(Por Astor Vitali) La reacción ante las fiestas populares en Bahía Blanca tiene una larga tradición. Es conocida la eliminación del feriado de carnaval en dictadura. Pero a nivel local también se ejecutó la fulminación de la Feria de la Cultura durante la gestión anterior en cultura de Ricardo Margo. Debido a aislados hechos de violencia, el gobierno de Bevilacqua también suspendió el corso céntrico en 2015.

Ahora intentan un nuevo avance contra una fiesta que volvió a crecer a los últimos años y donde los hechos de inseguridad son una excepción repudiada por la sociedad y las asociaciones de murguistas. Sin embargo, operaciones mediáticas y políticas intentan mostrar esta fiesta popular como algo “ingobernable”.

De esta forma, el poder ejecutivo responsabilizó a la Policía Departamental de no querer “participar” debido a incidentes registrado ayer en una de las fechas previstas y, por ello, manifestaron verse en la “obligación” de suspender la fecha de hoy.

Esta insólita argucia dispara de inmediato una serie de interrogantes básicos: ¿la policía responde al gobierno o es parte de un Estado paralelo donde toman decisiones? ¿La policía tiene autonomía? ¿A quién responde? ¿Qué garantías de gobernabilidad ofrece un jefe comunal al que la policía no acata en algo tan básico y rutinario como es el corso céntrico? ¿Por qué suspenden y convierten en noticia del día la suspensión de esta fecha del corso céntrico y no se procedió de igual forma en relación a otros hechos de violencia ocurridos en diferentes escenarios durante febrero? ¿Qué intereses existen tras esta decisión?

¿O es que no hay voluntad política de dar continuidad a esta fiesta popular pero no se atreven a ponerle fin como sí lo hizo la anterior gestión de Margo con la Feria de la Cultura, cuando también se responsabilizó a “los vecinos que se quejan”?

“Sacate el antifaz”

Tras cada corso hay miles de personas que integran las murgas participando, pasando sus vacaciones tejiendo, cosiendo lentejuelas, haciendo cosas en familia, vistiendo a la comparsa, aprendiendo a tocar un instrumento, a bailar, a escribir una letra. Miles de personas organizadas en búsqueda de alegría y fraternidad.

¿Qué tipo de credibilidad puede pretender un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de un corso? ¿Cómo deben sentirse las miles de familias que ponen todo de sí para mejorar su entorno cuando su intendente y representante en cultura muestran semejante grado de incapacidad para garantizar que la policía haga su trabajo?

En países como Uruguay o Brasil, cualquier gobierno -de izquierda o derecha-, cualquier funcionario -probo o fútil-, tiene pleno conocimiento de que la fiesta popular del carnaval, con sus particularidades regionales, redunda en beneficios para la comunidad tales como instancias de integración, creación de trabajo directo e indirecto –sonido, luces, gastronomía, trasporte, docencia, utilería, indumentaria y un largo etc-, turismo y otras yerbas.

Los actuales funcionarios locales, en cambio, evidencian no defender la voluntad de su ciudadanía sino hacer caso –¿cuándo no?- al titular de mala fe que busca desprestigiar una práctica popular que debería ser política de Estado.

Sin embargo, es claro que estos funcionarios desconocen al pueblo que los votó y se sienten más interesados por demostrar obediencia ideológica a cierta pacatería y mediocridad de una minoría acomodada.

El proyecto vedado

La cuestión de fondo reside en la disputa político-ideológica del uso del espacio público. Algunos funcionarios policiales ya dejaron entrever la idea de confinar la fiesta popular a un lugar cerrado con ingreso pago, en futuras ediciones. La idea mickyvainillaezca de “encerrar” a los y las murguistas seguramente entusiasme a más de un funcionario. De hecho, en reuniones organizativas para la realización de este corso ya fue sugerido por autoridades aunque rechazada por la asociación de murgas. El movimiento murguero espera, obviamente, que las autoridades democráticas del gobierno local aboguen por el crecimiento de esta fiesta popular en espacios públicos.

Dado que no han conseguido, durante esta edición ni la anterior, convencer al movimiento murguista de recluir la fiesta en algún club, estadio o espacio de deporte automovilístico (lugares que sugirieron las autoridades), ahora aparecen estas jugadas sucias que embarran la cancha a costa del lagrimón de niños y niñas que pretendían vivir un momento de felicidad en familia. En algunos casos, uno de los mayores momentos de felicidad del año.

Todas las señales apuntan a una política de doble vara: un fuerte impulso del sector privado en el ámbito de lo público expresado en el anuncio que hizo Gay acerca de la preponderancia que tendrá la FISA (UIBB y CCIS) en los festejos del 11 de abril y, por otro lado, represión de las expresiones de raigambre popular.

La responsabilidad política de haber suspendido el corso céntrico es únicamente de las autoridades del gobierno municipal. Aun cuando las autoridades policiales hayan presionado de una u otra forma, está claro que no se actuó con idoneidad y que resultan incapaces de garantizar seguridad a la comunidad y credibilidad en general.

Como hemos planteado en otro artículo, hay una línea que divide las aguas en términos socio-culturales y está demarcada por quienes eligen las anteojeras para no ver la fiesta que ocurre en su entorno, en su ciudad, frente a quienes eligen el antifaz para divertirse y mirar a los ojos al prójimo, a sus pares.

Foto: IC

Usuarios de EDEA S.A., el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y comunidad en general realizarán mañana una Marcha de las velas por fallas en la prestación del servicio, falta de atención a los reclamos, desinversión, incumplimiento del contrato de concesión y amplia utilización de contratos basura. Ganancias millonarias, 300 % de aumento y condonación de una deuda de 450 millones de pesos por parte del gobierno constituyen la usina de esta oscura trama de negocios con la luz.

En la jornada de hoy el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata realizó un paro entre las 10 y las 13 horas. A su vez, dirigentes del gremio recorrieron los Consejos Deliberantes de la zona. Desde FeTERA adelanaorn que la semana próxima habrá nuevas medidas de fuerza.

José Rigane, titular de la federación sindical y Secretario Adjunto de la CTA-A explicó a FM De la Calle que hace 50 días comenzó el conflicto con EDEA SA porque “después de 7 u 8 meses en los que la empresa no resuelve los problemas más importantes que tenemos los usuarios-trabajadores”.

El sindicato denuncia que desde hace dos años la firma no toma nuevos trabajadores de manera legal y, contrariamente, “comenzó a contratar más personal” para tareas “en el mantenimiento y en la operación de redes” lo que “está prohibido por ley”. Además, “la empresa no reconoce al organismo de contralor (OCEBA) y tampoco hace presentaciones en el Ministerio de Trabajo ante las audiencias que hemos reclamado y se han realizado”.

Desenchufaron los controles

Rigane expresó que EDEA “se comporta como si fuera un estado dentro de otro estado, es decir, con sus propias leyes”.

“El poder político ni los organismos están a la altura de las circunstancias para poner a EDEA en exigencia para cumplir con el contrato de concesión y para no poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios cuando desarrolla este tipo de acciones no importándole nada más que la ganancia”.

Desde el punto de vista laboral, las irregularidades son visibles. Por ejemplo, en el caso de contratados “a los que los hacen trabajar a destajo”.

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Tarifa estacional: “nadie puede obligar a consumir”

A su vez, el dirigente denunció que “la empresa recaudó 2 800 millones de pesos y el gobierno nacional acaba de condonarle una deuda de 450 millones de pesos. Un privilegio que no tiene ningún usuario de a pie en Argentina”.

“EDEA también aplica la tarifa estacional, una tarifa inconstitucional; primero, porque nadie está obligado a consumir un servicio público y menos todavía que uno tenga que consumir con un determinado promedio en el año, cosa imposible de poder resolver porque además va en contra de las supuestas políticas de uso eficiente y racional de energía y del ahorro”.

Por otra parte, usuarios del servicio reclaman déficit de atención ya que sólo 9 ventanillas se abocan a recibir reclamos y atención al público, siendo más de 500 mil clientes quienes dependen del servicio.

Rigane agregó que “los actuales dueños de EDEA” son los mismos propietarios de EDELAP y “hoy se encuentran a punto de ser procesados en la ciudad de La Plata casi por las mismas razones que se producen en Mar del Plata, es decir, por una falta de atención y continuidad en el servicio. Acá hay baja tensión en la periferia, cortes permanentes, barrios enteros que pasan varios días sin electricidad. Una demostración clara de que no hay mantenimiento preventivo, que no hay inversiones significativas y que obviamente el servicio no está a la altura de las exigencias que requiere el usuario.

A todo esto, el dirigente sostiene que la situación “ni si quiera está en correspondencia con lo que se paga”.

“Según el consumo de que hablemos la tarifa ha subido más del 300 por ciento. Ahora va a haber otro incremente a partir del 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Va a ser un incremento significativo porque parte de una base muy alta. Ninguna de estas situaciones se puede comparar con Capital Federal”.

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Entre hoy y mañana el tribunal oral federal realizará el debate de una causa contra una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes en nuestra región. Comandado por Mauricio Gastón Larriaga el grupo contaba con la participación y protección del efectivo de la Policía Bonaerense Luis Martín Prada.

“Se trataba de una banda bien organizada, con gran poder adquisitivo e intervención en una amplia región interprovincial, abarcando la costa atlántica hasta la localidad de Viedma, con centro operativo y de distribución en Bahía Blanca. Se constató gran manipulación de dinero, de autos de alta gama de importante valor económico, otros negocios ilícitos adyacentes como ser el de automotores ‘mellizos’ y manejo a gran escala de estupefacientes”, concluyó el fiscal Antonio Castaño.

La instrucción local arrancó en febrero de 2011 cuando la justicia advirtió que Larriaga “cocinaba” cocaína con pasta base proveniente de Monte Hermoso y precursores químicos locales para abastecer a personas de su confianza quienes luego se encargaban de distribuirla.

A su vez, el Juzgado Federal de Viedma investigaba posibles proveedores a aquella ciudad. En ese marco, la madrugada del 5 al 6 de septiembre de 2014 Larriaga fue detenido en su domicilio de Soler 150 junto a Patricia Weintzettel y al policía Pradas. Se le secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, elementos para su fraccionamiento, rebaje y/o distribución y dinero. Otros dos kilos de coca fueron encontrados en su BMW.

Foto: Evangelina Martínez

Diez días después fueron allanadas las viviendas del resto de sus subordinados en Bahía Blanca y Mar del Plata, requisándoseles más droga, dinero y aparatos electrónicos.

El fiscal Antonio Castaño comprobó que Mauricio Gastón Larriaga comandaba una red de tráfico de estupefacientes apoyado en dos “relaciones amorosas con mujeres de su confianza” -Mariana Loustaunau en Mar del Plata y Patricia Weintzettel en Bahía Blanca- y una red de “punteros” distribuidores en Bahía, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Viedma, Carmen de Patagones y otras localidades. Algunos de ellos eran Marcelo Jonatan Coronado, Cristian Daniel “el chileno” Silva y Fernando Daniel “Piki” Sandoval quienes contaban con respaldo logístico, de transporte y protección de parte de Pradas.

“La mercadería era comprada por el mismo Larriaga en Mar del Plata o en las cercanías de Capital Federal y era transportada a Bahía Blanca (centro operativo de destino y distribución), de manera semanal, y a partir de esta ciudad distribuida por más de diez punteros a la región. Luego, Larriaga realizaba la recolección de las remesas de dinero resultante de la fructífera venta de narcóticos”.

Según el Ministerio Público, Pradas colaboraba en el negocio ilegal en Mar del Plata y además, acompañaba al jefe de la banda valiéndose de su investidura de funcionario policial a fin de “protegerlo” y transportar libremente los estupefacientes.

Las audiencias comenzarán a las 9 en la sede del Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle. La acusación estará a cargo del fiscal general Alejandro Cantaro.

Once testimonios fueron escuchados esta semana en las primeras audiencias del juicio Ejército III tras la feria judicial. El próximo martes 21 a las 15 la perito de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Berlingeri, completará la prueba testimonial de la Fiscalía y se escucharán testigos de las defensas. También habrá sesión el miércoles 22 desde las 9.

El 17 de febrero comenzará un breve juicio al comisario inspector (r) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Abel Boccalari. El represor estaba incluido entre los imputados del debate en curso pero su proceso fue suspendido. Los jueces Marcos Aguerrido, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Juan Pablo Salas deberán resolver sobre la responsabilidad del ex miembro de la Sección Cuatrerismo local en el secuestro y desaparición de Julio Mussi.

Las audiencias son un antídoto público contra el negacionismo. A Colón 80 de Bahía Blanca pueden ingresar mayores de 18 años con sus DNI y estudiantes desde los 16 con permiso del tribunal. Lee la reseña de las declaraciones del lunes 6 y el martes 7 ACÁ.

Bahiensas Feministas y agrupaciones feministas convocamos a organizaciones y mujeres independientes a sumarse a la asamblea de coordinación del próximo 8 de marzo. Será el miércoles 15 a las 17.30 hs en SUTEBA- Las Heras 361.

Este 8 de marzo las mujeres PARAMOS EL MUNDO.

En Bahía Blanca también paramos.

Desde Bahía Blanca, nos sumamos a la Internacional Feminista porque estamos convencidas que las mujeres somos la primera línea de resistencia frente a todas las opresiones impuestas por el patriarcado y el capitalismo y estamos construyendo una ofensiva feminista que actualmente está articulando movimientos de mujeres de más de 30 de países.

#SolidaridadNuestraArma

¿Por qué este 8 de marzo las mujeres paramos?

Históricamente, el 8 de marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres. Hemos llamado a este día “Día de la mujer trabajadora”, porque todas lo somos, por el trabajo asalariado precarizado y mal pago fuera del hogar y el trabajo no reconocido, invisibilizado, impuesto dentro del hogar. Pero en este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.

#MujeresEnHuelga

¿Qué denunciamos?

Que los estados nos empobrecen y explotan, y que esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.

Que la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina llega hasta el 27%. Que, a su vez, no se reconoce el trabajo reproductivo y que las tareas de cuidado no remuneradas impuestas terminan por reproducir la explotación clasista y colonial entre las mismas mujeres.

Que esta situación se agrava con las medidas de ajuste implementadas por el gobierno, que nos coloca en una posición de vulnerabilidad mucho mayor. Los procesos de recesión económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que son quienes garantizan todo aquello donde el Estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda.

Que la desigualdad y falta de autonomía económica nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables aún ante la violencia machista, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.

Que en Argentina nos falta una mujer por día, víctima de femicidio.

Que los crímenes de odio hacia las identidades disidentes están invisibilizados.

En Bahía Blanca, hace 12 años, Alejandra Galicio fue asesinada por ser trans. Su caso nunca fue investigado.

Que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el Estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte.

Que los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable.

Que la Iglesia, con complicidad y aval del estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente en la restricción de nuestras libertades y en la opresión de nuestros cuerpos.

Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: MICAELA ORTEGA, KATHERINE MOSCOSO, LUCIANA MORETTI, LETICIA CAYULI, IVONNE GALLARDO, IRINA MONTOYA, DOLORES SANCHEZ, RUTH UTRIERA, DAIANA MENDEZ, SILVANA RIETTI, SOFIA DIAZ, CARMEN FLORES, MARIA LUISA MONTAGNA, VIVIANA AGUILERA, JESSICA ELIAS, LUISA PERALTA, EUDES BAZAN, CLAUDIA GODOY, LEONELA COSTA, STELLA GOTTAU, ALEJANDRA GALICIO, MELINA SAAVEDRA, MARIA SILVA.

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¿Por qué luchamos?

Por los derechos de las mujeres trabajadoras.

Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. No al ajuste. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico. Cupo laboral trans y trabajo genuino.

Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485, con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias destinadas a la erradicación de la violencia y el apoyo de las víctimas. Incremento del número y la calidad de refugios sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas. Apoyo económico, asesoramiento legal y psicológico gratuito para las víctimas.

Contra toda forma de violencia hacia las mujeres.

Basta de justicia patriarcal. Basta de femicidios. Basta de travesticidios. Basta de violencia institucional. Basta de discriminación y criminalización a nuestras compañeras trans. Respeto y cumplimiento de la ley de identidad de género. Por el cumplimiento de la Ley 25.929 de parto humanizado. Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.

Por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito.

Tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Por un estado y una educación laica y no sexista.

Separación de la iglesia del Estado. Educación laica. Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista.

Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata.

Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del Estado.

Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios.

Por el reconocimiento del derecho a territorio de los pueblos originarios y retiro de las fuerzas represivas de los territorios ancestrales. No al desalojo de las comunidades originarias. Basta de extractivismo y de favorecer a los capitales antes que al bienestar de la tierra y sus habitantes.

Contra la criminalización de la protesta social.

Libertad a las/os presas/os políticas/os. Derogación de la ley antiterrorista y los protocolos represivos del estado.

Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la de las mujeres de todo el mundo.

#HuelgaDeMujeres #SolidaridadNuestraArma

Evento en Bahía Blanca:https://www.facebook.com/events/266543353760345/
Contacto de prensa: Sofia 291- 156450301. Griselda 291- 154616470
Evento Internacional: https://www.facebook.com/events/1043905282422378/
#SolidarityIsOurWeapon #WomensStrike
Twitter: @womensstrike
Página oficial: http://www.parodemujeres.com/
email: [email protected]

(Por José Luis Ares*) I. Los diarios The New York Times y The Washington Post dieron a conocer un supuesto borrador del flamante gobierno para reabrir las cárceles clandestinas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y para revisar los métodos de interrogación a sospechosos de terrorismo.

Ello motivó comentarios en la prensa del Presidente Donald Trump. Dijo que siente que el “submarino mojado” funciona; que la lucha contra el terrorismo es fuego contra fuego, dado que el Estado Islámico está haciendo cosas que nadie había oído desde los tiempos medievales. Agregó que la decisión final la tendrán el Secretario de Defensa y el Director de la CIA, y que quiere hacer todo lo que está autorizado a hacer legalmente.

Una orden ejecutiva del Presidente George W. Bush (dejada sin efecto luego por Barack Obama) había autorizado técnicas que llamaron de “interrogatorio mejorado”.

El “submarino mojado” (waterbording) consiste en colocar al individuo en una tabla inclinada con las piernas por encima de su cabeza, colocando un paño en su cara y vertiendo agua continuamente sobre la tela para evitar que respire. La CIA lo ha llamado una “técnica profesional de interrogatorio” y tiene la ventaja de no dejar marcas visibles en el interrogado.

II. La afirmación de que ese siniestro procedimiento sirve para obtener información ha sido contradicha por numerosas personas que incluso no tienen pruritos éticos. Así, un antiguo funcionario de la CIA, Bob Baer, ha sostenido que el resultado de un interrogatorio con esa técnica no es fiable ya que la persona está dispuesta a dar cualquier tipo de información, aunque no sea cierta con tal de que el suplicio acabe. Este aserto no es muy original ya que en el siglo 18 el Marqués de Beccaria decía -en cuanto al uso de la tortura para conseguir confesiones- que el inocente sensible se declarará culpable si cree hacer cesar con ello el tormento; es un medio seguro para absolver a los criminales robustos y condenar a los inocentes débiles.

III. Pero aun cuando sirviera, habría que establecer si es legal, a estar a los dichos del novel presidente de Estados Unidos.

La Constitución de ese país prohíbe obligar a una persona a declarar contra sí misma y también proscribe todo castigo cruel e inusitado (enmiendas V y VIII).

Estados Unidos suscribió la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Naciones Unidas, 1984), que establece que es tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener información, una confesión o castigarla, intimidarla o coaccionarla, y sea infligido por un funcionario público.

Resulta curioso que algunos solo invoquen la constitución cuando conviene a su ideología, como ocurre con la disposición que consagra el derecho del pueblo norteamericano a tener y portar armas.

Claramente, la técnica conocida como “submarino mojado” constituye un acto de tortura y como tal se encuentra prohibida por la normativa vigente en el gran país del norte, a pesar de que se diga que se trata de una técnica de interrogación. Por más que el Presidente Trump hable de “hechos alternativos” para ocultar o deformar la verdad, algo es lo que es sin importar como se lo denomine, por aquello del llamado “fraude de etiquetas”.

IV. En nuestro país, en los albores del gobierno patrio, la Asamblea del año XIII prohibió la aplicación de tormentos para la investigación de crímenes y mandó que los instrumentos sean inutilizados en la Plaza Mayor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que darle valor a una confesión prestada bajo apremios de la policía implica violación al art. 18 de la Constitución Nacional que prohíbe obligar a una persona a declarar contra sí misma, y que el Estado no puede ser beneficiaria de un hecho ilícito, no pudiéndose dar valor al resultado del delito y apoyar sobre él una sentencia judicial (caso “Montenegro” de 1981).

A riesgo de ser tildado de idealista e ingenuo, no puedo menos que añorar y traer a colación la conducta de un funcionario ejemplar de la democracia. Cuando se había detenido a un sospechoso que podía tener información sobre el paradero del prominente político Aldo Moro, secuestrado por terroristas, un subordinado sugirió al jefe de los Carabineros someterlo a apremios. La respuesta del General Carlo Alberto dalla Chiesa (luego asesinado por la mafia) fue memorable: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”.

Más allá de las claudicaciones éticas y de las transgresiones legales que implican pensar en esas técnicas de torturas a detenidos, también intranquiliza darse cuenta que líderes de la mayor potencia del mundo crean necesario recurrir a esas deleznables y anacrónicas prácticas, y con todos sus recursos tecnológicos sean ineficientes, mostrándose impotentes ante el terrorismo transnacional.

(*) Juez en lo Correccional. Profesor adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Pcia. de Bs. As.

La municipalidad de Bahía Blanca informó este jueves sobre la firma de un convenio de colaboración con el club Argentino. A través del acuerdo, “el municipio se compromete a proveer maquinaria y personal a fin de realizar trabajos de nivelación en un predio que posee la entidad en Villa Harding Green” dice la nota de prensa. A continuación, hace una aclaración sobre quién pagará los costos de esas tareas. “Tanto los gastos de combustible de la maquinaria a utilizar, como aquellos montos correspondientes a las horas trabajadas por los operarios de las mismas, serán abonados en su integridad por el Club” menciona el parte, en el que se informa que los encargados de firmar el convenio fueron el intendente Héctor Gay y el presidente de la entidad, Horacio Levantesi.

Entre las facultades que tendrá el convenio para el estado municipal, indica que para el desarrollo de esas obras, se entiende que la nivelación del terreno, “el municipio establecerá los días y horarios para su ejecución, a los efectos de no perturbar la actividad normal de aquellas áreas que hayan afectado dicha maquinaria y personal”. El parte de prensa agrega un par de datos más sobre el rol que tendrá el club Argentino, a partir de la firma del convenio. “La institución efectuará la supervisión de los trabajos y facilitará, por la colaboración recibida, sus instalaciones para los propósitos que la comuna lo requiera”finaliza.

Junto al texto, el área de prensa municipal distribuyó dos fotos, en las que se registra el momento en que tanto Gay como Levantesi, por separado, firman el convenio. En ambas imágenes, aparece parado junto a ambos el titular del Instituto Cultural, Ricardo Margo. El funcionario no es mencionado en ningún momento en el parte oficial, por lo que queda planteado el interrogante sobre cuál fue su rol en ese acto: ¿asistió como máximo responsable del área cultural del municipio? ¿O lo hizo en su calidad de secretario del mismo club Argentino, cargo que aun conservaría según figura en el Curriculum Vitae que tiene publicado el sitio web municipal? De acuerdo a ese documento, Margo asumió en 2010 y continúa “hasta la actualidad” ¿Son compatibles ambas jerarquías para el funcionario a la hora de la firma de este acuerdo?

Enlaces:

Curriculum Margo

Parte municipal

Foto: MBB

A partir de las 20 de este miércoles, la comunidad mapuche Cushamen fue víctima de un nuevo y violentísimo ataque por parte de las fuerzas de seguridad. La recuperación de territorio en la zona de Leleque, conocida como lof en resistencia, ya había sido objeto este martes de dos operativos policiales ordenador por sendos jueces: uno para liberar de obstáculos las vías de la famosa trochita y un allanamiento a la base de la comunidad supuestamente para recabar pruebas por el delito de abigeato (robo de ganado).

En estos operativos simultáneos la intervención de Gendarmería y de la Policía provincial dejó sendos heridos y por lo menos 7 detenidos. El nuevo ataque de la noche del miércoles fue aún más violento. Voceros de la comunidad mapuche denuncian incluso disparos con balas de plomo. Emilio Jones Huala, hermano del lonco Facundo Jones Huala, recibió un perdigón de metal que le perforó el cuello y le fracturó el maxilar. Luego de la represión, el servicio de asistencia médica y de ambulancias se demoró excesivamente en arribar al lugar de los hechos ya que, según denuncian voceros de los mapuche, responden a la policía provincial y se niegan a asistir a los heridos.

El origen del conflicto se remonta a la recuperación de tierras realizada en 2015 por una comunidad mapuche en una de las estancias de la Compañía de Tierras del Sud Argentino que pertenece al empresario italiano Luciano Benetton, dueño de casi un millón de hectáreas en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El millonario denunció penalmente a los ocupantes por usurpación y la Justicia viene dándole la razón o al menos dejándolo actuar y avalando amenazas y reiterados ataques ilegales contra la comunidad. En su momento los mapuche del Lof en resistencia emitieron un comunicado en el que planteaban: “La única manera de frenar el asesinato planificado desde el poder económico y del Estado (ecocidio y etnocidio), es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”.

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Aún no están claras las justificaciones para el nuevo ataque policial a la comunidad ya que el miércoles se logró despejar la vía de la trochita, que volvió a circular, y se realizaron los allanamientos ordenado por la Justicia. Según voceros de la comunidad: “Cayó Infantería y así como cayó empezó a disparar a quemarropa”. Horas después de recibir el gravísimo disparo en el cuello, Emilio Jones Huala fue trasladado al hospital de Esquel en una ambulancia, mientras que otra quedó en el lugar asistiendo a heridos de menor gravedad.

Sonia Ivanoff, abogada del lonco Facundo Jones Huala, detalló al respecto: “Emilio tiene un perdigón de bala incrustado en la mandíbula y fue trasladado al hospital de El Bolsón, además otro integrante del Lof, fue trasladado con traumatismo de cráneo al hospital de Bariloche, debido a que se complicó su situación, ya que estaba inconsciente”. La abogada también confirmó que en horas de la madrugada se presentó ante la Defensa Pública de Esquel un recurso de habeas corpus sobre la comunidad “para que se informe los movimientos de la Unidad Regional de la zona de las últimas 12 horas, debido a que la represión fue ilegal”.

Los ataques fueron repudiados por organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Amnesty Internacional Argentina emitió un comunicado en el que plantea: “La orden emitida por la Justicia no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”. La regional del Noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por su parte, denunció en otro comunicado: “La estrategia tan pregonada a nivel nacional por Patricia Bullrich y su alter ego local Mario Das Neves para justificar la represión y la criminalización de la protesta social parecer haber visualizado en la comunidad mapuche tehuelche el “enemigo interior” necesario para poner en práctica una vez más la política antiterrorista”.

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El gobernador Mario Das Neves sostiene un planteo absolutamente coherente con la línea de criminalización denunciada. Luego de los primeros ataques a la comunidad mapuche y la resistencia al desalojo de sus integrantes pidió en conferencia de prensa un “repudio generalizado” a estos “graves incidentes”: “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera. En esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias para que se cumpla con las leyes y la gente viva bien y tranquila”. Das Neves incluso polemizó con sus compañeros del PJ: “En eso sí disiento con el Partido Justicialista, que hoy sacó un comunicado, con total y absoluta falta de conocimiento. Viajen, estén allá con la gente y vean lo que pasa”.

De resultas de los operativos del día martes aún permanecen detenidos tres miembros de la comunidad, imputados por los delitos de impedir la circulación del transporte ferroviario, resistencia a la autoridad, lesiones y daños agravados: Nicolás Daniel Hernandez Huana, Ariel Marioto Garci y Ricardo Antihual. Luego de indagarlos, el juez Guido Otranto denegó su excarcelación y permanecen detenidos en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal. Se espera que otros siete detenidos de la localidad de El Maitén (José Luis Buchili, Jaime Gustavo, Ivana Noemí Huetelaf, Daniela González; Javier Huencapan, Pablo Gonzalo Segui y Ricardo Antigual) sean liberados este miércoles.

Después del primer ataque contra el Lof en resistencia se organizaron diversos actos de repudio a lo largo del país. Integrantes de los pueblos originarios de Viedma y Carmen de Patagones se convocaron para repudiar los ataques frente al edificio de la Justicia Federal en la capital rionegrina. En la ciudad de Buenos Aires hubo una convocatoria ante la casa de la Provincia de Chubut en horas de la tarde, que se repitió durante la mañana del miércoles, en simultáneo con una convocatoria al Centro Cívico de Bariloche. (Notas)

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COMUNICACIÓN MAPUCE
TERRORISMO DE ESTADO EN LA PATAGONIA…

Con una violencia y un despliegue descomunal, llegaron las fuerzas represivas de Gendarmería Nacional a la región mapuche en Puelmapu. La posibilidad de una represión salvaje fue anunciado por el diario nacional Página 12 y sin embargo no le generó ningún conflicto al gobierno nacional, que puso toda la fuerza de represión al servicio de un desaforado gobernador Das Neves. Este gobernador pide sangre de toda las formas, como única forma de resolver un conflicto de poco mas de un siglo, que se inició justamente con un intento de arrasar todo con la fuerza de las armas y al que le opusimos una resistencia histórica.

Cushamen hoy es el centro de esta militarización y represión. En defensa de la familia italiana Bennetton. Ataca el Estado al núcleo fundamental que es la vida comunitaria y no duda de golpear o balear sea hombre, niños o mujeres. Nosotros condenamos todo tipo de represión, pero cuando la misma se ejerce sobre un Pueblo con el objetivo de impedir su producción y reproducción, eso es genocidio. Todavía está fresca en la memoria de nuestros fvtakece (ancianos) las consecuencias del genocida Roca y hoy Macri/Das Neves, buscan replicar este mecanismo.

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Luego de haber generado heridos de balas de goma y de plomo y dejar un tendal de heridos, quebrados y familias humilladas por la violencia, Gendarmería y la GEO descansan en el Bolson. Alli, en ese lugar, se generó días atrás la mayor movilización de la provincia de Rio Negro en la defensa del Agua y contra la extranjerización de la tierra, ante el intento de Joe Lewis (amigo de la pareja presidencial), de asegurarse un negocio inmobiliario. Es este pueblo de El Bolsón, el próximo objetivo de este Tour de Represión? La población que se movilizó de manera ejemplar, ya no duerme tranquila, porque sabe que esta en la mira.

Quién seguirá después?… el Lof Ancalao que mantiene dignamente la defensa de su territorio recuperado de manos saqueadoras y lo querían condenar a la pobreza eterna?

Quien continua luego en este verano de represión militar? El Lof Kinxikew que un inescrupuloso juez de Junín de los Andes (Andres Luchino) le dictó una orden de desalojo para favorecer a una familia de origen austriaco, a pocas horas de la Navidad cristiana?

Y ahora que nación, las provincias petroleras, los gobernadores y el sindicato se han puesto de acuerdo para profundizar la explotación de Vaca Muerta, las comunidades mapuche que venimos denunciando la contaminación y el saqueo de los recursos naturales, seremos los próximo en la lista de la ruta de la represión?

La única lógica para que se haya generado el desplazamiento de 300 efectivos de gendarmería con toda la parafernalia represiva y de terror, que incluye tanques, camiones, escudos, armas, etc; es que ESTO RECIÉN EMPIEZA. Cushamen es el ensayo para una represión que continuará y por eso nos organizamos en nuestros territorios para que a Macri y los gobiernos provinciales que acepten la doctrina de la seguridad nacional que ideó una funcionaria desquiciada por el ejercicio de la violencia como Patricia Bullrich, sepan que pagaran un precio político muy caro ante el objetivo de escarmentarnos a través de la violencia física.

Cuentan con un instrumento perverso como la LEY ANTITERRORISTA para implementar los compromisos asumidos ante las corporaciones del petróleo, la minería o la soja. Pero al frente hay un pueblo digno que exige políticas de restitución territorial producto de un acuerdo político que quizás hoy esta campaña de represión no está dispuesto a conceder.

Es urgente lograr ese escenario político, donde se asuma que estamos ante un conflicto histórico político cultural sin resolver, cuyas consecuencias más inmediatas son la pobreza y el reduccionismo territorial. Y eso debe encontrar, no un escenario de guerra, sino interlocutores serios y responsables dispuesto a un acuerdo histórico.

Neuquén, Puelmapu, 11 de Enero 2017

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Desde el Lof Pillañ Mahuiza, en territorio recuperado en las cercanías de la localidad corcovado provincia del Chubut decimos:

Repudiamos y condenamos la decisión del gobierno provincial, al direccionar la demanda del pueblo mapuche, en particular la resistencia y lucha de los pu peñi ka pu lamngen, del Lof de Resistencia Mapuche Cushamen, hacia la represión, criminalización y racismo político. El gobernador Mario Das Neves está propiciando la configuración de un estado terrorista, pretendiendo manipular al pueblo chubutense contra los derechos del pueblo mapuche. En sus discursos, incita a la construcción de un enemigo interno que justifique la aplicación de la ley antiterrorista.

Queremos advertirle al pueblo chubutense el peligro que encierra el uso del poder desmedido e impune de un individuo demente con rasgos totalitaristas, violentos e Hitlerianos que desde su odio racial construye políticas de muerte, nos preguntamos, cuál será su límite?, quién se lo pondrá? Hasta dónde llegarán a sus delirios genocidas?

Éste sujeto que no tiene autoridad moral, que aún está siendo investigado por su posible incriminación en negociados fraudulentos, tal es el caso del multimillonario soborno de Panamerican Energy, que le significó al pueblo chubutense el peor contrato de la historia de esta provincia.

En su anterior gestión podría haber restituido las tierras a las comunidades mapuches y resuelto los conflictos, sin embargo valiéndose de su poder le obsequia a un empresario y terrateniente, vicegobernador en su gestión, sr. Mario Vargas, 5000has. De reserva natural en el Rincón del Aceite. La lista de injusticias, delitos, sería interminable de mencionar. Su incidencia en el poder judicial y legislativo, desarma el estado de derecho, del cual se dice representar, y crea otro estado que nos remonta al de la década del 70.
¿Por qué le preocupa tanto al gobierno los 100 metros de recorrido del trochita sobre el territorio del Lof de Resistencia Cushamen? Lo que en verdad le preocupa es que la demanda de éste Lof sea el disparador para que todos los pueblos ferroviarios desde Jacobacci hasta Esquel demanden la reapertura de todo este ramal que cumplió un fin social desde 1938, y hoy la han convertido en un gran negocio de un minúsculo grupo empresarial y funcionarios corruptos.

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Condenamos el accionar de gendarmería, del Grupo GEOP, de la policía provincial, el juez Colabelli, Juez Otranto, que arrojó como resultado: heridos, baleados, y detenidos.

Nos declaramos en Alerta a partir de este momento para sumar nuestras fuerzas y decisión en la lucha por nuestros derechos, nos asumimos como una sola nación y un solo pueblo, y una misma lucha, invitamos a todos los lof y comunidades mapuches de toda la provincia a que se sumen desde sus lugares con acciones concretas en la búsqueda de justicia, no seamos indiferentes! A la sociedad Chubutense le pedimos que no se deje engañar.
Por territorio justicia y libertad, Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza

Marici mari weu!! Diez veces venceremos
Mauro Millán, Moira Millán, Evis Millán, Mariela Millán, Luis Millán, Gabriel Colipi, Javier Cayupan, Juan Ernesto Millán.

Fotos: Dalel de Haro, Leandro Antiman.

La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Profertil SA por la emisión de olor a amoníaco detectada ayer por el sensor ubicado en las instalaciones del Club Náutico Bahía Blanca.

Según la comuna “inmediatamente el inspector recorrió las zonas aledañas a la empresa y específicamente el Club Náutico Bahía Blanca pudiendo constatar que el olor provenía de la empresa”.

“Esta situación generó preocupación y molestias en la población por lo cual se recibieron 14 denuncias vecinales a través de los teléfonos de emergencia, desde las 18:10 hasta las 19:30”.

A las 16:30 la empresa avisó que debido a una falla en el suministro eléctrico -“una variación en la frecuencia del sistema eléctrico nacional”- se produjo la parada total del complejo. Además informó que el amoníaco percibido en el aire provenía de la antorcha de la planta amoníaco.

El olor se calificó como Grado 4 de la Tabla I de intensidad y Grado 2 de la Tabla II de irritabilidad del anexo V del decreto 3395/96 reglamentario de la Ley 5965. Por lo tanto se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art.2 de la Ley 5965, Art.10 Decreto Reglamentario 3395/96 conformes Anexo V Tabla I y Tabla II y falta a la Ley 11459, Art.1 del Decreto Reglamentario 1741/96; por no desarrollar su proceso en un marco de respeto y promoción de la calidad ambiental. El acta el infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible OPDS.

La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró una infracción a la empresa Central Piedra Buena S.A. por emisión de ruidos molestos. Fueron reiteradas las mutas por la misma falencia a lo largo del año. A principios de mes, la empresa generó temor en los barrios cercanos por el “fuerte temblor” que acompañó al ruido.

El último episodio se produjo el domingo 25 de diciembre a las 18 como “consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, debido a una falla en el Sistema Interconectado Nacional, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”. Hubo tres denuncias vecinales en el servicio de emergencias 911.

“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario diurno”.

El municipio labró un acta imputando falta al Art. 1 del decreto reglamentario 1741/96, LEY 11459 conforme art. 1 de la Resolución 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) modificada por la Resolución 94/02 (EX-SPA).

Más información:

Mucho ruido y pocas multas

 

Ruidos en la termoeléctrica

 

Temor por ruidos en la termoeléctrica

 

El TOC 1 de Quilmes ordenó la libertad de Reina Maraz Bejarano: mujer boliviana, quechua parlante, enjuiciada por la muerte de su marido y condenada a reclusión perpetua en 2014. El tribunal decidió otorgarle el beneficio de la excarcelación mientras espera la decisión de la sala VI del Tribunal de Casación Penal, ante la cual el defensor oficial ha pedido un cambio de carátula que podría modificar la situación de Reina y dejarla efectivamente en libertad.

Reina es de nacionalidad boliviana, quechua-parlante y pasó más de un año encerrada sin comprender cabalmente el proceso penal por el cual estaba detenida. En el año 2012, en una de las inspecciones que la Comisión Provincial por la Memoria realiza regularmente en los lugares de encierro, Reina fue entrevistada y a partir de ese momento, el organismo comenzó a intervenir en el caso.

Fue un camino largo que, entre otras cuestiones, logró que la Suprema Corte le asigne una intérprete de lenguas originarias para que ella pudiera comunicarse con mayor fluidez y comprender con claridad el proceso judicial al que debía someterse.

A su vez, la CPM realizó una veeduría del proceso judicial, el registro audiovisual de todo el juicio y se promovió el caso y la voz de Reina para que sea escuchada, garantizando la mayor amplitud probatoria que permitiera impartir justicia.

En 2014 Reina fue sentenciada a cadena perpetua por el Tribunal Oral Nro.1 de Quilmes, que la encontró culpable del asesinato de su marido Límber Santos, ocurrido en noviembre de 2010. Durante las audiencias judiciales en 2014 estuvieron presentes el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, el en ese momento vicepresidente, Aldo Etchegoyen (hoy fallecido) y representantes de la embajada boliviana y otras organizaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los derechos de migrantes y pueblos originarios y de género.

Para la CPM el caso Reina Maraz ha visibilizado la situación de extrema vulnerabilidad en tanto víctima de las múltiples violencias que promueve y sostiene el sistema judicial. Reina es mujer, pobre, migrante, indígena, y víctima de situaciones de violencia género, algo que la justicia en primera instancia no quiso ver ni oír. Si lo hubiera hecho Reina no habría padecido todos los sufrimientos de los que fue víctima durante estos seis años.

Desde la CPM celebramos su libertad esperando que pronto Casación se expida en un sentido favorable para que puedan comenzar a repararse los daños producidos por una condena injusta, arbitraria y discriminadora del mismo tribunal que hoy la libera.

(Por Bahiensas Feministas) El 20 de mayo Dayana Gorosito fue obligada a parir en un descampado, con frío y sin asistencia médica por su pareja Luis Oroná en Unquillo, Córdoba. Este arrancó a la beba de sus brazos y se la llevó, sosteniendo que no era de él. Seguidamente inició una movida mediática para generar una coartada, y con la amenaza que no volvería a ver a su hija.

En el transcurso, la joven de tan solo 20 años debió ser internada con una infección severa producto de las condiciones inhumanas en que fue obligada a parir. Tras haber sido incomunicada, intentó irse para ver a su hijo de 3 años y a la recién nacida y fue detenida nuevamente el 30 de mayo. La joven de tan solo 20 años no supo que su hija estaba muerta hasta que la policía, tras cuatro allanamientos, encontró el cuerpo en la casa de Oroná.

La violencia machista que comenzó mucho tiempo atrás contra Dayana por parte de Oroná hoy se continúa al seguir ella detenida por un delito que no cometió. La justicia (corregimos: el Poder Judicial)  dispuso que la joven sea alojada en la cárcel cordobesa de la comuna de Bouwer. Desde hace tiempo, diversas organizaciones feministas, sociales, de derechos humanos y políticas, junto con un gran número de personalidades, se vienen manifestando por su inmediata liberación.

Que Dayana esté presa es una aberración jurídica y una falta de completo sentido de la humanidad.  El estado cordobés ha optado ya no simplemente por creerle a Oroná: ha elegido ser cómplice y hacedor de misoginia, de violencia patriarcal, de criminalización de la pobreza y de pobreza de la justicia.

Hoy se hará un reclamo general para exigir la libertad de Dayana Gorosito. Desde Bahiensas Feministas sumamos nuestras energías en contra de la violencia de género e institucional representada en este caso que nos toca de cerca. Porque si algo hemos aprendido en estos años es que desafortunadamente ninguna de nosotras está exenta de la opresión machista. Pero también aprendimos que unidas le haremos frente.

¡Basta de violencia de género e institucional!

¡Basta de impunidad!

¡Liberación inmediata para Dayana Gorosito!

Foto: Anred.

Se reanudan este miércoles las audiencias testimoniales en el Juicio Ejército III que juzga a 34 represores imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región. Será desde las 9:30 en Colón 80 y repetirá horario mañana jueves, a días de la feria judicial.

El debate oral comenzó el 11 de octubre e incluye los casos de más de un centenar de víctimas. Las sesiones son públicas, pueden ingresar mayores de 18 con sus DNI o jóvenes desde los 16 junto a sus docentes.

La última audiencia fue a fines de noviembre. Se escuchó al ex militante de la UES y sobreviviente de La Escuelita Manuel Ortega y a su madre Claudina Linares, ambos apuntaron al imputado Pedro Noel como uno de los secuestradores.

Además, declararon los ex colimbas del Batallón de Comunicaciones 181 Horacio Raúl Cianci, chofer y asistente del mayor Ibarra, jefe del “Equipo de Combate contra la Subversión” y Carlos Alberto Messina, conductor del micro de la banda musical de dicha unidad quien mencionó una compañía llamada “la voladora” por sus permanentes entradas y salidas.

Manuel Aníbal Ortega, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, fue secuestrado en Haití al 1900 a fines de 1976 o principios de año siguiente. “Llegué de trabajar y golpearon la puerta, abrí yo y había gente apostada del Ejército y una persona de traje que era Noel, después me he enterado que era él”.

Pedro Noel integró el grupo de tareas del Comando Radioeléctrico de la Policía Bonaerense y está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel Bombara. Por decisión del tribunal entra y sale de las audiencias libremente, entre sus víctimas, del brazo de su esposa.

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Ortega fue llevado junto a su amigo Daniel Sánchez -capturado momentos después- a la jefatura policial de avenida Alem. Los jóvenes ya habían sido detenidos en la calle y demorados en ese lugar. Aquella vez, “hablé con (el comisario) Trujillo y estuvimos de un día para el otro y nos largaron”.

Durante el segundo hecho “siempre los tratos fueron muy malos, golpes, con la misma ropa mía me vendaron, nos dijeron que habíamos mentido la primera oportunidad, ‘ahora van a ver lo que les va a pasar’. Nos tuvieron hasta que nos cargaron en un auto, nos pusieron en el piso en la parte de atrás, nos taparon con una frazada, el auto salió rápido, cuando dobla, por la inclinación me di cuenta que doblamos Alem para las afueras de la ciudad”, declaró.

Vendados y esposados los dejaron en el patio del centro clandestino La Escuelita. Fueron interrogados y tirados en el piso alrededor de tres días, tras los cuales “me llevaron a donde estaban los guardias”. “Había de un  lado hombres y del otro mujeres. Sánchez estaba con los hombres, el primer problema que tuvo es que era zurdo y le ataron la mano que necesitaba para comer”.

“Fuimos muy castigados”, recordó Ortega, “los guardias se divertían conmigo, estaban aburridos y me sacaban, me levantaban de la cama, se ponían en una rueda y organizaban una pelea. Peleaba uno de ellos conmigo, otro relataba la pelea, eso ocurrió en varias oportunidades. (…) Igual que cuando nos torturaban -siempre practiqué deportes y resistía un poco más que otras personas- a veces era un poco más duro el castigo porque me decían ‘vos te la aguantás’”.

El testigo recordó que “había chicas embrazadas” a las cuales “sacaban a caminar” y también mencionó a una joven de Punta Alta. “Cuando uno pedía para ir al baño te sacaban a una letrina. En una oportunidad me sacan y había una chica, pudimos conversar, los guardias que estaban ahí querían que mantuviera una relación sexual con la chica, me negué rotundamente, conversamos con la chica y me dijo que era de Punta Alta, me dijo ‘si llegás a salir avisále a mis padres que estoy acá’. No me acuerdo (el nombre) ni le avisé a los padres ni nada”. Agregó que a la mujer le decían “Laucha o Rata y su padre era militar”.

Respecto a las detenidas afirmó que “fueron agredidas, inclusive hasta abusaban de las chicas, todas estas cosas las escuché por el lugar donde me tocó estar, después que cometían se contaban entre ellos, para ellos era una diversión”.

Tras aproximadamente un mes de cautiverio los “castigos” terminaron. “Portáte bien”, le dijo un represor mientras la pedía disculpas por su secuestro. “Me quedó grabado porque qué mal me podría portar ¿no?”. Siempre junto a Sánchez los hicieron bañarse, les dieron comida y los liberaron en el Parque Independencia. “Estaba aterrado, no quería salir, la primera vez vi un patrullero y volví corriendo. Ni hablar de los sueños. Este muchacho Sánchez se fue de Bahía Blanca, yo lo fui dejando en el olvido”.

La madre de Ortega, Claudina Linares, afirmó que el inspector Noel en persona “agarró (a su hijo) y lo llevó” un mediodía. “No lo vi nunca más hasta que volvió”, dijo la mujer y recordó que tuvo que llevarlo al médico porque estaba “mal, bajó nueve kilos, estaba lastimado al lado de las orejas, todo lastimado”.

Durante el cautiverio de Ortega, Linares fue todos los días al Ejército: “Que después le decimos, que venga mañana a tal hora. Ahí me atendía el señor Delmé, cada vez que iba, el único. Me decía quédese tranquila que el chico está, si pasa algo le aviso”.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, repudiamos enérgicamente la amenaza sufrida por FM Alas en el marco de un debate social entorno a la propiedad, el uso y la funcionalidad de la tierra, donde la radio cumple un rol fundamental en la información, la visibilidad y el análisis del conflicto.

El día 2 de diciembre la emisora del Bolsón, provincia de Río Negro, cubrió una extensa jornada de una Audiencia Pública que el municipio realizó para legitimar un megaproyecto inmobiliario impulsado por el magnate Joe Lewis y sus testaferros. Este proyecto prevee la construcción de un barrio turístico en la zona y el loteo de tierras en la Pampa de Ludden, un lugar de divisora de aguas en donde viven muchas familias productivas.

Durante la jornada, FM Alas hizo público un video en donde jóvenes declaran la promesa de recibir dinero a cambio de participar de una concentración en favor del intendente en la puerta de la Audiencia. Durante los últimos días, Alas desnudó una gran cantidad de irregularidades, ilegalidades y el negocio multimillonario que se pretende realizar con los bienes comunes.

Consideramos que esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Es momento que entre todas y todos pongamos freno a estas formas directas de amenaza.

Asimismo, solicitamos que el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, se rectifique en sus declaraciones, en las que calificó a la emisora de ilegal. Esto no sólo es falso, sino que es insólito que la máxima autoridad del pueblo desconozca la historia de una de las emisoras pioneras en la comunicación comunitaria latinoamericana que lleva más de 29 años emitiendo en la provincia.

Esperamos que se garantice el derecho libre a la comunicación, que este episodio en particular no pase a mayores y que ningún medio comunitario ni organización social vuelva a sea amenazada.

Sin medios comunitarios no hay democracia.

(Bahiensas Feministas) El jueves 1 de diciembre se produjo lo de todos los días: un acto de violencia patriarcal. En el barrio Noroeste una mujer fue agredida por su pareja en la vía pública. Según se encargó el victimario de señalar a la policía y a “La Nueva” todo fue a raíz de un problema “privado”.

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El reportaje sobre el tema aparecido el domingo pasado en el diario macho-facho local muestra a las claras la cadena opresiva en un contexto creciente de violencia hacia las mujeres. No solo se muestra como un hecho aislado, sino que además legitima la voz de un machista llevado en hombros en el marco de un territorio donde no llega la justicia que no mete los pies en el barro de la pobreza.

Toda la nota periodística está teñida de una violencia (esa violencia de lenguaje “objetivo e imparcial”) que sale no a denunciar un hecho que aparece en la superficie y detrás del cual hay otros hechos igual de violentos, sino que contribuye decididamente a bancar la violencia policial e institucional sobre el cuerpo de la mujer violentada.

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¿Y ahora? ¿Quedará todo esto en la nada? ¿No será hora que definitivamente salgamos a repudiar este y otros hechos de violencia hacia las mujeres? ¿No será hora que no nos olvidemos de Luciana, de Mica, de todas? ¿No será tiempo que salgamos a la calle a dejar que hablen nuestros cuerpos, nuestras memorias, nuestros dolores?

¡Basta de violencia machista!

¡Basta de violencia policial, institucional y mediática!

¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!

Instrucciones para contribuir a la violencia machista desde los medios

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  1. No sentir ninguna empatía por la mujer violentada.
  2. Ser objetivo: evitar involucrarse.
  3. Obtener unas buenas fotos que ilustren la nota amarillista que se escribirá después.
  4. Investigar: llamar al sujeto agresor. Darle voz a él y cuidar que la mujer permanezca siempre en el lugar de objeto.
  5. Consultar al victimario sobre los motivos que desataron las agresiones. Eso importa muchísimo, porque es necesario sostener la idea de la víctima culpable.
  6. Evitar todo análisis de las cuestiones estructurales que generan que la violencia machista sea un problema colectivo, que en nuestro país una mujer muera cada treinta horas, muchas de ellas con denuncias previas, frente a la inacción del Estado y la sociedad. Muy importante este punto, porque ahí entramos todxs, también lxs que miramos de afuera para tener buenas fotos para ilustran una nota amarillista.
  7. Cerrar la nota diciendo que pegarles a las mujeres es feo y que no pegarles es lindo. Así definitivamente se salda la cuestión de utilizar a una mujer que sufre y está en peligro para que nos den la tapa de un diario fascista y misógino que hace de la violencia hacia las mujeres un circo.

Según el último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional la gestión de la Alianza Cambiemos superó -antes de cumplir un año- las expectativas más negativas. Con 241 casos en 2016, más 18 entre el 11 y el 31 de diciembre, el gobierno de Mauricio Macri totaliza 259 casos, a los que habrá que sumar los que se produzcan en lo que queda del año y los que todavía no fueron registrados.

“Es impactante advertir que, en sólo 10 meses y medio de gobierno, la Alianza Cambiemos (PRO-UCR) alcanza una incidencia del 5% del total, frente a gestiones con 4, 6, 8 o 10 años de duración. Si calculamos el promedio diario de todas las gestiones, se confirma el liderazgo represivo de Mauricio Macri y sus aliados, que supera a todos sus predecesores y anuncia un duro 2017”.

Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social fueron los fusilamientos de gatillo fácil (46%) y las muertes de personas detenidas (39%). Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático.

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En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen principalmente inverosímiles suicidios por ahorcamiento que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. Las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en buena parte de los casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También aumentaron los fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, etc.).

La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarán la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.

Las desapariciones, que superan las 200 desde 1983, no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como muertes bajo custodia y hasta con asesinatos intrafamiliares u otras modalidades. Por ejemplo, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían, están listados bajo la categoría muertes en lugares de detención; los femicidios en los que se desapareció el cuerpo están agrupados junto al resto de las muertes “intrafamiliares”, etc. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”.

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Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 70 desde 1995, 21 de ellos entre 2003 y 2015.

Edad de las víctimas

El 51% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos.

Los rangos de edad que muestra el siguiente gráfico, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador del contenido de control social de la represión: el 49% corresponde al segmento de 15 a 25 años. Si se suman los de menos de 35, se llega al 86% del total, aún cuando en un 10% de los casos se ignora la edad exacta.

Distribución por territorio

Si sólo se miran la cantidad de casos ocurridos en cada provincia, se evidencia la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 45% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 2.254 casos de una con los 271 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara, CORREPI calculó la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes. Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del Censo 2010, la represión se descarga de manera casi uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.

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La provincia de Buenos Aires pierde su posición destacada para quedar en quinto lugar, detrás de Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza y Chubut, con La Pampa, CABA, Santiago del Estero y Río Negro a continuación. Además, los distritos que encabezan la lista son gobernados por representantes variados de todo el espectro político de la burguesía, lo que demuestra que, gobierne quien gobierne, mientras lo haga contra los intereses del pueblo trabajador, va a usar la represión.

La necesidad de control social es mayor en áreas de más acumulación de población. Así se advierte al comparar el número total del GBA con el interior de la provincia en casos absolutos, y se confirma al obtener el índice por millón de habitantes.

Casos por fuerza

Se advierte que la mayoría de las muertes (57,40%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, excluida la metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que lleva 19 fusilamientos de gatillo fácil. Aunque esa cifra no le otorga un porcentaje significativo, debe considerarse su reciente creación y que sus hombres no patrullan toda la ciudad.

La alta incidencia de los servicios penitenciarios de todo el país se vincula con la gran cantidad de muertes bajo custodia, la mayoría en cárceles. El personal de los “institutos de menores” se encuentra listados en “Otras fuerzas”, pues son carceleros que dependen de la SENAF u organismos semejantes, sin grado penitenciario ni policial.

Gendarmería y prefectura, que irrumpieron en el ámbito del gatillo fácil, la tortura y las muertes en movilizaciones y manifestaciones a mediados de los ’90, y hoy comparten el control territorial con las policías, ven incrementada, año tras año, su participación.

Las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad siguen en franco ascenso, así como la categoría “otras fuerzas”, donde además de personal de las fuerzas armadas, se clasifican, hasta ahora, las patotas y otros grupos de choque paraoficiales, en la modalidad que llamamos “tercerización de la represión”.

Gestiones de gobierno 1983/2016

Se advierte la sostenida tendencia creciente de la represión gobierno tras gobierno, con la única excepción del período diciembre 2001/mayo 2003, sin dudas atribuible al enorme nivel de la movilización popular en la época, que puso freno a la acción de las fuerzas de seguridad, confirmando la potencia del pueblo organizado.

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Es impactante advertir que, en sólo 10 meses y medio de gobierno, la Alianza Cambiemos (PRO-UCR) alcanza una incidencia del 5% del total, frente a gestiones con 4, 6, 8 o 10 años de duración.

Si calculamos el promedio diario de todas las gestiones, se confirma el liderazgo represivo de Mauricio Macri y sus aliados, que supera a todos sus predecesores y anuncia un duro 2017.

Femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, y que el número de mujeres muertas en lugares de detención era más bajo que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.

Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.

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Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 291 casos sobre un total de 481 de víctimas mujeres, lo que convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal, muy por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las desapariciones, los asesinatos en represión a la protesta y otras modalidades.

A estos casos hay que sumar aquellos en que la violencia patriarcal de policías, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios se cobra víctimas no mujeres, como sucede con los hijos asesinados para agredir a la madre, muchas veces varones. No son pocos, tampoco, los casos de compañeros o familiares varones de la mujer que son asesinados por el macho de uniforme cuando intentan interceder o defenderla. Son 25 los femicidios “relacionados” registrados.

Muertos en la represión a la protesta

Desde 1995, se registran 70 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45 asesinados, de los cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 19, mientras que Menem, Duhalde y Néstor Kirchner “empatan” con dos casos cada uno.


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La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Central Piedra Buena S.A por emisión de ruido molesto. El hecho se registró anoche 22:30 y generó temor en los barrios cercanos por el “fuerte temblor” que acompañó al ruido. Hubo 94 denuncias.

“A las 22:32 hs del día 02/12/16 inspectores del CTE constataron la emisión de ruidos intensos provenientes de la Central Piedra Buena, los mismos superaron los límites legales para emisión sonora en horario nocturno, con una duración de 6 minutos. Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art. 1 del Decreto 1741/96, Ley 11459, conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) modificado por la resolución 94/02 (ex SPA)”, dice la secretaría a cargo de Adriana Chanampa.

Agrega que la empresa afirmó que la parada de la Unidad 29 fue “por una falla en el sistema de control” y que “como consecuencia de dicho evento se produjo un venteo de vapor de agua a la atmosfera, a través de la apertura de una válvula de seguridad con emisión de ruido intenso”. “El hecho no significó un riesgo a la comunidad, si bien generó preocupación entre los vecinos, a través del teléfono de emergencia 911 se recibieron 94 denuncias de los vecinos”.

Por su parte, el acta de inspección Nº 5405 del CTE sostiene que “la causa de la parada imprevista fue el apagado de los quemadores por falta de combustible, sin actuar el corte automático de las bombas de alimentación de agua a la caldera, obligando al personal a actuar las mismas en forma manual, en campo. De acuerdo a lo observado en la evolución de las variables operativas, el evento duró 2 minutos 30 segundos en los que se venteó vapor de agua por las válvulas de seguridad actuantes”.

Las explosiones en la central y las infracciones por ruidos fueron reiteradas durante el año. Las actas fueron enviadas al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, ente duramente cuestionado meses atrás por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental.

Más información:

Mucho ruido y pocas multas

Ruidos en la termoeléctrica

Según el Índice de Precios al Consumidor Online la inflación de noviembre en Bahía Blanca registró un aumento de 0,92% respecto a octubre.

Siete capítulos registraron alzas: Esparcimiento (5,21%), Otros bienes y servicios (1,80%), Alimentos y bebidas (1,00%), Atención médica y gastos para la salud (0,91%), Vivienda y servicios básicos (0,63%), Indumentaria (0,48%) y Educación (0,14%). Por su parte, los únicos capítulos que mostraron bajas fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (-1,16%) y Transporte y comunicaciones (-0,21%).

De los 17030 productos y servicios relevados el 15,95% registró alzas, el 4,70% bajas y el restante 79,35% no tuvo cambios. Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Choclo, Queso pategrás, Cerveza en botella, Jugo de fruta concentrado y Crema de enjuague, todas con subas superiores a 65%. Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Cerveza en lata, Texto primario, Alfajor, Vino fino y Pollo entero, todas ellas mayores a -60%.

La variación de precios fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 28,54%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 33,97%.

El Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca es un producto del proyecto «Sistema informático de recopilación y procesamiento de precios online –Cálculo de índice de inflación en Bahía Blanca», integrado por el dr. Juan Larrosa, docente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur; Gonzalo Ramírez Muñoz de Toro, estudiante de abogacía, y el ingeniero en sistemas Juan Ignacio Uriarte.