Se agrava la crisis hídrica: cada vez más barrios sin agua

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Decenas de barrios de la ciudad tienen problemas con el suministro de agua. Algunos sin servicio y otros con poca presión. Vecinos y vecinas demandaron soluciones esta mañana frente al Municipio, la sede de ABSA y su planta potabilizadora.

En Universitario los últimos días trascurrieron “secos, sin agua, con mucho calor y viento. Por momentos había que estar atento para juntar un poco de agua. Este problema tiene 40 años y se agrava año a año”, comentó a FM De la Calle Marta Daneri.

Añadió que “las respuestas que ABSA y la provincia nos dan son irrisorias, desde 2016 decían que iba a estar solucionado, ahora dicen que en cinco años. Somos mansos, no hacemos nada. Vamos a morir de sed, porque con el Covid y sin agua nos vamos a morir. No quiero pensar donde hay chicos o gente mayor, aglomeraciones, es dramático, tenemos que hacer algo”.

La empresa prestadora ofreció repartir bidones de agua mediante camiones cisternas: “Son un chiste, esto de repartir bidones es de hace 50 años, que el aguatero llevaba agua o cuando se secaban los aljibes iban los aguateros. Es irrisorio, es un chiste la propuesta, ayer fueron a llenar un tanque y la manguera que llevaban era corta. Cosas chistosas, uno se ríe de amargura pero es muy grave”.

“Nos dirigimos a la provincia porque son los que tienen que poner el dinero pero el intendente es el representante político y es el que tiene que solucionar esto. Esperamos que se decrete la emergencia hídrica y sanitaria, yo no me puedo lavar las manos, ¿qué me van a decir a mí?”, señaló Daneri.

Agregó que “por Universitario no pasan las cisternas, me alcanza el mínimo para juntar para tomar. Para bañarme me voy a otra casa. Acá pasamos un día entero sin agua y a la noche viene y junto. Me ha pasado que dejo una canilla abierta y no me doy cuenta cuándo sale agua, no se puede vivir sin agua, es terrible lo que está pasando”.

Por último, la vecina mencionó que “le falta actitud a la dirigencia local. Además nos mienten porque si nos dicen la verdad le vamos a la yugular. No me importa que no se pueda, que las inversiones no se qué, la gente necesita agua. La plata va a los bolsillos de los políticos y no a las obras. Para ellos hacer política es pensar con quién hago alianzas, no tienen la cabeza en pensar cuáles son los problemas de la gente”.

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Avanza la designación de jueces para el Tribunal Oral bahiense

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Dos candidatos a integrar el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca expusieron esta semana en la Comisión de Acuerdos del Senado. Sus pliegos se tratarán en la sesión del próximo martes. Deberán intervenir en causas de lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico y delitos económicos.

Son el fiscal Sebastián Foglia y el juez subrogante de Viedma Ernesto Sebastián. El tercer candidato es el juez Eduardo D’Empaire, cuestionado por ser uno de los autores de la condena a ocho años de prisión de Rosalía Reyes.

Por otra parte, Alejo Ramos Padilla fue respaldado para hacerse cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia.

Foglia planteó que tiene una trayectoria de veinte años en el Poder Judicial, catorce de ellos desempeñándose como fiscal del Departamento de Bahía Blanca. Realizó cuarenta juicios orales promedio por año y tiene a cargo a 25 personas.

En cuanto al TOF que pretende integrar describió que cuenta con veinte personas empleadas en tres secretarías: General, Ejecución y Lesa Humanidad. “Es el único del país que no tiene ninguno de los tres jueces. Los tres primeros habían jurado en el 95, en 2013 falleció uno, en 2015 se jubiló otro y desde 2018 no hay ninguno”.

“Hay 60 causas para realizar juicio oral y unas 70 personas detenidas con prisión preventiva a la espera del juicio. Esa es la labor prioritaria. El TOF tiene demoras de tres años o más en algunas causas”.

Foglia destacó que, fuera de la sede de Lavalle y Chiclana, en el edificio del Rectorado de la UNS funciona la sala de los juicios de lesa humanidad. “Ha sido un éxito abrir las puertas de esos juicios a la comunidad”, dijo y recordó que resta desarrollar un “megajuicio” en la causa Ejército: “Se puede realizar un juicio integral con todas las elevaciones de los últimos años que restan juzgar”.

Por su parte, el actual juez subrogante del Juzgado Federal de Viedma, Ernesto Sebastián, relató que ingresó al Poder Judicial hace veinte años y que conoce “perfectamente la jurisdicción” de Bahía Blanca.

“Vamos a implementar el sistema adversarial y en particular soy un ferviente partícipe de los juicios por jurados”, afirmó. Agregó que la reglamentación debería tener en cuenta la participación de pueblos originarios en provincias “como Rio Negro y Neuquén”.

En cuanto a la demora en el trámite de las causas del tribunal aseguró que “están limitadas a causas de narcotráfico de popularidad respecto a la gran cantidad de material de estupefacientes pero que están prorrogadas por Casación”. Una de ellas es la de Bobinas Blancas referida a las casi dos toneladas de cocaína secuestrada en el Parque Industrial bahiense.

Respecto al pago del impuesto a las ganancias por parte de jueces y juezas Foglia manifestó que es “justo y razonable”. “La intangibilidad en aras de la independencia del Poder Judicial no se ve afectada por el pago de un impuesto general, eso no puede eso constituir una persecución a los jueces. Hay que contribuir a solventar los gastos del país. No es una garantía sino un privilegio”.

Por su parte, Sebastián también se mostró de acuerdo y afirmó que “para alcanzar la igualdad de cargas públicas y de tributos deberían tributar todos los miembros de los tres poderes del Estado”.

Ramos Padilla se refirió a causas bahienses

Alejo Ramos Padilla subrogó el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca luego de que el Consejo de la Magistratura corriera a Santiago Ulpiano Martínez por obstaculizar las causas de lesa humanidad.

En el marco de la presentación de su candidatura para ser juez federal platense recordó que estuvo a cargo de los procesamientos del juicio pendiente en la causa Ejército mencionado por Foglia y Sebastián.

“Actualmente se está llevando adelante el primer juicio oral y público por los hechos llevados a cabo por la Triple A, me tocó dictar el procesamiento de aquellos miembros. En su momento llegué a convocar a prestar declaración indagatoria al propio presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que no concurrió en tres oportunidades, fue declarado rebelde, y al poco tiempo el Consejo de la Magistratura llevó adelante una acusación y el tribunal de juicio, un día antes de dictar sentencia se le aceptó la renuncia. Me enteré que hace pocos meses el juez que vino cuatro años después retomó ese camino y lo procesó”, afirmó.

Recordó que tras relevar a Ulpiano Martínez encontró “un grave desorden, enorme, con centenares de personas privadas de su libertad a las que no se les resolvía su situación procesal, a los cuales no se les había tomado declaración indagatoria y más de treinta prisiones preventivas vencidas”. 

Se refirió a cuestionamientos recibidos de dirigentes de Juntos por el Cambio vinculados a la causa Suris y otras derivadas. “Estuve seis meses en el juzgado. Es difícil que a un juez le hagan un cuestionamiento por una demora de seis meses, eso alcanzaría como para no ahondar mucho más. Sin embargo hubo una investigación penal que duró cuatro años y que determinó que yo no demoré la causa sino que la avancé”.

Las acusaciones fueron ampliamente difundidas por varios medios, entre ellos La Nueva Provincia. “Había una investigación que involucraba a Juan Suris con una usina de facturas truchas. Esa causa la elevé a juicio. Había otra causa paralela en el tribunal oral por narcotráfico donde decretan la nulidad de lo actuado por el juez que me había antecedido, que era un secretario, Suris me plantea la excarcelación y digo que la causa tenía que ir rápidamente a juicio y se la deniego. Esta era la causa madre”.

“La otra era la de Ficadenti que era uno de los usuarios de estas facturas. Cuando uno investiga una evasión tributaria necesita una determinación contable. Le pedí a la Corte que determine quiénes habían sido los usuarios de esas facturas”.

Explicó que cuando llegó el primer informe parcial convocó a declaraciones indagatorias. “No solo acomodé el expediente desde el punto de vista procesal sino que la impulsé adecuadamente. Luego se hizo una investigación y el propio fiscal dijo que no había ninguna irregularidad de mi parte”.

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“Pera pero solo escuchó los cargos y pidió estar afuera”

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El martes se conocerá el veredicto sobre la responsabilidad del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, en los hechos de violencia ocurridos contra dos concejales en 2015, cuando ocupaba una banca por el Frente Renovador.

“Declaramos a medida que nos fueron llamando y se nos explicó que no podíamos presenciar toda la audiencia por cuestiones sanitarias. Estuvieron el juez, el fiscal, el defensor y el testigo. Podría haber estado Ricardo Pera pero solo escuchó los cargos y pidió estar afuera porque no se sentía bien”, explicó a FM De la Calle Gustavo Mandará, quien junto a Sergio Massarella fueron los agredidos.

Señaló que “el viernes pasado le pidieron a Pera que participe de una pericia médica, se negó y el juez dijo que se hacía la audiencia. De parte nuestra, los testigos que declararon son una empleada del Concejo, Pablo Rosenfelt y otra persona empleada del IOMA que eran mayores contribuyentes y Massarella”.

“De la parte de Pera, declaró alguien que sigue siendo empleado de Concejo pero cumple tareas en otro lado que es el señor Trellini y luego Rafael Emilio Morini que dijo que hacía mucho no lo veía”, agregó Mandará.

El concejal del Frente de Todos destacó que, en su caso, “fue volver a narrar todo, con las obvias cuestiones de que pasaron hace seis años, hay cosas que uno cree que las tiene muy vividas pero pasó el tiempo”.

“Uno de los canales de aire de Bahía hizo un informe y pasó las imágenes de 2015 y a lo que dijimos con Sergio en la salida de ese día tan triste no le agregaría ni una coma. Pedimos que actúe la justicia y eso está ocurriendo”.

Por último, destacó que “hay un correlato de explicaciones de porqué se demoró (el juicio), hubo éxito de las dilaciones de la parte de Pera, esto cayó en las manos del juez Ares que se jubiló un poco antes de la pandemia y cayó en este nuevo juez al que le vi la cara ayer en la audiencia por primera vez”.

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Triple A: la CPM contextualizó documentos DIPPBA sobre los “grupos de tareas civiles”

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La directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, Claudia Bellingeri, declaró, en carácter de testigo de concepto, en el marco del juicio que lleva adelante el TOF de Bahía Blanca contra los responsables de los crímenes cometidos por el grupo parapolicial Triple A entre 1975 y los primeros meses de 1976.

Como organismo designado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para la preservación, administración y gestión del archivo de la DIPPBA, la CPM realizó para esta causa un aporte documental de 164 registros, entre fichas, legajos e informes que individualizan a los integrantes del grupo de tareas civil, el seguimiento a muchas de sus víctimas y las conexiones con la Universidad Nacional del Sur y el diputado Rodolfo Ponce, entre otros aspectos que se ventilan en este juicio.

Las audiencias continuarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

La exposición de Bellingeri fue acompañada de una serie de diapositivas en las que se mostraban extractos de documentos oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) con datos de las víctimas de la Triple A en Bahía Blanca, la participación del por entonces interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu, en la coordinación del grupo de tareas sobre los claustros estudiantil y de no docentes, y el rol del diputado nacional Rodolfo Ponce -secretario general de la CGT local- en la conducción del grupo civil, además de la inserción funcional de la DIPPBA dentro del esquema y zonifación del terrorismo de estado.

El testimonio se extendió por más de tres horas y contempló la explicación y contextualización de 164 documentos aportados por la CPM en tres informes distintos que fueron presentados durante los últimos años desde el inicio de la investigación penal.

En primer lugar, la testigo de concepto detalló los principios de integralidad, cadena de custodia y autenticidad de los documentos, a partir del extenso trabajo de desclasificación, organización y digitalización del archivo DIPPBA. En ese marco, también se proyectó en plena audiencia el video titulado “La Inteligencia también fue Terrorismo de Estado”.

En cuanto a la Comunidad Informativa -categoría que designa la articulación, coordinación y colaboración de todas las agencias de inteligencia del país para la ejecución del plan de exterminio-, describió sus organigramas, funcionamiento orgánico, y su expresión local en Bahía Blanca.

De las reuniones de la Comunidad Informativa bahiense, por ejemplo, Bellingeri destacó documentos que prueban que Tetu participó activamente aportando nombres de trabajadores no docentes y estudiantes identificados como subversivos o de izquierda peronista o marxista, además de haber creado en la Universidad el Departamento de Seguridad desde el cual directamente se contrató a integrantes de la Triple A.

Asimismo, con respecto a Ponce los documentos expresan que varios de los integrantes de la Triple A de Bahía Blanca eran considerados como “guardaespaldas” o personal de seguridad del diputado Ponce, provenientes de gremios como el de la Junta Nacional de Granos, URGARA, y otros.

Entre las acciones encomendadas a este grupo de tareas civil se destacan la detección, seguimiento y, en algunos casos, el asesinato de “posibles elementos de izquierda” que intervinieran en los espacios gremial, fabril o universitario.

Cabe destacar que en los documentos de DIPPBA aportados a esta causa aparecen no sólo los nombres y roles de los cuatro que están siendo juzgados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- sino también los de otros integrantes de la Triple A que no llegaron a juicio, como en los casos de Argibay padre e hijo, Sañudo, Chizú, Dodero y otros.

Respecto al nombre de la organización parapolicial, Bellingeri explicó que en ningún documento aparece explicitado como Triple A sino que se los menciona como “grupo civil”, “peronismo histórico”, “peronismo ortodoxo” o “juventud sindical peronista”.

Entre las víctimas que aparecen registradas en los documentos DIPPBA se destaca el caso de David Watu Cilleruelo, estudiante universitario asesinado por el grupo de tareas y cuyo nombre había sido aportado por el rector Tetu en una de las reuniones de la comunidad informativa de Bahía Blanca.

Tras el crimen del joven, y ante las protestas y movilizaciones de la comunidad universitaria, Tetu detalló “el estado rebelde y subversivo en los claustros, provocado por dichos activistas, cuyos antecedentes se adjuntan”.

Bellingeri también puntualizó en la documentación sobre otras dos víctimas -Luis Jesús García y a Rodolfo Gini- aunque aclaró que existe material documental sobre muchas de las víctimas que se contemplan en esta causa.

Fuente: ANDAR.

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“Marisco dijo que el Ejecutivo no tiene intención de apoyar el proyecto de cocheras”

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El Colectivo Abrazo a la Plaza del Sol se reunió con el secretario de Movilidad y Espacios Públicos, Tomás Marisco, para conversar acerca de las mejoras proyectadas para el lugar y el futuro de la iniciativa de Fidetrust para construir cocheras subterráneas.

“Estamos en alerta porque la situación es que, si bien Marisco nos dijo claramente que desde el Ejecutivo no tienen intención de apoyar el proyecto de las cocheras, que no es de interés municipal, esto continúa en el Concejo Deliberante y el expediente está abierto”, comentó a FM De la Calle la abogada María de los Ángeles Rosón.

Integrantes del grupo le preguntaron a Marisco si el intendente vetaría el proyecto en caso de ser aprobado por el Concejo. “Eso no lo podemos afirmar”, contestó.

Rosón cuestionó el “mecanismo de decir que el Ejecutivo no tiene nada que ver y que depende del deliberativo como si se tratara de un tema en el que está escindido de esto, como si no tuvieran mayoría en el Concejo”.

“Por eso estamos haciendo una presentación en el Ejecutivo y en el Concejo solicitando el archivo del expediente “, destacó la abogada.

Agregó que “decir que el Ejecutivo no va a hacer nada si esto se aprueba en el deliberativo es solamente una demostración de voluntad. En cuestiones administrativas la voluntad no tiene cabida, pedimos que se declare patrimonio cultural e histórico -hay una ordenanza que así lo habilita- y eso nos daría la posibilidad de que la plaza quede como está”.

Rosón señaló que el funcionario expresó que “en enero comenzaría la puesta en valor de la plaza. Es una demostración de voluntad. Necesitamos que no que quede abierto ese expediente, supongamos que eso se suspende pero cambia la gestión y eso se retoma con medio expediente dentro del Concejo Deliberante”.

En el encuentro se “explicó el plan de forestación y que hay que hacer la plaza más accesible. Eso está contemplado. Hoy a la tarde estamos haciendo una propuesta en relación a las plantas, de la mano con gente de la UNS. La última charla de forestación se va a hacer en la plaza y ahí le vamos a entregar la propuesta”.

La cita en la cual funcionarios/as de la comuna informaran a la comunidad sobre el estado del arbolado será a las 18 abierta a quienes tengan interés en la temática.

Rosón enfatizó que “sigue vigente la presentación de audiencia pública, si se archivan las actuaciones esto no tendría sentido. Hemos puesto en debate público qué sucede con la gestión entre lo privado y lo público, cuál es la mirada del Municipio”.

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Puán: reclaman libertad para autocultivador de cannabis

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“El operativo fue en la madrugada, me entero el martes a media mañana por los medios porque no nos habían comunicado. Me acerco a la casa de mi hijo y veo que estaban haciendo el allanamiento. Se realiza un operativo simultáneo en más de 20 hogares, en la noche, y se procede a la detención de 15 o 16 personas”, relató a FM De la Calle, Fabiana Herrero, madre de Nicolás Lupín.

La medida, que contó con un despliegue policial de más de un centenar de efectivos, fue ordenada por el juez Guillermo Mércuri y estuvo a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

En los últimos días, familiares y amigos de Lupín se manifestaron en varias ocasiones reclamando la liberación del autocultivador de cannabis. A Nicolás le secuestraron “plantas pequeñas que no estaban sexadas”.

Herrero agregó que “el operativo se presenta como el desbaratamiento de una banda de narcotraficantes que en realidad no lo es. Nicolás es un pibe que labura todos los días, anda en bici, es ayudante de albañil y vive en una casa prestada. Caratularlo de narcotraficante está muy lejos de ser lo que él es”.

“Están alojados en la DDI de Bahía Blanca, tenemos que hacer 160 km para llevarle comida y que puedan estar medianamente en condiciones”, subrayó.

Luego de lo que se presentó como un “mega operativo” que sorprendió al pueblo, la mujer señaló que “pusimos a nuestro abogado que esta trabajando sobre la causa pero desconocemos las cuestiones legales. Pedimos la excarcelación, sabemos que los hechos que se le imputan no son excarcelables”.

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Crean un sistema de oxigenación que permite disminuir la terapia intensiva de pacientes con Covid

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El médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano, entrevistó a su colega Martín Biaggioni, uno de los creadores del Sistema de Alto Flujo para pacientes con insuficiencia respiratoria que funciona en el Hospital Municipal para tratar personas con Covid de alta complejidad.

“Es un sistema que permite dar mucho flujo de oxígeno con alto caudal a los pacientes y estaría disminuyendo la tasa de intubación y ventilación mecánica de los pacientes con Covid”, señaló Biaggioni, especialista en Clínica Médica, médico de planta e instructor de residente en el HMABB.

Romano destacó que “atrás de esta breve síntesis hay un trabajo de estudio, de investigación, de colaboración con el CONICET, de lucha contra el sistema para tratar de imponerlo. Viene a suplir una falla que durante mucho tiempo no se podía importar y hacerlo en Bahía significa que somos pioneros en el país. Acaban de recibir una premiación del Congreso Internacional de Medicina”.

El investigador mencionó que cada aparato importado cuesta alrededor de 15 mil dólares, el equipo logró disminuir su costo a 10 mil pesos. “Junto al CONICET diseñamos un aparato facilitador que permite la terapia. En octubre pudimos probarlo, los resultados fueron increíbles, empezamos a colocarlo cuando en otro momento se hubiera pasado a terapia con respirador y rápidamente permitieron que en un promedio de cinco días los pacientes se recuperen y se vayan caminando a la casa”, destacó.

Biaggioni explicó que “llegamos a tener siete pacientes en simultáneo, esto lo permitió la implementación de esta aparatología por el bajo costo que tiene. Se desarrolló a pulmón porque no tuvimos financiamiento externo y fuimos haciéndolo en conjunto con investigadores. Nos permitió ahorrar 24 camas de terapia intensiva”.

Romano subrayó que “eso fue en un momento donde no había más respiradores. Había indicaciones de que podía ser potencialmente peligroso para el personal porque podía esparcir aerosoles. Sin embargo, eso se descartó y siguieron adelante poniendo plata del bolsillo. No hubo financiamiento y el CONICET dio una mano enorme”.

¿Cómo funciona?

“Es un sistema que brinda oxígeno a muy alto flujo, calentado y humidificado con un sistema de mediciones que permite llegar a una presión determinada y un flujo adecuado. Este calentador usa cánulas y frascos de oxigenoterapia convencional”, señaló el especialista.

Añadió que “la mejora tiene que ver con permitir una oxigenación a nivel del alvéolo, mejora la cantidad de oxígeno que llega, por ahí a la persona no le cuesta tanto respirar sino oxigenar”.

Por último, señaló que “la capacidad de tratamiento depende de las camas que dispongas. Teníamos en simultáneo hasta siete u ocho pacientes, se lo teníamos que desconectar a uno y ponérselo a otro, era permanente uso, hoy tenemos tres en simultáneo. Nuestra meta tiene que ver con lograr la aprobación del sistema para poder replicarlo”.

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Piden dos años de prisión para Pera por agresiones en el Concejo Deliberante

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Esta mañana se realizó el juicio oral contra el ex concejal Ricardo Pera por lesiones leves contra Gustavo Mandará y Sergio Massarella. Los hechos ocurrieron en 2015 cuando participaban como concejales en una Asamblea de Mayores Contribuyentes. Pese a ser un debate público el tribunal prohibió el ingresó de la prensa.

El Fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó la pena de 2 años de prisión en suspenso por ser la primera condena, fijar domicilio, someterse a las normas del Patronato de Liberados y hacerse cargo de las costas del proceso. Su defensor, Sebastián Martínez, pidió la absolución. La sentencia se difundirá el martes 29 a las 12.

Gabriel Giuliani, a cargo del Juzgado Correccional N°1, será quien determine la responsabilidad del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor.

Según detalla la investigación del fiscal Marcelo Romero Jardín “Pera habría amenazado de muerte a Massarella y le habría propinado un golpe para luego agredir a Mandará, provocándole una lesión en la pierna izquierda”.

El ex concejal arribó a la audiencia luego de varias medidas dilatorias, entre ellas la imposibilidad de notificarlo por lo cual ayer se había ordenado su detención en caso de que no concurriera a la audiencia. Finalmente se presentó junto a su abogado Sebastián Martínez.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. En 2019 fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

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El Municipio dejará de pagar el alquiler a una organización barrial

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La organización social Giravida recibió una notificación de que, a partir de enero, el Municipio no solventará el alquiler de su sede de Pacífico y Gorriti. Esta tarde realizarán una asamblea junto a vecinos y vecinas para “pensar juntos acciones de reclamo”.

“Nos enteramos que a partir del 2021 la Municipalidad cesaría el contrato de alquiler de la casa donde estamos trabajando hace once años. Mandamos algunas notas a través Acción Católica y del Arzobispado para poder lograr un encuentro con Políticas Sociales y acordar por lo menos que no sea tan abrupto. Estamos a la espera de una respuesta favorable pero no la estamos teniendo”, dijo a FM De la Calle Josefina Tévez.

Giravida es un “programa social de Acción Católica que trabaja en los barrios Bajo Rondeau y Villa Caracol con espacios abiertos a la participación barrial y fortalece la organización comunitaria. La gente participa de las realización y ejecución de las actividades que son talleres de apoyo escolar, de mujeres y organización de jornadas comunitarias. Trabajamos en red con las instituciones territoriales del barrio, para organizar cosas para mejora la situación de la gente del barrio y para acompañar algunas familias y también para festejar”.

Durante la pandemia Giravida fue una de las organizaciones que estuvo realizando el trabajo de contención con entrega de bolsones alimentarios, elementos de limpieza e higiene. “Esto es producto de un montón de años de trabajo en red y es la lógica que también adoptamos la mayoría de las instituciones del Noroeste”.

“Decidimos comunicarle a la gente que es parte del programa esta situación. Ayer tuvimos el reparto de cajas navideñas y aprovechamos a contar la situación y convocamos hoy a una reunión. Enseguida salieron propuestas para no dejar ir este programa y la casa de la gente”, destacó Tévez.

¿Hay plan B?: “Por las actividades del programa no hay otra casa en esos barrios como para poder hacerlo de la mejor manera, estamos pensando opciones, son acotadas”.

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¿Cuánto cuesta el aborto clandestino? ¿Y el legal?

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La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los costos de las complicaciones por abortos clandestinos y se preguntó cuánto dinero de las arcas públicas se destina para atender consecuencias evitables.

“Desde 2018 hemos escuchado argumentos en contra del aborto legal desde distintos puntos de vista: desde la religión, desde el derecho y otro argumento pro aborto clandestino es el económico, dicen que el gasto público aumentaría mucho si el Estado tiene que hacerse cargo de las IVE”, señaló.

Costantino agregó que “hay datos publicados en un informe del 2018, de un grupo que se autodenomina Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida, con números y cálculos de fuentes dudosas, que afirma que si el Estado se hiciera cargo, el costo de cada aborto sería -a plata de hoy- 30 mil pesos por cada intervención. Si se estiman entre 400 y 500 mil abortos anuales, el gasto público se elevaría de manera considerable dejando afuera otras prácticas moralmente ‘menos reprochables'”.

“El argumento es falaz porque la comparación de los escenarios no es aborto legal vs. inexistencia de aborto sino aborto legal vs. aborto clandestino”.

El Centro de Estudios de Economía Política publicó un informe que se llama “La economía del aborto”, en el cual realizan cálculos acerca del costo para el Estado del aborto legal y del clandestino.

“En Argentina se realizan 450 mil abortos por año y el 10% tiene complicaciones. Ese numero se tiene de las altas que se dan en el sistema público de salud de personas con complicaciones derivadas de aborto: unas 45.000 por año. Tienen distintos grados de gravedad, desde tratamientos leves como son los ambulatorios hasta complicaciones graves que requieren intervenciones quirúrgicas o terapias intensivas”, mencionó la economista.

En nuestro país “el aborto representa la tercera causa de muerte materna y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2018 el 13,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos incompletos. Este número está sub-registrado debido a la clandestinidad y criminalización de la práctica. Es esperable que, con la legalización el número de IVEs disminuya y, por supuesto, también el número de complicaciones derivadas de IVEs”.

La columnista destacó que “según el informe de CEPA, del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requerirá una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá abortos incompletos con cuadros de alta gravedad“.

“Lo que hacen es calcular, según complejidad, los abortos incompletos con complicaciones leves, le cuestan al estado aproximadamente 43 mil pesos, con media gravedad es 80 mil pesos, y uno con alta gravedad le cuesta al Estado 130 mil pesos.

De esta manera, el costo total anual estimado por tratamientos a complicaciones leves (67% de los casos) es de $1.315 millones, por tratamientos a complicaciones de gravedad media (31% de los casos) de $1.147 millones y, por último, el costo total por el tratamiento a abortos incompletos con complicaciones de alta gravedad (2% de los casos) se estima en $ 123,8 millones por año”.

¿Cuánto cuesta un aborto seguro?

Hay dos tipos de procedimiento: “con Misoprostol o con tratamientos como el AMEU (Aspiración Manual Endouterina). El costo unitario de una caja de Misoprostol es de 6 mil pesos, y el costo de un AMEU es de 15 mil pesos. Si comparamos el valor de la caja de Misoprostol, con lo que le cuesta al sistema de salud atender las condiciones de un aborto mal realizado de riesgo, llegamos a la conclusión de que el aborto clandestino cuesta 21 veces más que el aborto legal”.

“Si los 45.000 abortos con complicaciones se hubieran realizado de manera segura con misoprostol, los costos para el Estado hubieran disminuido en un 88% (300 millones vs. 2.500 millones de pesos)”, argumentó.

Eliminar el lucro con la salud de quienes abortan

A lo anterior hay que sumarle que “la legalidad eliminaría el negocio del aborto clandestino. Según el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, en 2018 el costo promedio de un aborto de una clínica privada -a números de hoy- es de mil dólares. 100 mil pesos”.

“¿Quiénes pueden acceder a un aborto seguro de manera clandestina? No cualquier mujer tiene 100 mil pesos para acceder a un clínica. El porcentaje de mujeres activas en Argentina es del 40%, porque el resto se dedica mayormente a tareas de cuidado. Las que trabajan lo hacen con salarios mucho menores en promedio respecto a los varones, los niveles de pobreza están altamente feminizados, de las personas que menos ingresos tienen siete de cada diez son mujeres”, subrayó Costantino.

Conclusiones finales

“La legalización del aborto no solo generaría mayor equidad en términos de género sino en términos de clases sociales. Es un problema que desde la economía feminista llamamos interseccional, fuertemente clasista”, mencionó.

Costantino destacó que “al Estado la legalización no le implicaría mayor costo sino un ahorro del gasto público y generaría justicia equitativa en términos distributivos porque bajarían los costos de bolsillo que las mujeres tiene que pagar para hacerse un aborto”.

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Espionaje de la AFI: para De Leo “es grave y berreta”

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El presidente de la Coalición Cívica ARI y senador provincial de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se refirió en FM De la Calle al espionaje ilegal con fines políticos sobre organizaciones y referentes bahienses durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Más allá de que estamos preocupados por este intento de hacer caer la causa Cuadernos, esta investigación nos lleva a ver que si esto ocurrió es muy grave y berreta”, dijo el funcionario.

Agregó que “hemos sido críticos de la actuación del juez (Alejo Ramos Padilla) vinculado al operativo de tratar de hacer caer la causa Cuadernos, pero desde la Coalición Cívica de todas maneras hemos tenido una posición crítica respecto de organismos de inteligencia”.

“Además de ser condenable lo vemos como algo berreta, no vemos ni siquiera que tenga un sentido, ni siquiera un sentido perverso, es preocupante, repudiable y queremos que se investigue”, remarcó De Leo.

En relación a las responsabilidades políticas sobre el accionar delictivo de la AFI de Cambiemos mencionó que “está claro que se debe investigar y avanzar. Si los servicios de inteligencia se dedican a hacer un ciberespionaje nos preocupa porque cualquiera pueda ser víctima. Se trató de un revelamiento bastante berreta, lo cual no le quita la gravedad del caso y si hay responsabilidades políticas me parece muy bien que se las investigue”.

“Desde la Coalición siempre dijimos que los servicios de inteligencia se han dedicado a cuestiones de política interna. Históricamente han cobrado vida propia y algunos gobiernos han querido utilizarlos y terminan siendo víctimas ellos mismos”.

“De (Silvia) Majdalani habíamos fijado postura crítica y habíamos pedido que sea reemplazada porque no estaba cumpliendo con lo que pensamos que tiene que hacer”, dijo en relación a la segunda autoridad de la AFI, procesada junto a Gustavo Arribas y otros funcionarios de la ex Side.

Al ser consultado sobre si tenía conocimiento sobre el accionar de la AFI local De Leo dijo: “Honestamente, no”.

“Desconocíamos absolutamente y tampoco sabemos cuál era la intención de una investigación como esta. No le encuentro ninguna clase de sentido, no veo ni tensión política, me parece lamentable que se haya querido buscar una línea en este sentido”, señaló.

En su fallo, Ramos Padilla se detiene en la persecución a los gremios docentes en el contexto de la paritaria y la campaña electoral de 2017. “La situación del conflicto docente era algo de la tensión política razonable en democracia, podríamos pensar distinto con la dirigencia sindical pero no vimos ninguna situación que pudiera pensarse en estos niveles”.

Jorge Sebastián Novais, era el titular de la delegación local de la AFI durante el espionaje. De Leo mencionó que no lo conoce: “Es la primera vez que me entero de su existencia”. Junto a él otros tres espías conformaban la sede local en el marco del proyecto ilegal.

“Lo que me preocupa es que quien tiene la capacidad de remover esto es el gobierno y esperamos que se lo haga con un sentido, donde hay una intención del gobierno a través del juez de hacer caer la causa de los Cuadernos”, finalizó.

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La Comisión Asesora Ambiental analizó el dragado del Napostá

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Luego de más de dos años, Juntos por el Cambio convocó a una reunión de la Comisión Asesora Ambiental del Concejo Deliberante cuya ordenanza establece que debe funcionar una vez por mes.

El tema central del encuentro virtual fue el análisis del proyecto de limpieza de un tramo del cauce del arroyo Napostá mediante un dragado desde el partidor del Parque de Mayo hasta la entrada del entubado.

“Todos los que hablaron lo hicieron en contra de la intervención. Al final se leyó una nota del decano de ingeniería que sí está de acuerdo. El resto fue planteando distintas razones de porqué no se recomendaba esa intervención”, comentó a FM De la Calle, Paola Germain, integrante de Tellus- Asociación Conservacionista Sur.

Afirmó que el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, realizó una “explicación pobre”.

“Lo que plantea es un detalle de un pedacito de un informe de geólogos, que no explica bien quiénes son, ni cuál era el informe, justificando que había que hacer una limpieza en ese lugar”.

“Sabíamos que se quiere hacer una limpieza desde el derivador hasta el entubado, no sabíamos cómo o con qué metodología. Él no lo explicó, dijo que esperaba llevarse una alternativa a lo que había planteado. Es lo único que dijo”, detalló.

En relación a los proyectos alternativos, Germain señaló que “se plantea una posible inundación y por eso hay que limpiar. En el entubado puede circular un tercio del caudal del arroyo, eso no se soluciona limpiando ese sector”.

“Si hay un problema de posible inundación es al final porque ahí hay construcciones casi en el cause del arroyo, además de la basura, el riesgo estaría ahí. Habría que mantener sin construcciones el ingreso del arroyo a la ciudad y con la vegetación natural que puede absorber gran parte del agua entonces, frente a una lluvia extraordinaria, no llegaría tanta agua”.

Germain señaló que “no es que pensamos que no hay que intervenir, no queremos que se intervenga en ese sector de esa manera, no estamos de acuerdo con un dragado pero sí que hay que sacar la basura, incluso algunas especies vegetales que no son propias del ambiente”.

Por último, destacó que “estamos a la espera de si van a tener en cuenta todo lo que se dijo ahí. Como el arroyo es jurisdicción provincial tienen que que esperar la autorización del área de Hidráulica”.

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“No veo un fundamento concreto de hacia dónde va Políticas Sociales en el 2021”

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La concejala del Frente de Todos, Romina Pires, analizó en FM De la Calle el presupuesto presentado por la Secretaría de Políticas Sociales. El proyecto del Ejecutivo se trataría el 7 de enero.

“No veo un fundamento concreto de hacia dónde va Políticas Sociales en el 2021. Hablan de la articulación con provincia y Nación y de un trabajo interdisciplinario entre las áreas de Políticas Sociales, es algo que se tiene que dar por sentado. No hay posicionamiento ideológico, ético o político que se plasme en los tres párrafos que escribieron. Es dejar pasar una oportunidad de escribir sobre qué base se va a trabajar”, afirmó.

Destacó que “es el mismo presupuesto que el año pasado, hay algunas partidas que no se utilizaron, algunas son lógicas y otras preocupantes. Prometieron un equipo interdisciplinario de abuso sexual infantil, en ese momento lo celebré. Luego llegó la pandemia, estamos en diciembre y lo que pregunto es cómo han trabajado con este equipo: no lo armaron”.

“Me preocupa muchísimo, puedo entender que de marzo a junio no hayan podido armarlo, pero una vez que te acomodás tenés que seguir tu agenda de trabajo. Los temas de abuso no frenaron por la pandemia. Que la excusa sea no pudimos armarlo y todavía no lo armamos y ahora lo vuelven a presupuestar habla de una falta de planificación y sensibilidad”, agregó la concejala.

Este martes a las 10 concejales y concejalas del oficialismo y la oposición recibirán a trabajadores/as del área de Niñez. “Hace años que vienen pidiendo una reestructuración del sueldo, los Servicios Locales hacen un trabajo inmenso. Están en condiciones laborales muy precarias. No tienen previsto hacer mejoras laborales, va a ser un año muy dificultoso, hay que poner sobre la mesa los temas y seguir insistiendo”.

Partidas vinculadas a violencia de género

“Es un chino encontrar las partidas de género y vemos como un tema que para afuera se habla de género y para adentro no hay una convicción, es plantear presupuesto, decisiones políticas que se vean en la práctica”, argumentó Pires sobre uno de los ejes discutidos con integrantes de la Secretaría en su presentación en el Concejo Deliberante.

Emergencia alimentaria

La concejala comentó que respecto a la continuidad de las necesidades alimentarias en distintos barrios se habló “sobre el traspaso de bolsones a tarjetas. Manejan 12 mil tarjetas, va a seguir subiendo el número porque hay mucha gente que todavía no la ha solicitado. El monto también van a tener que revisarlo, si estamos hablando de una inflación arriba del 35% eso implica que con el bolsón de 1100 pesos no podés comprar casi nada”.

En relación al empleo para jóvenes aseguró que desde el Municipio “están esperando programas de Nación a partir del Potenciar Trabajo y con respecto a lo local, plantean que van a hacer cursos de formación, no solo presenciales sino virtuales. Para microemprendedores, hay una partida importante en Economía Social, pedí números para ver como lo van a llevar en los barrios”.

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Detienen a represores imputados por violencia sexual

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El juez federal Walter López Da Silva dispuso y concretó la semana pasada la detención de cuatro ex militares en cumplimiento de la resolución de la Cámara Federal por la cual se hizo lugar al recurso interpuesto por la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad para que se les imponga la prisión preventiva.

Las capturas de los cuatro imputados tienen como antecedente la resolución dictada por el tribunal de alzada el 3 de diciembre, por la cual se confirmó su procesamiento por el delito de abuso deshonesto contra una víctima que permaneció cautiva en la compañía Combate My. Keller del Batallón de Comunicaciones 181 y se ordenó que fueran detenidos.

Los militares detenidos son el ex jefe de sección, Enrique Stel; el ex oficial de Estado Mayor, ex ayudante del jefe de la Unidad y ex jefe de Sección, Raúl Esteban Andrés; el ex jefe del Grupo Artillería, Vicente Alfredo Flores; y el ex jefe de grupo, Eduardo Carlos Videla.

Los cuatro imputados revistaron durante 1976 en aquel destino. La compañía tuvo una destacada participación en la ejecución de los operativos de secuestros y constituyó el principal grupo de tareas con el cual contaba el batallón.

El juez López Da Silva solicitó cupo al Servicio Penitenciario Federal para alojar a los cuatro ex militares, aunque decidió que a raíz de la pandemia de COVID-19 cumplan la medida cautelar en sus domicilios.

Esa resolución fue recurrida por la Unidad Fiscal. No es la primera vez que estos imputados son detenidos pero se encontraban en libertad porque habían sido excarcelados en otros expedientes.

En el recurso ante la Cámara Federal, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, sostuvo que la decisión apelada se apartaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia. También señaló que no se habían analizado los peligros procesales que provoca la omisión del dictado de la medida cautelar.

Los cuatro militares detenidos a raíz de la decisión de la Cámara Federal fueron imputados de varios hechos de violencia sexual, pero ese tribunal consideró que había prueba suficiente para uno de los hechos, calificado como abuso deshonesto, que tuvo como víctima a una mujer. Respecto de los demás hechos, dictó el sobreseimiento. La Unidad Fiscal informó que se encuentra en preparación el recurso de casación para revertir esa decisión. Para la representación del MPF el análisis desde una perspectiva de género en los procesos de lesa humanidad resulta determinante a la hora de demostrar el carácter sistemático de este tipo de conductas.

Con la confirmación del procesamiento de los doce imputados, el proceso se encamina hacia el primer juicio -el juez López Da Silva ya corrió traslado a la fiscalía para que solicita la elevación del caso a debate oral y público- en el que se juzgará a miembros del Ejército Argentino por delitos sexuales ocurridos en centros clandestinos bajo su jurisdicción. En 2015 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.

Fuente: fiscales.gob.ar

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“Gay tiene que decir si sabía, si fue parte y dar una respuesta a la comunidad”

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Representantes de organizaciones que fueron espiadas ilegalmente por la base local de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri se manifestaron esta mañana para repudiar la persecución.

Nuestro compañero, Astor Vitali, dijo que “quien ha sido un elemento central en la conducción de Cambiemos en la provincia, el intendente Héctor Gay, tiene que decir si sabía, si fue parte y dar toda la información y una respuesta a la comunidad. No es a quienes estamos aquí a quienes han perseguido sino a referentes del pueblo de Bahía Blanca”, afirmó.

Destacó que, a diferencia de lo realizado en otras jurisdicciones, la AFI en nuestra ciudad incluyó el seguimiento a un medio de comunicación -como FM De la Calle– y a organismos oficiales como la Universidad Nacional del Sur.

“En los 90 la radio también había padecido espionaje ilegal desde la DIPPBA, similitudes entre el menemismo y el macrismo”, recordó.

Mencionó que muchas de las personas señaladas en el informe son “compañeros y compañeras con los cuales nos hemos encontrado en la calle, en nuestro caso a través de radios abiertas, durante el macrismo y con algunos nos seguimos encontrando ante situaciones que consideramos injustas”.

Vitali saludó en nombre de FM De la Calle “a las personas y organizaciones a las cuales este informe nos liga, al compañero Gabriel Cena que estuvo al frente de la radio durante muchos años y a la radio de la Universidad Nacional del Sur”.

“Se señala que de la radio participan todos los movimientos de izquierda, de pueblos originarios, populares y alguna que otra cosa más. Claramente eso es una radio comunitaria, un espacio del que participan y que abrimos a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales que consideren que la comunicación es un derecho. Para eso estamos y renovamos nuestro compromiso en ese sentido”.

“La inteligencia debería estar abocada a problemas más graves. A la trata, al narcotráfico. El mismo año que nos estaban investigando salía el cargamento de Bobinas Blancas y cuanto no sabremos que habrá salido. Ni que hablar de los crímenes financieros, se investiga a la militancia política, social y cultural mientas se saquean recursos a través de mecanismos, algunos legales otros ilegales, que vacían los recursos de la población”.

Foto: Raúl Gallardo.

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Espionaje de la AFI: “Esto demuestra que uno siempre ha estado del lado correcto”

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“Referente del SADOP. Aliada al Frente para la Victoria”, detalle de estudios y militancia sindical son los datos registrado por la inteligencia ilegal macrista sobre la actual concejala del Frente de Todos Analía López.

La gremialista dijo a FM De la Calle que “no consideré que pensaran que era una amenaza para ellos, estoy intentando interpretar por qué tenerme en la mira de su espionaje”.

“Esto demuestra que uno siempre ha estado alineado y militando del lado correcto, de la justicia social y del lado de un gobierno nacional y popular. Aquellos que están del lado contrario, que nos consideran una amenaza tenían la mirada puesta en nosotros”, apuntó.

López señaló que su militancia política es anterior a la sindical: “Estoy afiliada al PJ desde los 18, milité en la unidad básica en Villa Mitre, tuve un impasse mientras me dediqué a criar a mi familia y luego retomé en la militancia sindical y fui profundizando el activismo político. Uno sabe que tiene un cierto grado de exposición, de cuestionamiento de las y los otros que piensan distinto, esa exposición termina perjudicando a los más directos que nos rodean, mis hijos y esposo lo saben y me bancan”.

“Nací a la militancia política junto con la democracia, cumplí 18 años en ese momento, pensé que habíamos dejado atrás esas prácticas oscuras propias del Proceso, evidentemente no ha sido así”, destacó.

López argumentó que “la dirigencia sindical docente ha sido la más constante, ha estado fuertemente ligada al espacio político peronista kirchnerista y ha sido la que ha mostrado una oposición más dura en las prácticas antilaborales que perjudicaban a sus representados. Cambiemos ha tomado nota de eso y había un ensañamiento con el sector docente. Tiene que ver con políticas de persecución a quienes se oponían al proyecto que ellos proponían”.

Desde la delegación de SADOP local emitieron un comunicado en repudio a lo sucedido en la ciudad y con la sede de Mar del Plata, también víctima del espionaje.

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Espionaje de la AFI: “No hubo un solo dirigente de Cambiemos que haya expresado solidaridad”

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“Se me puso la piel de gallina cuando me lo mandaron”, dijo a FM De la Calle Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales ante la aparición en los informes de espionaje realizados por la Agencia Federal de Inteligencia.

“Te espían sin autorización, vulnerando cualquier principio legal. Hemos sido un sindicato muy aguerrido, defendiendo los derechos de trabajadores en el gobierno de Héctor Gay, somos referentes de la sexta sección, un sindicato que no deja que se vulneren los derechos, todo eso lleva a pensar ¿por qué no me lo van a hacer?”, destacó.

Agüero destacó que es un sentimiento “ambiguo, por un lado porque te sentís mal, no hubo un solo dirigente de Cambiemos -porque convivimos con el poder político, desde el presidente del Concejo hasta los demás funcionarios- que haya dicho somos solidarios, no convalidamos este procedimiento de cualquier gobierno, tampoco tuve el llamado del intendente”.

“Cuando veo el tweet de un colega tuyo y deja foto en blanco y negro se te pone la pile de gallina porque te hace volver a los años 70”.

Comparo el sentimiento con “un robo en tu casa porque decís lo material no importa, porque lo que más duele es que se metan en tu intimidad, pienso en mis hijas y que nadie haya salido a decir nosotros no convalidamos esta situación. Evidentemente estamos atravesando una grieta más grande de lo que cualquier oyente puede entender”.

“¿Me escucharon lo que hablaba por teléfono? ¿Me siguieron? ¿Me buscaron en Wikipedia? Uno nunca sabe lo que hay detrás de esta investigación, esto es el Estado, esto es terrorismo de Estado”, apuntó el gremialista.

Agregó que se presentarán como querellantes: “El staff de abogados del sindicato está evaluando a ver si presentan una demanda judicial porque somos víctimas”.

“Estas cuestiones te dan un poco más de fuerza, significa que estamos haciendo bien las cosas, leí el informe integro, asusta porque sabían muchas cosas más de lo que uno cree. No hay peor cosa que se vulnere la privacidad de las personas”, finalizó.

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Espionaje de la AFI: “Viví la dictadura, pensé que se había superado”

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“Más allá de mí, están atacando a la institución”, señaló a FM De la Calle la ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, espiada por la AFI cuando era subsecretaria de Derechos Humanos de la institución.

Agregó que la noticia la tomó por sorpresa aunque “no me debería sorprender del anterior gobierno. Dije ¡ay Dios! gastaron su tiempo espiándome a mí. Después estaba muy indignada”.

“A esta gente todo lo que sea Secretaría de Derechos Humanos le paran los pelos, fui funcionaria, están atacando a un área creada democráticamente, que es autárquica y autónoma”, subrayó.

La ex funcionaria de la alta casa de estudios mencionó: “Después me fui enterando del listado, a todas las organizaciones sociales, a los partidos de izquierda, a la radio de ustedes, a los sindicalistas”.

“Macri asumió procesado porque espiaba a su propia familia, era la cabeza de Juntos por el Cambio y ahí lo integra también el radicalismo. Un partido centenario, democrático, que tuvo en Alfonsín a un tipo que defendió a los Derechos Humanos y que ahora no digan nada, no es solo acá en Bahía. A mí no me llegó que el radicalismo como partido condene estas prácticas de la dictadura”, resaltó.

Respecto a la labor de la Subsecretaría destacó que “había sido una universidad muy atacada, nos presentamos como querellantes del caso de Watu, no solo por lo que había pasado con los desaparecidos y los crímenes en la UNS sino porque hay muchos otros casos que siguieron en la actualidad. Aparecen (en las fichas) tres o cuatro actividades que desarrollamos que tienen que ver con Memoria, Verdad y Justicia, teníamos un Consejo Asesor que lo integraban todas las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad”.

Durante su mandato, Vaquero señaló que “había presentado la defensa en temas de género, de defensa laboral, el término derechos humanos es muy amplio. Fui una de las impulsoras de la Red de Derechos Humanos de todas las universidades del país, teniendo la memoria viva sobre todo”.

“Me pone contenta, algo bueno debo haber hecho para haberlos molestado”, concluyó.

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