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La Coordinadora contra los Tarifazos invita a la comunidad a participar de una Fiesta Popular por la Independencia en la Plaza Rivadavia. La cita será el sábado a las 10 para “encontrarnos desde el llano, en un lugar donde no nos tengamos que quedar parados al costado de la vereda viendo como nos desfilan los distintos tipos de uniforme de la ciudad sino en un espacio donde cada uno pueda aportar, tomar unos mates, unos pastelitos, una canción de folclore, una charlita”.

Esta mañana el ex concejal Raúl Ayude recordó en FM De la Calle que la Coordinadora se conformó a partir de una iniciativa de compañeros del frigorífico INCOB y la CTA en sintonía con otras multisectoriales que se organizan en el país contra los tarifazos y los despidos y convocan a “una gran marcha federal como fue contra el menemismo para el 19 de agosto”.

“La idea básicamente es poner las problemáticas populares en escenario, en agenda, hay agrupaciones sociales, colectivos culturales, gremios, agrupaciones políticas, se está debatiendo cómo hacer para accionar en unidad, en coordinación contra los elementos más importantes”.

“Apenas se hizo la primera reunión con el eje central del tarifazo empezamos a tener las discusiones en Bahía Blanca sobre el tema de Lucaioli, Burgos, el tema de los despidos, el tema UOCRA que hace mucho tiempo que vienen con la obra pública parada, más los informales que están sin laburo hace mucho tiempo, los changuistas, los jornaleros, el tipo que hace el día a día”, dijo.

El dirigente de Nuevos Vientos agregó que también se trata de “la afectación de los tarifazos de luz, gas, agua para los clubes, los espacios culturales, espacios pyme, el caso de INCOB que es una empresa recuperada y gestionada por sus laburantes”.

En ese marco, “la primera actividad que se propone es el 9 de julio una fiesta popular, un acto en la Plaza Rivadavia de encuentro, encuentro cultural alrededor de la poesía, la música, la danza, una clase pública como para debatir si hay independencia o no, qué es la independencia y esencialmente para encontrarnos”.

“A diferencia de lo que sucedió el 25 de mayo en el cual el intendente municipal y la estructura del gobierno planteó un discurso en base a la doctrina de seguridad nacional, un discurso antipopular, reaccionario, fascista, es encontrarnos desde el llano, en un lugar donde no nos tengamos que quedar parados al costado de la vereda viendo como nos desfilan los distintos tipos de uniforme de la ciudad sino un espacio donde cada uno pueda aportar, tomar unos mates, unos pastelitos, una canción de folclore, una charlita.

“Que no nos roben la independencia, si lo que estamos discutiendo es la Alianza del Pacífico, el libre comercio con Estados Unidos, si hemos generado deuda como hacía muchos años no se generaba, si hemos tomado decisiones de blanqueo, si se le facilita el acceso a inversiones en tierras a capitales extranjeros, si se anuncian en Davos inversiones que van a hacer multinacionales en nuestra propia ciudad, lejos estamos de una audiencia pública y la participación popular sino que el capital toma las decisiones y cuando mucho, como dice Rosendo (Ndr: por Javier González Fraga), lo que hay que discutir es a qué llamamos pobreza, cuán pobre son los pobres”, afirmó Ayude.

Escuchá la entrevista completa:

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La jueza de Garantías Gilda Stemphelet dictó la prisión preventiva de Jonathan Luna, único imputado en la causa que investiga el femicidio de Micaela Ortega, y quitó la agravante por violencia de género.

Para la abogada de la familia de la nena, Fernanda Petersen, tanto el Juzgado como la Fiscalía carecen de perspectiva de género y por eso califican el hecho como “un homicidio agravado por la alevosía dadas las características con las que se ha encontrado el cuerpo. Nadie está mirando cuál fue el origen, por qué se captó a una adolescente de doce años, por qué se la engañó, se utilizó su vulnerabilidad”.

“A Micaela no la mató facebook, lo que la mata es el machismo y lo que la mata es ser mujer”, insistió Petersen al ser consultada por FM De la Calle. Explicó que “el Código Penal dice que para que se considere el femicidio como agravante tiene que haber una situación previa de violencia de género, los padres de Micaela y yo como su letrada consideramos que la captación por las redes sociales tiene como fin una situación de violencia sexual, de violencia física o en el caso de Micaela que fue su muerte”.

“Si bien hoy por hoy procesalmente lo que nos ocupa y lo que nos importaba era el dictado de la prisión preventiva, tenemos otras instancias en las cuales podemos seguir reuniendo toda la prueba que consideremos y las argumentaciones pertinentes para llegar a una elevación a juicio con la calificación de femicidio. No nos parece un dato menor porque consideramos que esto tiene que ver con una falta de mirada, de perspectiva de género de la justicia para con los hechos que se dan sobre las mujeres, niñas o jóvenes”, dijo.

Además, destacó que a “Luna al momento de ser indagado, si bien no declaró, se le leyeron todas las pruebas en su contra y cuál era la figura que se le estaba imputando. Si a futuro pedimos que se cambie la carátula en vez de ser por alevosía que sea femicidio no estaríamos afectando ninguna de las garantías constitucionales de esta persona”.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Alejandro Nievas, afirmó por FM De la Calle que “hay graves incumplimientos” por parte de Ferrobaires y de la provincia que “de ninguna manera garantizaban la seguridad” de las y los pasajeros del servicio de trenes suspendido por la gobernadora María Eugenia Vidal. El funcionario avaló la medida porque se trata de las mismas falencias sobre las cuales la justicia basó la condena a los responsables de la Tragedia de Once que causó 51 muertes.

 “Las observaciones que ha hecho la Auditoría, siguiendo y analizando lo que verificaba la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte, tienen que ver con el incumplimiento de las obligaciones básicas en cuanto a tareas de mantenimiento en vías, comunicaciones y material rodante”, dijo.

La Resolución 1770 de 2008 de la CNRT fija las obligaciones hacia la empresa. Una de ellas era la elaboración de un plan anual de mantenimiento y otra “que en ese plan haya una rutina que garantice que cada tanto tiempo”.

“Esto no se cumplía y había miles y miles de kilómetros de exceso sin que se le haya hecho mantenimiento al material rodante. Ni que hablar del estado de las rutas. Una de las cuestiones que verificamos es que se puso en servicio a cuatro formaciones Talvo adquiridas en el marco de los convenios con España y Portugal, que es de lo poco que se compró en buenas condiciones, que podían circular a buena velocidad, solamente estuvieron un año y medio en circulación porque tuvieron dos o tres descarrilos y en base a la falta de seguridad que se advertía tuvieron que ser sacadas y arrumbadas en algún depósito donde todavía siguen”, comentó Nievas.

El auditor agregó que Ferrobaires “jamás hizo un inventario, hay coches, locomotoras o material ferroviario que no se sabe dónde está, todo en el marco de una concesión hecha por el Estado nacional a la provincia que lamentablemente no se ha administrado de manera eficiente y correcta”.

Por la reglamentación de la ley

Sergio-Sasia-e1430836688699Por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria Sergio Sasia aseguró que “hoy no hay problema de que (los empleados de la empresa) puedan perder su trabajo” y destacó la falta de inversión de Ferrobaires en infraestructura, coches y locomotoras.

“Estamos exigiendo dos cosas. En primer lugar conocer cuál es el plan, cuál es el proyecto al decir suspendo los servicios, cómo voy a ir rehabilitándolos en base a las inversiones que tengo o tendría que tener programada”, dijo.

Y lo principal: “El año pasado se promulgó la Ley 27132 votada por la mayoría del arco político argentino donde devuelve al Estado nacional la administración, control, de toda la infraestructura ferroviaria. A partir de esa ley posibilita al Poder Ejecutivo y a todo lo que manejan las empresas ferroviarias de generar un plan y un proyecto de comenzar a hacer las inversiones que correspondan, poner en valor los trenes de pasajeros y de carga”.

“Está faltando la reglamentación de esa ley que sería la herramienta fundamental para generar una política de Estado en procura de recuperar ese modo de transporte que es vital tanto para la carga, para el desarrollo de las economías regionales, como de pasajeros por el rol social que cumple principalmente para los pueblos del interior del país”, concluyó Sasia.

Los gremios ferroviarios se declararon en “estado de alerta y sesión permanente” ante la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de suspender los servicios de pasajeros de media y larga distancia luego del choque de trenes ocurrido en Rawson, partido de Chacabuco, que provocó 28 heridos. La preocupación alcanza a miles de usuarias y usuarios.

La medida afecta los servicios que presta la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires) y se basa en informes elaborados por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Auditoría General de La Nación que califican de crítico el estado de la empresa y de deficiente el estado de las vías y del material rodante.

Raúl Kisner, superintendente de Ferrobaires en Bahía Blanca dijo a FM De la Calle que “nos tomó medio de sorpresa pero más o menos veníamos previendo esto porque el tema de las formaciones cada vez se venían a menos, estamos esperando, creo que hay hoy una reunión en Buenos Aires entre Nación, Provincia y la Unidad Ejecutora para ver los pasos a seguir”.

El funcionario comentó que “la más afectada es Vía Pringles, en la otra por lo menos hay hasta ahora un servicio por semana que es el tren chino que llega el sábado acá y se va el domingo”. Hasta la suspensión ordenada por la gobernadora, la provincia contaba con servicios Vía Lamadrid los días martes y jueves y Vía Pringles miércoles y viernes con una tarifa de 250 pesos para primera y 150 para turista.

“Creo que en la semana o en diez días se podría solucionar. La solución que veo es Vía Lamadrid, si el tren chino puede correr, poner las tres frecuencias del chino por Lamadrid y un tren liviano Vía Pringles en combinación en Olavarría con el tren chino. Eso es lo que haría yo, no sé la superioridad cómo va a solucionar este problema”, concluyó Kisner.

Gremios en el HCD

hcd trenesEste mediodía, representantes de los gremios ferroviarios expresaron en el Concejo Deliberante que por la suspensión está en riesgo la fuente de trabajo de 200 personas de nuestra ciudad. Remarcaron la importancia del servicio ya que las unidades llegan con su capacidad cubierta a Constitución, contabilizando aproximadamente 1000 pasajeros diarios, quienes lo abordan en las distintas estaciones intermedias por las que transita la formación.

Las máquinas de referencia poseen cincuenta años de vida y, por legislación, pasado este lapso de tiempo, no pueden circular. Los ferroviarios señalaron que si bien se preveía esta situación nunca imaginaron que el corte se daría de forma repentina. Finalmente, expresaron que hay formaciones guardadas para reemplazar el servicio; y si bien, tienen un costo mayor, si existe la decisión política se lo puede hacer.

La concejala Mercedes Insausti (IC) apoyó “el reclamo de los gremios que se manifestaron preocupados por una cuestión de inseguridad laboral” y solicitó “al intendente y a los legisladores provinciales, en especial a los de la sexta sección, que se pongan a la cabeza del pedido para el pronto reinicio de las actividades de este transporte”.

“Lo que acarrea el dejar de andar de Ferrobaires es dejar un sinnúmero de gente que contaba con el servicio, más de diez mil personas lo utilizan mensualmente en todo el trayecto, acá no es solo Bahía Blanca por lo que pedimos sino por las dos vías, Lamadrid y Pringles, con todos los pueblos y ciudades que van quedando en el medio”, afirmó por FM De la Calle.

La edila calificó la suspensión del servicio como “un poco desmedida, casi autoritaria, porque ellos hace siete meses asumieron conociendo que había informes de la CNRT respecto al mal funcionamiento, no cabe dudas que la situación no era buena técnicamente hablando, las vías están en un estado muy deteriorado pero esta abrupta decisión no permite prever acciones por parte de los gremios, genera más incertidumbre que tranquilidad”.

La Sala III aceptó como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas sobre los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” las que originaron esas intercepciones. El empresario Juan Suris se encuentra imputado por comercialización de estupefacientes, junto a otros diez acusados.

Desde la Cámara de Casación Penal, Eduardo Rafael Riggi, Lliana Elana Catucci y Juan Carlos Gemignani, dieron lugar al pedido del fiscal general Ricardo Gustavo Wechsler y anularon el fallo del  Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que había absuelto a un grupo de personas imputadas por comercialización de estupefacientes.

El fiscal Alejandro Cantaro participó en la etapa de instrucción y también, conjuntamente con la fiscala María Cristina Manguera, durante el juicio oral que tuvo como imputados a Juan Ignacio Suris, Guillermo Martín Suris, Sandro Cristian Miranda, Fernando Alexis Bond Stork, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, Martin Cruz Ocampos, Juan Ramón Romero Miranda, Yolanda Corina Jiménez, Tamara Brasilina Jiménez, Gustavo Rodolfo Sequeira y Aníbal Mario Arce.

De este modo, la Cámara anuló el fallo de Beatriz Torterola y Juan Velázquez del Tribunal Oral que habían determinado la nulidad del inicio de la investigación y la intervención de líneas telefónicas de los imputados. Asimismo, apartó de la causa al Tribunal Oral y revalidó el criterio del juez de Instrucción Santiago Ulpiano Martínez, que había sido desestimado por los jueces bahienses.

Los camaristas aceptaron como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas de los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” lo que originó la intervención de las líneas telefónicas. Por el contrario, los magistrados fundamentaron que “no fue aquí un llamado anónimo lo que motorizara el inicio de la causa, sino que fue una persona debidamente individualizada, concretamente un funcionario policial, Subdirector de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (D.D.I.T.D.I.) de Bahía Blanca, con más de veintidós años de antigüedad en la repartición en ese entonces, quien primigeniamente aportara la información que diera origen a esta causa”.

La Cámara destacó que fue “a raíz de las tareas investigativas efectuadas por el personal policial que se pudo determinar que era Juan Ignacio Suris quien se encontraría a cargo de la comercialización de estupefacientes a gran escala; siendo Guillermo Martín Suris su hermano y hombre de confianza”.

“Efectivamente, el juez instructor obró de conformidad a lo normado en los preceptos legales que rigen el curso del proceso, y prestando la debida atención a los estándares fijados tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los establecidos por ésta Sala”, agregó el fallo judicial.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por lavaca.org) Hoy a la madrugada una patota de 20 personas ingresó a la redacción de Tiempo Argentino, tapió las ventanas y revolvió el edificio. Ante la inacción policial, los trabajadores decidieron reingresar por la fuerza. Comprobaron así que junto a la patota estaba el supuesto dueño del diario, Mariano Martínez Rojas, que los amenazó. Recién entonces la policía ingresó para negociar la salida de Martínez y su banda, y los trabajadores lograron quedarse en la redacción. Una vez más.

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Norma había dejado todo impecable. Gabriel, que había ido a ayudarla a limpiar, ya estaba juntando las cosas para irse cuando escuchó un ruido desde abajo. Norma sólo recuerda el tun tun tun de las pisadas por las escaleras. No sabe si fue Gabriel que se apuró a bajar o los cinco encapuchados que al mismo tiempo subían: lo retuvieron y lo sacaron, sin más, del edificio. A Norma, esos mismos cinco tipos la acompañaron a que agarrara su cartera y luego a seguir el mismo camino que Gabriel: afuera, por las buenas o por las malas. “Estaban todos vestidos de negro, encapuchados y con borcegos”, alcanza a recordar, horas después, ya sentada de nuevo en la redacción junto a los trabajadores del diario recuperado otra vez.

¿Qué pensaste que estaba pasando?

“Pensé que eran ladrones”.

Tenía razón.

Tiempo Argentino

Los encapuchados

Entre las 12:30 y las 12:40 de este lunes, entre quince y veinte hombres de negro y encapuchados entraron a la redacción de Tiempo Argentino por la puerta que la une con Radio América. Esa puerta estaba tapada con un locker, lo más pesado que encontraron los periodistas para evitar a los intrusos que, sospechaban, podían caer en cualquier momento. La radio ya había sido usurpada por Mariano Martínez Rojas, el autodenominado comprador de parte del Grupo 23, quien también entró hoy al edificio como uno más de los delincuentes.

Desde ese horario hasta las 6 de la mañana, pasó de todo a un ritmo frenético. Primero, los trabajadores se enteraron por Norma y Gabriel que el edificio estaba tomado por Martínez y sus encapuchados, que habían bloqueado las puertas desde adentro y tapado las ventanas. Empezaron a circular los rumores: que llegaron con un cerrajero y abrieron la puerta, que la empleada de la heladería de la esquina vio a ocho “monos” en la puerta esperando la señal de entrar, que la camioneta negra de pocos kilómetros estacionada en la puerta era de Martínez Rojas, que la zona estaba invadida por sus hombres. Con los minutos las hipótesis se irían confirmando.

Como si fuera un mal chiste, llovía a cantaros.

Los trabajadores iban llegando y apuraban la estrategia. Junto a Norma y Nahuel algunos se dirigieron a la Comisaría 31 a radicar la denuncia: unos encapuchados habían entrado al edificio – hasta ese momento, se desconocía que Martínez Rojas también. Y otros se quedaron en la puerta de la redacción de la calle Amenábar, mirando atónitos las ventanas tapadas con diarios (sic) y twitteando y llamando a las cámaras que nunca llegaron.

Y mojándose.

En el medio llegó la policía con el subcomisario Aparicio a cargo del operativo. Según hizo saber el uniformado a lavaca, recibió órdenes de la fiscal Verónica Andrade – Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 1- de “hacer guardia en la puerta del inmueble para evitar que alguien salga con cosas y que no entre más nadie”.

¿Los que salieran serían detenidos?

“No, serán identificados”.

¿Cómo sigue el trámite?

“Mañana a primera hora, la fiscal citó a las partes a la fiscalía”.

¿Quiénes son las partes, quién representa a los que están adentro del edificio?

“No sé. Los trabajadores dicen que responden a un tal Martínez”

Tiempo Argentino

Ahora o nunca

De 1 a 3 de la mañana la situación fue desesperante: desde la puerta se oían impactos y estallidos que se adivinaban como destrozos provocados por la patota. Los trabajadores temían, más que por las computadoras, por papeles sensibles de la cooperativa, y también algún elemento personal.

La policía, escasa, custodiaba la puerta. Con la banda sonora de destrozos de fondo, los trabajadores pedían que reaccionara. “Tenemos que tener una orden para entrar”, aducían los efectivos. La fiscal ya había dado una, que iba en el sentido contrario.

En la práctica, entonces, abstraída de la coyuntura, la policía cuidaba que los trabajadores no entraran, y que luego decida la justicia. Con los trabajadores afuera.

A Eduardo Murúa le llevó un cigarrillo entender esta situación. Llegó, mientras varios estaban de la vereda de en frente del edificio mirando a las sombras moverse y respaldándose bajo un techo de la lluvia que azotaba. Murúa, entonces, dio una pitada, y otra, y otra más, tiró el cigarrillo y dijo: “¿Qué hacen? Vengan”.

Cruzamos.

La guardia policial, compuesta por dos agentes, lo siguió con la mirada mientras Murúa encontraba el hueco por donde entrar. Y lo encontró: corrió una reja y empujo una puerta que se abrió hacia arriba, tipo garaje. “¿Qué hacen? Vengan”, por segunda vez.

Entonces se desató un ingreso desaforado de todos los que se habían acercado a la puerta, que así eran invitados a pasar adentro: “Ahora o nunca”.

El cuarto pequeño se fue llenando y pronto quedó chico para la horda; sólo una puerta separaba ahora del resto del edificio, donde estaban los encapuchados, que se hicieron sentir desde adentro.

Siguió entonces un ida y vuelta de golpes a la puerta y a las paredes que, gracias a la arquitectura moderna, se fueron derrumbando. Se abrieron huecos en los que se veía a algunos de los hombres de negro, que se mostraron provocadores: echaron gas matafuegos, amenazaron con “tirar”, mostraron cuchillos e invitaban con la mano a que los trabajadores sigan avanzando.

El mano a mano se paró a tiempo, aunque algunos ya se habían lastimado en el tren de hacer huecos que permitieran echar luz sobre lo que pasaba adentro, quiénes estaban y qué hacían.

A la larga, esa fue la única forma de establecer comunicación con el adentro y lograr que el subcomisario Aparicio se postulara para dialogar con los encapuchados.

Tiempo Argentino

“Den gracias que todavía tienen piernas”

La tensión siguió, pero sin violencia. Se acordó que entraran al edificio los policías junto al presidente de la cooperativa, Javier Borelli, y el secretario, Randy Stagnaro. Adentro los esperaban los encapuchados, pero nadie sabía que también estaba el autoproclamado dueño, Mariano Martínez Rojas.

“Den gracias que todavía tienen piernas” y “Los voy a sacar del forro del culo” fueron algunas de las sugestivas frases que tiró un Martínez sacado, según contaron los que estuvieron en la mesa chica. Nada distinto a lo que hace todos los días en su cuenta de Twitter. Todo ante las autoridades policiales, que se apuraron a proponer una solución: los encapuchados y Martínez saldrían, pero los trabajadores también. Y el edificio quedaría vacío, a la espera que la justicia decida quién tiene derecho a ocuparlo.

La respuesta fue inmediata: no.

Los trabajadores, adentro.

Así fue como durante las dos horas de negociación, algunos de los encapuchados eran vistos saltando por los techos de las casas de la cuadra, huyendo como delincuentes. La policía intentó, infructuosamente, tocar timbres, acceder a las viviendas y buscarlos.

Un puñado de los patoteros se quedó junto a Martínez, mientras los trabajadores iban ocupando las sillas donde hacen el diario de cada domingo, preparando mates para recalentarse y prendiendo sus computadoras.

Cerca de las siete de la mañana, Martínez y los encapuchados salieron por la puerta y se fueron, pero por sus propios medios.

La policía libró un acta donde se identificaron todas las personas que entraron golpeando y se fueron corriendo.

¿Cómo sigue esta historia?

Con los trabajadores adentro.

Más imágenes en http://www.lavaca.org/notas/tiempo-de-patotas-cronica-de-una-madrugada-agitada/

(Por Mauro Llaneza) “Sueño con un asfalto, tener una linda casa, unos lindos árboles, unas lindas plantas y decir puedo salir y entrar cuando quiera, llueva o no llueva, que el colectivo pase y lleve a mi hijo cerca de la escuela, que una ambulancia pueda entrar en cualquier urgencia, han pasado desgracias y no han llegado, poder tener una mejor forma y calidad de vida. Con eso soñamos”, responde Gisel Roche en el estudio de la FM De la Calle.

Vive en el Barrio Evita, en el sur de Bahía Blanca. Casi 300 familias asentadas entre las calles Baeza, Juncal, Chile y Santa María. Trabajan en rubros vinculados a la construcción, hacen changas y “hay hasta policías”. “Peleamos por una vida digna. Peleamos por decir tenemos un derecho o queremos ser incluidos socialmente. Se necesita una urbanización, un entoscado, luz y agua, serían las cosas básicas para poder vivir normalmente como cualquier familia”.

Hace diez días integrantes de la asamblea vecinal participaron de la presentación de los resultados de un relevamiento de las condiciones socio-económicas de la comunidad que coordinaron docentes del Departamento de Economía de la UNS en el marco del proyecto VERSE, con la articulación de la agrupación Sureando.

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Gisel Roche, Barrio Evita.

Años atrás comenzaron a instalarse las primeras familias a partir de “una toma pequeña” y hoy avanzan las construcciones de material. “Se pelea entregando cartas diciendo, por ejemplo, necesitamos la luz, el agua, urgente. Hace ocho años que no tenemos. Todas las conexiones son precarias, estamos hablando de caños precarios, ahora tenemos en tres calles caños rotos. Está trabajando la pala de la Delegación pero no puede porque esas calles intermedias son imposibles, sabemos que esto es una manteca, por eso también se pide un entoscado”, dice Gisel.

Cuenta que “en invierno el agua es poca porque se nos congelan los cañitos y en verano no tenemos agua porque todo el mundo abre las canillas, hay veces que nos vuelve a las 12 de la noche o a las cuatro de la mañana y tenemos que estar con un tarrito juntando por lo menos para la comida, ni siquiera para la ropa”.

-Ahora todos estamos con velas, estos días se nos cortó muchísimas veces la luz. (…) Estamos peleando por un generador hace mucho tiempo. Hay uno en calle Italia que abastece a algunas familias pero falta el resto del barrio.

Políticas integrales

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El relevamiento indica que más del 50 por ciento de las familias tiene alguna necesidad básica insatisfecha. “Algún problema serio o grave con respecto al acceso a la salud, a la vivienda, a condiciones sanitarias adecuadas, al trabajo, estamos hablando de indicadores a partir de los cuales se evalúa la pobreza”, explica Francisco López Corral de Sureando.

El índice de hacinamiento crítico -“cuando hay demasiadas personas viviendo en una sola habitación”- es del 46 por ciento. “Excesivamente alto” si tenemos en cuenta que el de la ciudad es del 6 por ciento. “Eso está asociado a estas características que tiene el barrio, no solo con problemas económicos, de ingreso, sino muchas veces con estos problemas estructurales”.

No tienen derecho a la ciudad. “El derecho asociado a la posibilidad de acceder a todas las ventajas que tienen que ver con la vida urbana y que buena parte de la sociedad goza por vivir en una ciudad. Tiene que ver con los servicios públicos, con las calles transitables y todo lo que implica el acceso, poder concurrir a la escuela, a un hospital, que ingrese a una ambulancia, un remis, un patrullero”, dice López Corral.

“Al estar la situación dominial comprometida no hay un espacio público reservado, por ejemplo, para una sala médica. Los centros de salud están realmente lejos y hay que acceder por estas calles que son imposibles de transitar, estamos hablando de una transversalidad de derechos que requieren una política integral”.

“Somos como el foquito quemado”

La educación es otro tema. “Las criaturas no pueden ir a la escuela. Todo el barrio está lleno de chicos, todos estudian. Mi hija, por ejemplo, -dice Gisel- sacó notas muy altas en las pruebas, estamos hablando de 9,80 y 9,50, notas lindas. Ahora en los boletines tiene todo 7 por el tema de las faltas. ¿Cómo las justificamos? Yo le digo a la maestra que es porque el barrio se inunda. (…) Tampoco pueden ser abanderadas ni nada por el estilo porque el promedio no da”.

En verano es villa mosquito. Cuenta. Las ratas les meten miedo a los gatos. Los camiones de Sapem Ambiental tampoco quieren entrar. “La recolección diaria se canceló y no era diaria porque eran dos o tres veces por semana que juntaban del tachito y de tres contenedores que tenemos en el barrio y abastecen a las casi 300 familias”.

13010776_1302255749788019_7435289998888458901_nEn las reuniones de los foros de seguridad piden que los patrulleros recorran el sector. “El barrio no tiene luz pública, en todo el barrio hay cuatro o cinco brazos, son muchísimas cuadras, también nos afecta la inseguridad, estamos rodeados por todos los servicios y nosotros somos como el foquito quemado, la noche es la boca del lobo”.

Por qué

Para López Corral las políticas respecto a los asentamientos deben “empezar a entender por qué sucede eso, es una dinámica que viene pasando hace mucho tiempo, hace décadas. Cualquier organización social también lo sabe, en los setenta iban a Nocito, luego a Caracol, Villa Miramar. Siguen siendo barrios precarios pero con el paso del tiempo han logrado alguna que otra obra pública que ha mejorado las condiciones de vida, siempre en rezago con relación a la ciudad y otros barrios nacidos a partir de un emprendimiento inmobiliario o en una zona que está en mejores condiciones y en la cual vive gente de mayores ingresos. Estamos hablando de una desigualdad en el acceso a la ciudad en base al ingreso y a la zona en la cual se vive”.

En este caso se trata de tierras privadas pertenecientes a diferentes titulares. La Asesoría Letrada de la Municipalidad dictaminó durante el gobierno del actual diputado nacional Gustavo Bevilacqua que debían expropiarse. “Faltó decisión política”, recuerda Francisco.

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Francisco López Corral, Sureando.


Con la llegada de Héctor Gay a la intendencia la oferta de diálogo es tan habitual como el agua en las calles pero “cuesta que en ese diálogo se comunique cuáles son los avances y retrocesos que se van teniendo en la materia, en algunos casos da la sensación de desorganización”. Según Planeamiento Urbano se estaría avanzando. Dicen.

Un día en la vida

-Empezamos desde las seis de la mañana, tempranito arriba todos -describe Gisel-. Mi hijo va al secundario que queda saliendo como dos o tres barrios más atrás, se va caminando, sale de una patinada o nadando hasta Esmeralda y de ahí se va con los compañeros. Yo llevo a mi hija, a las siete y media ya salgo caminando para Villa Rosas, la escuela del otro lado, salgo patinando para el otro costado.

Dejo a la nena en la escuela, vuelvo, y rutinariamente trabajamos. Hacemos churritos caseros, de ahí ya con mi marido. Después él sale a vender, mis hijos vuelven de la escuela, se cocina algo rápido. El otro nene va a la escuela. Y el bebé. Tenemos un bebé chiquito de dos años, es el amor de la casa y lleva bastante trabajo.

Así todas las familias porque ya cuando salgo están todos saliendo a trabajar a las patinadas con las motos, con las bicicletas como pueden se sale, las mujeres con los changuitos que se traban a cada rato, hay que estar levantándolos para ayudarles a salir. Así que bueno, días de trabajo, de estudio. A vela. El que fabrica las velas debe estar feliz. La mayoría estamos comprando siempre o me prestás una velita que me quede sin velas. Desesperada.

Un nuevo consenso social

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Presentación del relevamiento en el Centro Histórico Cultural de la UNS.

López Corral tiene la sensación de que “la mayoría de las fuerzas políticas no están mirando problemas fundamentales, muy básicos” y que les “falta patear más la ciudad”.

“Es insostenible que naturalicemos que la ciudad crezca así, que haya vecinos que al no poder acceder al mercado legal de la tierra o a programas de tierra por parte del Estado ocupen -en algunos casos que se vendan esas tierras- puedan asentar su casa de chapas, lentamente empezar a construir, estar diez años viviendo sin servicios (…) no solo a nivel estatal sino a nivel social, el debate que necesitamos excede la denuncia al Estado o a tal o cual gestión, requiere un consenso social, la apuesta nuestra es contribuir y acelerar acciones apuntando a ese consenso”.

¿Cómo es el barrio de tus sueños?

-Veredas armadas imagino. Caños que estén a unos metros debajo de lo que sería un asfalto. Chicos, yo sueño con asfalto -confiesa Gisel-. Ya no tener que estar con el agua pasando los tobillos para arriba a las patinadas. Y decir salgo caminando con un paragüitas y voy y me tomo un colectivo que hoy tampoco tenemos. Me llamo un remis y que pueda entrar hasta mi casa y no que quede esperando del otro lado del puente porque no puede entrar por la laguna gigante que ya podemos hasta pescar.

Todas las casas cada cual con lo que pueda, con una linda vivienda, una linda forma de vida, normal y natural, es todo lo que pedimos. Obviamente soñamos con tener los papeles de nuestras tierras, poder pagarlas y que sea nuestro. Es lo que todas las familias soñamos. Sabemos que la vida hoy está difícil. Nadie puede ir y comprar un terrero, es una locura lo que salen, y el que no puede optar por pagar una locura de plata por un pedacito de tierra recurre a comprarlos de esta manera, porque la mayoría compramos estos terrenos.

Este martes a las 9 representantes de la asamblea vecinal del Barrio Evita mantendrán una reunión con las autoridades de la Secretaría de Infraestructura del municipio. Esperan que por lo menos se atienda “una” de las problemáticas.

Fotos: Sureando.

Ayer se presentó por sexta vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. Impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con el aval de 350 organizaciones y las firmas de 38 diputadas y diputados de diversos bloques de izquierda a derecha. La iniciativa contó con puntos de difusión en varias ciudades del país.

En Bahía Blanca, integrantes de la Campaña y la Colectiva Feminista entregaron volantes frente a la Municipalidad con detalles sobre la norma que plantea que “la práctica se pueda garantizar en el sector público y privado, incluyendo a obras sociales, para que las mujeres o varones trans no sean sometidxs a maternidades forzadas”.

En diálogo con FM De la Calle, Selva Lamtzev explicó que esta vez el proyecto llega con “modificaciones sustanciales en relación a los anteriores y uno de los puntos importantes es que pide la IVE hasta las 14 semanas sin ninguna otra solicitud ni control ni requisito, y para los otros casos que ya estaban contemplados en la ley, de violación, de enfermedad materna o malformación severa, obviamente no tiene otro límite. Es superador del anterior que hablaba hasta las 12 semanas”.

1 aborto

“Creemos que va a requerir de mucha participación, que se sienta que hay una presión popular para que este proyecto salga, lo estamos motorizando desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otros colectivos y organizaciones. Este contexto en particular, con los dichos de Macri -quien dijo defender la vida desde ‘la concepción’ en el Congreso Eucarístico-, es adverso pero es que lo ha sido siempre para este tema, vemos que el consenso social avanza mucho más que lo legal”, dijo la médica.

Lamtzev opinó que “los medios de comunicación en su mayoría tienen una posición bastante tomada o manejan el tema del aborto como tabú o con discursos falsos y malintencionados, por ejemplo de hablar de IVE y ponen en la tele una foto de una embarazada que está prácticamente a término, ese tipo de manipulación no habla de la realidad de las mujeres que día a día deciden interrumpir el embarazo de forma voluntaria. El tema es que en este momento lo tienen que hacer en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida y si esto fuera legal podrían hacerlo en un centro de salud”.

Las cifras oficiales, mencionadas en los argumentos del proyecto, muestran que el Ministerio de Salud de la Nación informó el año pasado que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año” y en 2014 murieron por abortos inseguros 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.

“Las de mayores recursos lo hacen en una clínica privada y las que no, de una forma mucho más precaria que será la que tengan a mano poniendo en riesgo su salud y su vida. Es muy importante proteger los derechos de esas mujeres y está en el marco de la ley no solamente nacional -hay muchas cuestiones relacionadas con el aborto no punible que no se cumplen en la práctica- pero además, si vemos el mapa del aborto a nivel mundial, constatamos de qué tipo de políticas se trata, vemos que en los países llamados centrales o desarrollados en la mayoría el aborto es legal y en los llamados del tercer mundo no lo es y tienen fuertes políticas restrictivas”.

2 abortoLamtzev recordó que Macri “cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires vetó la ley del aborto no punible en CABA y desde que ha asumido como presidente hemos visto el vaciamiento de ciertos programas, la reducción de recursos tanto de programas de violencia como de salud sexual y procreación responsable que se encarga fundamentalmente de distribuir métodos anticonceptivos y educar”.

“Existe una disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, lo vemos a Macri intentando congraciarse con Jorge Bergoglio y juega la carta de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos parecía muy preocupante. Hablamos del aborto pero también de que la ley de educación sexual se aplique correctamente y los métodos anticonceptivos existan en toda su disponibilidad para que las mujeres puedan deciidir”, dijo.

Finalmente, destacó que “puede haber una confusión porque la religión oficial es la católica pero nuestro Estado es laico y por lo tanto todas las medidas que deben tomar en cuestiones de derecho y de salud deberían basarse en el principio de beneficio para la mayor parte de la población y no de lo que opine o no la iglesia o si el presidente profesa determinada religión o no”.

Foto: Rolando Andrade.

Cientos de familias beneficiarias del programa de créditos para vivienda ProCrear esperan soluciones por parte de las autoridades municipales para poder acceder a terrenos en el macizo que el anterior gobierno nacional expropió al Ejército.

Tras el anuncio de la licitación de las obras para instalar los servicios y avanzar en el loteo, mantienen su preocupación sobre los nuevos planos que propone el municipio y el “scoring” según el poder adquisitivo que se aplicaría para repartir las tierras.

“La información que tenemos desde Buenos Aires es que la licitación está avanzando lentamente, se hicieron los acuerdos con las distintas empresas y supuestamente en unos días deberían estar empezando con las obras. Previo a eso tienen que presentar unos planos en el municipio para obtener la aprobación”, dijo a FM De la Calle Franco Baier.

El beneficiario planteó que les “preocupa muchísimo que toda esta licitación se hizo en base a un plano que propone ProCrear a nivel nacional para Bahía Blanca y la administración de Héctor Gay propone un plano nuevo”.

“En enero lo que nos dijo el intendente es que las tierras del Ejército ya no iban a ser posibles, que nunca fueron posibles en realidad, que nos mintieron en la cara. Después viaja a Buenos Aires y cuando vuelve dice que ya está todo destrabado cuando en realidad jamás se había interesado en el tema, más que nada parecía que había manifestado una expresión de deseo al decir que las tierras del Ejército no iban a ser viables y al empaparse del tema, al informarse, vienen y dicen que ahora es posible”, recordó.

Agregó que “a partir de ahí proponen un plano nuevo. Lo que venimos advirtiendo desde ese momento y lo dice el propio ProCrear es que si el municipio pretende seguir avanzando con ese plano eso va a implicar que toda la licitación se vuelva para atrás y todo vuelva a empezar de cero, por lo tanto como mínimo un año más tardaría todo esto”. El plano “supuestamente superador” agregaría una veintena de lotes en las mismas tierras lindantes a la Ruta 33.

“Es muy preocupante desde cualquier punto de vista que se observe. El intendente de una manera muy irresponsable había prometido que para junio iban a estar realizándose los sorteos, ¿sobre la base de qué información? Lo desconocemos”, planteó Baier.

Como nueva preocupación sumó el anuncio municipal respecto a que “los lotes en lugar de ser sorteados van a ser asignados según una especie de orden de mérito de acuerdo al poder adquisitivo. No nos queda claro o no lo saben tampoco, no sabemos qué pensar, si ese orden de mérito se va a basar en que cuanto mayor poder adquisitivo tenga una persona más posibilidades tiene de acceder al terreno o al revés van a priorizar a la gente de menores recursos”.

“En cualquiera de las dos variantes es totalmente injusto porque no deja de ser un reparto de la miseria. Ellos dicen que hay 900 personas, nosotros creemos que hay más familias que están necesitando ese terreno de ProCrear y están diciendo repartimos la miseria para que le toque a 500 personas y el resto se tendrá que atener a las nuevas condiciones del ProCrear que son totalmente inalcanzables para la gran mayoría de nosotros”, finalizó.

Javier Quintero es uno de los trabajadores de prensa de La Nueva Provincia despedidos la semana pasada junto a fotógrafos, administrativos y gráficos tras la decisión empresarial de reducir la publicación diaria de la versión impresa a solo tres días a la semana. El sábado brindó su testimonio en el programa radial Enredados*, se mostró sorprendido por la decisión de la familia Massot y destacó que en la redacción “hay temor porque nadie sabe qué va a pasar con el diario de aquí en más”.

Ingresó a La Nueva Provincia a los 19 cuando cursaba el segundo año de Periodismo. Primero fue una pasantía “un poco extensa” de dos años, otros dos como colaborador y finalmente el ingreso efectivo. Trabajó siempre en la sección Deportes y en el área digital un tiempo: “cargada un poco de todo, hacía locales, internacionales, nacionales”.

Si bien “siempre se habla de crisis dentro del diario” y se vendía cada vez menos en papel -como sucede con muchos medios gráficos a nivel mundial-, el despido “no lo esperaba”. “El año pasado pareció estar un poco más instalado el tema de la crisis porque ofrecieron retiros voluntarios y se comenzó a hablar bastante más”. Eso fue en julio o agosto aunque en el verano “parecía que se habían calmado un poco las aguas”.

En abril varios gremios fueron cerrando sus paritarias pero desde el Sindicato de Prensa no llegaban noticias. “Conversando con colegas del diario que estaban en el sindicato uno le preguntaba qué había pasado, cuánto íbamos a cobrar, uno con todos los aumentos que hubo quería saber y notaba que estaba difícil la negociación. Todos esos eran síntomas de que la cosa no venía bien, pero la decisión de echar a 25 o 28 personas juntas -ni sé cuál fue el número final- nos tomó a todos de sorpresa, nunca el diario había tomado una decisión de este tipo, siempre si despedía era a uno o dos”.

Tras los despidos, “el sindicato lo que hizo no fue reunirnos sino poner un abogado, decirnos el jueves a la mañana hay un abogado disponible para que le hagan todas las consultas que tengan que hacerle y fue el único momento donde fuimos y nos encontramos (…) no nos juntaron nunca a explicarnos un poco qué pasaba o cómo era la situación o qué posibilidades teníamos o por qué era todo esto”.

Según Quintero, el gremio “tiene un inconveniente en cuanto al cambio de la composición de la comisión directiva hace muy poco tiempo y la gente que ingresó -no es por defenderlos ni nada por el estilo, son conocidos en su gran mayoría-, se encontraron con una bomba muy grande y tienen miedo de cortar un cablecito y que termine de estallar todo, me parece que pasa un poco por ahí. Me gustaría que hayan hecho otras cosas, les he dicho que me molestaba la composición de la lista de despedidos porque no encontraba ninguna lógica, si la encontraba tal vez la herida hubiera sido un poquito diferente”.

“El día que pasó, que fue todo muy shockeante, yo tuve la oportunidad de ir (al diario) porque tenía que buscar algunas cosas y era un lamento la redacción, era una lágrima arriba de la otra, una medida de fuerza, un aplauso, una manifestación, algo, no sé, no sé qué hubiera hecho yo estando del otro lado pero uno esperaba algo. También entiendo el lado B, que hay temor y es una cuestión lógica porque nadie sabe qué va a pasar con el diario de aquí en más”.

Resultados a la vista

dscn0876En 2013, según la versión de la empresa, La Nueva Provincia hizo “un gran esfuerzo para integrar el papel a una multiplataforma que lo repotenciara, tanto unificando marca y recursos periodísticos como rediseñando formato y estética según los criterios más modernos”.

“El diario cambió de formato, cambió de sábana a tabloide, se cambió el nombre de La Nueva Provincia a LaNueva. fue una inversión muy grande, una apuesta, se lo he dicho a la gente que tomó la determinación, para mí no estuvo bien, no se tuvo en cuenta en algunas cosas a la gente que compraba el diario”, dijo el ex trabajador.

Quintero agregó que “no se hizo un estudio de mercado para decir la gente no compra el diario porque es sábana, no creo que sea por eso, porque se le incomodaba, porque no le entraba en la mesa. Hubo mucha gente que no se terminó de acostumbrar a eso”.

Concluyó que los números hablan por sí solos: “Funcionó en la parte web que por lo que sé incrementó un poco la cantidad de visitas, pero también hay una realidad que es que la parte web todavía no le encontró la vuelta, no solo LaNueva. sino en la mayoría de los casos, a la hora de la venta, a la rentabilidad de eso, vos podés tener un montón de visitas pero los comercios y las empresas no se sienten cómodos poniendo un aviso en la web”.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca 103.9 con la conducción y producción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

La Lista Blanca de trabajadoras y trabajadores municipales informó que “a raíz de diferencias insalvables que se presentaron a último momento con interesados en integrar nuestra lista, se decidió no disputar las próximas elecciones” que se realizarán a principios de agosto. Solo se podrá votar por la lista oficialista que encabeza el actual secretario general Miguel Agüero.

“La lista Blanca nace como un colectivo de trabajadores municipales con el objetivo de concretar una nueva forma de hacer sindicalismo, en la que se lleven adelante prácticas participativas, cuyas propuestas han sido elaboradas y aprobadas de conjunto”, asegura el comunicado firmado por Carlos Hogg y Jorge Paz.

Allí explican que la conformación de la Junta Electoral se produjo cuatro días antes de la reforma estatutaria y esta, a su vez, tres días antes de la convocatoria a elecciones. “Esta modificación aumenta exponencialmente el número de integrantes a 119, limitando de esta manera la participación y presentación de otras listas a las próximas elecciones, quedando solo 10 días hábiles para el armado de las mismas. En esa situación se solicitó las candidaturas a los compañeros”.

“Un grupo de personas enroladas en la agrupación Tribuna Municipal, con prácticas espurias, ajenas ciento por ciento a lo que es la Lista Blanca, hace que sus miembros fundadores resuelvan la no presentación de la lista.
No obstante ello, valiéndose de tener en sus manos la documentación, decide arbitrariamente, hacer igual la presentación, no respetando la decisión tomada por mayoría. Violando el espíritu de una construcción colectiva, exponiendo a una cantidad de compañeros a una situación ni consentida ni consultada”, afirmaron.

Desde la Lista Blanca habían rechazado unirse a otras agrupaciones. “También debemos decir que si bien, la lista presentada por integrantes de Tribuna Municipal no reunía los requisitos mínimos exigibles, extraña y maliciosamente fue aceptada por la Junta Electoral, dado que es ésta misma quien publica que la lista presentada se encontraba incompleta en más de un tercio de su totalidad, es decir, que sobre 119 cargos, tenía casi cincuenta por cubrir”.

“Si bien lo hemos solicitado, hasta el momento nos ha sido negada la posibilidad de tener vistas de la documentación presentada, para conocer tanto el nombre con el cual fue inscripta la lista ya que la Junta Electoral en los dictámenes la denomina Lista Blanca, con lo cual se habría usurpado nuestro nombre (que históricamente hemos utilizado) y tampoco hemos podido ver los listados de candidaturas y avales para saber quiénes han sido incluidos, pues muchos de ellos se habían obtenido desde el trabajo y trayectoria de nuestra lista y de compañeros que confían en nosotros”, denunciaron.

Tras ratificar la decisión tomada, desde la Lista opositora criticaron a aquellas “personas cuyas prácticas terminan siendo las mismas que dicen querer combatir” y se manifestaron contra la burocracia sindical y las prácticas antidemocráticas y por un sindicato transparente, participativo e independiente, salario mínimo acorde a la canasta familiar, la eliminación del impuesto al salario y la incorporación de los aumentos al sueldo básico para no afectar al IPS, a la obra social y a los y las jubiladas.

La Coordinadora contra los Tarifazos convoca a una reunión esta tarde a las 18 en Rodríguez 78 para organizar las manifestaciones públicas que se realizarán los días 9 y 12 de julio tal como se consensuó en encuentros anteriores. Será para repudiar los despidos y los aumentos en los costos de los servicios públicos.

“Venimos trabajando con unos gastos que ya estaban previstos y planificando de acuerdo a eso y de pronto nos encontramos con que en menos de un mes viene un tarifazo que pone en riesgo la continuidad laboral nuestra y de muchas otras empresas a lo largo de todo el país”, dijo a FM De la Calle Orlando Acosta, trabajador del Frigorífico INCOB.

El cooperativista recordó que “participamos de la reunión por el tarifazo en Buenos Aires, vimos que fue productivo, que tuvo convocatoria, la gente respondió ante esta necesidad de hacer frente a esta situación que no solamente complica a las empresas sino también a cada hogar que tenemos el consumo de estos impuestos”.

“Ahora acá en Bahía nos reunimos, hicimos una convocatoria en conjunto con varias organizaciones para también poder demostrar que nos está perjudicando y que tienen que dar marcha atrás con esta decisión porque no se pensó realmente en las consecuencias que hay hoy y cómo precariza la situación laboral nuestra y de todas las empresas”, agregó.

La flamante Coordinadora ya realizó dos reuniones de las que participaron miembros de clubes de barrio, cooperativas, centros culturales, pymes, centros de jubilados y personas independientes afectadas por las subas implementadas por el gobierno y las empresas. “Estaría bueno que se puedan acercar y que juntos peleemos para dar marcha atrás con esto”, dijo Acosta.

(Por Defensoría del Público) Una de las radios pioneras del movimiento de emisoras comunitarias del país recibió a la Defensoría del Público para realizar de un taller sobre producción integral radiofónica.

La capacitación junto a FM de la Calle se realizó en la Universidad del Sur y en el Centro Cultural La Panadería, sede actual de la radio. Participaron referentes de distintos medios locales, estudiantes terciarios e integrantes de Radio Cooperativa Indie Rock de la localidad de Tres Arroyos. Con la coordinación de Mariano Randazzo, de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, el taller abordó distintos aspectos de la producción integral radiofónica.

En un primer momento se focalizó en el diseño de contenidos radiales, los objetivos y estrategias comunicacionales, los roles dentro del equipo y la definición identitaria y estética del proyecto. Luego se trabajó sobre los formatos de la producción radial, se dialogó sobre las características de cada formato y se escucharon ejemplos de entrevista, comentario, crónica, editorial, columna de opinión, informe, documental, historia de vida y clip.

Durante el taller las audiencias estuvieron presentes. La cooperativa que gestiona FM De la Calle realiza, desde hace algunas semanas, una encuesta para que quienes escuchan la radio puedan opinar sobre el proyecto comunicacional. Una reflexión compartida sobre el sentido comunitario del proyecto.

FM De la Calle emite en el 87.9 del dial desde agosto de 1989 y nació con un objetivo claro: ser una alternativa al monopolio mediático de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Además, en su amplia trayectoria en el campo de la comunicación comunitaria, participaron activamente del debate en torno a la necesidad de una nueva ley de radiodifusión para la democracia, luego en la Coalición por una Comunicación Democrática y, más tarde, en la calle bregando por la sanción, vigencia y plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

(Por Mauro Llaneza) La historiadora Valentina Riganti investigó las políticas públicas relacionadas a la explotación sexual y la implementación de tratados internacionales en Bahía Blanca durante la década del 90, cuando el país era gobernado por el menemismo y la ciudad por el linarismo. El Estado municipal, la justicia, la policía y los proxenetas aparecen como actores de una realidad en la cual “la situación de las mujeres que son explotadas sexualmente no se vio modificada”.

Si bien todavía existen dudas o complicidades en el Poder Judicial al aplicar la Ley 26.364 aprobada en 2008 –basta mirar las noticias de esta semana para comprobarlo-, dos décadas atrás la trata de mujeres con fines de explotación sexual se escondía en causas por facilitación de la prostitución o contravenciones.

Riganti plantea que la noción de “facilitación” descarga de responsabilidades al proxeneta y al Estado, el cual actúa como legitimador de una actividad prohibida, condenando la facilitación del hecho y no la explotación sexual. Desde este punto de vista, si una mujer se prostituye y el hombre sólo “facilita” la actividad, la acción ilegal queda ligada a la mujer-prostituta, descartándose la existencia de la coerción como posibilitadora de la explotación y, en ese sentido, marca una continuidad entre esta denominación y el “consentimiento” de la Ley de Trata eliminado en 2012.

En su visita a FM De la Calle la historiadora identificó continuidades y cambios: “Los mecanismos de cooptación, las formas de mantenimiento de las mujeres dentro del sistema prostituyente son siempre más o menos las mismas. Después hay rupturas que tienen que ver con las leyes, la federalización del delito de trata fue un cambio efectivamente aunque tiene muchos límites relacionados más que nada con lo presupuestario”.

Hoy como ayer se repiten factores que abonan la explotación sexual de mujeres y niñas: las dificultades sociales y económicas, los altos niveles de desempleo y pobreza -y en particular la feminización de esta última- y la ubicación geográfica de la ciudad como nodo de comunicaciones y articulación con el sur. “En un caso del ’92 la amenaza constante a las mujeres era ‘las vamos a llevar a Comodoro Rivadavia’, siempre está esa idea de ‘te llevo al sur y ahí ya no te encuentran más'”.

“Bahía Blanca en relación a la economía internacional siempre se planteó en el imaginario, en las representaciones, como una ciudad abierta al mundo, la ciudad puerto, la idea del corredor con el pacífico. Todo este incremento de circulación no solamente de personas sino de recursos sobre todo marca un ambiente favorable para el surgimiento de estas situaciones de clandestinidad”, explicó.

Riganti aclaró que al referirse a la “movilidad de personas e inmigración lo primero que se tiende a pensar es que hay que cerrar todas las fronteras, pero justamente uno de los causantes de esta situación de clandestinidad en que se encuentran las mujeres es la existencia de políticas migratorias muy rígidas. Está demostrado que mientras más flexibles sean, aunque no se levanten los controles pero que las personas tengan posibilidad de tener la ciudadanía, permite que las mujeres salgan más rápidamente de la situación de clandestinidad”.

En cuanto a las políticas nacionales de la década del 90, la investigadora menciona la tarea de las “manzaneras”. “Tenía que ver con entrar a las bases de los barrios, bien comunitario, eran punteras políticas la mayoría -sobre todo las que eran cabeza de la organización- y estaban vinculadas con el partido gobernante del momento. Eso hace que el PJ no pueda decir no estaba enterado de que esto estaba sucediendo. En algunas entrevistas aparece esto de que nosotras sabíamos que había mujeres que estaban en situación de prostitución pero hacíamos lo que podíamos. El problema principal en Bahía Blanca es el desempleo, no la prostitución. Esto siempre nos pasa a las mujeres, lo nuestro es un accesorio que si se puede se cubre y si no no”.

sirenaLa intendencia de Jaime Linares estableció la libreta sanitaria para las mujeres prostituidas. “El problema fundamental es que muchos proxenetas tenían contactos con médicos y esas libretas aparecían firmadas a pesar de que las mujeres eran adictas, no usaban preservativo, estaban golpeadas todo el tiempo porque la clandestinidad y la explotación sexual hacen que se desarrollen relaciones muy violentas de parte de los proxenetas hacia las mujeres”. Para Riganti, el Estado legitimaba al proxeneta-explotador como “el intermediario que lleva a la mujer al hospital”.

La falta de atención integral de la problemática por parte de la comuna habilitó la intervención de organizaciones de la sociedad civil. Por entonces, Nido era la única que abordaba la violencia de género y por eso fue convocada en el marco del Plan Estratégico junto a Caritas, grupos scouts y otras instituciones de extracción religiosa. La entrevistada destacó que “es importante pensar desde dónde se está generando la política pública, a pesar de que discursivamente se habla de un enfoque de género, en realidad se está hablando desde el punto de vista moral, no es lo mismo a Iglesia Católica que agrupaciones feministas”.

En uno de sus estudios, Riganti concluyó que en Bahía Blanca, “los temas ‘de género’ fueron abordados sin analizar las relaciones de poder que actuaron en el marco de una sociedad patriarcal y capitalista, la cual estaba viviendo una profunda crisis económica y social. Esto respondió a planteos que concebían el lugar de ‘la mujer’ como separado de otros aspectos: así, se compartimentaron las instancias que atravesaban la realidad femenina, contrariamente a lo postulado en los tratados que planteaban la importancia de un enfoque ‘transversal’ de la cuestión de género”.

“El orden de prioridades implícito en la configuración de las políticas municipales -que ubicaron a las mujeres en su dimensión doméstica y maternal como ‘pilar de la familia’ y ‘variable de ajuste’- pudo verse en la distribución de fondos, al mismo tiempo que algunas de las implementadas no estuvieron controladas por el gobierno local y que las instancias ‘cívico-religiosas’ aumentaron su importancia. (…) La insistencia en la cuestión de la explotación sexual de mujeres en los tratados marca que había conocimiento y preocupación por el tema, pero no respuestas por parte de los gobiernos de todos los niveles”.

Cierre de cabarets

diaboloAl ser consultada sobre la ordenanza que prohibió el funcionamiento de cabarets y otros locales similares en el partido de Bahía Blanca, Riganti advirtió que “nunca terminó de despegar” el observatorio que debe evaluar su implementación y que la iniciativa “tiene un límite particular que es que lleva a las mujeres a una situación de clandestinidad, en ese sentido favorece la explotación”.

“El otro problema que tiene es que si habilitamos los cabarets es como caer en esta idea de que los proxenetas nos van a ayudar a llevar adelante las cuestiones sanitarias y van a colaborar con nosotros. Eso tampoco está bien, hay muchos límites ahí. Estás hablando directamente de la explotación sexual de mujeres y, por otro lado, las estás llevando a una situación de clandestinidad.

“La forma de manejar eso no es generar un cambio sobre las mujeres o sobre la prostitución sino sobre los prostituyentes. ¿Quiénes son los que están consumiendo esos cuerpos? Esas mujeres están ahí, siendo ofrecidas porque hay alguien que está pagando. ¿Los proxenetas de dónde sacan la plata que después le dan a la policía o a los políticos? Sale de los varones de la sociedad civil. Ahí está el cambio que hay que hacer”, afirmó.

“Es una discusión que se ha planteado muchas veces que algunos delitos sexuales, que tienen que ver con prostitución, se entiende que los debe juzgar la justicia provincial y cuando estos delitos están estructurados de una forma organizativa y además implican explotación de las personas -casi servidumbre en términos modernos- el delito sexual pasa a ser un delito contra la libertad, entonces es trata de personas y sí debe intervenir la justicia federal”, explicó el fiscal Alejandro Cantaro en relación a la declaración de incompetencia de la jueza Mirta Filipuzzi en una causa contra cuatro proxenetas.

La subrogante del Juzgado Federal Nº1 envió a la justicia ordinaria la investigación sobre el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual.

Cantaro dijo a FM De la Calle que “la jueza entendió que no, que no estaba probada la explotación sino que había casi como una decisión individual, libre, de cada una de las mujeres víctimas y que, por tanto, en todo caso lo único que podría quedar como delito -ni siquiera dice que quede- pero que si hay algo que investigar es esto de facilitar el ejercicio de la prostitución libre e independiente de las mujeres y eso lo debe investigar la justicia provincial”.

Para Filipuzzi la única relación entre las mujeres rescatadas en abril y los imputados “sería de facilitación, les permiten, les dan el lugar donde las mujeres libremente y en forma autónoma hacen sus contactos y después hacen los pases”, no cree “que haya una organización que se aproveche de una situación de vulnerabilidad de las mujeres y las explote de modo tal que se trate de un delito de trata de personas”.

El fiscal afirmó que está probado que “las mujeres que hacían el contacto pasaban detrás de la barra y distribuían dinero con estas personas. Claro, cuando en estos lugares era el ejercicio del comercio prostibulario era más fácil, después cuando toda la justicia empieza a investigar esto las organizaciones se empiezan a extender, ya no hay habitaciones, los pases se hacen fuera, por eso exige mucho más”.

“Hace tiempo (existe) este problema entre cuál de estos dos delitos se dá y quién tiene que investigar. Ahora empieza a tener algunas cuestiones que está bueno que la gente sepa si no pareciera ‘bueno que investigue un juez u otro’. Pero no, resulta que si el juez de provincia al que la jueza federal le manda la causa tiene una opinión contraria, dice que es trata de personas y no acepta el expediente, quien debe resolver cuál de los dos jueces se hace cargo es la Corte Suprema, esto implica una demora increíble”, dijo Cantaro.

La misma Corte resolvió que ante la duda la investigación continúe en manos de la justicia federal. “Tengo la sensación que nosotros continuamos la sumersión de las mujeres que en muchas oportunidades, cuando son entrevistadas por las peritos que manda el Ministerio de Justicia, de rescate de trata de personas, dicen estar involucradas en el círculo prostibulario, algunas, desde que son menores”.

Integrantes de la Feria del Lago plantearon en el Concejo Deliberante una serie de mejoras que necesitan que la Municipalidad concrete en el espacio que utilizan cada domingo en el Parque de Mayo. Alrededor de 50 familias viven de la comercialización de sus productos artesanales, textiles, alimenticios, de cosmética natural, huerta y jardinería, entre otros rubros.

“Crié seis hijos con mi palo de amasar”, dijo Liliana Aberasty: “Venimos a defender nuestro puesto laboral, nuestra entrada de comida a nuestras casas, necesitamos que alguien escuche, que se haga cargo (…) nosotros existimos, somos el pueblo y como pueblo venimos a pedir que nuestro lugar sea cuidado, respetado, ordenado”.

Angélica Motta explicó a FM De la Calle que en 2005 elaboraron una ordenanza “que contemplara la realidad que vivíamos como emprendedores, microemprendedores, productores, y nuestra trayectoria se aboca a cumplirla, es como nuestro reglamento, nos sirve de pauta de organización. Pero la parte del municipio contempla que una persona puesta por el Estado sea un interlocutor, que si hay un problema con la luz pueda llamar a la parte de Alumbrado, si es con un árbol a Parques, que no sea la gente de Caritas la que hace ese trabajo de reclamar permanentemente en distintos sectores por arreglos cotidianos”.

Una de las demandas está vinculada al estado de los baños públicos cuyo sistema de desagüe termina en un pozo ciego y hace varias semanas que está desbordado debido a la ausencia de mantenimiento, “lo cual implica tener un importante foco infeccioso a cielo abierto, a escasos metros de los juegos donde decenas de niños y niñas se entretienen cada fin de semana con su consiguiente riesgo sanitario”.

El tablero que da energía a los puestos no funciona a pesar de las gestiones y la cobertura de gastos de reparación que corresponden a la comuna realizadas por Caritas. La falta de luz reduce el horario de la feria y los ingresos de sus integrantes. La necesidad de nivelación del suelo aumenta a la par de las dificultades de las personas que caminan delante de los puestos y del drenaje de los mismos luego de las lluvias.

También solicitaron colocar techos fijos y evaluar alternativas para cerrar el perímetro de cada puesto a los efectos de mejorar las condiciones laborales de los y las feriantes. “Comprendemos claramente que dicho espacio público se encuentra al aire libre (y además valoramos que así sea), pero también creemos que es nuestro derecho mejorar aquellas condiciones, que puedan hacer de nuestro trabajo, un lugar digno de ser habitado”.

El Instituto Cultural descartó financiar la participación de artistas locales que estimulaban la circulación de público. Angélica recordó que “hasta el año pasado teníamos la colaboración de armar un espectáculo mensual, había audio, tenemos el escenario propio de la feria, pero también ahí se cortó el diálogo, no podemos acceder. Lo que queremos es un convenio marco en el cual uno pueda planificar a futuro todas las actividades, si no estamos de cartita en cartita y no se consigue así, nosotros tenemos otra forma de trabajar, una planificación anual, poder prever los espectáculos, los talleres”.

13555504_10201619213118977_502714679_oMónica Villagrán se mostró “orgullosa de ser una mamá soltera” que crió a sus hijos haciendo lo que sabe hacer: “Para poder cocinar para ir al parque comienzo el sábado a las seis de la mañana, termino a las tres y media de la mañana, el domingo con tres horas de sueño voy, atiendo mi clientela, pero le agradezco a dios porque esta feria me dio el sueldo que necesité para educar a mis hijos, para hoy ver a dos de ellos recibidos y lo hice con mis tortas”.

“Sentimos como una cachetada cuando no se nos permite estar en los eventos de la plaza o los grandes que se han hecho últimamente. Cuando se hizo el encuentro con Palavecino (AcercArte) y los que vinieron, nuestros propios clientes nos dijeron levantamos firmas para que ustedes estén trabajando”, contó.

Meses atrás, representantes de la Feria y de otras organizaciones del Corredor Productivo y Cultural de la Economía Social y Solidaria bahiense se reunieron con el secretario de Políticas Sociales, Fabio Pierdominici, aunque “no logramos entendernos con lo operativo. Estamos bastante frenados, ya pasaron varios meses del nuevo gobierno y por eso fuimos a contarles a los nuevos concejales quiénes éramos, qué hacemos y la importancia del autoempleo”.

El edil Pablo Roselfeld (FpV) aseguró a FM De la Calle que propuso “una especie de comisión que la integren algunos concejales y los que componen la feria para tratar de requerirle al Ejecutivo que realice las tareas. Esto es una temática que venimos haciendo en distintos barrios y surge buen efecto”. Destacó el compromiso del  Fernando Compagnoli (Cambiemos) para atender las demandas que “no exigen demasiado, ni siquiera presupuesto, y se pueden hacer con inmediatez”. Además, se sumó a la sugerencia de Integración Ciudadana para reactivar el Consejo Local Económico y Social.

(Coalición por una radiodifusión democrática) Aprobada por unanimidad en el Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, en Santa Rosa, 25 de junio de 2016.

Desde la ciudad donde el federalismo comunicacional proclamó dos gritos históricos; contra la exclusión de la ley de la dictadura (2003) y por el derecho cooperativo a la implementación de la Ley 26.522 (2009), la Coalición por una Comunicación Democrática, lanza una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales.

La Coalicion, conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.

Actualizamos de esta manera, un compromiso por valores y principios, y nos encaminamos a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.

Este Encuentro Federal se realiza en coincidencia con el día 179 de vigencia del Decreto 267/15 que esta Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el pasado 8 de abril.

De allí surgió un compromiso público de parte de las nuevas autoridades nacionales de convocar a diversos actores a participar en el proceso de redacción de un anteproyecto denominado como “Ley de las Convergencias” frente a lo cual la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas. En este sentido, valoramos la presencia de orgnizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate y reclamamos que estas consultas incluyan foros federales abiertos y paricipativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional.

Denunciamos la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.

Expresamos nuestra pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector.

Al respecto exigimos plena claridad sobre el punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país. En este punto, sostenemos con firmeza el principio de no regresividad en los derechos ciudadanos, como también lo ha subrayado públicamente la CIDH en relación con el caso argentino.

Hacemos nuestras las expresiones de sectores diversos del campo audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen señalando la urgencia de políticas activas para la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, tal como se manifestó en el reciente Congreso Multisectorial por la Ficción y la Producción Nacional Audiovisual. Allíi se abordó la necesidad de políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, se denunció la injustificada parálisis gubernamental en la conformación de jurados, en la ejecución de fondos afectados, y la falta de pago de compromisos surgidos de la aplicación de políticas de Estado, como los Fondos Concursables para el Cine y la TV, o el FOMECA. En esa línea también el reconocimiento y defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual en todas las plataformas en que se de a la difusión publica de obras musicales, argumentales y literarias, destacando la aplicación del principio de progresividad y no retroceso en los derechos adquiridos ante el anuncio de eventuales modificaciones.

Hacemos nuestra también la denuncia de los trabajadores de prensa de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016, acompañamos este reclamo y manifestamos el consecuente resentimiento que estos hechos implican sobre la libertad de expresión. Resulta central desde esta perspectiva la plena aplicación de los postulados de la ley 26.522 respecto de las cuotas de producción nacional, local, independiente y propia, con espacios informativos obligatorios, incluyendo a la televisión paga como actor fundamental de los servicios audiovisuales.

Respecto del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta, respaldamos la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión, tanto desde la infraestructura y la gestión de frecuencias, como en la transición digital y la disponibilidad de señales en todo el país y bajo las distintas formas de gestión previstas en la legislación de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro debe traducirse en una concreta existencia de estas emisoras, para lo cual reclamamos que el Estado garantice las condiciones para su efectiva concreción. En el mismo sentido exigimos el cumpimiento de las previsiones respecto de las PyMEs del campo audiovisual y de las TICs.

Destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación, así como a las pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las comunitarias, los pueblos originarios, las universidades, las escuelas técnicas, de frontera, los sindicatos, las organizaciones sociales. Por ello, deben ser restablecidas y reconocidas, las regulaciones asimétricas que protejan a estos actores de la competencia despiadada y desigual ante los oligopolios concentrados. En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal. La constitución de empresas de la economía social no debe permanecer centralizada en la Capital Federal, lo que atenta contra principios constitucionales y debe desconcentrarse como factor de promoción del federalismo económico y comunicacional.

La sostenibilidad del nuevo sistema de medios argentino debe contemplar los cambios de las formas de financiamiento y asignación de recursos en cada soporte y actividad. Esto implica, además de la ejecución de políticas de fomento y promoción audiovisuales, una regulación de la publicidad oficial en todas las jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y la regulación y tributación de las plataformas digitales de distribución audiovisual de pago de creciente consumo por parte de las audiencias de nuestro país.

Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores. En este sentido, debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. Para ello resulta indispensable la continuidad de la tarea que viene desempeñando la Defensoría del Público de SCA, solicitando la apertura de delegaciones en todo el país con un sentido federal e inclusivo.

Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.

Vaya entonces desde Santa Rosa, La Pampa, este tercer grito por una comunicación democrática, en todas las plataformas, al servicio del pueblo argentino.

Fue el principal reclamo de la familia de Katherine Moscoso a un año y un mes de su femicidio. También acudieron a la Municipalidad familiares de Micaela Ortega. Todxs al grito de “Justicia por Mica, por Kathy, por todas”.

“Más que nada para que la causa no se duerma, que se siga investigando y lleguen a fondo. No tiene que quedar en la nada porque Monte es un pueblo muy chico y se están hablando cosas y nosotros no tenemos respuestas y tenemos que andar sufriendo por las cosas que se dicen. Queremos respuestas”, contó Wanda Banegas, prima de Katherine.

En cuanto a la causa, Wanda dijo que “en Bahía estaban trabajando y justo el fiscal se enfermó. Nosotros confiábamos mucho en Christian (Long), ahora queremos respuestas de Mauricio del Cero. A mi abuela le dijo que no íbamos a tener respuestas hasta julio o agosto, nosotros queremos que nos digan que va a pasar y porqué no se puede empezar a imputar a los sospechosos”.

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Familiares de Micaela Ortega manifestaron que se convocaron “por todas y cada una de las chicas que fueron víctimas por decir no. Quiero hacer una referencia un poco más triste de lo que todos estamos viviendo y creo que es la indiferencia. Porque la magnitud de la desgracia que nos está tocando vivir y que nos hicieron vivir es muy grande”.

“Y así como es muy grande la desgracia es muy poco el acompañamiento de la gente, somos poquitos por tremendos casos que estamos afrontando y veo que mucha gente que pasa no nos mira, hace oídos sordos a esto y es muy triste”.

“Me gustaría que toda la gente que está viendo se sume, un ratito son cinco minutos, esto le podría pasar a cualquiera de ustedes y es una situación que no se la deseo a nadie porque es lo más triste que le puede pasar a una persona. Quiero hacer saber a los amigos de Kathy que estamos acá compartiendo el dolor porque sabemos de qué se trata. También compartimos un mismo pedido”, concluyó una familiar.