Se trata del debate oral del juicio por el intento de toma por la fuerza el frigorífico recuperado INCOB por parte del entonces presidente saliente de la cooperativa Enrique Garaggiola y su patota.

Además de Garaggiola, están imputados su hijo Ezequiel, Hugo Polis, Reinaldo Hernández y Juan Carlos Villarreal. Son juzgados por amenazas calificadas, lesines graves y leves y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Antes del inicio de las audiencias la defensa recusó a la jueza María Mercedes Rico, quien reemplaza en la causa al recientemente jubilado José Luis Ares. Cuestionó que intervino en el expediente cuando era secretaria judicial.

Sin embargo, el debate empezó a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones. “Si resuelven que la jueza no puede hacerse cargo vamos a estar haciendo un juicio al pedo, entiendo yo que si van a hacer eso es porque se van a tomar su tiempo para fundamentar la postura que ya tienen decidida”, dijo a FM De la Calle el abogado querellante Leandro Aparicio.

El letrado manifestó que hay “varios testigo, entiendo que el soporte principal son las filmaciones y, en definitiva, los testimonios van a dar precisión a todo lo que está filmado. Los testimonios nos van a decir por qué van, quién es Garaggiola, qué hacia. Lo que es importante es si los testigos y víctimas siguen amenazados, si tienen miedo”.

En cuanto a las responsabilidades penales, “algunos están identificados con un arma de fuego, revólver, otro disparando, otros pegando, otro amenazando de muerte. a medida que se hagan las declaraciones se va a establecer concretamente la responsabilidad. El que se ve muy claro bajando con un arma larga y está filmado es el hijo de Garaggiola que ya está condenado por otra causa, más allá de los recursos, le correspondería pena efectiva”.

Los pedidos de condenas girarán en trono a 4 y 6 años de prisión.

Este jueves a las nueve comenzará el juicio oral y público por la violenta irrupción de una patota en el frigorífico recuperado INCOB ocurrida el 17 de noviembre de 2015.

Entre los imputados están el ex presidente de la cooperativa que gestiona la planta, Enrique Garaggiola y su hijo Ezequiel. Se les imputan lesiones graves y tenencia de armas de fuego.

“El 17 de noviembre cayó una caravana de cinco vehículos con Garaggiola a la cabeza. No entendíamos qué pasaba, cayó con alrededor de 20 personas armadas, iniciaron disparos, hirieron a los compañeros, a uno casi le amputan la mano. Como no podía justificar los movimientos que hizo con la cooperativa y las deudas millonarias recurrió a la fuerza”, comentó a FM De la Calle Orlando Acosta, trabajador del frigorífico.

El trabajador recordó que “en ese momento los compañeros, salieron corriendo hacia el portón donde estaba el forcejeo y se amontonaron. Si él lograba ingresar a las oficinas la policía no lo podía sacar porque seguía siendo el presidente de la cooperativa. Esa mañana alguien desactivó las cámaras de seguridad, un compañero fue y las conectó, él tenía gente de la cooperativa que hizo esto, no se esperaban las grabaciones y el enfrentamiento de manos contra armas”.

Acosta señaló que “hay compañeros que hasta el día de hoy tienen discapacidad para laburar, un daño psicológico y emocional de ver ingresar a la gente. Les pagó 20 mil pesos a cada matón, venían dispuestos a todo. Uno le apuntaba con una 9 milímetros al pecho a un compañero y gatillaba”.

“Este señor Garaggiola llevaba un estilo de vida exuberante gracias al laburo que hacíamos que nunca rendía, como subsidios y la parte impositiva que hasta hoy nos toca seguir regularizando”.

Acosta destacó que estaban bajo un “gerenciamiento” y hoy pudieron “lograr el carácter autogestionado, inaugurar un curso de alfabetizaciones, una escuela primaria y secundaria, una carnicería que vende a bajo costo para costear los retiros de los compañeros… La cooperativa hace muchas donaciones a entidades, en un momento donde hay tanta crisis nos gustaría que la autogestión sea una salida de la crisis”.

Si bien el bloque oficialista y los opositores dijeron coincidir en que en Bolivia hubo un golpe de Estado el 10 de noviembre, no lograron aprobar ninguno de los proyectos de repudio que estaban en consideración.

Al no reunir los votos para habilitar el tratamiento de los textos del peronismo ni el de Cambiemos el debate ocurrió en el espacio de homenajes y manifestaciones.

“No conozco ningún teórico que pueda decir que esto no es un golpe de Estado cuando la sola descripción de los hechos hablan por sí solos”, afirmó el presidente del PJ Cumplir, Marcelo Feliú.

Walter Larrea (Unidad Ciudadana) destacó que es fue un golpe “con una modalidad novedosa, en términos de la política de la Doctrina de Seguridad Nacional que tanto daño le ha generado a los pueblos”.

“Se trató de que las fuerzas armadas y de seguridad, empachadas de doctrinas norteamericanas como ha sido constante en el Siglo XX y XXI, prefirieron retirarse y dejar la zona liberada para que hordas de fascistas y reaccionarios amenazaran al pueblo de Bolivia y sus representantes, obligándolos a presentar renuncias”.

Desde Cambiemos, Federico Tucat expresó que “en nuestro proyecto el artículo 1 es igual al que ellos pretendían votar. No nos equivoquemos, la discusión no es esa, no hay dudas respecto a lo planteado por Larrea”.

“No tenemos dudas ni jurídica ni técnica ni históricamente de lo que hubo fue un golpe de Estado. Por eso nuestro bloque lo repudia. Ni queremos justificarlo ni explicarlo, hubo consenso. Simplemente es que creemos que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, que si había un declaración también debía abogar porque nuestro país garantice la salida en paz, una reestructuración y reacondicionamiento de la elección para que la autodeterminación de los pueblos pueda elegir”, agregó.

“Buscar fundamento para justificar un accionar ilegítimo y violento es aberrante, ni con la OEA ni con la biblia en la mano, no se puede destituir un presidente -elegido democráticamente- por la fuerza y tampoco amenazar a la gobernabilidad de un país a punta de pistola como sucedió”, dijo Maite Alvado (UC).

La comunidad boliviana de Villarino se manifestó en Pedro Luro contra el golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales. Participaron familias de Pradere, Ascasubi y Mayor Buratovich junto a organizaciones y movimientos sociales.

 “Me siento muy contento porque hay muchos hermanos que se han sumado a esta manifestación por la democracia”, comentó a FM De la Calle el dirigente de la Federación Nacional de Campesinos, Rolando Rodríguez.

Comentó que “la gente está muy triste, muy dolidos por las cosas que están haciendo. Los medios muestran lo que les conviene, hay lugares donde no llegan, al campo y ahí están maltratando a la gente, hay represión y muertos. Cuando salimos a hacer respetar nuestro voto nos reprimen y nos matan, por eso estamos reunidos, queremos que se sientan apoyados desde lejos”.

Rodríguez señaló que quieren “que se respeten nuestros derechos. Muchos quieren que vuelva Evo porque ha hecho volver el derecho a movilizarse, uno se podía manifestar y nadie te reprimía con balas, esa no es la manera de arreglar las cosas. A la gente no las paras con balas”.

Respecto de la senadora Jeanine Añez comentó que “se autoproclamó ella sola como presidenta cuando no estaban senadores y diputados, es algo injusto. Te das cuenta que lo armaron todo, la policía reprimió a senadores del MAS. Creo que no existe la democracia”.

Por último, Rodríguez dijo estar “muy agradecido de que hay muchos argentinos que se sienten identificados”.

Vecinos y vecinas de la comunidad se reunieron el domingo y decidieron convocar a un abrazo a la Plaza del Sol para rechazar la destrucción del espacio verde y la construcción de cocheras subterráneas y una plaza plana.

“Se han encarnizado con destruir la plaza, es hermosa y tiene un enorme caudal histórico y emocional para las personas de Bahía. Lo que yo expresé es mi oposición a que se la destruya para hacer un emprendimiento que le va a venir bien a dos o tres personas por 50 años, dándole la espalda a la gente”, dijo Mónica Oliver a FM De la Calle.

“Las marchas (del 24 de marzo) comienzan y muchas veces terminan ahí, está ligado a la lucha por la memoria, han quitado el cartel de la Plaza de la Memoria y la Resistencia, es como si quisieran robarnos la memoria.  Tiene ese espacio de ágora para que la gente se pueda juntar a discutir y debatir, es simbólico”, agregó.

Oliver comentó que “dicen que es una plaza de mala vida, es un problema social que nada tiene que ver con lo edilicio. La Municipalidad debería hacerse cargo en caso de que sea así. Es una plaza que se presta para que la gente se encuentre, hay asientos circulares, he visto chicos jóvenes haciendo cosas preciosas, saltando, hip hop”.

“Decidimos hacer un abrazo a la plaza el viernes 22 alrededor de 19.30 de la tarde para que la gente pueda salir del trabajo. Abrazar para decir esto no se toca, esto lo defendemos, hay vecinos que decimos que queremos a esa plaza. Acordamos con Dicek. Si hay un grupo de personas que quiere hacer cocheras, que compre terrenos y haga cocheras, que no tiren una plaza”, finalizó.