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El titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, destacó en FM De la Calle el aumento de pasajeros transportados durante el verano para el tramo Bahía Blanca-Constitución y evitó definiciones en torno a la recuperación de la vía Pringles.

El funcionario prefirió hablar de “la cantidad de pueblos que quedaron conectados”, como “Saavedra u otros pueblos que volvieron a tener una actividad” y adjudicó la baja del tren de pasajeros que pasaba por Sierra de la Ventana, Saldungaray y otras estaciones de la región a que la vía está “en mal estado. “Le corresponde (arreglarla) a Expreso Pampeano, compañía que tiene la concesión (…) yo dependo de que la vía la pongan en condiciones”, aseguró.

Aclaró que por el mismo motivo el viaje a Capital dura aproximadamente doce horas: “Es problema de la vía, hay que analizar bien las precauciones de velocidad que tienen ahí”. “No es muy lógico que una empresa de carga sea la concesionaria (del tramo de vía) y que pongan las velocidades cuando en realidad la prioridad siempre fueron los pasajeros”.

Orfila precisó que la autoridad de aplicación a la cual corresponde exigir inversiones en esos tramos es la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y las empresas concesionarias son Ferrosur desde Cañuelas hasta Olavarría y Ferroexpreso Pampeano de Olavarría hasta Bahía.

Orfila aseguró que cuenta con una plantilla de 23.000 personas, “es la empresa más grande del país en cantidad de gente”. Al ser consultado sobre el traspaso de trabajadores de Ferrobaires dijo que ” absorbimos más del 50%”.

“Cuando empezaron los servicios (julio 2017) eran cerca de 800 trabajadores, después el gobierno provincial se encargó muy bien de ofrecer planes de incentivo para retiro voluntario, jubilaciones anticipadas, incentivos económicos en un plan de contención interesante; diría que la gran mayoría de la gente la aceptó”, opinó.

Los testimonios de trabajadores y usuarios recogidos por FM De la Calle mostraron el descontentó con la decisión gubernamental.

¿Qué servicios funcionan?

El servicio a Bahía Blanca se presta con formaciones cero kilómetro con aire acondicionado, amplios asientos, coche comedor con 48 plazas, baños adaptados con movilidad reducida y una biblioteca sobre rieles con más de mil libros para leer durante el viaje.

Los pasajes para el tramo completo Plaza Constitución-Bahía Blanca cuestan $750 en primera, $900 en pulman y $2626 en camarote para dos personas. Los jubilados tienen un descuento del 40%. Los menores de 12 años pagan la mitad del pasaje, mientras que los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis. Además, en las compras a través de la página web las tarifas tienen un descuento adicional del 5%.

Días y horarios

Saliendo desde Plaza Constitución, lunes, miércoles y viernes 19:52 horas, llegando a Bahía Blanca a las 8:43 del día siguiente.
Saliendo desde Bahía Blanca, martes, jueves y domingos 19 horas llegando a Plaza Constitución a las 7:48 del día siguiente.

Puntos de venta y modos de pago
– Via web (con tarjeta de crédito y débito, 5%de descuento en la tarifa): a través de la página www.argentina.gob.ar/transporte-trenes-argentinos
– Boleterías (en efectivo, tarjetas de débito y crédito, hay que llevar DNI): Retiro, Chacabuco, Junín y otros 43 puntos del país.

(Enrique Gandolfo / CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego) El viernes 23, la presencia de Nora Cortiñas en la colmada aula magna de la Universidad Nacional del Sur magnetizó a la concurrencia con su palabra sencilla y profunda, con su emoción y su lucidez para comunicar esa enorme fuerza ética colectiva de las Madres de Plaza de Mayo, capaz de conformar una indestructible muralla de memoria ,verdad y justicia.

Una muralla que es a la vez puente hacia la multitud de jóvenes que ovacionaban a esa anciana mujer vital, vencedora del olvido y del rayo cruel de los asesinos y sus cómplices que le arrebataron a su querido Gustavo y a los y las 30 mil.

Nora es hoy la imagen fiel de ese huracán de brava ternura que conformaron las Madres para reclamar la aparición con vida de esa generación rebelde que luchaba por una sociedad sin explotadores ni explotados.

En la sala bahiense faltaba una mujer y su pañuelo blanco. La salud de Celia Korsunsky de las Madres de Bahía le impide hoy, ir a los lugares en la cual su presencia fue infaltable durante 37 años. Sentí la necesidad de decirlo en la sala porque la memoria es también reconocimiento de quienes han dejado una huella en lucha por los derechos humanos en nuestra ciudad.

Una huella indeleble de la cual bien vale recordar hoy, aquel día que Celia estuvo cara a cara con Alfredo Astiz, el verdugo a quien ahora el poder político quiere beneficiar con la “prisión domiciliaria”. Fue un 24 de marzo de 1995, año en que el presidente indultador Carlos Menem iba a conseguir su reelección.

En la Plaza Rivadavia se hacía el acto frente a la Municipalidad. Antes de comenzar vino un estudiante secundario a decirnos que había visto a Alfredo Astiz sentado en la mesa de un bar en la vereda de la calle Alsina, a la salida de la galería Plaza. A 60 metros del lugar donde se hacía el acto.

Si bien sabíamos que el genocida vivía en la ciudad fuimos a comprobar la veracidad del dato. Y efectivamente estaba allí, tomando un café y leyendo una revista. Se sentían impunes y nos provocaba, pese a que pocos días antes (3/3/95 “La confesión”, Página 12) otro marino que había vivido en Bahía, Adolfo Scilingo, había confesado su participación y la de los oficiales de la Marina en los llamados “vuelos de la muerte” de la dictadura.

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Adelante iba Celia con su pañuelo blanco. No llegábamos a 100 los y las manifestantes dispuestos a producir en el centro de Bahía Blanca lo que Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio iban a impulsar en todo el país desde 1997: “donde no hay justicia hay escrache”.

Nos dirigimos entonces por la calle del lado contrario a la mesa del bar. Alguien lanzó la consigna “Astiz cobarde en las Malvinas, asesino en el país”. Cantarla nos daba fuerza para seguir y paso a paso nos acercamos a la mesa en un momento de tensión indescriptible.

El genocida no se movía, impasible fijaba la mirada en la revista. Vimos al dueño del bar con el teléfono en la mano, seguramente llamando a la policía. La calle Alsina se había paralizado. Muchos preguntaban que pasaba, quien era el hombre allí sentado.

Difícil saber cuánto tiempo se sostuvo el repudio. Pero como no recordar a Celia y su pañuelo blanco frente a Alfredo Astiz, sintetizando con su presencia la decisión colectiva de que no los íbamos a perdonar, no nos íbamos a reconciliar e íbamos a seguir pidiendo juicio y castigo.

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Cuando nos fuimos otra vez a la plaza, no sabíamos lo que luego una foto develó: Alfredo Astiz después se va del bar con Salvador Fernández un periodista de la Nueva Provincia y Canal 9, quien vino en auxilio de su amigo.

La presencia de Nora, evocar a Celia nos sigue dando esa fuerza necesaria para decir lo que se cantó como consigna en el Aula y en la calle: cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas.

Y también para que a esta tardía reparación justiciera la acompañemos con la decisión de construir otra vez ese hermoso proyecto colectivo de emancipación y socialismo por el que lucharon los y las que cayeron.

El lunes 19 por la mañana, docentes y madres de la OIJBM realizaron una conferencia de prensa para exigir respuestas oficiales por parte del municipio respecto del inicio de las actividades. Asimismo, hicieron público un nuevo pedido de audiencia al intendente de la ciudad, Héctor Gay, luego de que desde la Secretaría de Políticas Educativas les indicaran que debían presentar “una nota por escrito si querían que se les concediera una entrevista”. Se trata de la séptima nota ingresada por Mesa de Entradas.

Posteriormente, tuvo lugar una reunión en el recinto del Concejo Deliberante en la cual ediles presentes se comprometieron a convocar a la funcionaria responsable del tema, Morena Roselló, quien hasta el momento no ha dado respuesta ante el pedido del deliberativo.

Hoy la comunidad de la OIJBM continua con su plan de acción: a las 9 y a las 18 horas montará una mesa (en la puerta del municipio y en la Plaza Rivadavia, respectivamente) para conversar con la gente y continuar con la campaña de firmas de puño y letra que se suma a las más de dos mil acumuladas en forma digital a través de la plataforma change.org.

Esta mañana Albin Cedeño, docente de la orquesta, se refirió en FM De la Calle sobre la colecta de firmas y el plan de acción. A la tarde, además, se anuncia un concierto de la orquesta, luego de dos años sin funciones.

Fuente: Unión de Músicos del Sur

El Tribunal en lo Criminal Nº3 condenó a prisión perpetua a Marcelo Camarero “por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja y violencia de género, femicidio”, de Liliana Díaz Benítez.

La pena fue la solicitada por Viviana Lozano, abogada de la familia de la víctima, y el fiscal Mauricio del Cero. El abogado defensor Yamil Castro Bianchi había pedido que se lo declare inimputable o en su defecto se lo condene por homicidio simple.

La semana pasada, durante tres audiencias se escucharon testimonios de familiares, amistades y peritos que actuaron el 8 de junio de 2016 en Cnel. Dorrego, donde ocurrió el crimen.

Ni el femicida ni su abogado estuvieron durante la lectura del veredicto de la jueza Daniela Castaño y los jueces Eduardo D’Empaire y Hugo De Rosa.

Declaraciones después de la sentencia

Rodrigo D’Annunzio, ex pareja de Liliana: “Desde el primer momento confié mucho en mi abogada y la justicia, esta justicia ejemplar que todos queríamos […] para que Lili descanse en paz”.

Viviana Lozano, abogada: “[El fallo] es lo que vinimos a buscar, nos llevamos una sentencia condenatoria a prisión perpetua con la figura de femicidio”.

Elbio Díaz Benítez, hermano de la víctima: “Se hizo justicia, la única forma que pedimos fue la ayuda de los fiscales, y nuestra abogada. Mi agradecimiento profundo a la justicia argentina. […] Agradezco a la gente que está acá. […] Es un consuelo”.

Ayer los vecinxs del barrio Bella Vista se movilizaron hacia la sede del Consejo Escolar para pedir que se avance con las medidas prometidas a la comunidad del Jardín 919. El ex alumno Nicolás Fernández Vicente dijo a FM De la Calle que “la situación fue compleja” porque “la información desde comienzo de año fue muy confusa y se fue entregando de forma parcial”.
Explicó que “el día del abrazo realizamos una asamblea en la que votamos esta actividad, en la cual vendríamos a ver los avances en torno a el acta que de puño y letra habían firmado las consejeras presentes aquel viernes. Sabíamos además que la misma presidenta del Consejo Escolar, Olivares, había mencionado que tenía el informe de impacto ambiental para entregarnos, cosa que si cumplió”.

“Tenemos nuestras serias dudas pero más que nada sobre el de tránsito”, sostuvo Fernández Vicente y agregó que solicitaron y comprometieron al “Consejo para que también firme la nota de que se realice un nuevo estudio independiente en el que intervenga la Universidad Nacional del Sur”.
“Queremos que haya un segundo informe. (…) En el mes de marzo se estuvieron haciendo las mediciones del terreno como para ya comenzar a hacer los cimientos de la edificación. En el mes de marzo de 2017. Los informes que nos acaba de presentar el Consejo Escolar son de octubre de 2017, o sea, una empresa comenzó a medir el terreno el marzo del 2017 y el informe que impide la construcción es unos cuantos meses posterior”, expresó.
Fernández Vicente comentó que sugirieron al menos tres terrenos para hacer la nueva construcción y que “el Consejo Escolar se comprometió en una sesión extraordinaria, el martes 10 de abril, a darnos una respuesta completa sobre la situación de esos terrenos. Es decir, no solo si las propiedades están dispuestas a la venta para el funcionamiento de un inmueble tal, con las dilaciones que sabemos tiene el Estado en los pagos y demás. Se comprometió a eso, constó en actas también para tener para esa sesión del martes 10 los informes de infraestructura respecto de si es posible o no la construcción en esas opciones que hemos barajado”.

Néstor Alende, integrante de la Comisión de Apoyo a los Juicios de Bahía Blanca se refirió esta mañana en FM De la Calle a las actividades convocadas en el marco de 42º aniversario del último golpe cívico-militar.

“Como todos los años desde la Comisión convocamos a una reunión amplia, con distintas organizaciones, partidos, agrupaciones, sindicatos y paralelamente hubo también otro encuentro con otras organizaciones con la intención de lograr una unidad aunque sea provisoria, por decirlo de alguna manera, para este 24 de marzo y poder marchar juntos al menos algunas cuadras”, explicó.

Agregó que, “lamentablemente, como pasa año tras año a pesar de nuestros intentos, esto no ha sido posible por la negativa del otro sector. Nosotros entendemos que cualquier agrupación de derechos humanos tiene que ser independiente de los partidos políticos y del gobierno de turno”.

Ayer se hizo pública una Carta Abierta a la cual adhirieron varias organizaciones que coincidieron, “primero, en el recuerdo de los compañeros detenidos desaparecidos, en la exigencia de cárcel a los genocidas, en el repudio en la intención de liberar a los genocidas, a la doctrina Chocobar (…). Son los puntos principales por los cuales nosotros pudimos lograr un espacio de unidad entre diversos actores del campo popular”.

Respecto de la convocatoria planteada para este sábado agregó que harán una marcha que terminará en la ex Plaza del Sol donde se leerá un documento consensuado entre las organizaciones que convocan al acto y se realizarán intervenciones culturales.

Hoy más que nunca:

¡¡¡30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, PRESENTES!!!

 UNIDAD contra la IMPUNIDAD

Este 24 de marzo, a 42 años del golpe cívico militar que dio inicio a la etapa más oscura de nuestra historia, nos encontramos inmersxs en un contexto donde las políticas neoliberales implementadas desde el gobierno macrista y sus aliados, políticos, sindicales y del campo de la cultura y la comunicación continúan y profundizan su avance sobre los derechos de nuestro pueblo.

En materia de derechos humanos la política oficial de desandar el camino recorrido por la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, suma variados atropellos sobre los mismos. Solo basta con recordar el apriete judicial sobre las Madres de Plaza de Mayo; las prisiones domiciliarias a los genocidas; las declaraciones de Nicolás Massot pidiendo “reconciliación”; el proyecto de convertir campo de mayo en un parque nacional; el intento de reducción de las condenas a través de la aplicación del 2×1, el renacimiento de la doctrina de los dos demonios y la desaceleración de los juicios entre otros.

Pero no solo estamos en presencia de un ataque a la memoria de lxs 30000, sino de una ofensiva política y cultural para legitimar e intentar legalizar una avanzada represiva que tuvo sus casos paradigmáticos en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y en el asesinato por la espalda a Rafael Nahuel por parte de Gendarmería y Prefectura en connivencia con el Poder Judicial y gubernamental.

La ola represiva alcanza a la encarcelación de militantes; a las golpizas y detenciones en marchas y a la persecución del pueblo mapuche, por mencionar algunas. Dicha escalada, es propiciada desde las más altas esferas del gobierno, cuando el propio Mauricio Macri recibe y elogia al accionar del policía Chocobar, inaugurando una “nueva doctrina” en la cual las fuerzas represivas tienen luz verde para la violencia institucional, la tortura y el gatillo fácil, como en el caso de Facundo, un chico de 11 años asesinado en Tucumán por las balas de la policía.

Con la misma matriz ideológica liberal de la dictadura en lo económico y lo social, resulta imposible no recurrir a la represión lograr los objetivos de destrucción del empleo, de ajuste sobre los sectores más vulnerables y de disolución de la organización social y política que pueda hacerle frente. Consecuentemente, proponen borrar la historia y terminar con las organizaciones populares, principalmente las sindicales.

Entendiendo que la unidad debe contemplar la diversidad de trayectorias y de proyectos cuando la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia se encuentra en riesgo y que los derechos humanos del presente son vulnerados en cada represión, en cada femicidio y en cada encarcelamiento por causas política, necesitamos el ejemplo de la lucha de nuestrxsdesaparecidxs y militantes que nos antecedieron. Ellxs identificaron claramente donde estaba el enemigo y lograron anteponer en los momentos más difíciles en el país y en exilio, la solidaridad por sobre el sectarismo, la concordia frente al disenso y la unidad de acción entre los diversos proyectos.

Sigamos con su ejemplo y sus banderas en alto, profundizando experiencias que nos han unido en estos últimos años, tales como la lucha conjunta frente a los tarifazos; la marcha en contra del 2×1 y las protestas masivas por la derogación de la Ley de Medios, la prisión de Milagro Sala, el intento de asesinato de la dirigente social Julia Rosales, en contra la reforma previsional y frente a la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

También destacamos que fue esta unidad la que logro que al genocida Etchecolatz, quien fuera hallado culpable de delitos de lesa humanidad, pero también apuntado como el responsable ideológico de la segunda desaparición de Jorge Julio López, se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había otorgado en diciembre del año pasado.Pero lamentablemente,se supo a horas del 24 de marzo que el gobierno amenaza con dar domiciliaria a Alfredo Astiz, contodo lo que eso significa, un genocida represor y femicida que encarna lo más siniestro de ladictadura. Son 700 los represores que están en sus casas y el único lugar para ellos es lacárcel ypara lograrlo necesitamos UNIDAD.

En el ámbito local, sabemos que este año seguirá habiendo dos actos. Esta realidad nos impone la tarea y el esfuerzo para lograr confluir en una sola manifestación en memoria de nuestros 30.000; porque frente a esto tenemos el avance del gobierno de Mauricio Macri y sus aliados sobre nuestras conquistas. Somos conscientes que en los sindicatos, los centros de estudiantes, y las propias organizaciones políticas, sociales y territoriales las bases vienen impulsando la necesidad de la unidad en estas fechas. Este es un claro mensaje que debe interpelar a quienes tienen la responsabilidad de dirigir y coordinar las mismas.

Por eso sentimos que debemos dar una clara demostración de unidad en la calle, el lugar donde siempre defendimos los derechos humanos y donde le arrancamos a los gobiernos los juicios a los genocidas, y donde ya derrotamos en el pasado el intento no novedoso de los sectores de poder, de dar vuelta de página. Este es el desafío que enfrentamos y que obliga a la práctica de nuestra humildad y solidaridad por sobre cualquier otra cuestión.

En este sentido y para finalizar, entendemos como un sentido de unidad acompañar, adherir e impulsar la participación de nuestro pueblo en las siguientes actividades:

– Jornada de Reflexión que se llevará a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca el próximo jueves 22 a las 10 horas.

– Charla debate con Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora) – Aula Magna UNS (Av. Colón 80) – viernes 23 de marzo 19 hs.

– Acto en el ex Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” – Comando Quinto Cuerpo de Ejército (Camino La Carrindanga) –sábado 24 de marzo – 10 horas.

– Todas las actividades de movilización que se realicen en el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado.

LA CALLE ES UNA SOLA Y ESTE 24 TENEMOS QUE ESTAR AHÍ MAS QUE NUNCA

¡Unidad contra la Impunidad, en la demora está el peligro!

¡30.000 compañerxsdesaparecidxs, Presentes!

 

Adhieren hasta el momento (miércoles 21 – 12 horas)

Cardumen

Nueva Universidad UNS

ADUNS

Comisión de Apoyo a los Juicios

Conducción del CEHum

CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego

Kolina Bahía Blanca

CTEP

Movimiento Evita

Corriente Comunista David “Watu” Cilleruelo

BloqueHache Humanidades

CEINA –  Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América del Departamento de Humanidades UNS

UmSur

AsTraMyC

APYME

SECASFPI

CTA Pcia. de Buenos Aires

Patria Grande Bahía Blanca

Mala Junta Bahía Blanca

CCC Corriente Clasista y Combativa

MIJP Movimiento independiente de jubilados y pensionados

MUS Movimiento de Unidad Secundaria

FNC federación nacional campesina de Villarino

Obreros rurales de la cebolla

Mujeres Bahia Blanca

PCR Partido Comunista Revolucionario

PTP Partido del Trabajo y del Pueblo

JCR juventud comunista Revolucionaria.

Partido Comunista

Federación Juvenil Comunista La Fede

Asociación Argentina de Actores

Iglesia Metodista

Cura en Opción por los Pobres

Colectivo Pueblo en Lucha

Nuevos Vientos

Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Bahía Blanca – Daireaux

CONAT – Corriente Nacional Agustín Tosco

Libres e Iguales. Publicación Colectiva

Agrupación El Kincho

Caritas Arquidiocesana Bahía Blanca

Bahiensas Feministas

Voluntariado de jóvenes y memoria Bahía Blanca y la zona

FM De la Calle

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La Asociación de Profesionales de la Salud y el Sindicato de Trabajadores Municipales se reunieron ayer en el Ministerio de Trabajo con integrantes del gabinete municipal y acordaron continuar las negociaciones paritarias este miércoles a las 16:30.

Luego del anuncio unilateral de la comuna de incrementar los salarios en un 5% a partir de marzo a cuenta del arreglo final, el secretario gremial del STM, Federico Anselmi, aseguró “planteamos en la última reunión con Elisa Quartucci, pedir como cláusula gatillo una recomposición de lo que había sido la inflación de enero y febrero (4,9%) porque no se había cerrado la paritaria 2017”.

Según Anselmi “hay una diferencia entre lo que dice el intendente, lo que manifiesta el sindicato y lo que está plasmado en el convenio colectivo de trabajo: la paritaria debe ser anual dentro del año calendario enero-diciembre. Mañana en la mesa de paritarias lo que vamos a plantear es que el 5% tiene que ser retroactivo al mes de enero”, ratificó.

Ayer, la Municipalidad estuvo representada por Compagnoni y Anselmi dijo que hubo “diferencias de opiniones con respecto a la última reunión de paritarias donde ya había una hipótesis de conflicto por los puntos que no se habían hecho efectivos en enero como decía la paritaria del año pasado. Consensuamos hacer una nueva reunión mañana, donde se comprometió a traer una respuesta respecto a estos planteos y respecto a la paritaria 2017.

Este año plantearán “el número que nosotros suponemos que debe ser de incremento salarial y empezar a tocar distintos temas como condiciones laborales que se plantearon a principio de año y deberían ser monitoreados en la mesa de paritarias. […] Vamos a pedir un 20% en 4 cuotas y hacer una revisión trimestral para ver si vamos acompañando la inflación o estamos por debajo”, aseguró.

Por otro lado, al consultarle sobre el cambio de sistemas de parquímetros explicó que no hay personal suficiente para cubrir la zona “si la amplias en casi un 100%”. “Ni ustedes ni la ciudadanía tienen muy en claro el sistema nuevo. Nosotros estamos en la misma, no tenemos muy en claro cuál es el sistema de control. Sabemos que la gente que ayer controlaba diez manzanas hoy tiene que controlar veinte”.

“Creemos que es insuficiente el personal, los móviles, todo lo que tiene que ver con el control. [Los agentes] no tienen la capacitación suficiente para llevar adelante el control. Me parece que todavía no estamos en condiciones, empleados municipales (gente de control de tránsito de Sapem parquímetros), de llevar adelante de manera satisfactoria lo que es el control del nuevo sistema de estacionamiento. Extraoficialmente, charlando con algún compañero, me dicen que no hay control de la zona de parquímetros, no tienen órdenes todavía de hacer algún tipo de control como para hacer una infracción”.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) anunció mediante el Boletín Oficial la derogación de los reglamentos de las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA. La resolución se publica a tres días del cierre de presentación de proyectos y generó consultas del sector comunitario e indígena ante la Defensoría del Público: manifestaron su preocupación ante la incertidumbre sobre la ejecución del fondo.

La Resolución 1803/2018 del ENaCom, publicada el 20 de marzo en el Boletín Oficial, deroga las resoluciones 415, 416 y 550 que establecen los reglamentos para las líneas 3, 4 y 5 del Fondo de Fomento Concursable de la Comunicación Audiovisual (FOMECA). Se trata de las convocatorias para proyectos de producción radiofónica y producción audiovisual, cuya fecha de cierre estaba pautada para el 23 de marzo, y de proyectos de gestión, con fecha para el 2 de mayo.

La Resolución Sintetizada, que lleva la firma del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel Ángel De Godoy, no da precisiones sobre la continuidad de la convocatoria, sobre nuevos plazos o posibles modificaciones a los reglamentos. En el texto completo de la resolución, publicado horas más tarde, se puede leer que se deja “sin efecto el proceso iniciado” y da intervención a la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENaCom para adecuar los reglamentos de convocatoria de las tres líneas abiertas del FOMECA.

Explica en el mismo texto que, por recomendación del Ministerio de Modernización, las modificaciones apuntan a evitar que para la presentación de proyectos se solicite información ya requerida en trámites previos. Cita también la sentencia de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal del 8 de febrero de 2018 que “efectuó una serie de consideraciones (…) de las cuales se concluye la importancia de fortalecer los mecanismos tendientes a controlar la administración y ejecución de los fondos públicos”.

En enero de 2018 se había publicado, con un año de retraso, la convocatoria a las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA correspondiente a 2017. El procedimiento administrativo para la presentación de proyectos presentó modificaciones sustanciales respecto a convocatorias anteriores y la Defensoría del Público puso en marcha un intenso proceso de acompañamiento para facilitar a las organizaciones beneficiarias la comprensión de la plataforma online y los requerimientos para la presentación de proyectos. Las capacitaciones que brindó la Defensoría en estos meses abarcaron a 120 organizaciones de todo el país. En los encuentros y consultas telefónicas se evidenciaron falencias de diverso orden en el procedimiento de Registro y presentación de proyectos. Algunas de estas deficiencias, y las consecuentes recomendaciones, ya habían sido manifestadas al el ENaCom en la nota N° 740/2017 de la Defensoría del Público y otras se expresan en el informe que recoge el proceso de acompañamiento que se puso en marcha en noviembre de 2017.

Las modificaciones que anticipa la Resolución se anuncian sin que mediara aviso a la Defensoría del Público ni a los sectores beneficiarios del FOMECA y generan incertidumbre sobre la continuidad del fondo, a tres días del cierre del plazo de presentación de proyectos en las líneas de producción radiofónica y audiovisual.

El FOMECA es el fondo creado en el artículo 97 inciso f de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09, que destina 10% de los fondos recaudados mediante el pago de gravámenes al fortalecimiento de “proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización”.

La suspensión del FOMECA perjudica el fortalecimiento de medios y proyectos de comunicación que promueven la participación de las audiencias. Por tratarse de medios sin fines de lucro, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consideró necesario el acompañamiento del Estado y los FOMECA se constituyeron en una herramienta para cumplir ese objetivo.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentará un informe con la descripción de los inconvenientes del sistema de registro FOMECA que se verificaron durante las capacitaciones realizadas con medios beneficiarios. Asimismo, instará al organismo competente a convocar con urgencia a todas las líneas de fomento previstas por la Ley 26.522.

Fuente: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Luego del rechazo manifestado por las comunidades educativas afectadas por el cierre de bachilleratos que había anunciado el gobierno provincial, el viernes la Dirección de Secundaria en La Plata firmó un acta en la cual se compromete a dar marcha atrás con la medida. Sin embargo, desde Suteba advierten que la resolución sigue en vigencia.

La secretaria general del gremio en Bahía Blanca, Ana Canullo, expresó a FM De la Calle que “de todas formas, creo que esto es un poco más complejo porque la resolución todavía no se derogó y tampoco creemos que tengan la voluntad de hacerlo. O sea, esta situación de que todos los bachilleratos de adultos pasen a la órbita de la Dirección de Adultos y dejen de pertenecer a secundario sigue estando”.

“Lo que aparentemente se pudo frenar es el tema de que no se cierren este año los primeros años, que estos primeros años van a pasar a la órbita de los CENS. Los primeros pasan a los CENS pero seguirían funcionando en los mismos lugares que son los bachilleratos de adultos. Lo que nos dijeron es que no se cierran, aparentemente los docentes no pasarían a disponibilidad (…). La verdad que creemos que el gobierno de alguna forma tenía que dar cuenta de esto que estaba pasando”, expresó.

Consultada sobre cómo funcionaría en lo concreto esta nueva conformación y como sería el traspaso de estos bachilleratos a los CENS, Canullo comentó que “en Bahía Blanca hasta ahora, son cinco los CENS que hay cuando bachilleratos de adultos hay catorce. Entonces, habría que ver de quién dependerían todas las escuelas que están en los barrios, a qué CENS corresponderían”.

“Tenemos que ser cuasi inflexibles en el tema de la calidad, de la presencialidad, porque esto era algo que nos preocupaba muchísimo, tiene que ver con que los chicos vayan a los cursos, donde haya un profesor o una profesora, con compañeros, en una escuela. Bueno, eso es lo que nosotros queremos garantizar y debemos garantizar porque no era la oferta. La oferta era directa y eran tres días de clase, dos no; o como los Fines que son mensuales”, manifestó.

(Facundo Muñoz – FM De la Calle) El próximo jueves a mediodía se conocerá la sentencia en el juicio por el femicidio de Liliana Días Benítez, ocurrido el 8 de junio de 2016 en Cnel. Dorrego. Este viernes el fiscal Mauricio del Cero y la querella pidieron prisión perpetua para Marcelo Camarero. “Mató porque quería matar”, dijo la abogada Viviana Lozano. El defensor solicitó que se lo declare inimputable y afirmó que otorgarle la prisión perpetua sería como aplicarle la pena de muerte. El femicida se negó a declarar.

Del Cero argumentó que, por un lado, debe valorarse si realmente el imputado fue afectado por un trastorno mental transitorio y, por el otro, si es culpable y, por ende, le corresponde la calificación de homicidio simple.

Comentó que “el estado depresivo no se probó” porque “jamás en la causa se pidió una pericia psicológica o psiquiátrica del imputado” y porque “Camarero no presentaba una patología psicológica o psiquiátrica orgánica previa”.

En relación a la ingesta de alcohol con pastillas que subrayó la defensa durante todo el proceso, Del cero sostuvo que está “absolutamente convencido que en este juicio no hay una sola prueba de ello. Antes, durante y después del hecho Camarero tomó muchas decisiones. De lo que sí podemos estar seguros, es que el arma la sacó del auto y la llevó a su casa”.

Del Cero citó mensajes enviados por Camarero a sus amigos con referencias a Liliana, por ejemplo, “se hace la perra y yo soy el Rottweiler” o “estoy a un centímetro de que se me vuele la térmica”.

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“Si pegarle un tiro en la sien a una mujer no es un hecho de violencia de género, no sé lo que es”, manifestó el fiscal antes de pedir la pena de prisión perpetua para Camarero.

La abogada de la familia de Benítez, Viviana Lozano, dijo que “cualquier persona es una cosa para Camarero. Camarero pensaba de Liliana ‘es mía o no es de nadie’ y lo aplicó”. Respecto a la alevosía, la querella recurrió al fallo de la jueza Baquedano por el femicidio de Micaela Ortega y afirmó que “el disparo fue entre 3 y 5 centímetros, alevosía total y absoluta, Camarero tenía en claro lo que iba a hacer”.

Sobre la situación de violencia de género de la víctima, Lozano explicó a partir de declaraciones de familiares y amigos de Liliana que “tres personas dijeron de la mano vendada, tres respuestas distintas. Tres respuestas distintas, típico de una mujer golpeada”.

“No hay duda de que Camarero mató porque quería matar”, expresó para pedir la pena máxima, la reintegración del dinero que Camarero le debía a Liliana y que se revalúe la declaración de Sebastián Buciarelli, por falso testimonio.

Finalmente, el abogado defensor, Ignacio De Franco, manifestó que “en el último mes y medio” su asistido “no era normal” debido al consumo de alcohol en exceso. Negó que el imputado haya sido pareja de la víctima según los requisitos establecidos en el Código Civil y en cuanto al agravante por violencia de género opinó que “no podemos acreditar un hecho de violencia”.

El defensor solicitó al tribunal que declare inimputable a Camarero dado que “si es condenado por uno de estos delitos tendría menos beneficios que un represor de lesa humanidad”. Asimismo, pidió la nulidad de la acusación, de la pericia balística y del celular. “Aplicar la pena perpetua a Camarero sería aplicarle la pena de muerte, prohibida en nuestro país”, concluyó.

La declaración del último testigo

Andrés Ranieri, conocido del imputado, contó que el día del hecho había estado al mediodía con Camarero y que notó que “andaba muy bajoneado” y que “siendo las 9 de la noche me llama Andrés Pinto diciendo: ‘Llamá a Cabeza que se mandó una cagada’. Después él (Camarero) me llamó diciendo: ‘la maté, la maté, la maté’. ¿A quién? -le pregunté- ¿a la rubia (su ex pareja) o a la negra (Liliana)?. ‘A la negra’”, recordó.

Consultado sobre si era normal que el imputado tuviera un arma y la llevara consigo, dijo que “la tenía siempre ahí en la casa o en el auto”. En cuanto a la relación entre la víctima y el imputado Ranieri dijo que “ella estuvo unos 15 días viviendo (con Camarero), tuvieron una discusión, ella se fue y después volvió (…) tenían una relación de concubinato”.

“Yo hablé con ella una vez y me dijo que él la celaba”, afirmó Ranieri, quien describió a la víctima como “una persona agradable, se podía hablar de cualquier tema. Se notaba que era una chica instruida”. “Liliana cambió el número de teléfono porque Camarero la molestaba”, agregó.

Luego del episodio ocurrido el lunes en la Plaza Rivadavia, cuando una rama se quebró y cayó sobre un nene de 8 años, un patrullero quedó custodiando la zona vallada. FM De la Calle conversó con el fiscal de la causa, Cristian Aguilar.

El  funcionario afirmó que la Fiscalía actúa de oficio y que tomó conocimiento del caso a través de los medios de comunicación: “Me comuniqué con la policía y ordené la custodia del lugar hasta que se realizara la pericia, pensando que se haría en poco tiempo”.

“El patrullero está porque la pericia no se ha hecho” y aseguró que no logró la presencia de “una persona idónea para inspeccionar el lugar, por eso se puso cinta y se ordenó que haya un móvil policial para que nadie altere el lugar o se lleve el pedazo de árbol que se cayó”.

Con la intención de realizar rápidamente la pericia, Aguilar pidió la colaboración del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur pero obtuvo una respuesta negativa.

“En su momento hice averiguaciones en la Fiscalía y me indicaron al agrimensor (Luis) Caro, que intervino en la causa de Daiana Herlein. Al día siguiente [de convocarlo] presentó un escrito en la Fiscalía excusándose, diciendo que forma parte de la Comisión de Parques del Concejo Deliberante, por lo tanto, que puede conocer a alguna persona que puede resultar imputada”.

A Aguilar no le pareció razonable el planteo de Caro porque “la ley indica que toda persona de existencia física está obligada a prestar colaboración al Ministerio Público Fiscal, es obligación y si se niega se puede incurrir en un delito”.

“Yo tuve que elevar ese pedido a la justicia de Garantías porque no estuve de acuerdo. La justicia hizo lugar a la excusación, de modo que siguieron pasando las horas, el móvil siguió ahí y aún no contamos con la pericia”. Desde el Departamento de Agronomía le aseguraron que la única persona capacitada para realizar una pericia es Caro, por lo tanto, el fiscal recurrió al Colegio de Ingenieros con el mismo pedido.

Finalmente aseguró que “la Fiscalía podría seguir de oficio por un posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico”.

(Carla Pereuilh y Facundo Muñoz – FM De la Calle)Ayer comenzaron las audiencias testimoniales en el juicio por el femicidio de Liliana Díaz Benítez (29), la joven que residía en Coronel Dorrego y fue asesinada de un balazo en la sien por su ex pareja y único imputado en el proceso, Marcelo Camarero (49).

La causa por homicidio agravado por la situación de pareja y femicidio tramita en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de nuestra ciudad, integrado por los jueces Eduardo D’Empaire, Guillermo López Camelo, y la jueza Alejandra Castaño. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Mauricio Del Cero, Viviana Lozano como representante de la familia de la víctima y la defensa del acusado está a cargo de Ignacio de Franco.

El jueves el tribunal escuchó declaraciones de veinte testigos, entre quienes se encontraban amigxs de la víctima y de Camarero, funcionarios municipales, fuerzas de seguridad que intervinieron el día del hecho y testigos oculares.

El oficial de policía José Gallego sostuvo que “entre las ocho o nueve de la noche ingresan a la comisaría un grupo de personas, Camarero entre ellas, manifestando que habían matado a una mujer”. Además expresó que al imputado se lo podía notar “muy alcoholizado” y que “ingresó caminando con sus abogados”, confesándole durante su estadía en la dependencia policial que “había tenido una pelea con Lili”.

También comentó que cuando fueron a la casa del imputado encontraron el arma,“no recuerdo si fue en la cocina o en el balcón” pero sí que había “Clonazepam y muchas botellas de fernet” y que la puerta del domicilio la abrió el hermano de Camarero, quien “no poseía llave del mismo”.

El Director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Dorrego, Leopoldo Vega, dijo que recibió “una llamada que sostiene que Camarero contó que había cometido un delito en la vía pública”. “Se comentaba que había matado a la novia”.

El secretario de Seguridad, José Del Valle, explicó que “recibió una llamada de una persona que le dice del hecho” y decide notificar al fiscal Romero Jardín quien le pide que se acerque a la Fiscalía. Cuando iba hacía el lugar ve a Camarero subir a una camioneta: “subía por sus propios medios, pero lo ayudaban igual”.

Los peritos

Maximiliano Correa, inspector municipal que se encontraba en la calle cubriendo el turno noche, contó que fue llevado a la cochera en la que se encontraba el auto de Camarero con el cuerpo sin vida de Liliana. Además, dijo que al lugar “entraron con linternas, el auto estaba estacionado al final” pero “no recordaba muchos detalles de ese día”.

El médico cirujano del Hospital Municipal de Dorrego, Mauro Ariel Sueldo, formó parte de los informes que se elevaron a la causa. Sueldo sostuvo que en el cuerpo de la víctima “a simple vista se veía que tenía un palito de chupetín en la boca y el celular en su mano”.

Respecto a la autopsia, confirmó que “fue una muerte súbita espasmódica, por el trayecto que hace el proyectil y las partes del cerebro que toca”, lo que produjo que la víctima hiciera fuerza con la boca retuviera el palito del chupetín incluso después del deceso. “No recuerdo si había alguna botella de bebida alcohólica dentro del auto”, manifestó.

Alejandro Luis Müller, integrante de la Policía Científica de Tres Arroyos, dijo haber sido requerido en un hecho de un presunto homicidio. Al presentarse en la escena se encontró con “un automóvil Peugeot, negro, en su interior un cuerpo sin vida”. Sobre la posibilidad de que el disparo se hubiera efectuado desde el exterior argumentó que “no se observó ningún vidrio en el interior del vehículo”. Asimismo, comentó que “no se encontró ninguna impronta del proyectil fuera de la cochera (pared, techo)” y que “el vehículo estaba correctamente estacionado, en forma recta vertical”.

El entorno de Camarero

Fabián Zorzano, vecino y médico clínico del imputado, contó que Camarero fue a su consulta por primera vez en 2014 y que luego de algunos estudios le recetó Clonazepam 0,5 hasta 1mg, que es “una dosis normal a baja para una persona de la contextura de camarero”.

Sobre los efectos que puede causar la ingesta de este fármaco mezclado con alcohol afirmó que “depende de cada paciente, pero puede producir la pérdida de reflejos. […] Cuando se toma una medicación por mucho tiempo disminuyen los daños colaterales”.

Ariel Fernández, dueño de la confitería en la que solía juntarse Camarero con algunos de sus amigos, argumentó que “no sabía si (Camarero) tenía una relación. Por comentarios de la calle sí, pero yo no lo había visto”. Declaró que Camarero consumía alcohol y confirmó haberlo visto manejando su auto entre las 8 y las 9 de la noche el día del hecho. Sobre la víctima dijo: “Liliana era una chica buenísima”.

Andrés Pinto, amigo de Camarero, explicó esa noche que el imputado lo llamó diciéndole “me mandé una cagada, le pegué un tiro a la negra”, sin embargo, ayer cuando declaró no recordó si le había dicho algo más aparte de “me mandé una cagada”.

Ante la llamada del imputado, Pinto llamó a Mehemed (otro amigo) y fueron a buscar al hermano de Camarero. Jorge Mehemed corroboraría esta versión en su declaración y agregó que el imputado “era una persona normal”. Yamil Mehemed, hijo de Jorge Mehemed, afirmó: “Lo que sé es lo que me contó mi papá, lo acompañé y nos encontramos con el abogado”. Sobre su relación con Camarero dijo: “Yo lo conozco porque iba al negocio (en el que trabaja) y porque andaba con la hija del hermano”.

Sebastián Buciarelli conocido de Camarero y Liliana expresó que se enteró de lo ocurrido esa noche por Camarero quien le confesó que “se le había escapado un tiro” y que al hablar con él le notó la voz rara, balbuceante.

Hoy declaró el psiquiatra Rubén Darío Eberhardt, quién ejerce hace 41 años. Camarero tenía turno el 17 de junio de 2016 y el teléfono que brindó resulto ser el de Andrés Pinto. Eberhardt aseguró “trato de usar psicoterapia, para escuchar. De acuerdo al caso, la medicación y, si es posible, la menor cantidad”.

Explicó que no da recetas sin ver al paciente antes y certificó que si se le da clonazepam se le explica expresamente las contraindicaciones a la persona. La defensa le preguntó si estaba familiarizado con el ‘trastorno mental transitorio’. El psiquiatra explicó que no pero “puedo deducir de qué se trata”.

El entorno de Liliana

Hoy también brindó su testimonio Ana Ocampo, madre de Jorgelina (declaró ayer). Liliana trabajaba en la casa de su mamá y comentó que a Camarero lo vio una sola vez. “[Lili] un día se fue y volvió a los 2 meses. Creí que estaba en Paraguay pero estaba con Marcelo Camarero.

Un día “llamó un chico a casa, se hizo pasar por Rainieri, y me pidió el celular de Lili. Después volvió a llamar y se presentó como Marcelo Camarero, ‘la pareja de Lili’.” Ana dijo: Lili para mí era como una hija “.

El fiscal del Cero le preguntó a Ana si Camarero la seguía llamando, “llamaba todos los días, hasta unos días antes de lo de Lili”.

El último mensaje que Ana recibió de Camarero fue una nota que decía “que era una persona buena y que me iba a mandar un regalo envuelto en papel rojo que no iba a olvidar”. “Ella quería estudiar, ser alguien”. ¿Cómo se enteró de la muerte de Liliana? “Me llama mi hija [Jorgelina Ocampo] y me dice ‘mama, por favor, Camarero mató a Lili'”.

Rodrigo D’Annunzio, separado hace diez años de Liliana, dijo que “Lili me llenó el corazón; le propuse empezar una vida juntos, pero yo no tenía nada”.

Aseguró que a Camarero lo tenía de vista. “La Negra estuvo acá todo el tiempo que la buscaste” [en referencia a los dos meses donde también había dejado de trabajar en lo de Ocampo]. D’Annunzio agregó: “Cuando me empezó a hablar de ella perdí el miedo (al arma que tenía en su cintura), me empezó a decir que Lili era mala mina, específicamente “puta”, atorranta”. Esperaba que ella me dijera que estaba con Marcelo”.

Cuando Nelson Iriarte, amigo de ambos, quien es señalado como el que difundió imágenes íntimas de la víctima, falleció de una enfermedad terminal, Rodrigo le envió un mensaje a Liliana: “No es mi intención molestarte sólo quiero decirte que Nelson falleció”.

D’Annunzio estaba al tanto de los maltratos por parte de Camarero. Liliana “mucho no me pudo decir, pero me mostró un mensaje y la trató de ‘negra puta’. Le dije que si no hacía una denuncia, que cambie el número”. Después de la crisis de pareja hicieron un viaje a San Blas para hablar y “Lili apareció con la muñeca rota, dijo que le pegó a la mesada porque Camarero no la había dejado ir al velorio de Nelson”.

rodrigo dannunzio

Cuando D’Annunzio terminó su declaración se sacó el buzo para lucir una remera que dice ‘Justicia por Liliana’.

Juan Ignacio y Maximiliano González eran compañeros de Liliana. Fueron al Instituto el día del hecho y en el recreo, entre 18:30 y 19:30, Lili recibió un llamado. No volvió a entrar a clases. Ambos coincidieron en que “debe estar con Camarero”.

Juan Ignacio dijo: “Salimos del colegio 21:30 y el auto seguía en el estacionamiento”. Le avisó por mensaje a Lili que iba a lo de un amigo. Él tenía la mochila de ella y cuando buscó la llave del auto encontró un fajo de dinero. “Al rato una compañera nos avisó que le habían disparado a Lili”.

Maximiliano dijo que Liliana “era buenísima, tenía un corazón enorme. Sabíamos que Marcelo Camarero tenía antecedentes de que le había pegado a la ex mujer”.

Elvio Díaz Benítez, hermano de la víctima, testificó que no conocía a Camarero en persona, pero sí tenía buena relación con Rodrigo, la ex pareja. “Rompió esa relación tranquilamente, sin escándalo y comenzó la segunda relación [con Camarero].”

“Le enviaba mensajes que era una puta, que no iba a cambiar más. ‘Mira lo que me dice este’”, le dijo Liliana a Elvio. “Hablamos, lloramos, nos reencontramos” porque el imputado no le permitía hablar con la familia. Durante su estadía “recibió llamados continuos de su parte”, aseguró.

Él se enteró de la muerte de Liliana por Facebook, llamó a la hermana menor quien le dijo: “Hablé con ella esta noche [el día del hecho], está bien, tranquila”. “A mi hermana le preocupaba la situación, Lili le había comentado: “Me apuntó con un arma en la cabeza” y no tenía miedo “porque si lo fuera a hacer, ya lo habría hecho”.

Ante la caída de una rama en la Plaza de Rivadavia que hirió a un nene de 8 años, FM De la Calle habló con Lorena Zerneri, la mamá de Daiana Herlein, quien desde hace varios años viene denunciando la falta de controles en el arbolado municipal.

“Lo que yo advertía era que aun no está hecho el plan regulador exigido por ley, anual, que sería la base de una plan de trabajo. En vez de correr tras la tragedia se debe hacer porque lo marca la ley y la ordenanza, debe hacer plan de trabajo que se llama Plan Regulador de Arbolado Urbano Anual, que es como un censo. Un relevamiento de cada árbol y, en base a eso, se trabaja, se interviene en caso de ser necesario”, manifestó.

Agregó “eso no estuvo hecho cuando falleció mi hija. Es la principal razón que advierte el fiscal cuando eleva la causa a juicio y aun hoy tampoco está hecho, o sea que están infringiendo la ley. Así y todo, con todos los reclamos que yo hago cada vez que me ponen un micrófono así sea por otra cuestión, que siempre tiene que ver con mi hija, hago este recordatorio, lo escribo en las redes sociales, envío cartas a la Municipalidad. De todo esto nada tuvo sentido, que terminamos con algo que gracias a Dios no pasó a mayores porque el nene está en su casa”.

Zerneri sostuvo que no entiende porque Héctor Gay “protege a estas funcionarias como es Elena Díaz o Érica Gutiérrez, ¿por qué las protege de tal manera permitiendo que se ponga en riesgo a toda la sociedad?”.

“Yo tengo muchas referencias de los árboles que van sacando, no te digo todas pero tengo muchas; y muchos de los árboles que sacan, voy y me acerco y están en perfectas condiciones. Lo que significa que los sacan por otras razones: quizás comerciales, quizás por amiguismos políticos, porque tapa la vidriera de algún local, por otras razones. Pero no con la más importante, que es la de prevenir que pase una cosa de estas, que ponga en riesgo la salud de las personas”, afirmó.

Pablo Rosenfelt, concejal por el bloque Cumplir y representante de la oposición en el directorio de Bahía Transporte Sapem se refirió esta mañana a la conferencia de prensa que brindaron ayer el presidente de la empresa Tomás Marisco y el gerente Federico Hartfield sobre el nuevo sistema de parquímetros.

Respecto a las declaraciones de Marisco el edil ratificó que “es imposible que Sapem no sepa hasta diciembre cuánto recauda. Sapem gerencia el sistema pero la recaudación va íntegramente para el municipio y el sistema online determina la recaudación de cada mes”. Si bien se estima una recaudación de 45 millones de pesos para el 2018 los datos de Gobierno Abierto registran que se llevan recaudados “1,6 millones hasta el momento”.

Sobre la orden de pago de seis millones de pesos que fue publicada en Gobierno Abierto, aseguró que “el gerenciamiento que hace Sapem le cuesta al municipio $1.590.000 y la orden de pago se emite del municipio para pagarle a la empresa por el gerenciamiento” realizado entre octubre y enero.

“El municipio no le tendría que pagar a la Sapem porque el gerenciamiento fue deficitario y en cierta manera me parece que si yo tengo un gerenciador que tiene que llevar adelante un sistema de la manera que corresponde, también tiene que haber una intimación por no haber brindado bien el servicio”.

En relación al supuesto sobreprecio en el contrato de Eycon, Rosenfelt comentó que “lo conveniente sería que el presidente de la Sapem, que tiene información y ha hecho la denuncia pública, haga la denuncia donde corresponde en sede judicial. La responsabilidad pasa por quien ha hecho esta manifestación”.

Finalmente, habló sobre la intención del bloque de Unidad Ciudadana de formar parte del directorio de Sapem: “Quiroga habló como presidente del bloque con Feliú. Estamos de acuerdo en que tiene que ser rotativo y en este período les tocaría formar parte del directorio. Yo particularmente le comuniqué al oficialismo que en abril no voy a ser más parte. Apoyamos la postulación de Larrea para que sea por los próximos dos años del directorio de la Sapem”.

Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.

En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.

No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.

Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.

El gobierno anunció que tomaría medidas para bajar el precio de mil drogas requeridas por afiliadxs de PAMI a partir de abril. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, la presidenta María Isabel Reinoso, aseguró que esta decisión será a costa de las farmacias y que beneficiaría a Farmacity.

La titular de la Confederación de Farmacéuticos Argentinos aseguró que “al día de hoy no tenemos el listado de esas drogas y mucho menos de los medicamentos que va a cubrir PAMI. Tenemos que conocer para decirle a los abuelos cuáles van a tener cobertura y cuáles no”.

Según Reinoso hay dos cuestiones relacionadas al anuncio del gobierno, el 31 de marzo vence el convenio para la provisión de medicamentos y la negociación es entre la vicejefatura de gabinete y la industria farmacéutica.

Por otro lado está el aporte económico realizado por las farmacias: “Hoy el PAMI compra los medicamentos y paga la mitad de lo que sale; la diferencia la ponemos entre la industria farmacéutica y la farmacia. Estamos pidiendo que baje el aporte y que sea de manera escalonada”.

Este pedido se realizó ya que en varias provincias del país “a las farmacias le han duplicado los impuestos y no pueden seguir sosteniendo la prestación haciendo ese aporte, que se hizo cuando se cayó el país en el 2001 y que nunca se corrigió”.

Para Reinoso “el mayor beneficiario son los grupos económicos y la empresa Farmacity, que se ahorraría 12 millones de pesos por mes en detrimento de la farmacia pequeña y mediana. Si esa estructura no se cambia muchísimas farmacias quedarían fuera de poder dar la prestación de PAMI”.

Respecto a la posibilidad de que Farmacity se instale en la provincia, la autoridad del Colegio de Farmacéuticos dijo que “si quiere se puede instalar, pero cumpliendo la ley vigente que cumplimos todos. Este fondo de inversión quiere establecerse sin localización, donde es rentable. Y la ley dice que se tiene que establecer una farmacia cada tres mil habitantes y cada 300 metros para que se desparramen y haya una red capilar, una farmacia en cada barrio”.

“La ley tampoco permite fondos de inversión por una razón de salud pública”, agregó. En este caso, además, se presenta un conflicto de interés con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quién también fundó la firma Farmacity.

En el marco del 8M, un tribunal porteño condenó a empresas de colectivos y al Estado por no contratar mujeres y advirtió que la supuesta incapacidad de las mujeres para conducir es otra herramienta del patriarcado para seguir negándoles derechos.

En Bahía Blanca, Cecilia Bravo, chofer de transporte urbano e interurbano, hace años busca trabajo en las empresas de colectivo y se lo niegan sistemáticamente sin darle explicaciones.

Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación y la de mujeres en general. Hubo una “audiencia hace 13 días y no se presentó nadie de las empresas. Estoy esperando el fallo porque ya pasó la etapa de los alegatos”, señaló Bravo a FM De la Calle.

Agregó que “es un pasito más adelante, poco a poco nos vamos poniendo en órbita las mujeres en lo que es la lucha por la igualdad, ante una toma de empleo. Yo no tenía que demostrar nada, lo que tenían que demostrar eran las empresas a las que le habíamos presentado el amparo en 2013”.

Con otra chofer salteña, Mirta Cisneros, iniciaron un reclamo en conjunto porque ni las empresas locales ni las de Salta querían contratar mujeres. Cisneros elevó el fallo a la Corte Suprema y ganó. Actualmente en Salta hay mujeres manejando transporte urbano e interurbano.

Bravo comentó que en las empresas “nadie me dijo nada, sí pude leer las respuestas de las empresas al amparo, que en algunos párrafos eran irrisorias, cuestionan mis carnets, me cuestionan a mí o a las entidades que me lo dieron, a la Municipalidad y a la CNRT. Es algo muy lógico, tuvieron tiempo para verificar otras cuestiones de otro trabajo anterior pero no pudieron verificar si los carnets son reales o no”.