Judiciales – Página 59

Ferro: Los fallos de Ramos Padilla “quedan vigentes”

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Entrevista, Judiciales, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) El juez Jorge Ferro se refirió ayer en FM De la Calle a los fallos que firmó como integrante de la Cámara de Apelaciones bahiense en los cuales se aceptaron las recusaciones planteadas por las defensas de represores que son investigados en la ciudad contra Alejo Ramos Padilla, subrogante del Juzgado Federal Nº1 hasta su renuncia el 31 de diciembre de 2015.

“Los actos que dictó mientras estuvo a cargo del juzgado quedan vigentes”, aclaró y agregó, contradiciendo lo escrito en el fallo Delaico que ilustra esta nota, que las quejas fueron declaradas “abstractas” y por ende, no analizaron los cuestionamientos contra el juez que firmó en Bahía Blanca alrededor de 80 procesamientos contra represores de las fuerzas armadas y de seguridad y de Triple A.

Por otra parte, comentó por qué votó por la confirmación de la falta de mérito que benefició al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y adelantó que en agosto podría comenzar el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad.

Desde Mar del Plata, Ferro aseguró que “cuando estas causas llegan a la Cámara Federal, la sala que integro con el dr. Triputti y creo con el dr. Velázquez, resolvemos que las recusaciones del dr. Ramos Padilla caen en abstracto precisamente porque él ya no es juez subrogante en Bahía Blanca. Por cuestiones técnicas, no obstante esa declaración en abstracto, dejamos vigentes los autos que el dr. Ramos Padilla había dictado como tal durante su permanencia como juez, las causas no se retrotraen, lo que ocurre es que a partir de ahora van a tener un nuevo juez que va a ser designado por el Consejo de la Magistratura”.

Extracto fallo Delaico.

Los defensores calificaron a Ramos Padilla como un “juez militante” y cuestionaron que haya sido “director de Derechos Humanos, que participó como querellante en causas de lesa humanidad mientras estuvo cumpliendo funciones como abogado en La Plata e intervino en muchos juicios” y que al subrogar el juzgado local “esa supuesta forma de actuar o ejercer ese derecho de defensa de los querellantes podía influir en su ánimo parcial”.

Sin embargo, Ferro aseguró: “Eso nosotros no lo tratamos porque entendemos que ya al haber renunciado a su cargo de juez ya no tiene sentido analizar las pretensiones de los abogados defensores porque precisamente caen en abstracto”.

Extracto fallo Delaico.

El camarista reprochó al juez renunciado el haberse excusado en causas de lesa en su juzgado original pero no en nuestra ciudad: “El tema de la uniformidad del plan criminal ya como miembros del tribunal oral lo hemos dicho en tres juicios ahí en Bahía Blanca, entonces decimos si las causas de lesa humanidad actúan de una forma en Dolores tienen que actuar de la misma forma en Bahía Blanca”.

La falta de mérito de Massot

Al ser consultado sobre la falta de mérito otorgada al empresario Vicente Massot por el abogado Claudio Pontet en el marco de la causa que investiga la participación de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado, Ferro aseguró que la Cámara confirmó la resolución porque “no hay ningún tipo de elementos que lo convaliden al señor Vicente Massot como participante de los casos de Heinrich y Loyola en el año 76, 77”.

“Al menos está acreditado por ahora que él vivía en Buenos Aires, que estaba en Buenos Aires y que solo ocasionalmente viajaba a Bahía Blanca. Distinto es el caso de la madre (Diana Julio) y del hermano fallecido (Federico Massot) que ellos estaban en Bahía Blanca y manejaban de manera directa el diario La Nueva Provincia”, dijo.

Massot fue acusado por la Fiscalía de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario.

Según el magistrado, las negociaciones con el Sindicato de Ártes Gráficas que conducían los obreros asesinados estaban a cargo de Federico y “un señor que en este momento no recuerdo el apellido, ¿puede ser Gabrielli?”. Insistió en considerar probada la permanencia del actual director de la empresa en Capital Federal durante el conflicto gremial.

-¿Y las actas de delegación de la gestión de Federico a Vicente?

Porque él no estaba en Bahía Blanca. Él tiene perfectamente acreditado que durante esos períodos estuvo permanentemente en Buenos Aires.

Acta LNP, 16/9/75.

-¿El acta de la propia empresa no dice lo contrario?

No, el acta ante escribano dice que él puede manejar las negociaciones sindicales, como que estaría facultado, pero no dice que él las llevó a cabo.

-Hablan de por lo menos dos ocasiones en que estuvo cara a cara con Heinrich y Loyola.

Por eso le digo, el acta dice, pero hasta este momento no está acreditado que él participó de esas reuniones en el ámbito del diario, hasta lo que surge ahora. Por eso confirmamos la falta de mérito y si la parte de la Fiscalía profundiza investigaciones y logra acreditar lo que ellos dicen otro puede ser el resultado.

Acta LNP 28/9/75.

-¿Y en relación a la acción psicológica que ustedes habían ordenado investigar?

Bueno, la acción psicológica era manejada por las autoridades del diario en ese momento que eran la señora, la madre, y el hijo que falleció.

-Eso está probado pero no lo de Vicente…

Eso sí, pero no lo de Vicente Massot.

-Ustedes dicen en algún momento que la empresa es usada por las fuerzas armadas, casi como víctima de los terroristas de Estado…

No, lo que decimos es que el diario La Nueva Provincia en ese interín sirvió como acción psicológica porque lo expresaba el propio Adel Vilas en su declaración indagatoria. Lo que ocurre es que el diario en ese momento estaba dirigido por la señora de Massot y por el hijo que estaba en Bahía Blanca. El señor Vicente Massot por lo que surge en el expediente hasta este momento no tuvo nunca injerencia o poder de decisión en ese diario, aparte tenía si mal no recuerdo creo que 19 o 20 años.

Próximo juicio

Como presidente del Tribunal Oral subrogante de Bahía Blanca, Ferro informó que “está en pleno camino el cuarto juicio” por crímenes de lesa humanidad. Las partes están aportando sus pruebas, “tenían un plazo de diez días, creo que van a pedir otra ampliación y si todo ocurre normalmente calculo que en el mes de agosto empezaríamos con las audiencias orales. Es un plazo muy relativo porque como es complejo el juicio y muy extenso las partes pueden ofrecer muchas pruebas”. Se trata de la causa Ejército III caratulada “González Chipont y otros” con cerca de 35 imputados por casi un centenar de hechos.

16 junio, 2016/por FM De la Calle

La Cámara confirmó recusaciones contra ex juez subrogante

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) Seis meses después de la renuncia de Alejo Ramos Padilla como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, la Cámara Federal avaló una recusación en su contra planteada por la defensa de un represor y puso en jaque a todas sus resoluciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad.

Se trata de varias causas similares que repiten el argumento: que Ramos Padilla haya sido abogado de organismos de derechos humanos y condene públicamente el terrorismo de Estado da “sustento serio y razonable al temor de parcialidad” que plantean los genocidas. Esto habilitaría a las defensas a pedir la nulidad de decenas de procesamientos, elevaciones a juicio, prisiones preventivas e indagatorias de civiles y militares.

El camarista Jorge Ferro afirmó que más allá de la renuncia del recusado “el caso no puede ser declarado abstracto” porque eso sería “adoptar una posición, por lo menos, ingenua respecto del tipo de proceso que nos ocupa, pues en razón de su objeto, los sujetos que involucra, su gran volumen, su complejidad, su extensión geográfica y temporal, su importancia histórico social y su alto contenido político e ideológico entre muchos otros factores, nunca podría ser asimilado a una causa penal ordinaria”.

A pesar de haberse inscripto en la historia judicial bahiense como el presidente del tribunal oral que condenó a decenas de represores y ordenó investigar a La Nueva Provincia, el marplatense ya había comenzado su adaptación al cambio cuando confirmó la falta de mérito a Vicente Massot victimizando a la empresa sin importar siquiera las “apariencias” de quien benefició al hijo de Diana Julio.

La Fiscalía había solicitado la nulidad de la designación de Claudio Pontet a quien recusó por imparcial “no sólo como consecuencia de la estrecha vinculación de Pontet respecto a imputados de delitos de lesa humanidad de esta jurisdicción, sino además por la adopción de conductas y posturas previas a su nombramiento”, que “afectan seria y fundadamente la confianza en que proceda con objetividad y equidistancia”. El tema no fue de “interés actual” para la Cámara.

Ahora, por ejemplo en un incidente de la causa “Delaico… p/Privación de la libertad pers. tortura, homicidio agravado”, Jorge Ferro declaró la nulidad del rechazo de Padilla a la recusación en su contra por entender que era una definición que correspondía a la Cámara y desplegó la jugada con el apoyo del pampeano José Mario Triputti –vocal del tribunal oral- y Pablo Candisano Mera.

El debate comenzó cuando el defensor Sebastián Olmedo Barrios pidió el apartamiento de Ramos Padilla por falta de imparcialidad porque a su entender el juez “tiene una posición política tomada” respecto al tema de la causa y “de planteos jurídicos que pueden producirse durante el proceso”. Se basó en declaraciones periodísticas que Padilla realizó cuando era abogado de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

El magistrado destacó entonces que fue designado para entender en todas las causas que tramita el Juzgado Nº1 y que “no conoce a las partes, no tiene parentesco alguno con ellos, ni amistad o enemistad manifiesta, ni prejuicio alguno sea objetivo, subjetivo o con relación a la materia específica de juzgamiento” y que sus resoluciones se fundarían en las pruebas de cada caso.

Padilla sostuvo que su anterior actuación como abogado no tenía ninguna incidencia en la causa en cuestión ni su compromiso con los derechos humanos podía ser un inconveniente dado que así lo exige el Reglamento de Selección de Magistrados. Calificó la recusación como “absurda” pues si los mismos argumentos se utilizaran en causas de “trata de personas, narcotráfico, abuso de menores, etcétera, se podría sostener que no se encontrarían habilitados para actuar como magistrados aquellos abogados que previamente hubieran actuado como acusadores en algunos de esos procesos” o que hubieran manifestado que los imputados “deben ser juzgados y de resultar responsables, condenados”.

Ya en la Cámara, el juez Ferro dijo que el planteo es “ambivalente” porque, por un lado, toma “esa posición simplista” y, por otro, “al justificar su designación y el rechazo de los múltiples planteos recusatorios, busca apuntalarse en la diferenciación de estas causas respecto de cualquier otras, haciendo hincapié en que este tipo de causas es producto de una política de Estado y que todo juez de la Nación debe regir su actividad siguiendo los mandatos de la Constitución Nacional y los tratados de DDHH”.

Para Ferro es “obvio” que el mejor argumento es el “mixto” de Olmedo Barrios quien invocó “tanto las causales del código como la causal objetiva de ‘temor de parcialidad’, debiendo tenerse en consideración las particularidades propias de los procesos judiciales en que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.

En plan de compartir “obviedades”, Ferro recordó que “el plan criminal fue único, no hubo uno por cada circunscripción en las que está organizada la justicia federal, de allí que no puede hacerse el análisis desvinculando las causas unas de otras pues se iría a contramano de la realidad de los hechos acreditados en las distintas causas que tramitan en todo el país”.

Y agregó que “si bien las acusaciones que como querellante formuló el dr. Ramos Padilla involucraban a personas distintas de las partes intervinientes en esta jurisdicción (tanto víctimas como imputados), igualmente refieren al mismo plan criminal investigado”.

Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia trabajan por estas horas en la apelación de los fallos, los represores de las fuerzas armadas y la Triple A son de los pocos que aún tienen expectativa de mejorar en el segundo semestre.

15 junio, 2016/por FM De la Calle

“La Justicia es una mierda”

Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias

Ayer, el Juzgado Correccional Nº 3, a cargo de la jueza Susana Amelia González La Riva, absolvió a Norberto Maximiliano Metz, gerente local de Camin Cargo Control, acusado de la muerte de Juan Cruz Manfredini.

Por homicidio culposo, la Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de prisión y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Durante el proceso judicial, los testimonios de los trabajadores, especialistas y funcionarios públicos que dieron cuenta de la clandestinidad en que la empresa llevó a cabo su proyecto, generaron cierta expectativa sobre la posibilidad de una decisión judicial orientada en un sentido contrario a la adoptada por González La Riva.

“Esperábamos una condena ejemplar para que esto no vuelva a pasar”, dijo a FM De la Calle Mónica Dambolena, mamá del joven trabajador. “Se demostró que Juan no tuvo responsabilidad alguna”, agregó.

Por su parte, Federico Mandredini, papá de Juan Cruz, sostuvo que “deja mucho que desear el fallo de la jueza. Porque en el juicio quedó demostrado que el lugar no estaba habilitado, que no estaban las condiciones dadas, que no tenían el lugar habilitado, inclusive cómo se produjo la explosión. Quedó también demostrado que Juan no alcanzó a manipular nada. A la jueza no le alcanzó esto”.

Marcando las condiciones laborales a las que se vieron sometidos los trabajadores en el dúplex, Manfredini recordó que “había muestras semi enterradas del año 2008. Cuando fueron los peritos de la universidad se agarraban la cabeza porque decían que eso es una bomba ambiental”.

La cocina judicial

“Ayer fui la voz de mucha gente común que trabaja, que cumple con la cosas. Me preguntaron ¿qué piensa de la justicia? Y… la Justicia es una mierda, dije”, agregó Federico.

“Nos quedamos con las manos vacías, peor que antes. Porque tuvimos una ilusión que fue borrada. Ayer cayó un muchacho en una obra en construcción. Te da a pensar que la justicia no va a resolver nunca nada y no sabes qué pensar y para dónde ir”, cuestionó Gino Manfredini, hermano de la víctima.

La estrategia de absolución se basó en que el gerente también era empleado y con ello relativiza su responsabilidad. Sin embargo, Norberto Metz “sabe cómo actúo y sabe perfectamente bien que es culpable”, recalcó Federico.

Según Mónica, el absuelto “no fue en toda la semana previa al accidente a la oficina. Estuvo toda la semana cerrada ahí es donde se convierte ese anfo”. “Eso es su responsabilidad. Tenía un trabajo extra al que le dedicaba mayor responsabilidad y los chicos le hacían el trabajo a él”, agregó Manfredini.

Además de absolver a Metz, la jueza no hace ninguna consideración concreta acerca de quién tuvo la responsabilidad. “Ya sabíamos que es una jueza que se tira a favor de las empresas. El hecho de que Metz no haya estado en la audiencia marcaba que lo iban a dejar libre”.

Según la familia de Juan Cruz, el hecho de que el letrado que representó al imputado no haya presentado una defensa férrea daba la sensación de que “estaba todo cocinado”.

Escuchá la nota completa:

14 junio, 2016/por FM De la Calle

Alternativas a la prohibición

Argentina, Bahia Blanca, Cultura, Derechos Humanos, Economía, Educación, Entrevista, Judiciales, Mundo, Noticias, Política, Salud

El periodista Emilio Ruchansky presentará en Bahía Blanca su libro “Un mundo con drogas”. Será este viernes a las 18 en Sarmiento 54. Dos horas antes disertará sobre “actualidad legislativa y jurisprudencial en drogas” a instancias de la Defensoría local y el Departamento de Derecho de la UNS. Inscripciones en www.derechouns.com.ar

El integrante del staff de la Revista THC y columnista de la TV Pública investigó las experiencias alternativas a la prohibición en países como Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia y Holanda y las contrastó con las políticas represivas de la prohibición que generaron “una multiplicidad de problemas graves que saltan a la vista: cebo transgresor para adolescentes, proliferación de mercaderías descontroladas, mafias clandestinas enquistadas en diversos estamentos del Estado, negocios multimillonarios para unos pocos y cadenas de crímenes cada vez más espantosos”. Aquí la charla con el autor durante el programa En Eso Estamos de FM De la Calle antes de su llegada a la ciudad.

-¿Qué es Un mundo con drogas?

Es un libro que empieza a gestarse en 2012 en un viaje a Holanda donde pude entrevistar a biólogos que hacen semillas feminizadas de cannabis, ir a los coffee shops y hablar con los dueños, conocer un poco el ambiente del activismo holandés que es bastante desconocido acá y juntar materiales de la política pública de ellos, por qué decidieron permitir los coffee shops, que tiene que ver con separar el mercado de heroína con el de cannabis, es decir, que la gente que quiere cannabis solamente tenga cannabis y no tenga contacto con los dealers.

A partir de que la puerta de entrada es el dealear y no el cannabis o el alcohol, ellos plantean esta política de separación que funciona. Yo ya conocía el caso de Suiza con las salas de consumo controlado que también tiene que ver con evitar el contagio de Hepatitis C y HIV en usuarios de heroína o cocaína inyectables en Europa, fui juntando los casos, también España con los clubes de cultivo, Estados Unidos con los dos estados que legalizaron, yo fui a Colorado para ver cómo se gestó, cómo se votó -eso fue un plebiscito-, y cómo es la legislación interna.

El libro tiene una preocupación y yo a veces lo encuentro hasta pesado de detalles de legislación, por eso también la invitación de los defensores del Departamento de Bahía Blanca, porque hay mucha letra fina sobre cómo se puede legislar en drogas y qué resultados tiene pensar y actuar de una manera distinta. Dejar de basarnos solamente en la represión y empezar a atender el problema respetando la voluntad de las personas, sin internación coactiva o judicial sino acercándose y aceptando que consumen y viendo cómo se puede mejorar eso y cuáles son los objetivos que se puede plantear esa persona.

También fui a Bolivia por el tema de la hoja de coca y a Uruguay que es hoy el país más avanzado en políticas de drogas en el mundo.

-¿Qué valoración hacés de estos primeros meses de esas políticas públicas en Uruguay?

Solamente con los clubes de cultivo cooperativo más el autocultivo, que no está todo registrado, hay cuatro mil personas registradas, ya tienen un 40 por ciento del cannabis circulante que es uruguayo. Es decir, cuarenta por ciento menos de ganancia para las mafias de cannabis paraguayo, esto involucra a las mafias locales más la plata que pagarán para entrar al país, etcétera. Es positivo en el sentido de que se logran los objetivos que es dejar de alimentar al mercado negro, dejar de financiar a la persona que supuestamente decís combatir.

Hay que ver que va a pasar con las farmacias, están hablando de agosto, creo que se va a retrasar pero hay dos empresas licitadas, una es argentina, ganaron la licitación y va a haber venta en farmacias, con lo cual ahí ya el sistema realmente va a tomar la dimensión que tiene que tomar porque no todo el mundo tiene tiempo de cultivar en su casa o un club cannabico cerca, ni es tan sibarita que es el estilo de los clubes. La venta en farmacia lo va a poner en el acceso a los consumidores a un nivel más masivo y ahí sí va a empezar a funcionar el mercado bajo la consigna uruguaya que también es la segmentación de mercados de marihuana y pasta base, el que quiera marihuana que no se le ofrezca pasta base, cocaína y otras drogas. Si funcionó en Holanda no tiene porque no funcionar en Uruguay.

-¿Cuando planteas la regulación lo haces para cualquier droga?

La regulación hasta lo que pude investigar para el libro se ha vuelto sobre el tema del cannabis. Son cosas distintas, hay otras drogas que por la peligrosidad uno tendría que evaluar cómo regularlas. Obviamente que la prohibición no sirve para ninguna sustancia, hay algunas que creo que son más regulables como el éxtasis. Más allá de que lo que pasó en Time Warp, que nos quieran llenar la cabeza con que a los chicos los mató una pastilla, todos sabemos que había el doble de gente y no había agua, había cuestiones básicas que cualquier persona que consume éxtasis sabe que tiene que tener.

Primero te diría, un milagro a la vez. Hay que probar cómo funciona con el cannabis, qué nuevos problemas genera, porque acá no hay soluciones mágicas, la regulación lo que trae aparejado son nuevos problemas comerciales, controlar a las empresas, que no haya publicidad. Fijate que mal nos fue con el tabaco que nunca se aclaró que causaba cáncer abiertamente, solamente se decía que era perjudicial para la salud, y fijate que mal nos está yendo con el alcohol que tiene publicidad en televisión, esponsorea partidos siendo hoy el principal problema de consumo de la Argentina y de la región.

-Y muchas veces no lo consideramos como una droga…

Me ha pasado de dar charlas y personas indignadas me decían que no es una droga, ‘cómo me vas a decir que es una droga’.

-Emilio, ¿qué opinás respecto del discurso de algunos curas de villas de Capital que suelen plantear que todo bien despenalizar para cierto sector de la sociedad pero que en los barrios sería una catástrofe?

Creo que no todos los curas opinan lo mismo en las villas, los Curas de Opción por los Pobres no creo, existe un cura en particular que es el padre Pepe que se viene oponiendo sistemáticamente a la despenalización bajo criterios inentendibles. Porque él está de acuerdo en no criminalizar a las personas que padecen una adicción y cuando le decís que es necesario despenalizar para no criminalizar te dice ‘no, despenalizar es una mala señal’. Y así al infinito, es irresponsable.

Y ya la Organización de los Estados Americanos está planteando que sin despenalización no hay estrategia de salud. No podés esperar que la gente se acerque a los servicios médicos si la estás criminalizando, si pueden ir presos por tener sustancia. Esto de defender con el garrote no sirve. Portugal lo demostró, cuando se despenalizó no aumentó el consumo, aumentaron las consultas médicas porque la gente se sintió más segura.

Siempre nos van a decir que no estamos preparados, no lo entiendo, ¿no estamos preparados para qué? Estamos preparados para seguir metiendo gente presa, consumidores, persiguiéndolos, para que la policía siga recaudando con las mafias de venta de sustancias, para seguir encerrando chicos con órdenes judiciales sin respetar su voluntad, creo que es muy inhumano lo que está pasando pese a tener una gran Ley de Salud Mental en la Argentina.

-Me tocó estar en Uruguay en un momento en que se llevaban detenidas a un grupo de personas que cultivaban pero que no estaban inscriptas en un registro del Estado. Hay quienes se oponen a este tipo de registros por la información que le dan a un Estado que en última instancia conserva características represivas, ¿cuáles son los riesgos en ese sentido?

En el caso del registro, en el libro está explicado por la persona que armó la regulación que es Julio Calzada, era algo necesario para el momento y hay que ver si se sostiene en el futuro. A nadie le gusta registrarse, son cuestiones privadas, para comprar cerveza no tenés que estar registrado y estamos de acuerdo en que hasta es ridículo. Ahora, el gobierno uruguayo plantea que necesita saber el volumen del cannabis que se está cultivando al menos legalmente, sea autocultivo, sean clubes o farmacias, porque Uruguay también puede correr el riesgo de transformarse en un país productor de cannabis y exportador. Ahí solucionas el tema de las mafias pero generas tal vez nuevas. Es una primera regulación, no hay experiencias a nivel de estados nacionales, si en el caso de Estados Unidos, Holanda nunca completó la regulación del cannabis, permite la tenencia y la venta pero no la producción, es raro pero es así.

Es importante que los Estados se involucren, la consecuencia grande que puede tener, que está en Colorado y es para debatir, es que pueden encarecer el producto la cantidad de controles y si se encarece el cannabis el del mercado negro va a seguir estando. Si tu objetivo es sacar el mercado negro, es lo que dice Pepe Mujica, contra los bombazos de cien dólares no hay forma de ganar la guerra. Hay que copar el mercado, claro, pero si el Estado se burocratiza demasiado y eleva el precio del cannabis tenés un problema de nuevo.

Son cuestiones complicadas, hay que salir del fracaso de las drogas que ya lo reconoce (el presidente de Colombia, Juan Manuel) Santos, (el de México Enrique) Peña Nieto, hay presidentes que no son los ex sino en ejercicio diciéndolo, y de los países más afectados. Evidentemente la salida no va a ser fácil y va a haber complicaciones. Uruguay tuvo un camino valiente, es importante que el Estado intervenga porque hasta ahora la regulación la tenían los transas, los narcos, la policía.

-¿Qué fue el Proyecto Cocaína de la OMS?

Es una investigación, hecha en Cochabamba, San Pablo, Rio de Janeiro e Ibadán -en Nigeria-, es el estudio más importante que se hizo sobre cocaína y sobre hoja de coca. Incluye pasta base, crack, clorhidrato y formas inyectables también y fue realizado por la OMS pero nunca se pudo publicar porque Estados Unidos presionó con dejar de financiar al organismo de salud si lo hacían. Lo que dice es que el clorhidrato de cocaína no genera una epidemia sanitaria ni nada parecido. Y también que la hoja de coca tiene utilidades médicas. Según el psiquiatra que hizo el estudio, lo que más molestó a los delegados estadounidenses fue el tema de la hoja de coca y no la cocaína, aunque suene increíble.

El estudio es muy interesante, lo pude rescatar, está publicado por Wikileaks y el National Institute y lo que hice es reconstruir cómo se gestó, porque la OMS en un momento tuvo un área que se llamó Abuso de Sustancias que se cerró cuando terminó el Proyecto Cocaína y es una investigación comparativa que hizo un antropólogo barcelonés que ya había trabajado con investigaciones de cocaína pero en Europa, comparando Barcelona, Ámsterdam y Roma. Es un estudio en territorio donde hablan los pastabaseros, la gente que está más en el horno, y también gente que le va bien, de buenos ingresos económicos que toman cocaína los fines de semana, que no tienen un problema de consumo.

También publiqué unas cosas que no existen en un sitio que se llama unmundocondrogas.com, está el proyecto, algunas cosas más y las taquigráficas de Uruguay, algunas cosas sobre Suiza en inglés, siempre pido una mano a ver si me pueden ayudar a producir muchos de los materiales, mi idea no es vender libros sino acercar materiales a las personas que investigan, que hacen política con esto o tienen que ver con la tensión desde el lugar que les toque.

-Venimos de una marcha mundial muy concurrida como la de los últimos años y la posibilidad de avanzar en el cannabis medicinal, ¿que hay en concreto y en el marco del nuevo gobierno en cuanto a la posibilidad de despenalizar en el país?

El martes que viene tenemos una reunión en la comisión de Salud para ver el tema del cannabis medicinal y te diría que el avance va a ser ese por ahora. No hay todavía en el gobierno una postura muy clara sobre este tema, hay un ala más dura -Burzaco, Patricia Bullrich- y por otro lado, gente más liberal como Pinedo. Hay que ver cómo se da ese debate interno.

De todas formas la ministra planteó fijar cantidades mínimas, no es algo que a nosotros desde la Revista THC nos parezca ideal pero ayuda. Por lo que pude hablar con Pinedo hay toda una expectativa de lo que está haciendo Uruguay, yo creo que eso va a influenciar mucho. Uruguay fue pionero en algunas cosas como el divorcio como nosotros fuimos pioneros con matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, es interesante que ellos tomaron el tema de la despenalización y la regulación al lado del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, dentro de ese paquete de derechos, cosa que acá no se hizo.

9 junio, 2016/por FM De la Calle

#NiUnaMenos: femicidio en Dorrego

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Liliana Díaz, de 29 años, fue asesinada ayer en Coronel Dorrego. El femicida sería su ex pareja Marcelo Fabián Camarero, de 48, quien se presentó a medianoche en la comisaría junto a su representante legal y quedó detenido. La víctima fue encontrada sin vida dentro de un automóvil.

Según los medios del lugar, Liliana cursaba la carrera de Educación Física en la Escuela Secundaria Nº2 y habría sido atacada en un playón de estacionamiento ubicado enfrente. Luego, Camarero habría llevado el auto hasta una cochera de calle Yrigoyen, entre Lequeric y Santagada donde lo encontró la policía. La mujer era bombera voluntaria y residía en El Perdido.

“Hay algo que se fue de las manos evidentemente, pensar en nuestro pueblo, de 2008 hasta acá son muchos los casos que se van sucediendo, tratás de ver cuál es el punto en común y el único es el ser mujer”, dijo a FM De la Calle Eliset Nomdedeu, integrante del programa feminista “Y que los platos los lave otro” y enumeró: “Katherine Moscoso, Verónica Vaca hace unos años, Marcela García, el caso de Rocío secuestrada y violada, son muchos”.

La Unidad Fiscal Descentralizada de Dorrego informó: “Un sujeto de sexo masculino se encuentra aprehendido imputado de Femicidio (art. 80 inc. 11 del Codigo Penal) Se trata de Marcelo Fabián Camarero, DNI 18377613, quien cerca de las 21 de ayer, le habría quitado la vida a Liliana Díaz, su ex pareja, mediante disparo de un arma de fuego calibre 9 mm.. El hecho acaeció en el interior del vehículo del aprehendido, Peugeot 308., se procura determinar lugar exacto. Interviene UFIJ 5 temática de homicidios subrogada por Mauricio Del Cero. Colabora esta Ayudantía Fiscal. Están en curso medidas probatorias fundamentales. Ampliaremos”.

Según pudo constatar FM De la Calle, el viernes 16 de enero de 2015 el Boletín Oficial dio cuenta de la solicitud para la tenencia y portación de una pistola 9mm. por parte del femicida “a efectos de que cualquier ciudadano, habitante de la Nación Argentina y entidades de la sociedad que tengan interés, puedan oponerse”.

“Estamos despertando, yo me enteré anoche a pocas horas que había pasado y es como que uno no alcanza a acomodar la cabeza, hace una semana estuvo la marcha y ya vino mucha menos gente que otros años, pasas por distintos ciclos, el hartazgo, la bronca, preguntarte qué hay que hacer o qué falta”, afirmó Nomdedeu.

Agregó que es “una mujer más, de tanto años, y el tema de cómo lo tratan los medios, era ‘su autor’, el uso de los eufemismos para no decir el asesino y enfatizando que no se quiso fugar, que ya es un justificativo del homicidio”, opinó.

El #NiUnaMenos en Dorrego

Video: Pablo Rodríguez.

9 junio, 2016/por FM De la Calle

Juicio a la precarización: “Podría haber muerto mucha más gente”

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El lunes a mediodía la jueza Susana González La Riva dirá si Norberto Metz es penalmente responsable del homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Así lo es para la Fiscalía que pidió una pena de cuatro años de prisión para el ex gerente local de Camin Cargo Control S.A. y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba. El juicio analizó la responsabilidad de Metz y próximamente deberá ser juzgado el representante nacional de la firma, Marcelo Camin.

Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, comentó a FM De la Calle que fue una investigación con mucha prueba aunque “uno no puede decir qué pasó por la cabeza de un juez”. Destacó que “lo importante es que se haya debatido”, más teniendo en cuenta el intento del primer fiscal de la causa de acordar una pena de tres años en un juicio abreviado para el gerente de la empresa Marcelo Camin.

“Cuando se va a debate hay que reproducir todo lo que se hizo en forma oral, a riesgo de eso, la familia prefirió en honor a la memoria de su hijo que esto salga a la luz, que se debata y se conozca cómo trabajan estas empresas, esto es un tema de precarización laboral donde para ofrecer un producto barato, a bajo costo, la empresa pone en riesgo a los trabajadores y a un montón de gente”.

Fernández explicó que se trata de “una empresa internacional con sede en Houston” y otra que se llama Camin Cargo Argentina. “El gerente de Argentina es Marcelo Camin y está imputado también pero, por un recurso de Casación, todavía no llegó su debate. Con respecto al jefe local lo que había que demostrar era el nivel y grado de responsabilidad que teníaal manejar la delegación de Bahía Blanca, ese fue el nudo principal. Se apuntó a tratar de demostrar claramente que esta persona tenía toma de decisión”.

“Es importante porque no hay muchos antecedentes de gente de una empresa, del personal jerárquico, que sea responsable penalmente. Muchos terminan en un abreviado, en una probation, y si no tienen antecedentes pareciera como que no debería ir preso una persona. Pero, la pucha, no solamente mató una persona -no tuvo la intención de matarlo pero es un homicidio culposo- (…), era una bomba de tiempo, no podés poner en una vivienda tipo dúplex, en un edificio acostado, muchas viviendas, ¿cuánta gente que va por recreación al Parque de Mayo sabía que a media cuadra había una bomba?”, se preguntó.

El abogado dijo que para probar a qué se dedicaba -dedica- Camin Cargo Control hubo que escuchar a muchos especialistas. “Cuando viajan productos inflamables en buque se toma una muestra local y se hace un resguardo, se contrata a estas empresas para que cuando el buque llega a destino, si hay un tema de contaminación, tengan un respaldo de muestra. Por eso la actividad principal es guardar muestras, uno espera que lo hagan en un lugar seguro y no en un departamentito que alquilaron como casa habitación”.

“La peligrosidad estuvo dada porque se almacenaron productos incompatibles entre sí. Había muchos tipos de gasolina que salen del puerto, naftas, gasolinas especiales que son altamente explosivas. Incluso como también hacían muestreo de fertilizantes había urea granulada, nitrato de amonio. Pareciera que no son peligrosos por sí solos pero los especialistas en explosivos nos explicaron que si mezclas fuel oil con nitrato de amonio se denomina ANFO, un explosivo casero con el que se voló la AMIA. Para que uno tenga dimensión de la peligrosidad. Podría haber muerto mucha más gente acá”, advirtió.

Fernández agregó que “esta gente para ahorrar costos no tenía, como explicaron los técnicos, los productos peligrosos separados y en un lugar habilitado. Obviamente vino la jefa de Habilitaciones y dijo que esto no podía estar por el lugar directamente, es residencial, tendría que haber estado en el puerto o el parque industrial, un lugar preparado para tener este tipo de producto, no en el medio de la ciudad”.

“Más de una empresa debería poner las barbas en remojo y por lo menos si contratan a una empresa para tomar una muestra requerir dónde la llevan. En el sistema penal se imputan personas determinadas pero posiblemente esto desemboque en alguna investigación, espero, es difícil entender la actividad porque los únicos que saben son los que la realizan”.

“Esto es un contrato entre una empresa internacional que viene de afuera a buscar un producto -a la cual ni siquiera conocemos- y contrata un buque y el que vende el producto acá. Esas dos personas contratan a un tercero para queguarde la muestra. Esto debería reverse y las autoridades deberían mirar un poco más. Esa es la lucha de la familia, nadie les va a devolver el hijo, incluso en un momento se trató de desvirtuar esto como que había sido una mala manipulación de una garrafa de este muchacho. Le echaron la culpa al muerto que es lo más fácil”, dijo.

En ese sentido comentó que ” los médicos explicaron que estaba quemado el 95 por ciento del cuerpo y que si manipulas una garrafa lo lógico es que te quemes adelante, no que tengas una quemadura tipo V en la espalda, es imposible. El ambiente donde ponían estos productos generaba vapores, algoque detonó eso levantó una temperatura terrible e hizo lo que técnicamente se llama deflagración, una explosión”.

La sentencia se conocerá el lunes a las 12 en el Juzgado Correccional Nº3 de Estomba 34. Más información en Exigimos Justicia para Juan Cruz Manfredini.

Otras entrevistas:

Foto familiar: Facebook Gino Manfredini.

8 junio, 2016/por FM De la Calle

Condenaron a ex concejala por usar pasajes del Penna

Bahia Blanca, Judiciales, Noticias, Política

Gabriela Bustos Arnst fue condenada por falsificación de documento público y fraude a la administración pública y uso de instrumento público falsificado y fraude a la administración pública en un juicio refrendado por el juez José Luis Ares. La pena fue de dos años de prisión en suspenso, 15 mil pesos de multa, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y 200 horas de trabajo comunitario. Fue absuelta por uso de documento público adulterado, delito por el cual serán investigados su padre, su madre y su hermana.

Se trata de la utilización de pasajes del Ministerio de Salud ortorgados al Hospital Penna para presentar ante la empresa Transportes Plaza S.A.C. entre los días 11 de enero y 1 de diciembre de 2011. Para ello, se falsificó la firma al director César Comezaña.

“Con dicho accionar y ardid desplegado, se provocó fraude engañando a la Administración Pública, quien, como consecuencia de ello, resultó perjudicada patrimonialmente por el pago efectuado de los pasajes emitidos a personas no autorizadas”, dijo el juez Ares.

El fiscal Gustavo Zorzano, el defensor particular Gustavo Giorgiani y la propia Bustos Arnst, acordaron el juicio abreviado. El Ministerio Público calificó el ilícito como fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de documentos públicos adulterados y solicitó la imposición de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con la obligación de cumplir con las siguientes reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de institución de bien público, fuera de los horarios habituales de trabajo, durante el tiempo que dure la ejecución de las reglas de conducta establecidas, hasta alcanzar la cantidad de trescientas horas (a razón de cien horas por año), multa de veinte mil ($20.000) e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. La defensa prestó conformidad a la calificación y pena junto a su asistida”.

El juez correccional absolvió a la imputada respecto a varios hechos por no haber sido probados y en otros supuestos aplicó el criterio unánime en la doctrina y la jurisprudencia de que no corresponde condenar por el uso del documento falsificado al autor o autora de la falsificación (el uso queda absorbido por la falsificación). Por ello, redujo la pena pactada por las partes y ordenó investigar a familiares de Bustos.

6 junio, 2016/por FM De la Calle

#NiUnaMenos: “La marcha de todas”

Argentina, Bahia Blanca, Cultura, Derechos Humanos, Educación, Feminismo, Géneros, Gremiales, Judiciales, Mundo, Noticias, Política, Pueblos Originarios, Radio, Salud

“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.

La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.

“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.

Cuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.

Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.

“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.

Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.

“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.

En el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.

Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.

El texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.

Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.

El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.

5 junio, 2016/por FM De la Calle

#NiUnaMenos: El Estado es responsable

Argentina, Bahia Blanca, Cultura, Derechos Humanos, Educación, Feminismo, Géneros, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política, Pueblos Originarios

Desde la Colectiva Feminista de Bahía Blanca convocaron a “encontrarnos para gritar y denunciar que no queremos Ni Una Menos”. Desde las 16:30 sonarán en la Plaza Rivadavia las cuerdas de candombe llamando a la movilización que comenzará a las 17.

“Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de #NiUnaMenos. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general”, aseguraron desde la Colectiva.

Agregaron que “son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto. El Estado tiene responsabilidades fundamentalmente para evitar la situación en la que miles de mujeres nos encontramos hoy; aún seguimos esperando que las promesas se materialicen”.

Por todo esto volvemos a decir:
Basta de violencia hacia las mujeres
Basta de vaciamiento de políticas de protección a la mujer
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Basta de impunidad! Que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, Maria Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata
Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios
Bastaa de feminicidios
Por los derechos de las mujeres trabajadoras
EL ESTADO ES RESPONSABLE
NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS, VIVAS NOS QUEREMOS

3 junio, 2016/por FM De la Calle

Retratos no aptos para tibios

Argentina, Bahia Blanca, Cultura, Derechos Humanos, Educación, Judiciales, Noticias, Política

En línea con la lucha contra los “enemigos” que integran “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”, declarada por el intendente Héctor Gay en su arenga del 25 de mayo, el municipio convocó a un espía del servicio de inteligencia de la dictadura como jurado de un concurso fotográfico.

Se trata del ex “agente de reunión” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, Gustavo Jorge Lobos, quien “debido a su trayectoria y prestigio”, brindó “su colaboración de manera gratuita” en la iniciativa “Retratando mi ciudad“, avalada por el Instituto Cultural a cargo de Ricardo Margo. El funcionario ya le había abierto las puertas del palacio comunal para que el ex espía organizara la muestra “30 años 30 fotos”, una retrospectiva de su maestro Pedro Luis Raota.

El Destacamento de Inteligencia, en el marco de la “lucha contra la subversión“, reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Varios de los jefes del ex fotógrafo de La Nueva Provincia fueron condenados a prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad.

La pertenencia de Lobos al sistema central del genocidio quedó en evidencia con la publicación de la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983” publicada por el Archivo Nacional de la Memoria en 2010. El docente de la diplomatura de Arte Fotográfico de la Universidad Salesiana compartía el prontuario con los ex Triple A Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu, el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti, el todavía juez de faltas Ricardo Antonio Germani y el “periodista” del diario de Vicente Massot, Jorge Soldini.

Respecto a la existencia de civiles de Inteligencia en el staff de La Nueva Provincia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani dijo meses atrás a FM De la Calle que “es simbólico por lo que significa un fotógrafo como PCI, la posibilidad que da ese disfraz de trabajador de prensa pero cumpliendo otro rol claramente criminal porque estaba colaborando con el secuestro y las muertes posteriores”. La investigación de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad probó que LNP y los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas mantenían “una relación fluida y justamente hacían operación psicológica e inteligencia, incluso más, los reglamentos marcan esa relación”.

“Dice que el oficial de inteligencia y el oficial de operaciones psicológicas forman un equipo. Y que por momentos incluso en la sala de torturas, para dejar los eufemismos de lado, el oficial de inteligencia requerirá de la acción psicológica para que le indique qué interrogar. Porque el que hizo acción psicológica sabe en otro plano dónde estaba situada la víctima, en qué lugar -la universidad, el gremio, el barrio, la parroquia- las personas de acción psicológica tenían por lo menos que abastecer a la inteligencia de ese tipo de información para saber qué preguntar”, explicó Palazzani.

El verdadero corazón del plan de exterminio fue el Batallón 601 ubicado en la esquina porteña de Callao y Viamonte. Como señaló el abogado y ex preso político Jorge Pedraza, de “la totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión (como Lobos o Germani) y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones)”.

“Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios (como Montezanti). Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles ‘mensajes subversivos’ camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.

“La información clasificada era la base sobre la cual se definían los ‘blancos’ para los Grupos de Tareas. Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos”.

“Nuestra idea era plasmar en fotografías cómo los jóvenes ven los distintos paisajes urbanos y naturales de la ciudad. Próximamente vamos a repetir el concurso”, dijo la directora de Juventud pro, Florencia Bustelo. Tiempo de “argentinos que queremos restaurar valores”, “argentinos de bien”, diría el intendente.

No sean tibios. Digan whisky!

2 junio, 2016/por FM De la Calle

Femicidio de Mica: “La realidad demuestra que el Estado es responsable”

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

La abogada de la familia de Micaela Ortega, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que trabajan en la reconstrucción de los hechos ocurrido el 23 de abril para “saber qué es exactamente lo que pasó y poder acreditar la totalidad de los agravantes que se le han imputado a (Jonathan) Luna el día que se negó a declarar, que es el homicidio agravado criminis causa”.

“Esto es: que mató a la víctima para ocultar otro delito agravado por alevosía y por violencia de género, es decir, por femicidio. Creemos que el móvil de Luna era el abuso sexual y ante la imposibilidad de llevarlo adelante mató a Micaela y luego, como última alternativa, robó alguna de sus pertenencias”.

El martes la madre y el padre de Micaela se reunieron con la dra. Rodríguez, secretaria de la Fiscalía, quien los acompañó y contuvo desde lo personal durante la búsqueda. “La investigación obviamente que tiene fallas porque si no no se hubiera llegado a este desenlace, no me refiero solamente a la muerte de la nena, sino que se podría haber dado con ella antes y se hubiera evitado este calvario de 35 días de búsqueda donde no solamente la familia sino toda la sociedad estaba involucrada”.

“No podemos ser tan ingenuos de pensar que no va a haber más casos como el de Micaela en Bahía Banca o en la zona y las fuerzas de seguridad no están capacitadas para investigar un hecho por fuera de lo que se denomina inseguridad o un robo común o un robo simple. Lo toman en principio como una cuestión intrafamiliar, que es una discusión”, comentó Petersen y agregó que “lo primero que se hace es victimizar a la víctima olvidando el rol que tiene dentro de la investigación que es esto, el de víctima. Probablemente el desenlace lo demuestre pero, mientras tanto, se van investigando y se van poniendo en tela de juicio actitudes o características de la personalidad y eso influye en la mirada que se le da desde lo judicial y desde lo político a la investigación”.

La abogada destacó que “la realidad es que en esto se demuestra que el Estado es responsable. Es responsable por la falta de asignación de recursos, porque no supervisa y porque cuando hay que dirigir una investigación en la cual lo que se investiga es la posible muerte de una mujer, el cometimiento de un femicidio, todavía no estamos a la altura de tener una investigación con perspectiva de género y de comprender realmente cuál es la problemática que se está atravesando”.

En cuanto a la estigmatización de Micaela, Petersen opinó que “determinados medios de comunicación lo pusieron como tema fundamental, que tenía determinada cantidad de perfiles de Facebook, cómo se vestía, si era o no adecuado su comportamiento para su edad. Desde el poder político local también, desde el momento en que el intendente dice que Micaela era la responsable por su búsqueda de que hubiera hechos de inseguridad en la ciudad -el secretario de Seguridad es responsable de esta situación- demuestra que se minimiza la búsqueda cuando se trata de una niña y más si se trata de una niña que no pertenece a determinada clase social o a determinadas familias o casta bahiense”.

“Todo lo que dijo la madre desde el primer momento, que Micaela había sido captada por las redes sociales, que había sido víctima de esto, el sábado a la noche quedó acreditado y todo lo que desde el poder político y desde determinados medios de comunicación se decía, una vez más lo que muestra es el prejuicio y el desconocimiento de la problemática que atañe a todas las mujeres y que no es casualidad que estemos de vuelta frente a la movilización del 3 de junio del #NiUnaMenos”, dijo.

Sobre la situación de la concubina de Luna, María Espinosa, la abogado aseguró que “podría haber tenido otro tipo de actitud” para colaborar con la investigación y por eso analizarán “las posibilidades de futuras imputaciones”. Por otra parte, adelantó que pedirán el juicio político al juez de Ejecución Penal Pablo Chirinos, quien autorizó la salida transitoria del acusado que posibilitó su fuga, porque “tal vez si esta persona no hubiera estado en libertad, Micaela hoy estaba con vida”.

2 junio, 2016/por FM De la Calle

Con la excusa narco

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifestó su oposición a los proyectos de ley 0007-PE-2016 de “Técnicas especiales de investigación” para delitos complejos y el 1345-D-2016 que incorpora la figura del “arrepentido”-, y manifestó su preocupación ante su tratamiento apresurado, sin consulta ni previa convocatoria al debate a juristas y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Ambos ayer obtuvieron media sanción en Diputados.

“Estos procedimientos resultan de dudosa constitucionalidad y atentan contra las garantías del debido proceso. Están inscriptos claramente en la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ según las líneas de trabajo trazadas por las agencias internacionales especializadas de los Estados Unidos -con las que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo numerosas reuniones durante estos meses- y se contraponen con el tratamiento de la problemática desde una perspectiva de derechos humanos”, advirtieron.

Los proyectos pretenden incorporar las figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” , “entrega vigilada” que implican la intervención e infiltración de agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en la trama delictual, en pos del esclarecimiento de delitos o redes delictivas. Se pretende también incorporar al “informante”, quien actuará en el proceso bajo reserva de identidad a cambio de una compensación económica o un beneficio procesal. Por otro lado, se pretende ampliar la figura ya existente del “arrepentido”, a quien se le podrá reducir o incluso eximir de pena a cambio de información que sirva para esclarecer otros delitos.

En reiteradas oportunidades la CPM se manifestó en contra de políticas y proyectos que, como éstos, proponen la eliminación de garantías fundamentales mediante regímenes de excepción. Tal fue el caso de la sanción de la denominada ley antiterrorista. También ha sido reiterada la denuncia de la militarización de los barrios pobres mediante fuerzas federales no previstas para la interacción con la población civil, en el marco de la proclamada guerra contra el crimen o el narcotráfico.

La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado operan hoy legitimando un nuevo paradigma belicista de las políticas públicas en materia de seguridad en el que claramente se inscriben los proyectos, en procura de- según los objetivos difundidos- “dotar a la Justicia y a las fuerzas de seguridad y policiales de nuevas herramientas para la investigación de los delitos complejos”.

La CPM destacó que en nuestro país las fuerzas de seguridad y policiales actúan como reguladores de la expansión del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos de las policías de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba así lo demuestran. En ese contexto, dotar a esas fuerzas de estas arbitrarias y cuasi ilegales herramientas investigativas solo ahondarán su involucramiento con estas modalidades delictivas.

“Particularmente preocupante resulta el intento tácito de incluir a estas figuras en los delitos de lesa humanidad, lo que encubre la posibilidad de aplicar una ‘obediencia debida’ o ‘indulto’ de carácter judicial. De acuerdo a los compromisos internacionales que tiene nuestro Estado y refrendados por leyes nacionales, estos crímenes no pueden ser pasibles de amnistía, indulto ni conmutación de penas”, opinaron.

El organismo mostró además su preocupación por “la reafirmación del sistema inquisitivo –en abierta contradicción con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que se encuentra a la espera de aplicación efectiva-, ya que la utilización y aplicación de estas técnicas de investigación en muchos casos quedan al arbitrio de los jueces de la Nación, en desmedro de los fiscales. Esta situación se agrava con la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso penal, a través del Ministerio de Seguridad”.

2 junio, 2016/por FM De la Calle

Energía: Juez Arias suspende aumento tarifario

Argentina, Judiciales, Noticias

El juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, a cargo del Dr. Luis Federico Arias, comunicó el dictado de una medida cautelar mediante la cual se suspende el aumento de tarifas de energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN SA), en virtud de no haberse celebrado la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación.

El Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ) promovió una acción autosatisfactiva contra el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y las empresas EDELAP (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), EDES S.A. ( Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), EDEA S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y EDEN S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.), solicitando como medida cautelar se suspenda la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia.

En virtud de ello, “solicita se ordene a las empresas demandadas a abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.

El fundamento de lo requerido reside en que “la resolución del Ministerio de Infraestructura Provincial, vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del art. 42 de la CN, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%, por lo que los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la Provincia”.

Arias resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” y ordenó “a las citadas empresas a que, de modo inmediato a la notificación de la presente, efectúen la liquidación correspondiente y emitan nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho cautelar”.

1 junio, 2016/por FM De la Calle

Judiciales aceptaron propuesta salarial

Bahia Blanca, Economía, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

La Asociación Judicial Bonaerense cerró ayer su acuerdo salarial con las autoridades de la provincia de Buenos Aires y puso fin a un conflicto gremial que se extendió por más de cien días. “Los ministros de Trabajo y de Economía comprendieron que era necesario un cambio de actitud y poner sobre la mesa más recursos de los que estaban dispuestos a poner”, dijo el secretario general Pablo Abramovich a FM De la Calle. Además, confirmó la participación en la protesta que mañana realizarán las dos CTA “para poner un freno a los despidos”.

“La propuesta finalmente fue aceptada por amplísima mayoría en nuestras asambleas, que son el mecanismo de toma de decisión que tenemos, participaron más de cuatro mil judiciales, hubo un debate muy rico, de mucha cantidad de compañeras y compañeros que supieron valorar que después de tres meses y medio hayamos podido superar ampliamente el techo que el gobierno pretendía para el cierre de estas negociaciones”, declaró.

Los representantes de la gobernadora María Eugenia Vidal no querían superar el 26 o 27 por ciento aunque el resultado final “garantiza para todo el año un mínimo del 32,5 por ciento pero que además tiene una cláusula que en agosto tiene que haber una rediscusión donde se van a poner sobre la mesa cuál es la evolución de las variables económicas en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina que podría generar también que el aumento final sea mayor”.

A partir de ahora se continuará con alguno de los otros temas que exigía debatir el sindicato. “Algunos tienen que ver con el salario y otros con la lógica de la negociación, por ejemplo la sanción de la Ley de Paritarias para judiciales, la discusión de la autarquía para el Poder Judicial y otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y de infraestructura de los edificios”.

Cambio de ministro

Carlos Mahiques presentó ayer su renuncia a la gobernadora Vidal. El argumento oficial indica que “la inminencia del vencimiento el próximo 10 de junio del plazo de la licencia otorgada por el Poder Judicial de la Nación –que integro como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal– me persuaden de la necesidad de retomar la función a la que he dedicado más de cuarenta años de mi vida”. Rápidamente su lugar fue ocupado por el ahora ex titular de la Asesoría General de Gobierno, Gustavo Ferrari.

“Nos sorprendió, no conocíamos la interna que existía dentro del gabinete ni siquiera tenemos al día de hoy claro cuáles son los motivos de la renuncia porque evidentemente no son los que el ministro pone de manifiesto. Muchas veces estos son acuerdos políticos que se hacen de que esas salidas no evidencien los debates internos”, opinó Abramovich y agregó que “independientemente de eso, creemos que más allá del cambio de nombres es necesario que esta gestión, empiece a explicitar cuál es su agenda de trabajo para la justicia, para el Servicio Penitenciario, para la política de seguridad porque hasta ahora no lo han hecho y es una provincia que requiere cambios profundos”.

1 junio, 2016/por FM De la Calle

Femicidio de Mica: el desenlace de la búsqueda

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Entrevista, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

El fiscal general Juan Pablo Fernández se refirió ayer en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al desarrollo de la investigación que lleva adelante su colega Rodolfo De Lucía sobre la desaparición y posterior femicidio de la niña Micaela Ortega. “Cuando usted busca a una persona que supuestamente está escondida en un lugar o la tienen retenida la busca de una forma determinada, no de esta forma en un descampado (…) Este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”, declaró.

En cuanto a la demora en acceder a “la clave” que desde un primer momento Mónica Cid planteó estaba en la cuenta de Facebook de su hija, el fiscal explicó que “las redes sociales tratan de proteger en todo lo que pueden la intimidad de los usuarios, agravada esta cuestión por tratarse de una empresa que se encuentra en Estados Unidos, con las dificultades propias del idioma, de oficiar a otro país, de que tenga que canalizarse a través de un procedimiento en sí bastante engorroso el pedido de información”.

La empresa informó “oportunamente” algunos datos aunque solo indicaban el lugar desde el cual se conectaba la nena. “Esto no nos servía porque Micaela desde el día en que había desaparecido no se conectaba a su usuario, lo que necesitábamos era el contenido de chat para ver si de allí surgía algún dato sobre dónde iría”.

A partir de la intervención de la embajada estadounidense, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing & Exploited Children®), una organización sin fines de lucro financiada por el Congreso de su país, reportó el 25 de mayo “datos puntuales sobre la persona con quien se había comunicado los últimos días”.

Se trataba de un usuario “que tenía una identidad ficticia, cambiada, de género distinto, era una mujer, que se había comunicado con Micaela y le había ofrecido irse a vivir con ella, por lo menos unos días. A partir de este informe y de otra información adicional relativa a otros usuarios que se conectaban desde el mismo protocolo de internet, permite llegar a la casa del sospechoso, Jonathan Luna. Se procede al allanamiento por razones de necesidad y urgencia y allí se incauta un teléfono celular que pertenecía a Micaela y una planchita del pelo”.

“Luna intenta explicar cómo es que tenía esas cosas de Micaela y ahí dice dónde la dejó. Señala un lugar con características de modo genérico y luego de una búsqueda con perros entrenados, rastreadores, se llega a donde estaba el cuerpo que era un lugar con relativo difícil acceso”, dijo Fernández.

Respecto a las declaraciones del secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, en cuanto a que “hubiese sido imposible si él no nos llevaba hacia el lugar”, el fiscal general opinó que “hubiéramos llegado igual, tal vez con más tiempo, unos días o una semana más, porque la punta del ovillo ya la teníamos cuando se llega al domicilio de Luna. Previo a esto se le había recibido en sede de la Fiscalía declaración a su concubina donde claramente lo identifica como la persona que se ve en el video, que iba con la niña”.

“No se buscaba lo mismo con anterioridad al allanamiento de Luna que con posterioridad. Desde el momento de la denuncia la hipótesis era distinta, era la fuga de un hogar, con el correr de los días probablemente ayudada por terceros, por personas mayores, la hipótesis más grave era que podía haber caído en una red de trata pero no este desenlace. A partir del allanamiento la hipótesis cambia y se busca en forma distinta”, explicó Fernández y agregó que “este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”.

En cuanto al femicida, el funcionario informó que “se negó a declarar en un acto formal -ese es el único que vale-, todo lo que pudo haber dicho con anterioridad a la comisión policial, a terceros, carece de relevancia procesal pero de todas formas la investigación tiene bases muy sólidas. Hay una serie de elementos serios y concordantes que permiten sostener la autoría de Luna”.

El hombre de 26 años -se encuentra detenido y procesado por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y por ser una cuestión de género lo que conlleva una expectativa de pena de reclusión y prisión perpetua. La Fiscalía solicitará su prisión preventiva y oportunamente el debate oral y público. Fernández comentó que el móvil del femicidio apunta al robo y al abuso sexual: “Mata para encubrir y para evitar la delación posterior de la menor”.

En tanto, la concubina del acusado, María Espinosa, cuestionada en la ciudad por no haber denunciado a Luna, el fiscal manifestó que “por el momento no hay nada que lleve a sospechar de que ha participado” y que “más allá de lo que pueda entenderse si debió haber hablado antes o no, lo cierto es que colabora con la investigación y reforzó las pruebas en contra de Luna. (…) También es importante tener en cuenta que las personas particulares, que no son funcionarios públicos, tienen la facultad pero no la obligación de denunciar. Sí tienen como carga pública la obligación de declarar cuando se las llama como testigo”.

Al momento de evaluar las dificultades de la investigación y el cruce con el cibercrimen, Fernández concluyó que “es necesario invertir dinero en la compra de tecnología y capacitar profesionales. Un hecho de esta naturaleza puede ocurrir en cualquier lugar del país y de la provincia y a veces a los operadores del lugar se les dificulta la investigación porque no conocen con precisión los mecanismos, no tienen aceitado el tipo de relación que permite muchas veces desde lo informal destrabar algún informe, sobre todo en otro país. Un aspecto a mejorar sería algún organismo específico que gestione las respuestas que las distintas fiscalías o los jueces puedan gestionar con fluidez”.

1 junio, 2016/por FM De la Calle

Juicio a la precarización: ¿Quién escribe?

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Economía, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

¿El alumno que acaba de salir de su escuela?
¿Una madre que tiene un dolor enorme por la muerte de su hijo? ¿Un apellido al que le robaron parte de su linaje?
¿Una hermana que no puede cumplir el deseo de decirle que será el padrino de su hija/o?
¿Un padre el que no dará más consejos?
¿Un amigo que se quedó sin compañero de salidas?
¿Un sueño que alguna fue soñado y ahora no podrá ser cumplido?
¿Una familia que lucha por la memoria, el recuerdo y la justicia?

¿ Y para qué escribimos?
¿Sirve de algo si la persona que queremos que lo lea no lo leerá?
Escribimos mostrando la necesidad de llegar a un solo destinatario, ocultando lo que realmente necesitamos, que él nos hable.
Necesitamos escuchar su voz, sentir su presencia, verlo, olerlo. No exagero, el aroma de una persona se va cuando esta se muere. Cuando la matan también. En lugar de él nos dieron una ausencia, nada que escuchar, nadie a quien hablar, nada que recordar más que imágenes con telarañas y polvo que desenterramos desde lo más profundo de nuestros recuerdos para tenerlo más presente. Buscamos la forma de hacer que siga con nosotros, sabiendo que le arrebataron la vida y que ya no está.

Muchos nos dicen que tenemos que dejarlo ir, que la vida sigue y hay otros enfoques en los que centrarnos, que si lo dejamos ir va a estar mejor, él y nosotros… Pero, ¿cómo lograrlo si aún no hay justicia? Si la memoria de él, de Juan Cruz Manfredini, no es respetada y sí es pisoteada. Así como los miles de tercerizados que tiene este país. Ni hablar de esta ciudad.

CUANDO UNA PERSONA SE VA, EL VACÍO LLENA TODO HUECO.

Apoyamos la cabeza en la almohada fantaseando que por la mañana nos despertaremos y reiremos, porque todo es un sueño, una pesadilla. Pero, ¿sabes qué?, todo es verdad, es un día a día de lo mismo. Es despertarse y saber que el desayuno por la mañana no tiene sentido porque hoy él está celebrando el día de la madre y treinta minutos después está internado en terapia intensiva, con el 95% del cuerpo quemado. ¿Te cuento lo peor de todo? Pasamos, como familia, seis años de lucha, manifestaciones, marchas, CUMPLEAÑOS SIN SABER QUÉ FESTEJAR; ¿hacemos una torta o le llevamos flores? Por si no te imaginas los festejos de fin de año, es brindar al cielo, creyendo, de alguna manera, que él está allá arriba, brindando con nosotros…

Estamos en los seis años de lucha y hoy comienza el juicio. Hoy empieza la cuenta regresiva. Basta de sumar días, semanas, meses y años para que llegue el día en que vamos a poder dejarlo descansar a él, que fue, es y si no hay justicia, seguirá siendo el más lastimados de todos, porque que te quiten la vida es lo peor que te pueden hacer. No hay nadie que decida quién vive y quién muere.

PD: Si hay un ente que diga quién va a la cárcel, que ejerza la justicia, entonces, ¡QUE LO HAGA!

A partir de las 9:30 am en Estomba 34. Ayúdanos para que se haga justicia.

Manfredini Gino N.
39.483.444

31 mayo, 2016/por FM De la Calle

Investigan a policías por reprimir a hinchas de Peñarol

Argentina, Bahia Blanca, Deportes, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política

Una causa por abuso de autoridad y lesiones de parte de efectivos de la Policía Bonaerense que tramita la Fiscalía Nº3 de nuestra ciudad fue el saldo de la persecución que sufrieron hinchas de Peñarol de Mar del Plata tras el partido con Bahía Basket por la Liga Nacional. La versión oficial había responsabilizado a los marplatenses por agredirlos y provocar destrozos en la vía pública por lo cual ocho personas fueron detenidas por unas horas el miércoles pasado.

“Una versión distorsionada en la que trata de justificar lo que habían hecho con ilegalidad minutos antes”, afirmó a FM De la Calle César Sivo, abogado de las víctimas. Dos de los heridos serán operados en los próximos días, uno de ellos con un ojo “muy comprometido”.

“Algunos tienen golpes de culata de revólver, palazos, patadas, golpes de puño, etcétera. De la policía el único lastimado es en la mano, eso te da una idea de que no parece que haya sido agredido sino ser uno de los agresores”, detalló.

El abogado explicó que “la policía desaloja a la hinchada de Peñarol cuando después que termina el partido se queda cantando (…) les dicen ‘no estamos haciendo nada’, hay imágenes del estadio en la que se ve eso, y la policía los empieza a empujar para sacarlos del lugar. Los desplazan hacia las escaleras y ahí un hincha se cae y se produce una discusión donde la gente que estaba siendo expulsada con mucha vehemencia por la policía empieza a manifestar que estaba mal, que no tenían por qué hacer eso”.

“Empieza el desafió y termina a los palazos. Luego vienen las corridas y ya nadie actúa racionalmente. La policía empieza una cacería, a perseguir hinchas de Peñarol y les empieza a pegar, los más golpeados han sido agredidos por cinco o seis personas”.

Tras ordenar la revisación médica de las personas afectadas, la Fiscalía archivó la denuncia policial por los delitos de resistencia a la autoridad y daño contra los visitantes y formó una nueva causa por abuso de autoridad y lesiones contra los Bonaerenses.

“Da para replantearse cómo debe actuar la policía, siguen sin entender que en estados democráticos hay ciertas cosas que no se pueden hacer. (…) No pueden salir a ejercer cualquier violencia, sino una mínima y necesaria para reprimir algún tipo de ilícito, no para generarlo”, declaró Sivo.

30 mayo, 2016/por FM De la Calle

Femicidio de Mica: “No trabajaron profesionalmente”

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

“No tiene que ver tanto con la capacitación sino con los valores y la ética de la gente que tenía a su cargo la búsqueda”, dijo esta mañana a FM De la Calle Guadalupe Albacete, mamá de una amiga de Micaela Ortega, y agregó que desde el primer día sabían que “en el Facebook estaba la clave” aunque se tardó treinta días en acceder a sus últimos chats. “Otra cosa que nos genera dolor es que si no hubiera sido por el propio asesino no nos hubiéramos enterado nunca dónde estaba el cuerpo”, se lamentó.

Albacete aseguró que para su hija y las compañeras de Mica su femicidio “no tiene explicación, va a ser un cambio, un antes y un después para todos los chicos, difícil de lograr, con el tiempo lo podrán hacer. El duelo es un proceso que tienen que atravesar y no es malo llorar. Que haya aparecido el cuerpo, dentro de la tragedia que implicó para todos nosotros y para Mónica, da un poco de paz para hacer el duelo de su hija. La desaparición es peor, fue peor estos 36 días que no sabíamos nada porque una empieza a imaginar cualquier situación, de hecho la cantidad de llamados que hubo los días posteriores implicaron que todo el mundo la veía y ya estaba fallecida la nena”.

“Los procedimientos fueron bastante ineficientes, no se actuó objetivamente y para la edad de la nena no debería haberse filtrado esa información. No trabajaron profesionalmente para nada (…). Los obstáculos detrás del Facebook son tremendos, hay una incapacidad total. No hay ningún tipo de recurso humano capacitado en Bahía Blanca para poder investigar este tipo de delitos, son delitos muy nuevos y creo que algunos no están ni tipificados”.

“Sabíamos que en el Facebook estaba la clave, desde el primer día, por el tema de que se había enojado con la mamá y había estado chateando hasta últimas horas de la noche pero no teníamos la herramienta para poder hacerlo y eso tardó treinta días”, culminó.

30 mayo, 2016/por FM De la Calle

Ferro: Los fallos de Ramos Padilla “quedan vigentes”

La Cámara confirmó recusaciones contra ex juez subrogante

“La Justicia es una mierda”

Alternativas a la prohibición

#NiUnaMenos: femicidio en Dorrego

Juicio a la precarización: “Podría haber muerto mucha más gente”

Condenaron a ex concejala por usar pasajes del Penna

#NiUnaMenos: “La marcha de todas”

#NiUnaMenos: El Estado es responsable

Retratos no aptos para tibios

Femicidio de Mica: “La realidad demuestra que el Estado es responsable”

Con la excusa narco

Energía: Juez Arias suspende aumento tarifario

Judiciales aceptaron propuesta salarial

Femicidio de Mica: el desenlace de la búsqueda

Juicio a la precarización: ¿Quién escribe?

Investigan a policías por reprimir a hinchas de Peñarol

Femicidio de Mica: “No trabajaron profesionalmente”

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