“El de Colombia es un gobierno democrático que tiene metodologías exactamente iguales al terrorismo ejercido por la dictadura cívico militar eclesiástica en los años 70 y hasta el 83 en Argentina: se están cometiendo asesinatos, desapariciones, habilitan centros comerciales como centros de torturas y y detención”, describió a FM De la Calle Pablo Pimentel.

El titular de la APDH La Matanza integró la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de DD.HH. que viajó para recabar testimonios sobre la represión del gobierno de Iván Duque.

En ese escenario jugará esta tarde la selección argentina de fútbol por las eliminatorias del Mundial de Qatar. Con el hashtag #LaPelotaEstaManchada se realizará un tuitazo durante el encuentro.

“Lo que va a pasar en Barranquilla es pan y circo, nuestro gobierno tendría que haber influenciado sobre la AFA para que no se haga partido ahí, están matando la gente afuera. Tiene que haber empatía del deporte popular, la mayoría de los jugadores nacieron en barrios populares”, dijo Pimentel.

Agregó que “tendría que haber una toma de conciencia de los jugadores y plegarse al paro. Mientras estén matando al pueblo afuera no podemos presentar un acto deportivo que tiene que ver con la recreación, es un mal ejemplo para la juventud. Colombia es un país muy futbolero. El pueblo lo está reclamando, sobre todo los jóvenes de la primera línea que van de 16 a 21 años”.

“Quieren una Colombia libre de violencia, de marginalidad, apuestan a un candidato que proviene de la izquierda, de la guerrilla. Lo que está viviendo Colombia es el fracaso del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016. La esperanza es que llegue vivo al año que viene, fíjense cuál es la máxima de los que apoyan a este candidato. La vida está degrada, hay un montón de organismos de derechos humanos, nos tienen como referencia. Un poco por lo vivido con Madres y Abuelas, hemos marcado un camino de que deben juzgarse adentro las atrocidades de gobiernos fascistas”, sostuvo.

La Misión contabilizó “70 asesinados por la policía y grupos paramilitares amparados por la policía, delitos sexuales, invasión a la propiedad privada. Gente que murió de ataque al corazón por haber sido allanado por el ESMAD que es un grupo parecido al GAD de acá, fuertemente armado”.

El día a día en Colombia “se llevaba adelante con mucha responsabilidad y organización, charlas organizativas ante cada punto de paro, comités de apoyos, comerciantes que apoyan las ollas populares. Los jóvenes decían preferimos estar acá y no en nuestras casas que comemos una a vez al día, acá comemos 2 o 3 veces por día”.

El dirigente subrayó la connivencia empresarial con la estructura represiva: “Fuimos a 5 ciudades, me tocó Cali, al costado de Éxito -una cadena de supermercados- ahora funciona como acopio de infraestructura militar, previo a cada represión se habilitan los sótanos para detener a la gente, los persuaden para que dejen el paro, intentar blanquearlos, negocian con las fiscalías y a otros los desaparecen, han aparecido en ríos flotando o en basurales. También se ve cómo la policía es aliada de grupos paramilitares y balean a civiles”.

“Ya se crearon las Madres del Dolor de los asesinados de hace 40 días, es un pueblo que ha dicho basta a un régimen narcoterrorista que responde exclusivamente a Estados Unidos, un país que ha visto descendientes que fueron por izquierda a cambiar la realidad injusta sumándose a grupos guerrilleros y, por derecha, creando grupos paramilitares para cubrir a los ricos que sigue sometiendo a la comunidad afro, indígenas y campesinos”.

Pimentel relató que “cuando dicen yo soy un desplazado, significa que han sido echados de sus territorios originarios, campesinos o afro y terminan en laderas de la montaña siendo una villa de material, con calles muy chiquitas. Les preguntábamos cómo van a hacer para que esto se pueda urbanizar, por qué no se planifica cuando hay una toma. Ellos dicen no podemos porque primero está salvar la vida y comer”.

El ex presidente Andrés Pastrana señaló a la Misión como parte de un supuesto plan de desestabilización del gobierno de Duque. Para Pimentel “eso responde a la debilidad de una política caduca. ¿Qué podemos desestabilizar 22 personas, de las cuales una no entró porque había una decisión política? ¿Qué podemos desestabilizar haciendo un relevamiento y acompañando?”.

Las agencias internacionales anuncian un alto al fuego entre Israel y Palestina. Once días atrás el Estado sionista de Israel reanudaba los ataques sobre los territorios palestinos ocupados.

Desde el 10 de mayo, los ataques costaron la vida de al menos 232 palestinos -incluides 65 niñes y 39 mujeres- y más de 1.900 heridos en Franja de Gaza y en 12 personas -dos menores- en Israel.

Esta semana la Federación De Entidades Argentino-Palestinas adhirió a la huelga general convocada en Cisjordania y entregaron en Buenos Aires un petitorio a la Cancillería para que se solidarice con el pueblo palestino. “Se manifiesta el pesar frente a la tibieza de las expresiones de Cancillería donde pone en pie de igualdad a ocupados con ocupantes”, señaló a FM De la Calle Tilda Rabi, presidenta de la Federación.

Afirmó que “desgraciadamente cada cierto tiempo, años, meses generalmente, comienza esa masividad de crímenes, esto tuvo algo diferente que fue que comenzó con el desalojo de familias en un poblado de Jerusalén por parte de colonos judíos, que alegan ser titulares de los palestinos que allí habitan, en contra de los acuerdos internacionales”.

Rabi contó que una vez finalizado el Ramadán, “el mes sagrado para los musulmanes del mundo, y después del ayuno se puede salir a festejar -por así decirlo- estos días sagrados. Estuvo bloqueada la mezquita cerca de un mes y hasta que, días antes de esta andanada en Gaza, comenzaron las agresiones lo que llevó a grandes enfrentamientos con colonos judíos en las puertas de la mezquita de Al Aqsa con la ayuda de la soldadesca de la ocupación”.

“El 11 comienza una gran escalada bombardeando Gaza porque Hamas había manifestado que si no dejaban de agredir a nuestros hermanos en Jerusalén Oriental iban a manifestarse y lo hicieron con cohetes, la verdad tampoco tienen un mayor alcance. Ahí comenzó la oleada de terror que devino en la muerte de más de 200 hermanos gazatíes palestinos, más de 1400 heridos hasta ahora, paralelamente, cerca de 30 y pico de muertos en Jerusalén Oriental, más de 3000 heridos”.

Una mirada del conflicto expresa que podría tratarse de una nueva ofensiva de Netanyahu, el primer ministro de Israel, para sostenerse en el poder. “Estamos acostumbrados, más allá de los sucesivos gobiernos, a que estas políticas de limpieza étnica se lleven casi cotidianamente. Cuando estallan estas cosas y empiezan a visibilizarse, lo que se plantea desde los medios hegemónicos es la agresión de Hamas como un cuerpo aparte de la sociedad palestina, nos parece terriblemente tramposo. Más allá de que pueda estar a favor o no de los adeptos a Hamas, lo que no se puede negar es el derecho de los pueblos en ocupación a defenderse”.

El relación a la respuesta de la comunidad internacional, Rabi afirmó que fue “triste, tibia y es una cachetada. Se ve que hay un sistema de ocupación de colonización y limpieza étnica. Es una de las manifestaciones que salen de la idea de lo que fue el Apartheid sudafricano”.

“En Cisjordania se sigue adentrando la colonización con ese muro ominoso, se planteó después del 10 llamar a los reservas israelíes, que hay gran mayoría argentina que presta servicio allí, para ir a reprimir a la población palestina que está separada dentro de un poblado de una ciudad y que tiene que pedir permiso para poder ir a visitar a sus parientes, a su trabajo, a la escuela”.

Agregó que “lo que hace la ocupación es atacar de noche, es muy común casi todos los días en Cisjordania, que entre a diferentes localidades a las casas de los supuestamente terroristas, llevarlos los presos, con instancias que violan el derecho internacional, con las prisiones administrativas, que implican puedan llevarte preso sin haber comprobación de algún delito”.

“Ahora estamos en las instancias del tribunal penal internacional por delitos de crímenes de lesa humanidad y está bastante paralizado, estamos viviendo una situación de mucho dolor, ya son 73 años desde que se crea la entidad sionista en que los palestinos sufrimos estas persecuciones. El ente sionista fue creado por las Naciones Unidas que no respetó la recomendación que era del 55% del territorio ancestral palestino, que expulsó a más de 750 mil palestinos de sus hogares dentro de lo que conocemos ahora como Israel, llevando al exilio a refugiados que tenemos en Líbano, Siria y Jordania. Es una constante donde han habido muchas sanciones pero nunca fueron ejecutadas”, finalizó.

Foto: Resumen Latinoamericano.

Lucía Alejandra Cobo, oriunda de la ciudad colombiana de Cali, reside hace diez años en Bahía Blanca. Desde aquí, lucha por dar a conocer las causas y consecuencias de la represión desplegada por el gobierno de Iván Duque contra el estallido social iniciado el 28 de abril, tras el anuncio de una reforma tributaria.

En diez días, solamente en Cali, hay 23 muertos y 238 desapariciones. “Lo seguimos con mucha angustia y preocupación porque estando lejos se siente una impotencia mayor a través de lo que nos llega por redes sociales y porque nuestros familiares y amigos están allá”.

“Los medios de comunicación dominantes no transmiten la información precisa, hay mucha censura y bloqueo de la información alternativa con lo ocurre en el territorio”, contó a FM De la Calle.

Contextualizando su llegada a Argentina, señaló que “las migraciones son producto del conflicto que Colombia tiene hace décadas, vine porque mi mamá estaba en Bahía, porque aquí encontré oportunidades de seguir estudiando, hablar con tranquilidad y sin ponerme en riesgo”.

“En Colombia la educación pública es arancelada y tiene un cupo limitado, eso ya pone un cuello de botella. Por otro lado, hay mucha competencia profesional y hace necesario tener un pregrado y un posgrado. Vine a hacer un posgrado a la UNS después tuve una beca del CONICET, condiciones que comparativamente son un montón”.

La demanda de una reforma del sistema educativo es una de las que encabezan la protesta. “Tiene directa relación con el estallido social y con el movimiento que emergió en 2019 en noviembre, son décadas de implementación de políticas neoliberales que funcionan como un embudo para sectores medios y populares, cada vez menos personas pueden vivir dignamente”.

“Colombia es un país que nunca ha tenido un gobierno de centro, ni de centro derecha, mucho menos de centro izquierda. Ha habido una persecución al movimiento de izquierda. No hay ningún hito reivindicativo como puede ser los juicios a los genocidas en Argentina, nunca ha habido un acto determinante que diga hay que hacer una transformación. Es importante tenerlo en cuenta porque se ha tenido el pensamiento de que el pueblo colombiano se acostumbró, aguantó un montón y no es tan así, sino que durante décadas la represión ha sido brutal y no ha habido una contraparte, algo que frene esta situación. El estallido es producto de todos estos años”, señaló.

La geógrafa y docente de la UNS agregó que “este gobierno es completamente uribista, el presidente actual subió como candidato del centro democrático, como si fuera un ahijado de Álvaro Uribe Vélez, lo que se ha visto en la campaña y en su gobierno es que recibe órdenes directas del ex presidente y el corte es el mismo”.

“Los que están en primera línea son los jóvenes, todas esas políticas de décadas han hecho que sus oportunidades sean menores, se dice que la juventud ha perdido todo, ya no tiene miedo de perder la vida. Se tiene como una pequeña victoria de que se haya dado marcha atrás con la reforma tributaria, sin embargo, el paro continúa porque se retira la reforma y se llama al diálogo a los mismos sectores de siempre para reformular la reforma. En definitiva, no convoca a los sectores movilizados”.

Cabo destacó que “se pide que renuncie el presidente y esto es delicado también, podría abrir la puerta a un golpe militar oficial. La intención es que el presidente convoque al diálogo a sectores movilizados, si es con los mismos sectores de siempre, el paro se va a mantener”.

Por último, la investigadora dijo que “la apuesta principal es que se pueda hacer difusión por las dilaciones a los derechos humanos. El presidente dio la orden después de diez días de represión brutal de reforzar la militarización en Cali, el llamado de las organizaciones de Colombia es que por favor las colombianas y colombianos que estamos en el exterior seamos voceros de esta situación, pongamos los ojos en Colombia y se ejerza presión para que paren con la masacre”.

En una nueva entrega de Asuntos Latinoamericanos, la historiadora Julia Giménez entrevistó a Pilar Troya Fernández, subsecretaria de Educación de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa.

Dialogaron acerca de la modificación de algunos artículos de la ley que penaliza el aborto. A partir de esta reforma se legalizó la interrupción del embarazo por causales de violación o estupro.

“Lo que ha pasado a partir del ‘Vivas Nos Queremos’ contra la violencia a partir del 2016 es que han surgido un montón de colectivos feministas más jóvenes, un relevo generacional. Había menos organizaciones antes y la agenda era menos radical”, dijo Troya Fernández a FM De la Calle.

Explicó que “el aborto estaba penalizado por distintas causales, excepto riesgo de vida de la madre, y decía ‘violación o estupro de mujer idiota o demente’. Eso era el Código Penal del año 1934. Hubo una disputa interna dentro del partido, cuando estaba Correa, porque él estaba abiertamente en contra y el Código Penal quedó idéntico pero con una redacción que decía ‘mujeres con discapacidad'”.

“Hubo una serie de colectivos que presentaron una demanda de inconstitucionalidad respecto a esos artículos. La Corte reconoció que eran inconstitucionales y que no tiene sentido hacer discriminación entre mujer con o sin discapacidad respecto a lo que es una violación y atendiendo a los principios de derechos humanos y de la posibilidad de no revictimizar”, comentó Fernández.

Por último, señaló que “lo que pasó no es una legalización, la Corte dijo que son artículos inconstitucionales y que la Asamblea tiene 6 meses para redactar una nueva ley”.

Desde el 28 abril se realizan en Colombia movilizaciones contra la reforma tributaria que quiso aprobar el gobierno de Iván Duque. Si bien las manifestaciones lograron frenar el proyecto, las protestas no cesan debido a la represión por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

La Defensoría del Pueblo colombiana reportó 19 fallecidos, 800 heridos, así como 87 personas desaparecidas en los últimos días.

“Todo explotó y aceleró el proceso una propuesta de ley de una reforma tributaria. Los movimientos sociales no entendemos cómo, en medio de la crisis sanitaria y económica, el gobierno pretendía aumentar el IVA, poner IVA a los bienes de consumo de la canasta familiar, gravar el sueldo. Una reforma totalmente agresiva, contra el bolsillo de la gente. Esto generó que de manera rápida la gente saliera a manifestarse”, dijo a FM De la Calle Gustavo Gallardo, abogado defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación Lazos de Dignidad.

Agregó que “esta movilización ha significado el descontento de la juventud, de organizaciones sociales, barriles, campesinas y sindicales. Además de lo constante de la manifestación, ha sido duramente reprimida, por órdenes del gobierno nacional”.

“Se está desarrollando una masacre contra el pueblo movilizado exigiendo cambios profundos para una nueva Colombia”, sentenció.

Las protestas incluyen un amplio abanico de exigencias: “La falta de implementación del gobierno del Acuerdo de Paz que hizo retornar a Colombia a un conflicto interno, la reforma tributaria y de salud, el tratamiento a espaldas del pueblo que le ha dado el gobierno a la pandemia y no tender a políticas sociales y económicas para que la gente tuviera mayor estabilidad”.

Gallardo comentó que inicialmente hubo un descontento generalizado por la forma en la cual el gobierno abordó la pandemia. “Que los índices de muertos por Covid hayan subido exorbitantemente es por el nefasto modelo de salud que tenemos. Pero, a pesar de eso, el gobierno se atrevió a radicar una reforma a la salud, que no tiene la vocación de enmendar la privatización sino que pretendía que fuera aun más privatizada”.

Con estas demandas confluyen las del movimiento estudiantil que “viene exigiendo una reforma a la educación, gratuidad y mayor cobertura. Exige matrícula cero porque la gente está aislada y eso ha generado para todas las familias una merma en su capacidad adquisitiva pero los gastos son los mismos”.

“En los sindicatos también se viene generando con la pandemia el trabajo en casa y eso produce dificultades muy fuertes porque no existen subsidios para la conectividad”.

Acuerdo de Paz

“Se firmó en noviembre del 2016, estamos cursando el quinto año y esos acuerdos han sido incumplidos casi en su totalidad”, dijo el abogado.

Ese pacto incluía “la reforma rural integral, no existe una sola política que haya sido cumplido por el gobierno, hablaba de la devolución de la tierra al campesino desarraigado, del uso del suelo, de la formalización de la tierra.
En términos de participación política, podríamos decir que en la actualidad las FARC tienen 9 de los 10 curules (bancas) que les dio el acuerdo. Eso implicaba garantías de seguridad para la oposición, el desarme del paramilitarismo, eso no ha sido posible”.


“El tercer punto era el fin del conflicto que implicaba una política integral de reincorporación para quienes dejaban las armas, un punto neurálgico. A los reincorporados no se les ha dado la reincorporación económica, política, social y familiar”, dijo.

El dirigente denunció que “llevamos más de 270 reincorporados asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y algo más de 800 líderes sociales asesinados. No existen realmente políticas encaminadas hacia la consolidación del fin del conflicto”.

Gallardo señaló que el gobierno de Iván Duque “todas las semanas realiza acciones políticas tendientes a desconocer y atentar contra la desaparición de la Jurisdicción Especial para la Paz que es de los únicos puntos medianamente cumplidos”.

“En Colombia estamos ante un nuevo conflicto interno, anteriormente existía una guerrilla unificada, ahora no, hay muchos grupos, se ha exacerbado a partir de que no hay confianza en el Acuerdo de Paz y eso ha aumentando las disidencias de las guerrillas de las FARC. Contamos con grupos paramilitares en los territorios, carteles de diferentes tipos. El conflicto interno es más agudo y complejo que el que existió antes y eso fue producto de una política direccionada del gobierno para no cumplir el Acuerdo de Paz”, finalizó.

Hace 5 años asesinaron a la activista indígena lenca Berta Cáceres. Madre de cuatro hijos, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Cáceres había encabezado el movimiento que logró que el Banco Mundial y la constructora china Sinohydro, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

La hija mayor de Berta, Olivia Marcela Cáceres Zúniga, dialogó con Julia Giménez, columnista de FM De la Calle en su espacio “Asuntos Latinomaericanos”.

En esta segunda entrega, Zúniga se refiere a la injerencia norteamericana en el gobierno hondureño, el panorama electoral signado por un contexto de fraude de parte del Partido Nacional y al proceso de organización de pueblos indígenas campesinos que resisten la llegada de organismos multilaterales ante el endeudamiento del gobierno.

El 2 de marzo se cumplieron 5 años del crimen de Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Olivia Marcela Cáceres Zúniga, hija mayor de Berta y actual diputada de Congreso Nacional de Honduras por el partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre), se refirió en diálogo con la columnista de Asuntos Latinoamericanos de FM De la Calle, Julia Giménez, a la lucha emprendida junto a su madre, como mujer lenca, en defensa de los ríos y contra el gran capital extractivita y a su compromiso como defensora de los derechos humanos para combatir la impunidad encarnada en Honduras.

Para Olivia, el golpe de Estado que en 2009 destituyó al presidente Manuel Zelaya profundizó el modelo extractivo de explotación minero energética entregando soberanía a partir de las Zonas Especiales de Desarrollo.

Asociado a ello, la violencia política contra aquellos y aquellas que resisten al saqueo ya se ha llevado la vida de centenares de militantes populares y defensores de la tierra y el medioambiente en Abya Yala.

En relación al avance la de causa Berta Cáceres, Olivia explicó el proceso en curso contra David Castillo, ex directivo de la represa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por la coautoría del crimen. Aunque entorpecido por un sistema judicial viciado, para Olivia ello pone al desnudo los vínculos entre los poderes económicos y políticos a nivel nacional e internacionales tanto en el asesinato de su madre como del modelo que continúa matando y expulsando a los pueblos de sus territorios.

“El hecho de que un día la justicia llegue a ese eslabón intelectual tan poderoso sería sentar un precedente en la justicia de este país contra esa impunidad histórica y quizás una forma de que estos hechos no se repitan”, afirmó.

Escuchá la entrevista:

El médico Horacio Romano analizó en su columna en FM De la Calle la labor médica en Cuba para la producción de vacunas y medicamentos contra el coronavirus.

“Cuba tiene una historia de epidemiologia muy fuerte, tiene una amplísima experiencia en el desarrollo farmacológico, entre ellos el de vacunas”, comenzó.

Romano destacó que “ya llevan cinco proyectos de vacunas, dos de ellas ya pasaron a fase 3 y una, la Soberana 2, tiene 150 mil voluntarios. Están en una fase avanzadísima de aplicación, piensan que entre abril y mayo estaría lista. Un país bloqueado, con enormes dificultades de índole alimentaria, para conseguir aparatología, está desarrollando con gran éxito cinco tipos de proyectos vacunales”.

“Pero no se quedan ahí los cubanos”, argumentó el médico, “están planificando vacunar a países con ingresos bajos que no tengan posibilidades de acceder a vacunas, en parte porque las provisiones están acaparadas por potencias y por los costos más bajos que tiene producirla”.

“Hay 16 proyectos, entre otros tipos de medicamentos. Uno que me llamó la atención es que ya están trabajando con apoyo de China en hacer algún tipo de vacuna que incorpore a las distintas cepas que van surgiendo, que sirva como refuerzo de las vacunas que se están dando. Esto va a ser fundamental porque no sabemos si las vacunas que estamos dando son efectivas para las otras cepas”, detalló.

Asimismo puso énfasis en el “relativismo ético, entendiendo la ética como el estudio del bien y mal”. Destacó un informe del Ministerio de Salud de EE.UU. y su oficina de estudios globales que plantea que “previendo la mala influencia de países como Venezuela, Cuba y Rusia presionaron a gobiernos, por ejemplo de Panamá y Brasil, para que no acepten vacunas rusas o médicos cubanos. Es una vacuna que podría haber ayudado a salvar vidas en Brasil. Las brigadas cubanas elogiadas en todo el mundo, son candidatas a Premio Nobel”.

“Te tenés que sentir bastante inseguro para que una vacuna te haga tambalear el gobierno de la democracia y la libertad”, refirió.

Por último, agregó que “no pueden ponerse más allá de ganar un dólar más. Esa es la diferencia entre EE.UU. y Cuba, que piensa en su gente y más allá, pensando en los que no tienen nada en el mundo”.

La revista científica The Lancet publicó los resultados de los estudios clínicos de la Fase 3 de la vacuna rusa Sputnik V, creada para combatir los efectos del covid. El estudio demuestra que la Sputnik alcanzó una eficacia del 91,6% en la prevención del coronavirus y que es segura.
Por otro lado, aseguran que la respuesta en personas mayores de 60 años es similar al resto de la población.

En el análisis de eficacia del ensayo clínico se llevó a cabo en 25 hospitales de Moscú, y se realizó de manera aleatoria, controlado por placebo y con método “doble ciego”, lo que significa que ni voluntarios ni equipo médico sabían si estaban recibiendo o aplicando la vacuna o placebo.

De 19.866 voluntarios, 14.964 recibieron la vacuna y 4902 el placebo. Se administraron las dos dosis con 21 días de diferencia y de allí el resultado del 91,6% de eficacia.

El ministro de salud, Ginés Gonzalez García explicó que “En el informe del que participaron casi 20.000 participantes sugiere que aún no se consideraron eventos adversos graves asociados con la vacunación”.

“En otro subanálisis de 2.000 adultos mayores de 60 años sugiere, que la vacuna rusa es igualmente eficaz y bien tolerada en este grupo, y agrega que aún se necesita más investigación para confirmar los resultados en personas que pertenecen a grupos de riesgo”.

Según el doctor y divulgador científico, Nicolás Olszevicki, “La eficacia se mide en base a casos confirmados, no en base a severidad. Pero dado que es altamente improbable que erradiquemos COVID-19, lo más importante es su capacidad de prevenir casos severos. En este sentido, la eficacia fue del 100%. O sea: no hubo NI UN SOLO caso moderado o severo en el grupo vacunado a partir de los 21 días de la primera dosis, contra 20 casos moderados o severos en el grupo placebo”.

Agregó que “entre los días 15 y 21, la eficacia fue del 71,6% para evitar casos moderados o severos. No hubo, tampoco, efectos adversos graves relacionados con la vacuna”.

Por último el preisdente Alberto Fernández se comunicó con su par ruso, Vladimir Putin y anunció que conversaron sobre la provisión de la vacuna.

“El presidente aseguró que el instituto Gamaleya y los laboratorios fabricantes están aumentando la producción para que nuestro país reciba la cantidad acordada, y manifestó su aprecio por la forma en que los argentinos y las argentinas recibieron la vacuna.”

A pocas horas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el pasado 29 de diciembre, las noticias internacionales llegadas del otro lado del mundo anunciaban que Corea del Sur se sumaba a la lista de los países que legalizan el aborto hasta la semana catorce del embarazo.

Dos pequeños, pero importantes, pasos que parecen indicar que los países del Sur caminan en dirección a disminuir la gran brecha con los países de Norte en la garantía del derecho a decidir sobre los cuerpos. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar.

Como muestran los mapas que circularon en las últimas semanas, mientras la mayoría de los países llamados ‘desarrollados’ contemplan hace años el derecho al aborto, el panorama no es tan favorable en las regiones ‘subdesarrolladas’ o dependientes. En América Latina y el Caribe, se calcula que más del 90% de las personas gestantes en edad fértil están prohibidas de realizar prácticas voluntarias de interrupción del embarazo y, según la CEPAL, se estima que las cifras de muertes por abortos clandestinos superan los cinco mil óbitos anuales. Entre los pocos países que ya garantizan este derecho en la región están Cuba (1965), Guyana (1995) y Uruguay (2013), y el Distrito Federal (2007) y el estado de Oaxaca (2019) en México.

Aunque, como sucedía en Argentina antes de la reciente sanción, existen diversidad de normativas algunas de las cuales permiten el aborto dentro de una serie de supuestos como violación, riesgo de la madre y/o malformación del feto, el problema de acceso a la salud y educación público, y la desinformación se amarra a las graves desigualdades de clase, género y raza que impide la garantía de estas mínimas excepciones en la región. Ese es el caso de Chile, Colombia y Brasil, donde la inestabilidad política y el fuerte peso de las derechas católicas son un nítido obstáculo al avance de la democracia. Entre los países más restrictivos, podemos mencionar El Salvador, Haití y Honduras, donde la prohibición del aborto bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual. 

Para Claudia Korol, comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, la sanción de la ley avanza en la conciencia antipatriarcal de la sociedad no sólo en Argentina, sino que estimula las luchas en el resto de Abya Yala – el continente americano- por el derechos a decir sobre nuestras vidas, modos de estar y de decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. La lucha por la interrupción voluntaria del embarazo evidencia el crecimiento del poder feminista y “da más fuerza para seguir organizándonos contra las violencias con las cuales pretenden reglamentarnos”; sin embargo, advierte Claudia, una ley no garantiza en sí mismo el derecho y hay que continuar organizadas para que se reglamente en las provincias.  “Esperamos que salgamos más organizadas y, a partir de eso, construir desde abajo, desde el pie, desde la raíz, más fuerza para seguir la lucha antipatriarcal, feminista, anticapitalista y anticolonial”, dijo Claudia Korol en conversación con FM de la Calle en la previa a la sanción de la ley.

El investigador Matías Alamo dijo a FM De la Calle que “la economía popular lo que intenta hacer es una reproducción ampliada de la vida, donde el eje no es maximizar la ganancia en el menor tiempo posible sino valores de reciprocidad, de ayuda mutua”.

El docente del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur es coautor de uno de los capítulos del libro “Territorio, movimientos sociales y conflictividades”. La compilación de Pablo Becher y María Belén Nieto fue editada por Ediciones De la Calle y el CEISO y se presentará el jueves 26 a las 19 por el canal de YouTube FMDELACALLETV.

“La mayoría de los autores provenimos de la UNS. Estas prácticas y las distintas investigaciones nos permitieron plasmar todas esas experiencias que son fruto de un trabajo colectivo”, comentó.

El estudio que firman Alamo, Cristian Garabito y María Belén Nieto se titula “Experiencias de Economía Social y Solidaria desde una perspectiva de género. Los grupos de emprendedoras Moras Brix y Runtu Thani en la ciudad de Bahía Blanca en la actualidad”.

El docente señaló que “siempre se discute la pertenencia popular en términos de la economía social y solidaria y ponen el eje de la reproducción ampliada de la vida y se corren del modelo de acumulación capitalista donde las lógicas son la reproducción en términos de ganancia”.

Moras Brix y Runtu Thani integran y abastecen experiencias de comercialización de la economía solidaria como las Producciones de la Agricultura Familiar impulsadas por Cáritas, INTA y FM De la Calle.

“El trabajo marca sus trayectorias y experiencias en términos de una perspectiva de género y de visibilizar estas prácticas comunitarias, un poco para sacar ese estigma de muchos y muchas que cuando hablan de economía popular piensan en una economía que está por fuera de la ley o encuadrada en la informalidad”.

En relación a la perspectiva de género Alamo señaló que “hay una producción social de cómo esas emprendedoras, van formando su trayectoria a partir de ciertas prácticas de empoderamiento, en darle la disputa al patriarcado. Se sale de la mujer pensada en actividades de cuidado y en ese proceso se dan cuenta que pueden producir sus materias primas y convertirlas en mermeladas y conservas, que hay una salida desde el punto de vista comercial”.

El docente destacó que “es interesante pensar en términos de cómo visibilizan estas experiencias y fomentan otra economía promoviendo estas prácticas de producción y de comercialización y disputan el espacio y el territorio al modelo de acumulación capitalista”.

La familia de Santiago Maldonado entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al estado argentino un informe realizado por un grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes de Chile, México y Colombia.

Las y los profesionales habían sido convocados en agosto para “despejar dudas” y “frente al intento del estado argentino dejar la desaparición forzada y muerte de Santiago en la impunidad” al cumplirse tres años de los hechos.

“Pedimos que el estado argentino tome en cuenta este informe para que se inicie una verdadera investigación de la causa de Santiago. Necesitamos saber la verdad, esa verdad que nos fue negada desde el 1° de agosto de 2017”, afirmó la familia en su web.

Compartimos las conclusiones del documento que puede leerse completo aquí:

De los elementos analizados por el GIEEI emergen serias y legítimas dudas acerca de la investigación. No hubo actuación investigativa que reuniera todas las características de independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyeran todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada, tal como lo indican los estándares internacionales.

La desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así. Por el contrario, en una actitud que riñe con el principio de imparcialidad, las autoridades desecharon esa primera hipótesis lo que desde el principio impidió desarrollar una debida diligencia y sembró desconfianza en la familia de las víctimas, en la comunidad involucrada y en amplios sectores de la sociedad.

Desde la ocurrencia de los hechos que fueron denunciados el mismo día como una posible desaparición forzada, las autoridades argentinas debieron aplicar los lineamientos establecidos en el Protocolo de Minnesota a fin de que se garantizara una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y efectivo conforme a la debida diligencia.

Tales características no se observan en las diligencias examinadas por el GIEEI.

Los hechos ocurrieron en un contexto de conflicto socio territorial histórico caracterizado por la negación de derechos a pueblos indígenas en Argentina. En este caso el Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche, reivindica la restitución de las tierras de ocupación tradicional de las cuales fueron desposeídos por privados con la anuencia del Estado argentino.

En ese marco se evidencia una preocupante vulneración de derechos fundamentales entre los que se encuentran el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos de raza, color, etnicidad, así como el derecho a la vida, a la integridad física, y a la privacidad.

Se comprobó la presencia solidaria del señor Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 en el lugar de los hechos como activista de los derechos de la comunidad reclamante. En esa condición, el señor Maldonado era defensor de los derechos humanos en favor de la comunidad del Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche.

El análisis de este contexto es relevante en la integralidad de la investigación. No se observa que estos aspectos se hubieran tenido en cuenta.

Conforme a los estándares internacionales además la debida diligencia en la investigación era necesario garantizar el manejo comunicativo imparcial relacionado con ella. Estos aspectos no emergen en el análisis que el GIEEI hizo de la situación.

Se advierte la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983.

Así mismo, se evidencia la ausencia de legislación para el trámite idóneo de los conflictos territoriales indígenas y protocolos específicos relacionados con protección y garantía de derechos a defensoras y defensores. Estas ausencias tocan directamente con situaciones estrechamente relacionadas con los hechos que se investigan y que de existir tales instrumentos contribuirían a una adecuada respuesta institucional.

La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizadas en el río Chubut y sus áreas circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 días después de la desaparición.

Esta situación genera un manto de duda sobre las demás acciones realizadas en el proceso de investigación, especialmente sobre las conclusiones reportadas por la Junta de Peritos en relación con el análisis postmortem del cuerpo.

La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima.

El análisis de medios y de redes en torno al caso de Santigo Maldonado, evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida.

En ese sentido a través de la estigmatización y desvalorización de la labor de acompañamiento que desarrollaba el señor Maldonado, se buscó diluir la hipótesis de intervención del Estado en su desaparición. El manejo de los datos, así como de la temporalidad, de los testimonios, buscó siempre fortalecer “el accidente” como explicación última de los acontecimientos.

La construcción narrativa dominante del caso de Santiago Maldonado, se orientó a contrarrestar la defensa de los Derechos Humanos y las reivindicaciones de los pueblos originarios. Aún a tres años de lo sucedido, la insistencia en la desacreditación de Santiago y su familia y de la comunidad a la que apoyaba, permiten afirmar que en el caso y su configuración mediática y digital, se da un escenario de disputa narrativa sobre los acontecimientos. La realidad y su trascendencia e implicaciones no pueden dejarse a merced del discurso oficial ni de las estrategias y operaciones de propaganda mediática.

Un año después de las revueltas estudiantiles por la suba del boleto de transporte público que dieron inicio a las manifestaciones en contra del sistema político e institucional chileno, arrasó el “apruebo” en el plebiscito sobre la reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Estoy muy feliz, cansada de tanto celebrar anoche, de tanto bailar y ocupar el espacio público que merece el pueblo. Fue un día mágico, precioso, a pesar de la pandemia que está muy fuerte”, aseveró a FM De la Calle, Daniela Oliva Carrasco.

Daniela es sobrina del militante del MIR, Víctor Oliva Troncoso, asesinado por la Triple A en Bahía Blanca. Carlos, su padre, declaró el viernes, cuando se cumplían 47 años del exilio del estudiante de Filosofía y Letras de la UNS. “Mi tío es uno más de esa memoria aquí en Chile, de esas ganas de hacer justicia social, así que también él estuvo presente ayer”.

El “Apruebo” ganó por un 78% y una cifra similar obtuvo la selección del órgano elegido para elaborar la reforma: será la Convención Constituyente para la cual se elegirán 155 representantes con paridad de género.

“Vivo a cuatro cuadras de la Moneda, me fui caminando a las escuelas, fui pasando por diferentes establecimientos y las filas eran enormes, parecía un día normal, en el que la gente decidió salir a votar con alegría”. 

El sufragio en el plebiscito no fue obligatorio, “era una de las trabas que puso la clase política reaccionaria, que sea un voto voluntario y otra la comisión mixta, que iba a tener el 50% de los parlamentarios actuales que conformen la asamblea”.

Sin embargo, el pueblo chileno decidió otra cosa: “Vamos a elegir a todos los asambleístas. Es la mayor participación desde la vuelta de la democracia, desde el plebiscito del 88”. 

Agregó que “la mayoría de la gente despertó por la necesidad de que se garanticen nuestros derechos sociales, culturales, derechos de participación. Más del 50% del universo de chilenos y chilenas votó, demuestra que sí queremos participar y hacer política, no queremos que siga esta clase económica y de privilegiados gobernando el país”.

La Constitución vigente había sido redactada y aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. “Lo que fue haciendo es sustentar un modelo neoliberal en el que fomenta el individualismo, la cultura de la competencia, el esclavismo”.

“En Chile si no tenés trabajo no tenés seguro social, si no trabajas no hay forma de vivir. Este sistema nos tenía presionados por vivir el día a día y ganarse el pan, hay que pagar por la educación, hay que pagar por la salud, las pensiones en Chile son paupérrimas, la gente no se quiere jubilar porque se va a reducir más del 50% de lo que gana de sueldo”. 

Les constituyentes serán electos el 11 de abril del próximo año. Se aplicará la ley de paridad, por lo tanto, será la primera constitución redactada de manera paritaria en el mundo.

“Necesitamos 2/3 en mayoría para lograr los acuerdos para este país libre. Ahí la derecha y la clase empresarial ya salió a hablar y comenzar a pensar en ganar esta minoría y frenar esta transformación social que vivimos como país. Luego de eso tiene que haber un voto, obligatorio, si estamos de acuerdo con esta Constitución. Lo más importante es el quórum, eso ya existe hoy, ese 2/3 y es lo que ha frenado el proceso social”, aseguró Oliva.

“Sueño con una Constitución que garantice los derechos humanos, que hable de ecología, plurinacionalismo, multiculturalismo, una Constitución feminista, que se apropie de las demandas de las disidencias sexuales, que también incluya a niños y niñas, que no sea adultocéntrica, que incluya a los jóvenes”.

“En Chile se vota cuando se es mayor de 18, los secundarios que se la jugaron por Chile ayer no pudieron votar y en la convención constituyente tampoco van a poder votar. Ese es un punto que necesitamos, por sobre todo, cambiar este modelo neoliberal a un sistema de desarrollo sostenible. Mucho por soñar, pero está más cerca, ronda esa sensación de que estamos legitimados institucionalmente”, finalizó.

Fotos: Emergentes.

El candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, obtuvo más del 50% de los votos y se consagró presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia. En noviembre se cumplirá un año del golpe de Estado contra Evo Morales.

En la Argentina, fueron 142 mil bolivianas y bolivianos los habilitados para votar, un 2% de los más de 7,3 millones autorizados en todo el mundo. Los datos cargados de los votos emitidos en nuestro país alcanzan al 46% de las actas y Arce se queda con el 88% de los votos.

La comunidad boliviana de nuestra región emitió sus sufragios en el consulado de Viedma. Sobre un total de 361 votantes, el 95,2% apostó a la vuelta del MAS al gobierno.

Rolando Rodríguez, dirigente de la Federación Nacional de Campesinos de Villarino, comentó a FM De la Calle que están “muy contentos” con el triunfo.

“Nos organizamos para que vaya a votar la gente, empadronar, hay quienes no tenían documento boliviano, se trabajó bastante”. 

“Yo vine desde muy chico, hace 36 años que estoy en Argentina. Es un orgullo poder apoyar al MAS que sabemos está por el pueblo y la igualdad. Cuando estábamos en Bolivia sabíamos que teníamos bajos recursos y tuvimos que emigrar para la Argentina”, contó.

Agregó: “Mis viejos vinieron cuando era chico. Me contaban que cuando emigraron para acá había mucho racismo, la gente reconoció lo que hizo Evo, creo que nos dio igualdad. Más allá de que yo no me crié en Bolivia, cada tres o cuatro años vamos a visitar familiares y te das cuenta de las cosas que hizo. En el pueblo donde yo vivía no había universidades, no había agua e hizo las obras. Por eso creo que la gente lo reconoció, está a la vista los votos que tuvo”. 

“De la derecha no se puede esperar cosas buenas, masacraron a un montón de gente, le pido a Dios que entreguen el gobierno pacíficamente”, finalizó.

Las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis continúan en decenas de ciudades de los Estados Unidos y enfrentan la amenaza de Donal Trump de desplegar a las fuerzas armadas para intensificar la represión. El rechazo al racismo se conjuga con la crisis sanitaria y económica que impacta con mayor fuerza entre afroamericanos e hispanos.

La escritora bahiense y activista por los derechos humanos, Alicia Partnoy, dialogó con FM De la Calle desde la ciudad de Los Ángeles, donde se desempeña como profesora de Lenguas Modernas en la Loyola Marymount University.

Participó del encuentro durante la emisión de En Eso Estamos, Jenae Lien, actriz y fotógrafa de la revista “These streets”. Lien interpretó el papel de la propia Alicia en una adaptación teatral realizada en Nepal de su libro “La Escuelita”, testimonio de su cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio que funcionó en nuestra ciudad durante el terrorismo de Estado.

“Yo estoy en casa porque tengo 65 años pero siguiendo de cerca con gran preocupación y, al mismo tiempo, con mucha emoción por lo que se está movilizando la juventud aquí.

-Las manifestaciones no solo se dan tras el asesinato de George Floyd sino también como consecuencia de la crisis desatada por el coronavirus en un país que ocupa el primer lugar del mundo en cuanto a cantidad de contagios y víctimas fatales.

A: No es casual. El sistema de salud de los Estados Unidos es un gran negocio y la gente de bajos recursos, la gente que está en las calles ahora, son en gran parte las minorías que han sido afectadas por la crisis que se ha agudizado por la situación del coronavirus, se han perdido muchísimos empleos.

Si bien se mandó un cheque que parece gran cantidad de dinero en términos argentinos, es un pequeño paliativo que no alcanza a cubrir las necesidades. Es la última chispa que encendió, es una larga historia de discriminación, de asesinatos a manos de la policía de jóvenes afroamericanos.

Las manifestaciones, en general, han sido pacíficas. Aquí se las quiere pintar como violentas. Ha habido saqueos pero la prensa, los grandes canales de televisión, la prensa comercial tradicional, si tenés estómago vas a ver que lo pintan como los subversivos que vienen a destruir todo, estos anarquistas que vienen a destruir todo.

J: Era una demostración pacífica, la cosa más frustrante es que el alcalde estuvo implementando toques de queda y el domingo estuvo incrementándolo. Nos llegaban mensajes que primero es a las ocho, después a las seis, ayer lo teníamos a las cuatro de la tarde. 

A: Esto es ostensiblemente para ilegalizar las manifestaciones y protestas pacíficas.

J: Estuve ahí, los reclamos eran pacíficos, estuvimos tratando de parar a las personas que querían tirarle cosas a la policía. Cuando llegué éramos como unos cien y después, cuando se juntó otro grupo de gente que venía a manifestarse, la policía se volvió violenta.

A: Estaba muy militarizada la policía. Este es un problema muy serio aquí. Ustedes saben que Estados Unidos vende y regala armamentos a todo el mundo, que el complejo industrial armamentístico se está alimentando de conflictos armados mundiales que ellos generan para poder enriquecerse. En este caso, la policía tiene gran parte del armamento que no les sirve en otros lados, se los regalan. Entonces, esta policía está altamente militarizada, altamente impunizada y es un peligro y lo han demostrado con los miles de asesinatos de gente inocente como el de Floyd.

-Donal Trump calificó como tibios a los gobernadores que no reprimían las protestas. ¿Cuál es la postura del gobernador de Los Ángeles? ¿Esta descripción que ustedes hacen corresponde a la de uno de esos “tibios”?

A: En teoría sería uno de los tibios. Es un gobernador muy progresista, que ha apoyado a los inmigrantes que están indocumentados, les ha dado servicios, ha implementado cosas muy progresistas. El alcalde de esta ciudad también supuestamente es alguien tibio según (el presidente). Aunque Trump amenaza que va a enviar las fuerzas militares a los estados que no cumplan con la represión, constitucionalmente todavía se está viviendo en una democracia. Es decir, se está usando un lenguaje dictatorial pero no creemos que los militares se plieguen a ese tipo de llamado, el sistema tiene otras formas de manipular y de reprimir.

Por ejemplo, (el alcalde Eric) Garcetti cerró los centros de test de coronavirus. Es un castigo y es mostrar un cuco, dijo que era porque tenemos miedo que haya violencia, es para proteger a la población. La violencia en este momento es la pandemia también, porque la gente va a las manifestaciones, es consciente de que se está arriesgando por estar con otra gente manifestando y necesita los test. Yo tengo una persona muy querida que testeó positivo y ahora no puede ir a hacérselo para saber si puede volver al trabajo.

– ¿Cómo ven las manifestaciones en cuanto al reclamo contra el racismo?

A: Hoy supuestamente yo no tendría que estar hablando con ustedes porque es Black Out Tuesday. Quiere decir que nos callamos en los medios, es en medios como instagram, ponemos una foto en negro para amplificar las voces de la gente afrolatina, afroamericana.

Aquí hay una variedad de respuestas, diversidad. Vas a encontrar gente afroamericana que dice acá no podemos estar usando ningún tipo de violencia y hay grandes sectores también que dicen ‘no nos digan a nosotros cómo demostrar, la violencia se ha ejercido sobre nosotros’. Esas cosas me recuerdan mucho a la lucha nuestra, de la Argentina, esto de que la violencia del pueblo no es violencia, es justicia. Cuando hay impunidad hay sectores, que no son necesariamente anarquistas, pero apoyan cuestiones violentas y hay grandes sectores que dicen ‘nos estamos arriesgando’. Cuando todo pueblo es reprimido hay una variedad de respuestas.

J: Quiero agradecerte por tomarte el tiempo para hablar de estas cosas porque venís de una experiencia de mucha lucha y tu voz es muy importante no solo para tener esperanzas sino para tener una mayor imagen…

Alicia y Jenae tras la entrevista con FM De la Calle.

A: Quiero mandar un abrazo gigante a mi gente en Bahía Blanca porque está preocupada por mí. Les mando un gran cariño, estoy bien, hay cosas que de pronto decimos ‘este es el lenguaje que se usaba en la dictadura’. En Atlanta, que hubo mucha resistencia, la alcaldesa dijo ‘acá viene gente de afuera a provocar’. Oh, es la misma cosa. Pero siempre hay que poner en contexto las cuestiones, no es exactamente lo que se vivió en ningún otro país.

– Están en medio de un proceso electoral, ¿hay alguna alternativa que surja de todo esto?

A: Yo creo que el problema es que se destruyó la alternativa de estos sectores marginalizados, empobrecidos, de la población y la juventud. Su expectativa se destruyó cuando el Partido Demócrata destruyó la candidatura de Bernie Sanders. De maneras ilegales, no podían tolerar que fuera elegido.

(Joe) Biden es un problema muy serio, no sé dónde está ahora, no se lo escucha decir mucho contra la represión pero tiene una historia bastante problemática y es el status quo. Obama de algún modo también, estuvo ocho años en el gobierno. Lo que te demuestra… nosotros tenemos experiencia con Isabelita que fue presidenta y mujer y no quiere decir que respondiera a nuestros intereses. Tenemos un afroamericano que estuvo y algún cambiecito pudo hacer, pero todo este problema policial que viene de antes de esa época, el de la intervención, del complejo carcelario, esos problemas no los intentó solucionar Obama y menos va a intentar Biden. Por mi parte no puedo votar por Biden.

J: No sé qué hacer, cuando empezás a hablar de esto te das cuenta de lo jodido que está el sistema. Esta democracia de dos partidos políticos no es una democracia.

– ¿Cómo fue interpretar a Alicia en La Escuelita?

J: Gracias por preguntar, todavía me faltan palabras para expresar lo que fue esa experiencia.  A través de ello pude entender más del mundo que conocía y que estamos viviendo en Estados Unidos pero hay problemas en todo el mundo, no podía creer lo que Alicia tuvo que atravesar. No podía creerlo. Que haya podido volver de eso, construir una familia en Estados Unidos, tener una hija con la que somos mejores amigas y ser una persona tan amorosa y dedicarse a la docencia. Eso me muestra que es tan fuerte que no importa lo que hayan hecho, no cambiaron quien era.

Fue una experiencia realmente maravillosa y aprendí mucho, no importa lo que tengas que atravesar, tenés la opción como ser humano de dar un paso más y eso me da mucha esperanza.

La semana pasada Chile superó cada día sus registros de contagios de Covid 19 y el gobierno profundizó la cuarentena obligatoria en la Región Metropolitana. La crisis continúa con la represión a quienes se manifiestan para demandar ayuda alimentaria.

“Vivimos un estallido social desde finales del año pasado aunque sus expresiones políticas se metieron al congelador por esta pandemia. Las demandas que tiene que ver con las desigualdades se mantienen. Hay mucho trabajo precario, si la gente no trabaja una semana es probable que a la otra no coma. Se da un cuadro de crisis sanitaria y crisis social, con un gobierno con un repertorio muy limitado frente a crisis sociales”, dijo a FM De la Calle el periodista Franco Pardo.

El analista político agregó que “estamos entrando en un momento complejo de la crisis. Lo más preocupante es que el sistema de salud está entrando a un momento límite, es una situación que forzó al gobierno a tomar medidas restrictivas, el gobierno se había resistido a tomar esta medida intentando mantener la economía a un ritmo más rápido del que se aconseja”.

Respecto a la asistencia económica, Pardo comentó que “ha llegado por goteo, no se trata de un plan que genera certezas. Ha sido primero un bono que está entorno a los 40 dólares por carga familiar, ni siquiera alcanza a cubrir la línea de pobreza y se está aprobando un ingreso de emergencia que tampoco la cubre”.

En Chile la pandemia entró por el sector más acomodado y la estrategia fue generar cuarentenas selectivas: “Se toma el territorio y si cumple las normas se levanta o sigue la cuarentena. Se está viendo una situación parecida, porque generar una cuarentena en un barrio acomodado es muy distinto que en los barrios populares donde hay hacinamiento y donde las respuestas sanitarias tardan en llegar. Este coronavirus es muy democrático en la forma en la que agarra a la gente pero muy antidemocrático en términos de cómo afecta a la gente”.

El gobierno de Piñera unificó en el marco de la emergencia la salud pública y la privada. Pardo aseguró que “el acceso a la salud es muy distinto, incluso cuando están interconectados los dos sistemas. Los hospitales están colapsados. Hay un cuello de botella que se genera, hay personas que esperan horas para ser atendidas en el sector público”.

“¿Quiere usted una nueva Constitución?”. La discusión acerca de la reforma constitucional chilena quedó en el congelador. El plebiscito tenía fecha para finales de abril pero con el comienzo del aislamiento se pospuso para octubre.

“Los conservadores que aceptaron esta salida fue por presión. Va a ser una discusión política muy importante en el sentido que se respeten las medidas del caso, considerando que la democracia no puede entrar en cuarentena”, finalizó Pardo.

El gobierno abandonó las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio del Mercosur con Corea del Sur, Canadá, Singapur, Líbano e India. La investigadora del CONICET y coordinadora de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, Luciana Ghiotto, explicó el significado de la decisión.

“Es una movida interesante del gobierno en un contexto convulsionado en la coronacrisis. Hay mucho ida y vuelta de información, Argentina no se salió del Mercosur, lo que hizo fue suspender su participación en las negociaciones del Mercosur como bloque. Esto excluye lo que es Mercosur- Unión Europea. Es como una situación muy anómala y va a abrir interrogantes de cómo seguir”, dijo a FM De la Calle.

Ghiotto comentó que “hay que tener en cuenta que los Tratados de Libre Comercio de comercio y de libres tienen muy poco. Son tratados que comprenden una gran cantidad de temas, no solamente de aranceles, sino compras de servicios, compras públicas, patentes, inversiones, es un conjunto de normativas. Se convierten en chalecos de fuerza para los Estados y sus capacidades para llevar a cabo políticas públicas”.

“Muchas de las políticas que se van a desarrollar en los próximos meses en el marco de la pandemia no están permitas por los TLC, los cuales prohíben estas medidas que puedan avanzar sobre los privilegios de las trasnacionales. Grobocopatel es el único que sale ganando del lado Mercosur con estos tratados”.

Respecto a las negociaciones con Corea del Sur, la investigadora señaló que “fue un acuerdo cuestionado porque no hay ningún acceso al texto y también porque se cuenta con experiencias de otros países que han firmado tratados con Corea”.

“Corea firma en su favor, por ejemplo, Samsung es una megacorpoación coreana que produce un montón de cosas, Daewo, Kia, qué van a ‘competir’ con industrias de América Latina. En Colombia se hizo una campaña en contra muy fuerte porque sabían que iban a afectar la producción nacional de línea blanca”.

En relación al impacto de los TLC en el capítulo de la propiedad intelectual, Ghiotto explicó que lo que han hecho es “extender cada vez más el uso monopólico de las patentes por parte de las farmacéuticas. Les encuentran pequeños engaños para que una patente pueda ser extendida en el tiempo a medida que se le descubren más propiedades. Eso hace que vos no puedas producir con laboratorios nacionales un genérico y bajarle el precio -por ejemplo, aquellos que son usados para grandes campañas de VIH o Hepatitis C- y se los puedas dar gratuitamente a la población. Pone de igual a igual a grandes empresas a competir en licitaciones públicas, como podría ser Bayer contra Bagó”.

Para Ghiotto, la salida de la mesa de negociaciones del acuerdo con Corea “es una jugada compleja porque la urgencia más grande es Unión Europea- Mercosur. Ese acuerdo va a estar para ser firmado en unos poco meses. Ahí hay una urgencia real que es que estamos exigiendo que el gobierno tome una posición contraria”.

Centenares de personas, organizaciones y asambleas de países de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia, Africa y Oceanía, en tiempos de cuarentena se autoconvocaron para realizar un llamado a la Acción Global por una Democracia de la Tierra.

La pandemia nos recuerda que violamos los derechos de la Tierra y de todas sus especies por nuestra cuenta y riesgo, y que sería prudente que consideráramos los conocimientos y la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios, guardianes de la Tierra a lo largo de los tiempos, cuyo profundo respeto por la Tierra se basa en la conciencia de la interconexión de toda la vida. Dañar una parte significa dañar el todo.

Esta pandemia no es un “desastre natural”, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son “desastres naturales”. Las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas – causadas por actividades humanas.

La emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos como comunidad mundial está relacionada con la emergencia sanitaria a la que se enfrenta la Tierra: su constante degradación, la extinción y desaparición de especies y la emergencia climática.

Cuando utilizamos venenos y agrotóxicos, como insecticidas y herbicidas para matar insectos y plantas en el modelo industrial de agricultura, producimos desertificación, contaminamos el agua, el suelo, el aire y destruimos la biodiversidad.

Los agrotóxicos están llevando a la extinción a las especies, incluyendo a los agentes polinizadores, como hemos visto en la drástica disminución de las abejas.

Cuando hacemos minería metalífera a cielo abierto utilizamos millones de litros de agua que es esencial para la vida humana y la naturaleza.

Cuando practicamos la fractura hidráulica o “fracking”, alteramos la conformación geológica y aumentamos el riesgo sísmico.

Cuando quemamos el carbono fósil que la tierra ha fosilizado durante 600 millones de años, violamos las fronteras planetarias. Al industrializar y globalizar nuestros sistemas alimentarios contribuimos hasta un 50% de los gases de efecto invernadero y el cambio climático es la consecuencia.

En el Día de la Tierra, pidamos disculpas por el daño que le hemos causado con la ilusión de la separación, creando paradigmas y herramientas violentas que han hecho la guerra contra la Tierra. Apreciemos su magnificencia y su belleza que tanto eleva nuestros espíritus y comprometámonos a hacer la paz con la Tierra y todas sus especies co-creando con ella sobre la base de sus leyes de la vida.

La Tierra nos ha dado un claro mensaje a través de la pandemia del Coronavirus. Es nuestro imperativo moral, dedicar este momento en el tiempo para hacer una transición a una civilización ecológica para que sembremos las semillas de un futuro común para la humanidad y todos los seres.

Acceso al documento en español: www.naturalezadederechos.org/TIERRA.pdf