Lesa humanidad: en 14 años se dictaron 250 sentencias con 1013 personas condenadas y 164 absueltas

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Hasta el 4 de diciembre hubo 9 sentencias, con 51 condenas y 7 absoluciones, lo que implica una caída respecto de años anteriores y una tendencia a la baja. Se consolidó la prisión domiciliaria como modalidad de detención.

El 70% de las sentencias espera revisión. Las etapas recursivas tienen las mayores demoras. Las causas en instrucción, advierte, necesitan “la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento”.

Los datos corresponden al Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que contiene el diagnóstico realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Desde la reapertura de las causas fueron dictadas 250 sentencias desde 2006 en las que resultaron condenadas 1013 personas y absueltas 164.

El trabajo realizado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos sistematiza, procesa y analiza la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país que intervienen en este tipo de procesos.

Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de estos crímenes durante 2020, la Procuraduría explica que “más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”. Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

Asimismo, pone de relieve que “disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior [de 22 a 9], y el número de personas detenidas” (863 en la actualidad) y que “se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante”. El 74 % de las personas detenidas (unas 638) transita la detención en su domicilio, lo cual implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.

De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Las causas

En relación con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría puso de relieve:

  • Al 4 de diciembre de 2020 se registran un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad.
  • De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70 %) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país; involucran a 150 personas en 39 causas.
  • La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”, cuando se dictaron 18 sentencias en todo el año, lo cual contrastó con las 27 de 2017.
  • Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11.
  • Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que “además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido”, indica el informe.
  • El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, “un número estable en todo el período” de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son “los niveles más bajos registrados desde 2015”, señala.
  • En relación a las causas en instrucción, “el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible”, valora la Procuraduría.

Las personas

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese universo se encuentran incluidas las 1013 condenadas y las 164 absueltas.

Hasta el 4 de diciembre del año que culmina, obtuvieron sentencia 58 personas, de las cuales 51 fueron condenadas y 7 absueltas. De esta forma, se “consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018”, precisa.

Mientras tanto, “continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia”, dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Otras variables relevantes están expresadas en los siguientes guarismos:

  • Son 276 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 24 las absueltas: 27% y 15% del total en cada caso, respectivamente.
  • A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En todo el país se registran 29 prófugos.
  • De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Los plazos

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses. Desde la elevación a juicio hasta el veredicto, pasan 2 años y 4 meses en promedio. Y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema pasan 3 años y 7 meses en promedio.

En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría regresa en el informe 2020 sobre el concepto de “espiral recursivo”, el cual desarrolló en su balance correspondiente a 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Ello implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Covid en el penal de Saavedra: “No les importa la vida del preso”

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En la Unidad Penal de Saavedra los internos conviven hacinados y prolifera la Covid 19. Así lo denunció uno de los detenidos, Gustavo, quien contrajo el virus y recién fue aislado cuatro días después de los primeros síntomas.

Tras una presentación de su abogado, el interno fue trasladado a un aula de la escuela del penal con otro interno. Sin embargo, comparten baño con otras catorce personas contagiadas.

Gustavo dijo a FM De la Calle que, a pesar de que no los hisoparon, se siente “bien” aunque tiene dolor de cabeza y náuseas.

“Tratan de taparlo pero la gente se va contagiando igual”, señaló.

En un pabellón con capacidad para sesenta personas hay 120. Muchos internos con prisión preventiva solicitaron la detención domiciliaria pero la Justicia rechazó los pedidos. Si bien para salir del pabellón tienen que utilizar barbijo, adentro se comparte el mate y escasean las medidas de higiene.

“Dentro de los pabellones hay gente de riesgo, diabética, no les dieron bolilla. Gente de más de setenta años, con discapacidad, hay una persona con bastón que camina muy dificultosamente”, agregó.

Señaló que luego de hablar con su abogado comenzaron a suministrarle la medicación requerida. “Acá hay cero derechos humanos, esto es culpa de la Justicia que tiene que descomprimir las cárceles. No les importa la vida del preso”, finalizó.

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Ya renunció Rossello: ahora deben cambiar de política

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(Por UMSur*) Finalmente, Morena Llanca Rossello renunció al cargo de Directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca. La renuncia había sido exigida por nuestra organización gremial a pocos días de haber asumido su cargo en diciembre de 2019 debido a su intento de derogar todo el marco normativo de acceso a derechos culturales en la ciudad (Instituto Cultural, Eventos con Continuidad en el Tiempo, Espacios Culturales Independientes, Fondo Municipal de las Artes, etc.).

A su vez, el Comité de Emergencia Cultural, integrado por ediles y ex concejales de todos los períodos desde la recuperación de la democracia hasta ahora, buena parte del movimiento obrero y todas las organizaciones culturales firmaron una carta exigiendo su renuncia ante las paupérrimas políticas en contexto de pandemia.

Nos parece saludable que el ejecutivo municipal reconozca el fracaso de sus políticas en materia cultural a través de esta renuncia. Sin embargo, la misma se efectiviza pocos días después de haber votado (por doble voto del presidente del Concejo Deliberante) el presupuesto 2021. En el área de cultura, se trata de un presupuesto de ajuste que no llega siquiera a empatar el nivel inflacionario respecto del período anterior.

Si se trata de un cambio real que reconoce que el gobierno municipal debe cambiar de rumbo, el flamante director del Instituto Cultural José González Casali debe dar una muestra clara al respecto reactivando el sentido democrático de las políticas culturales que impulsamos desde las organizaciones gremiales y sociales que conformamos el entramado artístico y cultural de la ciudad.

En este sentido, vemos con preocupación que la primera medida de este nuevo grupo de trabajo que toma el área cultural vaya en sentido contrario: se ratifica a Rubén García, quien fue cuestionado por haber sido contratista y planta, arte y parte, y además ha sido denunciado por organizaciones feministas de manera pública y notoria. Esta definición política preocupa dado que insiste en adoptar una postura autoritaria desde el gobierno que no escucha los señalamientos de los actores involucrados en la cosa cultural y comunitaria.

A pesar de ello, quedamos a disposición para reanudar el diálogo con las nuevas autoridades municipales teniendo en cuenta que atravesamos unas circunstancias dramáticas en medio de la situación pandémica y el poder ejecutivo municipal debe tomar rápidas y profundas medidas en materia cultural.

El pasado 10 de enero se cumplió un año de la jornada histórica en la que todas las organizaciones de trabajador♪s de la cultura y la comunidad colmamos el recinto del HCD y logramos detener la derogación de las ordenanzas históricas que garantizan nuestros derechos. Hoy renuncia la funcionaria que intentó implementar esta política de hecho.

Demás está decir que si es solo un cambio de nombre, lucharemos con la misma vehemencia que lo hemos venido haciendo en defensa de los derechos culturales de nuestro pueblo y los derechos laborales de nuestros compañeros y de nuestras compañeras.

En suma, para que el cambio no sea mera descompresión en contexto electoral, exigimos:

  • Pleno funcionamiento de las instancias de participación comunitaria como el Consejo Cultural Consultivo
  • Restablecimiento de los talleres y programas cerrados durante la gestión Rosselló
  • Implementación de un plan de contingencia ante la pandemia que logre volcar recursos para garantizar el desarrollo de actividades no presenciales
  • Pase a planta permanente de personal precarizado durante años
  • Cese del programa de precarización
  • Refuerzo de las partidas destinadas a cultura dentro del Instituto Cultural, de acuerdo a lo solicitado por las organizaciones por escrito, previo a la presentación del presupuesto municipal
  • Reapertura del Teatro Municipal en condiciones seguras para los trabajadorxs y público
  • Pleno funcionamiento de la Serenata Municipal
  • Pleno funcionamiento de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar
  • Pleno funcionamiento de la Comedia Municipal
  • No a la privatización del espacio público

*UNIÓN DE MÚSIC♪S DEL SUR.

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Morena Rossello renunció a la dirección del Instituto Cultural

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La dimisión fue exigida por organizaciones culturales, sociales, gremiales y políticas en octubre del año pasado. El Intendente Héctor Gay designó a José Ignacio González Casali en su reemplazo. Hasta el momento, se desempañaba como director de Cultura de dicho instituto y estuvo a cargo de los Organismos Artísticos del Sur durante el período macrista en la provincia de Buenos Aires.

La funcionaria saliente adujo que se retira por “necesidades personales y nuevos desafíos profesionales”.

El municipio anunció que “se crea el Gabinete Cultural de Bahía Blanca, que dependerá operativamente del Instituto Cultural, con los siguientes objetivos: Coordinar el diseño y planificación de las políticas culturales y artísticas de la ciudad; articular los programas y acciones específicas del Instituto Cultural, en sentido amplio e integrador de las distintas formas de la cultura; profundizar la relación con los ámbitos de la cultura y el arte, y con los diversos espacios culturales, artísticos e intelectuales de la ciudad; planificar acciones tendientes a construir comunidad a partir de las expresiones barriales, la cultural popular y el arte emergente”.

El Gabinete Cultural estará integrado por tres Directores, quienes trabajarán de manera coordinada y horizontal junto con el Director del Instituto, en la búsqueda de consensos y para lograr el diseño de una política cultural que incluya a todos los sectores de la cultura bahiense, y que se convierta en política de Estado de la ciudad.

Lo conformarán: “la actual Directora de Museos y Centros Culturales, Marina Fuentes, el actual director de 2 Museos (Bellas Artes + MAC), Christian Díaz y el actual Director de Cultura en Espacios Públicos, Rubén García”.

“Marina Fuentes, como directora de Acción Cultural, estará a cargo del Fondo Municipal de las Artes, los Espacios Culturales Independientes, Eventos Permanentes, la relación con las Escuelas de Arte, los talleres artísticos, el Centro de Estudios Folcóricos, etc”. Cabe destacar que ninguna de estas funciones están previstas en las ordenanzas vigentes.

“Rubén García como director de Arte Emergente, estará a cargo de las Culturas y Arte Urbano, las actividades culturales en espacios públicos, el Cultural de Tiro, el Centro Cultural La Isla, la Estación Sur, los Carnavales (sic), etc”.

García fue cuestionado en agosto pasado por la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca ya que “hay reiterados testimonios de mujeres que sostienen que esta persona ha ejercido prácticas violentas en sus espacios laborales o en tareas relacionadas a su profesión”. A su vez, la oposición señaló, cuando fue designado bajo el área de urbanización a cargo de Tomás Marisco, la incompatibilidad que implicaba el cobro de órdenes de compra a su vez que percibía su salario como empleado municipal.

“Christian Díaz, como director de Museos y Artes, estará a cargo de los Museos (2 Museos, Ferrowhite, Del Puerto, De Ciencias, Histórico, Fortín Cuatreros y Del Deporte), el Centro Cultural Malvinas y la Comunicación del Instituto”.

¿Qué dice la oposición?

El presidente de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante, Carlos Quiroga (FdT) dijo a FM De la Calle que “la ahora ex funcionaria lideró una feroz acción de encono y destrato para con las trabajadoras y los trabajadores de la cultura y fue quien encarnó la intención de derogar las ordenanzas de creación del Instituto Cultural y complementarias”.

“Fue además la responsable de la ejecución cero de los presupuestos afectados del área a su cargo. En lugar de invertir recursos en el desarrollo de acciones culturales que hubieran servido de soporte psicoafectivo para nuestra  comunidad en pandemia, optó por la ultra precarización de nuestros y nuestras artistas, dejando a la intemperie los derechos culturales de los y las bahienses”.

Sin embargo, Quiroga sostiene que “la incorporación de Rubén García al staff del IC deja al descubierto, como sospechamos, que su ingreso a la administración a través de la Secretaría de Movilidad, fue apenas un artilugio para llegar a este lugar, tema sobre el que, institucionalmente, planteamos nuestros reparos sin obtener ninguna respuesta”.

Finalmente, para el concejal “el gobierno de Gay tiene la oportunidad de demostrar que su no política cultural, fue responsabilidad de la ahora ex funcionaria. O no…”.  

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#Es ley: “Tenemos derecho a jugar y a contarlo”

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¿Para qué sirve el cuerpo de las mujeres? ¿Sólo para procrear y ser cuidadoras? ¿Para el goce sexual y visual de los hombres? ¿Para vender productos y fantasías? No y no. Con sus cuerpos mujeres, jóvenes y niñas pueden (y deben) jugar, correr, abrazar, entrenar, transpirar, relatar historias y aventuras.

Negar el derecho a abortos legales, seguros y gratuitos era persistir en el mandato que el cuerpo a la mujer no le pertenece. Era continuar ese concepto de que un cuerpo gestante es de la sociedad y el sistema capitalista que lo utilizan para reproducirse y multiplicar desigualdades e injusticias.

Y fue así como el mundo del deporte fue alejado durante décadas del alcance de mujeres y disidencias con deseos y habilidades para ser protagonistas tanto en el juego, entrenamientos y competencias, como en planos dirigenciales, arbitrales o en diversas profesiones en torno a ámbitos deportivos.

Camila Recalde es periodista deportiva y comunicadora feminista. Ella fue parte de la transmisión especial de FM De la Calle en la jornada histórica en la que se debatió y aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el último 29 de diciembre en Plaza Rivadavia. Con ella conversamos sobre los derechos y desafíos que se amplían desde ahora.

“Debatir esta ley, es hacer explícito el derecho que tenemos para decidir sobre nuestros cuerpos. Que nuestras voces sean escuchadas y nuestros deseos respetados. En el deporte se hace muy notoria la falta de pluralidad de voces de género y disidencias. En Bahía Blanca somos solo dos las mujeres que hacemos periodismo deportivo en radio. Junto a Fabiola Natalio, durante mucho tiempo trabajamos y nos formamos para estar a la altura de cualquier tarea relacionada a esta profesión. Sabemos que hay muchas mujeres capaces de ser parte de coberturas y transmisiones deportivas y no son convocadas para estar frente a la cámara y a los micrófonos. Hay mucho potencial acá, pero permanece esa mirada patriarcal sobre qué podemos o no hacer”, explicó Recalde.

Por deporte… y deseo

Jugar, entrenar, competir y ser protagonista del deporte es un poder más construido desde los feminismos. Animarse a sentir en los cuerpos todas esas sensaciones que fueron negadas durante décadas era impostergable. Sin embargo, el periodismo deportivo avanza muy lento hacia una perspectiva de comunicación más democrática.

“Es muy difícil hablar de perspectiva de género en la comunicación cuando las mujeres y disidencias no estamos en los medios, cuando nuestras voces no son escuchadas para contar lo que nos pasa o sucede alrededor. Surgen varios problemas allí, sobre todo en el modelo de medios hegemónicos, que nos guste o no, es más masivos. En esos espacios sigue existiendo discriminación y violencias. Creo que con diálogo, capacitaciones y ejemplos de trabajo cotidiano podremos construir otra comunicación más inclusiva”, aseguró la periodista.

Y fue más allá: “Busqué relacionar aborto y deporte en noticias o crónicas publicadas y de eso no se habla. Hay algunas periodistas o deportistas que se proclaman a favor de ley IVE, pero enseguida salta la implicancia de hacer actividad física con los riesgos de abortar. Y ahí otra vez aparece la estigmatización y la desinformación”.

Nos fue censurado el deporte, como palabra y ejercicio. Y se nos había negado transitar las experiencias corporales que a su vez, nos enseñaban a tener conciencia de nuestros derechos para decidir cómo nos queremos ver y qué queremos para nosotres. Hoy la deconstrucción que muchas realidades reflejan está pariendo nuevas oportunidades, merecidas conquistas y necesarias transformaciones en tal sentido.

Camila, integrante además de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, fue contundente: “Ojalá el periodismo deportivo pueda estar a la altura, y sus masculinidades (algunas lamentables cómplices de violencias que se perpetúan) tengan la voluntad y sabiduría para revisar sus privilegios y correrse del centro de la cancha. Tenemos derecho a jugar y a contarlo. Podemos discutir sobre fútbol o cualquier deporte, estamos capacitadas para ocupar cualquier rol profesional: relatar, comentar, entrevistar, y además pensamos estrategias deportivas como política de cuidado e inserción social y laboral”.

Camila Recalde y Fabiola Natalio. Foto: Ayelen Angerami.

Nos mueve el deseo amoroso que condena la clandestinidad y el individualismo. Queremos libertad y salud para todas las personas gestantes. Para que puedan gestar sueños, proyectos, dudas y revoluciones, además de embriones. Gestar la vida que deseen vivir. Con cicatrices y triunfos elegidos. Como derecho conquistado y destino merecido.

Y no podríamos expresarlo mejor que Tamara, militante de Las Martas Fútbol feminista888… “En el jugar hay una potencia hermosa y en el juego colectivo esa potencia se vuelve infinita. Si le agregamos jugar a algo donde se suponía que no debíamos estar nosotras, si le agregamos que nuestros cuerpos ocupen (desde el deseo y el placer) espacios pensados sólo para hombres, la combinación conlleva una irreverencia imparable. El fútbol jugado por mujeres es fútbol feminista y eso es revolucionario. (…) Que las canchas y la vida toda, sean nuestras”.

Que la comunicación y el periodismo… también.

888 Declaración publicada en el libro Feminismo para Jóvenas, editorial Chirimbote.

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Inundación en el Teatro Municipal

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Durante la madrugada del seis de enero el Teatro Municipal sufrió otro embate: ante la presión de agua desbordó un tanque -por la falta de flotante- y algunas tuberías de la nueva instalación de prevención de incendios que quedaron sin tapón desagotaron sobre las escaleras internas. Aproximadamente, hasta las seis de la mañana cayó agua desde el tercer piso (altura paraíso) hasta el subsuelo, de manera ininterrumpida, generando así una inundación sobre la parte más baja y llenando de humedad el material por donde el líquido fue pasando. Se vieron comprometidas documentación de los Organismos Artísticos el Sur (archivo), butacas, paredes y los lugares donde funcionaban luthería y la Asociación Artistas del Sur.  

En este video se ve un trabajo de bombeo para absorber el agua:

El director de Cultura del Instituto Cultural, José Ignacio González Casali, dijo a FM De la Calle que no hubo daños estructurales y que la empresa se hará cargo de los perjuicios realizados, a partir de una cláusula del contrato firmado entre las pares. Se trata de la firma CONSAR que resultó beneficiaria de la licitación para realizar la obra de prevención de incendios.

El hecho no ocurrió mientas se estaban llevando adelante tareas de prueba sino en las primeras horas de la jornada, cuando no había nadie en el establecimiento, aumentó la presión de agua (como ocurre en la ciudad en horas de la noche) y debido a la falta de elementos que anularan las tuberías y la falta de funcionamiento del flotante..

Ahora hay que esperar a que se sequen las paredes para terminar de evaluar el estado edilicio. Hasta el momento, se sabe que el deterioro en las paredes levantó la pintura, que llegó a acumularse unos 10 centímetros de agua sobre el subsuelo y que cuando terminen las obras habrá que hacer un trabajo para recuperar el aspecto inicial.

El funcionario municipal confirmó además que comienza la última etapa de obras previstas. Se trata de la que corresponde a la instalación eléctrica y que espera que sea terminada en el plazo de seis meses. González Casali sostuvo que, siendo prudente, en agosto podría estar todo terminado como para reanudar la actividad.

Mientras se llevan adelante estas obras de mayor magnitud (sistema de prevención de incendios y sistema eléctrico) desde el IC comentaron que se van realizando arreglos más pequeños a medida que avanzan las obras, aprovechando las circunstancias del cese de actividades artísticas.

El histórico teatro permanece cerrado desde el año 2019, cuando durante la primera gestión de Héctor Gay, el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo, comunicó la decisión de interrumpir su intensa actividad. Lo hicieron antes de recibir el informe de la UTN, en el que finalmente se refiere a la necesidad de realizar obras como las del sistema eléctrico pero se destaca el buen estado general de las condiciones de infraestructura del edificio. Al menos, hasta ese momento.   

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El Presidente promulgará la ley de aborto

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Será este jueves en un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. La ley amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

Entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladoras/es y funcionaries.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por la cámara alta el 30 de diciembre pasado, con 39 votos favorables y 29 en contra.

En el acto, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado.

Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.

Ahora, las mujeres podrán un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

La IVE tiene como eje central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en los servicios del sistema de salud “en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”.

Fuente: Télam.

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Está en riesgo la propiedad comunitaria (por concurso violento de la privada)

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(Por Astor Vitali) Salgo a caminar para reconocer este tiempo y esta tierra luego de un año de aislamiento y distanciamiento. Uno cubre periodísticamente aquello a lo que se denomina “la realidad” desde el estudio de radio y habla con les protagonistas y va tomando nota. Pero pisar el suelo es convertir el cuerpo en un sensor infalible de la metamorfosis urbana. A esta altura del año, puedo decir, sin dudar ni regodearme en un gran descubrimiento, que sí, que están avanzando ilimitadamente; es como Casa tomada de Cortázar pero ahora es la ciudad la que se ve amenazada por un inmenso monstruo que domina todo (hasta la cultura): así que sí, está en riesgo la propiedad comunitaria.

Durante todo el año sufrimos sistemáticamente la contaminación sonora, a modo de mantras elaborados por las usinas de los monjes negros del capitalismo argentino, que rezaban: “está en riesgo la propiedad privada”. Se trata de una constatación más de la victoria de la opinión sobre el pensamiento. No importaba mucho –o nada- de qué se discutía ni en base a qué datos ni si en efecto lo que ocurría era todo lo contrario. Lo fáctico es un detalle innecesario para la militancia de la tontera. El existencialismo está en oferta y los vacíos de la mentalidad media contemporánea se llenan de colesterol argumentativo. “Está en riesgo la propiedad privada”, repetían.

Volviendo a la caminata, en un momento me encuento ingresando al Parque de Mayo por el camino que se origina en el Paseo de las Esculturas. Veo un bebedero muy pro, tuneado por la firma de la farmacia Lipstein: les aseguro que me estremeció. Otra vez el sector privado en medio de lo público. Y digo otra vez porque este fue un año signado por ese debate, un tanto sordo.

Algunas realidades constatables. El gobierno de Juntos por el Cambio sub ejecutó el presupuesto municipal en áreas sensibles como acción social y cultura. En Salud –en medio de la pandemia- no invirtió todo lo que podría y de hecho mantuvo a les profesionales en carácter de voluntaries, por ejemplo, en el sistema del 147. Es decir: achicaron lo público. No se puede decir que el estado “no logró” llegar a la comunidad sino que es perfectamente adecuado decir que el gobierno decidió no ejecutar fondos disponibles en medio de la desesperación.

Mientras tanto, el mismo gobierno impuso, a través del sistema de medios oficiales, algunos temas para favorecer al sector privado. Decimos sistema de medios oficiales porque se gastaron mucho más millones de pesos en dicho esquema que en la propia emergencia sanitaria. Son datos constatables. Entonces, a través de ese sistema de medio traficaron temas que no estaban en la agenda social. Por ejemplo, y uno muy importante en términos de recursos económicos, la privatización del sistema de recolección. Nuevamente, los amigos en el gobierno para hacer negocios. Los verdaderos chori-contratistas que reciben del estado y que nunca arriesgan con las reglas del liberalismo serio. Son ellos los que viven del estado.

Luego, en medio de la pandemia, Gay expulsó a organizaciones, que trabajan con lo social y lo cultural, del mercado municipal Eugenio Martínez para hacer un polo gastronómico e insiste con la destrucción de la Plaza del Sol/De la Resistencia y la Memoria/Lavalle para dar paso al capricho de la cochera subterránea que promueve un privado. Nuevamente, utilizando el estado en favor de intereses privados, no sociales.

El gobierno de Héctor Gay tiene como estandarte la bandera de la co gestión público privada (otro mantra). Sin embargo, no se trata de eso ni siquiera: se trata de la utilización de lo público para  rédito de unos pocos pseudo empresarios. Que es otra cosa. Todo esto al mismo tiempo que sub ejecutan las áreas más sensibles. ¡No se puede no ligar la subejecución de presupuesto en medio de la pandemia, con veinte mil nuevos pobres, con esta política de beneficiar al sector privado! ¡No se puede no ligar! Lo más raro del equilibrio democrático es que no siempre desde las oposiciones hay un criterio que se diferencie de manera tajante respecto de esta idea constatablemente antipopular de beneficio de lo privado a través de lo público. Nunca ganó la población con ello. Los efectos concretos de la aplicación del mantra “público privado” siempre redundan en beneficio para las empresas -invirtiendo nada, en términos relativos- y ganando en materia de publicidad y legitimación social. Lo que dejan socialmente siempre es pasajero y está pensado al revés: no desde la comunidad y desde sus necesidades sino desde los objetivos de “responsabilidad social empresaria” (el más chistoso de los mantras) y en el marco de una visión de acumulación económica. La publicidad sigue siendo un arte de la expansión capitalista.  

Pero el problema de mayor profundidad que subyace en el anverso de la fiesta de la hegemonía de liberalismo mentiroso no la encontramos en las acciones concretas del gobierno de Juntos por el Cambio ni en los elementos señalados: polo gastronómico, piquetes empresariales que nos van cerrando las calles, etc. El problema de fondo es la profunda colonización mental.

Han pasado las fiestas. Las fiestas en medio de la pandemia, con algún grado de relajación por parte de la población y campañas de concientización insuficientes por parte de todos los estamentos del estado. La recomendación era estar al aire libre.

¿Vos te acordás las fiestas con tus abuelos, con tus abuelas, en los barrios, en los clubes, en los pueblos, con los banderines, las lucecitas y las mesas en la calle? ¿Por qué es que en medio de esta situación tan particular no se nos ocurrió, como población, que el espacio comunitario es nuestro y no privado? ¿Por qué terminamos, con un clima apacible al aire libre, en muchas casas que no tienen patio amontonades adentro con la puerta abierta, cagándose de calor? ¿Por qué no la mesa en la calle y el distanciamiento? ¿Por qué no la navidad en el espacio comunitario, en el espacio público? Habría sido, por cierto, una actitud cristiana.

A esa altura del año, de la pandemia y de las políticas aplicadas a nivel municipal; del coro desafinado que ha gritado durante el año “está en juego la propiedad privada” y otras yerbas, a uno no le preocupa tanto la tontera de esas opiniones impuestas por el sistema de medios oficial, que no revisten carácter de pensamiento, sino más bien la colonización cultural manijeada. Preocupa la batalla ideológica de fondo. ¿Por qué no se no nos ocurrió estar afuera, en la calle, en el espacio comunitario? ¿Y por qué terminamos por aceptar cada vez más contaminación visual, cada vez más propaganda empresarial que no pone y no puso un mango en medio de la pandemia –queda el debate por la tasa especial-, por qué vamos aceptando todo esto y decimos “está en juego la propiedad privada” cuando en la actualidad no hay nada más ratificado que los intereses privados a través del usufructo del estado.

¡No! Si hay algo que no está en juego –lamentablemente, muy a nuestro pesar (teléfono para la AFI)- es la propiedad privada. Pero lamentablemente está en jaque la propiedad comunitaria –y dependerá de nuestra inteligencia para organizarnos que no se trate de jaque mate.

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#EsLey: en América Latina continúa la lucha feminista, anticapitalista y anticolonial

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A pocas horas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el pasado 29 de diciembre, las noticias internacionales llegadas del otro lado del mundo anunciaban que Corea del Sur se sumaba a la lista de los países que legalizan el aborto hasta la semana catorce del embarazo.

Dos pequeños, pero importantes, pasos que parecen indicar que los países del Sur caminan en dirección a disminuir la gran brecha con los países de Norte en la garantía del derecho a decidir sobre los cuerpos. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar.

Como muestran los mapas que circularon en las últimas semanas, mientras la mayoría de los países llamados ‘desarrollados’ contemplan hace años el derecho al aborto, el panorama no es tan favorable en las regiones ‘subdesarrolladas’ o dependientes. En América Latina y el Caribe, se calcula que más del 90% de las personas gestantes en edad fértil están prohibidas de realizar prácticas voluntarias de interrupción del embarazo y, según la CEPAL, se estima que las cifras de muertes por abortos clandestinos superan los cinco mil óbitos anuales. Entre los pocos países que ya garantizan este derecho en la región están Cuba (1965), Guyana (1995) y Uruguay (2013), y el Distrito Federal (2007) y el estado de Oaxaca (2019) en México.

Aunque, como sucedía en Argentina antes de la reciente sanción, existen diversidad de normativas algunas de las cuales permiten el aborto dentro de una serie de supuestos como violación, riesgo de la madre y/o malformación del feto, el problema de acceso a la salud y educación público, y la desinformación se amarra a las graves desigualdades de clase, género y raza que impide la garantía de estas mínimas excepciones en la región. Ese es el caso de Chile, Colombia y Brasil, donde la inestabilidad política y el fuerte peso de las derechas católicas son un nítido obstáculo al avance de la democracia. Entre los países más restrictivos, podemos mencionar El Salvador, Haití y Honduras, donde la prohibición del aborto bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual. 

Para Claudia Korol, comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, la sanción de la ley avanza en la conciencia antipatriarcal de la sociedad no sólo en Argentina, sino que estimula las luchas en el resto de Abya Yala – el continente americano- por el derechos a decir sobre nuestras vidas, modos de estar y de decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. La lucha por la interrupción voluntaria del embarazo evidencia el crecimiento del poder feminista y “da más fuerza para seguir organizándonos contra las violencias con las cuales pretenden reglamentarnos”; sin embargo, advierte Claudia, una ley no garantiza en sí mismo el derecho y hay que continuar organizadas para que se reglamente en las provincias.  “Esperamos que salgamos más organizadas y, a partir de eso, construir desde abajo, desde el pie, desde la raíz, más fuerza para seguir la lucha antipatriarcal, feminista, anticapitalista y anticolonial”, dijo Claudia Korol en conversación con FM de la Calle en la previa a la sanción de la ley.

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Barrio Evita: “Las condiciones de habitabilidad y sanidad son escandalosas”

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Vecinas y vecinos del Barrio Evita reclamaron ante las autoridades de la Delegación de Villa Rosas “una inmediata regularización” de la recolección del residuos en el sector.

“Ya disponer de contenedores denota una discriminación hacia nuestro barrio, dado que el resto de los vecinos de la ciudad cuentan con la recolección individual en cada domicilio, pero si además de los pocos contenedores que hay, se llevan algunos y no recogen la basura en los que quedan, las condiciones de habitabilidad y sanidad del barrio son escandalosas”, afirmaron.

El barrio comprende cerca de 30 manzanas donde viven más de 500 familias las cuales disponen de “solo tres contenedores”.

Según informó la Agrupación Sureando, “el municipio se comprometió en el transcurso de 15 días a acondicionar las calles (Santa María, La Pinta y Juncal) para que los camiones recolectores puedan ingresar al barrio, también a colocar temporalmente bateas complementando los contenedores de Sapem”.

“Esperemos que se realicen estas tareas y en un corto plazo se logre que el camión pase por cada domicilio, así el barrio Evita tiene el mismo derecho que el resto de los ciudadanos de la ciudad y no sean tratados como ciudadanos de segunda”, agregaron.

En una nota dirigida a la Subsecretaría Legal y Técnica destacaron que el Evita está inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares y sus habitantes tienen “derecho a los servicios de infraestructura que debe disponer el municipio”.

“Queremos que la recolección se haga en cada domicilio y si es necesario entoscar las calles para que acceda el camión recolector, deseamos que así se haga”, manifestaron.

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Se vota el presupuesto municipal

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El Concejo Deliberante tratará esta tarde el Presupuesto Municipal 2021. El Colectivo de Espacios Culturales Independientes, la UMSur y la Asociación de Actores denunciaron un “violento ajuste contra todas las áreas sensibles, entre ellas, el Instituto Cultural”.

Aseguraron que está en manos de las y los concejales “modificar nada más y nada menos que la herramienta que define prioridades para este año que estará atravesado por la pandemia y por la aguda situación económica que padecemos, especialmente quienes trabajan en condiciones de precarización laboral”.

Semanas atrás, las organizaciones entregaron un análisis de los números presentados por la gestión de Héctor Gay al presidente del Concejo, Fernando Compagnoni.

“Este proyecto de presupuesto se presentó luego de haberse ‘comido’ prácticamente un presupuesto entero durante 2020. Presupuesto que podrían haber ejecutado para sobrellevar la situación de manera humana, teniendo en cuenta la posibilidad de haber llevado adelante actividades no presenciales”.

Afirmaron que de aprobarse la iniciativa, “quienes voten favorablemente, serán responsables de una decisión política que condena a miles a la segregación social, a no acceder a sus derechos culturales y a la afectación directa e indirecta de fuentes de trabajo genuinas y necesarias en este proceso tan complejo ya que la cultura debería jugar un rol central en el marco de las políticas de salud y de salud mental”.

Por último, las organizaciones destacaron que “ajustar en cultura en este contexto tan delicado es ejecutar violencia contra la ciudadanía, por motivos que hemos expresado durante todo el año pasado”.

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La madre de Celina Paredes pidió a las mujeres no callarse más

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Esperanza Valdiviezo encabezó este miércoles la movilización en Mayor Buratovich para reclamar justicia por su hija Celina Yésica Paredes, productora de cebollas del MTE Rural, quien a los 21 años y siendo madre de dos hijos fue víctima de un femicidio por parte de su pareja, Juan Torrejón Huallpa.

  La mamá de la joven retribuyó el acompañamiento de más de mil personas de esa localidad y otras ciudades de la región: “les agradezco que me hayan acompañado. Pensé que iba a pasar este momento sola pero estoy acompañada por todos ustedes. Sé que mi hija no va a volver y esto no tiene que pasarle a ninguna familia más. A las mujeres que sufren violencia, les pido que no se queden calladas, no tengan miedo, y hablen”.

 En ese marco, Laura Vázquez, referenta del MTE Rural en Mayor Buratovich, expresó que “la respuesta de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad para pedir justicia fue impresionante. Fue una movilización grandísima que salió casi sin organización. Todos sentimos la necesidad de salir a reclamar y pedir justicia”.

 “Queremos que este femicidio no quede impune como muchas veces ocurre por culpa de la justicia machista y patriarcal”, planteó la militante del MTE y agregó que “exigimos al Estado acompañamiento para la familia de Celina”.

 Asimismo, Vázquez señaló la necesidad de que se construyan “políticas públicas para erradicar la violencia machista y que se generen equipos interdisciplinarios para que las compañeras puedan expresar lo que viven y tengan el acompañamiento que necesitan para salir de esas situaciones”.

 El de Celina es el tercer femicidio en lo que va del 2021, mientras que el año pasado fueron asesinadas 298 mujeres por razones de género: un femicidio cada 29 horas, de los cuales el 65,5% fueron ocasionados por las parejas y las ex parejas en el ámbito familiar, según datos del Observatorio Ahora Que Si Nos Ven. Estos números escalofriantes  también  golpean con fuerza a las mujeres y diversidades del campo y demuestran la desigualdad y el poder de la cultura machista que todavía sigue gobernando en nuestros territorios.

Fuente: MTE Rural

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Femicidio en Buratovich

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Un femicidio sacude a la localidad de Mayor Buratovich, se trata de Celina Yésica Paredes de 21 años, quién fuera asesinada por su pareja Juan Torrejón Huallpa.

Paredes era madre de una niña de dos y un niño de cuatro años, quienes estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos. La comunidad se congregó en una movilización para pedir justicia por Celina.

La joven era oriunda de La Plata y hacia tres meses que estaba radicada en la localidad del Partido de Villarino, donde había llegado para trabajar en la cosecha de cebolla. Integraba el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Laura, compañera del MTE y amiga de la familia, señaló a FM De la Calle que “la mamá de Celina se enteró que había muerto por las redes, llegó esta mañana y no pudo verla. Celina era buena, pegada a los hijos, muy tranquila, no te daba indicios de que estaba sufriendo violencia de género”. Por otro lado, mencionó que los hijos se quedarán al cuidado del padre de la víctima.

Señaló que Martínez se encuentra detenido aunque no tiene denuncias previas realizadas por Celina.

“Burato es muy chiquito, de 10 mil habitantes, la noticia nos cayó como un balde agua fría. Como movimiento también venimos trabajando el área de género como para tener en claro que las mujeres rurales también sufren violencia, encontrándonos desamparadas, sin saber qué hacer”, comentó Laura.

Desde el MTE expresaron que “necesitamos equipos de abordaje y acompañamiento para situaciones de violencia en nuestros territorios, en articulación con organizaciones sociales, campesinas e indígenas”.

Tres femicidios en los primeros cinco días del 2021

El sábado una mujer de 63 años fue asesinada en su casa de la localidad bonaerense de Grand Bourg. Por el femicidio detuvieron a su hermano mayor.

En Sierra de los Padres, en un paseo comercial, una comerciante de 41 años fue asesinada de un balazo en el cuello por un hombre que trabajaba en ese lugar y que le recriminó a la víctima que lo acusara de un supuesto abuso previo.

Por su parte, el Observatorio de Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” dio a conocer las cifras finales sobre femicidios de 2020, las cuales arrojaron un total de 298 casos, es decir, uno cada 29 horas.

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#EsLey: “Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados”

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Sabrina García, integrante de KÜDAW, cooperativa que asesora a otras cooperativas, participó de la transmisión especial de FM De la Calle durante el debate de la IVE en el Senado y puso de manifiesto las relaciones entre cooperativismo, feminismo y autonomía para decidir.

“Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados. Como cooperativista hay valores y principios dentro del movimiento que tienen que ver con el feminismo y la lucha por la autonomía, es una forma de hacer economía, de organizarnos en territorio, de ser dueñas del propio destino”, enfatizó.

Señaló que desde KÜDAW “hemos visto crecer la cantidad de cooperativas de mujeres y disidencias que han surgido en estos últimos tiempos. Eso viene a plantear una forma de economía distinta. Por ejemplo, el cooperativismo de cuidado. Hay una discusión alrededor de esto, nos preguntamos si volvemos a asignarle las tareas de cuidado a las mujeres y las disidencias. Ahí marco una diferencia porque el sistema ha asignado valores a las actividades, el cuidado no tiene un valor económico, el cooperativismo viene a decir tenemos el rol de cuidado, queremos hacerlo pero vamos a cobrar, nuestro servicio tiene un valor económico. Viene a romper la lógica con el cuidado gratuito”.

García es co-conductora de Impulso Cooperativo, programa que lleva tres años consecutivos en el aire de la 87.9: “Relacionándolo con el aborto yo pienso en las cooperativas de nuestra zona, el estar tan lejos de los centros urbanos, aunque sea 100 km, hace que no se esté cerca de los derechos de otros y otras y el que sea ley va atener que ver con una militancia territorial”.

Respecto a las cooperativas de mujeres y disidencias surgidas ante las crisis señaló que es necesario “no pensar el cooperativismo como una rueda de auxilio ante las crisis. Se lo relaciona como la economía de los pobres, hay que plantear un cooperativismo de transformacional social que venga a decir que hay una forma distinta de organizarse económicamente que transforma a la comunidad”.

“El plus que agrega el cooperativismo es que también sos parte de una organización en la que tenés voz y voto y en la que podés acceder a la dirigencia. Ahí las mujeres participan políticamente, es cierto que no sucede fácilmente porque todo está atravesado por un sistema patriarcal. El cooperativismo bien organizado es la democracia perfecta”, finalizó García.

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Encuentro de querellantes y víctimas del espionaje político en la provincia

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Más de 60 referentes de organizaciones sociales y políticas, militantes de organismos de derechos humanos y sindicatos, familiares de víctimas de la violencia policial, docentes y estudiantes, participaron de un primer encuentro organizado por la Comisión por la Memoria (CPM) con el objetivo de informar sobre el estado de las causas que tramitan en los tribunales federales de Dolores, Lomas de Zamora, La Plata y Comodoro Py, en las que se que investigan las acciones de espionaje ilegal desplegadas entre 2016 y 2019 por el gobierno de Cambiemos.

Quienes participaron, entre ellas/os un representante de FM De la Calle, forman parte de las querellas o fueron víctimas principales del espionaje realizado en estos años.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, inauguró el debate explicando que el objetivo principal del espacio era “compartir información para poder reflexionar sobre la trascendencia de la inteligencia ilegal y el espionaje político e ideológico en la Argentina, visibilizarlo y fundamentalmente dejar de naturalizarlo. La CPM tiene una expertiz sobre estos temas, ya que desde su fundación le fue conferida la custodia del archivo de inteligencia de la ex DIPPBA”.

La experiencia de la CPM en el trabajo de investigación y peritaje de documentos de lo que fuera la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la ubican como un actor clave para reflexionar en torno a las rupturas y continuidades de las prácticas de inteligencia ilegal en tiempos de dictadura y democracia, y proponer acciones concretas para definir políticas de Estado.

Por su parte, Sandra Raggio, directora general de la CPM, precisó que “la política debe comprometerse con la erradicación de la inteligencia ilegal, ya que no se trata de algo que haya quedado en la opacidad de los pliegues del estado represivo sino que, por el contrario, es una trama muy compleja que llega hasta nuestros días y constituye una de las vulnerabilidades de nuestra democracia”.

En el mismo sentido se expresó Víctor Mendibil, integrante de la CPM: “La democracia no ha resuelto muchas de las demandas que tiene nuestro pueblo y una de ellas son las acciones de espionaje ilegal que tienen el objetivo de perseguir, espiar y disciplinar al conjunto de la sociedad que resiste”.

Estas acciones de espionaje que investiga la justicia y cuyo blanco fueron centralmente personas que militan en organizaciones del campo popular, comenzaron a consumarse en decisiones políticas tomadas inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2015. A partir de ese momento volvieron las reservas sobre la identidad de los agentes de inteligencia y se repusieron los gastos reservados: el crecimiento del presupuesto de inteligencia entre 2016 y 2019 llegó a los 8 mil millones de pesos, de los cuales más del 90% fueron gastos reservados, imprescindibles parea el despliegue de acciones ilegales.

Luego, Federico Schmeigel, director del Programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal de la CPM, expuso con detalle las características de esta red de espionaje que investiga la justicia en la que aparecen trabajando de manera articulada los referentes políticos de la AFI con ex comisarios de la policía bonaerense o agentes de la misma fuerza y el SPB. “Las bases creadas por el gobierno de Cambiemos en los puntos calientes del conurbano empezaron a funcionar de manera secreta entre 2016 y 2018. Aunque su objetivo formal era la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, las investigaciones muestran que su motor real era el espionaje social y político”.

Por estos hechos, el juzgado federal de Dolores acaba de dictar el procesamiento de 11 ex funcionarios y agentes de la AFI acusados de formar parte de una red de inteligencia ilegal en el AMBA durante los años 2017 y 2018. La prueba acumulada en la causa y los hechos acreditados revelan la gravosa magnitud del sistema de vigilancia política implementado durante la gestión CAMBIEMOS, con rémoras de viejas prácticas autoritarias. Las tareas de inteligencia ilegal alcanzaron a centenares de militantes opositores y de diversas extracciones políticas. Asimismo, se produjeron infiltraciones en partidos políticos, cooperativas, organizaciones sociales y  gremios.

Durante más de dos horas participaron del debate referentes de estas organizaciones espiados y abogados querellantes en las diferentes causas. Gabriela Troiano, diputada nacional mandato cumplido por el Partido Socialista, agradeció a la CPM por el espacio y la iniciativa de llevar adelante las acciones necesarias, y manifestó: “Esto es algo que no podemos dejar pasar, somos responsable de hacer las cosas que hagan falta para vivir en una democracia, y para eso tenemos que hacer cumplir sus principios básicos: el espionaje ilegal no está dentro de estas premisas, pertenecen a una etapa oscura de nuestra historia”.

Por su parte, Guillermo Torremare, abogado y presidente de la APDH Nacional, habló también como querellante en una de las causas. Desde ese lugar explicó que “lo que resulta novedoso en este caso es la magnitud y la línea de responsabilidad política en los acciones de inteligencia que se advierte en la investigación judicial y que están diseñados para orquestar una represión hacia sectores opositores o enemigos”.

El juez Alejo Ramos Padilla llama la atención sobre el impacto que estas acciones de espionaje han tenido sobre la educación. Son numerosos los casos de trabajadores de la educación y estudiantes espiados y perseguidos. Muchos de ellos estuvieron hoy presentes en el encuentro y como contracara de estas acciones represivas reivindicaron su derechos a la organización y la protestas por los derechos.

En este sentido, Sergio Zaninelli de ADUNS señaló que “cualquier gobierno que espía a los sindicatos por lo hacen en defensa de sus representados, nos espía porque somos un peligro para quienes nos gobiernan”. En este punto también resultó conmovedor el testimonio de Clara, joven de Moreno que tenías 16 años y era estudiante secundaria cuando fue espiada en 2016 por sus actividades políticas. Clara participaba del programa Jóvenes y memoria de la CPM y militaba en la JP Cámpora de su localidad.

Quienes participaron del encuentro coincidieron en reforzar la línea de investigación iniciada por los juzgados de Dolores y lomas de Zamora y permanecer en alerta ante posibles acciones que pretendan derivar estas causas hacía los tribunales de Comodoro Py con el objetivo de frenarlas y garantizar impunidad para quienes diseñaron e implementaron este plan de espionaje ilegal.

También hicieron uso de la palabra la Secretaria Adjunta de SUTEBA Maria Laura Torres, el Secretario de DDHH de la  Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Mariano Fernandez, y el Secretario de DDHH de la CTA Autónoma y ATE provincia, Emiliano Huevarillo. A ellos se sumaron representantes del CEPRODH y otras organizaciones presentes. Asimismo participaron la concejal platense Victoria Tolosa Paz y la consejera escolar de Mar del Plata, Eva Fernández.

Por otro lado, se remarcó la necesidad de hacer visible estos hechos ante la opinión pública y alertar a la sociedad, desde todas las organizaciones, sobre la gravedad que tienen para la vida institucional de la democracia. En este punto, desde la CPM se anunció la realización de un encuentro sobre democracia e inteligencia para el año próximo y la coordinación de una serie de acciones tendientes a generar mecanismos institucionales de control adecuados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: CPM.

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Vacunas y fake news: “La solidaridad es la única opción para la prevención”

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El Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades llamó a “asumir el compromiso y la responsabilidad de brindar información veraz y de fuentes oficiales” ante la proliferación de noticias falsas sobre las vacunas contra la Covid 19.

Destacan la necesidad de “fortalecer la confianza pública en la campaña de vacunación” y de robustecer “la solidaridad y la necesidad de ampliar el vínculo social que puede contener y mitigar las consecuencias de la pandemia”.

“El método científico ha dado muestras de ser el mejor procedimiento para el avance del conocimiento general y para validar la seguridad, eficacia y calidad de las vacunas”, afirmaron.

El texto, compartido a nivel local por la Sociedad de Medicina Interna, sostiene que “la adhesión colectiva a la vacunación develará el justo reconocimiento y el apoyo que merecen los y las trabajadoras/es de la salud que mantienen su compromiso irreductible con el cuidado de la salud de la población, mientras que las falsas noticias conspiran contra este apoyo”.

“Para sumarnos al enorme esfuerzo de estos trabajadores, es imprescindible no circular mensajes que no hayan sido debidamente cotejados con fuentes confiables y oficiales”.

Por último, las organizaciones que componen el Foro manifiestan que “de la misma manera en que la humanidad ha sorteado otros grandes desafíos, saldremos adelante si mantenemos las medidas de cuidado entre todos y todas, reafirmando nuestra convicción en que la solidaridad hoy es la única opción disponible para la prevención y el alivio definitivo del sufrimiento pandémico”.

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#EsLey: “Somos las hijas y nietas, nuestro deber es seguir esta lucha”

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En una plaza repleta de pibas a la espera de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Victoria y Milagros, de 15 y 18 años, formaron parte de la mesa de las juventudes durante la transmisión especial de FM De la Calle.

“Es un momento histórico, único, se lo vamos a contar a las próximas generaciones. Atravesamos muchas situaciones que me interpelan, somos las hijas y nietas, nuestro deber ser seguir esta lucha”, señaló Milagros.

Victoria comentó que el feminismo “es de las mejores cosas que me han pasado. Nos saca una venda, empezamos a ver, nos empezamos a empoderar, es algo muy enriquecedor. Se da con amigas, en la escuela, empezamos a hablar, a pegar carteles, y se suma otra que pega otro cartel y así se arman redes”.

Consultada sobre cómo se acercó al feminismo, Micaela contó: “Viví en un hogar donde había mucha violencia doméstica. Mi viejo nos crió bajo ese mandato y fue decir yo no apoyo esa violencia. El caso de Micaela Ortega nos conmocionó mucho, era una conocida de mi mamá. Ver esa situación, vernos tan chicas, reflejadas en ella, lo que nos podía pasar, eso fue el punto de partida para empezar a luchar”.

Agregó que una de las primeras marchas que recuerda es la del Ni Una Menos del 2015: “Vine con amigas más grandes, a mis viejos mucho no les gusta pero ellos han vivido otras cosas, mi vieja es más grande, se cuestiona constantemente. Meses después, una de mis amigas abortó y casi se muere desangrada, son situaciones que a mis 18 años me pesan mucho”.

La relación con los varones

“Por momentos se torna difícil, hay todo tipo de compañeros, hay muchos acompañándonos aunque se puede tornar complejo entender que dejás de ser protagonista, que tenés que dejar privilegios de lado”, dijo Victoria.

Milagros comentó: “Tengo amigos varones de los que me he distanciado, yo siempre voy a defender a las pibas, aunque seas mi compañero, mi hermano, lo que sea. No tolero la violencia, está bueno replanteárselo, replantearse los privilegios”.

Aprender en el momento de los hechos

Muchas adultas tuvieron que desaprender lo aprendido, sin embargo, las jóvenes aprenden sobre la marcha: “Me genera mucha felicidad llevarle un debate a mi vieja, a mi hermana de seis años empezar a involucrarla en estas cosas, convencidas de que somos las hijas, más que agradecida de que me haya agarrado de pendeja”, comentó Victoria.

Por último, Milagros enfatizó que “está bueno recordar la lucha, la lucha de las abuelas, es algo que viene de generaciones, anteriormente a mí hubo muchas mujeres, murieron muchas mujeres por esto”.

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¿Qué es y a quiénes beneficia la prestación básica de telefonía, internet y TV?

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Desde hoy queda operativa y en plena vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria. Es para servicios de telefonía móvil, fija, internet y TV por cable.

Está destinada a personas que ya tienen un dispositivo móvil, un celular, pero que hasta ahora se manejaban con un Plan Prepago por falta de recursos. Esta modalidad de cargar cuando se cuenta con algo de dinero en el bolsillo tiene finalmente un costo mucho más caro.

La misma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas.

“La Prestación Básica Universal persigue el horizonte de la expansión de derechos establecidos por el Gobierno nacional como lineamiento general para asegurar que todos los argentinos y argentinas gocen de las mismas oportunidades”, indicó el Delegado Regional del Encom, Nicolás
Bartolozzi.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 del Poder Ejecutivo Nacional, determina que la TELEFONIA CELULAR, TELEFONIA FIJA, INTERNET y la TELEVISION POR CABLE (TIC’s-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) son servicios públicos, esenciales, estratégicos y en competencia.

¿Cómo se concreta el Beneficio?

*Se debe completar esta declaración jurada, la cual se envía la misma a las Compañías de Telecomunicaciones.

*Las Empresas tienen la obligación de iniciar el trámite para el otorgamiento de la prestación, la disposición de Enacom es de cumplimiento obligatorio.

*No es necesario cambiar de Compañía, aplica para personas que ya tenían Servicio, o que lo pueden pedir desde cero.

¿Quiénes son los Beneficiarios de la Prestación Básica, Universal y
Obligatoria?

El Padrón de Beneficiarios está construido con anterioridad, es clara su individualización y alcanza los 10.000.000 de Argentinas y Argentinos.

Los Usuarios y Usuarias que podrán optar por adherirse a las Prestaciones Básicas, Universales y Obligatorias son los siguientes:

1) Beneficiarias y Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo. También están incluidos sus hijos e hijas entre los 16 y los 18 años, y los miembros de su Grupo Familiar (Padre, Madre, Cónyuge, Conviviente).

2) JUBILADOS y PENSIONADOS que perciban un Beneficio en Bruto menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($41.000). También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

3) Usuarias y Usuarios inscriptos en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO SOCIAL. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

4) Beneficiarias y Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

5) Trabajadores y Trabajadoras en RELACIÓN DE DEPENDENCIA que perciban una Remuneración Bruta menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

6) Trabajadores y Trabajadoras inscriptas en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO, en una Categoría cuyo ingreso mensual no supere los 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

7) Usuarias y Usuarios que perciban SEGURO DE DESEMPLEO, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

8) Trabajadores y Trabajadoras incluidas en el Régimen de PERSONAL DE CASAS PARTICULARES (Ley 26.844), y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

9) Beneficiarias y Beneficiarios de una BECA DEL PROGRAMA PROGRESAR. (Jóvenes entre 18 y 24 años, Estudiantes Argentinos de Nivel Primario, Secundario, Terciario o Universitario, o que estén realizando una Curso de Formación Profesional). Además, todos los Jóvenes pueden navegar por las Páginas Web Educ.ar y Edu.ar sin costo alguno, sin consumir Paquete de Datos.

10) Personas que se encuentren DESOCUPADAS, o que se desempeñen en la ECONOMIA INFORMAL, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

11) Beneficiarias y Beneficiarios de PROGRAMAS SOCIALES, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

12) Entidades de Bien Público tales como Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones, que no persiguen Fines de Lucro (Ley 27.218); Organizaciones Comunitarias con Reconocimiento Municipal; Clubes de Barrio y de Pueblo (Ley 27.098); Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Ley 25.054).

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