La última entrega del año de la bolsa de Producciones de la Agricultura Familiar incluirá una feria navideña con panificados, dulces y conservas. Será este viernes de 11 a 14 en Avellaneda 416.

Desde el área de Economía Solidaria de Cáritas, Marina Huentenao, dijo a FM De la Calle que tras los meses de aislamiento “es la primera, modesta, feria. Estamos viendo la logística, cuidar protocolos, que la gente no se junte, cuidar la distancia social. No van a participar todos los emprendedores, va a ser más reducida”.

¿Por qué para Navidad Papá Noel no te puede traer buenas verduras, un pan dulce o una mermelada?

Agregó que “la intención de este evento es motivo de las celebraciones de fin de año, así que van a haber comidas típicas de esas fiestas. Feria de gastronomía, verduras y pescado”.

Huentenao señaló que algunas de las producciones que se pueden encontrar son las de PRO.SAU.CHI. “que ofrecen verduras y hortalizas que son lo central, se suma Cocinando Ilusiones que es un grupo de mujeres de Grunbein que desarrollan panificados, ofrecen productos con harina saludable, con harina candeal, algunos panes lactales y pizzetas elaboradas con harina no blanca”.

“También participan dos mujeres que tienen un molino, que ofrecen harinas con más textura, de garbanzos, integrales, de arveja, mijo, entre otras. Don Atilio ofrece miel, aceite de oliva, salsa de tomates. Moras Brix ofrecen mermeladas, frutos rojos en almíbar deliciosos. Panificados Sole es una productora que elabora panes saludables y roscas de Navidad, panes dulce y Runthu Thani con huevos, este año se pudo sostener y ampliar la capacidad de las gallinas gracias a un fondo que creamos para la compra de balanceado; y se agregó un grupo nuevo de pescadores de Villa del Mar”.

Huentenao destacó que “las producciones no tienen conservantes, así que lo mejor es conservarlos en la heladera, se pueden frizar y el día de Navidad lo bajás y se desfriza impecable. Siempre el descongelado del pan se hace dentro de la misma heladera para que no se desmigaje”.

El gobierno de Mariano Arcioni y el oficialismo en la Legislatura insisten en aprobar el proyecto de ley de Zonificación Minera. La iniciativa busca habilitar la megaminería en la provincia y reactivó masivas protestas de organizaciones y asambleas ambientales.

Días atrás trascendió un audio de la legisladora Leila Lloyd Jones diciendo que algunos de sus pares habían recibido un pago de diez millones de pesos de parte de las empresas. Ayer, se filtró un video del diputado del Juntos por el Cambio, Sebastián López, ofreciendo sus servicios para el lobby minero por un costo de “cien lucas”.

El integrante de la asamblea de Trelew, Pablo Lada, dijo a FM De la Calle que, en ese contexto, “el gobernador salió a decir que va a seguir adelante con el proyecto”.

“El período ordinario terminó y agregaron dos sesiones para conseguir los votos. Fracasó la reunión de comisión y no se pudo hacer un dictamen. Hoy estalla todo esto, el video de López donde les pide dinero y antes de ayer una diputada que dice se cobraron 10 millones de pesos. Ella no se desdijo, dijo que lo va a hacer en la justicia”, añadió Lada.

Destacó que “venimos de un mes de muchas marchas y movilizaciones y un gobierno que metió el proyecto de las mineras el mismo día que entró una ley en la que participaron más de 30 mil vecinos. Con una falta total de licencia social, salieron sectores académicos y científicos a decir que no fueron consultados y que rechazan el proyecto de ley”.

Lada agregó que “la zona de la meseta, que es de baja densidad poblacional, es donde están los grandes yacimientos del Estado. Desde que hay intereses mineros el Estado se ha retirado y ha dejado a una minera canadiense: Panamerican Silver. Chubut está en una crisis económica y financiera, el aguinaldo de junio no se pagó, somos 600 mil habitantes, cuarta exportadora del país y es increíble a la situación a la que la ha llevado esta gestión”.

Respecto al proyecto de ley mencionó que “una parte del rechazo es económico, cuando se mira la legislación construida durante los años 90, durante el menemismo, deja muy pocos ingresos a las provincias y le da grandes concesiones a las mineras. Está hecha para multinacionales canadienses que vienen a llevarse todo lo que puedan y que después nos dejan desastres naturales y pobreza. El resto de las actividades que se pueden desarrollar quedan muy debilitadas por la minería. Eso hemos investigado desde hace 17 años”.

“Claramente (la dirigencia política) no está a la altura de la comunidad que ha utilizado las herramientas constitucionales de la democracia, que se ha manifestado de todas las maneras posibles. Hay consecuencias de crispación social, con un gobernador que no representa los intereses de Chubut, acá se quiere favorecer a una minera canadiense”, finalizó.

Lada será uno de los expositores del conversatorio virtual “Las asambleas de Chubut contra la megaminería” que se desarrollará virtualmente desde las 15:30. Convocan: CTA, ADUNS y Suteba. Solicitá link de acceso por Whatsapp: 2915710556 .

Imagen: ANRED.

El viernes pasado, la directora del Instituto Cultural, Morena Llanca Rossello, asistió al Concejo Deliberante, junto a su equipo, para presentar el presupuesto 2021. “¿Ustedes me escuchan?”, preguntó, al poco tiempo de comenzar su intervención. Fuera del recinto, trabajadores y trabajadoras de la cultura de todas las ramas permanecieron desde el mediodía exigiendo la renuncia de la funcionaria, manifestando su repudio a través de una batucada , consignas y una canción de Impro Delivery

Belén López, delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y de Actores de Bahía Blanca, dijo a FM De la Calle que “era un buen momento para que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura podamos expresar nuestro desencanto respecto de las políticas culturales y nuestro repudio. Decir francamente nuestra necesidad de que ya no esté más en el Instituto Cultural una persona como Morena Rossello que no ha hecho nada por la cultura, por lo menos desde el sector popular”.

La movilización fue “una clara expresión de nuestro sector, de todo el desguace, de todo el vaciamiento  que se viene haciendo, no sólo de ahora sino desde el año 2016. El 2020 más allá de la pandemia fue feroz para nosotros”.

Respecto del presupuesto defendido por la funcionaria, López sostuvo que “el recorte es brutal y ya de por sí nos comieron este año: es un presupuesto menos. En lo que respecta a la comedia municipal, es un presupuesto que desde el vamos, al haber comprometido tres comedias para el año que viene, solamente vimos reflejadas dos y no sabemos en qué parte de todo ese presupuesto se contemplará la comedia que actualmente está postergada para el año próximo. Los montos están como encriptados. Las respuestas que dan siguen siendo demasiado livianas y vacías”.

Efectivamente, las respuestas que intentó esbozar la funcionarias fueron muy escuetas y vagas, tal como puede comprobarse en este registro que realizó la UMSur a través de su red social Facebook.

Dicha organización, días atrás, presentó un análisis económico del contenido del presupuesto para el Instituto Cultural, en el que se verifica también que, en materia de los recursos que se destinarán al área cultural, el aumento nominal no llega al veinte por ciento, es decir, se corrobora el ajuste concreto puesto que, en términos reales, los recursos asignados se encuentran por debajo de la inflación registrada para lo que va del 2020.

En este sentido, el presidente de la comisión de cultura de HCD, Carlos Quiroga, sostuvo que “por la positiva, han ratificado que no van a insistir con la derogación de la ordenanza del Instituto Cultural y el plexo normativo complementario, lo cual es una enorme noticia. Porque justamente el año pasado discutimos un presupuesto en estos términos y en diez días ocurrió el intento de derogación que las organizaciones lograron evitar. Por otro lado, que la reapertura del teatro municipal la garantizan para pasado el invierno sin dar demasiados detalles. Y el resto quedó verificado que es un presupuesto de ajuste y de recorte. Los recursos afectados, que no fueron utilizados este año, por ejemplo, no han buscado una financiación extra que no sea la original de esos recursos, con lo cual se va a contar con muy poco dinero tanto para los espacios culturales, para eventos permanentes como para el fondo municipal de las artes”.

“Después en materia de Fondo Educativo y otros temas dejan bastante que desear los argumentos expresados acá por los funcionarios”.

Lo que puede verificarse en términos numéricos concretos, “se contradice bastante con los objetivos” planteados en la fundamentación presupuestaria “de la participación, salir al aire libre, disfrutar. Para todo eso hay que poner plata”.

El economista Francisco Cantamutto dijo en FM De la Calle que “hay nueve municipios en la provincia de Buenos Aires que ya han aprobado algún tipo de aporte extraordinario: 25 de mayo, Castelli, Gral. Lavalle, Hurlingam, Lanús, Laprida, Trenque Lauquen, Tres de Febrero y Vicente López”.

Destacó que “se apuntó a que los bancos pagaran esa tasa extraordinaria, lo mismo para las grandes distribuidoras comerciales. Una cifra se le pidió a grande productores rurales y, en otros casos, una sobretasa a propietarios de más de cinco inmuebles”.

El columnista de En Eso Estamos detalló que “solamente cuatro (de los municipios mencionados) están gobernados por el Frente de Todos, el resto son de Juntos por el Cambio. En Castelli se judicializó y la Corte de la provincia dijo que era legítimo este pedido. Se estuvieron aplicando de marzo a septiembre, se trató de o bien de una suma fija o de elevar las tasas municipales para algunos sectores por algunos meses”.

Lo recaudado se destinó a “refuerzos sanitarios, a subsidios de PyMES, a bonos de trabajadores de salud. Es un buen momento para plantearla, puede discutirse por fuera del presupuesto”.

Para el caso local, Cantamutto afirmó que varios sectores han tenido ganancias extraordinarias en los últimos años y podrían hacer un aporte mayor en tiempos de emergencia: “Bancos, el polo petroquímico, la actividad portuaria de gran porte, algunos sectores de gran escala rural, prestadoras se servicios públicos, propietarios de grandes inmuebles o habitantes de barrios cerrados”.

En el contexto nacional, el economista recordó que el aporte extraordinario de las grandes fortunas ya está aprobado. “Encontré una sucesión de notas indicando planteos de judicialización en términos de cuestionar la constitucionalidad, ya la prensa hegemonía está dándole consejos de cómo hacer para entorpecer el pago”.

“Gran parte de la riqueza acumulada por quienes más tienen proviene de políticas específicas que los favorecen. En gran medida el Estado ha ido quitando impuestos a las grandes fortunas, a negocios y ganancias. Esos impuesto que no se pagan generan un ahorro para sectores poderosos. Este sector es el que luego compra bonos y títulos públicos que emite el Estado. No solo que no pagaron un impuesto sino que después cobran un interés de lo que le prestan al Estado. La riqueza de la gente más rica del país está basada en esta lógica”, finalizó.

Autoridades municipales informaron días atrás que la tasa de Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública aumentaría un 35% en 2021. El dato fue ratificado por miembros de la Secretaría de Hacienda que el viernes presentaron las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Sin embargo, desde la oposición señalaron que con la modificación de algunos coeficientes el incremento oscilará entre el 40 al 90%. “Si se aplica este aumento estaríamos padeciendo el aumento más grande de la gestión Gay”, dijo a FM De la Calle el concejal Gustavo Mandará.

“Lo preocupante es que con bombos y platillos se presentó que el aumento de ALC iba a ser del 35% solamente, mirando el detalle descubrimos que podría haber aumentos que llegaran hasta el 90%”, afirmó.

Agregó que plantearon “el tema y la sensación es que una vez más había la intención de que si pasaba pasaba porque enseguida reconocieron que podía haber un error, una confusión”.

“Las tasas se formulan por distintos componentes, uno es el valor básico anual, que efectivamente sí aumenta el 35%. Pero la administración de Gay toca unos mínimos que eran iguales para las ocho categorías que dividen las tasas municipales, en algunos casos el aumento podría llegar al 90%”, advirtió.

Mandará señaló que “el tema los descolocó y quedaron en el que iban a modificarlo. No quisiera llegar a enero con miles que dijeran me aumentó el doble. Forma parte de su concepción del mundo. $2500 de tasa, 5 mil de gas y un jubilado cobra 17 mil pesos. Te dicen que es una barbaridad que alguien pague 225 pesos de tasa pero quién es esa persona, qué ingresos tiene”.

En cuanto a la posibilidad de implementar un aporte extraordinario para los sectores que no dejaron de aumentar sus ganancias en Bahía mencionó que “si viviéramos en otra ciudad perfectamente habría que considerarlo. Este es mi séptimo ejercicio y termino rendido ante al esterilidad de esos recursos. Nos hemos cansado de presentar propuestas para gravar sectores más lucrativos y distribuir y nunca hemos tenidos ni la más mínima recepción”.

“Uno siente que el oficialismo hace el presupuesto porque hay un requisito que así lo indica porque después nunca se cumple. El HCD queda medio girando en falta, porque tendría muchísimas sugerencias pero sabés que por más que las hagas no las van a contemplar”, dijo el edil.

(Por Astor Vitali) Desde el miércoles pasado un sector de trabajadores y trabajadoras de la federación aceitera está llevando adelante un paro de actividades. Algunos se preguntan: ¿cómo van a parar tantos días? Ocurre que una buena parte del movimiento obrero argentino ha cedido terreno en la cuestión cultural: hacernos creer que un sector de trabajadores y de trabajadoras que están organizados atenta contra la economía cuando en rigor es el resultado de las políticas de las empresas aquello que hace que la economía se vea afectada. Sobre todo en materia de caída salarial.

La Federación Aceitera está vinculada a un sector que no podría excusarse en que le viene yendo mal. Todo lo contario, hay empresas como AGB, las grandes industrias portuarias como Dreyfus, Cargill o Bunge. Ayer fueron convocadas las partes por el gobierno.

Es salario que están reclamando se ubica entre 82 mil y 92 mil pesos. El análisis que realizan desde el sector se hace en base a los datos publicados por el INDEC. Esta federación no naturalizó que ser trabajador o trabajadora implica ganar por debajo de lo que cualquier persona debería recibir para llevar adelante una vida donde sus necesidades estén cubiertas. Aquí hay una gran diferencia con otros sectores del movimiento obrero que han, no solamente aceptado distintas caídas del salario, en muchos casos por debajo de los límites de canasta familiar y de pobreza, sino habiendo aceptado otros elementos de fondo como las condiciones de trabajo.

¿Por qué naturalizamos que una persona debe trabajar todo el día sino que debe contar con uno o más trabajos para tener, no una vida holgada, sino apenas para su subsistencia? Sabemos que el costo de vida no está cubierto por nuestros salarios, al menos no para un nivel de vida digno.

Este sector está planteado no ceder ante los intereses patronales y utilizar la herramienta que tiene la clase trabajadora, sobre todo en sectores de la industria con mayores niveles de organización y por ende mayor capacidad de incidir en los debates y en las acciones.

No incide en gran medida el costo laboral en la facturación de estas empresas. Si alguien piensa seriamente que para esas firmas que exportan y acumulan en dólares el problema es un salario un poquito más alto no está dimensionando la magnitud de la cosa.

Hay otra pelea atrás que tiene que ver con que las empresas no están dispuestas a legitimar como patronal la capacidad de lucha de un sector organizado, como este caso, que siempre con la constitución en la mano lleva adelante negociaciones salariales que no aceptan que se registren a la pérdida.

Hay también otros elementos que se ven en estos momentos de lucha de otros sectores de trabajadores y de trabajadoras, que en lugar de notar que estas luchas les son beneficiosas para mejorar su propia condición laboral hacen lo contrario: se quejan porque “ganan mucho” (nadie sabe muy bien cuánto es mucho) o porque “yo tengo que trabajar todo el día, gano dos mangos y no paro porque si paro me reemplaza otro”. Aquí aparece una perfecta incomprensión, una expresión del analfabetismo político que hace que la persona se posicione en el lugar de patronal cuando debería posicionarse en el lugar de “uno mismo en otro cuero”, como decía Yupanqui, es decir otro trabajador de otro sector, pero trabajador al fin. Su condición de clase les debería unificar.

Similar circunstancia se da cuando hay pelea gremial en el ámbito de la educación y se habla de privilegios de la docencia que no son tales. Pasó, paradójicamente, con les trabajadores de la salud, a quienes durante un período se les aplaudía a las 21 y luego se les aplicó una suerte de extorción moral a la hora de reclamar salario: ustedes no pueden parar porque atienden la salud.

La lucha por el salario es también una de las principales facetas de la lucha por la distribución de la riqueza. El Estado argentino, ni siquiera en el mejor de los momentos de su expresión más progresista, no ha jugado firmemente en un rol de levantar el salario de manera significativa –pero en serio, en una disputa por la riqueza que podría registrarse económicamente afectando algún interés de empresas con capacidad de pago-. Tampoco se hizo demasiado presente en cuanto a la progresiva aunque muy veloz destrucción de las condiciones de trabajo en innumerables sectores de nuestra sociedad.

Cuando alguien dice “yo lo que quiero es trabajar” tal vez lo que esté diciendo es “yo lo que quiero es tener un ingreso”. ¿Qué significa trabajar? Si el trabajo significa estar veinticuatro horas por siete días a disposición de unas patronales que no sólo no me reconocen lo que deberían –incluso legalmente- ni tampoco condiciones de trabajo entonces no nos entendemos. A mí me da vergüenza ver cuando uno hace una compra online, que venga un pibito o una pibita en su bicicleta, sin ningún tipo de reconocimiento legal, por una propina, con el cartelito de Glovo o de Pedidos Ya. Me de vergüenza por el tipo de sociedad que hemos construido que expone a los pibes y a las pibas a una idea de que trabajo significa ese nivel se sobreexplotación que no garantiza las mínimas condiciones de seguridad ni las posibilidades de vivir dignamente.

Un trabajo no es algo que te da un recurso determinado para que puedas alquilar pero junto a tu primo, tu tío, tus viejos y solo comprar una partecita de la yerba y una partecita del morfi, una partecita del techo. Un trabajo es aquello que debería garantizarle a un ser humano en carácter individual acceder a vivienda, alimentación, indumentaria y todo tipo de servicio que garantice sus derechos humanos básicos.

Esto no ocurre en la actualidad y se ve de manera muy expuesta. Lo vamos aceptando como sociedad de una manera muy vergonzosa y vergonzante.

Lo que se está dando en la pelea aceitera tiene que ver con esa discusión de fondo: condiciones de trabajo y salario digno y nada tiene que ver con la imposibilidad de un conjunto de empresas que no pueda pagar.

Hay que volver a definir qué es trabajo. Pero no por contexto sino por lo que es justo y necesario. Por contexto podemos compararnos con situaciones esclavistas que se viven, no en África, sino en el conurbano bonaerense y en otras ciudades del interior.

Defender la idea de la continuidad del trabajo a rajatabla porque si no el país se para es una idea patronal, de las grandes empresas, no debería ser recogida por un gobierno que se autodenomine progresista y por supuesto no tiene que ver con los intereses de ningún trabajador ni de ninguna trabajadora.

Dice José Elías Mequierenexpropiar, nuestro columnista de los martes, nuestro oyente crítico, que siempre tiene que seguir “la rueda de la vida”. Creemos que no. Para poder defender al conjunto de quienes trabajan –la mayor parte de la población- y sus condiciones de vida, para poder volver a pensar en que se pueda trabajar ocho o seis horas y con ello sustentar una vida plena hacen falta peleas como la que está haciendo la federación aceitera.

Ciertamente, no todo tiene que seguir. No da lo mismo que todo siga igual.

“Más allá de la nueva prueba insistimos con que hubo una incorrecta interpretación de la prueba que ya había en la causa. La Cámara de Casación Penal y la Corte no entraron a revisar, eso quedó allí dando vueltas y es lo que plantea la defensa de Massot. Hay que convertir esa decisión en un sobreseimiento o en un procesamiento”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.

Fue luego del pedido de ampliación de la indagatoria y posterior procesamiento al ex propietario de La Nueva Provincia, Vicente Massot. El juez Walter López Da Silva deberá analizar nuevamente la causa y decidir si ratifica o no el fallo exprés que el abogado Claudio Pontet entregó al empresario en 2015 para prolongar su impunidad.

“Pontet reconoce que el diario, la empresa y la familia apoyaban la prédica de la dictadura y la lucha contra la subversión pero que solo lo hicieron en lo que él considera un aspecto legal de esa lucha y no en el genocidio que funcionaba en la clandestinidad. No existe una lucha contra la subversión legal sino que existió un proceso legal para ocultar lo que sucedía”, argumentó.

Más info: “Habla el juez que benefició a Massot”

Fermento subrayó que “el discurso del diario, de toda la producción editorial y periodística estuvo abocada a un llamamiento al exterminio y no a detenciones legales, hay pedidos de pena de muerte y el ejercicio de la violencia irrestricta sin medias tintas. La prédica del diario fue ir a más allá y correr el rumbo del proceso por derecha en cuanto al ejercicio de la violencia, siempre pidiendo más”.

Massot y los servicios de Pinochet

En relación a la prueba nueva, Fermento señaló que “se trata de los archivos que se secuestraron en el 78, 79, del agente chileno Arancibia Clavel. Cuando se da el conflicto del Beagle pierde su apoyo y termina detenido y torturado por la dictadura, eso quedó en una causa y muchos años después se pudo desempolvar”.

“Ya en el año 74, Arancibia Clavel conformaba la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) chilena que uno de los contactos que había establecido en la actividad ilegal era Vicente Massot. Señala que lo vinculaba una amistad antigua y que Massot le pidió información para realizar una campaña contra el marxismo en Perú y que se reunía con el grupo directivo de Cabildo uno de cuyos fundadores era Massot”, añadió.

Fermento resaltó que “detectamos reportes a sus superiores e informes que tienen que ver con infiltraciones ideológicas en distintos ámbitos de la ciudad que tienen correlato con las publicaciones de la revista Cabildo como El Fortín, a tal punto que en algunos casos aparece la crónica con fecha posterior al reporte de Arancibia Clavel. Eso es una confirmación de las publicaciones pidiendo limpieza y hablando de soviets en el diario, en la universidad, en los gremios. Vemos esta confirmación dos años antes de los hechos que imputamos a Massot y consideramos que se rebate lo que señalo Pontet de que Massot era joven y recién se iniciaba en el periodismo y que no tenía gran incidencia en la empresa. Dos años antes tenía vínculos con el jefe de la DINA, lo hacía en plena colaboración con los servicios locales”.

Otra línea de investigación que se incorporó está relacionada a la persecución a los sectores progresistas de la Iglesia Católica, a partir de documentos y testimonios ya reseñados en esta nota.

¿Cómo sigue la causa?

“Está para resolver por el juez, el pedido de la defensa y la contestación de nuestro dictamen que es sobreseer o procesar. De hacer lugar a las medidas probatorias que solicitamos se va a abrir la prueba previo a un nuevo auto de mérito. Siempre es apelable, la diferencia es que los procesamientos confirmados por Cámara permiten pedir la elevación a juicio, independientemente de lo que siga. El Código Procesal permite avanzar en juicio aún cuando hay recursos pendientes. López Da Silva es el que evalúa toda la prueba”, detalló el fiscal.

Triple A: el juicio en pandemia

En relación a las audiencias del Juicio Triple A, Fermento señaló que “el balance es muy positivo, pudimos retomar un juicio casi desde el inicio en plena pandemia, hicimos un gran esfuerzo para que no quedara encorsetado en una reunión por zoom, se lograron las transmisiones por el canal de la UNS”.

“El papel de la audiencia no está previsto por el Código pero es fundamental, son las personas que vivieron esta historia y mucha gente se acercó a contar situaciones y pedir declarar. Se marca la importancia de que estas causas lleguen a juicio, no pueden morir en un expediente cerrado. Causas como las de Massot merecen que lleguen a juicio y sean ventiladas ante la sociedad, merecen una mirada institucional particular”, finalizó.

La última audiencia de 2020 será el próximo jueves desde las 9 cuando se escuche a la perito de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Berlingeri.

En el marco del aislamiento social, la Biblioteca Popular Macedonio Fernández de Villa Ventana presentó la biblioteca virtual colectiva “Yo me quedo en casa” para seguir compartiendo el placer de la lectura.

En el sitio se pueden encontrar libros diversos y para todas las edades, liberados por editoriales o autoras/es y de sitios educativos.

ENTRÁ POR ACÁ

Desde la Comarca, Amalia Bernat nos trae las siguientes recomendaciones.

Capítulo 16: Nutrir deseos

Leeló acá.

Capítulo 15: 10 mitos y verdades sobre las factorías de cerdos

Leelo acá.

Capítulo 14: La radio, la obstinada vigencia de un medio invisible

Leelo acá.

Capítulo 13: Historia de la crueldad

Leelo acá.

Capítulo 12: Amigos por el viento, Liliana Bodoc

Leelo acá.

Capítulo 11: Diario del año de la peste

Leer acá.

Capítulo 9: Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección

Capítulo 8: Reunión Lof Lafken Winkul Mapu

Capítulo 7: Leer el mundo

Leer acá.

Capítulo 6: Plantas nativas de Bahía Blanca y sus alrededores

Leer acá.

Capítulo 5: La gran ventana de los sueños, Fogwill

Leer acá.

Capítulo 4: Bigotel, David Wamper y Ana Camusso

Leelo acá.

Capítulo 3: Memoria por correspondencia, Emma Reyes

Leelo acá.

Capítulo 2: Los mocos de la furia, Liliana Bodoc

Leelo acá.

Capítulo 1: Historias del fin del mundo

Leelo acá.

(Por Giuliana Crucianelli) “Siento mucha alegría, ahora hay que empezar a preparar el corazón para el tratamiento en Senadores que siempre es miedo e incertidumbre. Pero sabemos que este año va a ser ley. Nos la merecemos y nos lo deben”, dijo a FM De la Calle Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones fue el resultado del debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que terminó con media sanción en la Cámara de Diputados. Miles de pañuelos verdes colmaron las plazas de todo el país y Bahía no fue la excepción.

Griselda Cifuentes (Socorristas en Red) destacó que si algo pudimos aportar las redes que acompañamos es que, a pesar de que necesitamos una ley de IVE, algunas experiencias están alejadas de los repertorios del dolor y que une puede pensar que abortar puede tener que ver con proyectar deseos”.

Ayer se realizó una movilización y luego comenzó la vigilia en la Plaza Rivadavia con la atención puesta en los discursos del Congreso proyectados en pantalla gigante. Esta mañana, las organizaciones y quienes se autoconvocaron en la calle celebraron la mayoría de votos afirmativos.

Petersen comentó que entre los argumentos “sigue surgiendo esta idea de los antiderechos de tutelar y decirle a las mujeres y personas con capacidad de gestar qué hacer y cómo debemos afrontar situaciones, para ellos, traumáticas. Muy pocas veces escuchamos hablar sobre nuestros deseos, sobre nuestra autonomía y cómo esto motiva la lucha, por eso este desahogo”.

La doctora Belén Ferro Moreno, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, expresó que “para quienes trabajamos en salud es un avance muy importante. Queremos que las personas gestantes que se acercan al sistema de salud no se sientan rechazadas, lo que dificulta y traumatiza es el peso del estigma social y son, muchas veces, los mismos trabajadores de la salud quienes vulneran esos derechos”.

“Esperamos que a nivel local las autoridades estén a la altura y que en todas las unidades sanitarias haya un profesional que garantice el derecho”.

En relación a la situación local, mencionó que “en Bahía antes de la pandemia había 56 unidades sanitarias funcionando, se redujeron para efectivizar la atención, pese a que en la red somos 30 efectores, son 15 unidades en las que funcionamos. Eso significa que una persona tenga que cruzar la ciudad para dar con alguien que garantice el derecho. La mayor parte de las ILE se garantizan en el primer nivel, sin embargo, en unidades sanitarias solo el 10% de efectores lo garantizamos. Esto sobrecarga al personal y genera barreras. Estamos esperando que la Secretaría de Salud dé una respuesta, generando una sensibilización al personal de la salud”.

Griselda Cifuentes, de Socorristas en Red, sostuvo que hay que “entender que esto es algo que ya no tiene vuelta atrás, la sensibilidad despenalizadora es un hecho”.

Agregó que “una de las situaciones que se repitió en varios argumentos no solamente para los a favor y para los que están en contra tiene que ver con pensar que las experiencias de abortar son traumáticas y dolorosas y me parece que si algo pudimos aportar las redes que acompañamos es que, a pesar de que necesitamos una ley de IVE, algunas experiencias están alejadas de estos repertorios del dolor y que une puede pensar que abortar puede tener que ver con proyectar deseos”.

Ketty Scheider, integrante de la Campaña, se mostró “muy emocionada, son muchos años de lucha, de transitar a calle antes de la marea verde, éramos muy poquitas, es un logro enorme. Nos queda Senadores, soy muy optimista porque este país no puede seguir en el medioevo”.

Otras voces

“Estamos cansadas de seguir escuchando lo mismo, que tantas personas sigan opinando sobre nuestras elecciones y nuestro cuerpo. Siempre que se pueda dar en democracia y con las opiniones de las personas que nos apoyan es importante. Es político pero no partidario, esto es nuestro”, señaló Patricia.

Otra joven dijo que siente “alivio” y agregó: “Hace 37 años que volvió la democracia, en un día tan especial se puede valorizar la lucha. Esto no es solo de las mujeres, es un cambio muy profundo y tiene a la juventud como el protagonista principal. Es una comunión entre el recinto y el afuera”.

Un grupo de amigas pasó la noche bajo frazadas escuchando el debate: “Estoy emocionada, cuando el presidente de la Cámara dijo que se había obtenido la media sanción se me pusieron los ojos llorosos, ver a nuestras compañeras acompañando toda la noche fue emotivo. Espero que piensen bien su voto en el Senado y que voten a favor de las pibas”.

“Siento que valió la pena”, dijo otra adolescente llorando, “me encanta vernos así de juntas, que las generaciones que vienen, vienen más fuertes. Lo que hay que rescatar es la autonomía y la importancia de la libertad, basta del estigma. Es nuestra decisión, es nuestro cuerpo y nuestra vida, nadie tiene el poder sobre nosotras”.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó la ampliación de la indagatoria de Vicente Gonzalo Massot, la revocación de la falta de mérito y el dictado de su procesamiento por los crímenes contra la humanidad en los que habría tomado parte el diario La Nueva Provincia en la ciudad de Bahía Blanca y la región.

En el mismo escrito, dictaminó que se rechace el pedido de sobreseimiento formulado por el defensor del acusado, y pidió la producción de nuevas medidas de investigación. Las presentaciones  se produjeron luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara, el 30 de julio de este año, un recurso contra la falta de mérito dictada en 2015 en primera instancia, que había sido confirmada en 2016 tanto por la Cámara Federal de Apelaciones bahiense como la Cámara Federal de Casación Penal.

Relación de Vicente Massot con Arancibia Clavel

El pedido fue fundado en el análisis de un conjunto de pruebas que no se encontraban disponibles al dictarse la resolución de falta de mérito, entre la que se destacaron los archivos secretos que fueron secuestrados al agente chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, condenado por los crímenes contra la humanidad cometidos en el país contra opositores políticos al régimen de Augusto Pinochet, cuyo grupo de tareas -según el Informe Rettig- tenía “el objetivo de conocer, controlar, detener y aún eliminar a opositores chilenos asilados o que vivían en el exterior y realizaban allí actividades estimadas peligrosas para el gobierno militar”.

Se trata de reportes que el agente remitía periódicamente a la Dirección de Inteligencia chilena, sobre el progreso de las operaciones desarrolladas en territorio argentino. En uno de estos documentos (memorando N° 5, del 29 de octubre de 1974), Arancibia Clavel informa cómo uno de los “contactos establecidos” en el país, el de “Gonzalo Massot, subdirector de la revista CABILDO (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca, [quien] me pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que él controla sobre la penetración soviética en América Latina. También con Gonzalo me une una antigua amistad”.

El pedido de Massot luego se vio reflejado en artículos sobre la penetración marxista en Perú, publicados tanto en el diario La Nueva Provincia como en la revista El Fortín en los días posteriores al memorando.

Otro de los reportes (número 9-A, del 3 de diciembre de 1974), vuelve a hacer referencia a la revista Cabildo, informando: “Mi relación con su equipo de redacción son muy buenas y mantengo una reunión semanal con ellos”.

A partir de la documentación recabada, la presentación de la fiscalía concluyó sobre el conocimiento que Vicente Massot disponía sobre aspectos que se mantenían en los más estrictos niveles de clandestinidad, tales como la verdadera identidad del agente chileno y la naturaleza de la actividad de espionaje que realizaba: “el propio pedido de información en el marco de una campaña de propaganda anticomunista, determina que el trato y la amistad de MASSOT no era con el ‘banquero’ Luis Felipe ALEMPARTE [identidad de cobertura], sino con el agente de información clandestina Enrique Lautaro ARANCIBIA CLAVEL”, indicó la representación del MPF.

El pedido de procesamiento también se detuvo en el idéntico propósito que tenía el intercambio de información entre Massot y Arancibia Clavel, consistente en la producción de operaciones psicológicas antisubversivas. En el caso del chileno, se trató –entre otras– de la “Operación Colombo”, montada para presentar al público la desaparición de 119 chilenos como sus muertes atribuidas a peleas internas de los movimientos de izquierda en Argentina.

Según los fiscales, en el caso de Massot, el destino de la información para operaciones psicológicas no sólo fue graficada con el memorando comentado, sino también a través de otros artículos publicados en las revistas Cabildo y su sucesora El Fortín, cuyo contenido reproduce párrafos literales de los informes especiales que Arancibia Clavel giraba a la DINA. El caso más llamativo es del Memorandum 34-C, del 17 de abril de 1975, que contiene un informe especial titulado “IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ORTODOXA AMERICANA”, cuyo texto fue literalmente transcripto un día más tarde en la revista El Fortín.

La fiscalía solicitó que esta prueba sea valorada de manera conglobada con las relaciones demostradas entre Massot y el comandante del 1er. Cuerpo Guillermo Suárez Mason y el general Acdel Vilas, tratadas en anteriores presentaciones en la causa judicial.

Persecución de religiosos progresistas

Otros de los nuevos elementos probatorios analizados en la presentación se trata del diario del obispo Victorio Bonamín y la revista Nro 18 del Servicio de Documentación e Información Popular Latinoamericano (SEDIPLA) de junio de 1975, relacionados con el asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak en la ciudad de Bahía Blanca.

Dorñak fue ultimado en la residencia de los padres salesianos el 21 de marzo de 1975, misma madrugada en que fueron secuestrados María Isabel Mendivil y Fernando Antonio Alduvino, en un raid delictivo que incluyó el intento de secuestro de Carlos Entraigas y la hermana Norma Gorriarán y la colocación de una bomba en el domicilio de Jorge Riganti. Los cadáveres de Mendivil y Alduvino fueron hallados acribillados junto a caminos vecinales. Los hechos forman parte del juicio a la Triple A de Bahía Blanca, que se encuentra en curso en la actualidad.

El clima de asesinatos, amenazas y atentados motivó al padre Juan Cantini, autoridad de la congregación salesiana, a solicitar ayuda al provicario castrense Victorio Bonamín, quien dejó registro de la reunión en su diario personal: “Según el registro en los diarios de Bonamín, la respuesta emitida fue la siguiente: “Lo aconsejé: 1) tratar con la Marina de P. Belgrano; 2) Idem Sub Jefe Policía Bs. As.; 3) Reconciliarse con ‘La Nueva Provincia’”.

La crítica situación que atravesaba la comunidad cristiana de Bahía Blanca fue descripta en un informe especial de SEDIPLA publicado en junio de 1975, en el que se transcribe una carta dirigida “POR TODOS LOS PARROCOS Y DIRECTORES DE COLEGIOS CATOLICOS DE BAHIA BLANCA” al presidente de la Confederación Episcopal Argentina solicitando que se garantice su seguridad. En el mismo número, se reseña la respuesta a los religiosos emitida por el diario La Nueva Provincia, en su editorial del 25 de mayo de 1975, titulada “Colegios Católicos y Autoridades. No se Puede Sembrar Violencia Y Esperar el Fruto de la paz…”.

El dictamen fiscal reproduce distintos pasajes del artículo periodístico, en el que la familia Massot advierte que “…muchos de los que hoy se lamentan están recogiendo lo que sembraron” y que “Se dejó que ocurrieran cosas que no fueron denunciadas –y si, auspiciadas– como ignorando que ‘quien siembra vientos recoge tempestades’”.

Apuntando a los religiosos, el diario predicaba que “ciertos núcleos religiosos –que hoy firman junto a santos sacerdotes– sembraron la semilla de una violencia que, mientras no los tocó, prefirieron ignorar, cuando no labrar… Los lamentos de los culpables no atenúan esta realidad”. Luego cerraba su discurso con “un llamado a los padres de los alumnos… Son los padres los que deben mantener una estricta vigilancia… Se acabó el tiempo de los arrepentimientos tardíos, más aun si están en juego el futuro y la salud moral de los hijos”.

La prueba reseñada llevó a los fiscales a preguntarse: “¿de qué manera puede interpretarse el mensaje de condena, justificación de los ataques cometidos y a cometer (trasladando la culpa a las víctimas) y llamando a la población a participar activamente del señalamiento de los blancos, como una adhesión que se limitaba a un supuesto costado legítimo de la denominada lucha contra la subversión (como tuvo para sí el auto de mérito sobre MASSOT), pero que nada tenía que ver con la actividad criminal cometida en ese marco?”.

Y relacionando el editorial con los consejos de Bonamín, explican los representantes del MPF en el escrito: “Reconciliarse con La Nueva Provincia no significaba otra cosa que atenerse al (auto) disciplinamiento que exigía el diario en el editorial comentado, puesto que de otro modo la violencia (las tempestades) continuaría. No sólo ello: el hecho de que la reconciliación tuviera que ser específicamente con la familia MASSOT, indica que no alcanzaba con aquel auto-disciplinamiento, sino se obtenía la aprobación (perdón) por parte de aquellos empresarios. Para que la situación de persecución cesara, el acto de perdón no debía provenir de ninguna autoridad política, militar y/o de seguridad, sino de la familia MASSOT”.

El que siembre vientos…

Otra de las constancias probatorias valoradas fue el testimonio prestado por Eduardo Alfredo Tindiglia en el juicio a la Triple A, en el que relató la entrevista que mantuvo con el sacerdote fallecido José Del Col, testigo presencial del ataque a la residencia salesiana de la que resultó el asesinato de Dorñak. Según Tindiglia, Del Col le habló de una carta que los salesianos recibieron por aquellos días, firmada por el grupo de los 30, en la que utilizaban la misma frase elegida por los Massot: “el que siembra vientos, cosecha tempestades”.

Según la presentación, aquel episodio fue también relatado en el mismo número de SEDIPLA, en el que se hace referencia a “una carta que recibieron una semana después de la muerte del P. Dorñak, el arzobispo de Bahía Blanca y el Inspector Salesiano Juan Cantini, anónimamente firmada por ‘30 católicos’”. En la nota, los firmantes reclamaban “una buena limpieza en el Juan XXIII” y anunciaban “la hora… de entrar en acción”.

Tocar el pianito

También analiza el pedido de la fiscalía la declaración de Higinio Calamita en el mismo juicio. El testigo relató que en el transcurso del año 1974 concurrió al diario de los Massot para publicar una solicitada convocando a un congreso político. Dijo que le pidieron que ingresara por un lugar, dentro de la empresa, diferente a aquel en el que se recibían tales publicaciones, en donde dos policías de uniforme le tomaron las huellas digitales (“me hace tocar el pianito”).

Para su sorpresa, tanto el episodio como el contenido de la solicitada fueron asentados en las planillas de antecedentes que sobre el testigo administraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), en donde se deja registro de que “la solicitada no fue publicada y el importe de la misma se le restituyó al Dr. Raúl José Reyes”, tal como reseña el escrito de la fiscalía.

Los fiscales relacionan el hecho con un dato que ya fue señalado en el anterior pedido de procesamiento: por aquel entonces, la persona elegida por la familia Massot como jefe de seguridad era el subcomsario Héctor Ramos, 2do. Jefe de la delegación SIPPBA, quien –según un documento de inteligencia de la Prefectura citado en la presentación– se encontraba investigando un proceso de infiltración subversiva dentro de la empresa.

Los obreros gráficos asesinados

El dictamen explica que aquél se trata del mismo archivo de inteligencia en el que se señalaba a los obreros gráficos de la firma Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola encabezando la lista del personal a ser “raleado”, y en el que se dejaba constancia del “proceso de sabotaje, ampliamente documentado por la empresa día a día por actas notariales que obran en su poder y denuncias tanto públicas, como a los comandos militares y navales de la zona. En ellas se podrán encontrar, llegado el momento, elementos de juicio con respecto a altos funcionarios gubernamentales y sindicales en extremo comprometedores”.

Ambos obreros fueron secuestrados de sus domicilios. Sus cadáveres fueron hallados el 4 de julio de 1976 en el paraje conocido como la Cueva de los Leones. Por tales hechos también se encuentra imputado Vicente Massot, quien interviene en varias de las actas notariales –agregadas a la causa– a las que se refiere el informe de inteligencia.

Los fiscales solicitaron que también sea revocada la falta de mérito por la participación del acusado en ambos homicidios: “la línea de continuidad detalladamente descripta por esta fiscalía en la presentación de hjs. 1123/1448 –que va desde la activa militancia gremial de ambas víctimas exclusivamente dentro de la empresa, las reiteradas denuncias –amenazas mediante– emitidas por el medio (a través de editoriales, notas al Ministerio de Trabajo, denuncias de sabotaje ante autoridades militares con entrega de constancias notariales) sobre la existencia de un caso de infiltración subversiva (‘soviet […] de nuestra propia casa’ decía en sus páginas el diario), las intimidaciones y los atentados contra empleados activistas, y el pedido personal realizado por la directora del medio al Comandante de la Zona 5 para que se encargue de ambos obreros luego asesinados bajo la advertencia de que sino habría que hacerlo ‘por izquierda’– no puede analizarse al margen de la serie de constancias traídas a cuenta, en las que los MASSOT aparecen: estableciendo contactos con un agente de inteligencia condenado por crímenes contra la humanidad, y concertando y coordinando con el mismo operaciones psicológicas ‘antisubversivas’; participando de amenazas contra grupos religiosos vinculados al tercermundismo, y justificando asesinatos, atentados e intentos de secuestro, bajo la consigna de transferencia de culpa a tales sectores y aquellos que no los controlaran; cobijando a agentes de inteligencia de jerarquía de la policía provincial dentro de la empresa, para desbaratar la infiltración interna (nuevamente, el soviet en su casa) y ejercer inteligencia sobre el público”.

Discurso de exterminio

Para la fiscalía, la prueba del propósito de exhortación y justificación del exterminio está dada por el discurso diario e incalificable que sostenía el medio periodístico: “existen doscientos treinta y siete ediciones diferentes en las que, en las páginas del diario, se aborda la ‘lucha contra la subversión’, de las cuales en ciento setenta y siete ediciones le agregaron (textualmente) a la ‘subversión’ los siguientes verbos: eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar, erradicar y estado de guerra.

De dicho acervo documental, destacaron los siguientes pasajes:  “[…] llegó el día en que las Fuerzas Armadas […] asumieron el control de la Nación y comenzaron a realizar, sin tolerancias ni indiferencias, la tarea que se imponía sin más demoras: rescatar al país del caos –en todos sus órdenes-, y aniquilar a la subversión”; “o se derrota a la subversión marxista y a todos sus aliados hasta su aniquilamiento o ésta persistirá en su intento de tomar el poder”; “el paulatino aniquilamiento de las hordas insurrectas”; “aniquilamiento del enemigo solapado”, “¿Aniquilada la subversión […] arribaremos, naturalmente, a la tierra de paz? ¡No! […] recién se habrá cerrado el primer capítulo […] habrá que […] defenderse de todos los males que casi la llevan [a la Nación] a su quiebra definitiva […]”; “[…] es preciso ganarles la guerra. Y ésta debe librarse en todos los campos donde se presente, sin descanso, ininterrumpidamente, hasta tener certeza de que han sido aniquilados”; “[…] tomar medidas revolucionarias y –séanos permitido decirlo– totalitarias en el campo donde la subversión ha calado hondo […]”; “¡Qué ironía el que, en esta nueva guerra no convencional, los comunistas demuestren ser más capaces que las sociedades abiertas en sus esfuerzos por incorporar a sus filas a un máximo de fuerzas que los secunden!”; “soslayar las medias tintas y empeñarse en un esfuerzo patriótico y mancomunado para extirpar el flagelo subversivo”; “aniquilar la subversión en todos los ámbitos”; o “exterminar a la guerrilla”; “La subversión es una hidra de siete cabezas. Apenas se ha cercenado una de ellas; restan, pues, seis más”; “El período ‘normalizador’, si bien despejó las malezas del camino en cierta medida, no logró completar su cometido en la proporción aconsejada por las circunstancias”; “Cuando el campo esté limpio de malezas”; “Más que hablar de la guerra, hay que hacer la guerra”.

Fuente: fiscales.gob

Este sábado desde las 10 se realizará un Encuentro social de organizaciones, una iniciativa para “reflexionar sobre el presente” que atraviesan diversos sectores de la ciudad golpeados por las consecuencias de la pandemia.

“Forma parte de los acuerdos de asamblea en el Consejo Cultural Consultivo, la idea es generar un encuentro donde podamos compartir no solo cómo hemos atravesado la pandemia sino también cuáles son las distintas estrategias”, comentó a FM De la Calle Nicolás Fernández Vicente.

Agregó que “los espacios subsisten gracias a la comunidad, sobre todo en esta ciudad que en el ámbito cultural que teniendo un presupuesto previo a la pandemia para ejecutar no solo no lo ejecutan sino explicitan que de ese dinero no han invertido ni un solo peso en la emergencia sanitaria. Esto atañe a la cultura pero hay muchos otros sectores que lo han padecido”.

“Esta dura realidad nos encuentra trabajando en cada uno de nuestros espacios. Creemos que es saludable encontrarnos, al menos virtualmente, para compartir experiencias, escucharnos, reconocernos y pensar alternativas conjuntamente”, señala la convocatoria.

Hasta hoy se reciben inscripciones abiertas de cualquier organización sindical, social, barrial, a través del mail: [email protected]. Mañana se podrá seguir en vivo por YouTube.

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana con 131 votos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo 117 votos en contra y 6 abstenciones.

Fue tras un extenso debate que se prolongó durante más de 20 horas, mientras manifestantes ‘verdes’ y ‘celestes’ siguieron las alternativas de la sesión durante toda la noche en las inmediaciones del Congreso y, en nuestra ciudad, en Plaza Rivadavia.

La iniciativa fue girada al Senado, que deberá debatir si transforma o no en ley el proyecto.

En los últimos 25 años, más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Sudáfrica, Uruguay modificaron su legislación  reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres.

La segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas de la Argentina concluyó que “alrededor del 79 por ciento de las personas está de acuerdo con el aborto en alguna de las circunstancias”.

“Cuando se trata del inicio o el fin de la vida las religiones tienen algo para decir. Si nos preguntamos quiénes son los que hablan, suelen ser los líderes, los dirigentes. Más allá de esa postura institucional de las iglesias, en los creyentes encontramos posiciones distanciadas de las jerarquías”, dijo a FM De la Calle Verónica Giménez Béliveau, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET.

Comentó que “una de las opciones de la encuesta era el aborto legal como derecho de las mujeres, otra que debería estar despenalizado en algunas circunstancias y la tercera opción señalaba que debe estar prohibido siempre”.

La socióloga mencionó que: “Tres de cada diez argentinos consideran que es un derecho de las mujeres, dos de cada diez consideran que debe estar prohibido siempre y cinco de cada diez consideran que debería estar permitido en algunas circunstancias. Si sumamos la primera y la tercera, llegamos al numero de casi el 80 por ciento está a favor de algún grado de despenalización”.

Según la adscripción religiosa, quienes opinan mayoritariamente a favor del aborto como derecho de la mujer son las personas sin filiación religiosa; quienes más firmemente apoyan la prohibición son los/as evangélicos/as; y quienes están a favor de la despenalización en algunas circunstancias son los/as católicos/as.

La primera encuesta se realizó en 2008 y en comparación con la de 2019 “observamos que sobre este tema hubo un crecimiento de casi el doble de las personas que consideran que el aborto es un derecho de las mujeres. La puesta en escena de la discusión pública en la Cámara de Diputados y el Senado en 2018 sirvió para que las personas se enteraran, profundizaran y muchas veces cambiaran su opinión”.

Consultada sobre la influencia de los medios de comunicación, Giménez argumentó que “se hacen eco y circulan cosas que pasan en la sociedad. Pedirle verdad a los medios estaría bueno pero no es lo que pasa, la circulación de fake news o discursos o creencias que no están probados científicamente se dan cuando hay disputa, pasó con el aborto y con los intentos el darle sentido a hechos que alteran la vida como el covid y las decisiones políticas que se tomaron para paliar las consecuencias”

“Lo que pasa en general cuando se aprueban determinadas legislaciones que amplían derechos es que las sociedades se los van apropiando y se vuelven ‘normales’, pasan a ser parte de la forma en la que la sociedad se piensa y se caracteriza. Así como antes del matrimonio igualitario la homosexualidad era mirada con más crudeza, hoy gracias a la ley hay una mayor apertura, sobre todo de las generaciones jóvenes, tienen una relación completamente diferente con la diversidad sexual, creo que con el aborto pasará algo similar va a pasar a ser un derecho adquirido”, concluyó.

El ex concejal Raúl Ayude afirmó que el Presupuesto 2021 de Héctor Gay plantea “un eje entre Secretaría Privada, Jefatura de Gabinete y Movilidad que están articulados con crecimiento, con espacio de gestión y ganando poder en desmedro de Secretaría de Gobierno”.

Destacó que “el gasto de la Secretaría de Cultura es preocupante, lo de la publicidad hay que revisarlo sí o sí y, en términos de Hábitat, si se gastara lo mismo que en publicidad estaríamos hablando de diez veces más”.

El dirigente de Nuevos Vientos recordó que “para aprobar el presupuesto de este año forzaron una suplencia que terminó judicializándose, lo hicieron de la mañana a la noche y después no lo ejecutaron en todo el año. Podés discutir el presupuesto pero después tenés que ver que lo respeten, si no es un bolazo”.

“El presupuesto aumenta un 31%, o sea, por debajo de la inflación. El proyecto tiene recursos municipales, provinciales y nacionales. Los municipales el año pasado significaban el 92% y este año bajan al 64% y lo que aumenta es lo que viene de provincia y lo de Nación que debe tener que ver con subsidios al transporte y otros planes”, señaló.

Comentó que “en cada secretaría se va viendo a quienes se le quitan funciones y a quienes se les transfieren. La Secretaría de Gobierno baja su presupuesto a la mitad y crece la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Movilidad Urbana. Este año al HCD le vuelven a dar la OMIC. Del Instituto Cultural gran parte crece por el Fondo Educativo donde baja lo destinado a infraestructura y cada vez mas porcentaje está destinado a pago de sueldos y otras actividades”.

Jefatura de Gabinete aumenta su presupuesto en más del 900% porque “empieza a tener el control sobre Recursos Humanos y más personal. La sumatoria es prácticamente la misma, hay más personal temporario pero no un ingreso de personal mucho más grande”. Más difícil de dimensionar es el ítem de Servicios Técnicos Profesionales porque “hay que buscarlos en las distintas secretarías y no está el número de personas sino los montos destinados”.

En relación a la publicidad señaló que “este año creció muchísimo. El año pasado lo estimado eran 38 millones, destinados a dos secretarías. Ahora aparece en más secretarías, fuera de que lo grueso está en Privada. Se entiende que si en un año por pandemia se van a gastar 100 millones de pesos, el año que viene que es electoral probablemente se gasten más del crecimiento de la inflación. Otro tema es la discrecionalidad con la que se entrega y cómo se arma agenda con eso”.

Respecto a las partidas destinadas a Hábitat mencionó que “había un subsidio que aparecía para la producción social de hábitat, este año no la encontramos. Se suman unos 10 millones de pesos que tienen que ver con la ordenanza del Consejo Local de Hábitat y con la adhesión a Ley de Hábitat. No sabemos a qué van destinados esos 10 millones”.

“Vos podés discutir el presupuesto pero, por otro lado, tenés que ver que se respete la ejecución. Lo que se gastó en Salud y alimentos vino de provincia, sí se ha gastado en transporte pero después no es que en gastos sociales hubo una gran inversión”, destacó.

Una nueva manifestación vecinal se realizó esta mañana frente a la planta de ABSA para reclamar alternativas de abastecimiento ante la falta de agua en varios barrios de la ciudad.

“Cuando se hizo la reunión en la universidad no nos dieron solución de obras, recién van a hacer una licitación en julio porque para arreglar la red de agua. Nos ofrecieron pasar como en el 1800 con el aguatero y bidones de agua. En casa a las dos de la mañana viene el agua y a las ocho se corta, es igual en Altos de Bahía, Villa Serra, Don Bosco al 1000”, comentó a FM De la Calle, Patricia Rodríguez, vecina de Patagonia.

Aseguró que no saben “cómo solicitar los camiones, hay gente que han llamado a ABSA y no les dicen. No hay criterio de lo que ofrecen. Hay un abogado que iba a hacer un planteo judicial, dado que el agua es un servicio esencial. En pandemia donde tenemos que tener cuidado con la higiene no tenés agua ni para lavarte los dientes. Estamos sin agua desde el viernes. Estamos en diciembre recién, esto va a ser peor todavía”.

Rodriguez señaló que están evaluando la posibilidad de presentarse en el Concejo Deliberante. A las 19:30 realizarán una nueva movilización en Cumeruca y Amancay.

“Mi marido se levanta muy temprano para poder lavar ropa y nos manejamos con lo que queda en el tanque, en mi casa llega a llenarse. El agua de la perforación no es del todo potable, tenemos que comprar bidones de agua para tomar y encima pagar la cuenta”.

(Por Astor Vitali) El carácter circular de la política –y también de la política local- poner por estas fechas en las portadas de los medios de comunicación una cantidad de titulares que refieren a la falta de agua en la ciudad. Quejas de vecines. Promesas incumplidas de dirigentes políticas. El mal teatro de las campañas y la defraudación del público que mira como espectador, minutos después de pagar la entrada en las urnas.

El reclamo vecinal se renueva porque los problemas de fondo no se resuelven. Para peor, la densidad poblacional aumenta y la planificación urbanística no sólo es nula sino que está vinculada a las necesidades del mercado inmobiliario. No es nula sino más bien a demanda del mejor portador. Es decir, no de las necesidades habitacionales. Nuevamente, lo público por sobre sobre lo privado: marca de época.

Cada vez que un gobierno habla de que se trata de un problema estructural, soslaya de que ese gobierno es parte de la estructura que podría solucionar las cuestiones de fondo.

Héctor Gay, como otros intendentes, prometió solucionar el problema al comienzo de su gestión. Está cumpliendo el primer año de su primer año correspondiente a su segunda gestión.

En general pasa lo que siempre pasa. Un grupo de vecinos y de vecinas se organiza. Reclaman. Alguna discusión altisonante. Reclamos aquí y allá. Algún funcionario de ABSA pone la cara. La dirigencia política dice “qué barbaridad”. La tensión sube y baja según cómo avancen las negociaciones. Pero finalmente no pasa nada.

Se dan respuestas que no son respuestas. La respuesta al reclamo por falta de agua es que haya agua.

Fernando Compagnoni, presidente del Concejo Deliberante (Honorable, él), anunció, luego del reclamo popular que se abrirá un “canal de comunicación para vehiculizar reclamos”. El edil “mantuvo una reunión en la Secretaría de Gobierno del Municipio con la directora de la O.M.I.C. (Oficina Municipal de Información al Consumidor), Mercedes Patiño, a los efectos de comenzar acciones inmediatas ante esta situación, como por ejemplo establecer un canal de comunicación eficaz para vehiculizar los distintos reclamos ante la empresa prestataria”, informó el parte de prensa del concejo.

“Dado que los vecinos manifiestan no tener un canal para llevar sus quejas y sus reclamos ante la empresa prestataria del servicio, A.B.S.A. (Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima) nosotros vamos a poner unas alternativas de comunicación de ellos para con nosotros así podemos hacer de intermediarios”, explicó el titular del cuerpo deliberativo.

“Especificó seguidamente que, y en consenso con todos los concejales, se activará una casilla de mail exclusiva para esta clase de reclamos, como así también, y desde el Departamento Jurídico de la O.M.I.C., se estudiarán todas las variables para llevar adelante medidas, tanto administrativas como judiciales que permitan, no solamente solicitar el amparo de un rápido restablecimiento del servicio del agua; sino que se analice la posibilidad de solicitar la exención del cobro de las facturas del período que no se haya prestado el servicio y la reparación de todos los daños ocasionados”.

En otras palabras, la respuesta del sistema de representación ante la falta de agua en distintos barrios es una casilla de correo electrónico para enviar quejas.

Nuevamente, la respuesta ante el reclamo por falta de agua es que haya agua. Claramente las soluciones estructurales no son mágicas, por lo cual, las respuestas que debería dar un gobierno a un problema que tiene artistas distintas desde lo humano, desde la dignidad, desde lo sanitario, deberían ser dos. La primera: ponemos en este momento todos los dispositivos provisorios para garantizar que llegue agua. La financiación de ello no es un problema de los vecinos ni de las vecinas puesto que vienen pagando su factura. Si las empresas no invierten, no es problema de la comunidad. Y, en segundo término, anunciar e implementar de inmediato un plan de inversiones para solucionar el problema estructural. Pero no anuncios de anuncios de anuncios de algo que van a anuncias: de eso vivimos hace años.

Todo lo demás es parte del manual de las escusas y del forreo a la comunidad. Es probable que esto quede como objeto de estudio de la no representación política.

¿Y qué hacemo’? Una casilla de correo no es una respuesta política a la angustia comunitaria por falta de agua.

Ilustración: María Florencia Laiuppa

El ex legislador pampeano Eduardo Tindiglia declaró en el Juicio Triple A que tramita el tribunal oral bahiense contra cuatro integrantes de la banda paraestatal que infundió el terror en la ciudad durante los años previos al golpe de estado de 1976. Se refirió al secuestro y fusilamiento de Carlos “Pelado” Davit, entre otros hechos que investigó.

Manifestó que el ex diputado nacional y secretario general de la CGT, Rodolfo Ponce, “estaba en la cúspide de una estructura piramidal, miraba todo desde arriba y desde ahí podía disponer de la vida y la muerte de las personas. Por eso, entre los años ’74 y ’75, hay no menos de sesenta hechos de violencia que los vinculan directamente a él y a la Juventud Sindical Peronista”.

Durante la audiencia del jueves 3 de diciembre también se presentó Héctor Benvenutti quien destacó que “los paredones de Bahía Blanca decían la Triple A son La Nueva Provincia, Ponce y la Marina”.

Los imputados son Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero. El debate continuará el 17 de diciembre desde las 9.

Eduardo Tindiglia vino a Bahía Blanca a estudiar en el Juan XXIII en 1986. Dos años después se instaló en la pensión de Yrigoyen 228: recaló, sin saberlo, en la misma habitación donde había vivido una de las víctimas de la Triple A. Se trataba de Carlos “Pelado” Davit, ambos eran originarios de Guatraché y primos segundos.

“Me sorprendí y después entendí que la invisibilización a la que estaban expuestas las víctimas tenía que ver con la campaña de prejuicio y estigmatización de la época, el algo habrán hecho”. En aquel entonces asumió un compromiso con la memoria de Davit que comenzó a cumplir 16 años después, en el marco del 30° aniversario del crimen.

Intentó entrevistar a don Sixto Banegas, el administrador de la pensión, pero para esa época ya no recordaba. Recurrió entonces a los organismos de derechos humanos bahienses y pudo contactar a ex compañeros/as de Carlos. El objetivo era recopilar información para un homenaje y para reclamar la reapertura de la causa judicial que finalmente se logró en 2005.

Visitó asiduamente la hemeroteca de la Biblioteca Rivadavia en busca de hechos violentos relacionados con Rodolfo Ponce, Remus Tetu y la Triple A.

Tindiglia dijo que, hasta 1975, Ponce era un actor relevante “más en lo gremial que en lo político. Un hombre que construyó poder de forma llamativa porque era secretario general de Urgara, un gremio pequeño”.

Afirmó que “si hay que buscar el origen de los represores o las patotas de Ponce, busquémoslos en los portuarios, en el transporte, en los granos y a las víctimas en la Uocra, los gráficos, la prensa, los universitarios”.  

Ante la pasividad de la UOM de Albertano Quiroga y la Asociación Empleados de Comercio de Ezequiel Crisol, “Ponce aprovecha la situación, establece un acercamiento político ideológico absoluto con Rucci y eso le significa el padrinazgo para la conducción de la CGT y de las 62 Organizaciones Peronistas”.

El testigo advirtió que Ponce “disponía de la información de la forma en que quisiera, no solo hacia el interior de los gremios sino los legajos de los trabajadores, los datos familiares, los domicilios, acceso a las listas que se habían presentado a las elecciones. Así podía acceder a algún posicionamiento ideológico de los dirigentes que le podían haber disputado las conducciones”.

“Estaba en la cúspide de una estructura piramidal, miraba todo desde arriba y desde ahí podía disponer de la vida y la muerte de las personas. Por eso, entre los años ’74 y ’75, hay no menos de sesenta hechos de violencia que los vinculan directamente a Ponce y a la Juventud Sindical Peronista”.

Tindiglia sostuvo que la misma estrategia de control y manejo de la información se aplicó en la universidad con la intervención de Remus Tetu. Mencionó que en los archivos de la DIPBA encontró volantes que acusaban por el crimen de Davit a Tetu, a Ponce y a Reynoso.

“Es interesante porque Tetu en octubre del 75 no es más rector, (…) asume Julio Reynoso que venía de ser interventor en la Universidad de La Plata y era parte del CNU. Trae la mayoría de su equipo de afuera, varios de la CNU. Conserva a los integrantes de los grupos de seguridad y los refuerza, claramente es una continuidad de lo de Tetu hasta el 24 de marzo”, destacó.

El testigo compartió una detallada línea de tiempo de lo ocurrido días previos y la noche del secuestro y asesinato de Carlos Davit y mencionó datos recabados sobre otras víctimas de la causa como el dirigente del Sindicato de Vialidad, Alberto Noé Bayarsky; los obreros de la construcción Orlando Walker y Hugo Ardiles; el estudiante Fernando Alduvino; y el sacerdote Carlos Dorñak.

Respecto al salesiano, recordó una entrevista que realizó a José Del Coll, quien asumió como rector del Juan XXIII tras el crimen. Por entonces se distribuían volantes con la inscripción “el que siembra vientos cosecha tempestades” con la firma del Grupo de los 30. “Él interpretaba que era el grupo de las 30 personalidades destacadas de Bahía Blanca, vinculadas al sector de la iglesia de la ortodoxia, cercanas al obispo Mayer, a La Nueva Provincia y, en lo educativo, a Remus Tetu”.

¿No serás zurdito?

Foto: La Máquina Cultural.

El profesor de Historia y entrenador de fútbol, Héctor Benvenutti, en 1973 estudiaba en el Departamento de Humanidades de la UNS y jugaba al fútbol semiprofesional en Sansinena junto al imputado Osvaldo Pallero.

“En el ambiente se hacía mención a personas que eran parte de lo que vulgarmente se denominaba ‘la patota’ y los más grandes nos decían: de esos tipos tienen que cuidarse porque son pesados”, afirmó. “Los estudiantes y los jóvenes en general salíamos de noche y veíamos a algunas de estas personas. Recuerdo haber ido a cabarets o lugares nocturnos y ver gente armada que no había que ni pasarles cerca”.

Benvenutti recordó que “estaba en el playón de la UNS cuando mataron a David (Cilleruelo). Oímos los disparos, nos fuimos con mucho temor y a partir de allí se suspendieron las clases. Cuando retomamos vimos a los guardaespaldas de Tetu armados en la UNS”.

Mencionó que en una oportunidad jugaban al fútbol en una cancha frente al Departamento de Humanidades cuando la pelota cayó en el terreno de Automotores. “Un compañero fue a buscarla y dijo ahí están Remus Tetu y sus matones mirando el partido. Sentimos temor, fue después del asesinato de Cilleruelo, que además jugaba en uno de los equipos internos del Club Universitario”.

En 1976 Benvenutti pasó a jugar en el Club Comercial. “En los asados había gente vinculada al sindicato del puerto, gente de Ponce que nos decía: ‘Eh, universitario ¿no serás zurdito? Cuidate’.

Por otro lado, manifestó que “todos hemos visto a Tetu entrar a conversar con el interventor de la dictadura, había una continuidad entre la Tripe A y los grupos de tareas de la Marina y el Ejército”. Al rumano lo conoció además como profesor de sociología: “Era un fascista formado, no era un chanta”.

El testigo agregó que Forchelli trabajaba en las escuelas medias y “el comentario de colegas profesoras era que integraba la patota”; Curzio “era conocido por el speedway, el comentario era que era chofer de los vehículos de la patota”; y de Aceituno se decía “que estaba al lado de los Argibay”.

¿Cómo sigue el juicio?

El viernes 4 declaró Gregorio Díaz Dionis, ex secretario general de ATUNS y presidente del Equipo Nizkor, en los próximos días publicaremos la reseña de sus dichos. La próxima audiencia será el 17 de diciembre desde las 9.

A propuesta de la Fiscalía queda por escuchar a la perito de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Berlingeri, a Néstor Busso y a Raquel Barabaschi. Luego será el turno de los testigos ofrecidos por la defensa. Para febrero se prevé una inspección ocular al ala de Ingeniería del edificio de Alem 1253 de la UNS donde fue asesinado David “Watu” Cilleruelo.

Finalmente la mamá de Facundo, Cristina Castro, recusó a la jueza Gabriela Marrón. En el escrito presentado por sus abogados sostiene que la actitud de la magistrada tuvo “un antes y un después” de la recusación contra el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

“Su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad”, manifestó.

Tras el rechazo al pedido de secuestro de celulares policiales y el allanamiento al puesto de Teniente Origone, Castro le reprochó a la jueza: “Seguramente para la sociedad sea ‘fácil creer que haya sido la policía’ como usted manifestó, más si las medidas de coerción son denegadas. No hay manera entonces de refutar ciertas hipótesis”.

Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que Marrón perdió la imparcialidad y adelantó que la denunciarán al Consejo de la Magistratura.

El abogado cuestionó “la actuación de Marrón a partir del 13, 14 de abril, con el chico en Bahía al que le pegó la policía. Se abre un protocolo donde ya no te llevan a la comisaría y te hacen un ‘acta volante’. Esa información no es la oficial pero la jueza no recibe más en formato papel. El 26 de junio recién recibe la causa de Facundo. Eso es un antecedente de porqué la Policía tenía esa carta blanca para hacer lo que quería sin rendir cuentas a la jueza”.

La magistrada “dejó de controlar, uno ve la diferencia entre las causas que empiezan el 1 de mayo con el dr. López Da Silva, él sí pide las actas en formato papel, había una demora de unos días pero llegaban. Eso es muy importante cuando nadie ve como irregular que a Facundo lo hayan parado tres veces”.

Otros de los motivos de la recusación son “la denuncia que le hace a (Luciano) Peretto por una supuesta filtración cuando ese Juzgado es un colador y la denuncia que pretenden hacer a Marcos Herrero. Además, desconfía del relato de la víctima -de lo que dice Cristina de la sandía-, es una abogada más de los policías, no incorpora la prueba, además del esfuerzo que realiza por dar por sentado hechos que no están en el expediente”.

“Marrón, en la recusación al fiscal, cita una serie de fallos y nos explica muy bien cuál es el comportamiento de un fiscal respecto de la víctima. Después de toda esa manifestación, entendemos que el comportamiento fue dejar hacer y dejar pasar entre la jueza y el fiscal. El fiscal no pide medidas de prueba, no apela nada. Se quedó esperando a ver cómo se archiva la causa”, destacó el letrado.

“En este caso particular, como no había personas mencionadas, lo que hace es delegar toda investigación en Fiscalía, una vez que delega no puede investigar como ella quiere. Está metiendo pruebas que son absurdas e ilógicas las formas de llegar a esas conclusiones. Está forzando los resultados y las pruebas para proteger policías”.

Otras novedades

Más allá de la recusación, en los últimos días declaró nuevamente la ex novia de Facundo. “Contó cómo el 7 de julio a las 10:30 la llevaron hasta el Penna para que diga que la ropa (que se halló en el lugar) era de Facundo. Sin orden de nada. Esto aparece a partir del 18 de agosto en el expediente, dos días después que aparece el cuerpo. Insiste la Fiscalía y aparece el acta. (…) El comisario Bezos le dijo que se quede tranquila que estaban trabajando”.

Aparicio mencionó que tuvieron otra audiencia por la activación de un celular a nombre de Facundo a las 11 de la mañana del 15 de agosto, día en que aparecieron los restos del joven. “La empresa nos dice que vende chips y el kiosco los revende. Esta empresa nos dice que tiene zonas de Mar del Plata ¿Cómo puede ser posible que este chip que alguien pide a nombre de Facundo tenga característica de Bahía? ¿Que cuando lo activa pide un número diferente y la segunda es un call center?”.