(Por Alicia Torre) El Eje Cafetero es una región geográfica, económica, cultural y ecológica de Colombia ubicada en los departamentos de Caldas con capital en Manizales -hermosa ciudad entre montañas con un creciente espacio de cultivos orgánicos-, Risaralda con capital en Pereira -la ciudad más grande de la región. y Quindío, capital Armenia -con gran cantidad de fincas cafeteras en sus alrededores-. También integran el eje la región norte del Valle de Cauca y el noroccidente de Tolima.  Esta zona fue declarada patrimonio de la humanidad en 2011 por su paisaje cultural.

La geografía de la zona es atrapante: montañas cubiertas de vegetación con valles cultivados con diferentes tonos de verdes, altos nevados,  ríos muy caudalosos y aguas subterráneas que permiten piletas termales. Por supuesto, el cultivo rey es el café que en realidad, y aún reconociendo su origen americano, se comenzó a cultivar comercialmente hace poco más de cien años y se convirtió en el siglo XX en producto primordial de la exportación.

Preguntando sobre el cultivo de café tuve la suerte de encontrarme con Don Samuel, en Pereira, ciudad de más 800 mil habitantes. Don Samuel es dueño de un pequeño café en el centro de la ciudad,  produce los granos, realiza todo el proceso y lo sirve en su bar, exporta y además tiene tiempo para conversar con los parroquianos, es el autentico “paisa”, como se llama a los habitantes del lugar conocidos por la imagen de Juan Valdez.

Las condiciones climáticas de la zona son determinantes de la calidad del café, la temperatura varía entre -8° en los nevados y unos 30° en los valles. La tierra es otro factor, cuando habla de tierra volcánica se refiere al episodio del sismo de 1999 que dejó a la región muy afectada pero que se recuperó con rapidez y permite en este momento el cultivo del café característico. Es complicado cultivar el café sobre todo si se recupera la forma tradicional y se llega al cultivo orgánico pero Don Samuel enfrentó el desafío.

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Tampoco es fácil la vida de los colombianos de la región, es parte de la zona de conflicto, gran cantidad de desplazados durante 40 años. La firma de los acuerdos de paz significa una luz de esperanza para las víctimas de tantos grupos y tan mezclados: la guerrilla, los paramilitares, los parapoliciales, los mercenarios de las empresas sobre todo mineras y petroleras que tienen sus ojos puestos en ese espacio geográfico y su subsuelo. Don Samuel cuenta cómo es vivir desplazados.

Cuesta alejarse del eje cafetero y sobre todo quedan muchas ganas de volver y seguir el recorrido por los caminos más verdes de Colombia.

Etelvina Maldonado, cantadora nacida en Santana, cerca de Barú. Un día, Etelvina Maldonado oyó cuando castigaron al niño. Llorando le preguntaba a su madre “¿Por qué me pega?”. Ella se quedó con la frase, la fue cantando y agregándole palabras en el tono de lamento del bullerengue sentado.

Así nació su canción ‘Por qué me pega’, que la identifica entre las cantadoras más importantes del género. Siendo abuela -y ya bisabuela-, su participación hace años en el grupo Alé Kumá, que nutrió el bullerengue con sonidos de jazz, le ayudó a preparar su CD y tener su propio grupo. Etelvina es cantadora hace décadas. “El bullerengue es la música con la que abrí mis ojos”, dice.

Ayer se presentó por sexta vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. Impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con el aval de 350 organizaciones y las firmas de 38 diputadas y diputados de diversos bloques de izquierda a derecha. La iniciativa contó con puntos de difusión en varias ciudades del país.

En Bahía Blanca, integrantes de la Campaña y la Colectiva Feminista entregaron volantes frente a la Municipalidad con detalles sobre la norma que plantea que “la práctica se pueda garantizar en el sector público y privado, incluyendo a obras sociales, para que las mujeres o varones trans no sean sometidxs a maternidades forzadas”.

En diálogo con FM De la Calle, Selva Lamtzev explicó que esta vez el proyecto llega con “modificaciones sustanciales en relación a los anteriores y uno de los puntos importantes es que pide la IVE hasta las 14 semanas sin ninguna otra solicitud ni control ni requisito, y para los otros casos que ya estaban contemplados en la ley, de violación, de enfermedad materna o malformación severa, obviamente no tiene otro límite. Es superador del anterior que hablaba hasta las 12 semanas”.

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“Creemos que va a requerir de mucha participación, que se sienta que hay una presión popular para que este proyecto salga, lo estamos motorizando desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otros colectivos y organizaciones. Este contexto en particular, con los dichos de Macri -quien dijo defender la vida desde ‘la concepción’ en el Congreso Eucarístico-, es adverso pero es que lo ha sido siempre para este tema, vemos que el consenso social avanza mucho más que lo legal”, dijo la médica.

Lamtzev opinó que “los medios de comunicación en su mayoría tienen una posición bastante tomada o manejan el tema del aborto como tabú o con discursos falsos y malintencionados, por ejemplo de hablar de IVE y ponen en la tele una foto de una embarazada que está prácticamente a término, ese tipo de manipulación no habla de la realidad de las mujeres que día a día deciden interrumpir el embarazo de forma voluntaria. El tema es que en este momento lo tienen que hacer en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida y si esto fuera legal podrían hacerlo en un centro de salud”.

Las cifras oficiales, mencionadas en los argumentos del proyecto, muestran que el Ministerio de Salud de la Nación informó el año pasado que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año” y en 2014 murieron por abortos inseguros 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.

“Las de mayores recursos lo hacen en una clínica privada y las que no, de una forma mucho más precaria que será la que tengan a mano poniendo en riesgo su salud y su vida. Es muy importante proteger los derechos de esas mujeres y está en el marco de la ley no solamente nacional -hay muchas cuestiones relacionadas con el aborto no punible que no se cumplen en la práctica- pero además, si vemos el mapa del aborto a nivel mundial, constatamos de qué tipo de políticas se trata, vemos que en los países llamados centrales o desarrollados en la mayoría el aborto es legal y en los llamados del tercer mundo no lo es y tienen fuertes políticas restrictivas”.

2 abortoLamtzev recordó que Macri “cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires vetó la ley del aborto no punible en CABA y desde que ha asumido como presidente hemos visto el vaciamiento de ciertos programas, la reducción de recursos tanto de programas de violencia como de salud sexual y procreación responsable que se encarga fundamentalmente de distribuir métodos anticonceptivos y educar”.

“Existe una disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, lo vemos a Macri intentando congraciarse con Jorge Bergoglio y juega la carta de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos parecía muy preocupante. Hablamos del aborto pero también de que la ley de educación sexual se aplique correctamente y los métodos anticonceptivos existan en toda su disponibilidad para que las mujeres puedan deciidir”, dijo.

Finalmente, destacó que “puede haber una confusión porque la religión oficial es la católica pero nuestro Estado es laico y por lo tanto todas las medidas que deben tomar en cuestiones de derecho y de salud deberían basarse en el principio de beneficio para la mayor parte de la población y no de lo que opine o no la iglesia o si el presidente profesa determinada religión o no”.

Foto: Rolando Andrade.

Cientos de familias beneficiarias del programa de créditos para vivienda ProCrear esperan soluciones por parte de las autoridades municipales para poder acceder a terrenos en el macizo que el anterior gobierno nacional expropió al Ejército.

Tras el anuncio de la licitación de las obras para instalar los servicios y avanzar en el loteo, mantienen su preocupación sobre los nuevos planos que propone el municipio y el “scoring” según el poder adquisitivo que se aplicaría para repartir las tierras.

“La información que tenemos desde Buenos Aires es que la licitación está avanzando lentamente, se hicieron los acuerdos con las distintas empresas y supuestamente en unos días deberían estar empezando con las obras. Previo a eso tienen que presentar unos planos en el municipio para obtener la aprobación”, dijo a FM De la Calle Franco Baier.

El beneficiario planteó que les “preocupa muchísimo que toda esta licitación se hizo en base a un plano que propone ProCrear a nivel nacional para Bahía Blanca y la administración de Héctor Gay propone un plano nuevo”.

“En enero lo que nos dijo el intendente es que las tierras del Ejército ya no iban a ser posibles, que nunca fueron posibles en realidad, que nos mintieron en la cara. Después viaja a Buenos Aires y cuando vuelve dice que ya está todo destrabado cuando en realidad jamás se había interesado en el tema, más que nada parecía que había manifestado una expresión de deseo al decir que las tierras del Ejército no iban a ser viables y al empaparse del tema, al informarse, vienen y dicen que ahora es posible”, recordó.

Agregó que “a partir de ahí proponen un plano nuevo. Lo que venimos advirtiendo desde ese momento y lo dice el propio ProCrear es que si el municipio pretende seguir avanzando con ese plano eso va a implicar que toda la licitación se vuelva para atrás y todo vuelva a empezar de cero, por lo tanto como mínimo un año más tardaría todo esto”. El plano “supuestamente superador” agregaría una veintena de lotes en las mismas tierras lindantes a la Ruta 33.

“Es muy preocupante desde cualquier punto de vista que se observe. El intendente de una manera muy irresponsable había prometido que para junio iban a estar realizándose los sorteos, ¿sobre la base de qué información? Lo desconocemos”, planteó Baier.

Como nueva preocupación sumó el anuncio municipal respecto a que “los lotes en lugar de ser sorteados van a ser asignados según una especie de orden de mérito de acuerdo al poder adquisitivo. No nos queda claro o no lo saben tampoco, no sabemos qué pensar, si ese orden de mérito se va a basar en que cuanto mayor poder adquisitivo tenga una persona más posibilidades tiene de acceder al terreno o al revés van a priorizar a la gente de menores recursos”.

“En cualquiera de las dos variantes es totalmente injusto porque no deja de ser un reparto de la miseria. Ellos dicen que hay 900 personas, nosotros creemos que hay más familias que están necesitando ese terreno de ProCrear y están diciendo repartimos la miseria para que le toque a 500 personas y el resto se tendrá que atener a las nuevas condiciones del ProCrear que son totalmente inalcanzables para la gran mayoría de nosotros”, finalizó.

Javier Quintero es uno de los trabajadores de prensa de La Nueva Provincia despedidos la semana pasada junto a fotógrafos, administrativos y gráficos tras la decisión empresarial de reducir la publicación diaria de la versión impresa a solo tres días a la semana. El sábado brindó su testimonio en el programa radial Enredados*, se mostró sorprendido por la decisión de la familia Massot y destacó que en la redacción “hay temor porque nadie sabe qué va a pasar con el diario de aquí en más”.

Ingresó a La Nueva Provincia a los 19 cuando cursaba el segundo año de Periodismo. Primero fue una pasantía “un poco extensa” de dos años, otros dos como colaborador y finalmente el ingreso efectivo. Trabajó siempre en la sección Deportes y en el área digital un tiempo: “cargada un poco de todo, hacía locales, internacionales, nacionales”.

Si bien “siempre se habla de crisis dentro del diario” y se vendía cada vez menos en papel -como sucede con muchos medios gráficos a nivel mundial-, el despido “no lo esperaba”. “El año pasado pareció estar un poco más instalado el tema de la crisis porque ofrecieron retiros voluntarios y se comenzó a hablar bastante más”. Eso fue en julio o agosto aunque en el verano “parecía que se habían calmado un poco las aguas”.

En abril varios gremios fueron cerrando sus paritarias pero desde el Sindicato de Prensa no llegaban noticias. “Conversando con colegas del diario que estaban en el sindicato uno le preguntaba qué había pasado, cuánto íbamos a cobrar, uno con todos los aumentos que hubo quería saber y notaba que estaba difícil la negociación. Todos esos eran síntomas de que la cosa no venía bien, pero la decisión de echar a 25 o 28 personas juntas -ni sé cuál fue el número final- nos tomó a todos de sorpresa, nunca el diario había tomado una decisión de este tipo, siempre si despedía era a uno o dos”.

Tras los despidos, “el sindicato lo que hizo no fue reunirnos sino poner un abogado, decirnos el jueves a la mañana hay un abogado disponible para que le hagan todas las consultas que tengan que hacerle y fue el único momento donde fuimos y nos encontramos (…) no nos juntaron nunca a explicarnos un poco qué pasaba o cómo era la situación o qué posibilidades teníamos o por qué era todo esto”.

Según Quintero, el gremio “tiene un inconveniente en cuanto al cambio de la composición de la comisión directiva hace muy poco tiempo y la gente que ingresó -no es por defenderlos ni nada por el estilo, son conocidos en su gran mayoría-, se encontraron con una bomba muy grande y tienen miedo de cortar un cablecito y que termine de estallar todo, me parece que pasa un poco por ahí. Me gustaría que hayan hecho otras cosas, les he dicho que me molestaba la composición de la lista de despedidos porque no encontraba ninguna lógica, si la encontraba tal vez la herida hubiera sido un poquito diferente”.

“El día que pasó, que fue todo muy shockeante, yo tuve la oportunidad de ir (al diario) porque tenía que buscar algunas cosas y era un lamento la redacción, era una lágrima arriba de la otra, una medida de fuerza, un aplauso, una manifestación, algo, no sé, no sé qué hubiera hecho yo estando del otro lado pero uno esperaba algo. También entiendo el lado B, que hay temor y es una cuestión lógica porque nadie sabe qué va a pasar con el diario de aquí en más”.

Resultados a la vista

dscn0876En 2013, según la versión de la empresa, La Nueva Provincia hizo “un gran esfuerzo para integrar el papel a una multiplataforma que lo repotenciara, tanto unificando marca y recursos periodísticos como rediseñando formato y estética según los criterios más modernos”.

“El diario cambió de formato, cambió de sábana a tabloide, se cambió el nombre de La Nueva Provincia a LaNueva. fue una inversión muy grande, una apuesta, se lo he dicho a la gente que tomó la determinación, para mí no estuvo bien, no se tuvo en cuenta en algunas cosas a la gente que compraba el diario”, dijo el ex trabajador.

Quintero agregó que “no se hizo un estudio de mercado para decir la gente no compra el diario porque es sábana, no creo que sea por eso, porque se le incomodaba, porque no le entraba en la mesa. Hubo mucha gente que no se terminó de acostumbrar a eso”.

Concluyó que los números hablan por sí solos: “Funcionó en la parte web que por lo que sé incrementó un poco la cantidad de visitas, pero también hay una realidad que es que la parte web todavía no le encontró la vuelta, no solo LaNueva. sino en la mayoría de los casos, a la hora de la venta, a la rentabilidad de eso, vos podés tener un montón de visitas pero los comercios y las empresas no se sienten cómodos poniendo un aviso en la web”.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca 103.9 con la conducción y producción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

La Lista Blanca de trabajadoras y trabajadores municipales informó que “a raíz de diferencias insalvables que se presentaron a último momento con interesados en integrar nuestra lista, se decidió no disputar las próximas elecciones” que se realizarán a principios de agosto. Solo se podrá votar por la lista oficialista que encabeza el actual secretario general Miguel Agüero.

“La lista Blanca nace como un colectivo de trabajadores municipales con el objetivo de concretar una nueva forma de hacer sindicalismo, en la que se lleven adelante prácticas participativas, cuyas propuestas han sido elaboradas y aprobadas de conjunto”, asegura el comunicado firmado por Carlos Hogg y Jorge Paz.

Allí explican que la conformación de la Junta Electoral se produjo cuatro días antes de la reforma estatutaria y esta, a su vez, tres días antes de la convocatoria a elecciones. “Esta modificación aumenta exponencialmente el número de integrantes a 119, limitando de esta manera la participación y presentación de otras listas a las próximas elecciones, quedando solo 10 días hábiles para el armado de las mismas. En esa situación se solicitó las candidaturas a los compañeros”.

“Un grupo de personas enroladas en la agrupación Tribuna Municipal, con prácticas espurias, ajenas ciento por ciento a lo que es la Lista Blanca, hace que sus miembros fundadores resuelvan la no presentación de la lista.
No obstante ello, valiéndose de tener en sus manos la documentación, decide arbitrariamente, hacer igual la presentación, no respetando la decisión tomada por mayoría. Violando el espíritu de una construcción colectiva, exponiendo a una cantidad de compañeros a una situación ni consentida ni consultada”, afirmaron.

Desde la Lista Blanca habían rechazado unirse a otras agrupaciones. “También debemos decir que si bien, la lista presentada por integrantes de Tribuna Municipal no reunía los requisitos mínimos exigibles, extraña y maliciosamente fue aceptada por la Junta Electoral, dado que es ésta misma quien publica que la lista presentada se encontraba incompleta en más de un tercio de su totalidad, es decir, que sobre 119 cargos, tenía casi cincuenta por cubrir”.

“Si bien lo hemos solicitado, hasta el momento nos ha sido negada la posibilidad de tener vistas de la documentación presentada, para conocer tanto el nombre con el cual fue inscripta la lista ya que la Junta Electoral en los dictámenes la denomina Lista Blanca, con lo cual se habría usurpado nuestro nombre (que históricamente hemos utilizado) y tampoco hemos podido ver los listados de candidaturas y avales para saber quiénes han sido incluidos, pues muchos de ellos se habían obtenido desde el trabajo y trayectoria de nuestra lista y de compañeros que confían en nosotros”, denunciaron.

Tras ratificar la decisión tomada, desde la Lista opositora criticaron a aquellas “personas cuyas prácticas terminan siendo las mismas que dicen querer combatir” y se manifestaron contra la burocracia sindical y las prácticas antidemocráticas y por un sindicato transparente, participativo e independiente, salario mínimo acorde a la canasta familiar, la eliminación del impuesto al salario y la incorporación de los aumentos al sueldo básico para no afectar al IPS, a la obra social y a los y las jubiladas.

Abuelas de Plaza de Mayo presentó a José Luis Maulín Pratto como un nuevo caso de restitución de identidad, sustraída durante el terrorismo de Estado, y exigió a la Justicia Federal de Santa Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009. José Luis, desde entonces, reclama por distintos medios recuperar su verdadero apellido.

En octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías, miembros de la III Brigada Área de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de una joven pareja. A los golpes, destrozando todo, secuestraron a Rubén Maulín, un trabajador y militante político del PRT, adelante de sus dos hijos pequeños y de su esposa Luisa Pratto, embarazado de cuatro meses. En el mismo operativo se llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schoesting, y otros familiares. Luisa quedó sola con sus dos hijos y su embarazo. Semanas más tarde, su hermana menor, Griselda, llegó de Buenos Aires para ayudarla pero también fue secuestrada.

La historia

CmJjJAsWIAEGVPsLos represores se ensañaron con Luisa: fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora -Cecilia Góngora de Segretín-, evidenciando la premeditación del delito pero, a la vez, dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El bebé fue entregado así al matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a la Fuera Aérea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores lo inscribieron en el Registro Civil con un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino.

Por entonces, Rubén seguía detenido pero ya como preso político. Fueron años de dolor que vivió Luisa. Después del parto y durante mucho tiempo siguió siendo visitada por la misma patota policial que había secuestrado a su marido y hermanos, que la sometía a torturas y abusos sexuales. La abuela de José Luis, Ana Elena, se ocupó de los niños y acompañó a Luisa en el reclamo por su marido y su hijo robado. Cuando Rubén Maulín recuperó su libertad, en 1982, ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por el niño pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que no podían hacer nada.

Las búsquedas

Durante mucho, tiempo Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo pero a fines de los ‘80 una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo. Fue así que decidieron ir a reclamar por él, pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro. A principios de los ‘90, Gisela, la hermana mayor de José Luis escuchó que en su escuela había un niño con el apellido Segretín y se acercó a hablarle, pero el encuentro no prosperó y Cecilia Góngora amenazó a Gisela para obstaculizar la búsqueda.

José Luis en ese entonces ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado, pero los relatos iban variando según las circunstancias y conveniencia. Él desde temprana edad tenía dudas de su identidad, por las diferencias físicas y porque tenía una hermana mayor adoptada. En un primer momento le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial de Segretín y luego se fueron sumando otras versiones, siempre inconsistentes.

En 2008, Luisa y su hermana Griselda hicieron otra declaración ante la justicia, contando nuevamente lo que habían padecido durante el terrorismo de Estado. Después de años de impunidad fue la primera vez que la justicia santafesina aceptó investigar su caso. Para ese momento, ya hacía dos años que muchas víctimas del terrorismo de Estado en la región habían comenzado a dar testimonio en la “Causa Base Aérea”. Luisa dio una nota en una radio de la ciudad y su historia llegó a conocimiento de José, quien se sintió motivado a averiguar sobre su identidad.

El encuentro

CmJulEJWIAEkUm9En enero de 2009, José Luis tomó coraje y llamó a Luisa para contarle que, según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero, y en abril se presentó a la justicia para reclamar por su identidad. Rápidamente José Luis, Rubén Maulín y Luisa Pratto viajaron a Buenos Aires y realizaron el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos para confirmar su vínculo: era el hijo que durante 32 años habían buscado.

José Luis dice que recuperó a su familia y su familia lo recuperó a él; desde 2009 mantiene una relación estrecha que se fortalece día tras día.

El juicio por su identidad

La semana pasada comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis, en el que están imputadas la apropiadora Cecilia Góngora, y la médica que atendió el parto y firmó el certificado de nacimiento, Elsa Nasatsky de Martino. También estaba acusado el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, quien falleció en diciembre de 2014.

En 2013, Sambuelli ya había sido condenado a 21 años de prisión por los secuestros y torturas a 39 militantes, entre ellos Rubén Maulín –el papá de José Luis– y por la “violación agravada reiterada” de Griselda Pratto –la tía–, en un juicio histórico porque fue el primero en la provincia que juzgó la violencia sexual en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad.

El propio José Luis se acercó el mes pasado hasta el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó una carta para que el juicio se realice lo antes posible. “Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín”, escribió en la primera línea. Y, en una carilla, les contó a los jueces “la congoja y la desdicha de portar una identidad que no es la propia”, y ser víctima de “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, con él y con sus hijos que actualmente tienen 12 y 16 años.

El caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco en los nuevos casos que, gracias a las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), se van incorporando al Banco. Sin embargo, se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiados. Gracias a su valentía y la de familia se lograron reconstruir los hechos que los genocidas intentaron borrar y tergiversar. Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica.

Fuente y fotos: Abuelas de Plaza de Mayo.

La Coordinadora contra los Tarifazos convoca a una reunión esta tarde a las 18 en Rodríguez 78 para organizar las manifestaciones públicas que se realizarán los días 9 y 12 de julio tal como se consensuó en encuentros anteriores. Será para repudiar los despidos y los aumentos en los costos de los servicios públicos.

“Venimos trabajando con unos gastos que ya estaban previstos y planificando de acuerdo a eso y de pronto nos encontramos con que en menos de un mes viene un tarifazo que pone en riesgo la continuidad laboral nuestra y de muchas otras empresas a lo largo de todo el país”, dijo a FM De la Calle Orlando Acosta, trabajador del Frigorífico INCOB.

El cooperativista recordó que “participamos de la reunión por el tarifazo en Buenos Aires, vimos que fue productivo, que tuvo convocatoria, la gente respondió ante esta necesidad de hacer frente a esta situación que no solamente complica a las empresas sino también a cada hogar que tenemos el consumo de estos impuestos”.

“Ahora acá en Bahía nos reunimos, hicimos una convocatoria en conjunto con varias organizaciones para también poder demostrar que nos está perjudicando y que tienen que dar marcha atrás con esta decisión porque no se pensó realmente en las consecuencias que hay hoy y cómo precariza la situación laboral nuestra y de todas las empresas”, agregó.

La flamante Coordinadora ya realizó dos reuniones de las que participaron miembros de clubes de barrio, cooperativas, centros culturales, pymes, centros de jubilados y personas independientes afectadas por las subas implementadas por el gobierno y las empresas. “Estaría bueno que se puedan acercar y que juntos peleemos para dar marcha atrás con esto”, dijo Acosta.

(Por Defensoría del Público) Una de las radios pioneras del movimiento de emisoras comunitarias del país recibió a la Defensoría del Público para realizar de un taller sobre producción integral radiofónica.

La capacitación junto a FM de la Calle se realizó en la Universidad del Sur y en el Centro Cultural La Panadería, sede actual de la radio. Participaron referentes de distintos medios locales, estudiantes terciarios e integrantes de Radio Cooperativa Indie Rock de la localidad de Tres Arroyos. Con la coordinación de Mariano Randazzo, de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, el taller abordó distintos aspectos de la producción integral radiofónica.

En un primer momento se focalizó en el diseño de contenidos radiales, los objetivos y estrategias comunicacionales, los roles dentro del equipo y la definición identitaria y estética del proyecto. Luego se trabajó sobre los formatos de la producción radial, se dialogó sobre las características de cada formato y se escucharon ejemplos de entrevista, comentario, crónica, editorial, columna de opinión, informe, documental, historia de vida y clip.

Durante el taller las audiencias estuvieron presentes. La cooperativa que gestiona FM De la Calle realiza, desde hace algunas semanas, una encuesta para que quienes escuchan la radio puedan opinar sobre el proyecto comunicacional. Una reflexión compartida sobre el sentido comunitario del proyecto.

FM De la Calle emite en el 87.9 del dial desde agosto de 1989 y nació con un objetivo claro: ser una alternativa al monopolio mediático de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Además, en su amplia trayectoria en el campo de la comunicación comunitaria, participaron activamente del debate en torno a la necesidad de una nueva ley de radiodifusión para la democracia, luego en la Coalición por una Comunicación Democrática y, más tarde, en la calle bregando por la sanción, vigencia y plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

(Por Mauro Llaneza) La historiadora Valentina Riganti investigó las políticas públicas relacionadas a la explotación sexual y la implementación de tratados internacionales en Bahía Blanca durante la década del 90, cuando el país era gobernado por el menemismo y la ciudad por el linarismo. El Estado municipal, la justicia, la policía y los proxenetas aparecen como actores de una realidad en la cual “la situación de las mujeres que son explotadas sexualmente no se vio modificada”.

Si bien todavía existen dudas o complicidades en el Poder Judicial al aplicar la Ley 26.364 aprobada en 2008 –basta mirar las noticias de esta semana para comprobarlo-, dos décadas atrás la trata de mujeres con fines de explotación sexual se escondía en causas por facilitación de la prostitución o contravenciones.

Riganti plantea que la noción de “facilitación” descarga de responsabilidades al proxeneta y al Estado, el cual actúa como legitimador de una actividad prohibida, condenando la facilitación del hecho y no la explotación sexual. Desde este punto de vista, si una mujer se prostituye y el hombre sólo “facilita” la actividad, la acción ilegal queda ligada a la mujer-prostituta, descartándose la existencia de la coerción como posibilitadora de la explotación y, en ese sentido, marca una continuidad entre esta denominación y el “consentimiento” de la Ley de Trata eliminado en 2012.

En su visita a FM De la Calle la historiadora identificó continuidades y cambios: “Los mecanismos de cooptación, las formas de mantenimiento de las mujeres dentro del sistema prostituyente son siempre más o menos las mismas. Después hay rupturas que tienen que ver con las leyes, la federalización del delito de trata fue un cambio efectivamente aunque tiene muchos límites relacionados más que nada con lo presupuestario”.

Hoy como ayer se repiten factores que abonan la explotación sexual de mujeres y niñas: las dificultades sociales y económicas, los altos niveles de desempleo y pobreza -y en particular la feminización de esta última- y la ubicación geográfica de la ciudad como nodo de comunicaciones y articulación con el sur. “En un caso del ’92 la amenaza constante a las mujeres era ‘las vamos a llevar a Comodoro Rivadavia’, siempre está esa idea de ‘te llevo al sur y ahí ya no te encuentran más'”.

“Bahía Blanca en relación a la economía internacional siempre se planteó en el imaginario, en las representaciones, como una ciudad abierta al mundo, la ciudad puerto, la idea del corredor con el pacífico. Todo este incremento de circulación no solamente de personas sino de recursos sobre todo marca un ambiente favorable para el surgimiento de estas situaciones de clandestinidad”, explicó.

Riganti aclaró que al referirse a la “movilidad de personas e inmigración lo primero que se tiende a pensar es que hay que cerrar todas las fronteras, pero justamente uno de los causantes de esta situación de clandestinidad en que se encuentran las mujeres es la existencia de políticas migratorias muy rígidas. Está demostrado que mientras más flexibles sean, aunque no se levanten los controles pero que las personas tengan posibilidad de tener la ciudadanía, permite que las mujeres salgan más rápidamente de la situación de clandestinidad”.

En cuanto a las políticas nacionales de la década del 90, la investigadora menciona la tarea de las “manzaneras”. “Tenía que ver con entrar a las bases de los barrios, bien comunitario, eran punteras políticas la mayoría -sobre todo las que eran cabeza de la organización- y estaban vinculadas con el partido gobernante del momento. Eso hace que el PJ no pueda decir no estaba enterado de que esto estaba sucediendo. En algunas entrevistas aparece esto de que nosotras sabíamos que había mujeres que estaban en situación de prostitución pero hacíamos lo que podíamos. El problema principal en Bahía Blanca es el desempleo, no la prostitución. Esto siempre nos pasa a las mujeres, lo nuestro es un accesorio que si se puede se cubre y si no no”.

sirenaLa intendencia de Jaime Linares estableció la libreta sanitaria para las mujeres prostituidas. “El problema fundamental es que muchos proxenetas tenían contactos con médicos y esas libretas aparecían firmadas a pesar de que las mujeres eran adictas, no usaban preservativo, estaban golpeadas todo el tiempo porque la clandestinidad y la explotación sexual hacen que se desarrollen relaciones muy violentas de parte de los proxenetas hacia las mujeres”. Para Riganti, el Estado legitimaba al proxeneta-explotador como “el intermediario que lleva a la mujer al hospital”.

La falta de atención integral de la problemática por parte de la comuna habilitó la intervención de organizaciones de la sociedad civil. Por entonces, Nido era la única que abordaba la violencia de género y por eso fue convocada en el marco del Plan Estratégico junto a Caritas, grupos scouts y otras instituciones de extracción religiosa. La entrevistada destacó que “es importante pensar desde dónde se está generando la política pública, a pesar de que discursivamente se habla de un enfoque de género, en realidad se está hablando desde el punto de vista moral, no es lo mismo a Iglesia Católica que agrupaciones feministas”.

En uno de sus estudios, Riganti concluyó que en Bahía Blanca, “los temas ‘de género’ fueron abordados sin analizar las relaciones de poder que actuaron en el marco de una sociedad patriarcal y capitalista, la cual estaba viviendo una profunda crisis económica y social. Esto respondió a planteos que concebían el lugar de ‘la mujer’ como separado de otros aspectos: así, se compartimentaron las instancias que atravesaban la realidad femenina, contrariamente a lo postulado en los tratados que planteaban la importancia de un enfoque ‘transversal’ de la cuestión de género”.

“El orden de prioridades implícito en la configuración de las políticas municipales -que ubicaron a las mujeres en su dimensión doméstica y maternal como ‘pilar de la familia’ y ‘variable de ajuste’- pudo verse en la distribución de fondos, al mismo tiempo que algunas de las implementadas no estuvieron controladas por el gobierno local y que las instancias ‘cívico-religiosas’ aumentaron su importancia. (…) La insistencia en la cuestión de la explotación sexual de mujeres en los tratados marca que había conocimiento y preocupación por el tema, pero no respuestas por parte de los gobiernos de todos los niveles”.

Cierre de cabarets

diaboloAl ser consultada sobre la ordenanza que prohibió el funcionamiento de cabarets y otros locales similares en el partido de Bahía Blanca, Riganti advirtió que “nunca terminó de despegar” el observatorio que debe evaluar su implementación y que la iniciativa “tiene un límite particular que es que lleva a las mujeres a una situación de clandestinidad, en ese sentido favorece la explotación”.

“El otro problema que tiene es que si habilitamos los cabarets es como caer en esta idea de que los proxenetas nos van a ayudar a llevar adelante las cuestiones sanitarias y van a colaborar con nosotros. Eso tampoco está bien, hay muchos límites ahí. Estás hablando directamente de la explotación sexual de mujeres y, por otro lado, las estás llevando a una situación de clandestinidad.

“La forma de manejar eso no es generar un cambio sobre las mujeres o sobre la prostitución sino sobre los prostituyentes. ¿Quiénes son los que están consumiendo esos cuerpos? Esas mujeres están ahí, siendo ofrecidas porque hay alguien que está pagando. ¿Los proxenetas de dónde sacan la plata que después le dan a la policía o a los políticos? Sale de los varones de la sociedad civil. Ahí está el cambio que hay que hacer”, afirmó.

“Es una discusión que se ha planteado muchas veces que algunos delitos sexuales, que tienen que ver con prostitución, se entiende que los debe juzgar la justicia provincial y cuando estos delitos están estructurados de una forma organizativa y además implican explotación de las personas -casi servidumbre en términos modernos- el delito sexual pasa a ser un delito contra la libertad, entonces es trata de personas y sí debe intervenir la justicia federal”, explicó el fiscal Alejandro Cantaro en relación a la declaración de incompetencia de la jueza Mirta Filipuzzi en una causa contra cuatro proxenetas.

La subrogante del Juzgado Federal Nº1 envió a la justicia ordinaria la investigación sobre el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual.

Cantaro dijo a FM De la Calle que “la jueza entendió que no, que no estaba probada la explotación sino que había casi como una decisión individual, libre, de cada una de las mujeres víctimas y que, por tanto, en todo caso lo único que podría quedar como delito -ni siquiera dice que quede- pero que si hay algo que investigar es esto de facilitar el ejercicio de la prostitución libre e independiente de las mujeres y eso lo debe investigar la justicia provincial”.

Para Filipuzzi la única relación entre las mujeres rescatadas en abril y los imputados “sería de facilitación, les permiten, les dan el lugar donde las mujeres libremente y en forma autónoma hacen sus contactos y después hacen los pases”, no cree “que haya una organización que se aproveche de una situación de vulnerabilidad de las mujeres y las explote de modo tal que se trate de un delito de trata de personas”.

El fiscal afirmó que está probado que “las mujeres que hacían el contacto pasaban detrás de la barra y distribuían dinero con estas personas. Claro, cuando en estos lugares era el ejercicio del comercio prostibulario era más fácil, después cuando toda la justicia empieza a investigar esto las organizaciones se empiezan a extender, ya no hay habitaciones, los pases se hacen fuera, por eso exige mucho más”.

“Hace tiempo (existe) este problema entre cuál de estos dos delitos se dá y quién tiene que investigar. Ahora empieza a tener algunas cuestiones que está bueno que la gente sepa si no pareciera ‘bueno que investigue un juez u otro’. Pero no, resulta que si el juez de provincia al que la jueza federal le manda la causa tiene una opinión contraria, dice que es trata de personas y no acepta el expediente, quien debe resolver cuál de los dos jueces se hace cargo es la Corte Suprema, esto implica una demora increíble”, dijo Cantaro.

La misma Corte resolvió que ante la duda la investigación continúe en manos de la justicia federal. “Tengo la sensación que nosotros continuamos la sumersión de las mujeres que en muchas oportunidades, cuando son entrevistadas por las peritos que manda el Ministerio de Justicia, de rescate de trata de personas, dicen estar involucradas en el círculo prostibulario, algunas, desde que son menores”.

Integrantes de la Feria del Lago plantearon en el Concejo Deliberante una serie de mejoras que necesitan que la Municipalidad concrete en el espacio que utilizan cada domingo en el Parque de Mayo. Alrededor de 50 familias viven de la comercialización de sus productos artesanales, textiles, alimenticios, de cosmética natural, huerta y jardinería, entre otros rubros.

“Crié seis hijos con mi palo de amasar”, dijo Liliana Aberasty: “Venimos a defender nuestro puesto laboral, nuestra entrada de comida a nuestras casas, necesitamos que alguien escuche, que se haga cargo (…) nosotros existimos, somos el pueblo y como pueblo venimos a pedir que nuestro lugar sea cuidado, respetado, ordenado”.

Angélica Motta explicó a FM De la Calle que en 2005 elaboraron una ordenanza “que contemplara la realidad que vivíamos como emprendedores, microemprendedores, productores, y nuestra trayectoria se aboca a cumplirla, es como nuestro reglamento, nos sirve de pauta de organización. Pero la parte del municipio contempla que una persona puesta por el Estado sea un interlocutor, que si hay un problema con la luz pueda llamar a la parte de Alumbrado, si es con un árbol a Parques, que no sea la gente de Caritas la que hace ese trabajo de reclamar permanentemente en distintos sectores por arreglos cotidianos”.

Una de las demandas está vinculada al estado de los baños públicos cuyo sistema de desagüe termina en un pozo ciego y hace varias semanas que está desbordado debido a la ausencia de mantenimiento, “lo cual implica tener un importante foco infeccioso a cielo abierto, a escasos metros de los juegos donde decenas de niños y niñas se entretienen cada fin de semana con su consiguiente riesgo sanitario”.

El tablero que da energía a los puestos no funciona a pesar de las gestiones y la cobertura de gastos de reparación que corresponden a la comuna realizadas por Caritas. La falta de luz reduce el horario de la feria y los ingresos de sus integrantes. La necesidad de nivelación del suelo aumenta a la par de las dificultades de las personas que caminan delante de los puestos y del drenaje de los mismos luego de las lluvias.

También solicitaron colocar techos fijos y evaluar alternativas para cerrar el perímetro de cada puesto a los efectos de mejorar las condiciones laborales de los y las feriantes. “Comprendemos claramente que dicho espacio público se encuentra al aire libre (y además valoramos que así sea), pero también creemos que es nuestro derecho mejorar aquellas condiciones, que puedan hacer de nuestro trabajo, un lugar digno de ser habitado”.

El Instituto Cultural descartó financiar la participación de artistas locales que estimulaban la circulación de público. Angélica recordó que “hasta el año pasado teníamos la colaboración de armar un espectáculo mensual, había audio, tenemos el escenario propio de la feria, pero también ahí se cortó el diálogo, no podemos acceder. Lo que queremos es un convenio marco en el cual uno pueda planificar a futuro todas las actividades, si no estamos de cartita en cartita y no se consigue así, nosotros tenemos otra forma de trabajar, una planificación anual, poder prever los espectáculos, los talleres”.

13555504_10201619213118977_502714679_oMónica Villagrán se mostró “orgullosa de ser una mamá soltera” que crió a sus hijos haciendo lo que sabe hacer: “Para poder cocinar para ir al parque comienzo el sábado a las seis de la mañana, termino a las tres y media de la mañana, el domingo con tres horas de sueño voy, atiendo mi clientela, pero le agradezco a dios porque esta feria me dio el sueldo que necesité para educar a mis hijos, para hoy ver a dos de ellos recibidos y lo hice con mis tortas”.

“Sentimos como una cachetada cuando no se nos permite estar en los eventos de la plaza o los grandes que se han hecho últimamente. Cuando se hizo el encuentro con Palavecino (AcercArte) y los que vinieron, nuestros propios clientes nos dijeron levantamos firmas para que ustedes estén trabajando”, contó.

Meses atrás, representantes de la Feria y de otras organizaciones del Corredor Productivo y Cultural de la Economía Social y Solidaria bahiense se reunieron con el secretario de Políticas Sociales, Fabio Pierdominici, aunque “no logramos entendernos con lo operativo. Estamos bastante frenados, ya pasaron varios meses del nuevo gobierno y por eso fuimos a contarles a los nuevos concejales quiénes éramos, qué hacemos y la importancia del autoempleo”.

El edil Pablo Roselfeld (FpV) aseguró a FM De la Calle que propuso “una especie de comisión que la integren algunos concejales y los que componen la feria para tratar de requerirle al Ejecutivo que realice las tareas. Esto es una temática que venimos haciendo en distintos barrios y surge buen efecto”. Destacó el compromiso del  Fernando Compagnoli (Cambiemos) para atender las demandas que “no exigen demasiado, ni siquiera presupuesto, y se pueden hacer con inmediatez”. Además, se sumó a la sugerencia de Integración Ciudadana para reactivar el Consejo Local Económico y Social.

(Coalición por una radiodifusión democrática) Aprobada por unanimidad en el Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, en Santa Rosa, 25 de junio de 2016.

Desde la ciudad donde el federalismo comunicacional proclamó dos gritos históricos; contra la exclusión de la ley de la dictadura (2003) y por el derecho cooperativo a la implementación de la Ley 26.522 (2009), la Coalición por una Comunicación Democrática, lanza una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales.

La Coalicion, conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.

Actualizamos de esta manera, un compromiso por valores y principios, y nos encaminamos a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.

Este Encuentro Federal se realiza en coincidencia con el día 179 de vigencia del Decreto 267/15 que esta Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el pasado 8 de abril.

De allí surgió un compromiso público de parte de las nuevas autoridades nacionales de convocar a diversos actores a participar en el proceso de redacción de un anteproyecto denominado como “Ley de las Convergencias” frente a lo cual la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas. En este sentido, valoramos la presencia de orgnizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate y reclamamos que estas consultas incluyan foros federales abiertos y paricipativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional.

Denunciamos la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.

Expresamos nuestra pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector.

Al respecto exigimos plena claridad sobre el punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país. En este punto, sostenemos con firmeza el principio de no regresividad en los derechos ciudadanos, como también lo ha subrayado públicamente la CIDH en relación con el caso argentino.

Hacemos nuestras las expresiones de sectores diversos del campo audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen señalando la urgencia de políticas activas para la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, tal como se manifestó en el reciente Congreso Multisectorial por la Ficción y la Producción Nacional Audiovisual. Allíi se abordó la necesidad de políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, se denunció la injustificada parálisis gubernamental en la conformación de jurados, en la ejecución de fondos afectados, y la falta de pago de compromisos surgidos de la aplicación de políticas de Estado, como los Fondos Concursables para el Cine y la TV, o el FOMECA. En esa línea también el reconocimiento y defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual en todas las plataformas en que se de a la difusión publica de obras musicales, argumentales y literarias, destacando la aplicación del principio de progresividad y no retroceso en los derechos adquiridos ante el anuncio de eventuales modificaciones.

Hacemos nuestra también la denuncia de los trabajadores de prensa de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016, acompañamos este reclamo y manifestamos el consecuente resentimiento que estos hechos implican sobre la libertad de expresión. Resulta central desde esta perspectiva la plena aplicación de los postulados de la ley 26.522 respecto de las cuotas de producción nacional, local, independiente y propia, con espacios informativos obligatorios, incluyendo a la televisión paga como actor fundamental de los servicios audiovisuales.

Respecto del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta, respaldamos la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión, tanto desde la infraestructura y la gestión de frecuencias, como en la transición digital y la disponibilidad de señales en todo el país y bajo las distintas formas de gestión previstas en la legislación de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro debe traducirse en una concreta existencia de estas emisoras, para lo cual reclamamos que el Estado garantice las condiciones para su efectiva concreción. En el mismo sentido exigimos el cumpimiento de las previsiones respecto de las PyMEs del campo audiovisual y de las TICs.

Destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación, así como a las pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las comunitarias, los pueblos originarios, las universidades, las escuelas técnicas, de frontera, los sindicatos, las organizaciones sociales. Por ello, deben ser restablecidas y reconocidas, las regulaciones asimétricas que protejan a estos actores de la competencia despiadada y desigual ante los oligopolios concentrados. En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal. La constitución de empresas de la economía social no debe permanecer centralizada en la Capital Federal, lo que atenta contra principios constitucionales y debe desconcentrarse como factor de promoción del federalismo económico y comunicacional.

La sostenibilidad del nuevo sistema de medios argentino debe contemplar los cambios de las formas de financiamiento y asignación de recursos en cada soporte y actividad. Esto implica, además de la ejecución de políticas de fomento y promoción audiovisuales, una regulación de la publicidad oficial en todas las jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y la regulación y tributación de las plataformas digitales de distribución audiovisual de pago de creciente consumo por parte de las audiencias de nuestro país.

Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores. En este sentido, debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. Para ello resulta indispensable la continuidad de la tarea que viene desempeñando la Defensoría del Público de SCA, solicitando la apertura de delegaciones en todo el país con un sentido federal e inclusivo.

Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.

Vaya entonces desde Santa Rosa, La Pampa, este tercer grito por una comunicación democrática, en todas las plataformas, al servicio del pueblo argentino.

Fue el principal reclamo de la familia de Katherine Moscoso a un año y un mes de su femicidio. También acudieron a la Municipalidad familiares de Micaela Ortega. Todxs al grito de “Justicia por Mica, por Kathy, por todas”.

“Más que nada para que la causa no se duerma, que se siga investigando y lleguen a fondo. No tiene que quedar en la nada porque Monte es un pueblo muy chico y se están hablando cosas y nosotros no tenemos respuestas y tenemos que andar sufriendo por las cosas que se dicen. Queremos respuestas”, contó Wanda Banegas, prima de Katherine.

En cuanto a la causa, Wanda dijo que “en Bahía estaban trabajando y justo el fiscal se enfermó. Nosotros confiábamos mucho en Christian (Long), ahora queremos respuestas de Mauricio del Cero. A mi abuela le dijo que no íbamos a tener respuestas hasta julio o agosto, nosotros queremos que nos digan que va a pasar y porqué no se puede empezar a imputar a los sospechosos”.

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Familiares de Micaela Ortega manifestaron que se convocaron “por todas y cada una de las chicas que fueron víctimas por decir no. Quiero hacer una referencia un poco más triste de lo que todos estamos viviendo y creo que es la indiferencia. Porque la magnitud de la desgracia que nos está tocando vivir y que nos hicieron vivir es muy grande”.

“Y así como es muy grande la desgracia es muy poco el acompañamiento de la gente, somos poquitos por tremendos casos que estamos afrontando y veo que mucha gente que pasa no nos mira, hace oídos sordos a esto y es muy triste”.

“Me gustaría que toda la gente que está viendo se sume, un ratito son cinco minutos, esto le podría pasar a cualquiera de ustedes y es una situación que no se la deseo a nadie porque es lo más triste que le puede pasar a una persona. Quiero hacer saber a los amigos de Kathy que estamos acá compartiendo el dolor porque sabemos de qué se trata. También compartimos un mismo pedido”, concluyó una familiar.

Mirta Susana Filipuzzi, quien subroga el Juzgado Federal Nº1, se declaró incompetente en la causa contra el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual. La jueza entendió que corresponde la figura de “facilitación de la prostitución” y, por ende, la investigación debería llevarla la justicia ordinaria.

Por otra parte, dictó la falta de mérito por el delito migratorio. Los fiscales Antonio Castaño y Marcelo Colombo (Protex) le reprochan también a Iglesias, García, Gutt y Vargas “haber promovido o facilitado la permanencia en situación migratoria irregular de una de las presuntas víctimas, encontradas la noche del procedimiento con el fin de obtener un beneficio económico a partir de la actividad que ella realizaba”.

Según la Dirección Nacional de Migraciones una de las mujeres rescatadas “tenía su visa de turista vencida y pese a ello, permanecía en la Argentina siendo explotada la actividad económica que practicaba en favor de Alfredo Ismael García y obteniendo por ello sumas de dinero que le permitían permanecer en nuestro territorio”.

La causa

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

La instrucción fiscal comenzó en 2014 a partir de una denuncia anónima en la línea 145 que advertía que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y Salta dentro de camiones de cereales para ser explotadas sexualmente. Habrían sido entregadas por 40 mil pesos a un hombre de unos 40 años, propietario de un prostíbulo en el puerto.

La Protex identificó al acusado, ya había sido imputado por el mismo delito tras el allanamiento en 2012 a su Night Club Kaos. Más de dos años después, otra denuncia al 145 advertía que una piba se habría escapado de Kaos gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. El prostíbulo seguía funcionando encubiertamente y su dueño, Víctor Hugo Iglesias “estaría relacionado con el bar ‘Unión’, que sería administrado por su hermano” Claudio.

Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para la Fiscalía, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, las víctimas rotarían entre ambos boliches y existiría una conexión entre todos los sujetos investigados”.

(Por Alicia Torre) La economía social alcanza ya lugares impensados para los parámetros de la economía del sistema. En este caso, en Ecuador pudimos tener una larga conversación con Santiago Peralta, emprendedor, fundador de Pacari Chocolate.

Nos ubicamos en la ciudad de Quito, la más antigua de Sudamérica, con más de un millón de habitantes, construida en la ladera del Volcán Pichincha a 2700 msnm. La ciudad está dividida en barrios muy diversos, los más visitados son el Centro Histórico, de calles empedradas y edificios coloniales perfectamente conservados. Otro lugar de interés es La Mariscal, barrio bohemio con centros culturales, restaurantes, bares, museos y alojamientos tipo hostel, es de la preferencia de los turistas “de mochila”.

El cacao es una de las principales producciones ecuatorianas. Originario de América fue llevado a Europa, resignificado allí pasando a ser considerado “casi” de propiedad europea y ganando todos los galardones en los concursos internacionales hasta que Pacari ganó en Londres el premio al mejor chocolate del mundo en el más importante evento internacional. Esto fue en 2014 con cinco medallas de oro y una de plata, hasta la fecha no hubo otro chocolate que lo pudiera superar.

Pacari en quechua significa Naturaleza y nace con un claro compromiso anticapitalista:

Parece haber llegado la hora en que los pueblos americanos reaccionemos frente al avasallamiento del que se considera primer mundo en cuanto a la pérdida de nuestro patrimonio, sabemos que  los cultivos que fueron por siglos fuente de alimentación están desapareciendo y hay una manera de frenar el despojo: revalorizando y defendiendo este patrimonio. Desde Pacari y en voz de Santiago se lucha para hacer esto posible:

Desde esta empresa social se trabaja de otra forma: con una mirada más amplia que va mas allá de ganancias y de ampliar las bocas de expendio, es la forma de relacionarse con el entorno, con el mundo, de involucrase con los otros. Por otra parte este “pensar sentir”, como diría Galeano, se repite con frecuencia en los  entrevistados en distintas circunstancias y latitudes:

La práctica de la Economía Social y Solidaria  permite que diversos grupos sociales puedan empoderarse. En el caso de Pacari comienza por el precio justo, sigue con el cuidado de las personas y también logra que cambie el rol de las mujeres en la sociedad que el mismo Santiago considera machista.

pacari 2Las mujeres se suman al trabajo que estaba considerado solo de hombres, en cierta medida lo era por  el peso de las bolsas donde se trasladaba el cacao,  al reducir el tamaño de esos envases  las mujeres entran al círculo de la producción y se empieza a escribir otra historia: ellas mismas se organizan para poder tener a sus hijos en los lugares de trabajo bajo el cuidado de otras mujeres integrantes también de las cooperativas, mandan a sus niños a la escuela, los mayores ya no piensan en migrar sino que encuentran la posibilidad de quedarse en su espacio, producir y mejorar las condiciones de vida:

Recuperar la soberanía o por lo menos no olvidarnos de nuestro ser americano también se milita desde los sabores, parece que la premisa es que nuestros alimentos no se negocian, que tenemos muchísimo que ofrecer, “no nos invadan nuestras cocinas”:

En la oficina de Santiago hay un pizarrón con una frase escrita por su compañera Carla: “Nunca pierdas las ganas de hacer cosas”.

Marta Gómez, cantante colombiana pero de reconocimiento universal sigue interpretando música de profunda raíz latinoamericana. Tiene compromiso con las luchas de Nuestramérica, sobre todo con sus mujeres. En consonancia con la frase de Carla, dice Marta “que no falte un sueño” desde su disco ‘Solo es vivir’ editado en Colombia en 2014.

Luego de los numerosos despidos ejecutados por el diario La Nueva Provincia, el Sindicato Gráfico Sureño no pudo concretar una reunión con las autoridades de la empresa. Sin embargo, sí lograron comunicarse telefónicamente con Domingo Marra, gerente de la empresa.

Luis Sanchez, Tesorero de la organización gremial, dijo a FM De la Calle que al principio la empresa negó que los despidos afectaran al sector pero luego reconoció que “sería 4 los trabajadores despedidos”.

En rigor, “enviaron telegramas a tres compañeros. Después enviaron a otro compañero y luego le comunicaron que no estaba dentro de la lista. Se habían equivocado”.

El dirigente agregó que desde el asesinato de Heinrich y Loyola “los compañeros no vienen al sindicato. Lo tienen casi prohibido. Algunos vienen con miedo y nos piden por favor que ni siquiera comentemos que vinieron al sindicato”.

Por otra parte, el personal que permanece en la planta, a partir de este paquete de medidas de la gerencia, se ve afectado “en un 40 % del sueldo” ya que no se pagarán algunos beneficios previamente adquiridos.

Menos trabajo para repartir

Para el Sindicato de Canillitas, La Nueva “no se vende”, por lo que habría apenas “7 personas trabajando en la calle” vendiendo el periódico. Lo dijo Damián Torres, titular de la entidad, quien agregó que “se venía rumoreando hace un año y medio que el diario iba a salir tres veces por semanas” y lo atribuyó a “un avance en la tecnología”.

A su vez, según el dirigente hoy los canillitas estarían vendiendo entre 20 y 30 diarios con excepción de “los grandes” que venden 80.  “Hoy ir a vender 20 o 30 diarios no sirve para comer, vivir o tener un proyecto de vida”. En el año 1991 el promedio de venta dominical era de “300 diarios” los días de semana unos 130 ejemplares.

“Desde 2014 cayó la venta un 40 % y siguió profundizándose hasta un 60 %” en la situación actual. “Hoy salgo de La Nueva Provincia en la vereda y miró para allá no hay nada, para el otro lado tampoco, no tenemos nada que hacer. No queda una alternativa de buscar otro trabajo que vos salís de La Nueva Provincia y decís, bueno vamos a buscar otra cosa. No tenés las changas de albañilería. Va a ser un problema para mucha gente que hace 35 años que está con esto. Los que tenemos los puestos vamos sobrevivir un tiempo más pero no sé hasta cuándo”.

Otras voces sobre nuevos silencios

Desde el Sindicato de Prensa hicieron público su “malestar y dolor” por los despidos y repudiaron la decisión empresarial. Al mismo tiempo, a través de un comunicado informaron que la empresa ejecutó la medida para “evitar el cierre definitivo” y, sin definir medidas de fuerza, agregaron que “la postura de la empresa fue inflexible”.

Desde la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, manifestaron su “solidaridad con los trabajadores/as del Diario la Nueva Provincia” y repudiaron “el accionar de estas empresas que cargan el peso de la crisis sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras, ubicándolos como variable de ajuste”.

A su vez, expresaron que “la unidad y la solidaridad activa entre compañeros/as, son el único camino para enfrentar estas situaciones” y recordaron “la memoria de los compañeros Heinrich y Loyola, próximo a cumplirse los cuarenta años de su asesinato”.

Por su parte, la CGT Regional Bahía Blanca también comunicó “su más profunda preocupación ante el despido masivo de compañeros trabajadores del diario local La Nueva, como consecuencia directa de la política del actual gobierno y su proyecto económico de ajuste y exclusión”.

Arguyeron que o se equivocaron “cuando en ocasión de la visita que hiciera la Gobernadora Vidal a la ciudad el pasado 11 de abril, en el marco de los festejos de un nuevo aniversario de Bahía Blanca, esta CGT ganó las calles para pedirle que termine con los despidos masivos del sector del estatal y reactive las obras públicas paradas que aún están inactivas”.

“Tampoco nos equivocamos al expresar nuestra preocupación en una nueva marcha realizada el pasado mes de Mayo en protesta y disconformidad por el veto presidencial a la Ley antidespidos, sancionada en el Congreso de la Nación a pedido unánime de las cinco (5) Centrales Obreras”.

Se solidarizaron con “los compañeros despedidos y sus familias a cargo” y redoblaron “el compromiso de lucha contra este modelo de exclusión y sus responsables políticos”.

La periodista Gisela Estremador apoyó el proyecto de ordenanza que pretende desalentar desde el Estado los concursos de belleza y elecciones de reina. “No se trata de evangelizar porque quiero que vos seas feminista sino que entiendas realmente qué hay detrás de todo eso y cómo uno termina siendo cómplice de esta situación aún sin desearlo”, afirmó a FM De la Calle la ex reina de General Conesa.

“A mí nadie me dijo tenés que hacer dieta. En mi casa fue algo natural, fue así, me río mucho de eso y precisamente por eso puedo decir cómo se vivía desde adentro. Pero sí vivía esa situación donde había acompañantes de las otras postulantes medio de presión, parate derecha y sonreí, de mujer absolutamente objeto, de mujer florero, y éramos chicas de 16 años. No reniego de eso, lo viví en su momento pero hoy a mis hijas no se lo permitiría, les daría las herramientas. Mi vieja con todo lo que nos cuida y nos ha criado de una manera muy libre creo que no tuvo la posibilidad ni siquiera de analizarlo”, comentó.

La comunicadora fue convocada para conducir otras fiestas tradicionales como la del Agricultor y fue princesa de la Manzana con la misión de representar a su pueblo. “La verdad es que no lo representé por la producción regional de la agricultura y la ganadería sino que fue un concurso de belleza más”.

“Escucho cuáles son los argumentos a favor de que no se reglamente y que no se apruebe esta ordenanza y tiene que ver con las tradiciones y estos concursos conllevan más allá de la simple cosificación de la mujer y de evaluarla por su belleza y viéndolo desde adentro no se evalúa mucho más que eso, por lo menos en mi experiencia”, dijo.

La conductora del informativo de Canal 4 de BVC agregó que “es importantísimo poder dar este debate sin necesidad de que esto se transforme en la intención de erradicar una fiesta tradicional como puede suceder en Ing. White, en mi pueblo y en tantas otras localidades que forman parte del acervo cultural la fiesta, pero no hacen en nada colocar a diez, quince chicas, algunas mayores y otras menores de edad, paradas como floreros -porque puntualmente es eso- para ver cuál de ellas es la más linda y que luego se coloque una banda y una corona de soberana de esa festividad en particular”.

Para Estremador no se trata de “un ataque ni a las sociedades de fomento ni a las organizaciones ni a ningún municipio en sí. Lo que hace es que seamos serios con lo que decimos y con lo que estamos haciendo. Si realmente queremos que la transformación se dé, cuando falta un camino extensísimo por recorrer, empecemos por cambiar estas cosas que realmente hacen a la mirada de una sociedad diferente, que tiene perspectiva de género y que entiende que esa violencia simbólica existe”.

“Ejercer esta violencia simbólica también conlleva que esas personas que son dominadas tienen anuencia, se da una relación donde casi es inconsciente, por eso en muchos de los casos en los que se planteó, como sucedió en Viedma o en Chivilcoy, muchas de esas reinas y princesas y mises de diferentes colectividades fueron las que se manifestaron en contra, las que quisieron poner un freno a esas ordenanzas”, dijo.

Si no se evalúa el cuerpo de las mujeres, como planten quienes organizan los concursos, “por qué te preguntan las medidas de determinadas partes del cuerpo que hacen a la sexualidad de la mujer, que tiene que ver con un objeto para ser mirado y admirado por todo un público que va a decidir si vos sos más linda o no tan linda como la reina y la princesa en la mirada de un jurado que te está evaluando no por mi formación académica ni lo que soy como persona sino por cómo me veo”.

Respecto al abordaje mediático de la violencia machista, la periodista destacó que “la gran mayoría de los comunicadores siguen siendo hombres, falta una formación en perspectiva de género desde las mismas mujeres y de los hombres por supuesto, vamos todos a la marcha, la cubrimos pero esto no nos parece violencia, si no estamos defendiendo el caso extremo de la violencia de género que es un feminicidio todo lo demás no es violencia”.

El fiscal Alejandro Cantaro solicitó que se enjuicie a tres hombres, dos de ellos hermanos, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El funcionario consideró que existen elementos suficientes para elevar la investigación a juicio oral por la explotación de al menos a cuatro víctimas en el prostíbulo Cat’s que funcionaba en Colón y Sixto Laspiur.

Uno de los imputados habría sido el dueño y encargado del lugar y junto a su hermano habrían alternado las tareas de regenteo. El tercero sería un amigo que habría oficiado de colaborador.

Luego del allanamiento realizado en noviembre de 2015, los tres hombres resultaron detenidos y finalmente, en diciembre procesados por el delito de trata de personas, en su modalidad agravada, por abusar de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación se inició luego de una denuncia anónima realizada en marzo de 2015 en la línea 145, lo que derivó en una serie de medidas para constatar la existencia y funcionamiento de la red. De esta manera, se pudo saber que el lugar funcionaba los domingos, miércoles y jueves desde las 00:00 hasta las 8:00, “evitando los restantes días de la semana para no alertar a la Policía Federal”.

Además, en el lugar se consumían bebidas alcohólicas, había mujeres que conversaban con los hombres que allí asistían y finalmente se realizaban los pases, cuyo valor rondaría los 500 pesos, concretados en un hotel alojamiento llamado “Mesón Sur”.

El fiscal solicitó entonces el allanamiento en el lugar y en la casa del acusado de ser el dueño del prostíbulo. Así, se comprobó que el local estaba ambientado como cabaret, con un caño, tarima, sillones, una barra, luces tenues y con varios ambientes en mal estado y sucios. Además, se secuestró dinero, celulares, cocaína, preservativos, geles íntimos y ropa de mujer.

Por su parte, en la casa del acusado se hallaron preservativos, geles íntimos y una importante cantidad de tarjetas de publicidad del cabaret Cat’s.

En cuanto a la declaración de las víctimas rescatadas, todas detallaron una situación de extrema vulnerabilidad y relataron cómo llevan muchos años dentro del circuito prostibulario, una de ellas incluso desde que era menor de edad.

Algunas de ellas refirieron que aproximadamente tres años atrás concurrían a este lugar para realizar “copas” pero “como ya no estaba permitido”, a la fecha establecían contacto con los ‘clientes’ y los ‘pases’ se concretaban en el hotel alojamiento.

Connivencia política y policial

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

A principios de mes el fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo pidieron el procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. Los acusadores destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas.