Lo dijo a FM De la Calle el titular de la Federación Agraria local Joaquín Fortunati. El viernes pasado un productor de la zona de Darregueira fue expulsado de su campo por no poder afrontar el pago de las deudas con la banca oficial. “No nos da la cabeza para soñar” con lo que se mostró en la Exposición de la Sociedad Rural, agregó.

La Federación Agraria Argentina denunció el agravamiento de la situación de pequeños y medianos productores, con tamberos, porcicultores y economías regionales padeciendo los problemas más urgentes y advirtió que de no obtener respuestas realizará movilizaciones en las economías regionales. A fin de mes presentarán en el Congreso propuestas de políticas públicas diferenciadas.

En cuanto a los precios de sus producciones, Fortunati afirmó que, por ejemplo, “el kilo de cerdo vivo a un productor de nuestra zona se le está pagando entre 13 y 14 pesos y el litro de leche a 3 pesos, seguimos siendo los convidados de piedra”. “En algunas regiones la leche es un artículo de lujo porque la política argentina ha beneficiado el monopolio de las grandes empresas y ha hecho desaparecer a las pequeñas fábricas lácteas y a los pequeños tamberos”. En el caso del trigo, se paga al productor entre 2,70 y 3 pesos mientras que “el kilo de pan en el mejor de los casos está a 25”.

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“Se prometió un cambio, lo estamos esperando pero hay muchos que nos estamos cayendo del mapa y son los chacareros más chicos, a los que más cuesta llegar y los que quedaron endeudados con la banca oficial, con el Banco Nación que hoy pese a que se habían acordado prórrogas, hay algunos trámites judiciales en los juzgados federales 1 y 2 de Bahía Blanca donde se están ordenando desalojos para el posterior remate de esos campos”.

Fortunati identificó una política de Estado que -más allá de presidentes y dictadores- desde fines de la década del 70 apuntó a “correr del mapa al pequeño productor agropecuario argumentando el eficientismo dentro del sector agropecuario, es decir, producir más y mejor con menos gente, con una base tecnológica, con una base de concentración de los recursos, tanto tierra como agua”.

“Esto hace que empiecen a languidecer pueblos, yo soy oriundo de uno del sudoeste bonaerense, pasamos a tener pueblos geriátricos donde vemos que las grandes empresas y las financieras como Banco Nación y Banco Provincia hacen propaganda engañosa y que los pequeños productores caigan en trampas como son los créditos que terminan expulsándolos de sus tierras que en algunos casos están trabajando hace setenta u ochenta años cada familia”, dijo.

La Sociedad Rural celebró su 130 años con grandes campeones. El presidente Macri participó de los festejos  "del campo".

La Sociedad Rural celebró su 130 años con grandes campeones. El presidente Macri participó de los festejos “del campo”.

El dirigente explicó que “estarían bajo el amparo de la ley 14.144 que hace que los que están endeudados con el Banco Nación tengan oportunidad de pagar su deuda por intermedio del fideicomiso Provincia de Buenos Aires pero la provincia no ha firmado lo correspondiente ni ha hecho el trámite necesario para el traspaso de esa deuda del Banco Nación al fideicomiso”.

La Federación Agraria mostró su preocupación por el impacto del Decreto 820 que promueve la extranjerización de la tierra y la consecuente expulsión de más familias chacareras. Fortunati comentó al respecto que el productor desalojado días atrás en Darregueira, “tiene enfrente una empresa de capitales si no me equivoco italianos que podría ser una de las interesadas en comprar una de sus 190 hectáreas”.

“El problema ese existe desde siempre, en Bahía Blanca por ejemplo cuando era intendente el señor Cristian Breitenstein se gestionó para regalarle las tierras a la empresa Dreyfus, que ahora fue inaugurada la terminal y vino el presidente y la gobernadora, y se la sacaron a la familia Moreno que era de capitales nacionales que históricamente había trabajado en Bahía Blanca”.

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Finalmente, Fortunati opinó que el proyecto de Ley de Semillas, que presentará en los próximos días el gobierno con letra de Monsanto, pretende “cobrarnos por vivir”. “Si un productor agropecuario que compra una semilla va a tener que pagar in eternum regalías a la empresa porque fabricó algo con genética es como decirle que usted compra un auto de la marca que elija y le va a tener que estar pagando toda la vida a la empresa que lo fabricó porque fabricó tecnología”.

“Es un despropósito, una vez que compre eso es mío, el derecho de propiedad quedaría en manos del productor que compró la semilla, pasa que es muy fácil para la empresa argumentar que como tiene un registro genético tienen derecho a regalías. Es más fácil cobrarle a un montón de chacareros que negociar con una empresa internacional”, destacó.

Mariana Torres, una de las 65 personas despedidas de Supermercado Burgos, dijo a FM De la Calle que la Municipalidad es acreedora de la empresa desde 2013 y que junto al sindicato “hicieron la vista gorda” para permitir su vaciamiento. “Fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias (…) son maniobras fraudulentas que hacen para cerrar, dejar a trabajadores en la calle y abrirse otros negocios. Eso es lo que no queremos que quede impune”.

La ahora ex empleada comentó que este martes “nos presentamos en nuestro horario normal y estaban todas las sucursales cerradas. Es algo que preveíamos, hace dos semanas que no compraban mercadería. (…) Al menos queríamos que el sindicato nos garantizara cobrar los dos meses que nos debían y después accionar judicialmente por la indemnización pero nos quedaron debiendo todo”. Los aguinaldos también.

La Asociación de Empleados de Comercio “se dedicó a justificar a Burgos, que era un empresario quebrado, que realmente estaba en crisis, algo que también tratamos de desmentir haciendo un escrache a una de las distribuidoras que abrió la familia, denunciando que durante estos últimos años habían adquirido tres legajos de taxi. No era una crisis sino que hubo desvío de capital a otros rubros más rentable para ellos. En esta pelea el sindicato no nos acompañó”.

Tras los 65 despidos, 40 aceptaron conformar una cooperativa de trabajo “para no quedar en la calle”. “La semana que viene o la otra entraría en funcionamiento, no se sabe si van a ser los tres locales o dos, hay distintas versiones. Los locales tendríamos que alquilarlos, Burgos lo que haría es prestar góndolas, heladeras, para que las trabajemos. Teniendo en cuenta que eso está en concurso de acreedores, que si mañana viene alguno y los quiere rematar tendríamos que devolverlos”.

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Torres informó que “la Cooperativa Obrera nos va a proveer mercadería, no se sabe si toda o solamente la marca Primer Precio que es la que manejan. Nosotros iríamos pagando a consignación, a medida que vayamos vendiendo. Es complejo porque hay una baja del consumo a nivel general en todos los comercios y estaríamos compitiendo con la Cooperativa que nos va a vender los productos y también con los mayoristas”.

“Hay compañeros ilusionados y ojalá que sea una salida viable y no una forma del sindicato de patear la pelota para más adelante y que esto no estalle ahora. El municipio también está entre los acreedores de Burgos, conocían la situación de la empresa desde mucho antes, son acreedores desde 2013 en que entró en concurso preventivo, todos hicieron la vista gorda para que se llegara a esta situación. El vaciamiento fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias”.

Los empresarios también vendieron una sucursal de Charlone que figuraba “a nombre de un familiar”, un generador, una cámara frigorífica valuada en 150 mil pesos aproximadamente y un auto del apoderado Martín Burgos aunque “para pagarle al síndico y no a los empleados”.

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Burgos y Javier Leiva, uno de los “encargados generales” del super son los flamantes titulares de la distribuidora de bebidas y gaseosas de Panamá 1773. “Él nos dice que es un proyecto pero estuvimos yendo y ya tiene un funcionamiento, hay movida de camiones de cajones de cerveza que están afuera, inclusive usaban los mismos camiones de la empresa para ese negocio aparte”, dijo Torres.

(Por ¿Quién Te Juna?*) Monsanto ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes del mercado de semillas a nivel mundial y, a su vez, la que más controversia ha generado por el peligro que representan sus productos, para la salud y el ambiente.

La compañía, que se dedica principalmente a la producción y comercialización de herbicidas y semillas transgénicas, llegó bajo la idea de la “Revolución Verde”. La cual impulsaba mejoras agrícolas para de esa forma, poder erradicar el hambre en el mundo, instando a los productores de países en vías de desarrollo, a adoptar las prácticas agrarias impulsadas por Monsanto.

En Argentina, la empresa tiene plantadas alrededor de 18 millones de hectáreas con soja transgénica. El uso de transgénicos, permite la instalación de la idea extractivista, es decir, que cada vez se produce más y en mayor cantidad. Esto significa que, se reemplazan los cultivos autóctonos por monocultivos creados en laboratorios.

Cuando el Estado mira para otro lado

En la actualidad los campos deben utilizar pesticidas como el Roundup, para el control de malezas, cuyo principal componente es el glifosato, siendo de éste uno de los químicos más contaminantes vertidos en las cosechas.

En 2007, Monsanto fue penalizada por falsa publicidad, dado que, anunciaban que el Roundup era biodegradable y no tóxico. Por lo tanto, la empresa tuvo que retirar la palabra Biodegradable de sus envases, para poder seguir comercializando su herbicida.

En nuestro país, existe una ley nacional y varias provinciales que, establecen la prohibición del uso plaguicidas y otros agroquímicos a distancias que rondan ente los 50 y los 1000 metros de distancia de zonas pobladas o escuelas rurales. Sin embargo, la norma nacional no se cumple, difiere de las provinciales, y los organismos de aplicación son los municipios. Esto genera, un sinfín de regulaciones que dejan a las personas expuestas a estos peligros.

Argentina, actualmente utiliza entre ocho y diez veces más glifosato por hectárea que Estados Unidos. La periodista marplatense especializada en medio ambiente, y miembro de la ONG Bios, Silvana Buján, comentó que hace unos años impulsaron la creación de informes en conjunto con el dr. Andrés Carrasco, para que los legisladores de esa ciudad se involucren en la problemática. Además sostuvo que: “Los legisladores marplatenses en ese momento, tuvieron manifestaciones muy fuertes por parte de los productores, pidiendo que no existan esos mil metros, porque decían que ahí no podían plantar nada. Finalmente a presión de ellos (los productores), con engaños y la connivencia de las autoridades locales, se levantó la medida”.

“Tiempo después, la gente de Paren de Fumigarnos se presentó en la justicia. Hoy el caso está en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque el municipio finalmente eliminó eso mil metros, puso un programa de ‘Reconversión Agroecológica’, con lo cual dio vía libre para que se fumigue hasta el borde las casas”, explica Buján, quien además desde la ONG que integra realizó una serie de estudios que demuestran los altos niveles de pesticidas que contienen los alimentos y lo perjudiciales que son para la salud.

Asimismo, Buján sostiene que en la actualidad el Estado, está volcado completamente a las corporaciones y agrega: “Desde el primer día vienen aprobando los transgénicos, porque facilitan a los productores que sigan usando éste sistemas y están ausentes en la universidades nacionales, y porque ahora le cambiaron el nombre al Ministerio de Agricultura por el de Agroindustria. Con lo cual, ya desde el nombre te están diciendo que el pequeño agricultor no existe más, no es parte de éste modelo que se está aplicando en Argentina”.

Por su parte, la licenciada de Geografía e integrante del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria de la UNS (ETSA), María José Junquera sostiene que: “Deberían haber políticas públicas que ayudaran a éste tema, pero  si analizas desde los ’90 para acá, hay una continuidad en ésta línea de pensamiento. El Plan Estratégico Alimentario, plantea que hay que producir más porque la población está aumentando. El problema no está en que hay que producir más, sino en la distribución de los alimentos”.

Soluciones posibles

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Desde hace tiempo en diferentes puntos del país se viene llevando a cabo la lucha para poder tener una agricultura sustentable y libre de agrotóxicos. Junquera, explica que es la Soberanía Alimentaría al decir que: “Se puede definir como el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos consumir y como producirlos”.

En este sentido, Silvana Buján considera que es posible cambiar el sistema de producción de alimentos, considerando que: “Para lograrlo es necesario enseñarle a todxs los que fueron capacitados de la mano de éstas corporaciones que sostienen cátedras. Falta romper esta dependencia con las corporaciones del agro, independizar a la ciencia de los sponsors que la formatean, y empezar de cero con una ciencia digna para mostrar que hay un camino posible, deseable, necesario e imprescindible”.

En paralelo la licenciada Junquera comentó que, en nuestra ciudad se están desarrollando medidas para generar una alimentación sustentable, una de ellas es el grupo de trabajo formado bajo la órbita de la Universidad Nacional del sur y agrega: “El ETSA surge como un espacio de reflexión que pudiera suplir las faltas del plan de estudios de agronomía. Actualmente somos estudiantes, profesores, también hay gente de distintos ámbitos, que lo que buscamos es generar este espacio de construcción del conocimiento entre todos y por eso organizamos talleres, o disertaciones. Todo abierto a la comunidad, pero lo hacemos en la universidad”.

En la actualidad, el ETSA tiene dos proyectos para poner en marcha: “Uno es el de formar una cátedra libre de Soberanía Alimentaria como hay en otras universidades del país, ese es un proyecto que tenemos en marcha. Y después tenemos hace unos meses, los chicos de biología sobre todo, dentro igual del ETSA, arrancaron con ayuda de Pro-Huerta del INTA Bordenave, en el predio de Agronomía de la UNS, una huerta agroecológica, que recién arranca, pero la idea es que se puedan producir alimentos, para consumo o  comercializarlos si nos va bien con la producción”, comenta Junquera.

Además explica que como colectivo, se han contactado con agricultores agroecológicos de la ciudad: “Muchos comercializan sus productos por Facebook. También teníamos un proyecto de armar, como una feria en la web para que los productores agroecológicos se puedan anotar para que uno tenga contacto directo con el productor. Caritas también organiza, que nosotros participamos, en la Feria del Lago donde hay productores del cinturón hortícola de Bahía Blanca y de Cerri también que venden sus productos, que si bien no son todos agroecológicos, tiene muchos menos agroquímicos de lo que es habitual consumir”, y concluye: “Hay que buscar espacios alternativos, que los hay, pero uno tiene la costumbre de ir al supermercado”.

El camino por recorrer para la obtención de una Soberanía Alimentaría plena es largo, pero vale la pena seguir adelante. La idea, sin lugar a dudas, radica en ser conscientes de que existen formas de producir y consumir los mismos alimentos, pero sin agrotóxicos.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9

Según publicó Rieles Argentinos, dentro de pocos días el Ministerio de Transporte anunciará dos nuevas frecuencias para el tren que une Bahía Blanca con Buenos Aires. “Debido a la suspensión de los servicios de Ferrobaires, Trenes Argentinos se ve forzada a sumar dos frecuencias para satisfacer la demanda, que siempre sale lleno”.

Con los servicios de Ferrobaires suspendidos, la formación de Trenes Argentinos que circula entre Buenos Aires y Bahía Blanca se ve colmada en cada salida, quedando mucha gente sin poder viajar. Para solucionar esto, la operadora nacional decidió sumar dos nuevas frecuencias.

El convoy, que actualmente sale los Viernes de Constitución, agregará dos frecuencias saliendo Martes y Jueves. Estas dos nuevas frecuencias corresponden a las que cubría Ferrobaires antes de su suspensión. Es necesario aclarar que la formación de origen chino solo circula por el ramal LaMadrid.

Una idea surgida para suplir la demanda del ramal Pringles es la implementación de un servicio de coche motor entre Bahía Blanca y Olavarría, para luego combinar allí con las formaciones chinas. Esta idea está aún muy verde y es poco probable que se lleve a cabo debido a la poca disponibilidad de este tipo de unidades.

Efectivos de las policías Bonaerense y Local protagonizaron un hecho de violencia institucional contra adolescentes en Bahía Blanca. Esta vez fue en Villa Rosas luego de frenar a dos pibes que circulaban en una moto sin documentación. “La moto es mía, yo la pagué”, dijo uno de ellos. “Mostráme los documentos pendejo de mierda”, retrucó el bonaerense habilitando a los pitufos a bajarlo a las patadas.

Una joven intentó hacer entrar en razones al efectivo y este le gritó: “Habla bien las pelotas pendeja, a mí qué mierda me importa que seas mujer, cerrá el orto. ¿No tiene papeles? Se secuestra”. Todo fue registrado por Jonathan Vélez, quien viralizó las imágenes en las redes sociales. “Vos dejá de filmar, sacále el celular”, siguió el veterano fuera de sí.

“Tengo que contarles que hoy en la esquina de la Escuela 23 la policía local paró dos chicos, que fueron a dejar a sus hermanitas, los pibes no tenían los papeles de la motito 50 y empezaron a agredir a los menores, yo tomo el celu y empiezo a filmar”, relató en Facebook el presidente de la Sociedad de Fomento de Spurr.

Agregó que “en ese momento llega una patrulla y se baja del móvil un tipo totalmente sacado y empezó a los golpes con todos, éramos más de 20 personas mirando, un atropello total, un abuso de autoridad descomunal, se me vino encima, me pegó, me rompió el celular, nos pegaron, el tipo amenazó, se burló. La piba de unos 16 años fue golpeada hasta que le agarró una convulsión, llamé a la ambulancia y cuando vino la policía la desvió para otro lado. Abuso total”.

Miembros de la guardia urbana municipal siguieron el episodio sin intervenir.

En septiembre, integrantes de las mismas fuerzas policiales, ante supuestas denuncias vecinales, levantaron un puesto de información sobre marihuana, detuvieron violentamente a dos integrantes de la Cofradía Cannabica y a otro pibe que cuestionó el accionar policial.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Rivadavia frente al Palacio Municipal, una tarde primaveral con muchxs bahienses en la calle y también fueron registrados en video por varios celulares. El primer gran papelón de la flamante fuerza local incluyó tres detenciones abusivas y sin delito que reprochar a quienes las padecieron, una desproporcionada participación de uniformadxs, una alta dosis de prejuicios y otras violencias e irregularidades en la Comisaría Primera y los calabozos de Fiscalía.

Finalmente el Supermercado Burgos bajó las persianas y dejó a otras 65 personas sin empleo en la ciudad. “Hoy nos presentamos y estaban todos los comercios cerrados”, dijo Mariana Torres a FM De la Calle. El titular de Empleados de Comercio, Miguel Aolita, afirmó que “no es tan así” y que en “quince o veinte días” reabrirá bajo gestión cooperativa.

La nueva etapa del mercado estaría a cargo de cuarenta de l@s 65 afectados, mientras que el resto “se dio por despedido”. La totalidad podrá reclamar sus indemnizaciones. Aolita manifestó que el cierre “era algo que estaba medio previsto, no surgió de un día para otro, no tenían más mercadería para vender”.

El jueves pasado, durante el segundo ruidazo, Mariana Torres comentó a este medio que junto a sus compañeras salieron a rechazar los tarifazos y “sumar el reclamo por los despidos, Burgos cierra y se pierden setenta fuentes de trabajo, también están los de Lucaioli”.

En cuanto a la cooperativa impulsada por Empleados de Comercio y el Municipio para dar continuidad a los empleos, opinó que “más que una solución es un problema porque cuando baja el consumo a nivel nacional una cooperativa de trabajo no es una salida a largo plazo, tenés que competir con los grandes supermercados, no es la salida que queríamos, ellos también fueron cómplices de que Burgos durante tres años vaciara la empresa”.

Al otro día, “en respuesta a los dichos de Aolita y Burgos” protestaron en Panamá 1773 frente a una de las distribuidoras abiertas recientemente por Martín Burgos lo que “desmiente que la empresa no sea solvente y confirma que hubo vaciamiento y desvío hacia otros negocios”.

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El juez de Ejecución Penal Claudio Brun ordenó al Servicio Penitenciario otorgar dietas especiales a casi sesenta internos de la cárcel de Villa Floresta que están bajo tratamiento médico. Según informó el magistrado a FM De la Calle, también “se abrieron causas por separado para ver si esta problemática agrava el cumplimiento de la pena y si tendrían que terminar cumpliéndola en prisión domiciliaria”.

Las autoridades manifestaron que la situación se da por falta presupuesto que se registra hace varios años y existen inconvenientes en el cobro por parte de proveedores aunque “no se puede trasladar esta problemática a la falta de insumos, de comida, esta solución debe ser inmediata”.

El juez destacó que “esto es responsabilidad del Estado provincial, cuando una persona delinque el Poder Judicial si lo encuentra culpable de esa circunstancia, la manda a cumplir una pena y dentro de esa pena el Poder Ejecutivo tienen la facultad, el objetivo mismo de la pena, que es la resocialización. Dentro de ese marco y del tratamiento que le tiene que dar está lo más básico que es la alimentación”.

“La Unidad 4 no es un ejemplo a seguir respecto a un lugar de tratamiento para poder resocializar a una persona a la que se la encontró culpable y la obligación del juez ejecutivo es reinsertarlo nuevamente a la sociedad. Tiene las problemáticas que tiene toda unidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Es un problema general que el Poder Ejecutivo está tratando de solucionar con diferentes alternativas y programas.

“Son unidades carcelarias que están al tope poblacional, eso dificulta todo tipo de tratamiento, el problema urgente que estamos tratando, exigiendo desde el Poder Judicial, es el faltante de comida de algunos rubros. Hay algunos que nunca han tenido problemas como carne, fideos, arroz, aceite, pero en otros sí, verduras, frutas, leche, yogurt, manteca hace bastantes años que no ha tenido ningún tipo de ingreso”, comentó el juez.

De los 520 condenados a disposición del Juzgado a cargo de Brun poco más del tres por ciento cumple su pena en sus casas. El resto lo hace en Villa Floresta o unidades cercanas a sus familias: Batán, Sierra Chica u Olmos. Entre la población carcelaria prevalecen los jóvenes de entre 20 y 30 años y entre las causas que los llevaron allí los delitos contra la propiedad.

La prisión domiciliaria puede ser solicitada por “mayores de setenta años, las mujeres embarazadas o que tienen menores de cinco años o personas que tienen problemas de salud en forma terminal, que no puedan estar dentro de un lugar de encierro, y por medio de un control del médico correspondiente -que es la pericia que estamos solicitando en este momento- termina evaluando que no es el lugar idóneo”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. En la mayoría de los casos se alega la elevada edad y/o razones de salud.

Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.

Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados. Sus crímenes han sido contra la humanidad. La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad.

Han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro la CPM corroboró que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible. Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo.

Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos.

La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar.

El organismos destacó que los genocidas deben terminar sus días en la cárcel y los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. “Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria”.

Partidos de izquierda se movilizarán esta tarde a Plaza Rivadavia en simultáneo con una protesta que se realizará en la Plaza de Mayo con la convocatoria del sindicalismo “combativo y antiburocrático”. En Bahía Blanca será a las 18 “en solidaridad con los trabajadores despedidos de Lucaioli, La Nueva y del Supermercado Burgos frente a su inminente cierre y vaciamiento. En apoyo a la lucha docente y de todas las luchas en curso”.

Los partidos Obrero (PO), de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), Comunismo Revolucionario (CR), Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) manifestaron que “el tarifazo -y la reacción popular que desató- han hecho emerger el verdadero alcance del ajuste que ejecutan el macrismo y los gobernadores”.

“Macri acusa a los trabajadores de ‘derrochar energía’ pero subsidia la depredación minera, hiperconsumidora de energía, hipoteca al país con los buitres y fija topes salariales muy por debajo de la inflación. La Justicia ordenó la suspensión de los incrementos con argumentos formales pero no cuestiona el fondo del asunto; Macri y Lorenzetti pactan para ‘salvar’ el tarifazo y el gran negocio de las privatizadas. Mientras la oposición patronal (Massa, el PJ) ha saludado los topes del 400 por ciento propuestos por el gobierno, cuando las paritarias no superaron en promedio el 30 por ciento”, agregaron.

Además apuntaron a las centrales sindicales que “siguen en la tregua, garantizando que avance el ajuste y desoyendo el reclamo de plan de lucha y paro general”.

Las demandas:

1. Anulación del tarifazo, apertura de los libros de las empresas e investigación del destino de los subsidios que recibieron durante una década. Reestatización de las empresas privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios. Garrafa social a $ 50.-

2. Contra los despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios.

3. Contra la inflación, reapertura inmediata de las paritarias, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y cláusula de indexación automática.

4. Abolición de todo impuesto al salario.

5. Aumento de emergencia ya de 6 mil pesos para los jubilados. 82 % móvil.

Se cumplen dos meses del femicidio de Liliana Díaz a manos de su ex pareja Marcelo Camarero en Coronel Dorrego. A las 18, desde el Instituto de Educación Física adonde concurría la víctima se realizará una marcha para exigir la condena del imputado y que en el futuro “no pase lo mismo”. Participarán además familiares de la montermoseña Katherine Moscoso.

“Suponemos que (Camarero) sigue en prisión, no ha avanzado mucho la causa, la lleva la dra. Lozano, hasta ahora está en veremos qué pasa. Lo que queremos con la marcha es que se concientice, que no le den diez, siete años, y que por buen comportamiento salgan de vuelta y pase lo mismo”, dijo a FM De la Calle Sady Acosta, amiga de Díaz.

Recordó que en Dorrego “hubo el caso de Verónica Vaca que (su femicida) ya está libre por buen comportamiento. Eso es lo que no queremos que pase, que se revean las leyes. Es muy triste porque no es la primera y ojalá sea la última, ya esto debería cambiar”.

“En su momento impactó mucho, hemos hecho cuatro marchas y la gente no se adhiere, no va, fuimos veinte personas la última. Creo que la gente no se involucra por el tema de que no me pasa a mí. Lo ven ajeno, no es pariente, amigo, no es nada, entonces van pocos. A Cualquiera le podría pasar”, dijo.

 

"Me mande una cagada con la Negra", dijo a sus amigos Marcelo Camarero.

“Me mande una cagada con la Negra”, dijo a sus amigos Marcelo Camarero.

Sady y Liliana se hicieron amigas en Paraguay y se radicaron años atrás en la región. Para ella, estos dos meses fueron de “mucho dolor, se nota la ausencia, ella siempre solidaria, todos la querían, la adoraban, porque siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás”.

Por Kathy, por Mica, por todas

Ezequiel Moscoso comentó la semana pasada en diálogo con FM De la Calle que se reunió con el secretario de la vicepresidente Gabriela Michetti a quien solicitó ” que intervenga en el caso de Katherine la Policía Federal porque la de la provincia de Buenos Aires creemos que estuvo entorpeciendo el caso”.

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Del encuentro participó además Mónica Cid, madre de Micaela Ortega: “Estoy haciéndole el aguante a ella, la verdad todo esto es una vergüenza, que una mamá tenga que dormir ahí afuera mientras que los funcionarios, diputados y senadores estén calentitos y no vengan a laburar”.

“Hace ocho meses que tendría que haberse difundido la Ley de Grooming. Si la hubiesen difundido con folletería y Micaela hubiese tenido ese folletito por ahí hoy estuviera viva. Encima hoy sería el cumpleaños, esa madre está destrozada”, dijo el tío de Kathy el jueves, desde la carpa instalada frente al Congreso.

Encabezadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, unas cien mil personas se movilizaron el domingo en la Capital Federal, entre San Cayetano y Plaza de Mayo. Lo hicieron bajo las consignas “Pan, Paz y Trabajo” y “Tierra, Techo y Trabajo”. Exigen un salario universal complementario igual a la mitad del salario mínimo, vital y móvil.

“Creíamos que iba a tener una gran repercusión pero la realidad nos ha superado. Fue inmensa porque mucho más de la mitad de esa convocatoria, que tuvo diez mil marchantes desde Liniers a la 9 de Julio, logró enorme cantidad donde más de la mitad fue gente que fue por su propia cuenta”, balanceó ante FM De la Calle Amancay Ardura de la CCC.

Para el dirigente “esto le da además un enorme valor político por todos los reclamos de los desocupados, los precarizados, los trabajadores independientes, los cartoneros, los trabajadores en negro, más de la mitad de la población que hoy, entre los doce millones de pobres que heredamos de Cristina más dos millones en seis o siete meses de este gobierno, están en una situación muy grave”.

“Ha crecido el hambre en Argentina, los comedores y los merenderos crecen, ya no solo vienen los niños y las madres sino empiezan a venir los hombres, las changas se han cortado fruto de la recesión, de la inflación, por lo tanto ese suplemento que se hacía a partir de tener un plan social con las changas hoy se ha perdido. Este gobierno dialoga, no podemos decir que no, pero hay un problema, solo le da a esta mitad de la población un poquito mientras a las exportadoras de cereal, a los banqueros, a los fondos buitres, a los acreedores internacionales, la crema de las ramas agrarias reciben miles de millones de pesos”, agregó.

Viviana Almada informó por FM De la Calle que “a las seis de la tarde nos juntamos en San Martín y Vélez Sarfield y de ahí vamos a marchar por las calles whitenses pidiendo justicia y que se esclarezca esto rapidísimo, que no lo quieran cerrar como un suicidio. Todo White, todos los familiares y amigos sabemos que Ángel no se suicidó, lo tiraron, acá hay mucha corrupción mucha droga, por eso no se llega al final”.

La tía del joven fallecido tras caer de un puente en la localidad portuaria comentó que le “molestó mucho” que el intendente Héctor Gay no haya concurrido a la Fiscalía del dr. Gustavo Zorzano para informarse de la causa tal como había prometido.

“Él nos dio la palabra que se iba a acercar a hablar directamente con el fiscal. De hecho le dimos algunos puntos de la causa para que vea nombres y apellidos y no se acercó. Para que sepa que no estamos mintiendo, que no estamos hablando -como ellos creen- porque estamos dolidos, estamos hablando con justificación, con motivos”.

El jefe comunal había prometido evaluar la continuidad en el cargo del delegado de White, Marcelo Alonso, si aparecía con alguna responsabilidad en la investigación. “El intendente no se acercó a hablar con el fiscal, sí lo llamó por teléfono el viernes, hablaron y después salió por los medios diciendo que no se iba a meter en el tema del delegado, que iba a seguir en su puesto, que no tenía nada que ver, que la hija del delegado no había estado con Ángel. Nosotros sabemos que es mentira porque las cámaras los tomaron juntos, andaban por todos lados caminando, treinta chicos atestiguaron que salieron juntos de la fiesta, están mintiendo”.

“Tenemos audios donde el señor delegado dice que accedió a las cámaras y ahora dicen que no, ¿cómo sabemos si no las borraron si de hecho lo defienden tanto? Como familia nos queda esa duda”, afirmó.

El viernes representantes de las distintas redes de medios, productoras y televisoras comunitarias nucleadas en INTERREDES mantuvimos una reunión con Miguel De Godoy, presidente de ENACOM, de la que también participó el Coordinador de Fomento y Desarrollo, Martín Kunik y los miembros del directorio Heber Martínez, Agustín Garzón y Silvana Giudici.

En la misma se planteó la urgencia y preocupación del sector de medios comunitarios, alternativos y populares por la demora en el desembolso de los fondos Fomeca 2015 y la apertura de las líneas correspondientes a 2016. Al respecto las autoridades reconocieron que la auditoría de la SIGEN demoró más de lo que estimaron a principios de año, al igual que la apertura de los concursos para los fondos de este año.

El presidente de ENACOM, Miguel De Godoy admitió la legitimidad de nuestro reclamo y afirmó que “los compromisos contraídos por el Estado debemos cumplirlos, la razón los asiste” y prometió precisar fechas concretas de cumplimiento, que serán informadas en una próxima reunión a realizarse el miércoles.

Otro punto de la reunión fue la situación de canales que ganaron licencias para Televisión Digital y aún se encuentran en proceso de habilitación definitiva, como Barricada TV, Pares TV y Urbana TV. También se charló sobre la situación judicial del caso de Antena Negra TV y la manera de evitar la persecución a emisoras que aún no tienen licencia, como consecuencia de la falta de llamado a concursos por parte del Estado.

Sobre los concursos ganados por los canales comunitarios, Agustín Garzón manifestó que “nadie duda que tienen un derecho adquirido”, a la vez que -en referencia a la interferencia que sufren Barricada TV y Urbana TV por las señales de experimentales de Canal 13-, De Godoy afirmó que “si se tienen que mudar, se van a tener que mudar” a otro lugar en la grilla.

La posibilidad de ser recibidos por el directorio de ENACOM y los compromisos asumidos por su presidente son fruto de la legitimidad que nuestro sector ha cosechado por el trabajo sostenido durante años, y de la enorme movilización de comunicadores/as populares, rodeados de la solidaridad de diversas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas.

Esperamos que en la próxima reunión con las autoridades de ENACOM podamos hacer efectivos los compromisos a los que se comprometió el organismo, en plazos razonables que nos den soluciones concretas a nuestras demandas.

(Por Astor Vitali) El bloque oficialista impulsa un proyecto de ordenanza para amplíar las facultades de intervención del sector privado en la definición de políticas públicas en las áreas de cultura, deportes y espacios públicos. De esta forma, intentarán crear el “Régimen de Promoción Cultural, Deportivo y puesta en valor del espacio público del Partido de Bahía Blanca”.

La escueta argumentación de la potencial norma da cuenta de “la necesidad de ampliar la posibilidad de llevar a cabo proyectos que apunten al desarrollo de actividades culturales, deportivas y de mejoras en los espacios públicos del Partido de Bahía Blanca” y da por sentado que “es importante que desde el Estado municipal se estimule la participación privada en el financiamiento de actividades culturales, deportivas y/o de mejoramiento de los espacios públicos de la ciudad”

Atento a las reiteradas críticas recibidas por la gestión de Ricardo Margo al frente del Instituto Cultural de Bahía Blanca (quien ocupó el cargo correspondiente a la misma función en los 90), la autora del proyecto, Soledad Pisani, abre el paraguas arguyendo a renglón seguido que el proyecto “no implica sustituir la responsabilidad del Estado en la materia, sino más bien coadyuvar en pos de enriquecer y ampliar las posibilidades de generar una mayor diversidad de proyectos”.

Según Cambiemos, “es necesario generar las herramientas necesarias (sic) para brindar la oportunidad a quien busca financiación para su proyecto, como así también para aquellos potenciales patrocinadores interesados en realizar aportes que apunten al desarrollo y crecimiento de la ciudad”.

Además, la mirada oficial sostiene que “las experiencias de este tipo, llevadas a cabo en distintos países del mundo y en el país, por caso, la ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido exitosas”.

Y nuevamente, sin aportar elementos concretos que fundamenten sus afirmaciones, arremeten con la idea de que “la sinergia público privada juega un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de las ciudades” recordando que “se mantiene a lo largo de los años, independientemente del color partidario del gobierno municipal, lo que lo convierte en una política de Estado para el municipio, en donde cualquier intendente que asume comparte la idea de mantener un buen vínculo con las empresas que están instaladas en la ciudad”.

En este sentido, es preciso recordar que la ordenanza de “Solidaridad Cultural” fue creada por el ex Ministro de Producción de Daniel Scioli, Cristian Breiteinstein. La norma cuestionada por asociaciones gremiales y políticas fue utilizada por todos los directores del Instituto Cultural, con distinta orientación política pero sin derogarla ni modificarla.

El nuevo régimen derogaría la de Solidaridad Cultural y la hace extensiva a deportes y espacios públicos, otorgando así mayor protagonismo al ámbito privado en la definición de políticas y proyectos públicos.

FM De la Calle intentó, sin éxito, comunicarse con la autora del proyecto.

Un modelo a seguir

El hecho de que el régimen se aplique a estas tres áreas en particular no es casual: se trata de sectores a los que gran parte de la dirigencia política asigna un valor secundario e improductivo.

Veamos en el caso del área de cultura. El problema de fondo, que toda gestión reconoce en los pasillos palaciegos pero no modifica en la estructura real ni en la política concreta, es que el presupuesto para el área es insuficiente. Se trata de un 1.5 del presupuesto municipal total. Margo ha defendido públicamente el número dado que acata lo “recomendado por la UNESCO”. Sin embargo, el 87 % del total asignado al área de cultura corresponden a gastos administrativos, dejando casi sin capacidad de financiación pública otros proyectos, por fuera de los dineros ingresados ad hoc en el Fondo Municipal de las Artes o a través de la ordenanza de Solidaridad Cultural.

Ante la necesidad de mayores recursos, el proyecto mete en una bolsa las áreas de Cultural, Deportes y Espacios Públicos y abre más las puertas a que la iniciativa privada participe en la definición de políticas culturales, en lugar de buscar fuentes de ingresos genuinas que dejen la potestad única de definición en mano del Estado y la sociedad.

Mecenazgo exprés

Por su parte, la concejala Betiana Gerardi –quien preside la Comisión de Educación, Cultura y Acción Social- sostuvo que se enteró “un día en el que se quería votar la ordenanza porque no pasó por las comisiones que tenía que pasar. El oficialismo tenía intención de votarlo”.

Además, consideró que “son tres colectivos diferentes con exigencias totalmente diferentes”, haciendo referencia a las áreas de Cultura, Deportes y Espacios Públicos englobados en el proyecto. En este sentido, Gerardi explicó que antes de ser tratado, el proyecto debería pasar por el Consejo Consultivo del Instituto Cultural, el Consejo Municipal de Deportes y lo que tiene que ver con Espacios Públicos hay una comisión acá en el Concejo Deliberante”.

De todas formas, afirmó que deberían evaluarse en forma separada y que la ordenanza presentada por Cambiemos “es muy amplia y pone muchos baches en un montón de lugares”.

Consultada acerca de la posición política del Frente para la Victoria acerca del mecanismo de “mecenazgo”, la edil sostuvo que “no hay que darle la política cultural a las empresas”.

Alcance acotado

Dado que uno de los ítems que figuran a modo de argumento en el proyecto de ordenanza es que el sistema habría sido exitoso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM De la Calle consultó al titular del Sindicato Argentino de Músicos (SAdeM), Ricardo Vernazza, quien contó que en la capital la Ley de Mecenazgo “tiene unos seis años de aplicación” y que “el gobierno de la gestión de Macri lo ha mostrado como un gran acierto de su gestión. Han hecho hasta un libro gigantesco sobre los beneficios. Ahora lo están catapultando a nivel nacional. Más allá de que no hay Ley Nacional de Mecenazgo, sí crearon la Secretaria de Mecenazgo” a cargo del funcionario que la encabezaba en CABA.

La norma vigente en la ciudad porteña “está atada al impuesto de Ingresos Brutos y por eso tiene un alcance bastante acotado porque es solamente para un impuesto municipal”.

Para el dirigente es preocupante “que el Estado por esta cuestión no se puede correr de cuáles son sus decisiones estratégicas. Es un aporte más económico pero que no termina siendo significativo. Siempre lo significativo está en las decisiones estratégicas que se toman desde el Estado.”

Además, esos aportes de privados “han sido en forma anárquica. Como el músico es el que tiene que ir a buscarse la empresa que le da el mecenazgo parte de un proyecto propio del músico donde el estado no tiene la decisión estratégica. No es más que una ayuda económica. No fue tomado dentro de la decisión estratégica que el Estado tiene que tener en el cumplimiento de su función en lo que tiene que ver con el fomento, la difusión y la protección”.

¿Y los interesados qué piensan?

La pregunta debería ser el punto de partida de cualquier política. Sin embargo, no hubo consulta por parte del bloque oficialista a ningún órgano de representación de artistas y hacedores de la cultura acerca del proyecto que intentaron aprobar expresamente.

Por ello, este sábado 6 de agosto a las 11:00, quienes integran los espacios de representación de trabajadores y trabajadoras de la cultura en el Consejo Cultural Consultivo convocaron a una asamblea en la sala El Tablado (Chiclana 453).

Además informarán sobre las pasadas reuniones del Consejo Consultivo y los resultados de las mismas y darán continuidad a las actividades y medidas resueltas en las pasadas asambleas.

asamblea

¿Mecenazgo?

Las normas llamadas de “mecenazgo” nacieron malparidas conceptualmente ya que no se trata de un verdadero mecenazgo sino de beneficios impositivos que favorecen la orientación económica hacia el sector y, por otro lado, prestigian a grupos empresarios.

Sin embargo, la idea de mecenazgo fue concebida saliendo de la sociedad medieval, donde las burguesías pujantes “apoyaban” o “protegían” personalidades, artistas y científicos de su peculio sin obtener beneficios impositivos a cambio. Es decir, financiaban a los y las artistas de su bolsillo para el desarrollo tiempo completo de las tareas del beneficiario.

En cambio, en la ordenanza propuesta y las vigentes en otros Estados, los gobiernos deducen una buena parte de los impuestos que deberían ir a rentas generales para que la sociedad defina dónde deberían ir esos recursos y apenas una parte la ponen los privados.

Muchas veces, esa parte que ponen los privados es mucho más barata que la publicidad de gran impacto que le da aparecer como falso mecenas de un proyecto que financió desfinanciando al Estado.

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El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó a FM De la Calle que la orden de detención contra Hebe de Bonafini fue “un hecho horroroso, un montaje absolutamente desproporcionado para intentar detener a un grupo de mujeres cuya edades oscilan entre los 88 y los 93 años” y “un acto irresponsable porque ayer podría haber habido una tragedia en el momento en que intentaron bloquear la salida del móvil de las Madres y un camión de la policía quiso cruzarse y hubo gente que lo impidió”.

“Hay una decisión política de mancillar un símbolo como es Hebe de Bonafini, hoy en todo el mundo ven como un escándalo lo que sucedió. Ahora el juez le está tirando la pelota a la policía, la policía a la ministra Bullrich, como siempre sucede en estos caso, ahora nadie dio la orden”, agregó.

Para el dirigente “lo que está en discusión es tratar de dar vuelta como una media las conquistas democráticas, civiles y sociales del pueblo argentino en los últimos años, en el caso de Bonafini, como hay una fuerte corriente alentada desde algunos medios de comunicación poderosos de volver a una suerte de impunidad, de liberar a los genocidas que están presos, de otorgarle la prisión domiciliaria a los que todavía están en la cárcel, hay que embestir como si fuera una delincuente común contra Hebe de Bonafini, hay que llevársela detenida como si fuese una ladrona de gallina”.

“Personajes que sí tendrían que estar entre rejas gozan de absoluta impunidad, se deben codear en los countries de la clase alta como si nada y una mujer como Hebe de Bonafini tiene que estar padeciendo con las otras Madres que las veía ayer en medio de los empujones, sofocadas, me daba tanta indignación, tenía tantas ganas de tener cerca algún responsable de los que dieron la orden porque son cosas que duelen en el alma”, manifestó Yasky.

El titular de la CTA-T destacó que “después de estos episodios hubo un ruidazo en todo el país que fue multitudinario porque se diseminó. Buenos Aires era como un hormiguero pateado, estaba cada cuatro cuadras un grupito, he visto ancianos golpeando la columna de la luz absolutamente solos, grupos más numerosos, está pasando algo que creo que marca la bronca e indignación de nuestro pueblo y espero que lo podamos expresar multitudinariamente en la marcha federal que va a recorrer todo el país el domingo, vamos a estar también de San Cayetano a Plaza de Mayo y por supuesto la marcha número 2000 porque pretender esta provocación justo antes, el jueves a las tres de la tarde cuando es sabido que las Madres salen de esa casa para ir a la plaza, la verdad que al que hizo eso hay que darle un premio”.

Finalmente, respecto a la unidad de acción con otras centrales sindicales, el docente adelantó que “con la CTA de Micheli estamos convocando juntos a la marcha federal y tenemos expectativas en lo que pueda resolverse hoy en el plenario de la CGT, sabemos que va a haber un documento muy crítico hacia las políticas del gobierno y esperamos que puedan plasmarse en una acción común que puede ser el paro nacional”.

Miles de bahienses volvieron a salir en las calles en unidad para rechazar los tarifazos y el ajuste que implementa el gobierno de la Alianza Cambiemos (PRO-UCR-CC). La manifestación convocada por más de treinta organizaciones se concentró frente a la Municipalidad y luego marchó por el centro de la ciudad. Es el segundo #Ruidazo que se realiza en simultáneo con protestas similares en otros puntos del país. FM De la Calle ofrece aquí algunos testimonios e imágenes de la jornada.

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Orlando, socio del frigorífico recuperado INCOBB, apuntó al tarifazo que “pone en peligro nuestra fuente de trabajo y viendo los resultados en empresas de Bahía Blanca como Lucaioli, Burgos, La Nueva Provincia, donde se han producido despidos masivos, como trabajadores nos vemos identificados y podemos estar mañana en la misma situación”.

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La cooperativa pasó de pagar facturas de gas por 12 mil pesos a 58 mil y luego a 62 mil. Además padecen otros tarifazos “menos conocidos”: “Senasa aumentó más del 300%, con la caída en la venta de la carne no podemos hacer ningún tipo de inversión ni siquiera para mantener las instalaciones ya que todo el tiempo nos hacen inspecciones los mismos funcionarios del Senasa, o poder mantener el retiro y no hacer reducción de socios. Estamos en una situación muy delicada y sabemos que para la semana que viene esto va a empeorar porque teníamos una pequeña reserva que se nos agotó. Vivimos el día a día y es muy triste porque no vamos a poder llevar adelante la empresa en esta situación”.

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Luis, médico jubilado, dijo que “no tendría que quejarme pero veo la gente que está muy mal, nunca un gobierno empezó a gobernar tan mal como este, es el neoliberalismo, es empobrecer la mitad de la población para que el resto esté mejor, eso no sirve”. Repudió además la “apertura de las importaciones que lleva al cierre de las pymes y las fábricas”.

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Mariana Torres, trabajadora de Burgos, comentó que junto a sus compañeras salieron a rechazar los tarifazos y “sumar el reclamo por los despidos, Burgos cierra y se pierden setenta fuentes de trabajo, también están los de Lucaioli”. En cuanto a la cooperativa impulsada por Empleados de Comercio y el Municipio para dar continuidad a los empleos, opinó que “más que una solución es un problema porque cuando baja el consumo a nivel nacional una cooperativa de trabajo no es una salida a largo plazo, tenés que competir con los grandes supermercados, no es la salida que queríamos, ellos también fueron cómplices de que Burgos durante tres años vaciara la empresa”.

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“Claramente estoy en contra del tarifazo, estoy en contra de este ajuste, estoy en contra del desguace del estado de bienestar, estoy en contra de la persecución política que se está haciendo -como quedó evidenciado con el caso de Hebe de Bonafini-“, dijo a FM De la Calle el escritor y docente Mario Ortiz y agregó que “vengo para tratar de resistir desde las bases y hacer un acto de presencia que las cúpulas dirigenciales políticas y gremiales no están haciendo”.

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Un grupo de militantes con carteles que decían “pobreza bajo cero” y “aumenta todo menos mi salario” eligió a Nicolás como vocero quien afirmó que en la plaza estaba “sobre todo el ciudadano de a pie que de siete meses a esta parte empeoró su calidad de vida, perdió derechos y nota que un gobierno que hasta el 9 de diciembre lo amparaba era un Estado inclusivo, de bienestar, que le permitía comprarse su casita, ahorrar, comprarle pilchas a sus hijos, darle de comer y demás y ahora lo hambrea, lo abandona y despide trabajadores”.

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“Vengo por todo, esto es un desastre, es un injusticia que estemos viviendo esta situación, hay mucha desesperanza y hoy hay gente que ya no está comiendo, hay poca solidaridad, sentido social y este gobierno está haciendo lo que pensaba hacer que es defender los derechos de unos pocos y no los del pueblo. Saben hacerlo perfectamente, trabajan para otros intereses”, declaró Pelusa.

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El pastor metodista Aníbal Sicardi fue a la plaza para protestar por esta “burla para toda la ciudadanía, una tomadura de pelo para la gente de pocos recursos y para todos nosotros, estoy esperando que cambie”. A su lado, el cura en opción por los pobres Rodolfo Viano -con un cartel en mano que recordaba el 40 aniversario del asesinato del obispo Angelelli- agregó que “es un deber moral que tenemos de acompañar esta expresión de la ciudadanía y del pueblo e intentar ser la voz y los pies de tanta gente que en la periferia no se cita acá por el horario y por la imposibilidad económica de llegar pero que queremos estar porque hace falta decir basta a esta dictadura demoliberal y del partido judicial”.

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Leontina opinó que está en marcha un “ajuste bestial” que “sabíamos que iban a hacer pero nunca nos imaginamos que en tan breve tiempo iba a hacer tal desastre”. Criticó también “la persecución ideológica, lo que pasó con Hebe es muy emblemático, tocar lo más sagrado que tenemos”.

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Otra manifestante destacó que el tarifazo “es impagable, no es un capricho, está el que no puede y el que tiene que dejar de pagar otras cosas fundamentales, es una injusticia, deseo que el servicio mejore pero es un ajuste”.

El plenario de la Conducción Nacional de la CTA Autónoma consideró la grave situación que soportan las trabajadoras y trabajadores ante la brutal política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Desde todas las provincias llegaron las denuncias del impacto social por suspensiones y cesantías, agravadas con un incremento inflacionario y tarifazos que afectan a la mayoría de la sociedad.

Al mismo tiempo se enfatizó en denunciar que los ganadores de la política oficial son los grandes productores y exportadores del campo, la minería y la industria, los grandes bancos, los acreedores externos y especuladores de todo tipo, lo cuales componen una selecta minoría en detrimento de la mayoría de la sociedad. En este sentido, se subrayó también el hecho de que la política económica es clara y alientan una reforma laboral regresiva, en consonancia con una ofensiva de las clases dominantes a escala mundial.

En este contexto, las y los dirigentes y referentes que participaron de todo el país consideraron en un documento conjunto: “A casi ocho meses de gobierno queda definida la protesta y el conflicto social, expresado en el Paro Nacional del 29 de abril, convocado en unidad de acción por las Centrales sindicales y de trabajadores, la fuerte iniciativa por una ley anti despidos, el veto presidencial y la respuesta de las dos CTA y otras organizaciones sindicales y sociales del pasado 2 de junio”.

“Esta simultaneidad de acciones es una evidencia de la potencialidad del movimiento obrero que está desafiado a convocar en el corto plazo un gran Paro Nacional, el cual la CTA Autónoma viene construyendo con plenarios regionales en Cuyo, el Litoral, el NOA y seguiremos en el resto del país en unidad de acción con todos los que quieran luchar contra las políticas del gobierno y las clases dominantes”.

Luego de la reunión, se brindó una conferencia de prensa en la que se informó sobre las distintas medidas resueltas en el marco de un momento de enorme gravedad por la ofensiva del gobierno de Mauricio Macri y la impunidad empresarial y de las clases dominantes.

En este sentido, el secretario general de la CTA-A, Pablo Micheli, ratificó la convocatoria a un Paro Nacional en unidad de acción en el corto plazo al tiempo que sostuvo que desde la Central se “apoyarán todas las luchas contra los despidos y suspensiones, el ajuste y los tarifazos a lo largo y ancho del país, tal como la convocatoria del 7 de agosto de San Cayetano a Plaza de Mayo convocada por movimientos sociales, el paro de ATE del 11 de este mes y la Marcha Federal”.

En relación a los recientes anuncios de Mauricio Macri sobre las obras sociales, Micheli fue rotundo: “Se equivocan si piensan que van a cambiar plata por conquistas de los trabajadores. No van a parar con eso el clamor que viene de todas las asambleas de todos los sectores de trabajo y movimientos sociales que están acosados por un ajuste terrible a través de la inflación, tarifazos, despidos y jubilaciones indignas. Con este panorama, es impensables que con las medidas que se anunciaron ayer, y que no es más que reclamar lo que se les debe a los sindicatos, se va a parar la conflictividad en nuestro país”.

Por último, el líder de la CTA-A comentó que se movilizarán este mediodía a la Corte Suprema de Justicia para “expresar nuestras propuestas contra el aumento de tarifas y protagonizar el #ruidazonocturno contra el tarifazo”.

El fiscal general Javier De Luca interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que el 4 de julio había declarado inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había convalidado la del juez ad hoc Claudio Pontet de declarar la falta de mérito del empresario periodístico Vicente Massot, en la causa en la que se investigan los homicidios de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal fundó el recurso en el carácter de equiparable a sentencia definitiva de la resolución apelada, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos constitutivos de esta clase de delitos, además de poner en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado Argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

El fiscal ante Casación subrayó que la decisión del juez ad hoc Pontet y Cámara de Apelaciones “encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado, lo cual se traduce en la imposibilidad de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral”. También, indicó que “el plexo probatorio incorporado hasta el momento es suficiente para arribar al grado de probabilidad necesario acerca de la participación del imputado en los hechos punibles que se le atribuyen, lo cual habilitaba el procesamiento de Vicente Massot”.

Leading case

De Luca consideró que la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal no logró captar “el carácter de leading case del objeto de esta causa. Con respuestas ritualistas dejó pasar la oportunidad de fijar un estándar internacional sobre la intervención de civiles en delitos de lesa humanidad, no mediante vías de hecho, sino a través del poder simbólico de las palabras difundidas por importantes medios de comunicación”.

Para arribar a esa conclusión, De Luca repasó los elementos de prueba vinculados a los casos Heinrich y Loyola, los del rol de La Nueva Provincia en la “actividad psicológica” de la que el diario de Bahía Blanca “formó parte del y/o sirvió al plan criminal perpetrado por la última dictadura militar”, y su adecuación a la calificación legal de instigación pública o incitación a la violencia colectiva que eran la concreción del crimen internacional e instigación al genocidio o graves violaciones a los derechos humanos.

Lo hizo siguiendo los razonamientos y las pruebas incorporadas a la causa por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes habían demostrado que el empresario periodístico “en su condición de ser uno de los tres miembros del núcleo decisional del diario”, “haber publicado un mensaje de incitación al genocidio (o delitos de lesa humanidad), a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano”, “un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.

Fuente: fiscales.gob.ar