Vecinos y vecinas del barrio Altos de Bahía y Palos Verdes se manifestaron en la puerta de ABSA ante la falta de agua que padecen desde hace varios días.. El próximo viernes se reunirán con el gerente Gustavo Bentivegna.
“Empezamos a hacer barullo desde el sábado, tuvimos agua hasta ahora pero esta no es la situación de siempre. Hace una semana que teníamos agua por la noche, durante el día se cortaba totalmente. No es un problema nuevo, vivo en el barrio hace 12 años y no es de ahora”, relató a FM De la Calle, Alejandra desde Altos de Bahía.
Destacó que “el año pasado hicimos una reunión con Bentivegna, nos dijo que había que hacer inversiones porque los caños no alcanzan, hay que comprar bombas para hacer llegar el agua. Ahora lo que hacen es administrar la escasez. Siempre nos toca nuestro barrio, les pedimos que aunque sea cierren en otros barrios, aunque sea cuatro horas por día tener agua. Nos decía que nos es tan fácil como parece”.
Señaló que “la provincia había pedido un préstamo para hacer el trabajo del Rio Colorado que no se iba a hacer y que ese dinero se iba a distribuir para Bahía. Hoy nos dijo Bentivegna que en los papeles está, que hay que firmarlo y moverlo. Le pedimos que venga algún directivo de La Plata a poner la cara y que nos diga cuándo se inician las obras, estamos en octubre y tenemos problemas de agua”.
Asimismo, Alejandra relató la situación de una de sus vecina: “El sábado nos comentó que estuvo con Covid, el marido está internado y durante una semana no tuvo agua”.
La falta de agua afecta también a otros sectores de la ciudad como Los Chañares, Don Ramiro, Cerri, Bordeu y Pacífico.
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Su mamá, Mónica Dambolena destacó en diálogo con FM De la Calle la “impotencia que uno tiene cuando escucha todos los casos que hay y vemos que no hay una justicia justa. La justicia para los pobres no existe”.
“Si vos tenés plata y sos culpable quedás libre. Yo hace diez años que estoy condenada. ¿Qué festejo? No tenés nada de nada, ni siquiera proyectos de ese hijo que no está, del sueño de haber sido abuela. Fue el Día de la Madre ayer y no hay nada para festejar”, afirmó.
Dambolena agregó que el sábado fueron con su familia al lugar de la explosión a pegar un cartel. “Metz está trabajando en el puerto y es el responsable de una muerte, saben que no puede trabajar. A un empresario, le dieron tres años y siete años de inhabilitación que no se cumplen porque sé que está trabajando. Por más pequeña que sea la condena que por lo menos se cumpla, no hay controles tampoco, una lucha por eso y no se hacen”, comentó.
Dambolena señaló que “la semana pasada estuve llamando a (el titular del Consorcio de Gestión del Puerto, Federico) Susbielles, me atendió por teléfono, me dijo que me iba a dar una cita y hasta el día de hoy me va peloteando, quisiera saber cómo es el protocolo que usan para que la empresa siga trabajando”.
En mayo de 2019 Marcelo Camin fue condenado a tres años de prisión en suspenso, 50 mil pesos de multa y la obligación de realizar cursos de Seguridad e Higiene y hacer trabajos comunitarios. Su empresa, Camin Cargo Control, fue inhabilitada por cinco años.
El gerente local de la firma, Norberto Maximiliano Metz, había sido absuelto en junio de 2016 por homicidio culposo. La Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de prisión y la familia del joven cuatro años y medio y 200 mil pesos de multa.
Para Dambolena “todo es un arreglo entre fiscales, jueces y las empresas”.
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Néstor Luis Montezanti pidió asumir su propia defensa en la causa en la cual fue procesado por haber integrado la Triple A. A la vez, el ex presidente de la Cámara Federal bahiense pretende sostener a su defensor oficial.
Desde el Juzgado plantearon que deberá optar entre una u otra opción aunque la resolución fue apelada. Mientras tanto, seguirá siendo representado por Gustavo Rodríguez, al igual que sus compañeros de banda quienes están siendo juzgados en debate oral.
El juez Walter López da Silva calificó al reo como “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en concurso real con el delito constitutivo de lesa humanidad de intimidación pública”.
En su escrito, Montezanti se queja de la “actitud facciosa de la Fiscalía” por comunicar información de la causa a sus “organizados enemigos” y de supuestos ataques de “muchachos polifuncionales” que “tanto fungen de patoteros como de merodeadores dañinos nocturnos como de testigos”.
Según da Silva, “el rol de Montezanti habría sido relevante para el logro de los objetivos dentro del entramado y organización de la asociación ilícita, tanto con su participación en la toma de la UTN como luego en calidad de Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 del Ejército Argentino, pues habría desempeñado actividades en los estratégicos ámbitos académicos y gremiales en los que la asociación desplegaba su accionar y desde donde habría efectuado sus aportes al plan”.
En su solicitud para asumir su defensa, el ex juez fijó domicilio legal en su estudio de Blandengues 98 donde cuenta con “biblioteca”, “placa de bronce” y “poltrona”.
Afirmó que su residencia principal hasta que empezó “esta pesadilla” era la ciudad de Buenos Aires aunque la cuarentena lo encontró en Bahía Blanca y “desde entonces estoy anclado, aunque por cierto no en París”. Aquí estará “mientras la violación flagrante de la Constitución Nacional rija soberana al impedir el desplazamiento libre de los habitantes de la Argentina por el territorio nacional”.
Informó que cuenta con otra residencia la cual mantiene en reserva por una necesidad de “seguridad y tranquilidad” dado que tiene que vérselas “en absoluta soledad y desamparo: en ocasión de prestar declaración indagatoria, un grupo de energúmenos bullangueros se instaló en la puerta del juzgado en clara actitud amenazante y permaneció allí las muchas horas que duró el acto. Debí retirarme escoltado por un nutrido grupo policial”.
Sostuvo que si da Silva lo requiere entregará la dirección a condición de que sea guardada en la caja de seguridad dado que “la prosecretaria administrativa es enemiga personal mía”, “testigo hostil” y cercana a uno de sus denunciantes.
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Los músicos de Serenatas de la Muni anunciaron que darán de baja la cooperativa que conformaron debido a que las autoridades comunales no colaborarán para cubrir los costos que supone mantener la entidad durante la pandemia.
“A fin de marzo la directora del Instituto Cultural (Morena Roselló) y José González Casali dijeron que en octubre retomaríamos con todo de nuevo y veríamos cómo reorganizar todo. Con lo que teníamos ahorrado podíamos tirar sin cobrar ningún sueldo y mantener la cooperativa. Hace dos meses ya no tenemos dinero, estamos en deuda, dejamos de pagar monotributos. La situación es caótica”, dijo a FM De la Calle, Juan Pablo Huici.
El Programa de Serenatas fue creado por la Ordenanza 12422, sancionada el 28 de agosto de 2003, para ofrecer gratuitamente agasajos a personas que cumplan 60 años o más y a parejas que festejen 25 años de convivencia en adelante.
El secretario de la cooperativa de trabajo La Serenata agregó que “Casali nos dijo que nos daba el apoyo para mantenerla. Hace unos días nos llegó un Whatsapp diciendo que la Municipalidad no se iba a hacer cargo de nada y que en marzo del año que viene iban a ver”.
Son once familias que viven del servicio de serenatas. El costo total para mantener la entidad activa es de $18.570 más gastos de honorarios.
“Lo que habíamos ahorrado fue utilizado para mantenerla, muchos cobramos el IFE, hacemos changas, sobrevivimos como la mayoría. En la parte cultural es así, porque no podés ir ni siquiera a un lugar a tocar”, comentó Huici.
En un comunicado publicado en redes sociales, manifiestan que “después de 20 años de prestar un servicio que brindo más de 9000 agasajos, tanto a adultos mayores como a instituciones, entrando a los hogares y salones de todos los barrios de la ciudad, estamos obligados a dar de baja la Cooperativa y por consiguiente el CIERRE DEL SERVICIO”.
Por último, solicitan ayuda de la comunidad para cancelar las deudas. Quien quiera aportar puede hacerlo vía mail ( [email protected]) o por facebook.
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La jueza Gabriela Marrón rechazó allanar el destacamento policial de Teniente Origone y la comisaría de Cerri y secuestrar los teléfonos celulares de decenas de efectivos vinculados a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.
Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim con la intención de reconstruir la jornada del 30 de abril y, si se determinase que el joven no falleció ese día, conocer con quiénes se comunicó y en qué lugares habría estado. También investigan si intervinieron terceras personas en su deceso, “lo que -destacaron- no fue establecido en el informe pericial remitido por el EAAF”.
Marrón dedica su fallo a excusar a los policías implicados y a atacar al perito de la querella, Marcos Herrero, a quien pretende que se investigue por los hallazgos de su perro. Por otra parte, acusa a Heim y Azzolín de no buscar la verdad sino “solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”.
La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal. Las querellas analizan recusar a Marrón.
Fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín.
La jueza sí ordenó que el policía Alberto González presente su libreta personal, en la cual registró los datos de Facundo aunque aparece “información antedatada” sobre la Testigo H. De no cumplirse voluntariamente será la Gendarmería la encargada de hacerlo.
Por otra parte, ordenó al Municipio de Villarino que entregue la información de todas las lectoras de patentes cercanas al puesto de control fitosanitario con el registro de los vehículos que pasaron del 30 de abril hasta el 8 de mayo. En la causa hay tres versiones: una planilla incompleta aportada por Senasa y dos versiones recortadas y “disímiles” entregadas por funcionarios municipales.
Aceptó, además, el pedido de información a las empresas correspondientes respecto a la titularidad de cuentas de redes sociales y correos electrónicos que pertenecerían a varios policías.
“Una actuación sistematizada para entorpecer la investigación”
Los fiscales encontraron “comunicaciones sugestivas entre miembros de la policía y el borrado de otras” en el análisis efectuado por la DATIP sobre las extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados, junto a imágenes que “no tendrían anclaje en su versión de los hechos”.
Advirtieron que existen rastros con ADN compatible a Facundo “en el interior de un móvil policial en el que supuestamente no habría estado”, lo que se suma al hallazgo de su amuleto en la sede policial a la que pertenece dicho vehículo y que, a su vez, “tenía asignado un celular del que se borraron registros de comunicaciones”.
Mencionaron la piedra turmalina del colgante de Facundo encontrada en el baúl del patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que reportó “movimientos, cuanto menos extraños”, que lo ubicaron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo del joven.
Y agregaron que en el interior de la mochila de Facundo estaba el pantalón con el que se lo ve junto a Mario Sosa en la foto tomada por Jana Curuhinca la mañana del 30 de abril. Allí también había otras prendas “aparentemente dañadas”, su registro de conducir pero no su DNI y un cartel con la inscripción ‘Médanos’ que “no habría sido escrito por Astudillo”.
Estas son algunas de las pruebas que llevaron a Heim y Azzolín a reclamar que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad entregue los teléfonos personales y oficiales de 46 agentes policiales de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, Gral. Cerri y Bahía Blanca.
Horas después de conocer las conclusiones de la autopsia, escribieron: “En el particular contexto de actuación general de la policía de Villarino, (las diligencias solicitadas) permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, aunque encaminada a entorpecer el curso de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/10/Gabriela-Marron-Facebook.jpg?fit=798%2C453&ssl=1453798FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-10-16 14:29:472020-10-16 14:29:47#Facundo: la jueza rechazó medidas para profundizar la investigación sobre la Bonaerense
El presidente Alberto Fernández anunció en Neuquén un nuevo programa de incentivo a la inversión en gas, atando los subsidios al valor del dólar. El argumento es la necesidad de cubrir la demanda de gas evitando la salida de divisas, dinamizar las economías provinciales y generar encadenamientos productivos, necesidades construidas al calor de un modelo que tropezó cien veces con la misma piedra. La transición, como salida a ese laberinto, no aparece en el horizonte.
Por OPSur .- El plan anunciado establece una forma de fijar el precio del gas por cuatro años. Y define un tope promedio de 3,70 dólares por millón de BTU, monto que será cubierto por las tarifas y por subsidios, es decir por las y los usuarios y el Estado. El programa pretende cubrir la demanda nacional de gas -con la urgencia del próximo invierno- aunque va en contra del objetivo de desdolarizar la economía, al tiempo que supone el riesgo de que cada devaluación implique aumento de tarifas y una mayor erogación fiscal en un contexto de estrechez presupuestaria.
Tras las necesidades del consenso fósil
Más de la mitad de la matriz de energía primaria de Argentina está compuesta por gas y el 45% de ese recurso se extrae mediante fracking, fundamentalmente en Vaca Muerta. El macrismo, a fuerza de una gigantesca transferencia, se entusiasmó con los resultados obtenidos en la explotación mediante fracking. Esa política benefició fundamentalmente a Tecpetrol (del grupo Techint de Paolo Rocca) y a CGC (de Eduardo Eurnekian). La neoliberal administración energética de Macri parece más una regla que una excepción: durante las últimas décadas la política del sector ha estado dominada por los intereses corporativos que consolidaron un consenso fósil, en el que la dependencia de los hidrocarburos es total tanto para el sistema energético en general, como para las provincias productoras en particular.
El consenso fósil centró su atención en Vaca Muerta durante la última década, y hoy que la expansión se frenó, podría no haber recursos suficientes para el próximo invierno. En este marco, el Ejecutivo despliega tres argumentos para incentivar la explotación:
La necesidad de cubrir la demanda nacional de gas y evitar así la salida de dólares por importación.
La necesidad de dinamizar las economías de las provincias o regiones que dependen de estas explotaciones.
La idea de que la explotación generará encadenamientos productivos dinámicos que permitan a su vez beneficiar a otras cadenas y sectores.
Las dos primeras necesidades existen. Ambas se han constituido en el tiempo, con políticas y decisiones que formaron esta actualidad. Construir una economía y una energía desde otras bases debiera ser un objetivo fundamental de este tiempo, signado por la pandemia, que revela los aspectos más injustos de nuestra sociedad: las dificultades de millones de personas para el acceso a la energía, combinado con el despojo y los conflictos sociales y ambientales en los lugares de extracción de energía, en particular, los hidrocarburos.
Esos cambios estructurales no se consolidan en pocos años pero algún día hay que empezarlos. El problema de las fuentes energéticas -es decir qué energía se produce- es central en ese sentido. Incluso más del 60% de la electricidad que consumimos proviene de la quema de combustibles fósiles que son, además, los principales responsables del cambio climático. Por eso es necesario transitar hacia energías renovables, las que por sí solas no serán la solución. Se requiere también un encadenamiento con tecnología y conocimiento nacional, y de un Estado que promueva la desmercantilización de la energía y la entienda como un derecho. El acceso a la energía debiera estar combinado con la justicia socioambiental.
Por otro lado, se deben promover políticas serias de diversificación productiva en las provincias que hoy dependen de los hidrocarburos. En cada crisis la población de esas regiones queda rehén de las demandas corporativas por mayores beneficios, mientras sus indicadores socioeconómicos dan muestras claras de fragilidad de esas economías, como hemos podido ver en la profunda crisis fiscal de Chubut durante los últimos años y más recientemente en la acuciante situación de Neuquén. Esos Estados, en tanto, se han constituido como parte integrante del entramado hidrocarburífero y eso dificulta aún más constituir alternativas.
El tercer argumento en pos del desarrollo petrolero es, en realidad, un discurso que no ha podido contrastarse en la realidad. Hasta el momento los encadenamientos productivos han sido escasos y totalmente dependientes de las inversiones hidrocarburíferas apalancadas en ingentes subsidios. Seguramente, se podría aceitar esos entramados productivos, pero pensar que la explotación de Vaca Muerta será el motor de la economía nacional ha sido el sueño frustrado de las últimas dos administraciones. Si ayer la propaganda estatal y corporativa era de una Vaca Muerta exportadora, hoy estamos viendo si pasamos el invierno.
Hasta ahora los dólares se fueron
En el frente externo, en tanto, otro problema agrava el panorama: las divisas no solo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas extranjerizan sus excedentes. Entre 2016 y 2019, trece empresas extractoras fugaron 3.830 millones de dólares: la mitad de lo fugado por las 209 energéticas mencionadas en un informe del Banco Central. Esas trece compañías son las que protagonizan la intervención en Vaca Muerta: en conjunto explican el 76% de la extracción de petróleo y el 92% de la de gas no convencional.
Uno de los mecanismos de fuga es el pago de préstamos que financiaron la explotación. En Vaca Muerta los préstamos implicaron el 55% del financiamiento externo de YPF y el 77% de Tecpetrol. Este año, se preveía que la balanza financiera del sector genere un saldo negativo de 2.000 millones de dólares por préstamos financieros. Por otro lado, el balance cambiario del sector hidrocarburífero entre 2013 y 2019 arroja un saldo negativo de 8.600 millones de dólares.
La matriz energética no puede ser transformada de un día para otro, pero es necesario comenzar a transitar hacia un modelo energético económica, ambiental y socialmente sustentable. Una propuesta que debe diferenciarse del plan macrista de instalar parques como grandes negociados trasnacionalizados y sin participación de las poblaciones locales y la industria nacional. Pero que al mismo tiempo debe ser una propuesta seria. Hay posibilidades para avanzar. Hay una necesidad real de hacerlo. Pero ese no parece ser el camino elegido por el gobierno de Fernández.
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(Agencia Andar) Ante las dilaciones en la investigación para conocer qué pasó con Facundo Astudillo Castro, la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, presentó un nuevo informe ante Comité contra la Desaparición Forzada de ONU y solicitó su intervención.
Para el organismo es urgente que el Estado cumpla y averigüe las circunstancias de la desaparición y muerte del joven y se garantice con mayor celeridad que los responsables sean condenados.
En julio, cuando se desconocía el paradero de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril en Mayor Buratovich, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ordenó al Estado Argentino una serie de medidas urgentes para encontrarlo, llevar adelante una investigación independiente y brindar protección a los testigos que declararon en la causa cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial.
Esta acción de la ONU fue en respuesta al pedido realizado por la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y querellante en la causa conjuntamente con la familia.
Luego de enviar sus observaciones preliminares al Comité en septiembre, el organismo presentó un nuevo informe donde reitera medidas de protección para los testigos de la causa, el cese de la persecución de los defensores de los derechos humanos involucrados, la realización de las pericias requeridas y solicita se evalúe las actuaciones llevadas hasta el momento por la Justicia Federal.
El 1 de octubre el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó las conclusiones de los estudios realizados sobre los restos humanos hallados de Facundo Astudillo Castro. Dichos peritos dictaminaron que la muerte de Facundo se produjo por “asfixia mecánica por sumersión (ahogamiento) tratándose de una muerte violenta, no pudiéndose determinar con rigor científico que se trate de uno u otro modo de muerte: suicida, homicida o accidental”. Llamativamente, minutos después de la presentación de ese informe, la Jueza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, emitió un comunicado donde hacía referencia a que Facundo habría alcanzado la muerte “sin participación de terceros”.
Según el informe presentado por la CPM dicha aseveración es producto de una lectura sesgada del informe de la autopsia, donde se insinúa que la muerte no fue homicidio. Según lo declarado por la médica forense Virginia Créimer, perita de parte de la familia de Facundo Castro, en el caso se descarta “in limine” el suicidio y, sobre las hipótesis de accidente que se plantean, el informe explica que no hay lesiones vitales que, si se hubiera accidentado en el lugar, el cuerpo las tendría que tener.
Estos datos del informe final de la autopsia, sumados a las pruebas que se siguen volcando a la causa a nivel testimonial, pericial y documental, resultado del trabajo de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, quienes lograron avanzar y superar los obstáculos interpuestos por el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez (fiscal inicial de la causa que fue recusado por ambas querellas sin éxito), permiten sostener como hipótesis que Facundo fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte y profundizar la investigación al respecto.
Cabe recordar que en agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH también se pronunció luego de reconocer el planteo realizado por la CPM, de tomar medidas cautelares donde se señaló la intervención de la policía bonaerense, la misma fuerza sospechada de la desaparición del joven, en la investigación. La resolución 43/2020 de la CIDH remarcó a necesidad de acciones urgentes, que ya habían sido solicitadas por el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas también a pedido de la CPM y, reclamó al Estado una investigación exhaustiva donde además se garantice la protección e integridad de los familiares y sus representantes. Lamentablemente, esas recomendaciones no han sido escuchadas.
Por otro lado, la intimidación a testigos por parte de las fuerzas de seguridad, a la familia de Facundo, a sus abogados, amigxs y compañerxs de trabajo no ha cesado, muy por el contrario, se han agravado con el paso del tiempo. Para resguardar la integridad de estas personas, la CPM ha presentado hábeas corpus en el ámbito de la Justicia Federal pero, y como expresa en la denuncia, “las resistencias y la insuficiente gestión de la jueza Gabriela Marrón hace que continúe en trámite. Un caso que tiene estrecha vinculación con una grave violación de derechos humanos, que está en investigación, el estado de temor de los y las afectadas, ameritaban el dictado de la protección convencional requerida”. A quince días del planteo, no hay resolución firme.
Avances de la investigación
La CPM detalló pormenorizados detalles sobre los avances en la investigación que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada.
En relación al móvil policial que el 8 de mayo se habría detenido durante unos 35 minutos a unos 800 metros del lugar donde se hallaron los restos de Facundo y, que según el Ministerio de Seguridad tenía una anomalía en el funcionamiento del sistema de georreferenciación, se informó que la empresa Megatrans, prestadora y encargada de realizar el mantenimiento de los sistemas de A.V.L. afirmó que del estudio de las posiciones GPS tomadas en días previos y posteriores, no se hallaron ningún tipo de fallas en los equipos instalados en los móviles policiales. A su vez, se explicó que el “salto” producido entre la Localidad de Bahía Blanca y Villarino que se debió a la intermitencia de satélites en vista para geo posicionar correctamente al móvil, lo que para la CPM indica “que en la zona de Villarino existen suficientes reportes que permiten determinar con certeza que el equipo geo posicionó al móvil en esa zona, permaneciendo allí durante más de tres horas”, dicen en la denuncia.
Los perros del perito de parte Marcos Herrero dieron el alerta de la existencia de rastros sobre la posible permanencia de Facundo en el patrullero secuestrado. De la revisación completa surgieron varios elementos que se encuentran bajo análisis (manchas, filamentos pilosos, etc.) pero la prueba más contundente, reconocida por Cristina Castro, mamá de Facundo, fue “un conjunto de fragmentos “vidriosos” que se corresponderían con un mineral conocido como turmalina”. Facundo, al momento de su desaparición, utilizaba un colgante en su cuello con una turmalina engarzada.
Un testigo de identidad reservada (M. P.), quien declaró que la noche del 11 de mayo, mientras se encontraba a bordo de una embarcación cumpliendo tareas en el Puerto de Ingeniero White en la costa de Bahía Blanca, visualizó un conjunto de luces inusuales sobre la zona en la que meses después se encontraría el cuerpo de Facundo.
En la causa se secuestraron ocho celulares pertenecientes a la policía bonaerense. Sólo 5 fueron periciados y están incorporados a las miles de fojas del expediente. De tres teléfonos celulares aún no hay información: uno pertenece un agente de la dependencia policial de Teniente Origone, otro al puesto policial de la misma localidad y por último, el de la policía Siomara Flores, quien dijo haber llevado a Facundo desde la Localidad de Mayor Buratovich a Teniente Origone el día 30 de abril de 2020.
El 13 de septiembre un pescador halla la mochila con pertenencias de Facundo en la zona. Cristina da cuenta de que faltan cosas: documento de identidad, un tarjetero, una tarjeta bancaria, un cinto, entre otras pertenencias; verifica que parte de la ropa está con roturas no se corresponden con su estado preexistente.
En el cangrejal en que se encontró el cuerpo de Facundo, también se halló una cantidad de huesos humanos que no pertenecían a la víctima y que han sido sometidos a peritajes aun en trámite. Estos hallazgos harían prever que podría tratarse de un lugar utilizado para descarte de cuerpos humanos.
Aún se esperan los resultados de algunas de las pruebas de cotejo de A.D.N. a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre material hallado en los levantamientos de rastros realizados sobre los móviles policiales de Mayor Buratovich, Teniente Origone y la U.P.P.L. de Bahía Blanca. Con fecha 1 de octubre, la última prueba presentada por la unidad fiscal confirmó que las muestras halladas en el móvil que era utilizado por el agente Gómez, son compatibles genéticamente con Facundo.
Simultáneamente, la CPM presentará un informe de similar contenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otra parte, requerirá información a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respecto del estado de las actuaciones relativas al accionar de los policías involucrados en diversos tramos de los hechos que se investigan del Partido de Villarino, de la ciudad de Bahía Blanca y de la localidad de Gral. Daniel Cerri.
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El jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud municipal, Hugo Kern, dijo a FM De la Calle que “los problemas de salud mental comunitaria son graves y de hace mucho tiempo”.
Consultado sobre los efectos de la pandemia afirmó que “si se toma conciencia de algunas situaciones bienvenido sea, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en general que tiene una actitud estigmatizante. Sigue siendo una cuestión de locos y de pocos y eso hace que queden relegados”, afirmó.
“No queremos ser agoreros de una catástrofe pero es indudable que esto afecta la salud mental, vemos incrementos de la violencia, de delitos violentos”, agregó.
Respecto al distanciamiento social señaló que un concepto más adecuado es el de la “distancia sanitaria”. “La distancia social es el paso previo a comportamientos que tienden a la indiferencia, comportamientos que se manifiestan a través de la competitividad y la crueldad”.
“Como la distancia social no saca lo mejor de las personas, la distancia sanitaria parte de la base de que el otro no es peligroso sino que uno se cuida a sí mismo y cuida al otro”.
“La incertidumbre en los temas de salud siempre está presente, forma parte de la vida. Lo que pasa ahora es que está sobredimensionado porque la vida está cortada e interrumpida por una catástrofe”, apuntó.
El psicólogo sostuvo que “en el sistema público, en términos de salud mental, hace rato que estamos con el respirador teniendo que elegir a quién le das una respuesta”.
“Las modificaciones en la vida cotidiana de la gente tienen consecuencias a nivel psicológico, sin que sean problemas de salud mental pero sí representan conflictos. También tiene que ver con la forma con la que se vivía anteriormente a la pandemia”, explicó.
En cuanto al servicio de acompañamiento telefónico, Kern comentó que “al principio todas las preocupaciones estaban referidas a cómo sobrevivir, el acceso a las vacunas fue complejo, la población de PAMI tampoco sabía para dónde ir, las primera llamadas tenían que ver con situaciones sociales, del bolsón de alimentos hasta alguien que llamaba para decir se me trabó la tarjeta en el cajero qué hago”.
“Lentamente se volvió a los parámetros normales de los acostumbrado agregando situaciones que tienen que ver con reacciones de angustia, reacciones esperables, conflictos generados por la pandemia”.
Por último, aseguró que “es clarísimo que la movilidad de la población y el índice de contagio están relacionados. Se va instalando la idea de que nada sirvió de nada, eso es complejo porque incrementa la incertidumbre y los contagios”.
“La falta de conciencia de algunos sectores es tremendamente desgastante y produce este tipo de situaciones. Hay otros sectores que cumplen con mucho cuidado, pero basta con un sector menor se mueva y no tenga cuidado, hagan fiestas y compartan espacio para que los contagios se multipliquen”.
Si necesitás ayuda, podés comunicarte con el equipo de salud mental al 4551159 y al 2914261642 de lunes a viernes de 9 a 15.
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En el marco de una nueva jornada de lucha, la Asociación Sindical del Personal de la Salud (CICOP) reclama un aumento salarial actualizado por inflación, nombramientos y regularización de la carrera, licencia para grupos de riesgo y únicxs cuidadorxs, licencias regulares para todxs y presupuesto de emergencia.
El gremio fue convocado por el gobierno provincial para discutir la paritaria el próximo lunes.
“Hablamos de recomposición salarial porque es difícil a esta altura poner un porcentaje, hay que considerar que un salario ingresante está en 46 mil pesos, casi al límite de pobreza. La canasta básica está en 72 mil pesos. Tenemos que avanzar en tener salarios acordes a la responsabilidad que requiere nuestra tarea”, señaló a FM De la Calle Marta Márquez.
Además del reclamo salarial acuden con un pedido específico: las restitución de las licencias.
“Necesitamos que se organice de tal manera que compañeros y compañeras puedan tomarse un descanso porque la prórroga de la pandemia hasta marzo hace que haya profesionales que hace más de un año no se toman licencia”.
Sumar personal es un pedido histórico y más aún en contexto de pandemia: “Se incorporó una parte, se pasó a interinos a residentes que terminaron, pero que ya estaban trabajando. Es imprescindible que se tome personal nuevo dentro de la carrera. Todas estas son decisiones que están en manos del gobierno que requieren un presupuesto de emergencia para salud, básicamente para recursos humanos”.
Márquez argumentó que más de 23 mil profesionales se contagiaron en la provincia según las cifras oficiales y “estamos cerca de los 150 fallecidos, entre los cuales hay un número mayoritario de personal de enfermería.”.
“En relación a elementos de seguridad en los hospitales provinciales al día de hoy están, no así en los municipios. Acá hay que poner énfasis en el pluriempleo, porque salarios bajos empujan a que los trabajadores tengan tres trabajados, como no en todos los lugares están asegurados los elementos esto ha hecho que se contagien. El cansancio provoca una inmunodepresión que hace más factibles los contagios”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/10/martamarquez.jpg?fit=1200%2C720&ssl=17201200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-10-15 14:32:122020-10-15 14:32:13Profesionales de la salud reclaman aumento salarial
El médico Horacio Romano explicó en su columna de Salud en FM De la Calle las controversias respecto a que la mortalidad por Covid sustituye la mortalidad por otras causas respiratorias.
“En marzo decían que es una enfermedad menor que tiene una mortalidad baja -es verdad, no tiene la mortalidad de la gripe H1N1, el Sars 1, o el ébola- pero afecta a tanta gente que, si bien tiene mortalidad baja, al afectar a tantos ese porcentaje es mucho mayor”, señaló.
Agregó que “salieron en la revista científica Jama dos artículos que atacan la mortalidad desde distintos puntos de vista. Uno relaciona la cantidad de fallecidos en distintos momentos históricos del año para EE.UU. y dice que al principio fue menor que en Italia y España pero que de mayo en adelante aumentó incluso por encima de los países europeos. ¿Qué pasó en mayo? Abrieron absolutamente todo y los estados del sur indudablemente tuvieron mucha más mortalidad que períodos anteriores”.
Romano destacó que las conclusiones revelan que si “Estados Unidos hubiera tenido los estándares de Australia o Canadá hubiera salvado 150 mil vidas”.
“El otro estudio plantea que no solo Estados Unidos va a la cabeza de fallecimientos por Covid sino por otras causas no Covid, por enfermedades cardíacas o Alzehimer que fallecieron porque no tuvieron atención, porque los hospitales estaban llenos y no podían atender, o no iban por miedo. Especulan que estos pacientes en realidad tenían Covid y fueron interpretados como que fallecieron por otra causa”.
Romano mencionó que la mortalidad no el único índice para medir el impacto de una enfermedad. También son importantes la morbilidad y los trastornos crónicos que deja, por ejemplo, en el caso del coronavirus afectaciones del olfato hasta trastornos crónicos, decaimiento o fatiga que puede durar semanas o meses.
Por último, respecto a las críticas al confinamiento por el impacto económico que conlleva, reflexionó que “el sistema capitalista no es capaz de generar un seguro para que la gente no caiga en la pobreza. Le estamos diciendo enfermate si es necesario para no afectar la economía. Ni debería plantearse esto”.
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Las seccionales opositoras de SUTEBA realizan este miércoles una jornada provincial de lucha para manifestar su desacuerdo con el cierre de la paritaria docente bonaernese con un aumento salarial del 15%.
“El acuerdo fue entre gallos y medianoche. Se aprobó la propuesta por mayoría, había una presión de parte de la Celeste y el sindicato provincial. No acordamos con el aumento, estamos en una situación de cada vez mayor precarización, sueldos por debajo de la línea de pobreza y la situación lejos de arreglarse, se profundiza”, dijo Ana Canullo a FM De la Calle.
Agregó que .”con este aumento una preceptora que empieza a trabajar no llega a 30 mil pesos. Más la cuestión del regreso a clases, estos protocolos que los largan y nadie consulta con la base docente que pasa en las escuelas”.
Entre los puntos que reclaman se destacan un aumento del 40%, la oposición a la vuelta a la presencialidad, la realización de actos públicos para todos los cargos, provisionales y suplentes, y el rechazo del programa ATR.
Respecto de la vuelta a la presencialidad, Canullo mencionó que “en Bahía no se discute y no se puede discutir por el nivel de circulación del virus que tenemos. Es cierto que esto profundizó las desigualdades, la escuela iguala pero no todos tienen la misma posibilidad en sus casas o tener una familia que los pueda acompañar”.
Agregó que “el gobernador y la directora de Cultura y Educación (Agustina) Vila salieron a hablar de la inversión que habían hecho en Educación que no la vemos la verdad. Dijeron que nueve de cada diez están vinculados a la escuela, no sé a qué le llamarán vinculación ellos. Lo que nos dicen las docente es que no pasa. El esfuerzo vino siempre del mismo lado, el Estado no nos dio nada”.
Respecto del programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR) Canullo comentó que quienes se harán cargo de esta tarea serán docentes del programa PIEDAS, “que vino a resolver el problema de docentes no pudieron tomar cargo. Le pagan ocho módulos a docentes que se hacen cargo de un montón de cosas y también van a implementar las prácticas rentadas que les van a pagar ocho mil pesos a estudiantes terciarios”.
“No queremos que se naturalice, no queremos que sufran ningún tipo de riesgo ni estudiantes ni docentes que van a ir a las casa. Tampoco es una situación en la que puedas recuperar contenidos o el vínculo yendo a la casa del chico o chica”, finalizó.
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El ex rector del Instituto Juan XXIII, Benjamín Stochetti, declaró en el Juicio Triple A sobre el crimen del sacerdote salesiano, Carlos Dorñak. La madrugada del 21 de marzo de 1975 la banda paraestatal realizó un raid se secuestros y fusilamientos que también tuvo como víctimas a Fernando Alduvino y a María Isabel Mendivil.
“Lo que ocurrió esa noche fue tan fuerte para mí que, por años, lo que tal vez le pedía a dios era que nunca estuviera un tiempo más pacífico, más nuestro, más acogedor que el que teníamos en ese momento. Le pedía a dios que siempre tuviera alguna dificultad porque no quería tener la experiencia de un rayo a mediodía”, afirmó.
Según su relato, el hecho fue “un desmoronamiento” para la institución que provocó que “cosas que se quisieron hacer en ese momento recién se realizaran en los últimos años”.
El cura y docente mencionó que junto a compañeros de su congregación como Benito Santecchia, José Del Col, Oscar Barreto y Juan y Valentín Reebok trataban “de animar al alumnado de acuerdo a lo que la Iglesia Católica nos proponía desde hacía unos años”. Al grupo solían sumarse párrocos diocesanos para “preparar las predicaciones del domingo”.
En alguna ocasión, Stochetti participó con Barreto de reuniones del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. “En el país había surgido de acuerdo al ejemplo de una veintena de obispos que después del Concilio propiciaba la mejora del mundo a través de la práctica de la justicia auténtica y la preocupación por los más necesitados”.
Destacó que “algunos de ellos, aunque no estuvieran enrolados en ese movimiento, por su acción o por su mentalidad habían tenido problemas. El más conocido es el caso del padre José Zamorano, un misionero español. Irrumpieron en su casa en horas de la noche, creo que eran fuerzas de seguridad”.
Stochetti dijo que Dorñak era un “músico muy exigente que hasta que no lograba la perfección en lo que hacía no se quedaba tranquilo”. Dirigía el coro de la institución y “su proclama de cura había sido de un salmo que dice: yo amo la belleza de tu casa”.
“Si había alguien que en cuestión de compromiso, de preocupación, no tuviera nada que ver con ni subversión ni siquiera con trabajo entre los pobres, era justamente Carlos Dorñak. Era docente, encargado de todo lo que tiene que ver con la documentación, el ecónomo de la casa, de tal manera que era muy amable, bondadoso y sensible”.
El asesinato de Dorñak
La vivienda del Juan XXIII era una casa de familia con varias habitaciones. En las dos del frente dormían Santechia y Dorñak. La de Stochetti daba al patio y, sobre esa, había otras dos que ocupaban Barreto y Del Col.
Aproximadamente a las dos y media de la mañana el cura escuchó explosiones y, unos segundos después, el padre Santecchia golpeaba la puerta de su habitación. “Le pedí que no hablara, me quedé quietito, él subió para avisar. Una vez que se silenció todo salí por la puerta o por la ventana y quise avisar al Colegio Don Bosco”.
Trepó uno de los árboles del patio. “Miré hacía la calle con la intención de saltar y vi a muy corto espacio, unos dos metros, a unos tres jóvenes, más bien altos, delgados, con armas, probablemente eran metralletas. Me quedé quietito en el follaje y unos minutos después, cuando vi que ya no estaban salté”.
Volvió con otros sacerdotes del Don Bosco y se encontraron con “el cuerpo tirado y fallecido, con un charco grande de sangre, que era el padre Carlos”. La patota destruyó e incendió con bombas molotov una sala donde funcionaba el mimeógrafo, dejó “un montoncito de escritos subversivos” y robó “una pistolita” que había en la casa.
Luego del asesinato de Dorñak, los curas del Juan recibieron una carta en la cual les daban un plazo para abandonar la ciudad. “Algunos se fueron, pensaron que era mejor distanciarse y otros nos quedamos. Yo era rector, me quedé más de una semana. Tal vez suspendimos las clases uno o dos días pero luego continuaron. Después de unos días el inspector opinó que era mejor que me fuera”.
Stochetti afirmó que a partir de allí “comenzó una vida de control” que lo llevó a Chos Malal, Junín de los Andes y, finalmente, a Luis Beltrán como director de una escuela agrícola. “Dentro de ese colegio había alguien que pasaba información de mis salidas”, comentó. Años después volvió como inspector y profesores del Juan XXIII le contaron que habían sido amenazados e interrogados respecto a su paradero. Mencionó además, una falsa alarma de bomba en la iglesia de Don Bosco cuando estaba por encabezar una misa en 1984.
El salesiano afirmó que se decía que la Triple A “era un sector político social violento”, gente “reclutada o que había optado por esos grupos” y que estaba vinculada “sobre todo a un gremialista, (el secretario de la CGT, Rodolfo) Ponce, también al sindicato de la Uocra y luego, sin definir bien las cosas, a las fuerzas militares, la policía, a las tres armas, sobre todo a la Marina”.
“Sé que esa misma noche hubo otros crímenes y tal vez antes y después también. Se comentaban casos de allí y de otras partes que hasta muy tristemente se habían confundido con alguno que habían asesinado”, sostuvo.
Sostuvo que La Nueva Provincia “tenía su ideología, por allí no la podían ocultar. Tenían el monopolio de información en Bahía Blanca y por supuesto que no estaba para nada de acuerdo con nuestra postura posconciliar del Juan XXIII”.
La casa de los curas estaba frente a la delegación de la Policía Federal. Sin embargo, el testigo aseguró que “jamás” pensó en pedirles ayuda porque en las fuerzas armadas y de seguridad “hay de todo”.
En el juicio están imputados Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero. Las audiencias continuarán los días 23, 29 y 30 de octubre.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/10/Velatorio-Dornak-fmdelacalle1.jpg?fit=790%2C412&ssl=1412790FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-10-14 12:26:032020-10-14 12:26:03Crimen de madrugada, rayo a mediodía
El abogado de la familia Ángel Almada, Leandro Aparicio, confirmó en FM De la Calle que fue elevada a juicio la causa por encubrimiento del homicidio del joven whitense, quien ayer hubiese cumplido años.
Entre los imputados está el ex delegado municipal Marcelo Acosta y cinco policías que aún continúan en funciones.
El hecho, ocurrido el 5 de marzo de 2016, derivó en dos causas judiciales. “La principal es la del homicidio, estamos insistiendo en que avance porque hemos contactado a personas que nos han dado datos muy precisos. En función de eso se había solicitado una testimonial para el día 12 de agosto, audiencia testimonial no se hizo en función de que no hay un lugar para tomar declaraciones, eso me dijeron por escrito. Hablé con Romero Jardín, me dijo que iba a hacer una vaca entre los funcionarios, que iba a poner una camarita. Volvimos a pedir un pronto despacho y todavía no tuvimos una respuesta”.
“En algún momento la que va a estar en el banquillo de los acusados es la justicia. A Romero Jardín no le puedo cargar las tintas porque su fiscalía no tiene la capacidad, está ahí porque la fiscalía de Homicidios no se hizo cargo y dijo que era un suicidio”, argumentó.
Por otro lado, tramita la causa de encubrimiento iniciada en 2018. “Están imputados cinco policías y el delegado de White. Siguen siendo policías, comisarios, a pesar de la imputación por estos delitos. Se elevó la causa a juicio, se opusieron, la jueza lo confirmó, la cámara lo confirmó”.
Recordemos que el adolescente fue encontrado muerto el 5 de marzo de 2016 en Ingeniero White y las primeras versiones instalaron la idea de que se había suicidado arrojándose desde el puente que comunica el Boulevard con White pero las pruebas demostraron que fue un homicidio.
“La pericia (realizada por Gendarmería) fue un quiebre para convencer y persuadir a todo el mundo. Hubo testimonios de compañeros de Ángel desde el primer día, es un caso calcado del protocolo de desaparición de lo que le hizo la policía a Iván Torres en Chubut y de lo que le hizo al amigo de Facundo. Lo que hacen es poner que Ángel era depresivo, que cruzaba la calle con mirada ‘torva’, cuando les pregunté a los chicos no sabían qué significaba”, concluyó Aparicio.
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“No nos gustaría que el sistema de salud colapse, esto nos generaría mucha angustia”, afirmó la Sociedad de Medicina Interna en un comunicado en el cual llama a la población a extremar los cuidados.
El presidente de la entidad, Matías Mirofsky, dijo a FM De la Calle que “si este fin de semana no tomamos los recaudos necesarios, las consecuencias las vamos a ver dentro de 15 días. Ese es el motivo por el cual el próximo mes va a ser muy crítico en cuanto al sistema de salud de nuestra ciudad”.
Agregó que “la situación es crítica y delicada porque la disponibilidad de camas en hospitales es muy limitada. Esto genera mucha preocupación de que la cantidad de contagios que se están reportando son bastante importantes para la región, la preocupación para esto es que las camas se saturen y nos quedemos sin”.
“Queremos hacer hincapié en el cuidado individual que es la única forma de evitar contagios, sabemos que hay gente que se está cuidando. Pero hay otro grupo minoritario que, al ser tan contagiosa la enfermedad, es el que hace la diferencia y genera este tipo de situaciones que vivimos”, destacó.
El médico señaló que “cada vez que se analiza un caso positivo, la mayoría de las veces informa que la semana previa había estado en una reunión social. Esos son los focos de contagios, 10, 15, 20 personas, siguen contagiando y se hace una gran bola de nieve que impacta gravemente en el sistema de salud porque un porcentaje va a requerir una terapia intensiva y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Las reuniones sociales hay que tratar de evitarlas”.
En relación a prolongar el aislamiento, Mirofsky dijo que “las cuarentenas prolongadas no tienen impacto y tampoco creo que un cambio de fase vaya a cambiar algo”.
Por otro lado, subrayó la necesidad de aumentar los testeos. “En Bahía estamos muy debajo de lo que realmente necesita la ciudad, el gran ejemplo fue CABA, donde el testeo fue muy importante, más de 2500 personas que salían a testear a las calles, contenían, hacían burbujas, aislaron barrios. Les fue muy bien, sumado al cuidado personal de cada uno. Necesitamos capacitar recurso humano que haga test y lugares que los procesen”.
“Necesitamos recursos económicos y humanos, si tenemos los test y nadie lo hace no sirve, si tenemos el recurso humano pero no los test no sirve. Es una cuestión de gestión buscar el recursos humano y decisión política ponerse de acuerdo”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/10/covid2.jpg?fit=880%2C586&ssl=1586880FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-10-13 14:23:472020-10-13 14:23:48Preocupación por el Día de la Madre: “El próximo mes va a ser crítico”
“En la tercera semana de septiembre iba a haber unos 15 fallecidos por semana, esto se cumplió. Saqué el cálculo de que tres semanas íbamos a estar en 20 fallecidos por semana. El día sábado chequee cómo estábamos y me pregunté porqué hay menos, dado que la tasa de letalidad es muy estable. La única posibilidad de que hubiera menos fallecidos era algún cambio en la estructura de edades y fallecidos. Finalmente nos enteramos que se debía a subregistro y la cifra se está cumpliendo”, explicó a FM De la Calle.
Detalló que “en Buenos Aires había 3500 casos perdidos, siempre ocurría que las cifras de SISA no tenían todos los casos que tenían los reportes locales, cada jurisdicción tenía que ir actualizando. Acá ocurre al revés, en el reporte local estaba con subregistro. Eso me llama la atención porque en teoría hay un responsable que llama diariamente a los hospitales y tenés la evolución de los casos”.
“Es cierto, no todas las personas fallecen en hospital pero son personas diagnosticadas porque si no no sabríamos. Y si fueron diagnosticadas la Secretaría de Salud tiene que hacer un seguimiento aún si no están hospitalizados. Ahí también hubo algo que falló, no solamente en la funeraria. Eso evidencia que en el sistema del seguimiento no funcionó bien”, afirmó Viego.
En relación al cálculo que se emplea para conocer las proyecciones comentó: “Tenés una tasa de letalidad del 2,5 y 3% de los confirmados que suelen fallecer, eso ocurre a las tres semanas. Si vos estás teniendo 100 casos por día por semana acumulas 700. Y si de esos sacas el 2,3% tenés la proyección de los fallecimientos que van a ocurrir”.
La investigadora señaló que “seguimos estando en el doble de casos, 2,2 es el factor de multiplicación. Estamos en el orden de los 10 mil contagiados. Se complican las proyecciones porque hay pocos fallecidos jóvenes, por suerte. Todavía hay pocos como para tener una estimación de los casos verdaderos”.
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El gobierno comunal difundió anoche que encontró errores en los datos de fallecidos por Covid cargados en el sistema SISA y en la Sala de Situación del gobierno provincial.
El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, afirmó que “las medidas sanitarias no se modifican, lo que cambia es el impacto de mortalidad que genera la enfermedad”.
A nivel local se realizó un relevamiento de las notificaciones de las empresas funerarias y una revisión de las actas de defunción; y se controlaron en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) y en el SYNTIS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), las notificaciones y actas de defunción respectivamente.
Este entrecruzamiento arrojó que 30 personas fallecidas por Covid-19 no habían sido debidamente informadas en los sistemas oficiales. Asimismo, hay 5 casos más, que aun no pudieron definirse y se encuentran en investigación epidemiológica para determinar la causa del fallecimiento.
Los casos se dieron desde el 31 de agosto hasta el 7 de octubre de 2020, fallecieron 15 hombres y 15 mujeres, y el 97% fueron mayores de 60 años (sólo un hombre de 43 años). Hasta ayer el número de fallecidos por Covid-19 era de 120 personas, a las cuales deben sumarse siete pacientes que murieron en las últimas 24 horas.
En cuanto a la causa del error sostuvo que “el circuito del certificado de defunción es bastante burocrático. No todas las personas se mueren en un hospital. Con la firma del profesional se genera el certificado que pasa a la casa mortuoria y ellos lo presentan al Registro Civil y a partir de ahí se levantan los datos. En ese circuito intervienen muchos actores y es donde seguramente ocurrió esta falla de carga. Los últimos dos o tres meses, en los que se produjo este bache, coinciden con el aumento del número de casos, a mayor volumen genera mayor posibilidad de riesgo de error”.
La revisión de las cifras fue a partir de la confirmación por parte de las autoridades provinciales de la existencia de 3.523 personas fallecidas por Covid-19 que no se habían registrado en las estadísticas oficiales debido a un subregistro de información.
Esta situación alertó al Departamento de Epidemiología y Calidad del Municipio de Bahía Blanca el cual comenzó una búsqueda activa intensificada de casos confirmados de Covid-19 fallecidos, que no fueron notificados debidamente a las autoridades sanitarias.
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“Es muy fuerte volver a pasar una pesadilla después de 15 años”, dijo Rosalía Reyes desde la casa de su hermana, donde cumple arresto domiciliario. Fue en una conversación por el Instagram de FM De la Calle conducida por Giuliana Crucianelli.
Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero, el Tribunal Criminal N° 3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.
“Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla”, relató.
El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.
“En el frigorífico se mataban pollos para ir a la Cooperativa. En ese entonces trabajaba muchas horas, 13, 14 horas por día, era monotributista, si no trabajabas no cobrabas, no teníamos obra social. Era mamá de cuatro hijos: Vanesa de 12, Mayra de 10, Némesis de 9 y Brian de 4. Era mamá y papá, sostén, tuve que agachar la cabeza para darle de comer mis hijas, llevarle el plato, estuve alrededor de siete años trabajando en el frigorífico. Cuando quedé embarazada lo oculté, no por que no quisiera que nazca, lo oculté para resguardar mi trabajo, no quería quedarme sin darle la alimentación a mis hijas, solamente comíamos bien cuando cobrábamos”.
En el 2007, después de diversos desmanejos de operadores judiciales y una revictimización constante, la causa llegó a juicio y Rosalía escapó.
“Tuve mucho miedo, mis hijas eran chicas. No me quise presentar a la sentencia porque tenía miedo que me den perpetua. Yo era todo para mis hijas, tomé a mis cuatro hijas y me fui a Zárate. Veía un patrullero y me escondía. Fue pasando el tiempo, me animé a salir más a trabajar. En el 2009 nació mi hija Brenda. Siempre digo que Dios me devolvió esa vida que no pude salvar”.
En el 2019, Rosalía llevó a Brenda a su último control médico y a través del reconocimiento facial de las cámaras de Retiro, la Policía la identificó y la detuvo porque tenía una orden de captura. “Me detuvieron, me llevaron a la Unidad de Azul después de 14 años y medio y volvió a pasar la misma situación otra vez”.
En febrero, fue condenada a ocho años de prisión por la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.
Rosalía necesita ver a su hija menor y a sus nietos en Zárate. “Día a día me dan fuerza, desde que empezó todo esto, siempre están conmigo. Siempre me dicen no bajes los brazos mamá, sos muy fuerte”.
“En ese momento veía mucha gente, muchas marchas y cuando hablo con mi abogada y le pregunto me dice ‘es todo el apoyo hacia vos Rosalía’. Estoy sin palabras, ahí sentí el apoyo de muchas mujeres feministas, cuando hace 15 años atrás estaba sola”.
La defensora oficial, Fabiana Vannini, elevará un pedido de informe socioambiental de Zárate para pedir el cambio de domicilio y que Rosalía pueda cumplir la domiciliaria allí. Aún no hay fecha de audiencia en la Cámara de Casación Penal.
“Espero que los jueces revean mi causa, que no juzguen porque solo una sabe lo que pasó. Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas”.
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El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad.
Lo hizo luego de cuatro años de inactividad y ante un pedido de juicio político. Sin embargo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo rechazaron la invitación por entender que fue una jugada “oportunista” del magistrado. Tampoco asistieron la mayoría de los organismos de derechos humanos.
El secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle que consideran que la reunión “no existió, al no participar los tres poderes no hay ‘Interpoderes'”.
Más allá de los intereses de Rosenkrantz, el espacio “generaba la posibilidad de ir a disputar. Para nosotros no hay escenarios amigos, no hay gobiernos amigos. El gobierno decidió no ir, una táctica errónea porque en política cuando alguien dice no voy siempre pierde, y nos quitó la posibilidad de reclamar. ¿A quién le reclamamos? ¿A (Horacio) Pietragalla? Si no se hace cargo de nada”.
Agregó que “estamos enojados, aunque con la derecha no nos enojamos, a la derecha la combatimos. Programáticamente pedimos la ampliación de la Corte Suprema para terminar con esto, decimos que hay que cambiar la Corte, la Constitución, y no solo eso sino cambiar el Código Penal, los que pretenden corrernos sin ir a la reunión es una pavada”.
Al final, señaló Schulman, “terminó el día y Ronsenkantz sigue en la Corte, los juicios siguen hechos mierda y el gobierno no hace nada”.
El dirigente mencionó que “los procesos de Memoria Verdad y Justicia son responsabilidad del Estado argentino. Que el Ejecutivo siga mirando para otro lado o que el Legislativo pueda creer que puede estar ausente no lo convalidamos”.
“Están al margen de la lucha contra la impunidad, la impunidad no es poner al Sargento García que estaba tomando mates y torturaba un rato. En Bahía la impunidad es de los dueños de La Nueva Provincia, de Montezanti y de todos los jueces que lo avalaron durante años sabiendo que había participado del grupo de tareas que agredió a los estudiantes el día que habían protestado por el asesinato de Watu, de eso presentamos pruebas hace 15 años. La impunidad toca al poder real y por eso los que tienen alguna complicidad están asustados y los que no lo quieren enfrentar hacen estas cosas que hizo el gobierno con la Comisión Interpoderes que es funcional a que siga la impunidad”.
“El manoseo de Rosenkrantz es banalizar los juicios y nuestra lucha”, concluyó Schulman.
El Centro de Estudios Legales y Sociales concurrió al encuentro y detalló sus planteos en un comunicado. Advirtió que “la falta de compromiso que caracterizó estos años” incluyó “dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2×1 y ocurre con las trabas en las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/10/rosenkratz.jpg?fit=768%2C432&ssl=1432768FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-10-09 14:00:242020-10-09 14:00:25“El manoseo de Rosenkrantz es banalizar los juicios y nuestra lucha”
