 23 de abril. Desde entonces distintas fuerzas y organismos llevan adelante una búsqueda infructuosa. Imágenes de cámaras de seguridad registradas el día de su partida la muestran en compañía de un hombre joven no identificado. El Ministerio de Seguridad provincial dispuso una recompensa de entre 50 mil y 200 mil pesos para quienes aporten datos concretos de su paradero. Teléfonos de contacto: Comisaría Quinta (0291) 4555300 o (0291) 455 2984, Missing Children (0291) 156 457 020 o Mónica Cid (0291) 154 444 284.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregará el Premio Rodolfo Walsh a los miembros de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani. La ceremonia se realizará mañana a las 17:30 en el Aula “Rodolfo Walsh” del edificio “Presidente Néstor Carlos Kirchner” (Diagonal 113 y 63).

“Hace varios años en la Facultad tenemos este premio para reconocer a diferentes personalidades que tengan que ver con la comunicación y que hayan aportado en la línea de lo que fue Rodolfo Walsh. En este caso en particular, la valentía que han tenido los fiscales es digna de ser reconocida, por eso el Consejo Directivo decidió por primera vez entregarlo a representantes de la justicia”, dijo a FM De la Calle el vicedecano de Periodismo Cristian Scarpetta.

El docente destacó “una investigación que ha sido inédita a nivel nacional y que es ejemplo para seguir por otros fiscales que no han hecho lo mismo y dejar en evidencia el rol que han tenido los medios de comunicación para fomentar, para encubrir y facilitar las acciones de la dictadura”.

efemedelacalle fiscalesLa labor de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos fue indispensable para que se investigara el rol de los directivos del diario local La Nueva Provincia –hoy La Nueva- y de su director, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico-militar. Los magistrados comprendieron que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin la participación de un fenomenal aparato de acción psicológica como el que desplegó La Nueva Provincia.

La familia Julio-Massot, dueña del multimedio, no se limitó a la publicación de editoriales y artículos que encubrían y daban una versión falseada de los crímenes; sino que existen pruebas recabadas que dan cuenta de la relación que mantenían los miembros de la dirección empresarial de entonces con la Junta Militar, así como de la persecución contra los dos obreros gráficos del diario, asesinados en junio de 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En el alegato del juicio por los crímenes de la causa “Armada”, los fiscales solicitaron la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia como acto moralmente reparatorio a la biografía de las víctimas. Sin embargo, fue dictada la falta de mérito de Vicente Massot en tiempo récord. El motivo que esgrimen los jueces es que el diario hizo ejercicio de su libertad de expresión, sin considerar el derecho que tiene la sociedad a informarse verazmente y el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la Verdad, Memoria y Justicia.

Juli tiene 26 años y hace 23 padece epilepsia refractaria, secuela de la meningoencefalitis herpética que sufrió en su niñez. Recibió diversos tratamientos, combinaciones de antiepilépticos, hizo dieta cetogénica. A veces mejoraba pero “las caídas no se resolvieron”. Su familia descartó la alternativa terapéutica quirúrgica que podrían hacerle en Estados Unidos por las pocas chances de que resulte positiva. “Si podemos mejorarle en un porcentaje importante su epilepsia, la calidad de vida va a ser otra para ella y para el resto de la familia”, pensó su mamá Ana María.

A la mujer le llamó la atención el caso de Charlotte Figi que mostraba el documental en CNN. El Síndrome de Dravet le provocaba 300 ataques epilépticos por la semana. La nena consumió marihuana alta en cannabidiol y disminuyeron en un 99%. La cepa no psicoactiva de Colorado hoy lleva su nombre y es solicitada por familias de todo el mundo.

“Hace alrededor de veinte años el doctor Rafael Mechoulam descubrió que tenemos un sistema endocannabinoide con un sistema de cerradura llave, de receptores, y de una marihuana endógena que nosotros fabricamos. A partir de ahí comencé a andar un camino de búsqueda, no teníamos ya nada más para ofrecerle a Juli y esta era una posibilidad”, contó Ana María Nicora a FM De la Calle.

El primer impacto fue contra el desconocimiento académico, científico, jurídico y social en el país. “Cuando como mamá y como médica vi que el desconocimiento es total y los pacientes están solos, decidimos construir un canal de información que en su momento fue CAMEDA, pero vimos que no alcanzaba para encontrarnos con el paciente sino que tenía que ser para todos”.

Cannabis Medicinal Argentina es un grupo de pacientes, cannabicultores, madres, padres, profesionales de la salud, la biología y la química, quienes se unieron para conseguir la regulación del uso del cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos. El 7 de mayo, junto a sus hijas e hijos, encabezaron la Marcha Mundial de la Marihuana en Buenos Aires. La Revista THC informó que este año fueron 170 mil personas en 19 ciudades las que salieron a gritar “¡No más presos por cultivar! – Regulación del cannabis ya”. Exigieron el cese urgente de la criminalización de quienes usan y cultivan cannabis y la urgente regulación del cannabis medicinal y el inicio de investigaciones para desarrollar su potencial terapéutico e industrial.

Las pibas y los pibes que marcharon tienen, como Juli, epilepsia refractaria. No responden a la medicación, tiene convulsiones diarias y diversas crisis que cortan su autonomía, se caen, se lastiman, se fracturan, se queman al intentar tomar mate. “La atención es de 24 horas”, dijo Ana María.

Recordó que “en 23 años hemos hecho de todo pero lo que uno sí termina dándose cuenta es que mientras siga desconectada todo el tiempo es como un prende y apaga, la epilepsia es muy difícil. Aparte porque con tanta medicación los chicos están muy abúlicos, sin ganas de nada, están tirados todo el tiempo y un poquito eso es lo que yo veía en mi hija, que era la nada ¿no?”.

El tratamiento con aceite de cannabis redujo a la mitad los anticonvulsivantes y las crisis bajaron. “Si bien tiene por ahí algunas mioclonías, algunas sacudidas en el día, la verdad que las recaídas se reducen notablemente, a veces una o dos por semana, venimos caminando en un ensayo desde hace más o menos un año y medio porque recién ahora los neurólogos empiezan a acompañar. Lo más llamativo es la conexión que ella ha tenido con los objetos, con el otro, está despierta todo el día, está inquieta, la verdad es que a veces parece que durante 23 años hemos sido en esta casa el espejo de ella y ahora ella nos está imitando en cómo se maneja y la autonomía que tiene, el orden, absolutamente todo, se despertó a la vida. Nada más ni nada menos que eso”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analiza varios proyectos. El bloque del FIT convocó a una audiencia pública este lunes. Participaron Nilda Garré el FPV y legisladores del Frente Renovador de La Plata. La diputada Soledad Sosa presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, propone que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación de semillas, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis para fines medicinales y/o de investigación científica”.

“El dolor no puede esperar, CAMEDA somos todos los argentinos porque se conecta gente de toda la Argentina y estamos trabajando para todos. Esperamos construirlo rápido porque los chicos se mueren y los pacientes, más allá que no sea epilepsia, sufren dolor. Pacientes con cáncer, dolor neuropático, oncológico, no oncológico, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, hay múltiples patologías con las cuales está la posibilidad de tratamiento”, comentó Ana María Nicora a FM De la Calle.

Los Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires exigieron a los tres poderes del Estado “la inmediata solución del conflicto” gremial que llevó a la Asociación Judicial Bonaerense a desarrollar durante casi dos meses un intenso plan de lucha en demanda de mejoras salariales y laborales. Si no hay cambios solicitarán la “intervención Federal al poder Judicial de la Provincia”.

Este fin de semana el congreso de la AJB, a partir de los mandatos construidos en las asambleas distritales, resolvió profundizar la lucha ante la falta de respuesta del Ejecutivo y por las falaces declaraciones públicas de la Gobernadora Vidal. Apuntan a la “construcción de medidas de mayor impacto y visibilización del conflicto existente en el Poder Judicial (tomas de edificios públicos, cortes de accesos, etc.), así como incrementar los niveles de articulación con otros sectores de trabajadores”.

“El objetivo de estas nuevas medidas y de profundizar la movilización conjunta con el resto de los estatales, es poner de manifiesto la crisis de gobernabilidad que atraviesa la Provincia de Buenos Aires, crisis que es consecuencia directa de la políticas adversa hacia los trabajadores estatales que viene llevando a cabo la gobernadora Vidal”, expresó Pablo Abramovich, Secretario General de la AJB y Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires.

“Mientras una parte importante del Estado provincial no está funcionando y muchos otros sectores de estatales se suman a las medidas de fuerza, la Gobernadora sigue desconociendo la crisis que vive la Provincia por su pretensión de imponer a sangre y fuego una rebaja salarial”, agregó el titular del gremio judicial.

En ese contexto, los Colegios de Abogados pretenden iniciaron una acción de amparo en el Juzgado Civil y Comercial 10 de La Plata para restablecer “el pleno restablecimiento del servicio de justicia en toda la provincia” y, “de persistir el grave cuadro de situación imperante y mantenerse el incumplimiento de la garantía establecida en el art. 15 de la Constitución Provincial” amenazan con “presentar ante el Honorable Congreso de la Nación el pedido de intervención Federal al poder Judicial de la Provincia”.

“El Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires manifiesta que la actual situación es crítica, y resulta indispensable evitar la paralización del servicio de justicia que afecta, en primer lugar, el estado de derecho y en segundo lugar, a los 16.000.000 millones de bonaerenses que requieren del servicio de justicia”, dijeron y agregaron que “estos lamentables acontecimientos cercenan directamente el derecho a trabajar de los 60.000 abogados

La seccional local de la AJB informó que el viernes a las 8 realizará una asamblea en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del sexto piso del edificio de avda. Colón 46. “Ante la falta de una nueva convocatoria por parte del gobierno provincial, los judiciales bonaerenses profundizamos las medidas de fuerza”.

El 26 de junio de 2003 el soldado chaqueño Mauro José Francisco Ramírez (22) hacía guardia en el Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles, Misiones, cuando un disparo de fusil FAL calibre 7.65 dio en su pecho y terminó con su vida. Un juez provincial entorpeció la investigación hasta archivarla por inexistencia de delito bajo la carátula de suicidio.

Casi trece años después y por la perseverancia de su madre para esclarecer el caso, la causa fue reabierta por la justicia federal y la pesquisa quedó a cargo de un grupo de fiscales encabezados por el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Miguel Ángel Palazzani. El defensor oficial de Bahía Blanca Gabriel Jarque tiene una “intervención atípica” como querellante en representación de la mamá de la víctima, Susana Pintos.

“El soldado ingresó a una guardia en un destacamento en cercanía de Posadas, en una localidad que se llama Apóstoles, y a los poquitos minutos se escucha un disparo y cuando concurren al lugar lo encuentran muerto. Las hipótesis que se manejaban eran lógicamente o suicidio u homicidio, pero ocurre que por una innumerable cantidad de irregularidades, imprecisiones, de negligencias, por parte del juez que intervino allá -que derivó luego en que lo apartaran del caso y del cargo- se perdió prueba importante”, comentó Jarque a FM De la Calle.

Para el defensor “no había razones para sostener que el soldado tenía tendencias suicidas, tenía proyecto de vida, tenía una novia, se iba a casar, había estado buscando una vivienda para alquilar en Apóstoles para vivir junto con su novia. De manera que por ese lado no surge de la causa que este muchacho haya tenido algún estado de depresión ni mucho menos”.

La madre de Ramírez sostuvo que tiene información extraoficial que afirma que su hijo “sabía algo y lo hicieron callar”. “Mauro me contó que se sentía perseguido por sus jefes. En ese momento le dije que no se preocupara, que obedeciera a sus jefes y que, quizás, lo estaban haciendo pagar derecho de piso, porque era nuevo. Jamás pensé que lo iban a matar. Hoy sí creo que dentro del Ejército hay asesinos sueltos”, dijo la mujer a Territorio Digital.

En ese sentido, el defensor oficial aseguró que por el momento no hay evidencia en la causa de que “de parte de los superiores o de los compañeros del propio destacamento (se) haya excedido el límite de lo tolerable a punto tal que lo lleve a un suicidio. Puede llegar a haber de parte de los superiores una presión, una exigencia, algunas circunstancias que indudablemente hablaban de que no estaba todo bien, pero no como para que se suicide, de ahí en más es motivo de la investigación”.

Jarque explicó que la reapertura de la causa “es una forma de iniciar de nuevo con el agravante de que pasaron trece años. Entonces lo que pueda aportar un testigo tiene la cuota de olvido, el paso del tiempo lo tiene encima, lo mismo con otra prueba, en su momento hubiera sido oportuno realizar una pericia psicológica del muchacho”.

El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires atendió el histórico reclamo de la Comisión Provincial por la Memoria para poder ingresar en los lugares de encierro con cámaras de foto y video para realizar las tareas de monitoreo. La decisión es clave para apuntalar el trabajo que se viene realizando desde el año 2003 y fortalece a la CPM, como organismo de monitoreo en la provincia, en su lucha por documentar los casos de torturas y malos tratos.

El Ministerio dio a conocer ayer la resolución que revoca una disposición del año 2005 -luego de la Masacre en el penal de Magdalena- mediante la cual se había prohibido el ingreso a las unidades penales de este tipo de dispositivos cercenando la capacidad de monitoreo del organismo. La prohibición adoptada originalmente bajo la gestión de Felipe Solá se prorrogó luego durante la administración de Daniel Scioli.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM subrayó que “resulta evidente que la posibilidad de registrar imágenes visuales y sonoras durante las inspecciones mejora cualitativamente las tareas de relevamiento de las condiciones de detención y permite disponer de nuevos recursos para la denuncia de la vulneración sistemática de derechos que se producen en los contextos de encierro, en particular de los casos de tortura. Por eso, consideramos muy positivo que el Ministerio de Justicia haya tomado esta iniciativa respondiendo a nuestro histórico reclamo”.

Desde la creación de su Comité contra la Tortura en el año 2003, la CPM viene realizando un trabajo sistemático de monitoreo en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos que ha permitido producir un acopio de información veraz fundamental para el diagnóstico y la denuncia de las prácticas violatorias de derechos de la que son blanco la personas allí detenidas. Los informes anuales presentados cada año desde el 2004 son un testimonio contundente de esta realidad y han tenido el objetivo no sólo de visibilizar el sistema de la crueldad sino también promover políticas de Estado.

Las Radios y socias y socios individuales que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo que condenó a la REVISTA BARCELONA al pago de 40 mil pesos por “daño moral” a Cecilia Pando por la publicación de un fotomontaje donde se satirizó un acto en el que la dirigente defensora de represores se encadenó en Tribunales.

El fallo de la jueza de primera instancia,  Susana Amelia Nóvile, resulta un grave ataque a la Libertad de Expresión y de Pensamiento tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que posee rango constitucional) y al Derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa (Artículo 14 de la Constitución Nacional). Además, por tratarse de una condena por un monto menor de 50 mil pesos, el fallo sería inapelable ante la instancia superior aunque podría ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que afecta Derechos Humanos. Entendemos que este fallo sienta un grave antecedente para los medios de comunicación y contra la libertad de expresión.

En los fundamentos de su fallo, la jueza remarca que  “a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante.” La magistrada consideró que Pando no es una “persona pública” y dio por probados los testimonios de las testigos aportadas (otras esposas de militares) que contaron que la contratapa afectó su honor para fijar la condena de 40 mil pesos más costas.

Además quien realiza la denuncia por “daño moral” es alguien que avala hasta el día de hoy y defiende públicamente la última Dictadura Cívico-Militar, que no tuvo ni moral ni ética para asesinar, torturar y desaparecer a 30.000 compañeros/as en nuestro país. No es casualidad que en el actual marco de retroceso de derechos humanos muy sentidos para nuestra sociedad, la persona que denuncia es de las principales difusoras de la impunidad para los genocidas.

Este fallo, consideramos desde AMARC Argentina, sienta una peligrosa jurisprudencia para los medios de comunicación y la Libertad de Expresión. Consideramos que el repudio de las organizaciones de medios de comunicación y de periodistas debería ser amplio y urgente porque en caso de ser avalados, empezaremos a perder el derecho a la libertad de expresión, derecho humano fundamental para toda sociedad democrática.

Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su profunda preocupación y denunciaron el vaciamiento que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional.

En particular, la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias del organismo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de sus nietos y nietas.

El viernes se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí se pudo constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial.

“Este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009”.

“Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones”, dijeron las Abuelas.

A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente”.

“Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la Ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009”, concluyeron.

El jueves comenzará un nuevo ciclo de charlas en el marco de la Cátedra Abierta de Violencia de Género que organiza la Universidad Nacional del Sur con entrada libre y gratuita. En esta ocasión, se tratarán temas tales como las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros.

Las charlas serán los días 12, 19 y 26 de mayo; 2 de junio, 9, 16 y 23 de junio, a las 19.30. La mayor parte serán en el Aula Magna de Colón 80 y contará con la presencia de disertantes de Capital Federal, La Pampa y Bahía Blanca. Las inscripciones se reciben a través del formulario http://goo.gl/forms/FLd6xaqnej. Para consultas, al mail [email protected] o al 4595036.

Esta es la cuarta edición de la Cátedra, que se replicó además en Punta Alta. Se trata de una de las actividades de Extensión con mayor convocatoria que realiza anualmente la UNS.

Programa:

12 de mayo: “Deconstruir para construir desde un enfoque de Derechos; la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales”, a cargo de la Dirección de Capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

19 de mayo: “Diagnóstico de la Violencia de Género en la provincia de La Pama, a cargo de funcionarios del área de Familia de la citada provincia.

26 de mayo: “La defensa de los Derechos Humanos con perspectiva de género”, a cargo de los abogados Viviana Lozano, Leandro Aparicio y Fernanda Petersen.

2 de junio: “Los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas”, a cargo de especialistas de la Asociación AMUNRA.

9 de junio: “Masculinidades plurales desde la perspectiva de Género”, conferencia de integrantes del Consejo Nacional de las Mujeres.

16 de junio: “Delitos sexuales y redes sociales”, exposición del fiscal Mauricio Del Cero.

23 de junio: La violencia de género en todas sus dimensiones”, por la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez.

La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold en el Departamento de Iglesia. A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en  la federal de la ciudad de Buenos Aires.

“Hace mucho tiempo que tanto los directivos de Barrick como las autoridades de San Juan estaban tratando de quitarle la causa al juez federal Casanello porque venía a investigarlos de manera impecable, avanzando sobre la verdad de las cosas, con medidas judiciales muy importantes”, dijo a FM De la Calle el abogado ambientalista Enrique Viale.

En San Juan se investiga a los directivos de la empresa y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso y Jorge Mayoral ex secretarios de Ambiente y Minería de la Nación, así como el de funcionarios provinciales y directivos de la empresa.

El abogado explicó que las responsabilidades provinciales alcanzan al ex gobernador y flamante presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja: “No es casual que todo ocurra en las misma semana, son poderes muy grandes, me resulta extraño que los análisis políticos sobre la nueva conducción del PJ no pongan el acento y la lupa sobre esta relación que tiene el ex gobernador Gioja con la Barrick, una relación espuria de muchos años”.

La Corte Suprema decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa  Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente nacionales. Además, enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.

En el marco de la causa que investiga el derrame, la Asociación de Abogados Ambientalista impulsa una medida cautelar para cerrar la mina mientras continúa el trámite judicial y por existir riesgo de nuevos derrames y de violación de la Ley de Glaciares. “Justamente quedaban pocos días para que el juez Casanello resuelva ese pedido” en base a un informe de un comité de expertos. “Fue muy oportuna para los intereses de Barrick la decisión de quitarle la causa a Casanello y ahora va a un juez más complaciente, un juez de San Juan y quedará en la impunidad una vez más un caso como este”.

“La Corte lamentablemente en los últimos fallos en materia socioambiental ha jugado de esta manera, una vez más jugando a favor de los poderosos. Vamos a seguir con mucha fuerza y también el pueblo de Jáchal, impulsando la causa ante el juez Casanello porque creemos que a pesar de haberle recortado la competencia hay muchas cosas por hacer”, afirmó Viale y mencionó entre ellas, insistir en el cumplimiento de la Ley de Glaciares “que prohíbe expresamente la actividad minera en el ambiente glaciar y periglaciar y Veladero está ahí”.