El adiestrador de perros Marcos Herrero confirmó que uno de sus canes encontró un objeto de Facundo en el destacamento policial de Teniente Origone. “Es un elemento muy contundente que no muchas personas tienen como recuerdo, de hecho tiene un significado especial para Cristina y la familia”.

Según explicó el perito a FM De la Calle, el perro Yatel marcó dentro de uno de los calabozos que se utiliza como lugar de descarte de basura. La mamá de Facundo, Cristina Castro, reconoció el objeto como un recuerdo familiar que el joven llevaba consigo.

Se trata de una pequeña sandía de madera que contenía en su interior una vaquita de San Antonio. Era un regalo de su abuela que Facundo llevaba siempre consigo.

“Yatel se introduce rápidamente en este calabozo, ingresa un policía federal, se llama a los testigos, el perro empieza a ladrar adentro del calabozo, empieza a buscar sobre la basura, un colchón, ropa, demás, y logra identificar como una bolsa de arranque tipo de consorcio transparente y empieza a ladrar”.

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“Mi persona explicó que el perro identificó una esencia de rastros biológicos que podrían o no ser de Facundo. El hecho importante es cuando se abre la bolsa, se encuentra en estado de descomposición, un paquete de cigarrillos, tierra y lo que es de impacto: cuando se la deja ingresar a Cristina (…) reconoce un elemento que le había regalado la abuela a sus tres hijos”, relató Herrero.

Agregó que “a ellos tres les había regalado una manzana y dos sandias, del tamaño de una nuez. Se abría y tenía una vaquita de San Antonio, un elemento que había hecho hacer específicamente para los hijos. Ese elemento estaba en la bolsa y, a primera vista, podría decir que hay manchas hemáticas, eso no lo puedo asegurar pero sí tenía olor a descomposición. Rápidamente lo reconoció Cristina, fue fotografiado y guardado en sobres para que sea específicamente trabajado por un laboratorio de la Policía Científica”.

El adiestrador señaló que “lo importante es que la familia reconoce que es de la persona de Facundo. El otro hecho que podría cambiar el curso de la causa es que lo encontramos dentro de la unidad policial y dentro de un calabozo que auspicia como almacenamiento de la basura”.

El procedimiento

Herrero mencionó que el elemento encontrado “estaba en un cuarto, una habitación donde hay un colchón, ropa, tiran basura. El perro identificó los cuatro vértices por el lado de adentro, empezó a ladrar y a descartar bolsa por bolsa, a sacar el colchón y logró sacar esta bolsa con su boca. Hay entre 10 y 11 ladridos, fue muy determinante el perro. Para que quede claro, sacamos esa bolsa, la pusimos en otro perímetro y el perro no solamente vuelve a marcarlo sino vuelve a trabajar, entra en la habitación, sale y vuelve a identificarlo”.

El objeto

Herrero subrayó: “Hay esencia de Facundo, es específico en tiempo y espacio y se encuentra un elemento contundente. A partir de los 12 o 13 años Facundo andaba entre sus pertenencias con esa reliquia. En un momento o espacio determinado Facundo ha estado en esa unidad policial que pertenece a la Bonaerense”.

Lo encontrado es “un objeto de madera, labrado como una sandía. Ha sido como un descarte de basura, parecía que tenía yerba, tenía olor a descomposición, como un líquido verde, es como una nuez”, detalló el adiestrador.

Fotos: Página/12

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este sábado la Resolución 43/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Facundo José Astudillo Castro, en Argentina, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La Comisión solicitó información al Estado, recibiendo observaciones sobre diversas acciones llevadas a cabo por sus instituciones para la búsqueda del beneficiario y la investigación sobre los hechos, tanto en el ámbito provincial como federal.

Sin perjuicio de las acciones llevadas a cabo por el Estado, la CIDH observó que, a más de tres meses de la desaparición de Facundo, no se cuenta con información concreta sobre su paradero o destino, por lo que se halla suficientemente establecida la existencia de una situación de riesgo grave para sus derechos a la vida e integridad personal.

De igual manera, la Comisión recibió información sobre la existencia de un pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en relación con la situación del jóven.

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Al respecto, el organismo de la OEA recordó que el artículo 25 de su Reglamento no contempla la figura de la litispendencia internacional como impedimento para pronunciarse acerca de una solicitud de medidas cautelares, dicho precepto establece que la Comisión solicitará la adopción de medidas cautelares cuando existe una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable.

En consecuencia, se solicitó a Argentina que:

a) Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Facundo José Astudillo Castro, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En este sentido, la Comisión instó al Estado a garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados para tales efectos;

b) concierte las medidas a adoptarse con los familiares y representantes del beneficiario;

c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Mañana vence el plazo para el canje de deuda bajo legislación extranjera, el economista Francisco Cantamutto analizó en FM De la Calle los escenarios posibles haya o no acuerdo.

“Se activaron fuertemente los lobistas locales de los bonistas señalando que hasta ahora no habría más que un 30% de adhesión que está lejos de los mínimos necesarios. Dependiendo el tipo, rondan el 60 y 80% de los títulos que se deben alcanzar”.

“Si efectivamente el 30% ya suscribió, el canje no podría cerrar o habría que cerrarlo declarando el default. Si se declara el default puede ocurrir que quienes no ingresaron al canje demanden que se actualicen los pagos, lo que se conoce como aceleración de pagos. Si eso pasara Argentina tendría un problema más severo”.

Si esto ocurriera la presión de la salida de capitales podría podría incrementarse y generar “discrepancias entre el dólar oficial y los paralelos”.

No es el único escenario posible: “Puede ocurrir que se extienda el plazo. La adhesión dentro de los bonistas que están en Argentina fue casi total. (…) Podría ser que mañana se extienda el plazo o cierre con una adhesión que alcance a algunas de las partes del canje o que no se cierre el canje y ver qué opciones hay”.

El economista mencionó que una de las opciones es el Standstill: “Pagar los vencimientos de intereses, freezar la negociación y avanzar en otro frente. Con esto el Gobierno ganaría no comerse juicios de entrada y patear más para delante el problema. Tendría que pagar los vencimientos que ya pasaron, para que los bonistas esperen un rato más. El gobierno trataría de cerrar los frentes del FMI y el Club de París”.

¿Qué pasa con el FMI?

“Hasta el momento estamos en una incógnita total de qué va a requerir el FMI. En el pasado cuando extendió el crédito ha requerido que se hagan ciertas reformas, ¿va a pedir eso ahora? No sé si hay espacio político para hacerlo”.

“Acaba de presentarse el informe de Instituto Internacional de Finanzas que decía que en el segundo trimestre, de abril a junio de este año, lo que ocurrió es que la deuda creció. Y creció fuertemente respecto del PBI porque se emitieron alguna salidas de deuda, la crisis hizo que se desplomaran los PBI y esto lleva a muchos países a la incapacidad de pago”.

“Si hay una gran cantidad que entran en estos problemas de pagos, los acreedores están ante la posibilidad de cesación de pagos generalizada. Tienen que ver hasta qué punto le exigen a la Argentina o aceptan un arreglo que quizás no es el mejor pero le sirve de seña para arreglar con otros países”.

El conflicto real

“Todo el tiempo en la prensa local se señala que estamos en una diferencia de uno o dos dólares entre acreedores y gobierno, no sería para tanto. Invito a los periodistas y economistas que señalan que no son tanto que pongan ellos los miles de millones de dólares que significan de pago. La Argentina arrancó la oferta en 39 dólares de valor presente neto, eso se transformó entre 51 y 53 que es por donde están cotizando. Hubo una mejora del 30%. Del otro lado arrancaron pidiendo 60 y están en 57”.

“Los bonistas quieren desmontar las cláusulas de acción colectiva. Quienes quieran canjear ahora que canjeen y que quienes no quieren canjear puedan seguir demandando para obtener un arreglo mejor y en caso de no llegar a acordar, demandarlo”.

“Si el gobierno accede a esto, el canje no tiene sentido. Porque quién va a querer canjear ahora cuando se deja abierta la puerta a que si hay canje más adelante se pueda obtener un mejor resultado. Esa es la discusión que está sobre la mesa, más que ese dólar o los dos dólares que se discuten”.

La concejala del Frente de Todos, Lucía Martínez Zara propuso que el Ejecutivo “provea de los recursos necesarios a las Delegaciones Municipales, para realizar el fraccionamiento y posterior entrega de leña a aquellos hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”.

Durante la última sesión, mencionó que el “proyecto emerge de la preocupación de muchas organizaciones de la ciudad que hoy están teniendo una amplia presencia en el territorio, fundamentalmente donde encuentran muchísimas ausencias por parte del Estado municipal, y son esas las organizaciones que se están encargando de asegurar bienestar a la población”.

Agregó que “lo que hace es ubicar y jerarquizar en la agenda legislativa el padecimiento de muchas personas que se vio agravado la semana pasada con las bajas temperaturas y bastas lluvias. Y, por supuesto, coloca en la agenda esta dificultad para acceder a la leña mediante procedimientos dignos como también los vales para las garrafas”.

El bloque oficialista no acompañó la medida. La concejala de Juntos por el Cambio, Marisa Pignatelli, dijo que “cada uno elige en su sector la forma en la cual al leña se va a repartir, en algunos casos nos dicen ‘preferimos llevarla desde al sociedad de fomento o preferimos repartirla de otra manera’, algunos dice llevemosla casa por casa, cada sector le indican a la gestión municipal cómo hacerlo. Llegar con leña para algunos será una necesidad o dignidad pero no ha quedado gente que haya ido a solicitar leña y comida a la municipalidad que no haya sido atendida”.

Con una oración, la Corte Suprema desestimó ayer una queja contra la falta de mérito de la cual goza Vicente Massot. El ex dueño de La Nueva Provincia está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

“El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, firmaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El fiscal Javier De Luca había fundado el recurso en el carácter equiparable a una sentencia definitiva de una resolución de la Cámara de Casación, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos. Además, ponía en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

La presentación de De Luca esperaba respuesta desde agosto de 2016. El 4 de julio Casación había declarado inadmisible la queja interpuesta contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que, a su vez, había convalidado otro del juez ad hoc Claudio Pontet el cual declaraba la falta de mérito del empresario.

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La titular de SUTEBA, Gabriela Delfino, se refirió en FM De la Calle a la vuelta a clases luego del receso invernal. Mencionó que hay “una resistencia a volver a la presencialidad por la situación de las escuelas en este momento”.

“Nada ha cambiado desde la época previa, salvo que a partir de 10 de agosto se llevarían a cabo los actos públicos virtuales. Esto significa la posibilidad de acceder al trabajo de una cantidad de docentes que no pudieron hacerlo cuando se implementó el ASPO y la posibilidad de cursos de tener docentes que antes no lo tenían”, expresó.

Delfino argumentó que “las escuelas no están en condiciones para volver a la presencialidad y lo más preocupante fue la entrega de bolsones. No teníamos nada, al tiempo bajó un protocolo de cómo hacer la limpieza de los bolsones, pero esto fue en julio. Nadie nos entregó ni un barbijo casero. Vamos a llevar adelante esta tarea con los cuidados que nosotros creemos que hay que tener y esto pone en riesgo, no solo a las docentes, sino a las familias que retiran los bolsones”.

Respecto de las realidades que se pusieron de manifiesto con la virtualidad en la escuela, afirmó: “Hemos dicho hasta el cansancio que la desigualdad que denunciábamos se expuso y se profundizó, porque quien no tiene acceso a internet y a dispositivos está bastante más complicado que el resto. También los alumnos que seguían las tareas por plataformas se están cansando mucho”.

“Cada vez hay más chicos que se van desconectando, van saliendo de los grupos de Classroom. Tiene que ver con que la escuela estructura el trabajo, el pensamiento, aunque no hagas nada tenés que estar ahí y eso genera el espacio y el ambiente propicio para la enseñanza- aprendizaje”.

“No vemos que desde el gobierno haya ningún movimiento o propuesta en este sentido para acercar conectividad para alumnos y familias que necesitan. Lo que vimos es un crédito aparentemente barato para comprar computadoras que en realidad no es tan barato. Comparando precios una computadora con el crédito actual del Banco Nación de 50 mil pesos, se iría a 61 mil pesos si las sacás en cuotas. Tenemos que pagar para trabajar”, dijo.

Las condiciones de trabajo distan de ser las mejores: “Hay docentes que les preparan el cuadernillo de la semana a cada uno, hacen 30 juegos de cuadernillos porque los chicos no pueden acceder a obtener las tareas de otra manera. Este es el trabajo de la ‘continuidad pedagógica’, es un laburo enorme”.

“Más allá de las buenas intenciones que expresa el gobierno de Trotta, en lo real y concreto, en el último acuerdo paritario nacional lo único que hicieron es extender lo que ya se venía dando, lo del pago de suma extraordinaria es lo que veníamos cobrando y eso es 4 mil y pico de pesos que se reparten en 4 meses”.

Presencialidad

“Hay un fuerte debate con las autoridades y una resistencia a volver a la presencialidad por la situación de las escuelas en este momento. Va muy lento pero estamos haciendo un relevamiento de las situaciones que necesitamos tener claras para la vuelta: tipo de ventilación, cantidad de baños, cuántos alumnos y docentes son grupos de riesgo, cuántos auxiliares”.

Explicó las dificultades del sistema mixto entre virtualidad y presencialidad: “Cuando empezamos a imaginar cómo podía ser esto. Si se hace como el gobierno propone de hasta ocho alumnos por aula, en verdad hay algunas materias que las van a ver, por lo menos de forma presencial, una vez al mes”.

“Además, obliga a los docentes a estar en esta modalidad dual que implica muchísimo más trabajo que la presencialidad. Si bien es cierto que no salís de tu casa, estamos sobrecargados, los mensajes nos llegan a cualquier hora, cuando las familias pueden, cuando logran tener datos, ese es el gran origen de la sobrecarga. Exigir la desconexión sin lo otro, es absurdo”, sentenció.

“Desde integración Ciudadana vemos que las políticas públicas que implementa el Municipio en Cultura y área de Niñez y Adolescencia están dirigidas a evadir la responsabilidad del Estado municipal de satisfacer las necesidades básicas de estos sectores con una metodología de implementación de programas que transfieren la responsabilidad hacia los ciudadanos solidarios”, dijo María de los Ángeles Rosón.

La agrupación difundió un comunicado que se trata de una “novedosa forma de gestión de políticas públicas, que consiste en transformar áreas críticas y fundamentales del Municipio en una plataforma virtual”.

“En el área de Políticas Sociales está Bahía Solidaria donde el Municipio únicamente propone una plataforma en la cual los ciudadanos solidarios pueden dirigirse e inscribir qué van a donar. Son los ciudadanos quienes atienden esas necesidades siendo que el Municipio tiene la responsabilidad”, argumentó.

Opinó que “el Municipio se va transformado en una ONG donde las necesidades públicas se están atendiendo con recursos de la gente y no con recursos públicos. La responsabilidad de que les llegue algo a estos sectores parte de los ciudadanos, es una clara forma de desligarse de las responsabilidades, bajo la denominación de modernización del Estado. El municipio no puede ser un mero intermediario entre oferta y demanda y debe tener un rol protagónico. El Municipio no está para entregar suministros, esta para garantizar los derechos.”

En relación al sector cultural, Rosón destacó que “se ha implementado esta plataforma para que los artistas bajo sus propios recursos y peculio hagan una producción de streaming y la suban a la plataforma. De esta manera está desfinanciando porque estos programas no van acompañados de una política de presupuesto adecuado, están subejecutados”.

La abogada mencionó que “la Asociación Argentina de Actores y UMSur cuando inició la pandemia hacen una presentación para colaborar con el Municipio y asegurar el trabajo de los artistas y asegurar que a la gente le llegue la oferta cultural. Hacen esta propuesta de contenidos y lo que hace el Municipio es adecuarlos a los fines de desfinanciar”.

Por último, destacó que “hemos tenido que recurrir a la Defensoría del Pueblo para poder lograr una explicación. Lo que la Defensoría solicitó al Municipio todavía no lo respondió, por lo cual, nos obliga a seguir instando a distintos organismos porque tienen la obligación de rendir cuentas. Veremos cómo continuamos, necesitamos no solo que se sepa qué se hace con el presupuesto sino que ese presupuesto se cumpla para el sector al cual está asignado”.

“Cambiemos en el poder municipal: Cambiemos Municipio por ONG”

Desde un tiempo a esta parte, el Municipio de Bahía Blanca viene implementando una novedosa forma de gestión de políticas públicas, que consiste en transformar áreas críticas y fundamentales del Municipio en una plataforma virtual. En el afán por “desligarse de los problemas” (léase en términos jurídicos: “incumplir sus obligaciones estatales”) utiliza el cliché de “Modernización” para trasladar su responsabilidad hacia los vecinos y la vecinas, y vaciar el presupuesto asignado para sus funciones en dichas áreas.

Con el programa Cultura en Casa, son los artistas bahienses quienes, a su cargo y ad honorem, realizan un contenido vía streaming y lo suben a dicha plataforma municipal. Así, el hecho de que los artistas trabajen (gratuitamente) y generen cultura para la ciudad, depende de ellos mismos.

En el programa Bahía Solidaria, los ciudadanos informan virtualmente qué desean aportar, para el tiempo de emergencia y recientemente, para festejar el día de los niños y niñas. De modo que cubrir las necesidades básicas de las familias más desfavorecidas, depende de la solidaridad de los vecinos y de las vecinas. De este modo, la Municipalidad se ha transformado en “un espacio colaborativo donde ofrecer y pedir ayuda”. Estos programas van acompañados del desfinanciamiento presupuestario del área.

Esta gestión para la no gestión, es producto de la adecuación por parte del Municipio, de proyectos elaborados y desarrollados por organizaciones sociales que vienen desplegando un intenso trabajo territorial en pos de los trabajadores y de la niñez bahiense (Unión de Músicos y Músicas de B Bca y la Asociación de Actores y Actrices de B Bca; la ONG La Misión, Lo + de los Sueños, y La UNS).

Desde Integración Ciudadana repudiamos esta moderna modalidad de gobernar, porque no va acompañada de presencia estatal fuerte que destine el presupuesto público suficiente para atender las necesidades de las áreas de la cultura y de la niñez y adolescencia de nuestra ciudad.

Repudiamos que el presupuesto público se transforme en presupuesto privado para atender obligaciones públicas.

Repudiamos que el Estado Municipal se convierta en una plataforma de provisión o dotación, porque estamos convencidos de que no se trata de entregar suministros sino de garantizar derechos.

Esta tarde se realizó una caravana hasta la Fiscalía federal de Bahía Blanca para reclamar la aparición con vida de Facundo Castro, al cumplirse tres meses desde la última vez que se lo vio subiendo a un patrullero de la Policía Bonaerense.

Cristina Castro, la madre del joven que encabezó una marcha en Pedro Luro, saludó la convocatoria local mediante un mensaje: “Les quiero agradecer por estar, por el bocinazo, por el apoyo, por la marcha. Pedirles que no nos callemos más. Que nunca más sea nunca más”.

“Que devuelvan a Facundo, que se haga justicia, apartamiento del fiscal inmediatamente, basta de encubrir personas, basta de la Bonaerense, basta de matar a nuestros jóvenes. Pedimos que entreguen a Facundo ya, pedimos justicia”, afirmó.

https://www.facebook.com/notes/secretaria-de-ddhh-cta-bah%C3%ADa-blanca/a-3-meses-de-la-desaparici%C3%B3n-forzada-de-facundo-documento/3182596831776087/?__tn__=HH-R

Uno de sus abogados, Leandro Aparicio, dijo que “Cristina es la primera interesada en que Facundo esté con vida. Las pruebas que hay en el expediente nos dicen que a Facundo lo desaparecieron y que desde entonces se activó un protocolo que tiene cinco etapas. (…) El rol que cumplía antes La Nueva Provincia lo cumple ahora La Brújula. Esa es una parte esencial de este encubrimiento”.

El abogado describió los hechos sobre los que sostienen la denuncia del encubrimiento:

  • Empieza el primer día que lo desaparecen cuando le hacen mandar un mensaje de texto del teléfono de Facundo a un amigo cuando nunca hablaba así. Obviamente eso lo mandó un policía.
  • El 8 de mayo la policía que lo llevó (a Origone, Xiomara Flores) desactivó el whatsapp. Qué casualidad. Sin novedades dice el informe de la Policía Federal.
  • El 1 de junio el amigo va a hacer la denuncia y le dicen que tiene que ir la madre. Cuando va, le toman la denuncia en un papel de rotisería. Tené paciencia que ya va a aparecer. De atrás escucha que dicen que los hermanos de la novia eran malos.
  • Las primeras testimoniales dicen lo mismo que decían de Angelito Almada: que se deprimía, que era malo, que andaba mal con la madre, con la novia, que se drogaba, que daba vuelta por los caminos.
  • La tercera parte empieza el 15 de junio cuando se tendría que haber hecho el rastrillaje y no se hace porque llueve. Se le meten a la casa de los hermanos de la novia sin orden de allanamiento, a uno lo llevan a la comisaría, lo tienen entre cuatro apretándolo.
  • El 17 Luciano y Cristina van a Buratovich y no pueden entrar porque hay cinco patrulleros que los bloquean. La que borró el whatsapp (Xiomara Flores) dice que lo llevó a Origone.
  • El 18 de junio un hombre que no dice que es policía declara que vio a Facundo en Bahía. Vuelve a declarar en la cuarta etapa del encubrimiento sin que sepamos nada, manejaba todo la Bonaerense hasta que planteamos la desaparición forzada y la sacamos. Al mismo testigo, cuando declaró en la justicia federal, el fiscal Heim lo cortó porque incurría en falso testimonio.
  • Las últimas tres semanas fueron acumular testimonios truchos que cortan el 6 de julio, ahí no intervenía más la Policía Bonaerense. El 13 de julio una periodista trucha dice ‘vuelco en la causa, habría una persona que habría llevado’. Eso es lo que dice el ministro Berni hoy. Esa persona la mete (el policía Gabriel) Sosa, el que está en la foto con Facundo en la camioneta y Xiomara Flores.
  • Luego consiguen un informe de las lectoras de los autos que pasaron ese día: primero las trae una policía. La lectora marca el ingreso, la gente que entra pero no la hora. Averiguamos con gente de Algarrobo (que aparece) y no viajó ese día. La Municipalidad manda otro el 13 de julio con todo el listado y ahí viaja el auto con los testigos que vieron subir a Facundo al patrullero. El 14 de julio la policía pide otro más y en ese no está ese coche pero sí está el que dice que llevó a Facundo. Eso es lo que La Brújula pone hoy para desacreditar a los tres testigos.

“Obviamente el Estado es desaparecedor, por supuesto que por fiscales, por jueces, por políticos. Pero también por la parte civil, como ese funcionario de Villarino que firmó ese informe trucho que después esta cloaca con ese delincuente de Germán Sasso usa para encubrir a la policía”, agregó Aparicio.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, también hizo llegar su adhesión y sostuvo que “necesitamos que Facundo aparezca con vida lo antes posible”. Este sábado se cumplirán tres años de la desaparición forzada seguida de muerte del militante solidario con el pueblo mapuche en el marco de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof Cushamen.

El fiscal Pablo Fermento solicitó la elevación parcial a juicio oral del ex oficial médico Humberto Adalberti y del ex suboficial enfermero Adalberto Bonini. Están acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

La fiscalía los considera coautores de los delitos de asociación ilícita, de privaciones ilegales de la libertad (en el caso de Adalberti en relación a 82 víctimas y Bonini por 70), de quince homicidios y de la sustracción de los hijos nacidos en cautiverio de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero.

Según el requerimiento, los imputados asistían a “La Escuelita” para brindar atención médica a las personas cautivas y con esa acción contribuían al mantenimiento de las victimas en esa condición.

“La atención sanitaria, a través de la provisión de medicamentos, enfermería y atención médica –propiamente dicha- resultó esencial para prolongar el cautiverio de los secuestrados en el CCDyT –sometidos a constantes tormentos- mientras no se decidiera otro destino para ellos”, aseguró la Fiscalía.

A la época de los hechos, Humberto Adalberti se desempeñaba con el grado de capitán médico en el Hospital de Evacuación 181, mientras que Adalberto Bonini trabajaba como enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV Logística del Comando del V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.

En diversas ocasiones del proceso judicial, testimonios de los sobrevivientes verificaron la concurrencia del personal de salud al centro clandestino para revisar a los detenidos y para asistir en los partos de las víctimas.

Adalberti había sido imputado en 2006 pero la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decretó su falta de mérito. El avance de las investigaciones derivó en la recolección de nuevos elementos de prueba que permitieron su procesamiento, como la declaración de un testigo que indicó que años después pudo reconocer al imputado por su voz en un lugar público.

La causa en la que fue requerida la elevación a juicio de ambos imputados centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

“Vemos muchas dificultades para que la causa se tramite con celeridad como debería ser por la la importancia que tiene el caso. Hay medidas de prueba que la Fiscalía demora”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria Roberto Cipriano García.

Agregó que “así como tardaron 10 días en abrir los libros secuestrados de la comisaría, falta el cotejo de ADN en las manchas de sangre que se encontraron en el patrullero, el análisis de estudios de los AVL y su cotejo con las personas que declararon. Deberían resolverse más rápido, son pericias técnicas que permitirían aportar elementos centrales para saber qué pasó con Facundo”.

La CPM querella institucionalmente en la causa a la par de la familia de Facundo Castro. Juntos recusaron al fiscal Santiago Martínez, quien ayer fue ratificado por la jueza Gabriela Marrón.

Hoy se cumplen tres meses de la desaparición del joven de 22 años que partió el 30 de abril en dirección a Bahía Blanca.

-¿El ADN ya debería estar resuelto?

Sí, en muchos casos no hay desde la Fiscalía una clara indicación de qué es lo prioritario. Entonces, los cuerpos auxiliares y la policía terminan decidiendo qué hacer primero. Siguen distintas hipótesis, decimos que hay elementos importantes de pruebas sobre la hipótesis principal que es la desaparición forzada de Facundo que no se están practicando de manera rápida.

-¿El 30 de abril las 10 Facundo fue infraccionado en Buratovich, ¿qué pasó después?

Ahí es donde empieza a confundirse si efectivamente estuvo en un destacamento policial o no. La primera cuestión que llama la atención es que la policía dice ‘lo infraccionamos y lo dejamos seguir viaje’, cosa que no pasaba en ningún lado. Hay imprecisiones sobre qué pasó después, hasta el testimonio de estos tres vecinos de Pedro Luro que ven que es subido a un patrullero por dos agentes policiales pasando Buratovich. Eso es central.

Ahí hubo un trabajo que hizo la mamá con el abogado mirando los AV. Llegaron a la conclusión de que uno de los patrulleros estaba en el lugar y horario que dicen estos tres testigos en Buratovich. Eso es lo que todavía no está confirmado por el estudio que hace la Fiscalía sobre los AVL y que daría mucha potencia a esos testimonios.

-¿Es el patrullero que manejaba el policía González?

Exacto, corroboraría el testimonio de esas tres personas. Después hay muchos elementos en el causa traídos por la Policía Bonaerense que aparecen destinados a confundir, testimonios que cuando declaran no están seguros si era Facundo, que dicen que lo vieron en Bahía, aparece una persona que dice que lo llevó pero no está corroborado que ese día haya viajado esa persona.

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-Respecto a la testigo que dice haberlo acercado a Bahía la familia sostiene que la declaración dice que ue el 27 de abril y la información filtrada refiere que fue el 30. ¿No está acreditado que fue el día de la desaparición?

Exactamente, ese es otro tema, la mamá se lo ha planteado a la Fiscalía y nosotros también en reuniones con el Estado nacional en función de la acción que iniciamos ante el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. El Comité exigió al Estado que elabore un plan, una de las cosas que plantea la Secretaría de Derechos Humanos a la jueza es que se ponga mucho cuidado y énfasis en cómo se filtra la información y llega primero a los medios que a la familia. Van dando veracidad a los medios que también dicen cosas que no se corroboran en la causa.

Cipriano García señaló que todavía no se conocen los resultados de las pericias informáticas respecto de las triangulaciones de antenas para ubicar el celular de Facundo.

“La que aportaron las empresas es información incompleta, es otro tema que se incluye en la mora en diligencias judiciales. Hay que adoptar otras medidas, constituirse en la compañía con una orden de registro y exigir que se entreguen los datos en ese momento. Hay otras posibilidades que tiene la justicia para agilizar esa respuesta”.

Respecto de los testimonios que dicen haber visto a Facundo en Bahía, señaló que “varios dudan, dicen que era parecido, no dan certeza de que sea efectivamente Facundo, aportan elementos diferentes a lo que habían dicho en la primera declaración”.

El médico Horacio Romano reflexionó en su columna de FM De la Calle sobre el concepto de ciencia de la modernidad y la necesidad de ver más allá de la causa- efecto para incorporar otros saberes.

“Ampliar la cabeza en cuanto a pensar y accionar en salud. Hay un pensamiento complejo que intenta romper con las causas reduccionistas de causa- efecto, a decir que en realidad es una causa en un contexto y que no solamente depende de un bichito, de que el azúcar está alta. Depende de los hábitos de vida, de consumo, de cómo vivo, de la contaminación y de muchas causas extras”, explicó.

Agregó que “el concepto de ciencia lo da la modernidad, empieza con la llegada a América y con el desarrollo capitalista. Hay toda una idea de ciencia que va condicionada con eso, una idea de orden y progreso, eso sirve para una etapa histórica de la humanidad pero no para lo que vivimos ahora”.

Destacó que todo lo que se pensó en los siglos XIX y XX acerca de “lo que debería ser, ya no es. Entramos en una etapa de crisis mundial, de calentamiento global, la pandemia sin ir más lejos. Cuestiones que afectan a toda la humanidad, que descolocan”.

“Las respuestas no pueden ser las mismas y necesitan otra manera de pensarse, una mirada mucho más amplia y que, a su vez, interactúe con otros actores por fuera de la ciencia. El saber no solo lo tiene la academia, otros saberes populares tienen que sumarse para la toma de decisiones”.

Como aprendizaje de la pandemia “nos va a quedar es cierto grado de cerrazón que hemos tenido muchos, de formaciones profesionales más acentuadas, de no convocar otros saberes, cuestión no tan simple. En lo personal no me resulta tan fácil cuando se mezclan prejuicios, alguna índole conspirativa, está siendo bastante complejo analizarlo fríamente, tal vez porque estamos en el medio del problema”.

Romano aseguró que “cuando la incertidumbre es poca y hay que decidir entre A y B la ciencia normal sirve, ya cuando hay más incertidumbre y las decisiones son más importantes se llama a quienes tienen más experiencia”.

A tres meses de la desaparición de Facundo Castro la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA convoca a una caravana y bocinazo desde las 16:30.

Partirá de la Plaza Rivadavia y se movilizará hasta la sede de la Fiscalía para reclamar la aparición con vida del joven, el apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez y el avance de la investigación.

“El objetivo es mantener en vigencia el reclamo para que esto no se acalle, sabemos bien que cuando no hay protesta de la sociedad y reclamo el poder silencia estas cosas rápidamente”, comentó a FM De la Calle Dante Patrignani.

La convocatoria señala que “la familia y amigos/as denuncian, no solo a la fuerza policial como principal responsable de su desaparición forzada, sino también la trama de encubrimiento urdida por el fiscal federal Ulpiano Martínez”.

“La consigna es aparición con vida de Facundo -no nos resignamos a que no sea así- y el apoyo a la familia en el pedido de apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez a quien ya conocemos los que militamos en organismos de derechos humanos”, dijo Patrignani.

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Recordó “su actitud de encubrir poderosos porque ha tenido una actuación deficiente al filtrar información a la prensa basura, a La Brújula y a Sasso. Información que resultó falsa a partir de las declaraciones de los testigos en sede judicial y, por otro lado, porque no ha ido la investigación con la rapidez que requiere. El silencio ayuda al encubrimiento”.

El Tribunal Oral mantuvo el beneficio de la excarcelación de Juan Carlos Curzio tras el llamado intimidatorio que este realizó a la testigo Cristina Leiva, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Lo hizo “teniendo en cuenta que la testigo relató circunstanciadamente cómo había sido la llamada y que ella misma consideró que no se sentía intimidada ni amenazada, más allá de la no correspondencia de parte de quien se encuentra imputado en esta causa del llamada telefónica”, comunicó

La Fiscalía había planteado que el mensaje no era solo para ella “sino para todos los testigos convocados”. Pablo Fermento explicó que “hay mucho miedo en torno a este juicio y es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los que tienen que venir”.

El juez Roberto Amábile informó esta mañana que se requirió al Programa Verdad y Justicia un informe para confirmar si existe temor en los testigos y si este es provocado por los imputados.

El tribunal sostuvo la libertad de Curzio con la “prohibición específica de comunicarse y contactarse por cualquier medio con los testigos bajo la condición de revocársela y trasladarlo a una unidad del servicio penitenciario”.

Para ello, consideró que cumplió en detención el mínimo de la pena prevista, su estado de salud y la situación de pandemia.

La jueza federal Gabriela Marrón rechazó “por improcedente” la recusación del fiscal de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. La familia del joven y la querella de la Comisión Provincial por la Memoria habían requerido el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez.

Tampoco hizo lugar a la solicitud de Martínez respecto a una imposición de multa y comunicación al Colegio de Abogados para que “discipline” a los querellantes Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

Cristina Castro sostuvo que «el principal desaparecedor de personas es el Estado» no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también «a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».

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La magistrada sostuvo que “no advirtió ninguna irregularidad en la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal, ya que la investigación desplegada –desde el inicio, a la actualidad- se ajustaba a los parámetros para interpretar el concepto de investigación eficaz”.

A su entender el fiscal cuestionado actúa con “seriedad; objetividad en la búsqueda de la verdad; seguimiento de todas las líneas de investigación; recopilación del material probatorio pertinente y útil, con la diligencia debida; diseño institucional; cooperación intra e inter-estatal; especialidad en las diferentes áreas de investigación; acceso a la justicia de las víctimas; y plazo razonable”.

Para Marrón, el planteó se trató “de una mera discrepancia con la estrategia fijada por el director del proceso”.

Mañana se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo y habrá movilizaciones en Pedro Luro y distintas ciudades del país. En Bahía Blanca una caravana con bocinazos partirá desde la Plaza Rivadavia a las 16:30.

El fiscal Pablo Fermento pidió la detención de Juan Carlos Curzio por intimidar a una testigo. El ex corredor de speedway es uno de los cuatro imputados en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Cristina Leiva declaró hoy y brindó detalles de varios de los integrantes de la banda parapolicial, a quienes conoció por vínculos familiares y de su militancia en el peronismo. “Ese llamado no tenía otro objetivo más que intimidar y condicionar el testimonio”, afirmó Fermento.

Sin embargo, el fiscal destacó que “no es solo para ella sino para todos los testigos convocados a este juicio”. En los últimos días ya tuvieron que desistir de varios a causa del temor.

“Hay mucho miedo en torno a este juicio. Es muy difícil llegar a los testigos y que presten su declaración. Es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los testigos que tienen que venir”.

La abogada de H.I.J.O.S., Mónica Fernández Avello, adhirió y dijo que “Leiva acaba de decir que actuaban libremente dentro de un partido político hasta que fueron apresados o la asociación a la que represento los tuvo que denunciar en esta querella. Me parece pertinente porque siguen amenazando sin la palabra explícita, llamándolos por teléfono”.

Además de Leiva, hoy declararon José Lualdi y Alberto Brandán. Las audiencias continuarán este jueves desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS.

“A veces no es necesario hablar”

Leiva ratificó esta mañana lo dicho por Juan Larrea respecto al inesperado llamado del criminal. “Primero me llama mi socia diciéndome que había llamado un tal Juan Carlos que decía que había estado en la cantina pero no había dado el apellido. A los 15 o 20 minutos recibo el llamado de Curzio”.

“Años que no lo veía ni sabía de su vida porque no tenemos trato de amistad. Me dice que es Juan Carlos, que si me acordaba que estuvo en las cantinas. Tanto insistió que se me prendió la luz y le hice una pregunta: ¿vos no estuviste en gayola? Se ríe y me dice que sí. ¿A dónde estás? Estoy en mi casa”, contó.

Respecto a vinculación con la Triple A, el represor agregó: “‘No, no, me involucraron por una cuestión de dinero, no tengo nada que ver’. Ahora comienzan los juicios -le digo- la verdad si hubiera sabido que estabas involucrado no hubieras pisado nunca la puerta de mi casa”.

“No veo el motivo del llamado, no sé si sabría que tenía que declarar o no, si llamó pretendiendo una intimidación o advirtiéndome. No me dijo nada pero a veces no es necesario hablar”, afirmó la testigo.

Los únicos contactos previos que había tenido con Curzio fueron fortuitos. Un día se acercó a su casa para saludar a un campeón de speedway que se alojaba allí. En otras dos o tres ocasiones apareció “para saludar” en una cantina que Leiva administraba. “Yo ignoraba la asociación que tenía con esta gente que manejaba este grupo de asesinos”.

La Fiscalía federal informó este miércoles sobre el desarrollo de las medidas tomadas en el marco de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.

Entre ellas, la PROCUVIN sugirió producir un estudio integral de orden técnico que concentre toda la información obtenida hasta el momento y aquella que reste requerirse, con miras a determinar el recorrido que habría efectuado Facundo desde las primeras horas de la mañana del 30 de abril pasado, como también con qué personas se habría cruzado y/o entablado diálogo, por distintas circunstancias, en el trayecto.

La procuraduría especializada estimó que debería disponerse de la intervención de un gabinete especializado de la fuerza u organismo que se considerase pertinente para llevar adelante el análisis indicado, y someter a su estudio tanto los datos físicos (informes, legajos, listados, documentación en general) agregados a la causa, como la información o datos del tipo tecnológicos que han sido relevados.

Se refiere a los dispositivos móviles, su análisis y el de llamadas de telefonía y mensajería con activación de celdas, georreferenciación, direcciones de correo electrónico, datos de redes sociales, datos de telefonía celular, geolocalizadores de móviles (AVL), modulaciones, lectoras de patentes vehiculares, cámaras.

El fiscal Santiago Martínez dispuso que fuera la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la encargada de llevar adelante el estudio mencionado.

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Por otra parte se siguen recibiendo declaraciones testimoniales mediante la plataforma de comunicación online Zoom, tanto las ordenadas por el Ministerio Público Fiscal como otras requeridas por la querella particular, a las cuales se hizo lugar. En el mismo sentido se continuará en los próximos días con la celebración de audiencias ya fijadas.

Rastrillajes

Aunque con resultados negativos, desde el pasado sábado 25 hasta el lunes 27 de julio se llevaron a cabo distintos rastrillajes con efectivos de la Policía Federal (PFA), la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, a los cuales se sumaron personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ayer se efectuaron tareas de reconocimiento del terreno en un tramo de la Estación Ferrocarril Aguará en General Cerri. Entretanto, continúan las labores de investigación tendientes a corroborar diversos datos vinculados con el paradero de Facundo, a cargo de personal especializado de la PFA y demás fuerzas federales.

Se requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe las modulaciones de radios de los patrulleros de Teniente Origone, de la Comisaría de Mayor Buratovich y de la Patrulla Rural de Villarino.

Peritaje

Tras recibirse los libros secuestrados del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, se requirió al Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA que practicara un amplio peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” –utilizado como libro de guardias- a los efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril de 2020 existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido.

Otras medidas

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) aportó información solicitada y se le requirió que indicara en qué antenas registraron impactos líneas objeto de investigación.

La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) remitió las respuestas a los pedidos formulados.

La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina remitió el informe UFED (dispositivo forense de extracción de datos) confeccionado respecto al teléfono celular Samsung A6 secuestrado en el marco de la causa, en actuaciones relacionadas con tareas de campo realizadas.

En tanto, la fiscalía requirió a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 que precise algunos datos en cuanto a la información aportada.

La División Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina puso en conocimiento que, a fin de dar cumplimiento a lo requerido, solicitó información a distintas compañías de comunicaciones. A esa División se le remitieron los informes recibidos del Ministerio de Seguridad, a fin de que los incorporaran al análisis encomendado.

Se requirió al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que, con carácter de urgente, informara las modulaciones de radios de los patrulleros de la localidad de Teniente Origone; de la Comisaría de Mayor Buratovich; y de la Patrulla Rural de Villarino del 30 de abril pasado.

Se solicitó además que indicara los motivos por los cuales ciertos móviles no contaban con Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). También se pidió a esa cartera que aportara los datos del personal policial de servicio el 30 de abril en la ciudad de Mayor Buratovich, con indicación de aquellos que hubieran prestado funciones ese día y no se encontraran asentados en el libro secuestrado, como también que se individualizara la cuadrilla a la que fue asignado cada uno de ellos en la fecha en cuestión.

Fuente: fiscales.gob.ar

Lorena Zerneri se refirió en FM De la Calle al proyecto aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo revise el concurso mediante el cual Erica Gutiérrez accedió a la jefatura de Parques Municipales.

“En 2018 presento la denuncia en el Tribunal de Cuentas y llega a La Plata. Este año, Parques deja de depender de Infraestructura y pasa a Espacios Públicos, ingresa el ingeniero forestal Pablo Bianco y pasa a depender de Tomás Marisco. Decido presentar copia de la denuncia y de su estado en el Municipio y de ahí pasa al Concejo, no sé si de antes conocían las pruebas o no y se aprueba por unanimidad”, detalló la mamá de Daiana Herlein.

En cuanto al cambio de opinión en las filas del oficialismo, afirmó: “No tengo la menor idea qué pasó, cuando se presentó en el HCD en el 2016 hubo falta de voluntad para tratarlo”.

Uno de los aspectos de la denuncia “tenía que ver con la forma de llamar a concurso, además de que está claramente hecho a medida. Se llamó a un concurso cerrado y otro dentro del Departamento donde era la única ingeniera que se podía presentar. Se presentó en primera instancia, se anuló y, en segunda instancia, se vuelve a presentar y se lo dan a ella”.

Zerneri destacó que “se supone que rindió, que la evaluaron estas personas que no tienen ni idea de agronomía e incumbencia forestal. Eran dos del sindicato y tres del Municipio que eran ingenieros pero nada que ver”.

“La otra parte eran los antecedentes que tenía ella por la muerte de la llama. Fue sancionada y suspendida por ese tema. Con ese antecedente le permiten participar en un concurso como única postulante y se lo dan”.

Se refiere es el ataque a una llama, secuestrada en un operativo de Zoonosis y alojada posteriormente en Parque Independencia. El animal terminó muerto. “Ante tal circunstancia se instruye un sumario administrativo a fin de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria de distintos agentes municipales“, recuerda un pedido de informes de 2017.

“Más allá de si tienen margen o no de correrla, si es que lo analizan y ven que lo que hubiera correspondido era hacerlo de otra manera, se debería tratar de subsanar y no decir ya estamos fuera de tiempo, sigamos con todo mal para adelante. ¿Y después si pasa algo?”, se preguntó.

Zerneri apuntó que “está a la vista de todos el trabajo de esta mujer que ha sido devastador en Bahía porque aun no tenemos un censo, todo lo que ha hecho está mal. Eso es el resultado de poner una persona que no tiene ni idea ni ganas, lo mejor sería que hagamos las cosas bien y que ingrese alguien que tenga ganas y que sepa trabajar. Tengo la esperanza de que se evalúe esta situación”.

Pensando en el futuro, afirmó. “Siempre pienso en mi hija, podría volver a pasar y podría evitarse”.

Respecto al amparo político que tuvo hasta ahora la funcionaria cuestionada, Zerneri dijo que “cuando fue la denuncia del robo de herramientas, Gutiérrez firmó que estaba todo. Mostraba la caja del calefactor y decía acá está el calefactor y era una caja. Ella firmó y dijo que (Rubén) Valerio tenía todo y que la denuncia no correspondía. Vaya a saber lo que habrá hecho para que algunos personajes la estén cubriendo”.

Daniel Alberto Juliá relató al Tribunal Oral bahiense que los integrantes de la Triple A, luego de cometer sus crímenes, concurrían al boliche Rancho X del Barrio Palihue a tomar una bebidas “cortesía de la casa”.

Trabajó como barman desde 1972 hasta horas antes del golpe de Estado de 1976, cuando fue convocado al servicio militar. “Los atendía casi todas las noches en la confitería. Dejaban las armas en un costado de los sillones, venían con ametralladoras, itakas, 16 recortadas. Argibay, Aceituno, De Rosa, eran varios, se iban turnando”.

El propio Rodolfo Ponce, diputado nacional y secretario general de la CGT, solía sentarse con la banda: “Era como que fueran empleados de él”.

Juliá declaró que mientras hacía su tarea los escuchaba jactarse de que “habían matado a cuatro, a seis”. “Pertenecían a la Triple A, lo decían ellos. Decían que se les había encomendado este trabajo desde el gobierno de turno”.

Reportaban directamente a Ponce. Usaban torinos blancos y estaban todos los días en la CGT de Mitre y Rodríguez, “eran como los dueños ya, entraban y salían incluso con las armas en la mano”.

El Servicio de Inteligencia de la Marina les decía si podían o no realizar determinada actividad. “Podían andar tranquilamente porque me decían que la policía no les podía hacer nada”.

El testigo recordó que el grupo solía acompañarse de gente “que pertenecía a esa ideología”. Uno de ellos era el comisario de la Bonaerense Palmieri.

El propietario de Rancho X, Fernández Amigo, los conocía: “Por eso les daba bebidas, no quería tener contactos con esta gente”. Les había pedido que los fines de semana no vayan porque “había mucha concurrencia al boliche”.

Juliá militaba en la Juventud Peronista y simpatizaba con Montoneros. “No sé cómo pero de alguna manera se enteraron y me empezaron a seguir”. Sospecha que la información les llegó por el kioskero de la esquina de su casa a quien le compraba la revista “Causa peronista”. “Yo no sabía que él era militante de la derecha peronista, se llamaba Castellanos”.

“Me salvó un poco mi patrón que les dijo a ellos, este pibe no los va a molestar, tiene sus ideas pero nada más”, dijo.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.