La agrupación de artistas bahienses Teatro Abierto exigió explicaciones a las autoridades del Instituto Cultural por haber permitido la realización de una sesión de fotos publicitarias de un comercio privado.

“Vimos en las redes una sesión de fotos que estaban realizando en la Sala Payró, los artistas la reconocemos muy fácil, más allá de que tenían etiquetado al Teatro Municipal. Empezamos a investigar si eran actuales o viejas y eran del 5 o 6 de julio. Averiguamos quién había abierto o autorizado, quién había cedido el espacio, recopilamos información y sabemos que la autoridad del Teatro autorizó que se abran las puertas y se prendieran las luces para esa sesión de fotos”, dijo a FM De la Calle Mayra Díaz Alchu.

El Municipio cerró el Teatro hace 119 días tras un relevamiento de la UTN sobre las condiciones de seguridad del histórico edificio. Se advirtió a simple vista riesgos en el sistema eléctrico, condiciones de seguridad e higiene precarias, falencias en la prevención y el combate de incendios. Sin embargo, desde entonces, no hay novedades sobre el plan de obras alguno.

La integrante de Teatro Abierto afirmó que “en primera instancia nos parece peligroso porque ellos mismos dicen que es una bomba de tiempo que no se puede habitar. ¿Cómo es que dejan que alguien entre a hacer una sesión de fotos exponiéndolos al riesgo que ellos predican?”.

“Por otro lado, nos despierta la inquietud de si es realmente tan peligroso o hay alguna otra razón que hace que se cierren las puertas para los artistas y el público en general pero sí se abra para un privado. En este caso, ellos pidieron el teatro y les dijeron que sí, la responsabilidad es del Teatro”, dijo.

Díaz Alchu recordó que “el taller de Luthería y Artistas del Sur en el mismo día se enteraron que ya no podían ingresar, tuvieron que mudar todo en un día, prácticamente los dejaron en la calle. Artistas del Sur está juntando moneda por moneda para poder subsistir, para pagar un alquiler porque les dicen que no pueden estar en ese lugar porque es peligroso. ¿Para sacar fotos no es peligroso? ¿Para que una modelo camine no es peligroso? Por un lado están exponiendo a estos artistas que van a sacar fotos pero tampoco comunican este sector se puede usar y este no. Necesitamos una respuesta del Instituto Cultural, ellos son los responsables de lo que pasó”.

Agregó que “no solamente a nosotros como artistas nos afecta por nuestra fuente laboral sino que a la persona que camina por la calle y paga el Teatro con sus impuestos la están privando de ese derecho. El Teatro es de todos, no es de una empresa ni de una gestión y no nos dan ninguna respuesta, porque tampoco tenemos novedades de que se esté haciendo algo para mejorar el Teatro”.

En ese sentido, comentó que “tenemos entendido que a la UTN no le aprobaron, o están esperando que aprueben, el presupuesto para hacer una última inspección para ver qué hay que hacer. Está totalmente parado y nadie sale a decir nada, es urgente que el Instituto Cultural se expida al respecto”.

Ricardo Margo aseguró anoche a La Nueva Provincia que “no es que el teatro esté intransitable, sino que no puede usarse para espectáculos con cientos de personas” y calificó al permiso como “desacertado”.

El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.

El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.

Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.

“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.

 

La Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes del Colegio de Trabajadores/as Sociales repudió el acoso sexual padecido por una de sus colegas por parte del delegado de Noroeste Juan Campos.

El viernes trascendió que una trabajadora social de la Delegación realizó la denuncia judicial y horas después el delegado solicitó una licencia al intendente.

“Exigimos que se destituya de forma inmediata a este funcionario público que claramente evidencia un actuar misógino y violento. Siendo sumamente importante sentar precedente ante futuras situaciones de acoso laboral y abuso de poder en todos los espacios”, señalan en el comunicado.

La titular de la Comisión, Fernanda Orozco, declaró a FM De la Calle que “debe haber un cumplimiento de la ley 26.485 -de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género- que no debe dejarse a la buena voluntad de los funcionarios sino que deben generarse protocolos en los espacios públicos”.

Desde el Colegio también repudiaron el accionar de los medios de comunicación: “Insistimos en que los medios aun continúan reproduciendo machismo a la hora de comunicar hechos que tengan como víctimas a mujeres y disidencias”.

“Este tipo de situaciones se dan a diario y las víctimas muchas veces no se animan a denunciar, los tiempos han cambiado y con ello la impunidad con la que siempre se han manejado. Es una responsabilidad de todos/as vivir en un sociedad sin ningún tipo de violencias”.

Orozco señaló que “debe generarse un espacio donde se pueda realizar la denuncia sin ningún tipo de implicancia laboral, en este caso un trabajador en cualquiera de todas las formas laborales, sabemos que el Estado tiene muchas personas en situación de precarización”.

José Luis Montanaro, responsable del área de Fiscalización municipal, brindó explicaciones acerca del operativo que Precom y la Policía realizaron este fin de semana, en el cual decomisaron  una veintena de tuppers con roscas azucaradas y otros elementos.

“Hay tres cuestiones que nos preocupan: la seguridad de las chicas, estaban en la banquina de la ruta; cómo eran transportadas ante cualquier accidente, si las chicas sufrían algún tipo de lesión la opinión pública iba a demandar acción del Estado; y el riesgo sanitario. A pesar de que es un producto que no tiene mucho riesgo, el riesgo implícito de que alguien lo consuma y se pueda intoxicar”.

“Pasadas las semanas y los días esta producción y esta venta ambulante creció exponencialmente, nos llamaba la atención la unificación de materiales y que la mercadería era la misma, nosotros somos agente de constatación y no determinamos cosas que no podemos identificar en el momento”, comentó Montanaro.

Agregó que “vimos que en un vehículo no habilitado para el transporte de alimentos y de personas estaba toda esta cantidad de productos panificados que no tienen ningún tipo de procedencia y se secuestró toda la mercadería”.

(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947. 

El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.

Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.

Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.

Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.

“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.

Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.

Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.

No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.

Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.

Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.

La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.

Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.

La Asociación Cannabis Medicinal se presentó días atrás en la Banca 25 del Concejo Deliberante para pedir la implementación de un registro de usuarios, cultivadores y productores de cannabis utilizada para tratamientos de enfermedades.

“Es un fenómeno que crece desde las bases, es una lucha que viene de las madres, incluye ahora que las instituciones lo acompañan”, comentó Martín Palacios, vicepresidente de la organización.

La propuesta apunta a replicar lo que se realiza en otras localidades donde, a través de un registro, se les permite a quienes utilizan aceite de cannabis cultivar la planta para usos medicinales sin fines de lucro.

“Está en camino la investigación, ha sido asignado presupuesto al CONICET, se están haciendo mediciones porque en el mercado negro circula cualquier aceite. Están midiendo qué contenido tiene y si son efectivos. También están investigando el sistema endocannabinoide en procesos degenerativos relacionados con enfermedades como Alzheimer y Parkinson”, comentó Palacios.

Agregó que “en este momento planteamos que hay una ley incompleta que ha generado un montón de prensa y que no da protección a los usuarios. La demanda crece no solamente por la difusión de la ley sino por el boca en boca, esto le ha cambiado la vida a mucha gente. Apunta a separar a la marihuana del paquete de drogas duras, nadie tiene que asustarse por una planta. Los concejales se mostraron interesados y quieren ayudar”.

“Esto está vinculado a la salud y no a las fuerzas de seguridad, la gente que sufre un robo o un allanamiento se ve privada de su fuente de salud”.

El gobierno nacional aprobó una habilitación en la provincia de Jujuy para cultivar y exportar cannabis para uso medicinal. Al respecto, Palacios señaló que “es una porquería, no resuelve absolutamente nada, se dio permiso al INTA y CONICET pero nunca se especificó cómo y con qué presupuesto se iban a hacer las investigaciones. Está diseñado para las multinacionales”.

“En Jujuy hay una mano corrupta y negociados millonarios con un proyecto ostentoso. Que no dejen cultivar a la gente y vendan a una multinacional para exportar a otros países es tremendo”, concluyó.

La Cámara Federal procesó con prisión preventiva al ex titular de la Cruz Roja, Humberto Luis Fortunato Adalberti. La Fiscalía lo imputó a partir de testimonios que lo ubicaron en el centro clandestino de detención La Escuelita en su rol de médico militar.

El órgano judicial revocó, además, el sobreseimiento de los ex secretarios del Juzgado Federal Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, quienes continuarán siendo investigados por su participación en el terrorismo de Estado.

“Adalberti era uno de los médicos militares del Hospital de Evacuaciones 181. Era una estructura chica respecto a los militares que tenían especialidad de médico y dentro de la misma siempre se supo, por reconocimiento de alguno de los de mayores jerarquías de esa unidad, que la prestación de asistencia médica al centro clandestino La Escuelita la realizaban desde allí”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

Recordó que “son conocidos los casos del enfermero (Adalberto Osvaldo) Bonini, a quien mencionaron muchos testigos como la persona que llevaba los medicamentos y siempre se supo que (Raúl Eduardo) Mariné era el que dirigía ese rol criminal y que uno de los médicos era (Jorge Guillermo) Streich, ambos se encuentran fallecidos”.

“En el caso de Adalberti, esta Fiscalía lo había imputado en su momento, es otro de los capitanes médicos junto a Streich, como la otra persona que concurría a La Escuelita a tratar a enfermos. Esto se pudo reconstruir, sobre todo, en base a la declaración de algunos conscriptos que en aquel momento prestaban servicio y que, por el hecho de ser médicos, estaban afectados al hospital y pudieron hablar y percibir esta dinámica. Incluso a alguno de ellos le ordenaron ir a La Escuelita en una situación, se negó y fue sancionado”.

El Juzgado Federal requirió a la Fiscalía que defina la situación de imputados a quienes se le había otorgado la falta de mérito.

“A partir de declaraciones testimoniales que se recibieron en los últimos juicios se habían despejado dudas que quedaban sobre Adalberti, que fue uno de los apuntados ya desde los Juicios por la Verdad como uno de los médicos que hacía esta tarea”, dijo Fermento. Por ello, se solicitó el procesamiento del cirujano.

La Unidad Fiscal solicitó además la ampliación del procesamiento del enfermero Bonini, quien espera ser juzgado por la desaparición de Julio Infante. Ahora se le reprocha su intervención en el centro clandestino.

En el caso de Sierra y Girotti el fallo de la Cámara no significa su procesamiento “sino que se revocó el sobreseimiento que de haber quedado firme impedía seguir insistiendo con esas imputaciones”.

“La Fiscalía tiene varias líneas de investigación en curso y, en función de eso, va evaluando ampliar imputaciones o insistir con imputaciones que no prosperaron en el pasado, como el caso de Adalberti”, explicó Fermento.

El senador provincial Andrés De Leo dijo que “no hay que hacer un hecho político” de la explosión en Dow. “Hubo una reacción rápida de parte del Estado, primero hay que ver si la empresa cumplió con los protocolos del accidente y de la información”.

Consultado sobre el proyecto de ley que busca extender el plazo de prescripción de las causas por infracciones medioambientales que tramita el OPDS, el legislador oficialista comentó que luego de la media sanción en el Senado “quedó trunco en Diputados”.

“El OPDS se comprometió a hacer gestiones en la Cámara. Ahora hay un proyecto más abarcativo que está en Diputados, que no ha tenido sanción. Incluye este punto que impulsé en el 2016 con la prescripción de estas multas. El OPDS ha agilizado enormemente el tema que tiene que ver con la sanción de las multas, esto no quita que esa ley venga a cubrir el vacío legal”.

En cuanto a las condiciones presupuestarias y a los recursos con que cuenta el OPDS para el control de las empresas del polo bahiense, De Leo afirmó: “No soy yo un especialista, sería aventurado hablar en términos técnicos. Desde la Comisión de Presupuesto he tenido reuniones con el OPDS, respecto de como ellos necesitan un presupuesto para cubrir fondos”.

“Hay un programa para que ellos puedan contar en el mediano plazo con un presupuesto acorde para cubrir los mecanismos de control. No estoy capacitado técnicamente para decir si esto es así o no. Hay una preocupación y ocupación de parte del gobierno de la provincia para que el OPDS vaya contando las herramientas presupuestaras para llevar su control adelante”.

El concejal Marcelo Feliú afirmó este jueves que el intendente Héctor Gay tiene facultad para clausurar preventivamente plantas del polo petroquímico “ante determinadas situaciones graves, delicadas, donde se haya podido poner en peligro o haya la posibilidad de un daño inminente sobre la salud de los trabajadores, la población o el medio ambiente”.

“Casi una descripción de lo que pasó”, agregó en referencia a la explosión ocurrida el viernes en el Craker 2 de Dow.

Fue en el marco del debate que terminó con la aprobación de la convocatoria a la subsecretaria de Gestión Ambiental, el coordinador del proceso Apell y el titular del Comité Técnico Ejecutivo para que den explicaciones ante el deliberativo.

Además, se avaló un pedido de informes sobre lo ocurrido y un llamado a reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental, paralizada hace ocho meses por Cambiemos.

Al analizar el rol de la Municipalidad, Feliú recordó que a partir de los escapes del 2000 se entendió que Bahía Blanca estaba en una situación extraordinaria y se aprobó una ley localizada que delegó en la comuna el poder de policía en materia ambiental.

El ex diputado provincial refutó las declaraciones de Gay y de algunos de sus concejales al señalar que ante riesgos para la población o el ambiente “recobra en cabeza del propio intendente tal vez la facultad más importante que en este caso se puede inmediatamente tomar desde lo local. El intendente puede clausurar preventivamente a la empresa que ha motivado este hecho”.

“Este decreto absolutamente vigente y que pone en total complementariedad con esta idea de que habría que avanzar en la delegación, le da poder al intendente para ser el director del manejo de la crisis -explicó Feliú-. Absolutamente el director. Quien puede lo más, que en este caso es la clausura inmediata preventiva, puede lo menos. Principio jurídico indiscutible. Si yo puedo hacer lo máximo, constato de que la situación fue potencialmente peligrosa para personas y bienes, inclusive por fuera del ámbito privado, ahí el intendente tiene la facultad de ser quien conduce el proceso políticamente”.

El concejal agregó que “a esa facultad jurídica con decisión política se llega a la conclusión de que ante un evento no se disminuye la posibilidad de intervenir sino que aumentan”.

La Red Argentina para el Desarme afirmó que el “decomiso de armas más grande de la historia” difundido por el gobierno nacional no es más que “una nueva muestra de la ineficacia estatal y de la connivencia política con los grandes actores del mercado ilegal de armas”.

La “Operación Palak”, como fue presentada por la propaganda del Ministerio de Seguridad desplegada a nivel local por la gestión del intendente Héctor Gay, incluyó tres allanamientos en Bahía Blanca.

Uno de ellos en una vivienda ubicada detrás del consultorio odontológico de Castelli al 342 y otro en Clegg al 600, siendo secuestradas unas 40 armas. Su propietario, Hernán Castillo, es uno de los 17 detenidos en el país. En total fueron unos 50 allanamientos en Argentina, España y Estados Unidos en los cuales se decomisaron 12000 armas, municiones y explosivos.

En diálogo con FM De la Calle, el investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Julián Alfie aseguró que “el Estado debería haberlo detectado antes, y no sucedió. Esta cantidad enorme de armas circuló por varios años en el país sin que el Estado sea capaz de detectarlo. La mayoría de las personas involucradas eran sujetos de control del Estado por ser armerías, por ser establecimientos que habían estado bajo control de las propias Fuerzas Armadas”.

“No solo que no sucedió sino que toman conocimiento a través por Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos, que detectan que estas armas estaban empezando a circular en el comercio internacional ilícto. Recién ahí es donde se activan las alarmas de nuestro país”.

¿Por qué no se detectó antes? Alfie explicó que “el Estado hace cuatro años no implementa la ley que crea la Agencia Nacional de Control de Armas de Fuego, la ANMAC, que venía a reemplazar al RENAR. Creaba una agencia con presupuesto propio para tener una política proactiva de control sobre el mercado ilegal de armas de fuego y eso nunca se implementó”.

“Hoy tenemos apenas una decenas de inspectores en todo el país para esa agencia que debería controlar y fiscalizar el circulante de armas, inspectores que no tienen recursos para movilizarse por el país y por lo tanto la capacidad de control tiende a ser nula”.

La empresa bahiense Dienst Consulting, propiedad de Guillermo Martín es la encargada de llevar a cabo el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para usuarios de armas implementado por la ANMaC. Martín es socio del vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca y dueño de La Nueva Provincia, Gustavo Elías.

“La ANMaC realiza una serie de controles psicofísicos que en este caso fueron tercerizados a esta empresa. Pero aparte de eso tiene que haber una política proactiva de persecusión y control del mercado legal. Aquellos lugares, armerías, establecimientos legales, tienen que ser fiscalizados por esta agencia. Ante el vencimiento tiene que actuar porque ese arma que había sido legal pasa a ser ilegal”, señaló Alfie.

El investigador aclaró que “no existe prácticamente fabricación ilegal de armas de fuego en el país, lo que existe son fábricas legales que hacen desvíos hacia el mercado ilegal, a través de, por ejemplo, la doble numeración. Por lo tanto la capacidad del Estado de controlar y de disminuir esas armas ilegales es altísimo porque el Estado sabe dónde se fabrican, lo que tiene que hacer e ir a esos lugares que fabrican o importan armas y fiscalizar que no haya desvíos hacia el mercado ilegal”.

INECIP subrayó en un comunicado que entre los establecimientos de los cuales se secuestró armamento que tenían su habilitación vecinda se encuentra TALA, “empresa que funcionaba en un predio perteneciente a las FFAA y ya tenía antecedentes del 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos”.

“La banda no solamente operó en nuestro territorio durante años sin que el RENAR pudiera detectarlo, sino que uno de los presuntos contrabandistas era funcionario del Ministerio de Defensa dirigido por Oscar Aguad”, afirmó en referencia al directivo de TALA Diego Martín Bollati, uno de los 17 detenidos.

 

Familias de la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº10 de Cerri manifestaron su preocupación ante la falta de gas en el establecimiento desde el año pasado. Señalaron que luego del cambio de la instalación la empresa Camuzzi demora la inspección la obra.

Laura Ponte, madre de una alumna, brindó detalles a FM De la Calle: “La situación se remonta a larga data, estamos hablando de septiembre de 2018 cuando detectamos una situación problemática de gas. Se ha dilatado hasta llegar a esta instancia en la cual en la escuela no hay gas”.

“La obra de gas en sí misma estaría concluida, es una obra que llevó a cabo el Consejo Escolar con un fondo educativo municipal. Está faltando la inspección de Camuzzi”.

“Los pequeños estuvieron con caloventores pero era tanta la carga eléctrica que no se soportaba y se cortaba la luz. También el caloventor está de manera elevada, entonces el espacio que pueda llegar a ofrecer calefacción es reducido, las aulas son grandes”, comentó.

Ponte agregó que “los chiquitos comenzaron a enfermarse, habían muchos con certificado médico. Los docentes también están sufriendo la misma situación. Las clases no están suspendidas, hay un plan de continuidad pedagógica, es una reducción de carga horaria, los chicos tienen de las 10 a 12 a la mañana y de 13 a 15 en turno tarde”.

“Hoy tuve que ir a buscar tarea a la mañana porque mi hija tiene una discapacidad motora y está en post operatorio, en los próximos días debería incorporarse a la clases y en estas condiciones va a ser difícil”.

Finlamente, la madre acotó que “nuestra preocupación y la unión nos llevó a hacernos sentir, hacernos escuchar, estamos luchando por la igualdad de oportunidades para nuestros hijos y ofrecerles el clima adecuado para que los chicos estén en el aula aprendiendo no sufriendo”.

El titular de La Bancaria, Fernando García, aseguró que el Banco Santander “está incurriendo en graves irregularidades en lo que tiene que ver con las liquidaciones salariales, el reconocimiento de categorías y despidos encubiertos, desde agosto del año pasado llegan a 500 porque les hacen firmar acuerdos mutuos. Las presiones son tantas que terminan firmando”.

“Lo que hacen con la firma de estos mutuos acuerdos es que el banco queda preservado de las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. En la Seccional Bahía Blanca estas medidas afectaron a un compañero de Bahía y otro de Suárez”, comentó en FM De la Calle.

Respecto a la paritaria, García señaló que “si para dentro de unos quince días no se cierran va a haber paro. Nosotros pretendemos una cláusula de ajuste, gatillo o el nombre que le quieran poner, pero no podemos perder contra la inflación. Ha habido una pre paritaria donde hemos arreglado un aumento hasta mayo de un 19,5% y un bono de $12.500 de pago en dos veces, la segunda parte viene en julio”.

En el marco del aumento de la pobreza y el desempleo en la ciudad y tras la explosión en la planta de Dow y la ratificación judicial de las pruebas de la contaminación del estuario, la agrupación Nuevos Vientos destacó: “Que unos pocos ganen cada día más, lleven sus ganancias fuera del país, a costa de nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestro medioambiente no es desarrollo”.

El ex concejal Raúl Ayude dijo a FM De la Calle que “el discurso es macroeconómico, de déficit cero y ves que la gente está más lejos de satisfacer sus necesidades básicas y que en promesas de miles de millones de dólares de inversiones no se generan puestos de trabajo, al contrario, se terminan produciendo riesgos a la salud y medioambientales”.

“Por ejemplo lo que sucedió con la justicia y la confirmación de lo que se había puesto en duda que era la contaminación de al ría y la responsabilidad tanto de empresas como de la Municipalidad, el Consorcio, sumado a lo terrible que pasó en Dow el otro día. Cuando había pasado una hora de la explosión  y nadie sabía lo que tenía que hacer”.

“La decisión acerca de elegir un modelo de ciudad debe darse en un marco participativo de todos los sectores que componen la comunidad. No solo las empresas y el gobierno de turno, sino también las universidades, asociaciones intermedias y vecinos en general, en un debate público y abierto donde se evalúen las repercusiones de dichas instalaciones e inversiones”, afirma el comunicado de Nuevos Vientos.

Agrega que “deben recuperarse ámbitos participativos abiertos e institucionales como el funcionamiento histórico y regular que tuvo la comisión asesora de medioambiente del HCD, herramienta importante para evaluar proyectos”.

La concejala Paola Ariente confirmó que la Comisión Asesora Ambiental no se reúne desde 2018 y aseguró que hay disconformidad desde el Comité de Control y Monitoreo por el manejo de la información luego de la explosión en Dow.

“Si mal no recuerdo no nos reunimos desde mitad del año pasado, el último pedido que hice para que la Comisión Asesora se reuniera fue con el informe que hay de la causa judicial de la contaminación de la ría donde pedí que la gente del IADO, UNS y CONICET pudieran venir a explicar el Programa Integral de Monitoreo que venían efectuando. Se aprobó y nunca se citó”, comentó.

Según la web del Concejo, el último encuentro convocado por el oficialista Leandro Santomassimo fue 6 de noviembre de 2018 para discutir “la evolución del clima la ciudad en los últimos 40 años”. Ariente comentó que “es él quien hace el orden del día y convoca a las reuniones. Como coordinador es quien tiene que estipular la reunión”.

El edil participó este mediodía de una reunión con voluntarios interesados en “trabajar articuladamente un proyecto de apoyo, rescate y socorrismo para animales”.

Ariente informó que presentó una serie de cuestionamientos sobre lo ocurrido en Dow en el Comité de Control y Monitoreo donde hay “disconformidad” por no haberse enterado de los hechos”por los canales formales”.

En cuanto a los fondos destinados a temáticas ambientales, dijo que en la rendición del Centro de Control y Monitoreo “se nos explicó cuál había sido la subejecución, que por una cuestión de contrato y convenio pasaban para este año, pero respecto al dinero que se había destinado al proceso Apell, que no se había ejecutado, no se nos dio una repuesta satisfactoria de por qué no se habían gastado. Hay un guardia ambiental menos porque un inspector dejó su cargo y debe estar por abrirse el concurso. El resto no te sabría decir porque hubo una reducción de personal o de horas”.

Respecto a la  posición del bloque frente a lo ocurrido el viernes pasado, refirió que “no nos puede seguir pasando esto de que cada vez que ocurre un suceso los canales comunicativos sean tan confusos, que siempre tengamos una versión de la empresa, que si bien es válida no puede ser la única”.

“La gente no tiene la respuesta política de quienes deberían tenerla. Ni la gente ni lo concejales tampoco. No nos puede seguir pasando esto, los protocolos hay que revisarlos”, afirmó.

Cinco días después de la explosión en la planta de Dow, el intendente Héctor Gay pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”.

“Hemos pedido a la justicia que actúe, por las leyes vigentes la competencia del Municipio es muy reducida. Hemos acompañado al OPDS y a la justicia en el trabajo. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se diga lo que pasó. Sí con la prudencia necesaria pero con la preocupación de que no se repita”.

“Por suerte pudimos instalar el comité de crisis muy rápidamente, a los 20 minutos ya estaba instalado, inclusive algunos periodistas pudieron participar de la reunión”.

“Los especialistas dicen que no se puede dar una información en un evento de esta naturaleza, con el grado de certeza que como Estado tenemos que dar, antes de una hora. Se cumplió el protocolo, a los 47 minutos se brindó la información. Hay cosas para mejorar. Hemos tenido reuniones con la empresa, con la justicia y con el OPDS. El Municipio necesita, quiere y exige que haya un esclarecimiento pero obviamente prudente, en los tiempos que se manejan”, comentó.

Entre las cosas a mejorar, Gay apuntó a la comunicación mediante Radio Nacional y dijo que se vieron “atravesados por una situación lamentable que es lo de las noticias falsas que es un problema con el periodismo que quiere informar bien”.

“Que el principal medio nacional (TN) al otro día haya publicado la foto de un incendio en Córdoba diciendo que era en Bahía Blanca, o que otro medio haya publicado otro incendio en la India diciendo que era en Bahía cuando no hubo fuego nunca, es cierto que nos preocupa”.

Finalmente comentó: “Somos conscientes de que hay que dar buena información, verídica, sin ocultar nada pero tampoco hay que caer en los excesos que hemos tenido en estos días”.

Alejandro Barrera, secretario general de la Unión Jerárquicos Petroquímicos, aseguró a FM De la Calle que les preocupa que las responsabilidades de la explosión en la planta Dow recaigan sobre el personal jerárquico de la empresa, el cual no cuenta con representación sindical.

“Muchas de estas compañías cuando hacen esas investigaciones llegan a conclusiones donde los mandos medios, que serían nuestros afiliados, son atacados o despedidos y sin tener la incidencia de un sindicato. Nos perdemos la posibilidad de defender al personal que es el más fácil de atacar, en el sentido que se puede responsabilizar a la gente sin verificar qué pasó”, afirmó.

Barrera aclaró que “hace dos años convocamos a la gente de Dow pero el día que les informamos que estábamos haciendo reuniones para conformar el sindicato despidieron a una persona. Después no pudimos convocar a nadie más. Lamentamos no tener representación en Dow”.

La UJPe está conformada por los mandos medios y superiores, administrativos, profesionales y técnicos. En la actualidad su desarrollo comprende a integrantes de la plantilla de Unipar Indupa.

“Lo único que veo que estuvo mal es una cuestión de comunicación, evidentemente las redes sociales son mas rápidas que los medios. Todo el Polo está monitoreado por el CTE y es quien debería comunicarle a la comunidad lo que pasó, es el primero que se entera. A los cinco minutos ya había fotos circulando, me parece que hay que comunicar más rápido para que la gente no se asuste”, opinó.

Barrera integra la mesa sindical de la CGT, espacio al cual representa en las reuniones de la Comisión Asesora Ambiental que coordina el concejal de Cambiemos Leandro Santomassimo. “Este año no nos convocaron nunca, antes hemos tenido algunas reuniones donde se discutían temas de medio ambiente de la ciudad”, dijo.

La empresa Dow difundió anoche las primeras imágenes del sector de la planta Craker 2 que explotó el viernes pasado y causó conmoción en Ing. White y Bahía Blanca.

El registro de fotos y videos en el lugar había sido impedido en primer término a bomberos y a algunos periodistas que fueron invitados a recorrer el sector el lunes. La empresa adujo “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, sí pudieron hacerlo el fiscal Christian Aguilar y el juez Guillermo Mércuri durante la inspección ocular que realizaron el domingo para dilucidar si hubo daño a trabajadores o bienes de terceros y, en consecuencia, se configuró delito durante el incidente.

Horas después de la explosión, Dow informó que se trató de “un acontecimiento sonoro sin presencia de fuego”. El fin de semana, la empresa publicó una solicitada en la cual sostuvo la minimización de la gravedad del episodio y agregó que lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas”.

La periodista Soledad Barruti presentará su libro “Mala leche” en Bahía Blanca. Será este jueves, a las 20, en la Biblioteca Rivadavia.

La investigación analiza al “supermercado como emboscada” y continúa la propuesta de “Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando”.

“La comida para chicos es la peor de la góndola, la que uno no compraría en búsqueda de salud, estamos alimentando a las nuevas generaciones a base de azúcar, llenos de harinas blancas y aceites de la peor calidad. Como resultado aparece una sociedad más enferma, con niños que se enferman de cosas que nunca antes se habían enfermado”, afirmó la autora.

Barruti sostiene que la mala alimentación parte de “una confluencia de libre mercado y no regulación absoluta, en donde la industria ha ido ganando más espacios producto de confundir la publicidad con información, de hacer acuerdos con sociedades científicas, con profesionales de la salud en los que confiamos, a los que los terminan instruyendo en base a lo que las marcas pueden ofrecer, tienen visitadores médicos en los consultorios de los pediatras, stands fijos en los congresos, son los que muchas veces sostienen las sociedades de nutrición y pediatría, y eso va moldeando una idea alimentaria de la que nos cuesta salir”.

A la confusión que esto genera la autora agregó que “la posibilidad y acceso a los alimentos frescos y buenos se volvió cada vez más complicada. Los productos comestibles y bebidas son sumamente adictivos, entonces entre que la comida de verdad no está, lo que nos llega como mensaje de que esos comestibles son buenos y que son adictivos, tenés la trampa perfecta“.

Barruti destacó que “la única manera de darle de comer bien al mundo es la agricultura a pequeña escala. No con las lógicas de sobreproducción, de tirar comida, de agrotóxicos. Las personas que más inseguridad alimentaria tienen son las que viven en zonas rurales, el sistema actual ha desplazado a trabajadores, personas que vivían en esos campos donde se producía alimento, es un tema complejo, sin embargo, las soluciones están ahí”.

La periodista afirmó que “estamos acostumbrados a pensarnos como consumidores, somos seres sociales alrededor de la comida, comemos en sociedad, ninguna persona come pescado y algas a la mañana como en Japón porque sencillamente comemos lo que come el resto. Eso habla que comer es un acto social y que nos vincula con la gente.  Lo que debería pasar es que se debería socializar la información, hacer cambios comunitarios en las escuelas, trabajos, etcétera”.