Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

La concejala Gisela Ghigliani (UC) dijo que los dichos del intendente Héctor Gay, durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, “a priori parecen muchos deseos de buena voluntad, comentarios de una charla de café pero no para decir hacia dónde va la ciudad”.

“Fue muy pobre, hubo una enumeración de algunas cuestiones que se realizaron y de las que uno no va a renegar”, manifestó en diálogo con FM De la Calle y destacó que faltaron detalles sobre “cuáles son las políticas públicas vinculadas a lo social, a las políticas de género, a la salud pública que realmente modifiquen y mejor la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

“Siempre te queda la sensación de que el intendente Héctor Gay no es una persona que se ponga al hombro la conducción política de la gestión y parece que estuviera comentando las cosas de Bahía Blanca como si estuviera en un programa de los que él hacía”.

Ghigliani afirmó que “no podemos hablar de integración y de inclusión cuando acaban de cerrar las salas maternales. Género directamente no se nombró cuando aquí hemos tenido mujeres muertas por violencia de género, hemos tenido femicidios, está en emergencia de violencia de género y no ha hecho una reasignación de partidas en función de una política preventiva”.

“Prometieron enviar un paquete de proyectos de ordenanzas para facilitar y mejorar la radicación de nuevas industrias lo cual nos parece de un optimismo desmedido mirando las variables de nación y provincia”, finalizó.

La subsecretaria de Educación, Morena Rosselló, ratificó ayer a integrantes de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante el cierre de salas para lactantes y ambulatorios en los jardines municipales.

La cantidad de familias afectadas por el ajuste disfrazado de “reconfiguración y normalización” surgirá de la copia de las actas de preinscripción solicitadas en la reunión. La matrícula general de las instituciones dependientes de la comuna fue de 546 niñas y niños en 2018 y en 2019 es de 543.

“Lamentablemente lo que quedó como saldo es que no hay marcha atrás -dijo a FM De la Calle Carlos Quiroga-. El argumento que dan es que carecen de espacio suficiente como para incorporar niños y niñas, que hay una demanda mayor para salita de dos años y que han privilegiado mayor ingreso a la de dos en detrimento de la de lactantes y ambulatorios que estarán cerradas este año. Es un derecho que muchísimas familias pierden”.

Rosselló se comprometió a remitir al Concejo la normativa que establece las dimensiones mínimas requeridas para las salas de lactantes y ambulatorios. “Nos hablaron de una serie de obras en marcha por valores millonarios, nos van a enviar hoy el detalle pero imaginábamos que se trataba de una ampliación de los jardines maternales que iba a permitir recuperar en el futuro el derecho conculcado”.

“Pero no. Lo que están haciendo es adecuación de algunas salas preexistentes para mejorar las condiciones de seguridad e higiene y, fundamentalmente, salidas de emergencia. Cuando estén terminadas permitiría incorporar un par de niños más en cada aula pero nada más. No hay un solo metro cuadrado más previsto para construir en los jardines maternales”, destacó el edil.

Quiroga manifestó que contar con el apoyo municipal y el acceso a las salas de 45 días a dos años es un derecho para que “la gente pueda organizar su vida”. “Son familias que si tienen que pagar para poder dejar a sus chicos no están en condiciones de hacerlo o es cambiar la plata”.

“Este es el ajuste en el ámbito de los jardines. Creo que la idea es avanzar paulatinamente en el cierre de salas para la Municipalidad, en un futuro, desprenderse de este servicio”, concluyó.

El próximo viernes el intendente Héctor Gay deberá concurrir al Concejo Deliberante para brindar su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Por decisión del presidente del cuerpo deliberativo, Nicolás Vitalini, solo podrán ingresar al recinto invitados y prensa previamente acreditada.

El oficialismo ya había prohibido el ingreso al público a la primera sesión extraordinaria de 2019 cuando se aprobó el presupuesto y un nuevo tarifazo del boleto del transporte local.

Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana) dijo a FM De la Calle que “el argumento formal es que el factor de ocupación del Concejo es de 132 personas y, como el cuerpo protocolar excede ese número, resulta imposible abrir la sesión como indican la Ley Orgánica de las Municipalidades, el reglamento, el sentido común y la convicción democrática. Lo de la prensa va en la misma dirección”.

“Se enmarca una vez más en estas posturas de la administración Cambiemos de alejarse de la gente y de generar políticas de aislamiento en el convencimiento de que están haciendo daño a la sociedad”, agregó.

Gustavo Mandará (PJ Cumplir) manifestó que “no compartimos para nada la idea de la presidencia de elaborar un registro de periodistas ni mucho menos las restricciones que se pretende imponer al público general”.

“Es innecesario y, a los fines esgrimidos para prevenir incidentes, tiene un efecto contrario, puede llegar a ser una provocación, ¿por qué negar el acceso a donde siempre fue libre? Ojalá se revea la decisión y sea una nueva marcha atrás”.

Gabriela Schieda, del monobloque Arturo Illia, opinó que “no me parece lo más democrático pero entiendo que no pase lo mismo del año pasado. A mí gustaría que sea abierto a todos”.

“Queremos mostrar la situación de los pequeños productores, el aumento de los costos de la semilla, de los insumos, los bajos precios a los que nos compran la verdura”, señaló Marisol, delegada de la Unión de Trabajadores de la Tierra desde el feriazo que se realizó esta mañana.
La protesta forma parte del Verdurazo convocado a nivel nacional en repudio a la represión de la Policía Metropolitana a productores de la agricultura familiar y en demanda de políticas públicas para el sector.
En la esquina de Bolivia y Entre Ríos se reunieron trabajadores y trabajadoras de Bahía, Pedro Luro y Ascasubi: “En Luro vendemos 5,50 o 6 pesos el kilo de cebolla, el consumidor paga mucha plata y el productor cobra muy poco. Hablamos con el intendente pero no nos supo resolver nada”, comentó Roberto a FM De la Calle.

Ezequiel Gimeno, concejal de PJ Cumplir, dijo que “no existe razonabilidad ni proporcionalidad en el aumento del 39% para las empresas de gas”.

Respecto a los planteos que realizaron en la Audiencia Pública a cargo del Enargas comentó que realizaron tres propuestas: “Declarar a la ciudad como zona fría, la posición en contra del aumento y un aumento de los metros cúbicos de la tarifa social que quedó muy baja. Actualmente no cumple el objetivo ni la finalidad de la tarifa”.

Por último, declaró que “antes las distribuidoras le compraban a las petroleras y fijaban el precio entre partes, a partir de la suba del dólar las empresas distribuidoras ofrecen el valor del gas, esto hizo que baje casi 20 centavos de dólar el valor de lo que venían pagando. A pesar de que el insumo para las distribuidoras bajó sigue habiendo un aumento del 40 %. El año pasado el gas aumentó un 75%. Sus costos no son tal altos para aumentar tanto”.

“Esta situación obliga a pensar los cuidados de manera privada ya que son las mujeres más pobres quienes toman esta decisión. Además que entorpece la posibilidad de que dediquen tiempo a otras cosas”, comentó la economista feminista María Julia Eliosoff.

La columnista del programa En Eso Estamos explicó que “los hogares pertenecientes a diferentes estratos económicos, tienen diferentes grados de libertad porque hay algunos dispositivos privados que son imposibles de acceder. Es imposible que salgan al mercado a buscar cuidado”.

“O tienen que recargar sus jornadas laborales participando del mercado de trabajo y después volver a cuidar a sus hijos o pueden acceder a los dispositivos del Estado. Si el Estado se empieza a correr de estas tareas está imposibilitando a estas mujeres a acceder otro tipo de actividades (estudiar, empleos mejores) que no sea quedarse en la casa cuidando a sus hijes”, argumentó Eliosoff.

“Esta distribución de los cuidados es un vector de profundización de la desigualdad de género y pobreza”, concluyó.

Betiana Gerardi, concejala de PJ Cumplir e integrante de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante comentó que mañana tendrán una reunión con la subsecretaria de Educación, Morena Rosselló, para informarse sobre el cierre de salas maternales en los jardines municipales.

“Me gustaría ver en los papeles qué es lo que tiene porque Mamás Cuidadoras y los maternales se planteaba cuando estaba bajo la Subsecretaría de Niñez. Ahora, Mamás Cuidadoras depende de la Subsecretaría de Niñez, los jardines y maternales de la Subsecretaría de Educación y los espacios Nido de la Subsecretaría de Deportes”, comentó.

Respecto de la situación de las becarias, señaló que “eran profesionales, docentes recibidas pero en una condición precarizada. Durante 2017 comenzó a salir dinero del Fondo Educativo para equiparar salarios de las docentes, más allá que se reclama hace rato que en el cargo de docente debería estar en el escalafón del Sindicato Municipal”.

En cuanto al impacto del programa Mamás Cuidadoras como política pública, la edila confirmó que “la población que atiende es de 20 niños, porque una mamá solo tiene 2 o 3 nenes, no es una gran cantidad, pero eso los espacios no son tan grandes”.

Andrea Piangatelli es una de las “beneficiarias” de los créditos UVA y, junto con otras familias, denuncia que las cuotas mensuales se duplicaron con la suba del dólar.

“La expectativa era pagar una cuota como si fuera un alquiler, pero teníamos una proyección de inflación de un 20 o 25%, no un 48”, comentó a FM De la Calle.

Agregó que “si bien la cuota es alta, nos preocupa el capital que crece día a día, quien sacó un millón seiscientos ahora debe tres millones. Es un problema que padecen 140.000 familias argentinas”.

Las familias organizadas mantuvieron ayer una reunión con el presidente del HCD, Nicolas Vitalini, y el senador provincial Andrés De Leo.

“Quedaron en seguir trabajando” respecto a una reducción en las cuotas. Sin embargo, la propuesta vigente de reducir los montos no es suficiente, “ingresás al homebanking, te ponen la extensión del plazo y, en mi caso, la cuota se reduce mil pesos por mes y el crédito se extiende a 25 años”, finalizó Piangatelli.

Roque Sánchez, gerente administrativo de la Corporación del Comercio, comentó los resultados de un relevamiento realizado en el microcentro.

“El aumento de los servicios y de las cargas impositivas afectan severamente a las Pymes. Le pedimos al municipio que controlen la venta ilegal pero entiendo que por el vació legal no deben poder hacer mucho”, concluyó.
Los comerciantes se quejaron de los reiterados incrementos de las tarifas y los alquileres. En cuanto a las expectativas económicas, el 60% de los encuestados opinó que 2019 será peor que el segundo semestre del año pasado, el 35% que será estable y solo el 5% cree que la economía va a mejorar.

 

La subsecretaria de Educación Morena Rosselló negó en conferencia de prensa el cierre de salas en los jardines maternales municipales. Sin embargo, la funcionaria admitió que en 2019 no ingresarán bebés de entre 45 días y dos años.

Rosselló habló de una “reconfiguración y una normalización de alguna de las salas vinculado con lo que era la demanda de las salitas de dos años” para hacer “más eficiente el funcionamiento” del sistema.

Las preinscripciones realizadas a fines de 2018 fueron para detectar “sectores o grupos etarios de la comunidad que presentaban mayor necesidad”.

La subsecretaria negó recortes presupuestarios aunque reconoció que trabajan “con un recurso fijo, estable, con un recurso igual” que no tuvo en cuenta el impacto de una inflación cercana al 50 por ciento.

En cuánto a los cupos existentes para niñxs de 45 a dos años en Bahía Blanca, Rosselló remitió a la prensa a averiguar el dato en Dirección General de Cultura y Educación.

“Trataremos de atender algunas situaciones particulares”, finalizó.

Después de dos años de recuperar el frigorífico, trabajadores y trabajadoras anunciaron la apertura de una carnicería propia.

“Lo logramos, podemos decir que vamos a hacer la apertura el 8 de marzo a las 10 de la mañana”, comentó Orlando Acosta, trabajador de INCOB.

“Surge  como agradecimiento a todos los bahienses. Nos planteamos qué podíamos hacer para dar una mano a los vecinos. Decidimos abrir una carnicería social, con precios bajos o con la carne directamente al costo en algunos casos porque sabemos que es difícil acceder al producto”.

Respecto al embargo que realizó AFIP a la cooperativa durante el año pasado, explicó que “por ahora no hemos podido llegar a cerrar una ley. Hemos conseguido la excepción que nos permitió trabajar durante dos años sin inconvenientes y hablar con el organismo para decirle que no es que no tengamos voluntad de pago sino que es mucha la deuda que se genero en la gestión de Garaggiola”.

Un grupo de padres y madres de la Escuela 36 de Villa Nocito denunció la presencia de roedores en las instalaciones además de múltiples deterioros en el edificio.
Gabriela Delfino, secretaria general de SUTEBA, señaló que “hay puertas oxidadas abajo y sin terminaciones y por ahí entran los roedores. El deterioro que padece el edificio fue denunciado todos los años pero nunca fue arreglado, hay vidrios y rejillas rotas. Esto hizo que algunos chicos se lastimaran”.
Por otro lado, advirtieron la situación del Centro de Educación Complementaria que funciona dentro del mismo establecimiento:”Esta institución está acomodada en lo que antes era una biblioteca. Los chicos deberían estar viniendo al período de compensación, les ofrecieron a los docentes un aula en el espacio Nido, los chicos tienen que estar cuatro horas, hace mucho calor. En ese lugar tienen que estar docentes, alumnos y compartir baños y lugar con el resto del personal”.
“Tienen que tomar la decisión política de no poner parches y arreglar la escuela”, finalizó.

Micaela Schmidt es una de las maestras jardineras cuyo contrato como becaria no renovó el municipio. Desde 2016 se desempeñaba en el jardín “Te veo bien” y en junio del año pasado -en mitad del ciclo lectivo- le informaron que no debía concurrir más a su trabajo.

“Estuve ocho días trabajando sin cobertura, sin saber que tenía la baja, me enteré porque llamaron al jardín preguntando por qué estaba yendo a trabajar y ahí nos informaron que desde el 1º estaba de baja”, comentó la docente.

“Nosotros tenemos un contrato de dos años y ahí recién podemos pasar a planta. El 18 de abril cumplí los dos años, como la fecha pasó pensé que me iban a pasar a planta. Fue un caos en el jardín, tenía una sala de dos años a cargo. No son paquetes los nenes, sufren, se adaptan a una docente a sus rutinas, a su forma de trabajar”.

En cuanto a sus condiciones laborales, Schimidt detalló que “no tenía obra social, me pagaban en negro un sueldo mínimo de siete mil pesos y hacía el mismo laburo que una maestra en planta”.

Desde la Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros y Cadetes denuncian que la empresa BKT, más conocida como Milanno, “aludiendo problemas económicos ha decidido despedir a todos los compañeros que formaban parte activa de nuestra organización, entre los cuales se encuentra nuestro secretario general”.

Jonathan Landa, secretario adjunto del sindicato señaló que “nunca logramos que nos dieran las cargas sociales, cuando se empezó a pedir mejoras la empresa anuncio que iban a despedir gente”.

“Mientras aducen que hay una situación de crisis van abriendo otros locales, con otra firma, pero ellos no quedan en la calle, los compañeros si”, sentenció Landa.

Advirtió además que “lejos de ‘fundirse’, la patronal comenzó a ‘mudarse’ de rubro, abriendo tres locales en los cuáles venden mercadería sin cocinar (Milanesia, ubicados en Vieytes y Roca, Alsina y Rincón y Salta y Nicaragua)”.

El cierre de salas de los jardines maternales motivó el pedido de informes por parte de la oposición del HCD. Gisela Ghigliani (UC) comentó que intentaron hablar con Romina Ayala, responsable de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, pero no los atendió.

“Es una irresponsabilidad absoluta, que una funcionaria te diga haceme las preguntas por escrito, es vergonzoso”, comentó la concejala.

“También vemos que hay un montón de becarias que se les renovó el contrato desde enero hasta junio de este año, es increíble que se manejen de esta manera, esto habla de la calidad de gestión”.

Ximena Clementi anotó a su hija en el maternal del Jardín Pacífico el año pasado pero el lunes le avisaron que cerraron las salas de bebés de 45 días hasta dos años.

“A partir de mi posteo en Facebook otras mamás, que también habían anotado a sus hijos en jardines municipales, empezaron a decirme que no les daban respuestas”, señaló.

“En noviembre me proyectaba trabajando tranquila, teniendo tiempo de estudiar. No tengo un trabajo estable y los jardines maternales están arriba de tres mil, cuatro mil pesos”.

Si bien la información fue confirmada por las instituciones educativas, las autoridades municipales se negaron a hacer declaraciones al respecto.

La medida fue informada por la directora de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica Municipal, Romina Elizabeth Ayala. El gobierno municipal no está renovando los contratos de las maestras que se desempeñaban como becarias.


Viviana Marfil,  secretaria general de ATE y trabajadora del Centro de Fortalecimiento Comunitario, habló acerca de las problemáticas que atraviesan las instituciones para jóvenes en conflicto con la ley y la reforma del régimen penal juvenil.

El proyecto del gobierno nacional pretende bajar la edad de imputabilidad a los 15 años para delitos graves.

“Estamos hablando de una ley penal juvenil de hace diez años donde dice cómo se debe trabajar, dónde los dispositivos se crearon a medias, porque están en la ley pero no está la resolución que diga con que personal hay que contar”,  dijo Marfil.
Por ley hay tres dispositivos: Centro de Referencia, Centro de Recepción y Centro de Contención. “El de Referencia cumple la misma función que el Patronato de Liberados con menores de 16 a 18 años. Hay un operador de calle sin equipo técnico. El Centro de Recepción está hace cinco años y hay dos asistentes. Iban a poner los tres centros en Espora pero en concreto no hay nada”, concluyó.

El defensor oficial general Pablo Radivoy opinó acerca del debate entorno a los hechos de inseguridad,  las reincidencias y las falencias del sistema penal.

“Hay un doble discurso desde el Ministerio de Seguridad, les dicen a los jueces que no detengan gente porque no tienen lugar dónde ponerlos. Pero mediáticamente se dice otra cosa y la culpa es de los jueces. No se construyeron más cárceles y cada vez hay más detenidos, la ecuación no da”, señaló.

Destacó, además, que “las cárceles están atestadas, la Unidad de Villa Floresta tiene 200 detenidos más de los que puede albergar. El Patronato de Liberados funciona con menos gente de la que debería. La policía le pide nafta a la Municipalidad cuando son recursos de la Provincia. Faltan recursos humanos y económicos”.