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(Comisión Provincial por la Memoria) La emergencia en seguridad propuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al igual que las emergencias anteriores, no está basada en indicadores fiables que demuestren el diagnóstico que se describe. Por lo tanto, no resuelven el problema de fondo sino que buscan generar impacto mediático y sumar potestades al poder ejecutivo en materia de seguridad, sobre todo en la disposición de los fondos públicos.

De hecho la reiteración de la declaración de la emergencia, a un año de la anterior, constituye en sí misma una nueva evidencia de la ineficacia más absoluta de este instrumento para resolver las problemáticas vinculadas a las violencias y el delito. Como se ha corroborado en los hechos, el único resultado de la emergencia decretada por el ex gobernador Daniel Scioli en abril de 2014 fue el colapso del sistema penal en la provincia de Buenos Aires.

En línea con una política criminal basada en el punitivismo –que los diferentes gobiernos de turno han repetido una y otra vez desde hace 15 años–, la medida constituyó un serio retroceso en el respeto de las libertades individuales y las garantías constitucionales que afectó especialmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Producto de estas decisiones políticas que encuentran responsables en todos los poderes del Estado provincial, hoy lo que está en emergencia en la provincia de Buenos Aires son los derechos humanos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad en la Provincia, la Comisión por la Memoria viene denunciando públicamente el efecto regresivo de estas decisiones y acciones. En las cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiatricos impera la tortura como una práctica sistemática, la muerte evitable y la violencia como forma de “gobierno” o control de estos espacios.

En 2014, mediante un informe que fue remitido a todos los poderes del Estado y organismos internacionales, la CPM cuestionó la constitucionalidad de la emergencia y alertó sobre las consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos y su ineficacia para resolver los problemas de inseguridad.

Entre los datos más alarmantes figuraban el incremento de la población carcelaria, el agravamiento de las condiciones de encierro y la práctica de la tortura; el crecimiento de las detenciones arbitrarias, las muertes por uso letal de la fuerza y la habilitación de calabozos en comisarías para detenciones.

En este sentido, las inspecciones realizadas por la CPM en comisarías motivaron la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está siendo tratada por el organismo.

A las voces que alertan sobre las consecuencias de la política criminal en la provincia de Buenos Aires se sumó en los últimos días una resolución de la SCJBA en la que se reconoce el “colapso del sistema penal”. Para la Suprema Corte bonaerense se trata de un problema “crónico y complejo” que hoy se cristaliza en algunos indicadores clave: récord histórico de detenidos en cárceles y comisarías, situación que genera altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento, malos tratos y deficiencia en el acceso a la salud y la educación, entre otros.

Como se ha señalado desde la CPM, todos estos hechos incrementan las condiciones inhumanas de alojamiento, constituyéndose en hechos de tortura graves. Por otra parte, en consonancia con esta emergencia, el Consejo de Ministros de Seguridad Interior de la Argentina –integrado por los representantes de todas las provincias– aprobó que el gobierno nacional declare la emergencia.

Esta medida profundizará en todo el país la situación descripta en la provincia de Buenos Aires. Sin importar el signo político de los gobernadores, todos apoyaron esta iniciativa. Es imperioso revertir la tendencia de las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo.

Como tantas veces hemos insistido, se debe avanzar en el paradigma de una seguridad democrática –que ha contado con el acuerdo de amplios sectores– para abandonar las “emergencias” y diseñar políticas de Estado que, en base a consensos amplios y datos fehacientes y objetivos, encaren políticas criminales orientadas a la problemática de los mercados ilegales y los delitos graves y complejos, sin caer en el facilismo efectista de una supuesta “guerra” contra el crimen, que no sólo no ha resuelto la cuestión sino que ha profundizado la violencia.

Al mismo tiempo, es imprescindible avanzar en la democratización de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias, exigiendo el pleno respeto a los derechos humanos.

Juan Larrea declaró ante el tribunal que juzga al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, por mal desempeño en sus funciones, por su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentino y por su pertenencia como personal civil de la inteligencia genocida.

El testigo milita en el Partido Comunista desde su juventud y es diputado provincial de San Luis por el Frente para la Victoria. Aseguró que desde principios de la década del sesenta el juez “estaba organizado dentro de las ideas antisemitas” en las filas de la Guardia Restauradora Nacionalista promovida por el cura Julio Meinvielle. “Una especie de pogroms criollos” que acosaban a jóvenes judíos en la ciudad.

Larrea ratificó que, ya en los setenta, Montezanti participó en la toma de la UTN junto a los sicarios de la Triple A y continuó su tarea como agente del Destacamento de Inteligencia 181. “Dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad”, dijo a FM De la Calle.

-Su conocimiento de Montezanti, viene desde que eran muy chicos, ¿eran vecinos?

No solamente éramos vecinos, nuestro padres eran suboficiales de la Armada Argentina, formaban parte de la Base Aeronaval Comandante Espora, entonces tenemos un conocimiento anterior a la propia existencia política de Montezanti o mía.

-¿Eso le permitió saber de algunas intervenciones previas a la vinculación más conocida con la Triple A, con organizaciones que usted calificó como antisemitas?

Precisamente le indiqué al tribunal que este hombre, Montezanti, estaba organizado dentro de las ideas antisemitas, participaba activamente los primeros años de la década del sesenta de la Guardia Restauradora Nacionalista que se dedicaba a acosar, eran como una especie de pogroms nativos, criollos, de acá de Bahía Blanca, que llevaban adelante contra los jóvenes estudiantes de origen judío.

Esto a mí me causaba un impacto realmente terrible, nunca pude tolerar las agresiones a quienes ellos consideraban más débiles. Y sobre mí esto actuaba en forma puntual porque, al ser hijo de un militar y también ellos lo eran en general, reclamaban de mí una posición como la de ellos, o sea de carácter antisemita, cosa que por supuesto nunca pasó por mi mente.

De ahí ya empezaron a ser notables estas acciones de Montezanti como un hombre organizado desde el punto de vista del antisemitismo. Y después fue progresando rápidamente, porque como dice Bertold Bretch, empiezan con los judíos, siguen con los comunistas, después vienen por uno y ya es demasiado tarde.

El cura antisemita Julio Meinvielle fundó la Guardia Restauradora Nacionalista como desprendimiento de Tacuara.

El cura antisemita Julio Meinvielle fundó la Guardia Restauradora Nacionalista como desprendimiento de Tacuara.

-¿Cómo lo vincula con la Triple A?

Montezanti se va de la ciudad de Bahía Blanca. Va a estudiar a otro lado, supongo que a La Plata, no me he detenido a revisar su vida. Pero él ya regresa a principios de los años setenta y su presencia es notable en un principio en lo que fue la intervención del profesor Emilio Garófoli en la delegación de la UTN que está en Bahía Blanca.

Ya estaban trabajando en ese momento junto con la banda que capitaneaba el Moncho Argibay. Nosotros lo conocíamos desde el año 70 porque Argibay intenta interrumpir un acto que estábamos realizando en el Salón de los Deportes con la presencia de Héctor Agosti, conocido dirigente comunista, en aquel momento al frente del Encuentro Nacional de los Argentinos.

Y la conjunción se hace efectiva más precisamente cuando los compañeros estudiantes de la UTN -ahí estaba dirigiendo el centro de estudiantes el hijo de nuestro querido camarada Sosa- nos piden ayuda solidaria y nosotros desde la UNS marchamos. Cuando llegamos, encontramos que estaba en la puerta de la UTN este grupo armado y este hombre Montezanti al lado de Argibay. Y Argibay siempre estaba con una pistola ametralladora PAM colgando del hombro. Ahí estaba él, con esta exhibición de armas invitando a que entráramos para producir una masacre. Por supuesto que seguimos de largo.

Ya se manifestaba Montezanti activamente como un dirigente, no solo en su adolescencia de la GRN, sino en este caso también de la Triple A, organización montada por López Rega que en el orden local contó entre sus principales dirigentes y organizadores a Néstor Luis Montezanti.

-¿Usted sufrió previamente un atentado en su casa?

Bueno, eso se produjo después del atentado que fue el 15 de febrero del 74. A la madrugada se produjeron una serie de atentados con bombas al local del Partido Comunista, al local de la Caja de Crédito, a la casa del rector de la universidad -en aquel momento Víctor Benamo- y en mi casa.

Por supuesto, sí, ya estábamos señalados claramente. La Triple A actuó con precisión en este sentido y, como manifesté, una de las personas que conocía originariamente de alguna manera el dispositivo, la ubicación de mi casa, que no era una cosa secreta pero que al vivir en el barrio, al tener algunos elementos como el propio (Juan Carlos) Curzio que formaba parte de la banda, un hombre que corría en motos y está mencionado entre el listado de los empleados de la universidad que cumplía esta función de “seguridad” y era uno de los asalariados de la Triple A.

Este hombre tenía un taller a media cuadra de mi casa, algo así como Alvarado 650. En una ciudad chica como en aquel momento, todos nos conocíamos y sabíamos dónde estábamos y qué hacíamos. También los que tengan memoria y algunos años tienen que recordar perfectamente las actividades de Montezanti.

monte infobaeDespués él progresa en todo esto, porque se desarrolla en la propia universidad. Allí cumple una doble función. Montezanti es funcionario en la UTN y se vincula a la “gestión”, a la intervención sangrienta de Tetu en la Universidad (del Sur) que tiene uno de los primeros y más terribles sucesos ocurridos en una universidad pública argentina que es el asesinato de un alumno en su interior, el querido amigo Watu. Yo en aquella época ya estaba preso, los sucesos me son informados, no los conozco en forma directa.

Pero él después tiene una actuación muy significativa donde se manifiesta el grado de desparpajo. Él se introduce dentro de la organización de la comunidad de la Inteligencia, respondiendo en particular al Ejército. Funcionaba en Bahía Blanca desde el golpe de Estado, actuaban en algo que se denominaba “el cónclave”.

Este cónclave funcionaba todos los días jueves en el Comando V Cuerpo de Ejército y ahí se decidía vida, muerte, prisión o libertad de aquellos que estaban detenidos o secuestrados. Quien informaba a las familias de esto era el entonces mayor Mario Hugo Delmé.

Esta actividad era apoyada desde el punto de vista de la investigación criminal -porque obviamente los delincuentes subversivos para esta gente eran considerados criminales-, por personal de investigación entre el cual se encontraba Montezanti. Estos son hechos que uno se entera después cuando se publican las listas con los integrantes.

Además hay otra información que es muy importante que es la que aportan los archivos de la DIPPBA. Ahí hay más de 500 mil carpetas de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que a lo largo de los años, desde la década del 30, desde la época de la Sección Especial en adelante, han sido investigados hasta principios de los años 90. Entre esas carpetas está la mía, son 282 hojas, y si bien es cierto que tachan los nombres que no sean el del titular de la carpeta, a veces tachan mal o se olvidan de tacharlo.

Entonces, hay un relato de cómo funciona en la década del 70 -en particular 78, 79, 80- el cónclave. En particular con los alumnos que han intentado reincorporarse a los estudios, es mi caso, que son cesanteados en función de sus antecedentes políticos. En esta labor participaban los delegados de la universidad, ahí el interventor Lucero lo menciona, me parece que fue decano y es un elemento de ellos.

Y me parece importante porque en ese escrito terminan reconociendo el éxito del alumno Larrea que logra la reincorporación en un fallo final de la Corte Suprema de Justicia y que había que encontrar los sistemas “legales” para evitar que eso se repitiera. Eso se repitió y hubo una gran cantidad de alumnos que habían sido cesanteados que pudieron terminar de estudiar, entre ellos, (Dante) Patrignani.

Ahí se ve la actividad de Montezanti, él dice que en la época de él no hubo desaparecidos ni muertos. Por empezar habría que definir cuál es la época de él, lo que sí podemos asegurar es que se actuaba en el espionaje al interior de la universidad y que él era un espía dentro de la universidad.

-¿Quién es o fue Diógenes Salazar?

Diógenes Salazar, yo lo menciono porque fue precisamente el que en una conversación me transmitió el suceso en el cual (el jefe de la UOM) Albertano Julián Quiroga, del cual era asesor Montezanti, asesina a una persona desde las oficinas y el imputado en este caso -Montezanti- fue testigo.

No sé si esta persona está viva o muerta, era el secretario general del sindicato FOETRA Bahía Blanca y tenía funciones a nivel nacional también. Estamos hablando más o menos del año 85. Estos fueron relatos que yo transmití al tribunal. Hay cosas que no me constan sino que transmito para que en todo caso si son de interés del tribunal se cite a quiénes me informan de tal asunto.

Foto Larrea: Facebook Prensa Comunista San Luis.

Dante Patrignani es autor de una de las denuncias que confluyeron en el dictamen acusatorio aprobado por el Consejo de la Magistratura para iniciar el juicio político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que se tramita desde el lunes en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Fue el tercero de los testigos y aseguró que el único compromiso que tiene es “político y con la memoria de los 30 mil compañeros desaparecidos”. Habló del accionar de las bandas de la Triple A en los ámbitos universitarios y su vinculación con el imputado.

Montezanti “por una cuestión de practicidad y de coherencia” prefirió “avanzar un poco en la recepción de la prueba y luego decir lo que sea pertinente y no todo lo mucho que tengo para decir, me pongo en el lugar del jurado que no tiene por qué soportar circunstancias personalísimas”.

FM De la Calle registró además los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Hoy estaban citados Alberto Rodríguez, Sandra Martínez Borda, Dino Berdini, Graciela Diez Paz, Miguel Thomé, Ricardo Serafini, José Manuel Sáez, María Inés Colantuono y Marcos Fernández Peña. Ayer se presentaron ante el tribunal Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga. El único ausente fue el ex fiscal Hugo Cañón quien se encuentra fuera del país.

Patrignani ingresó a la UNS en 1971 como estudiante de ingeniería y se sumó a la Federación Juvenil Comunista y al Centro de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura “donde conocí y milité junto a Watu Cilleruelo hasta el día en que lo asesinaron, estando yo presente mientras repartíamos volantes”. “Pretendíamos enfrentar la intervención de Tetu” que había cerrado carreras y cesanteado a decenas de docentes y alumnxs, “cuando se va Watu, a los dos minutos, tres minutos, escucho un disparo, me doy vuelta y veo caer a Watu… Y a Argibay atrás con una pistola en la mano”, declaró.

El profesor describió el accionar de grupos armados en la universidad como “una cosa cotidiana” e informó al tribunal sobre la conformación de la banda parapolicial y la intervención del rector Remus Tetu en el marco de la Misión Ivanissevich.

Luego del fusilamiento de Cilleruelo en los pasillos de la Universidad del Sur, sus compañerxs convocaron a un enjuiciamiento público de la gestión de Tetu y su rol en el homicidio. Participarían federaciones, organizaciones estudiantiles y personalidades de los derechos humanos. El testigo era parte de la media docena de militantes que debía preparar el salón en el segundo piso del céntrico Hotel del Sur. “En un momento, casi de casualidad, mirando por la ventana veo cruzando Colón a Argibay, armado, con dos personas más y de pronto estacionaba lo que nosotros llamábamos la fiambrera o la chanchita, que era un Fiat azul con rayas blancas que se sabía estaba para levantar gente y reventarla después”.

Los jóvenes se encerraron a oscuras hasta que llegó la policía. “Nos detuvo, yo estuve con otros compañeros dos años y medio preso y era exactamente la misma gente que se movía con ese vehículo, que actuaba en la universidad, y que en un juicio que le inicio el dr. Montezanti a Alberto Rodríguez, el juez José Luis Ares dio por acreditado que ese grupo de gente era la guardia de seguridad de la Universidad Nacional del Sur -Argibay y su gente-, formaban parte de la organización Alianza Anticomunista Argentina”, afirmó.

dante efemedelacalle

Esa fue la primera vez que vio a Argibay, sin saber que se así se llamaba. “Estaba en el hall central junto con otro grupo de gente, con su arma, estaba el dr. Montezanti, provocándonos como para decir ‘entren’. Enterados que estaba este grupo de matones en la Tecnológica, los estudiantes de la UNS hicimos una movilización, obviamente nos quedamos afuera y no respondimos a la provocación porque era evidente que estaban buscando que hiciéramos algo para meternos algún balazo”.

“Yo no sabía qué era el dr. Montezanti. Yo vi una persona de saco y corbata que desentonaba con el grupo de matones vestidos con camperas, con armas en la mano. Pero estaba con ese grupo y se reía y provocaba. Entonces le pregunto a Alberto Rodríguez quién era ese tipo que desentonaba y Alberto me dice ‘ese es Montezanti, profesor mío’. En ese momento no existía el Departamento de Derecho, él daba materias de Derecho en el Departamento de Ciencias de la Administración”, aseveró el testigo.

Ese fue también el primer contacto con Montezanti. Comprendió mejor “su personalidad” durante la querella que entabló el magistrado contra Rodríguez y “terminé de conocerlo leyendo el descargo que hace cuando pido el juicio académico donde me trata de ITS (NdR: sigla militar de ‘inútil para todo servicio’), de drogadicto, de parásito que vive de la teta ubérrima del Estado y que no trabajo y por eso me dedico a la militancia y a escribir cosas como el pedido de juicio académico”.

Sobre el desempeño docente de Montezanti, Patrignani repitió algunas de las acusaciones planteadas en las declaraciones anteriores (ver abajo) y sumó el caso de una abogada que enfrentó al camarista en el Consejo Departamental de Derecho como dirigente estudiantil y luego tuvo que terminar su carrera en otra universidad.

Respondió preguntas sobre el trámite del juicio académico y la persecución judicial que desató el denunciado mediante tres demandas en su contra. En la defensa de una de ellas, el ingeniero adjuntó copia del legajo de Personal Civil del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, provocando la ira del camarista quien lo acusó penalmente por supuesta violación de secretos políticos y militares.

En esa causa, ajena al jury, pensaron seguramente Montezanti y su abogado al demorar el testimonio de Patrignani hasta la llegada de un expediente que contenía la documentación, para preguntarle cómo había accedido a ella. Ni el testigo, ni la acusación, ni el tribunal les permitieron el gusto.

Patrignani intentó informar al tribunal sobre otros aspectos de la ética del magistrado suspendido, como aquel fallo que desprocesó en una causa por trata a autoridades policiales y políticas de un pueblo pampeano en nombre de “lo que se lee en De Regno, que algunos atribuyen a Santo Tomás de Aquino y otros a Tolomeo de Lucca y es o ha sido compartido por buena parte de nuestra doctrina, sin reproche alguno hasta ahora, menos aún penal (…) Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”. El jurado prefirió ceñirse al dictamen acusatorio. La defensa bufó por tres golpecitos en su mesa que habría dado el testigo al salir.

Malos tratos y arbitrariedades en las aulas

uns-tv-noticias-obras-en-el-camp-1024x576Luciana Yamile Yauhar es abogada, graduada de la Universidad Nacional del Sur, fue dirigente estudiantil y alumna del imputado en las cátedras de Introducción al Derecho, Ciencia Política y Derecho Administrativo I entre los años 2007 y 2012.

Fue la primera testigo y dijo al tribunal que Montezanti “trataba de perjudicar” y “no era respetuoso con los alumnos”. “Yo eso lo dejé manifestado porque mientras estudié, participé de los órganos de gobierno, fui asambleísta y consejera departamental y participé del centro de estudiantil. Así que no solo como alumna vivía su actitud frente a los alumnos sino también en el centro de estudiantes recibíamos denuncias” sobre su actitud docente. Por ejemplo, “preguntas inadecuadas o no lo relacionadas con la materia, durante las clases si sonaba un celular las terminaba o si algún alumno se retiraba también terminaba la clase”.

En cuanto a la violación del reglamento, Yauhar relató que el docente sabiendo que el alumnado tiene el derecho de rendir finales dos veces en cuatro momentos del año, burlaba el reglamento y “ponía la fecha el 1 y el 3 de diciembre, ante eso teníamos que hacer presentaciones hasta que logramos que se establezca una diferencia de diez días entre una fecha y otra”. Tampoco cumplía con las “encuestas de cátedra” que se realizan cada fin de cursada.

La abogada, una de las tantas asambleístas universitarias que levantaron la mano para aprobar el proyecto que restringe la contratación de colaboracionistas en la UNS que luego sustentaría el pedido de juicio académico, también dio cuenta del encierro de alumnas y alumnos durante una clase de Montezanti en una de las aulas del edificio de Agronomía.

Finalmente destacó que en la curricula de Ciencia Política solía leerse bibliografía de autores antidemocráticos y que no existía margen para el debate. La cita motivo que el acusado pase por alto su intención de no declarar y se escandalizó porque el autor citado “no puede ser calificado como antidemocrático, esto resulta un agravio y que lo diga un abogado entra en el terreno… pido disculpas al tribunal pero quise decir esto porque es más de lo que el alma honesta de un hombre que en su vida no ha hecho otra cosa que estudiar puede soportar”.

“No era una clase debatida en estos temas, el daba clases magistrales, pero no era una clase en la que ningún alumno en la que los alumnos levantaran la mano para preguntar, solamente lo vi en una clase de primer año y después no preguntó más porque le contestó dejándolo en evidencia”, dijo.

Luego fue el turno de la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, quien aseguró que “nunca jamás intercambié una palabra con él” aunque “no es de esos profesores que pasan desapercibidos” ya que, incluso fuera de los ámbitos educativos, “surgen en cualquier lado los comentarios de que Montezanti es un profesor bravo”.

Precisó que el letrado solía cometer “arbitrariedades en las cátedras”, “maltrato hacia los estudiantes” e incumplir las normas. Esto pudo conocerlo sobre todo cuando fue secretaria de Asuntos Estudiantiles, lo que le permitió “tener una relación más directa con casi todos los alumnos de la universidad -ya no solamente con los que me rodeaban en mi cátedra- los comentarios comenzaron a ser mayores y las circunstancias en que a veces se veía envuelto el señor Montezanti comenzó a haber mayor cantidad de dichos (sic)”.

Además del encierro de alumnxs durante las clase, Legnini comentó que “había un aula equipada con pantalla y cañón y entonces se cerraba con llaves y los profesores tenían que ir hasta mayordomía para pedir la llave. El dr. Montezanti tuvo que ir a pedir la llave como hace todo el mundo y nos mandó una carta al Consejo Superior donde estaba muy enojado y decía palabras como ‘yo no soy bedel de nadie’, cosa que llama la atención (porque) en la Universidad del Sur no hay bedeles. Decía que había tenido que atravesar a su vez ese pasillo lleno de ‘cuerpos ardientes’, creo que era la palabra. Claro, los alumnos estaban todos en el pasillo esperando entrar”.

Por otra parte, la licenciada recordó que durante los primeros años de la década del setenta cursaba en las Escuelas Medias donde solía haber “celadores con armas largas”, a uno de los cuales pudo identificarlo por conocerlo “del básquet”. Se trata de Héctor “Cacarulo” Forcelli, uno de los cinco detenidos de la causa Triple A en la que también está imputado el camarista.

Horas antes que se conociera el acuerdo entre Mauricio Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para postergar la jura de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados por decreto para integrar el máximo tribunal, FM De la Calle dialogó con el ex camarista bahiense Luis Alberto Cotter, quien destacó el rechazo de la opinión pública porque “es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento”. Por otra parte, aseguró que en el juicio político contra Néstor Luis Montezanti hay un “cóctel bastante grave” de acusaciones.

– (…) Estamos viendo esta extraña forma de interpretar el diálogo y el consenso que ha mostrado el Poder Ejecutivo Nacional al tomar esta decisión que no tiene muchos antecedentes judiciales, ¿no?

No, no tiene antecedentes judiciales a nivel de Corte. Podríamos invocar un antecedente en el gobierno de Alfonsín pero fueron de jueces de primera y segunda instancia con un objetivo muy claro que era democratizar la justicia saliendo hacía poco tiempo de la dictadura que sufrió el país.

Después hay que remontarse, según tengo entendido, a mil ochocientos y pico por el gobierno de Bartolomé Mitre. Ahí se dan una serie de circunstancias especiales y Mitre también por decreto integró la Corte Suprema.

-¿El trámite hubiese sido mandarlos al Congreso y lograr su aprobación?

Ese es el trámite normal que exige la Constitución Nacional además de afianzar lo democrático y republicano del país. Mandar el candidato al Senado, que se discuta, que se lo entreviste, que averigüen bien sus antecedentes y si está en condiciones de acceder a un puesto de tanta jerarquía y responsabilidad.

-¿De qué manera condiciona o influye a estos jueces la forma en la que acceden a los cargos?

Yo creo que los condiciona, pero tenemos que examinar un elemento importante que es la opinión pública. La opinión pública en general se ha manifestado, por lo menos en las manifestaciones que yo he leído, en contra de esta designación porque es elemental que quien es designado por decreto tiene una estabilidad muy débil y que puede ser revocada en cualquier momento. Estamos hablando de integrantes de la Corte Suprema de la Nación que es el último tribunal que garantiza los derechos de los ciudadanos.

Así que la debilidad en principio es objetiva. Después si alguien lo va a presionar o no presionar, si le dicen ‘saco un decreto y te dejo cesante’ es otro tema pero objetivamente se puede dar esa circunstancia.

-Con la jubilación de Fayt la Corte quedó con tres miembros, ¿implicaba esto alguna dificultad en su funcionamiento?

Si hacemos pronósticos puede de alguna manera implicar algún inconveniente (que sean) tres miembros cuando son cinco. Habiendo una disidencia ya sería dos a uno, que no sería la mayoría de la Corte. Pero para resolver ese tema hay vías como son los subrogantes a los cuales siempre se ha echado mano cuando los jueces de la Corte se excusan uno u otro y no hay mayoría. Yo personalmente integré la Corte en dos oportunidades como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca ante esa circunstancia, es decir, hay alternativas.

Los subrogantes son seleccionados incluso por el Senado y hay una lista de la cual se puede extraer aquel que puede definir una situación forzada en la Corte de no haber mayoría.

-Los subrogantes justamente fueron criticados muy fuertemente por la oposición que ahora es oficialismo, ¿tendrían una mayor legitimidad que jueces asumidos a través de un decreto?

Por supuesto, siempre estuvo previsto en los distintos tribunales -tanto de primera, segunda, o Casación o Corte-, hay listas de subrogantes que van integrando la Corte o el cuerpo judicial que corresponda de acuerdo a una selección previa que se ha hecho y un sorteo que garantiza cierta objetividad.

-Más allá de esta situación particular, ¿qué opina respecto a la conformación de la Corte en cuanto a su cantidad de miembros?

Yo creo que con cinco miembros la Corte puede funcionar perfectamente, lo que tal vez habría que modificar son los recursos que llegan a la Corte y los inundan de expedientes.

-¿Qué perspectivas ve en el Poder Judicial ante este nuevo gobierno tras los intentos frustrados del anterior de democratizarlo?

Si yo tomo como referencia este hecho de designar por decreto mi punto de vista no es muy optimista. De todas maneras el problema del Poder Judicial es muy serio y va a ser muy difícil resolver todos los casos que se plantean dentro de la estructura tanto del Ministerio Público como de la propia integración de los tribunales de la justicia federal. Está muy complicado el panorama, va a ser muy difícil, creo que es motivo de una discusión muy profunda no solamente del partido gobernante sino por parte de muchos sectores que están interesados en que la justicia actué de forma independiente. Eso es lo que yo advierto en principio.

-En el fuero federal local hay muchos subrogantes, el kirchnerismo aprobó una ley de Subrogancias que luego la Corte declaró inconstitucional afectando, por ejemplo, la tarea de Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Nº1 quien, entre otras, había avanzado en las causas de lesa humanidad y terminó presentando su renuncia por falta de legitimidad. ¿Le parecía una norma potable o tenía cuestionamiento al respecto?

Pienso que para el momento que estaba transcurriendo y hasta que no se regularicen todas las vacantes que existen en los juzgados era una solución. Precaria pero solución al fin. Vimos que funcionó perfectamente el Juzgado Federal que cubría el dr. Ramos Padilla, funcionó bien la Cámara Federal que estaba integrada por camaristas de otras jurisdicciones. Para salir de este embrollo que se había planteado por renuncias, vacaciones o licencias por enfermedad, etcétera, era una respuesta. Pero bueno, eso con perspectivas que se resuelva en definitiva porque el Poder Judicial tiene que estar integrado por jueces inamovibles, que nadie dude de su imparcialidad, de su independencia. Todo eso se tiene que dar mediante este proceso que usted me preguntaba anteriormente.

-Caída esta ley, en el caso de la Cámara de Apelaciones hay un plazo de tres meses para que continúen los subrogantes actuales, ¿cómo debería reconformarse?

De acuerdo a mi opinión, también por subrogantes salvo que se hagan concursos, que son varios y no son muy breves. La lista de subrogantes tiene que ser seleccionada bien porque a veces mete la cola el diablo y vemos listas en las cuales ninguno de los subrogantes da las garantías necesarias para integrar una Cámara o un juzgado.

-Por último, quiero preguntarle por el juicio político a Montezanti, el cual después de muchas denuncias comenzó esta semana con muchas referencias a lo que eran sus actitudes autoritarias y arbitrarias en la Cámara que compartían.

Mire, mi situación en la época de Montezanti era muy difícil, de enfrentamientos. No enfrentamientos jurídicos, que hubiera sido lo elemental y lo natural. Eran enfrentamientos contra un bloque que se había constituido con Montezanti, (Augusto) Fernández y (Ricardo) Planes. Eran habituales, había otra serie de conductas no decorosas para lo que uno considera que tiene que ser la actitud de un juez y eso realmente ahora se va a ventilar y va a salir a la luz, como por ejemplo la persecución al personal, sanciones sin mucho fundamentos por caprichos personales, sin desconocer los otros cargos que son mucho más graves como haber pertenecido a los servicios de inteligencia y estar comprometido aparentemente con la Triple A.

-¿De ninguna manera comparte lo que planteaba la defensa al decir ‘es increíble que estemos aquí discutiendo unas mínimas cuestiones de orden que establecía Montezanti en la Cámara…’?

Bueno, esos son argumentos de la defensa sin ninguna duda, pero no era así. De alguna manera llegaron hasta el maltrato, reprimendas que no se justificaban, castigar a quién se le ocurriera apelar alguna resolución que postergaba los ascensos, que postergaba la línea que le correspondía a algunos empleados y ascendían otros, hay un coctel bastante grave en eso.

(FM De la Calle) “Montezanti no es el monstruo mitológico que la acusación ha fabricado ni el que van a pretender fabricar acá los testigos. Montezanti es un hombre de la academia, un hombre del derecho, un hombre que ha escrito, que ha traducido libros, que es titular de tres cátedras por concurso. No digo que no sea un hombre capaz de tomar acción en caso de ser necesario pero no es un hombre de acción”, dijo este lunes Ignacio Irigaray, defensor del suspendido camarista bahiense en el juicio político que se le sigue por mal desempeño de sus funciones.

Irigaray, el mismo que representó al fiscal de Saavedra José Campagnoli cuando se lo denunció por abuso de autoridad y por fotografiar a personas ilegalmente para luego inducir reconocimientos, agregó que Montezanti “por supuesto no es comunista, creo que no es anarquista, creo yo que no es socialista, creo que no es radical. También creo que no es fascista. Estuvo afiliado al Partido Justicialista en más de una elección, fue en listas del Partido Justicialista, fue convencional constituyente. Es un juez de la democracia designado por concurso que ganó por amplísimo margen”.

Al imputado se le reprocha mal desempeño en sus funciones y haber pertenecido a la Triple A y a la Inteligencia de la última dictadura cívico–militar. El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caminos, del TOC Nº3 porteño, y Otmar Osvaldo Paulucci, del TOC Nº1 de Rosario; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); lxs diputadxs Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

Tras la presentación de la acusación por parte de los representantes del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde (FpV) y Miguel Piedecasas (UCR), Ignacio Irigaray comenzó su exposición con el juez denunciado a su derecha.

Se vio “obligado” a constituirse en “un faro” para que “el jurado tenga presente en todo momento que el contexto histórico no son los hechos”, dado que “aquí van a desfilar una cantidad de testigos, algunos de ellos lamentablemente ya sabemos por lo menos parcialmente lo que van a decir porque ya lo han dicho en otros procesos, muchos de esos testigos con una activa militancia política en los años que muy bien describió el dr. Piedecasas, muchos de ellos víctimas directas o muy cercanas de la violencia genocida que pretendió terminar con cualquier manifestación y disenso político dentro de un plan genocida que está lo suficientemente desarrollado. La cuestión es que acá estamos juzgando a Montezanti y vamos a juzgar hechos y conductas realizadas por Montezanti”.

El letrado se quejó de “la utilización constante de eufemismos” en el dictamen que motivó el jury y ejemplificó: “Pasamos de la violencia paraestatal de la Triple A, de la pertenencia de un individuo a la Triple A, a la estrecha vinculación con individuos que pertenecerían a la Triple A”.

“No es inocente que el dr. Piedecasas y el dr. Recalde hayan iniciado su exposición con una, si bien breve, conocida elaboración acerca de la importancia que tenían los servicios de Inteligencia en el plan genocida y que más de una vez hayan hablado de delitos de lesa humanidad. Estamos en un tiempo de blancos y negros respecto de ciertos temas, cualquier convocatoria al gris, al pensamiento crítico de las cosas, parece una claudicación”, dijo.

Para Irigaray “la ventana de la idoneidad es utilizada para hacer ingresar en la valoración subjetiva del requisito para ser juez, consideraciones del orden social y político y de política agonal. Los jueces son idóneos moral y éticamente si tienen un comportamiento que comparte lo que es la base mínima de la convivencia que está en la Constitución, en las convenciones, pero esto no autoriza a convertir al órgano selector y al órgano juzgador en una especie de Gran Hermano orwelliano que viene a averiguar qué es lo que piensa un juez de cada cosa. Los jueces no deben pensar lo que piensa la mayoría ni deben pensar lo que nos guste a muchos o a pocos, me animaría a decir lo contrario”.

Al abordar la imputación vinculada a la probada pertenencia de Montezanti al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca como personal civil durante el terrorismo de Estado, Irigaray reconoció la importancia que tuvo la comunidad informativa en la represión pero afirmó que “ese no es el hecho”.

“Los invito a que lean el listado completo desclasificado en el 2010 y van a encontrar que existen un montón de individuos individualizados como agentes de inteligencia y otro montón señalados de otra manera. Los Destacamentos de Inteligencia tienen mozos, tiene camareros, tienen choferes, tienen personal de logística. Alguien cambia lamparitas, alquilan lugares, contratan coches, compran -supongo- radios, handies, balas. Tienen problemas jurídicos”.

“Le estamos endilgando a Montezanti el marco, el Reglamento RC5-1. Cuidado, porque la norma del art. 36 de la Constitución no es ni puede ser la muerte civil de una persona, una responsabilidad objetiva. Estar contratado por un organismo previsto por la ley es una actividad lícita”, opinó.

La defensa presentó a Montezanti como “un especialista en la cuestión Malvinas” y abogado quien “terminó evacuando cuestiones jurídicas de cuanta persona sus jefes pedían que se le evacúen”. “Se fue porque lo sancionaron porque se había ido a Buenos Aires para presentarse como voluntario a Malvinas”, interpretó Irigaray.

Sobre la recomendación para entrar al centro neurálgico del genocidio realizada por el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro explicó que el prófugo “coincidió” con el imputado en 1975: “Riveiro estaba en Mendoza y, como probaremos acá, Montezanti estaba en Bahía Blanca y no piso Mendoza en 1975. Aquí ocurrió lo que ocurre muchas veces, quien le consiguió este conchabo a Montezanti en esa época se ocupó de llenar los requisitos formales y sustanciales que se necesitaban para que lo contraten. Y por supuesto, seguramente era requisito en esa época mostrarse consustanciado con los principios, sus jefes, el arma, y por supuesto, jurar por los estatutos”.

jury 3 efemedelacalle chicaPara desvincularlo de su militancia en favor de la pena de muerte recurrió a Borges, quien “decía ‘no sé por qué me preguntan qué pienso de las cosas, no hay nada que valga menos en un hombre que su opinión de algo, nada es más maleable, nada cambia tan rápido’”. Irigaray agregó que, “en definitiva, la pena de muerte, con toda esta valoración peyorativa que le da el dr. Piedecasas, estuvo vigente en la Argentina democrática hasta el año 2008 en el Código de Justicia Militar” y que “se está planteando un delito de opinión”.

Según la defensa, la vinculación de Montezanti con la Alianza Anticomunista Argentina “es una anécdota de hace cuarenta años en la cual nos van a contar que un grupo de estudiantes se acercó a la universidad con motivo de una protesta, de una toma, y encontró que no podían acceder porque habían colocado una guardia de patoteros armados que ellos identifican con alguna patota sindical relacionada con el que era el secretario general de la CGT, Ponce. Montezanti estaba ahí, según ellos dicen, bien vestido, de traje, no como esta gente, sin ningún arma. Alguno va a decir acá que ni siquiera hacía señas y otros que parecía que hacía alguna seña y había hablado amablemente con alguno de ellos”.

La patota sindical no solo fue “identificada” por los testigos sino también por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani y el juez federal Alejo Ramos Padilla al detener, indagar y procesar con prisión preventiva a cinco de ellos en la misma causa en la que el camarista está imputado penalmente, sin haber sido indagado por refugiarse en sus fueros aunque con la salida del país prohibida.

Para rechazar las denuncias por las “actitudes antisindicales” del magistrado, Irigaray recordó que fue asesor legal de gremios como UOM, ATUNS o SICHOCA. “No sé qué tipo de golpe en la cabeza tuvo que haber tenido para de pronto convertirse en una especie de monstruo que odia el sindicalismo”, afirmó.

Y respecto a su rol como docente en la Universidad del Sur sostuvo que “no debería ser relevante en el juicio político porque no tiene nada que ver con su desempeño como magistrado” y calificó como “menores” los planteos sobre la réplica de “una matriz castrense” con “pensamientos totalitarios” por parte del ex PCI.

El control de lo que leía el personal del Ministerio Público y la circulación de su personal y el desalojo de dependencias de la Cámara utilizadas por colaboradorxs del ex fiscal Hugo Cañón se debieron, según la defensa, a “un mínimo orden para saber dónde están los libros”, una decisión para “que los empleados no anden pululando por las salas” y la necesidad de contar con más espacios para computadoras por parte del órgano que presidía Montezanti.

Luego el acusado tuvo la oportunidad de declarar ante el tribunal aunque prefirió hacerlo luego de escuchar las testimoniales que se desarrollan esta semana en audiencias públicas en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.

“Los recientes nombramientos de Juan José Gómez Centurión como titular de la Aduana y de Aldo Rico como Secretario de Seguridad del Municipio de Jose C. Paz son una señal de alerta para nuestra joven Democracia” sostuvo el espacio político Grupo 83 en Solidaridad e Igualdad a través de un comunicado emitido durante el día de ayer.

“Tanto Mauricio Macri (PRO) como Mario Ishii (FPV) le faltan el respeto a las instituciones democráticas y a nuestra memoria histórica. Gómez Centurión ha declarado que los levantamientos carapintadas fueron ´un movimiento interno gremial´ ¿Es posible que estos individuos ocupen cargos de responsabilidad institucional? ¿Las fuerzas democráticas se mantendrán en silencio bajo el pretexto de un discurso hegemónico que pretende ´cerrar la grieta´?”

Para esta organización política se trata de “cultores de un nazionalismo cavernícola, la concepción totalitaria que pregonan atenta contra las bases de nuestra vida democrática. ¿O ya nos olvidamos de la gestión Rico a cargo del Ministerio de Seguridad con Carlos Ruckauf? ¿No es el mismo Rico que amenazaba a periodistas diciéndoles ‘les voy a mandar a la policía para que los persiga’?”

A su vez, “si dirigimos la mirada al Gobierno Nacional o a la Provincia de Bs As los nombres del equipo de Cristian Ritondo y Patricia Bullrich beben en las mismas fuentes ideológicas. Carlos Manfroni, flamante subsecretario de asuntos legislativos del Ministerio de Bullrich ¿es el mismo apologista de la dictadura que escribía en la Revista Cabildo? ¿El mismo que escribió que ‘el demonio a través del progresismo hostiga a la Iglesia con las tentaciones del desierto que Cristo rechazó y el judaísmo aceptó´’ ¿O el que sostuvo que ‘la filosofía del rock conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García, Spinetta y Moris. Ofrece la posibilidad de convertirse en un animal o un marica’? El autoritarismo se disfraza hoy con globos de colores”.

Raúl Gallardo, referente del espacio político, dijo a FM De la Calle que “hay un corrimiento ideológico peligroso. Ya vimos durante los últimos días la visión del Estado que tiene Cambiemos, lo que ha llevado a muchos analistas a hablar de ‘ceocracia’, prácticamente como gobierno de las corporaciones. El poder atendido por sus propios dueños. La faz represiva es meramente la otra cara de la misma moneda”.

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(FM De la Calle desde Buenos Aires) Comenzó esta mañana en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación el jury contra el suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Luis Montezanti. Durante la jornada, el diputado Héctor Recalde y el abogado Miguel Piedecasas expusieron la acusación en nombre del Consejo de la Magistratura e Ignacio Irigaray realizó las primeras manifestaciones defensivas.

Luego fue el turno de los testigos: el profesor Dante Patrignani, el diputado provincial de San Luis Juan Larrea, la ex consejera y graduada de Derecho Yamile Yauhar y la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini. Mañana a las 9 se reanudarán las audiencias.

En esta primera entrega ofrecemos la reseña de la acusación contra el camarista por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”. Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los y las integrantes del Consejo”.

El actual presidente del cuerpo, Héctor Recalde, abrió la exposición acusatoria luego de sortear un intento de recusación en su contra planteado por Irigaray, a partir de la intervención de uno los miembros del Estudio Recalde en defensa de la trabajadora judicial Sandra Martínez Borda en un pleito contra Montezanti. El diputado retrucó que dicho letrado ya no pertenecía a su buffet y que igualmente él no había tenido ninguna participación en el expediente.

recalde piedecasas efemedelacalle“Acreditaremos que el dr. Néstor Luis Montezanti ha incurrido en mal desempeño en el ejercicio de su función”, prometió y agregó que también denunciarán el “incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias, la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y graves desórdenes” en la conducta del magistrado.

El diputado se detuvo en la pertenencia del acusado al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca y al hecho de que haya sido recomendado, ni más ni menos, que por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “un genocida condenado a 25 años de prisión en Francia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor y prófugo de la justicia de nuestro país”.

“Esto fue a finales de 1975, cuando nuestro país vivía una situación de violencia muy particular con la participación de organismos paraestatales como la Triple A que fue una violencia inaudita, el preludio de la dictadura cívico militar que comenzó en 1976. Una función vital para la represión, para todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron y fundamentalmente a partir de 1976, tuvo que ver con los servicios de Inteligencia”, dijo.

Recalde agravó la situación de Montezanti al subrayar su carácter de abogado ante el principio “de a mayor capacidad, mayor responsabilidad”. “Estas complicidades y tareas que tuvieron que ver con la violación de los derechos humanos, con desapariciones, con torturas, con la apropiación de bebés, etcétera, tuvieron un apoyo de los organismos de inteligencia fundamental. Haber participado de estos organismos de por sí descalificaría a una persona para ejercer la alta magistratura judicial”.

“Quiero aclarar además que el ocultamiento de esto cuando uno expresa sus antecedentes, su curriculum para ocupar algún cargo, también pone de manifiesto la mala fe o en todo caso la conciencia culpable. Nunca el dr. Montezanti, ni en el Consejo de la Magistratura, ni durante la sustanciación del concurso para ser camarista, ni en el Senado de la Nación para tener el acuerdo, ni en su rol de integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, reveló que fue agente de inteligencia durante la dictadura cívica militar”.

jurado efemedelacalleEl grueso de los planteos que se enrostran al camarista fue desarrollado por Miguel Piedecasas quien destacó que el Consejo de la Magistratura acreditó su vinculación con la Triple A y recordó “la aparición del ministro López Rega encaramado en una organización criminal con asiento sindical, político, extendida a lo largo y ancho del país”. “Estos delitos fueron calificados como de lesa humanidad, que es una cuestión que deberemos tener en consideración a lo largo de este enjuiciamiento de naturaleza política”, sostuvo.

Mencionó la intervención de Remus Tetu en la Universidad del Sur y “la muerte de un dirigente estudiantil, Watu Cilleruelo, particularmente dirigente de la Federación Universitaria y de la FJC de Bahía Blanca que muere a manos de los integrantes de esta organización criminal, Jorge Argibay, Chisu, y otros que formaban parte del personal de seguridad y vigilancia de Tetu”.

“En otro hecho, también concreto, que era la toma de la UTN en Bahía Blanca se observa al magistrado en enjuiciamiento en esa escena con estos señores Argibay, Chisu y los demás, participando en un escenario de pertenencia o vinculación”, sumó.

Respecto al desempeño de Montezanti entre el Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, Piedecasas afirmó que ya “fue declarado jurídicamente inconstitucional, y por eso existe la cláusula constitucional del art. 36 que establece la inhabilidad absoluta para aquellos que de alguna manera hayan colaborado”.

“La inteligencia tuvo un rol clave -según la consideración que hace el Consejo de la Magistratura- en este proceso militar de base absolutamente inconstitucional y por la cual recibieron y siguen recibiendo condena aquellos que hayan participado”.

El consejero volvió sobre los avales morales recibidos por Montezanti para ingresar al Destacamento 181 y manifestó que si lo aceptaron fue “porque conocen su compromiso, su vida familiar, su pertenencia, y este es un elemento clave, quién es la persona que lo presta: José Osvaldo Riveiro. Así se estaría violando la idoneidad moral y la vocación democrática exigida por la Constitución a quienes ejercen la magistratura”.

“Esto se conoció con la desclasificación de los documentos en el año 2010 por un decreto, allí toma conocimiento la sociedad. El hecho es la permanencia -la pertenencia está acreditada- la permanencia de ese hecho en el tiempo produce efectos jurídicos muy especiales sobre la persona de un magistrado de la Nación argentina. El mantenimiento de la condición reservada, oculta o la omisión de manifestarla ante el Consejo, ante el Senado, pero también ante las partes -para que conozcan quién es el juez, cuáles son sus antecedentes, cuál es su personalidad, para saber si lo tiene que recusar-, hace a la caracterización de la idoneidad moral y de la vocación democrática del dr. Montezanti”, dijo.

Luego Piedecasas desarrolló la imputación sobre la réplica por parte del juez de “una matriz militar” tanto en la Cámara como en las aulas de la UNS. “Hay que entender que esto es lógico y aceptado desde una perspectiva democrática, porque hay empleados y funcionarios, pero nunca subordinados, pero nunca aquellos que deben obedecer ciegamente las órdenes. Justamente en el ámbito judicial donde los empleados y funcionarios por su capacidad, por su formación, tienen un discernimiento que impide esa obediencia de tipo castrense que el Consejo de la Magistratura encontró en la conducta del enjuiciado”.

Y finalmente, le reprochó que “sostener la pena de muerte significó atentar o tener una posición contraria al derecho a la vida, por la eliminación de la persona que ha cometido delitos, en esos trabajos de doctrina que tienen su antigüedad en el tiempo pero que no han sido desdichos por otros posteriores”.

El secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), José Schulman, encabezó un encuentro para “pensar la lucha por los derechos humanos en la Argentina que viene” y advirtió que “no hay otro tiempo que el que nos toca vivir, no hay otra pelea que la que peleamos”. Fue en vísperas del juicio político al suspendido presidente de la Cámara Federal bahiense, Néstor Montezanti, que comenzará este lunes en el Consejo de la Magistratura.

“Y aunque parezca mentira, Macri no lo puede detener. No puede sacar un decreto diciendo que se interrumpe. Y yo quiero ver a esos señores y señoras, después de escuchar los testimonios y la prueba documental, cómo hacen para sostener a alguien que fue agente de inteligencia, que participó en acciones del terrorismo de Estado, que maltrató a estudiantes, a trabajadoras y trabajadores, y que hace unos meses estampó en un fallo nada menos que aquel aceto de Santo Tomás de Aquino de que las prostitutas son la cloaca de las ciudades, imprescindibles para que la mierda no nos infecte -eso escribió en 2015-. ¿Cómo van a hacer para decir que esa basura humana, fascista, puede seguir siendo juez?”, dijo en el Centro Cultural La Panadería.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación iniciará mañana el debate contra Montezanti, a quien se le reprocha mal desempeño en sus funciones y haber pertenecido a la Triple A y a la Inteligencia de la última dictadura cívico–militar. El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caminos, del TOC Nº3 porteño, y Otmar Osvaldo Paulucci, del TOC Nº1 de Rosario; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); lxs diputadxs Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.

Tras la lectura de la imputación, declararán más de treinta testigos durante la próxima semana. Los alegatos aun no tienen fecha y la sentencia se conocerá luego de la feria judicial. La acusación corre por cuenta del Consejo de la Magistratura a través del abogado Miguel Piedecasas y el diputado nacional Héctor Recalde. Montezanti será defendido por Ignacio Irigaray. Leer más

La Central de los Trabajadores Argentinos Bahía Blanca – Coronel Dorrego emitió un comunicado de prensa en el que expresan que “en el lapso de dos semanas los precios de los artículos de la canasta básica familiar han trepado hasta un promedio del 30%”.

Asimismo, el documento sostiene que “en los hechos la escalada impacta de pleno en el poder adquisitivo de los asalariados y los jubilados produciendo una extraordinaria transferencia de ingresos hacia los grupos más concentrados de la economía que dominan el mercado”.

La CTA responsabiliza de manera compartida a los gobiernos entrante y saliente ya que “el que se fue, inició el proceso después de las elecciones autorizando un aumento del 10% en los combustibles, producto de sus acuerdos con las empresas petroleras en un momento en que el precio del barril de petróleo se ha derrumbado en el mercado internacional” y “los anuncios del equipo económico entrante de devaluar la moneda y eliminar las retenciones  fueron la señal para que las grandes empresas formadoras de precios dieran rienda suelta a un aumento generalizado de la mayoría de los productos”.

En torno a las nuevas autoridades en el ámbito laboral, la central sostiene que “otro aspecto de la misma política de ajuste es el anuncio del ministro de Trabajo Jorge Triaca atar futuros aumentos de salarios al ´aumento de la productividad´. La productividad puede aumentar por 2 vías: por renovación tecnológica o produciendo más en el mismo tiempo de trabajo. Como nadie habla de invertir la consecuencia será solo hablar aumentos a cambio de incrementar los ritmos de trabajo”.

Sumado a esto “la Unión Industrial Argentina en la que se nuclea buena parte del empresariado ha convocado para el 14 de diciembre a su Convención anual, en la cual tendrá un invitado de lujo´´ el presidente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder. Se espera también la presencia del presidente Macri y de buena parte de la dirigencia sindical. Allí intentarán echar las bases de un “acuerdo económico social” que en nuestra historia se conoce como un Pacto social”.

“Los empresarios de la UIA traen al experto sindical para intentar convencernos que debemos resignarnos y adaptarnos a estos cambios que no son otra cosa que empleos más precarios, salarios a la baja o la siempre latente amenaza de despidos que ya han puesto en marcha (Cresta Roja,  Paraná Metal de Cristóbal López etc). Le reservan a las burocracias sindicales el rol consensuar este rumbo y contener la protesta social, responsabilidad en la que tienen larga experiencia”.

La organización adelantó que no aceptarán “atar el futuro de trabajadores y trabajadoras a las políticas de los empresarios, de forma tal que puedan maximizar ganancias. Que sabemos que en boca de ellos Pacto social se traduce en recorte de salarios, en paritarias encorsetadas, en limitaciones al derecho de huelga”.

Finalmente, la central dijo que “si este es el camino elegido nos preparamos para resistir en unidad, defendiendo el trabajo genuino para todos y la suspensión de los despidos, el salario mínimo vital y móvil igualado a la canasta familiar, el 82%móvil para todas las jubilaciones, el pase a planta de los trabajadores precarizados y las paritarias libres sin techo, con un aumento de emergencia hasta la concreción de las mismas que compense la estampida de precios que ellos mismos han producido”.

FM De la Calle habló con el Secretario Adjunto de la CTA regional, Enrique Gandolfo. Escuchá la nota completa:

Los colectivos que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) nos reunimos en nuestra segunda Asamblea anual, en esta oportunidad en Mar del Plata, con Radio De la Azotea (FM 88.7) como emisora sede del encuentro entre el 5 y 7 de diciembre de 2015.

Las emisoras comunitarias de todo el país, ubicadas en contextos urbanos, rurales, campesinos, indígenas, universitarios y Ex-Centros Clandestinos de Detención, debatimos e intercambiamos durante tres jornadas sobre los ejes y las problemáticas fundamentales que hacen al sostenimiento y el desarrollo de nuestros proyectos comunicacionales comunes.

A partir del contexto político actual y producto del debate, acordamos profundizar acciones en defensa de la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya que es esta norma, la que nos reconoce como Sujeto de Derecho a la Comunicación. Además establece la reserva del 33 por ciento del espectro de radio y televisión para los medios comunitarios y sin fines de lucro e impulsa el fortalecimiento del sector a través de los fondos de financiamiento concursable.

Creemos necesario para continuar con la democratizacion del sistema de medios, avanzar en aquellas cuestiones pendientes, como el acceso a licencias, la elaboración del plan técnico y la apertura de concursos, especialmente en las principales ciudades del país (zonas de conflicto).

Ante las declararaciones realizadas por las autoridades del nuevo gobierno, exigimos que se respeten los mandatos que la Ley establece para los directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Radio Televisión Argentina (RTA).

También denunciamos nuevamente la estafa realizada con la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde cientos de medios de comunicación, entre los que se encuentran algunas radios que integran nuestra Red, aparecen como beneficiarios de un dinero que nunca recibieron y apoyamos las acciones legales y de difusión que realicen. Esta situación nos marca la necesidad de construir un marco regulatorio nacional para el manejo transparente y democrático de la pauta oficial, que garantice al sector sin fines de lucro el acceso a este derecho.

En esta Asamblea además, se consolidó la Red de Mujeres de AMARC Argentina, un espacio de fortalecimiento habitado por las compañers de las radios comunitarias del país.

Por último, repudiamos las situaciones de violencia fascista que se viven en Mar del Plata, vinculadas a sectores neonazis relacionados con la represión del 30° Encuentro Nacional de Mujeres y que en las últimas semanas produjeron varios ataques contra grupos minoritarios, avalados por el silencio del poder político local de la nueva gestión.

Nuestra próxima Asamblea será a comienzos del 2016, en Santa Rosa, La Pampa, con FM La Tosca como emisora sede del Encuentro.

AMARC Argentina agradece al Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y a la Cooperativa Nuevo Amanecer por la valiosa colaboración para la realización de esta asamblea.

El viernes 11 las trabajadoras y los trabajadores del Frigorífico INCOB realizarán una asamblea “para lograr la destitución de la anterior comisión y votar una nueva que garantice la continuidad laboral de las 70 familias” que dependen de la empresa recuperada. Durante el encuentro, establecerán “un nuevo método de organización contable, verdaderamente democrático, transparente y donde los trabajadores podamos realmente trabajar en una cooperativa”.

Lxs trabajadorxs rechazaron “la campaña de mentiras y calumnias que vienen sosteniendo en los medios de prensa el señor Enrique Garaggiola y socios allegados a él, en el que dicen que nosotros usurpamos el frigorífico o dejamos en la calle a familias”.

“También alertamos sobre las prácticas patoteriles que vienen ejerciendo estas personas, quienes días atrás nos atacaron con armas de fuego, hecho que produjo graves heridas en compañeros y mujeres del frigorífico, cuestión que hicimos de público conocimiento y por el cual hemos iniciado las presentaciones judiciales correspondientes para que se haga justicia”, agregaron en un comunicado.

Lxs obrerxs de INCOB reclaman su “legítimo derecho a remover de la presidencia a Enrique Garaggiola, quien durante años ha ocultado los balances económicos de la Cooperativa, lo que ha provocado deudas que ponen en riesgo nuestra fuente de empleo. También denunciamos los métodos de humillación y discriminación que ejerció durante la presidencia a los trabajadores y las mujeres”.

Finalmente, llamaron “al conjunto de la población trabajadora de Bahía a acompañarnos, para terminar con los ataques y las patotas, y establecer lazos de unidad y solidaridad entre todos, en defensa de los puestos de trabajo”.

DSC08907Tres familias reclaman el reconocimiento de su trabajo a la Cooperativa Obrera. Permanecen frente a la sede institucional de Bahía Blanca ubicada en calle Paraguay 364, a la espera de respuesta.

“Éramos un emprendimiento familiar que venimos haciendo desde 2008. No nos hemos registrado. Hacíamos un trabajo de reciclaje en Cooperativa Obrera. Consistía en la limpieza del predio ubicado en ruta 3 acceso al puerto”, sostuvo José María Ullmann, una de las personas que hizo pública la situación.

“La empresa dice que no podíamos seguir porque ellos querían vender el nylon y los pallets que nosotros usábamos como reciclaje. Supuestamente la empresa a la que yo le proveía nylon y pallets arregló directamente con la Cooperativa. Se olvidó de la gente que vivíamos de eso”, agregó.

“El incumplimiento que nosotros estamos reclamando es que hace un montón de años que nos iban a blanquear y no lo hicieron. No cumplieron. Todo lo que se había hecho era de palabra. A las palabras se las lleva el viento”.

Las personas que trabajan en el emprendimiento se encuentran actualmente desempleadas.

Por último, Ullmann sostuvo que se quedarán frene a la sede de la entidad financiera y comercial hasta que se solucione el conflicto.

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La Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó hoy a la empresa Profertil S.A. por ruidos molestos.

A las 4:40 de este martes la Guardia del CTE detectó emisiones de ruido que provenían de la empresa Profertil. Tres minutos después se comunicó con la planta para solicitar información acerca del evento, desde donde informaron que “tuvieron problemas con un compresor de vapor con apertura de su válvula de seguridad, debido a lo cual se produjo el ruido constatado”.

Una vez analizados los resultados de las mediciones, se verificó que superaban los límites permitidos. Razón por la cual se procedió a labrar un acta de inspección por falta al Art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex – SPA) (norma IRAM 4062/84) modificada por la Resolución 94/02 (ex – SPA).

“El ruido medido fue calificado como molesto de acuerdo a la norma antes aludida. El nivel sonoro fue medido con un decibelímetro certificado, calibrado y homologado según normas vigentes y organismos competentes”, aseguró la Agencia Ambiental.

El acta de infracción será enviada junto a “un informe pormenorizado” al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

(Por Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti) La renuncia del juez Ramos Padilla al cargo que subroga en el Juzgado Federal Nº1, fundada en el estado de la justicia bahiense y las incontables trabas que ha encontrado en su gestión, nos lleva a reflexionar sobre quien ha sido el mentor principal de este estado de cosas: Nestor Montezanti, presidente de la Cámara Federal en el momento en que fue suspendido para ser sometido a Juicio Político por el Consejo de la Magistratura. Esta decisión fue adoptada con los votos de kirchneristas, radicales y representantes de jueces y abogados, por lo que queda deslegitimada su postura de “víctima” de una campaña del oficialismo.

Con posterioridad a la resolución del Consejo de la Magistratura, asistimos a un embate mediático del ex PCI Néstor Montezanti para mostrarse como un “perseguido político” del gobierno, intentando frenar su definitiva destitución.

Desde las páginas del diario de los Massot insistió en negar su documentada participación como personal civil de inteligencia de la dictadura. Afirmando que “el sistema de justicia ha traicionado todos los principios”, arremete contra el juez Ramos Padilla que lo convocó en cuatro oportunidades a declaración indagatoria en la causa Triple A.

Una campaña en el portal “change.org”, promovida por el médico bahiense Juan Sebastián Soler y dirigida al Consejo de la Magistratura que, con el título “No destituyan al juez Montezanti”, lo presenta como un adalid “implacable con el narcotrafico, la trata de personas y la delincuencia”, afirmando que su potencial intervención en el caso Suris es la razón por la que el oficialismo pretende separarlo de su cargo de conjuez de la Cámara Federal. Al decir del dr. Soler: “Ahora van por Montezanti, para encubrir una red de empresas, intereses y relaciones vinculadas al lavado de dinero, evasión impositiva y corrupción y designar nuevos jueces con la mayoría automática del Consejo de la Magistratura”.

Argumentos similares esgrime el periodista Luis Novaresio en una nota del portal “infobae.com” de fecha 18 de noviembre. Con el titulo “Juez Montezanti: Soy un perseguido político de este gobierno” le da la palabra al “juez platense” (sic) para que pueda expresarse: “Siento desprecio por quienes inventaron las acusaciones. Han atropellado todo vestigio de división de poderes y, lo que es peor, han cruzado la línea de la dignidad”.

El vergonzoso editorial de La Nación del día posterior al ballotage, que con el título “No más venganza” reivindica “el terrorismo de Estado” que aplastaba con su “poder de fuego” a miles de militantes sociales y políticos y dedica un párrafo al exPCI: “También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.

En todos los casos se repite el mismo argumento falaz. Lo cierto es que el único fallo en el que Montezanti se ocupa de la “corrupción” en el poder es para liberar al intendente y al jefe de policía de Lonquimay (La Pampa), Luis Enrique Rogers y Carlos Adrián Alanis, procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por la Jueza Federal Iara Silvestre.

Una charla para interesadxs en la carrera de arquitectura se llevará a cabo a las 16 en el salón de actos de Alem 1253 de la Universidad Nacional del Sur. Allí se explicarán cuestiones relacionadas con el sistema de nivelación, las materias de primer año, los pases de carrera y otras.

La carrera se creó en noviembre, según resolución de la Asamblea Universitaria Nº 15/2014, y su plan de estudios ya fue presentado y aprobado en las instancias nacionales. El pasado miércoles fue aprobado el inicio en 2016.

El Plan de Estudios de la carrera tiene cinco años de duración con un total de 35 materias. El único requisito para ingresar es completar las dos primeras etapas del trámite de inscripción. Las materias del primer cuatrimestre son Taller de Arquitectura I, Sistemas de Representación I, Matemática I ARQ e Historia del Arte y la Cultura.

Cómo es la inscripción

El trámite de Inscripción requiere en primer lugar preinscribirse a través de la web en www.uns.edu.ar/ingreso entre el 3 y el 18 de diciembre, y luego presentar la documentación en 12 de Octubre y San Juan, 3° Piso oficina 14 en la fecha que indica el turno que se obtuvo en la preinscripción: el formulario de preinscripción impreso, DNI y fotocopia del DNI, y Título Secundario o certificado de título en trámite o certificado de alumnxs del último año del secundario.

En el momento que se entrega el Título Secundario o bien el certificado de título en trámite que acredita no adeudar materias o el certificado de alumno o alumna regular del último año del secundario (si todavía adeuda materias del secundario), se asigna un número de registro al aspirante y pasa a ser alumno de la UNS. Para completar el trámite es necesario también realizar la revisación médica. En el momento que se presenta la documentación se brinda información respecto a esta revisación. Los pases de carrera y cursados paralelos de alumnxs regulares de la UNS para Arquitectura se tramitan entre el 9 y el 18 de diciembre en la Dirección de Alumnos y Estudios, Alem 1015.

Cursos de nivelación

Las y los ingresantes a Arquitectura deben realizar cursos de nivelación en dos materias: Matemática y Comprensión de textos. Para comenzar a cursar las asignaturas del plan de estudios vinculadas con cada una de las materias de nivelación, deben cumplir alguna de estas alternativas: promocionar el curso de nivelación que se dicta en febrero, aprobar el examen de nivelación de marzo o su recuperatorio, promocionar el curso remedial que se dicta entre abril y junio, o bien aprobar el examen o el recuperatorio en julio o agosto respectivamente. Las fechas, horarios y aulas de los cursos y exámenes se publican en www.uns.edu.ar/ingreso

El juez Alejo Ramos Padilla presentó su renuncia “indeclinable” como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de nuestra ciudad a partir el 31 de diciembre. Lo hizo en carta dirigída al camarista Pablo Candisano Mera por la pérdida de “legitimidad” que le significó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias por parte de la Corte Suprema.

“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, como jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino. He visto cómo jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política. Son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio a la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, afirmó.

El magistrado que, entre otras causas, llevaba adelante la investigación de crímenes cometidos por la Triple A en la cual declaró en rebeldía al suspendido presidente de la Cámara Federal, Néstor Montezanti, mencionó el enorme desgaste y cansancio personal” que le originó reorganizar el caótico panorama que dejó su antecesor Santiago Ulpiano Martínez y se quejó por la falta de recursos y personal. Padilla se enfocará así en su cargo como titular del juzgado de Dolores que “en los próximos meses de verano debe atender sus mayores demandas”.

El renunciante escribió que asumió en nuestra ciudad “de acuerdo a la ley, por expreso mandato del Consejo de la Magistratura. Desde hace años me desempeño como titular del Juzgado Federal de Dolores en la vecina jurisdicción de Mar del Plata -cargo al accedí mediante concurso público y previo acuerdo del Senado de la Nación-. Esta subrogancia -que no implica mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía, la acepté en la creencia que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca y con la legitimidad de haber sido designado por el órgano específico en la ley y la Constitución”.

Recordó “la grave afectación al servicio de justicia, numerosos atrasos e irregularidades jurisdiccionales y administrativas” oportunamente informados a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Comisión Interpoderes y la Cámara de Apelaciones.

Padilla detalló que para cambiar dicho panorama “se realizaron, con pocos recursos, esfuerzos extraordinarios que implicaron en lo personal atender dos juzgados federales a más de 700 km de distancia”, “soportar largas jornadas laborales que se extendieron entre 12 y 16 horas diarias -incluso los sábados, domingos y durante la feria de invierno-” que le generaron “un enorme desgaste y cansancio personal”.

Al momento de balancear lo realizado, destacó que “se regularizó la situación de los detenidos que llevaban meses sin ser indagados; se resolvió la situación de decenas de detenidos que desde años estaban a la espera de una resolución; se regularizó la situación de las prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo de la Magistratura; se atendieron las quejas por retardo de justicia; se procedió a la quema de material estupefaciente que se encontraba disperso y sin siquiera cumplir las condiciones mínimas de seguridad y custodia (incluso a la intemperie, esto es en la terraza del juzgado); y se dispuso la adecuada custodia de más de medio centenar de armas y la destrucción del material explosivo que estaba en condiciones de estallar y en el ámbito de la propia Secretaría”.

Además, el magistrado reseñó que durante su subrogancia “se corrigieron inconsistencias en los registros (no existía información sobre la cantidad de personas detenidas, ni tampoco certeza sobre dónde se encontraban alojadas); se llevaron adelante allanamientos y se les quitó las armas que los detenidos tenían en sus domicilios -15 casos-; se implementó un control sobre los detenidos y se regularizó el alojamiento de los detenidos de lesa humanidad (alojados en dependencias policiales y en contravención con las disposiciones del Ministerio)”.

“Se comenzaron a superar los atrasos generalizados en todas las secretarías, los conflictos internos, administrativos y laborales entre los distintos funcionarios; se comenzó a capacitar al personal; se impulsó la formación de un seminario administrativo para que se analice la responsabilidad del ex juez subrogante y del secretario de Derechos Humanos (NdR: Mario Fernández Moreno); por primera vez se avanzó en la investigación de la organización paraestatal Triple A y se dictó procesamiento de muchos de sus integrantes; se dictaron numerosos autos de mérito en causas de lesa humanidad”. En otro orden, “se comenzó un proceso para regularizar los más de 150 reclamos de ciudadanías que se encontraban demorados, otorgándose aproximadamente el 50 por ciento de los reclamos”.

La decisión de apartarse del cargo es consecuencia de la resolución de la Corte Suprema que el 4 de noviembre declaró inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y si bien Ramos Padilla aseguró no compartir sus consideraciones ni su oportunidad se ajustó al fallo y señaló que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’ ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’ y ponernos fecha de vencimiento -tres meses-, se puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un juez”.

Otro hito en la historia regional marcó esta tarde el tribunal oral bahiense al condenar a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Son miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial que cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “en el plazo de diez días, el diario LaNueva. de esta ciudad (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky y Adriana Metz, quien volvió a gritar por su hermano apropiado.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “tenga a bien efectuar las medidas a su alcance para que en el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías sea estatuido como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado” y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados durante este debate”.

Las penas deberán ser cumplidas en “prisiones federales comunes” luego de evaluarse el estado de salud de cada uno de los condenados, cuyas bajas de las fuerzas armadas y de seguridad a las que pertenecen fueron solicitadas a las autoridades correspondientes.

Recibieron penas de prisión perpetua: el ex comandante de Infantería de Marina y de la Fuerza de Tareas Nº9 Eduardo René Fracassi; el ex miembro del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº1 Luis Alberto Pablo Pons; el ex jefe de Contrainteligencia del Departamento de Operaciones de la Base Baterías Enrique de León; Oscar Alfredo Castro, ex comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA) y de la Fuerza de Tareas Nº2; Alberto Gerardo Pazos, ex jefe de Operaciones e Inteligencia de la FAPA; Edmundo Oscar Núñez, quien  fuera jefe de la Base Puerto Belgrano y la FAPA.

Matías Russin, muestra la foto de su padre desaparecido a los represores.

También recibieron la pena máxima: José Luis Ripa, ex jefe de Seguridad de Puerto Belgrano; Tomás Hermógenes Carrizo, jefe de Contrainteligencia y del Registro Civil de Puerto Belgrano y jefe militar del Barrio Puerto Rosales; Leandro Marcelo Maloberti, responsable de Contrainteligencia de Puerto Belgrano y de la Policía de Establecimientos Navales; Manuel Martínez Loydi, ex jefe de las secciones Informaciones e Investigaciones de Prefectura Zona Atlántico Norte; los prefectos Néstor Alberto Nougués y Luis Ángel Bustos; el ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército, Carlos Andrés Sricker, y los oficiales de dicha unidad Oscar Raúl Otero y Guillermo Julio González Chipont; y los ex guardias del centro clandestino La Escuelita, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala y Raúl Artemio Domínguez.

todos adentro efemedelacalleEl prefecto Pedro Alberto Pila fue condenado a 18 años de cárcel; y ocho recibieron como pena el ex jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya, el ex jefe de sección del Batallón 181, Alejandro Lawless, y el policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman.

Los represores condenados fueron absueltos, al mismo tiempo, en varias imputaciones por distintos motivos y en particular fue rechazada la acusación de haber integrado una asociación ilícita, reprochada a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Selaya y Stricker. Los fundamentos del veredicto -que puede leerse aquí– deberán difundirse antes del 1 de marzo de 2016.

La empresa Dow tomó la decisión de “despedir a un mecánico. Lo responsabiliza de la explosión” ocurrida en una de sus plantas el 3 de noviembre, dijo a FM De la Calle Julio Leguizamón, titular del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Bahía Blanca.

“Nosotros tuvimos reuniones en Buenos Aires con directivos de Dow para que nos den una explicación de esta decisión y de esta investigación porque no coincide para nada con lo que nosotros tenemos”.

Ayer, durante una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, “la empresa ratificó el despido sin escuchar los argumentos de parte del sindicato. Nosotros estamos seguros que no es como ellos plantean”.

A las 18, un plenario de delegados definió “realizar un paro por 24 horas en Dow a partir del jueves a las 6 de la mañana, pidiendo la reincorporación del trabajador. De no tener respuesta, el conflicto puede ir aumentando”.

La ganancia empresaria por sobre la seguridad

A diferencia de la empresa, que responsabiliza a un trabajador por la explosión, la organización gremial apunta a decisiones gerenciales que priorizan la puesta en marcha de la planta en función de necesidades económicas en lugar de tomar todas las medidas de seguridad, y con ello, los plazos requeridos para garantizarla.

“Si hay que investigar, ver cuáles son las causas verdaderas, hay que tomarse todo el tiempo, hay que hacerlo. No se puede ser tan simplista de decir ´un mecánico no puso un bulón´ y listo. Es un disparate y a parte no pasó eso”.

Según el SPIQyP, “lo que generó el incidente es el mal manejo de cierta jefatura intermedia que prioriza la producción a la seguridad, a la inversa de lo que dice la política de la empresa. Ellos actúan en desesperación por arrancar las plantas. Hay que tener en cuenta que la planta estuvo parada por un incendio anterior. Se estaba reparando. Siempre pasa lo mismo. El hecho del apuro de producir. Eso les hace cometer errores como este”.