La Corte revocó por unanimidad una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido como medida cautelar los aumentos en la tarifa eléctrica.

Para el Tribunal, carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. La demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el Secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

La Corte dijo que los Diputados presentantes, el Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de dicho Estado carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la presentación del Club Social y Deportivo “12 de octubre”, que también adhirió a la demanda, la Corte dijo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.

Fuente: CIJ.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, tras revocar la sentencia de primera instancia, había hecho lugar a la medida cautelar que suspendió las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad para la provincia de Buenos Aires.

Gils Carbó detalló que se debe prestar especial atención al carácter provisorio de la cautelar, cuyo plazo se limita a tres meses desde su otorgamiento, y a las presentaciones realizadas por otros actores -organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados- en la causa y en distintos expedientes referidos al mismo tema.

La medida la había solicitado un grupo de diputados provinciales por medio de una acción de amparo con la que buscaban declarar la nulidad de las resoluciones mencionadas. Luego, el Defensor del Pueblo provincial, el presidente, vicepresidente y apoderado del Partido Justicialista bonaerense y el presidente del Club Social y Deportivo 12 de Octubre se presentaron como terceros y adhirieron a la demanda.

En relación con este punto, a diferencia de lo formulado por la Cámara platense, Gils Carbó le dio parcialmente la razón al Poder Ejecutivo en cuanto a la legitimación de los actores presentados. El tribunal federal había otorgado alcance colectivo a la medida sobre la legitimación del Defensor del Pueblo. Pero la titular del MPF, con apoyo en la doctrina formulada por la Corte Suprema, precisó que ese organismo provincial “carece de legitimación […] dado que se trata de una acción cuyo objeto es controvertir actos del Estado Nacional”.

No obstante, para la procuradora, el Club Social y Deportivo 12 de Octubre acreditó su carácter de afectado, lo cual “le otorga, prima facie, legitimación para peticionar una protección provisoria” hasta tanto se realicen las medidas ordenatorias del proceso y se decida cuál de los sujetos asumirá en definitiva la calidad de titular de la acción.

Al respecto, el dictamen aclaró que “en esta instancia preliminar y urgente, donde aún no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica y donde todavía el universo de accionantes del sub lite podría ser alterado —ver presentación de la asociación Unión de Usuarios y Consumidores de fojas 567/600—, entiendo que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados por el tribunal a quo a la medida cautelar, dado que lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales”.

En el mismo sentido, la procuradora precisó que “del Registro Público de Procesos Colectivos surge que, con relación al aumento tarifario aquí controvertido, se han iniciado otras acciones por parte de actores de diversa índole: organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados”.

Las resoluciones cuestionadas

El 25 y 27 de enero de 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó las resoluciones 6/2016 y 7/2016, por las que dispuso un incremento de la tarifa de energía eléctrica que deben afrontar los usuarios para acceder a ese servicio básico. Esos incrementos comenzarían a regir a partir del 1 de febrero de este año. A su vez, la resolución 1/2016 dictada por el ENRE determinó los valores de los nuevos cuadros tarifarios de EDENOR SA y EDESUR SA.

Estas medidas, indicó Gils Carbó, “dispusieron un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica […]. De modo similar a lo decidido en el ámbito del servicio básico de gas, se puso en marcha un cambio de un sistema en el cual el Estado asumía un rol central al sostener la generación, distribución e inversión a través de subsidios, a un régimen donde estos conceptos se trasladan sustancialmente, en forma directa, a los usuarios y consumidores”.

Luego, destacó que la parte actora había sostenido que “los hogares que consumen hasta 300 kWh por bimestre deben afrontar aumentos cercanos al quinientos cuarenta por ciento (540%); los que consumen hasta 1.000 kWh, incrementos superiores al setecientos por ciento (700%); y los que consumen más de 1.000 kWh, aumentos de menos del quinientos por ciento (500%) […]. Además, afirmó que los usuarios comerciales e industriales deben afrontar aumentos que rondan entre el seiscientos por ciento (600%) y el setecientos cincuenta por ciento (750%)”.

El dictamen explicó que “a los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el ENRE, quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores”.

De esta manera, la titular del MPF opinó que la resolución de la Cámara de La Plata fue acertada porque “se encuentran reunidos los presupuestos para suspender cautelarmente las mencionadas resoluciones en tanto fueron adoptadas sin la previa celebración de una audiencia pública”.

Derechos constitucionales en juego

Por otra parte, la procuradora señaló que correspondía “efectuar un análisis exhaustivo sobre la configuración de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora atento a que se encuentra en juego el interés general de la sociedad —cuya defensa incumbe a este Ministerio Público Fiscal por mandato constitucional (art. 120, Constitución Nacional)— vinculado a la continuidad y a la accesibilidad al servicio de energía eléctrica”.

Recordó que la Corte Suprema expuso recientemente en el fallo “CEPIS” que “en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. (…) es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.

Luego, puntualizó que en el ámbito del servicio básico de la electricidad, “el derecho constitucional a la información, consulta y participación es implementado por la Ley 24.065 de Energía Eléctrica mediante el mecanismo de audiencias públicas”, que determina que “la audiencia pública es, en definitiva, uno de los mecanismos establecidos a fin de proteger los intereses económicos de los usuarios y consumidores (art. 42, Constitución Nacional). La tutela de esos intereses económicos se encuentra receptada, a su vez, en el deber de fijar tarifas justas y razonables (arts. 2 inc. d, y 40, inc. d, ley 24.065), esto es, que observen los principios de transparencia, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”, tal como también señaló la Corte en “CEPIS”.

Por esto, remarcó que “no puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como “la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las condiciones de existencia”, y “la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda industria lícita, entre otros derechos fundamentales”.

En las circunstancias descriptas, la titular del MPF advirtió que “debe primar el derecho de los usuarios y consumidores a participar en la determinación de la tarifa final, ya sea para recibir información adecuada y veraz sobre los aumentos, como para peticionar que la implementación de una nueva política pública no afecte sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional vinculados a la accesibilidad a un servicio básico”.

Tras un allanamiento realizado la madrugada del domingo en el boliche El Reino fueron detenidos cinco jóvenes organizadores de una fiesta electrónica acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína. Guido Gentili, Matías Cragno, Javier Selvaggio, Mariano Trellini y Francisco Zalazar serán indagados esta semana.

Según informó el fiscal Antonio Castaño a FM De la Calle, los operativos fueron solicitados en varias oportunidades a la jueza de Viedma Mirta Filipuzzi quien subroga el Juzgado N°1 de nuestra ciudad. “Desde un principio he pedido los allanamientos y detención de estas personas y el posterior llamado a declaración indagatoria de los responsables del local. A mi entender no pueden estar ajenos a esa situación. Estaría encuadrado en el artículo 10 de la ley 23.737 que es facilitación del lugar para comercializar estupefacientes”.

La gerencia de la disco de Fuerte Argentino al 700 comunicó que el “sector King Club” fue alquilado “a cuatro jóvenes que organizan eventos de música electrónica en diferentes discotecas y bares hace más de dos años” yaseguró que El Reino “está TOTALMENTE AJENO a la organización de este tipo de eventos”. Asimismo, suspendieron “todo tipo de eventos relacionados con la música electrónica”.

“Esta investigación comienza unos cuantos meses atrás, a principios de año, porque una persona estaría dedicándose a la venta de drogas sintéticas y a partir de ahí ponemos en cabeza de la Prefectura Naval Argentina la investigación. Después de un trabajo arduo llegamos a concretar tres cuerpos de expedientes con todos los elementos de prueba que nos permitió pedir al Juzgado el allanamiento del local bailable El Reino y distintos domicilios en el ámbito de esta ciudad”, dijo el fiscal Castaño.

14141880_10211274173596865_934343689189120942_n

Los cinco detenidos organizaban y difundían la fiesta por Facebook y luego vendían las drogas. “Estas pastillas -de éxtasis- son conocidas, venían de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, y con relación a la ketamina sí es de producción local. De acuerdo a lo que hemos secuestrado y con las pericias que se van a ordenar esta semana se va a determinar si era fraccionada” en Bahía Blanca.

La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el domingo entre las 18 y las 22 fueron recibidas por la Guardia Ambiental perteneciente al Departamento Saneamiento Ambiental del municipio 27 denuncias derivadas desde el Centro de Comunicaciones y Emergencias 911 por olores en el ambiente.

“Los inspectores de esta guardia, siguiendo los procedimientos de rutina correspondientes, realizaron las gestiones y actuaciones pertinentes (tales como averiguación de los datos meteorológicos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional perteneciente a la Aeroestación Civil Comandante Espora), y realizaron un recorrido por distintas zonas (vientos arriba y vientos abajo), percibiendo la molestia y constatando que el foco de la misma era en la avícola ‘Granja San Miguel’, ya que ésta cuanta con una planta de secado de guano”, dijeron desde la comuna.

Como resultado de las actuaciones realizadas, se labró Acta de Comprobación N° 8249 y Acta de Inspección N° 33882, en virtud de la infracción al Código de Planeamiento Urbano del Partido de Bahía Blanca. (Art. 7.2 “Emisión de Olores”).

Esta tarde se realizará el acto central de la Marcha Federal en Plaza de Mayo donde confluirán las cinco columnas que viajaron desde distintos puntos del país para rechazar los despidos, el tarifazo y el ajuste. Ayer, trabajadoras y trabajadores de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn y de localidades de la región se manifestaron en el centro bahiense.

El secretario de Suteba, Roberto Baradel, llamó a “movilizar fuertemente a las audiencias públicas contra el tarifazo y generar las condiciones para que todas las centrales sindicales convoquemos a un paro nacional que le pueda parar la mano a este gobierno y estas políticas”.

IMG_2202

“Si le va bien al gobierno de Macri nos va mal a todos los trabajadores”, dijo el docente y agregó que “no somos desestabilizadores, los trabajadores somos los que más sufrimos cuando se interrumpe el orden constitucional, sabemos bien cómo defender los derechos de los trabajadores y ahí nos vamos a parar fuertemente”.

Enrique Gandolfo, de Suteba y CTA Bahía Blanca, aseguró que “vamos a la Marcha Federal porque cómo no vamos a ir juntos a una marcha en contra de los tarifazos, en contra de los despidos, en contra de los salarios de hambre”.

IMG_2169

“Vamos como pueblo trabajador movilizado, no como ciudadanos. Como pueblo trabajador que sufre y padece las consecuencias. Algunos de esos tipos que ahora están en el gobierno son ciudadanos también de la Argentina, pero son los que fugan las divisas, que tienen cuentas offshore en Panamá o en las Bahamas, son los tipos que saquean nuestros recursos naturales y las riquezas de este país”.

IMG_2212

Gandolfo destacó que “el asunto es cómo se distribuye” esa riqueza y opinó que “hay más condiciones que nunca para un paro general”. “Los 30 mil compañeros desaparecidos son nuestros compañeros y por eso también luchamos, peleamos y levantamos firmemente las banderas de la lucha contra la explotación y la miseria”, afirmó minutos antes de la audiencia preliminar del cuarto juicio de lesa humanidad de la ciudad.

“Traemos muchas expectativas en unidad diferentes sindicatos y agrupaciones para compartir con los compañeros en Bahía Blanca, luego ir a Mar del Plata y en la Plaza de Mayo tener la claridad de pedir todos juntos al gobierno de Macri de que pare la mano”, dijo a FM De la Calle Santiago Goodman de ATECH.

IMG_2253

Daniel Pérez Guillén de la CTA chubutense opinó que “la industria más importante del país, la automotriz, tiene en todas sus fábricas suspensiones, en las que no hay directamente despidos. Por eso esta marcha que hace conocer las realidades de cada rincón del país donde se está sufriendo no solo el tarifazo sino también que toda las paritarias se cerraron con pérdida respecto a la inflación y al alza de los precios descontrolada”.

IMG_2185

Laura, de Coronel Suárez, contó desde el móvil de la radio que pertenece “a un distrito donde manifestarse o ir a la calle por los reclamos no es común pero estos tiempos que vivimos nos sobrepasan y vemos cómo se va avasallando el derecho a trabajar. (…) Le hemos enseñado a las familias de nuestros chicos que no solo defendemos la escuela pública adentro de la escuela, dando clases, sino también mostrando un modelo de participación y de compromiso con la sociedad que nos rodea y saliendo a reclamar los derechos”.

IMG_2232

Irene Petrezzini, dirigente de Suteba Tres Arroyos, aseguró a FM De la Calle que se sumó a la movilización para “expresar la bronca y el disgusto de gran parte de la sociedad por las consecuencias de las políticas neoliberales que aplica este gobierno”. Desde la seccional Villarino, Nelson Holznann, repudió el “ajuste, específicamente los problemas de la escuela pública” y adelantó que la de esta tarde será “una marcha multitudinaria”.

IMG_2188

La Marcha Federal fue convocada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y cuenta con la participación de la Corriente Federal de la CGT, movimientos sociales, pymes, cooperativas de trabajo, agrupaciones estudiantiles, clubes de barrio y empresas recuperadas.

En el marco de la Marcha Federal, el paro en la educación alcanza también al sector privado “ante la falta de respuesta y de diálogo de las autoridades gubernamentales con respecto a la convocatoria a la Paritaria Federal Docente que buscaba recomponer el piso salarial”, informó a FM De la Calle Analía López del Sadop local.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal tampoco cumplió con la reapertura paritaria para enfrentar la desvalorización salarial ante el alto índice inflacionario. López detalló que reclaman “igualdad de condiciones para el acceso a la jubilación de los docentes privados y la equiparación de los docentes extra programáticos, todas medidas que es importante tratar y que tienen que ver con la igualdad y la justicia de igual trabajo igual remuneración”.

Otra demanda está relacionado a la “igualdad en el número de alumnos a atender porque hay una resolución que establece un tope de 30 para los cursos de primaria en las escuelas públicas, con 31 se desdobla. Esa resolución no aplica a las escuelas privadas con lo que implica la carga de trabajo, hay docentes que tienen entre 38 y 40 alumnos”.

El paro se realiza en medio de fuertes presiones de la cámara de la educación privada que ayer les hizo a cada docente que la adhesión a la protesta implicaría el descuento del día. “Todos somos adultos y cada quién sabe los derechos y los deberes que le corresponden. Eso es una clara situación de apriete y amenaza”.

“En otras jurisdicciones de la provincia hubo docentes despedidos, eso implica una presión enorme a la hora de tomar la decisión de acompañar una medida de fuerza, muchas veces los compañeros nos hacen estos planteos: ideológicamente están de acuerdo pero no pueden sostener este tipo de presiones”, finalizó.

Foto: Radio Gremial.

(Por Pablo Quintana) Ese es el canto que más se escuchó en los últimos días entre los integrantes de las comunidades. Emoción, lágrimas, gritos de pura rebeldía nomás. Así se vivió ayer el momento en el Juez Federal, Guido Otranto, dictaminó el archivo del expediente por carecer independencia en la investigación y estar viciada de nulidad, cerrando así el capítulo de extradición a Chile que pesaba sobre el lonko mapuche, Facundo Jones Huala.

“¡Silencio en la sala!”, debió ordenar el magistrado cuando daba lectura del segundo punto de su dictamen en el que disponía la libertad en el proceso judicial y la gente pareció estallar en gritos. Es que la angustia e incertidumbre había ganado los rincones del salón de Gendarmería pero también los aires que se inspiraban afuera, en medio del humo.

Pero la tarde del primer día de setiembre del 2016 tenía reservada más emociones. Horas después del histórico fallo de Otranto, la justicia provincial decidía también poner punto final a la medida cautelar, morigerada, que implicaba una prisión domiciliaria. Así, alrededor de las 18.30, el líder mapuche, esperado por su gente, se retiraba de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 14 de Esquel. El júbilo fue total.

Lo que dejó la audiencia

Atrás quedaban mucho más que dos jornadas intensas por el debate judicial. Quedaba al desnudo una puesta en escena que no pudo hacer mella en el juez Otranto que falló conforme a derecho. La presión que se ejerció en torno al proceso fueron muchas y en la búsqueda de estigmatizar a Jones Huala y el resto de la comunidad mapuche, parecía un vale todo.

Quizás ese puede ser el punto de partida para entender parte de lo que se terminó por resolver en la tarde de ayer.

Porque además de haber declarado la nulidad del informe presentado el 10 de febrero del 2015 por parte de la División Policial de Investigaciones de Esquel de la Policía de Chubut, que dio origen al proceso judicial que culminó ayer, hubo otras trascendentes decisiones. Durante el proceso quedó sobre relieve que como consecuencia directa de esa acción policial el proceso era nulo de nulidad absoluta y ahora será la misma justicia la que tendrá que investigar los hechos allí exhibidos.

huala 1

Por ello, el juez ordenó la extracción del testimonio del joven de Gualjaina para que se investigue los tormentos a los que fue sometido en el momento que declaró ante los uniformados. El joven habló de golpes en la patrulla y luego en la comisaría. Más tarde el oficial principal Pablo Carrizo, que trabaja con la fiscalía que tiene asiento en El Hoyo, hablaría de una entrevista a la que sometió al joven sin la asistencia de un abogado.

El testimonio del muchacho de Gualjaina involucraba a Facundo Jones Huala en una campaña que se habría orquestado en su propia casa y lo vinculaba al incendio de un camión en la zona de Leleque. El joven, sin formación educativa, desocupado, dio una breve pero impactante declaración.

En su alegato, la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta puso énfasis al responder la requisitoria de la fiscal Silvina Avila de impulsar la denuncia por falso testimonio contra el joven que recién en la audiencia denunció los golpes recibidos. “Esta defensa está perpleja, cualquiera que conoce la dinámica de la violencia institucional del que son víctimas nuestros jóvenes, pobres, indígenas, de los barrios periféricos a lo largo y ancho de este país, somos conscientes que en general tienen un amplio temor de decir lo que tienen que decir, porque fiscales como usted no les creen. Porque prefieren creerles a funcionarios policiales que golpean, que llevan adelante entrevistas que de por sí no está prevista en la ley, que no pueden entrevistar a un imputado sin la presencia de un abogado y sin embrago lo hacen. En este sentido, nuestros jóvenes van a seguir ocultando los golpes que reciben”, vociferó la abogada defensora. Y no dudó en señalar que la violencia institucional, con la actitud asumida por la fiscal se seguía cometiendo en la audiencia. El hecho, podría decirse, tuvo su punto final en el momento en que el juez ordenó, por medio de su fallo, que se investigue ese hecho puntualmente.

Pero el magistrado fue más allá, dictaminó también la extracción de testimonio para que se investigue el delito de acción pública que habrían cometido los efectivos policiales: el oficial principal Pablo Carrizo, integrante de la Brigada de Investigaciones del Chubut, y el comisario Víctor Velozo, que supo estar a cargo de la comisaría de El Maitén.

Gómez Alcorta había clamado en su alegato que se estaba ante la posibilidad de brindar una cuota de ética “frente a tanto funcionarios policiales y judiciales que han violado la ley, han vulnerado garantías constitucionales, que se han entrometido ilegalmente en la vida de Facundo, de su familia, de su comunidad”. Y el magistrado actuó en consecuencia.

¿Y todo el circo?

Sólo restaría conocer los costos en los que incurrió el Estado para este proceso. No sólo por lo que implicó la instancia judicial sino por el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional que llegaron desde distintos puntos del país en colectivos, camión hidrante, drones y tanta exhibición mediante.

En la búsqueda de esa estigmatización del mapuche violento no había alcanzado con las versiones periodísticas que vincularon a Jones Huala con el asesinato de carabineros o su autoría en los incendios forestales de la región. Tampoco había alcanzado con la mención del famoso RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, las maquinarias quemadas y los atentados terroristas; sino que en las horas previas al inicio del juicio corrió la bola acerca de la presencia de miembros de “Quebracho”.

Así lo replicaron por redes sociales quienes alentaban teorías de este tipo y quienes replicaban sin la menor idea del grado de veracidad que tenía esa especie. Pronto la fotografía del comercio ubicado en avenida Alvear casi esquina avenida Juan Domingo Perón, con sus vitrinas cubiertas con madera, corrió como reguero de pólvora por las redes sociales.

No sólo que nunca pasó nada, sino que bastaba con ver los protagonistas en cuestión. Niños, ancianos y jóvenes jugando, cantando y bailando deberían haber sido los promotores de semejantes tormentos de miedo. El entorno estaba inundado del humo que desplegaba la fogata encendida en el medio de la plazoleta. Pero también estaba anegado por tanto “newen” que brotaba de la muchedumbre que bailaba en las afuera de Gendarmería.

Nadie quería irse de allí. En el purrun, ese baile comunitario en círculo al ritmo del latido del corazón, parecían palpitar esas almas al unísono. En el fondo, se podía ver a los policías y gendarmes armados hasta los dientes y los drones danzando por los aires.

Fotos: Leandro Antiman

El 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca según anunció este mediodía el Tribunal Oral Subrogante en la audiencia preliminar. Será el tercer tramo de la investigación de los hechos ocurridos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado.

La confirmación depende de que Casación acepte la continuidad del pampeano Marcos Aguerrido como cuarto juez y que este termine su participación en el juicio oral que se desarrolla en Neuquén. “La idea es comenzar el debate la primer quincena de octubre”, afirmó José Mario Triputti. Jorge Ferro y Martín Bava completan el tribunal.

La causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad” comprende a más de treinta imputados de distintas fuerzas acusados por los crímenes padecidos por un centenar de víctimas. El juicio mantendrá su sede en el rectorado de la UNS de Colón 80 y las audiencias se realizarán semana por medio los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9.

Durante el breve encuentro de este jueves, que contó con la participación de jueces, querellantes, fiscales y defensores, se hicieron planteos referidos a la convocatoria de testigos, la presencia de los represores en las audiencias, el uso de las videoconferencias, las detenciones domiciliarias y el supuesto “hacinamiento” en la Unidad Penal 4.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia se opusieron a la propuesta de la defensa del represor Jorge Rojas de convocar a los jefes de Operaciones y Personal del Ejército y los ex militantes Gustavo Plis-Steremberg y Eduardo Anguita. Para el representante del ex titular del Instituto Sanmartiniano bahiense los primeros eran necesarios para explicar el funcionamiento del Ejército y los segundos “la organización y los objetivos del ERP”. Para la Fiscalía son “impertinentes”.

El Ministerio Público también rechazó el pedido del abogado Mauricio Gutiérrez de volver a citar a Pablo Bohoslavsky y Julio y Rubén Ruiz por el Consejo de Guerra que padecieron. Walter Larrea y Mónica Fernández Avello adhirieron desde la querella.

El defensor oficial Gustavo Rodríguez, preocupado por los “dispendios inútiles” del Poder Judicial, pidió no iniciar el debate hasta que todos sus clientes hayan pasado el examen mental obligatorio que “por su edad y estado de salud” podría motivar la suspensión de los procesos en su contra.

Además, exigió que quienes no están detenidos en Bahía Blanca sigan el debate por videoconferencia y sean trasladados a la sede judicial en ambulancia en vez de utilizar el celular del Servicio Penitenciario.

Las videoconferencias fueron cuestionadas por la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por las reiteradas fallas y demoras que presentaron en juicios anteriores. Fernández Avello planteó que los represores participen de las audiencias y que en la medida de lo posible también se concurran personalmente los y las testigos.

Ante las quejas de la defensa por las condiciones de detención y el hacinamiento de acusados y condenados en la Unidad 4 de Villa Floresta el fiscal Palazzani sugirió al tribunal una inspección con la intervención de todas las partes.

(Por Mauro Llaneza) En el marco de los 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema, la Asociación de Pensamiento Penal (APP) difundió un documento planteando la necesidad de cambiar la “guerra contra el narcotráfico” propiciada por el gobierno por una política que respete los derechos humanos. El texto ya cuenta con el aval de 263 integrantes del Poder Judicial, solo cinco de Bahía Blanca.

El ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, había sido enjuiciado a principios de los ’80 por tener tres porros aunque el máximo tribunal “por primera vez en la historia de nuestra jurisprudencia estableció que los usuarios de drogas no deben ser criminalizados y que se debe respetar su libertad, su autodeterminación, su privacidad”.

Lo destacó Mariano Fusero en diálogo con FM De la Calle y recordó que desde 1989 está vigente la Ley 23.737 que, a contramano de aquel antecedente, penaliza a los usuarios y las usuarias por la tenencia y el consumo de sustancias prohibidas. En 2009, otra composición de la Corte insistió con su inconstitucionalidad mediante el fallo “Arriola” y, a pesar de la presentación de una veintena de proyectos en el Congreso, el debate parlamentario del tema sigue siendo una deuda de la democracia.

La propuesta de la APP incorpora políticas de “reducción de daños, uso medicinal de cannabis, tratamientos no compulsivos, alternativas a encarcelamiento por delitos menores que llevan un gran trabajo y dispendio de recursos de la justicia y una sobrepoblación carcelaria totalmente innecesaria e inhumanitaria como es el tema de las mal llamadas mulas como eslabón débil y prescindible de la cadena de tráfico”.

Aproximadamente el 70% de las causas que tramita la justicia federal persiguen “perejiles” y sólo el 3% apuntan al crimen organizado. “Además tienen dentro de sus tareas la investigación de delitos muy complejos como el secuestro extorsivo, la trata de personas, delitos de corrupción, amenazas de bomba, de determinada magnitud y gravedad a donde deberían ser enfocados sus recursos”, dijo Fusero. Por los propios criterios de la Corte las causas contra usuarios terminan en absoluciones aunque “la persona pasó por todo un proceso de criminalización y estigmatización que es absolutamente innecesario”.

“Me llama mucho la atención cómo se utiliza la retórica, el discurso de la guerra contra las drogas como una forma de buscar un enemigo, un consenso como chivo expiatorio para acusar de todos los males sociales, eso en definitiva sirve para buscar una fortaleza política cuando se demuestra cierta debilidad a nivel local y mundial en la investigación clara de las altas mafias, del narcotráfico”, aseguró el abogado.

13151823_10207168553306290_9109195635066778152_n

Agregó que “narcotráfico cero ni siquiera es una utopía, no existe en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos con los miles y miles de millones que invierte a nivel local o de intervención en otros países para luchar en la guerra contra las drogas. Tiene la frontera más radarizada del mundo, tiene un muro con México como país productor y de rutas principales respecto a Estados Unidos y lleva el 50% del consumo de todas las sustancias que se producen en el mundo. Si esos países fracasaron en el intento de combatir la guerra contra las drogas de una manera bélica, claramente qué nos queda para nosotros. Las estrategias deberían ser otras”.

Por ejemplo las uruguayas. Atento a que el 80% del consumo correspondía a la marihuana el ex presidente Pepe Mujica quitó el monopolio de la producción y la cadena de valor al mercado ilegal de la misma manera que ocurre con otras drogas “mucho más dañinas como el alcohol y el tabaco que no están prohibidas sino reguladas”.

“Si se prohíbe, por ejemplo el alcohol, tenemos la experiencia de la Ley Seca de Estados Unidos. Grandes mafias, población que se envenena con malos alcoholes, que se quedan ciegos por el consumo de alcohol metílico en vez de etílico, los mismos efectos de 1920 con la prohibición totalizante de algunas sustancias actualmente y la creación de narcotráfico, de personas que como pasó en la fiesta electrónica se mueren supuestamente por el corte de alguna pastilla sin saber muy bien qué es lo que estaban consumiendo”, explicó Fusero.

En cuanto a la incidencia del consumo de drogas en el delito opinó que “es el principal prejuicio y preconcepto que fue arraigado en una cultura que data de 70 años atrás. (…) Estadísticamente el alcohol es la droga más criminógena que existe a nivel mundial, en sentido de la potencialidad que tiene de crear algún efecto en cada uno de los individuos que conlleve eventualmente a la comisión de actos lesivos para con terceros. Eso está comprobado científicamente. Consumir cannabis y salir a robar, con los efectos sedativos que tiene, es una incongruencia”.

Fusero cuestionó “el tratamiento que se da a las mujeres en prisión, cuando son personas pobres que cometieron delitos de subsistencia, poniendo en riesgo su salud, siendo extorsionadas y amenazadas por las grandes redes criminales, y terminan con penas de prisión de ocho o diez años y se rompe el vínculo familiar con sus niños. 9 de cada 10 mujeres extranjeras prisionalizadas en las cárceles federales están por delitos de drogas”.

Asimismo, el letrado destacó sobre el uso medicinal del cannabis que “es inhumano a una persona o un niño que tiene 500 crisis epilépticas por día y bajó a una o a ninguna o a muy pocas, negarle la posibilidad de acceso a una sustancia que le está beneficiando claramente su salud, deja de ser una cuestión jurídica, es una cuestión de humanidad”.

Desde Bahía Blanca adhieren a la declaración, en el fuero federal, el fiscal ad hoc José Nebbia -Miguel Ángel Palazzani lo hace como titular de Procuvin), y en el provincial: la jueza de Garantías Susana Calcinelli, el juez Correccional José Luis Ares, la defensora general Graciela Cortázar y el defensor oficial Criminal y Correccional Carlos Carnevale.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo el miércoles pasado en Córdoba al ex oficial del Ejército José Antonio Maidana, quien fue jefe de una de las compañías del Batallón de Comunicaciones 181 y tuvo a su cargo el denominado grupo “antiguerrilla”, que intervino en crímenes del terrorismo de Estado en la región.

El ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez (foto), quien terminó apartado el año pasado por la parálisis de estos procesos, ignoró todos los pedidos de la Fiscalía, que había aportado en 2013 los datos que permitieron detenerlo ahora.

Maidana se encontraba prófugo desde noviembre 2013 y fue capturado en su domicilio de la la ciudad cordobesa de Viamonte, en la misma dirección que aportaron los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia cuando requirieron su detención hace tres años.

El ex militar llegó en septiembre de 1976 a Bahía Blanca procedente de Tucumán, donde había participado en el Operativo Independencia. En el nuevo destino estuvo a cargo de la compañía de Infantería “Combate Mayor Keller”, donde participó, en el marco de una asociación ilícita, en los secuestros y torturas sufridas por más de 60 víctimas del sur bonaerense.

El Batallón de Comunicaciones 181, indicó la Fiscalía, constituye la segunda unidad militar más grande la jurisdicción y, en el marco del esquema de zonificación empleada para el programa de terrorismo de Estado, fue el instrumento operacional a cargo del Area militar 511, que abarcaba la zona de Bahía Blanca y localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires.

En sus dependencias, funcionaron distintos centros clandestinos por los que transitaron centenares de víctimas. Durante el período de actuación de Maidana como jefe de la sección de Infatería, permanecieron allí cautivas los más de veinte pobladores del partido de Villarino, secuestrados en el mes de septiembre de 1976 en operativos masivos realizados en aquella zona, en los que participó el denominado grupo “antiguerrilla”.

Para la época en que Maidana se desempeñó en esa unidad, el Batallón de Comunicaciones 181 también intervino en un amplio operativo ejecutado en la localidad de Tres Arroyos, en el que se detuvieron a más de setenta personas, parte de las cuales fueron mantenidas cautivas en sus instalaciones.

El que no busca, no encuentra

La detención de Maidana fue ordenada en noviembre de 2013, pero su búsqueda no fue profundizada pese a que la Fiscalía insistió con diferentes medidas de búsqueda y presentó varios pedidos de pronto despacho para que se llevaran a cabo.

En julio de 2014 los fiscales reclamaron que no hubiera más dilaciones en la constatación de la presencia de los prófugos en los domicilios que los mismos representantes del MPF habían aportado al momento de solicitar la detención.

Ese pedido no fue tratado por el entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y motivó la presentación de un pedido de pronto despacho en agosto de aquél año por parte de la Fiscalía.

Un mes después, los fiscales interpusieron un nuevo pedido de pronto despacho y exigieron a Martínez que reiterara “la orden emitida a las Fuerzas de Seguridad, a efectos de constatar -con carácter urgente- la presencia de los imputados en los domicilios indicados en la presentación” de la Fiscalía. En octubre volvieron a insistir con un escrito similar.

Y en febrero de 2015, una vez más, reclamaron que se certificara “con precisión” si Maidana residía en la casa en la que finalmente fue encontrado de la localidad de Viamonte, provincia de Córdoba. Dos meses después, los fiscales pidieron un informe sobre el estado de la búsqueda y constataron que Martínez no había provisto la solicitud de febrero. Así, interpusieron dos nuevos pedidos de pronto despacho.

Las omisiones y dilaciones de Martínez formaron parte de las circunstancias que los fiscales llevadaron a conocimiento del Consejo de la Magistratura, en torno al estado de parálisis que atravesaban las investigaciones judiciales de delitos de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca a mediados de 2015. Esa denuncia derivó en el apartamiento de Martínez de la subrogancia del Juzgado Federal Nº1 de esa ciudad.

La insistencia de los fiscales, mediante una nueva presentación realizada a principios de este año, determinó que el actual juez subrogante Héctor Pedro Plou reactivara las tareas de búsqueda que condujeron a la definitiva captura del imputado.

Fuente: fiscales.gob.ar

Se consumó el golpe de Estado en Brasil. La mandataria constitucional de ese país, Dilma Rousseff, fue señalada de culpable de corrupción por el Senado y de este modo es apartada de forma definitiva de sus funciones como líder Ejecutiva. Con 61 senadores a favor, y 20 en contra, en un quorum de 81 senadores, la destitución de Rousseff se concreta de forma permanente.

La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.

En una primera votación, el pleno del Senado decidió destituir a Rousseff y posteriormente, en el sufragio sobre su actuación política, 42 senadores se manifestaron en favor de la inhabilitación, 36 en contra y tres se abstuvieron.

En este contexto, Dilma Rousseff no fue inhabilitada políticamente, debido a que no se obtuvieron los dos tercios (54 votos) necesarios de apoyo para la aprobación de mla medida.

Entre tanto, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del gigante suramericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea por la implementación (en el poco tiempo que lleva en el poder) de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y privatizaciones de servicios y beneficios para el ciudadano común.

Movimientos sociales y políticos, activistas y sectores de la sociedad civil acusan al líder del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de golpista. Pero Temer también es señalado de retrógrado, esto por echar marcha atrás en las reivindicaciones sociales alcanzadas por los más desfavorecidos, políticas que habían refrendado los líderes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

¿Qué pasó?

dilma-interview1-article-header

Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015.

El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y tras recorrer un largo camino por la cámara baja y la cámara alta del Congreso, de recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado; Rousseff fue hallada culpable y destituida definitivamente por más de 54 votos (dos tercios del Senado).

Para nadie en Brasil era un secreto que el impeachment contra Rousseff se trataba de un “golpe blando”, tal como lo calificó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: “Los golpes blandos ya se pusieron en práctica en el continente en países como Honduras (con Manuel Zelaya) y Paraguay (con Fernando Lugo). Ahora, la misma metodología, que no necesita a las Fuerzas Armadas, se está utilizando aquí en Brasil”, manifestó.

El abogado de defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, calificó el proceso judicial como “una gran farsa” y un golpe contra la democracia. Durante el proceso, incluso se filtraron grabaciones secretas en las que se desprendía la premisa de que el impeachment solo fue un intento de frenar las investigaciones del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que golpeó tanto al partido de Rousseff como al de Temer.

Por el caso Lava Jato, como se le conoce a las investigaciones anticorrupción en Petrobras, algunos de los acusados por el partido PMBD fueron Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial después de Temer; el senador Romero Jucá, exministro de Planificación de Temer; el expresidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años; así como Eduardo Cunha, el suspendido jefe de los Diputados.

“Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría”, afirmaba en las grabaciones el exministro de Planificación, Romero Jucá, que debió renunciar tras revelarse el audio. El entonces ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también cayó tras otra filtración en la que se evidenciaba que criticaba la investigación de la corrupción en Petrobras.

Aunque la defensa de Rousseff solicitó a la comisión del Senado incluir tales grabaciones entre las pruebas a ser analizadas para demostrar que el impeachmet carecía de fundamento; el senador Antonio Anastasia (encargado de elaborar el informe final y favorable al impeachment) rechazó el pedido y consideró los hechos “ajenos al objeto del proceso”.

¿Quiénes apoyan a Temer?

bra

Luego del 12 de mayo, cuando Rousseff fue separada del cargo, las movilizaciones en contra del Gobierno interino de Michel Temer empezaron a reproducirse en todo el territorio nacional, e incluso fuera de las fronteras brasileñas, y cada vez se hace mayor el rechazo, lo que demuestra el poco apoyo popular con el que cuenta Temer. Los Juegos Olímpicos de Río de Janerio 2016, incluso sirvieron de escenario para alcanzar una mayor visibilidad internacional a las protestas llevadas a cabo en contra del presidente interino.

Para el mes de junio, de acuerdo con el sondeo de MDA / CNT el Ejecutivo de Temer solo contaba con una valoración positiva del 11,3 por ciento, mientras que el 30,2 por ciento considera regular su gestión. La encuesta también indicó que el 50,3 por ciento de los consultados aboga por la celebración de las elecciones anticipadas este mismo año, frente al 46,1 por ciento que cree que los comicios deben realizarse en 2018 como estaba previsto.

A este respecto, Rousseff propuso y prometio públicamente que si retomaba sus funciones celebraría un plebiscito para consultarle al pueblo si realmente deseaba adelantar las elecciones presidenciales: “La restauración plena de la democracia requiere que la población decida cual es el camino para ampliar la gobernabilidad y mejoarr el sistema político electoral brasileño”, opinó Rousseff.

En cuanto a Temer, pese al voto de confianza que los mercados depositaron en el Gobierno del ex vicepresidente, éste no consigue salir de la crisis producto de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto su partido. A esto se le suma el hecho de que Temer lucha por estabilizarse en medio de fuertes cuestionamientos por su legitimidad y de una severa recesión económica.

Fuente: Telesur.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural e Hidrógeno de la Patagonia Sur realizará un paro por 48 horas, el cual afectará a todo el plantel de la empresa Camuzzi. “Veníamos teniendo negociaciones de carácter trimestral para ver cómo se planteaba la situación macroeconómica pero de buenas a primeras la empresa simplemente nos dice que ya no tienen medios ni recursos para afrontar los salarios”, dijo a FM De la Calle Eduardo Paiolo.

El dirigente comentó que la decisión fue tomada a instancias de un plenario de gremios que representan a las y los trabajadores de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur que abarca desde Capital Federal hasta Tierra del Fuego.

Será un “paro total de actividades con entrega de guardias que no se van a retomar hasta que el conflicto no se solucione”, afirmó Paiolo y aclaró que “el gas va a seguir fluyendo y van a seguir contando con el servicio”.

“Las guardias se van a entregar a personal jerarquizado que se supone que tiene conocimientos para atender eventuales emergencias, si la contingencia supera sus conocimientos estaremos ahí los trabajadores para colaborar”.

“El desaguisado tarifario lo ponen como bandera, como caballito de batalla y, por un lado, entre el gobierno y las empresas y la intervención de la Corte por otro, que afortunadamente intervino, aparecemos nosotros los trabajadores aunque también el público consumidor como el fiambre del sándwich”, concluyó.

En el decimotercer programa de ¿Quién te Juna? hablamos de inclusión. Para ello, convocamos a Alberto Bostal, miembro de la fundación INTEGRAR, creada hace 25 años. Su hijo más chico nació con Síndrome de Down: “Vimos que podíamos darle una oportunidad para que pueda tener un buen desarrollo en su vida”.

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el momento de la concepción y se lleva durante toda la vida. No es una enfermedad ni padecimiento. Sus causas son desconocidas. Cualquier pareja puede tener un hijo con síndrome de Down. Uno de cada mil niños nace con este síndrome.

“Cuando recién iniciamos INTEGRAR observamos que en España los chicos estaban alfabetizados en un 70 por ciento y en Argentina un 4. Nos dimos cuenta que nosotros no les habíamos dado las herramientas a los chicos para que puedan crecer, los profesionales también comentaban que no les enseñáramos porque no iban a aprender. Pero vimos que a medida que iba pasando el tiempo, con el apoyo de profesionales e instituciones, ellos crecían y crecen continuamente. Hoy pasado 25 años vemos que siguen creciendo y desarrollándose como cualquiera de nosotros”, comentó Alberto.

Uno de los aportes de la fundación es la empresa INCLUSER. El proyecto se lleva a cabo desde principios del 2013, durante este período se ha logrado capacitar a más de 80 personas con discapacidad intelectual en distintas disciplinas, entre las cuales se encuentra el curso de “Mozo de eventos y auxiliar gastronómico”.

Actualmente se continúa con su dictado, mejorando día a día la capacitación y los conocimientos de los mozos que asisten, con la intención de poder proveer un servicio de alto nivel.

Si hablamos de inclusión no podemos dejar de mencionar la Ordenanza de Atención Prioritaria que según Lucia Pendino, titular de la Dirección de Inclusión y Accesibilidad, “está en vías de reglamentación por cuestiones administrativas” pero prevén realizar una campaña de concientización en los próximos meses, atendiendo a uno de los puntos que manifiesta esta reglamentación.

También le consultamos por el estado del transporte público ya que muchos colectivos no disponen de rampas o las que tienen no funcionan y dijo que es un tema que “está en agenda, esta como una prioridad. Es de interés de todo el municipio. Hoy la 502 cuenta con piso bajo y hay promesas de las demás líneas en adecuarse. También hay un transporte complementario”.

Además la fundación INTEGRAR dicta cursos y capacitaciones para docentes “para que cuando le toca a una maestra un chico con síndrome de Down sepa cómo abordarlo. Se adaptará un poco la curricula pero de alguna u otra manera siempre van logrado cosas y están acompañados por los demás chicos que van a ser sus pares en la vida diaria, en el trabajo”, agregó Bostal.

“Les cuesta más… pero aprenden y además tienen un aura especial, porque yo digo que tienen una simpleza y un carisma, la pureza en el alma”.

¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 20 por FM De la Calle 87.9Mhz.

¿Quién dijo que el gobierno no se preocupa por las consecuencias de su modelo neoliberal? Al menos en el caso de la provincia de Buenos Aires las autoridades ya tomaron medidas para afrontar la conflictividad social que genere el rápido aumento del desempleo y la pobreza. Claro que las respuestas no vienen de las oficinas de políticas sociales sino del Ministerio de Seguridad.

La Dirección de Infantería fue autorizada a brindar una serie de cursos antidisturbios destinados al personal policial que se encuentre en condiciones operativas con la posibilidad de extender la invitación a “a personal de otras dependencias y/o especialidades policiales de este Ministerio; como así también, a personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad de otras provincias”.

Se pretende capacitar al personal en las siguientes disciplinas: “Operador de Armas Policiales Antidisturbios”, “Jefe de Grupos Antidisturbios de Infantería”, “Asistente Pre-Hospitalario en Situaciones Operativas Antidisturbios”, “Acompañante Motorista Antidisturbios de Infantería”, “Conductor Motorista Antidisturbios de Infantería” y “Operadores de Agentes Químicos Policiales”.

“Este Ministerio de Seguridad impulsa una política de capacitación profesional, mediante la instrumentación de programas y acciones de fortalecimiento destinada a mejorar la formación profesional de los cuadros policiales; esa iniciativa propone consolidar una igualdad de oportunidades de acceso a los circuitos formativos para todo el personal que integra las filas de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, argumentan las resoluciones.

Agregaron que “el presente ofrecimiento formativo les suministraría a sus cursantes herramientas indispensables para atender los marcos legales y procedimentales reglados y demandados para el desempeño de su labor”.

Contexto

maxresdefault (1)

En un reciente análisis sobre el conflicto social, el titular de la Fisyp, Julio Gambina, advirtió que “el tema de las tarifas de servicios públicos es el conflicto más visible, con cacerolazos y protestas” y también “el impacto social del ajuste, la recesión y la inflación” en el aumento de la pobreza. La respuesta se vio semanas atrás en la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo por Paz, Pan, Trabajo, Techo y Tierra.

“La pobreza es un tema estructural en el país, que en cada ciclo de ajuste consolida nuevos pisos de extensión de la miseria. La pobreza incluye a la población empleada con bajos y precarios salarios, con mayorías de trabajadoras y trabajadores con ingresos por debajo de la canasta necesaria para satisfacer propias necesidades y de sus familias. Un dato elocuente es el 35% de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, una tenencia universal que también se afirma en la Argentina”, dijo Gambina.

El economista destacó que la conflictividad labobral crece tanto en el sector estatal como en el privado, un reflejo será la Marcha Federal que protagonizarán esta semana la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos y el permanente amague de paro nacional de la CGT. Como antecedentes pueden mencionarse la movilización del paro del 29 de abril -“que puso en evidencia la potencialidad de la protesta sindical”- o el rechazo al veto presidencial motorizado por las CTA el 2 de junio.

Mañana la justicia federal de Esquel decidirá si extradita o no al lonko weichafe mapuche Facundo Jones Huala reclamado por Chile para ser juzgado por los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal, e ingreso clandestino al territorio chileno.

“Hay que profundizar el debate político y en la comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino y el Estado chileno quieren seguir reconociendo que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado”, dijo Huala a FM De la Calle desde su celda patagónica.

Este martes se realiza un acampe en cercanías de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario de Esquel para apoyar al líder indígena. Por estas horas, el gimnasio municipal desborda de efectivos de la agrupación XIV Chubut de Gendarmería Nacional con asiento en Rawson comandados por el ex jefe de Asuntos Internos de la Región V Bahía Blanca, Dardo Miguel Caballero.

En vísperas de la audiencia que comenzará el miércoles a las 10, el lonko aseguró que “la confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antiligárquico”.

-¿Quién sos y por qué estás preso?

Yo soy un prisionero político perteneciente a la Nación Mapuche, me toca ser lonko de una serie de comunidades o de un grupo de peñi y lamgen de aquí de la zona de Cushamen. Se llama Cusha mapu el territorio donde le estamos disputando tierras a la multinacional Benetton y donde estamos haciendo ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales parte del movimiento mapuche de Puel Mapu. Y también me encuentro detenido en este momento por un pedido de extradición por el Estado chileno por haber sido partícipe de la defensa de un espacio sagrado que es Ngen Mapu Kintuante frente a la instalación de empresas hidroeléctricas que inundarían estos espacios sagrados. Yo estuve cerca de un año preso con la machi Millaray Huichulaf que es autoridad espiritual y vocera de esas comunidades en resistencia en la zona del Pilmaiquen, cerca de Osorno.

-¿Tu situación es la extradición y también la intención de la justicia de aplicarte la Ley Antiterrorista si bien hasta ahora no lo ha logrado?

Sí, en realidad la Ley Antiterrorista la quisieron aplicar en un principio hace más de un año aquí en el conflicto de tierras de Leleque y no se pudo aplicar porque la misma justicia federal dijo que acá nomás hay un conflicto social radicalizado. Entonces se tuvo que aplicar la legislación común. En el fondo se reconoce el conflicto político pero lo que sucede es que jurídicamente las herramientas técnicas no permiten reconocer ese conflicto político, que fue lo último que han manifestado las autoridades judiciales de la provincia.

Y en términos de la justicia federal en Chile si bien en un momento hace varios años se aplicó con bastante fuerza la Ley Antiterrorista contra las comunidades, contra los peñi presos y todo, en el último tiempo el Estado chileno no la aplicó porque eso tuvo mucha repercusión a nivel internacional y de alguna manera terminaba reconociendo el carácter político del conflicto mapuche. Entonces han aplicado parte de la legislación común en las sentencias, en toda la dinámica del juicio, pero con elementos que provienen de la Ley Antiterrorista, testigos protegidos, informes de inteligencia de lo que es en Chile la ANI la Agencia Nacional de Inteligencia como aquí es la AFI. Y en una parte el Estado argentino también ha copiado esa solución.

Recordemos que por este conflicto aquí saltó a la luz un escándalo con respecto al espionaje ilegal no solo de las comunidades mapuches sino también de vecinos y ambientalistas del No a la Mina, periodistas, maestros, ha habido mucho escándalo.

En Chile ese espionaje ilegal nunca ha sido investigado pero sí utilizado, incluso en el caso nuestro en lo que se denomina el Caso Pisu Pisué que fue el incendio de un fundo, de una estancia, a 50 kilómetros de donde estaba la machi. Pero en realidad fuimos detenidos, más que nada el objetivo político era la detención de la machi Millaray como vocera de esas comunidades y ahí en un momento se planteó la aplicación de la Ley Antiterrorista pero ya perdió fuerza. El tema es que el Estado quiere tratarlo como delitos comunes.

maxresdefault

-¿Políticamente han tenido en alguna instancia diálogo con los Estados argentino o chileno?

Hubo una situación interesante, un hecho político a destacar, el viernes. Se logró dialogar con representantes del Estado, con gente de La Trochita, por una causa que se desprende de la causa más grande que es la recuperación de tierras en la zona de Leleque, por una causa de obstrucción de las vías de La Trochita, recordemos que es monumento histórico nacional. El juzgado federal, el mismo que tiene que resolver mi extradición el 31, planteó una mesa de diálogo como forma de resolución alternativa de conflictos. Si bien es una cuestión menor es un hecho histórico que hayan entes jurídicos y políticos que se sienten a debatir en la cárcel con un prisionero y con gente de las comunidades que actúa dentro de la cárcel.

Me parece que lo último más parecido a eso fue un caso con militantes del ERP, específicamente con Santucho, pero el ERP tenía a un empresario secuestrado y gente del frigorífico creo que se acercó a conversar con Santucho en la cárcel y después fue trasladado. Aquí la situación se da en términos mucho más políticos porque nosotros no tenemos a nadie secuestrado y también es un conflicto mucho más profundo porque es político y cultural.

Aquí están conversando con lonko, con werken, con autoridades político filosóficas culturales del pueblo nación mapuche y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. El hecho en sí, la causa en sí, el despliegue que se generó, el interés de tantos organismos de derechos humanos como del gobierno, organismos políticos, nos ha dado la razón en el sentido del reconocimiento político de este conflicto ancestral.

-Vos decís: pase lo que pase con la extradición seguiré siendo uno más en la confrontación dialéctica mapuche-capitalismo, ¿cómo es esa idea?

Porque nosotros aquí, el pueblo mapuche es víctima de un sistema global, que se instaura a través de los estados coloniales en la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía a finales del Siglo XIX, se da una situación de ocupación militar y política y a partir de ahí somos producto de esa colonización brutal, salvaje, ese genocidio, esa persecución histórica.

_MG_5126

En un primer momento fuimos acampesinados, por decirlo de alguna manera, porque nuestra forma de vida no tiene esa concepción de campesino ni de obrero, de proletario. Y luego de eso fuimos proletarizados gran parte de nuestra población y obligados a vivir bajo los parámetros del mundo occidental que en este momento la máxima expresión del modelo capitalista es el modelo neoliberal.

En esa confrontación entendemos que el Estado no es más que un gerente más del capitalismo global, es una herramienta del sistema capitalista, no es el verdadero enemigo, más allá de que es el que administra las fuerzas policiales, el que genera institucionalidad, el verdadero enemigo es el sistema capitalista que es un sistema político y económico.

En esa confrontación del pueblo mapuche frente a empresas trasnacionales, frente a la oligarquía criolla, frente a todas estas distintas caras que tiene este sistema, nosotros somos en este sector los más pobres entre los pobres, somos el sector más oprimido de la sociedad en lo que hoy es Patagonia o el territorio ancestral mapuche y obviamente que somos la mano de obra de todas estas oligarquías y empresas trasnacionales que pretenden usurpar nuestro territorio.

Esa confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Aquí planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antioligárquico.

-¿Cómo han sido hasta aquí las condiciones de tu detención?

La verdad es que a pesar de todo, de que es muy duro estar encarcelado y que la represión del Estado argentino también ha sido brutal, las condiciones carcelarias argentinas son mucho menos indignas que las chilenas. A pesar de todo uno igual sigue manteniendo la moral alta porque el nivel de movilización de la gente no ha decaído, al contrario, se ha fortalecido.

No solamente el proceso de recuperación de tierras en la zona de Leleque, de Cushamen y de Vuelta del Río sino que también se ha fortalecido esa lucha en otros sectores del territorio mapuche donde los movimientos mapuches autónomos tienen presencia de diferentes maneras, tanto en el fortalecimiento de los procesos de recuperación que ya se mantenían sino también en acciones de sabotaje al sistema capitalista. Yo estaba aquí detenido y me enteré por las noticias pero un grupo de resistencia mapuche atacó maquinaria del magnate inglés Joe Lewis en la comarca andina y cabañas pertenecientes al sindicato petrolero donde incluso había una situación de trata de personas.

 _MG_5207-¿Qué sabes de tu comunidad después de tu detención, de la violencia que se ejerció sobre mujeres, niños y niñas?

Ellos también se encuentran fortalecidos a pesar del maltrato del Estado opresor y de las empresas. Fortalecidos política, filosóficamente, eso es lo que a uno de la da la moral para seguir aquí firme, con las convicciones, digno.

Por eso le digo que todo depende mucho de esa movilización política y social, de la profundización y la conciencia política e histórica de nosotros como pertenecientes a la Nación Mapuche, de la identificación del enemigo real, del cese ya paulatino, cada vez más grande de la violencia interna que nos ha heredado este sistema perverso, del despojo de vicios, por lo menos en una parte del sector del movimiento mapuche más combativo, más consciente y organizado.

En ese sentido la resistencia de Vuelta del Río, de recuperación de tierras, se encuentra más fortalecido que nunca, totalmente convencido y va a seguir plantándose como se ha plantado hasta el momento. Las últimas represiones los weichafe resistieron nuevamente con piedras a la brutalidad policial con balas de plomo y de balas de goma, pero sobre todo destacar que se enfrentaron a balas de plomo. Y los weichafe y los kona que se encontraban allí presentes pudieron echar a la policía con hondas y gomeras y eso es algo de destacar, la diferencia del poder de fuego y la dignidad de nuestros peñi, se pudo resistir la brutalidad de la represión.

-¿Para la audiencia de extradición qué expectativas hay?

En realidad lo que dice la ley de extradición es que los delitos políticos no son extraditables. Solo los delitos políticos y lo que pueda generar una suerte de conflicto social, por llamarlo de alguna manera, no es extraditable.

El tema es que el Estado chileno no quiere reconocer el conflicto político, tiene más de 40 prisioneros políticos mapuches, gente mayor de edad encarcelados, autoridades tradicionales, que una viejita, una machi, encarcelada dos veces y juzgada por la misma causa, rompiendo todos los estándares de derechos humanos internacionales, la misma legislación chilena, los fiscales reconocieron que tienen presos políticos mapuches sin prueba, pero siguen tratando todo como delitos comunes.

Aquí todo depende del grado de movilización de la gente, de la connivencia o no de la fiscalía federal a nivel local y por lo mismo le decía de la organización y de la conciencia que pueda adquirir no solo el pueblo mapuche sino el resto de la sociedad, de comprender el conflicto político histórico que atraviesa dos Estados que son hijos de la corona española, tenemos que recordar que los Estados criollos nacen a partir de una pelea entre los mismos hijos o nietos de los españoles, que plantean ese proceso que fue la Revolución de Mayo, todas esas situaciones, pero que recién en territorio mapuche pueden ingresar en 1881 y 1879 que fue la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, los antecesores del Plan Cóndor en los 70.

gendarmeria

Tenemos que hacer mucho hincapié en eso, estamos atravesados por dos Estados coloniales hace 130 años, ni siquiera vivimos el bicentenario porque es muy nueva toda esta situación jurisdiccional, tanto jurídica e incluso colonial para nosotros. Si bien vivimos muchos años de agachar la cabeza creo que el grado de concientización y de politización propia mapuche ha alcanzado niveles que nadie se esperaba, venimos a interpelar a la sociedad en general en términos constructivos y a los Estados en términos de reparación y al sistema capitalista en términos -ojalá- de expulsión de sus intereses de nuestro territorio. Y me parece que eso es lo que hay que comprender.

Hay que profundizar el debate político y en esa comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino quiere seguir reconociendo, y el Estado chileno, que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado.

Fotos: Radio La Negra, Diario La Jornada, Pablo Quintana.

Como lanzamiento de la Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle se llevó a cabo el sábado un taller intensivo sobre herramientas básicas para producir relatos audiovisuales. El encuentro fue coordinado por Federico Randazzo, director, productor y guionista.

DSCN9363

Estudiantes de periodismo, profesionales de los medios y ciudadanxs con ganas de producir escucharon a Federico proponer como idea central: construir la voz propia dentro del marco de hiperinformación en el cual vivimos, donde para hacerlo, es necesario contemplar una de las herramientas más cercanas que tenemos al alcance del bolsillo, nuestro teléfono celular. No es casualidad, ya que la Argentina figura en el puesto 20 en cantidad de equipos, con 50 millones de smartphones, más que la cantidad de habitantes.

IMG_2110

“La industria audiovisual explotó en los últimos tiempos, nadie tiene bien en claro qué va a suceder con todo esto, pero en el medio nos cruzamos con situaciones que no la podes creer: en la ultimas olimpiadas vi salir a un tipo en un móvil de un canal internacional con un teléfono celular, esto nos dice que parte de la misma tecnología que está usando hoy la CNN, Telesur o cualquier canal masivo, la tenemos nosotrxs también. Y eso es magnifico, pero significa que tenemos que salir a dar batalla”.

DSCN9367

Federico Randazzo además planteó como segunda idea que en esta etapa debemos transformarnos en “prosumidorxs”, es decir, ser propios productores/as de lo que consumimos en esta industria.

IMG_2100

A lo largo del taller se sintetizaron algunas recomendaciones a la hora de pensar una producción: tener ideas claras, saber a quién están dirigidas, encontrar una referencia dentro del propio campo que nos ayude a visualizar la forma y, por último, cómo organizar todo en cronogramas de trabajo, guiones y equipo de producción. “Hay que producir con la medida de nuestras posibilidades, para que esa voz propia irrumpa en escena (…) porque hacer algo televisivo, es hacer algo disruptivo que rompa con lo que estamos acostumbradxs”.

DSCN9384

Ser un medio alternativo, comunitario y popular es también seguir generando instancias de formación y debate, es profesionalizar lo que hacemos. Por eso próximamente se realizarán más encuentros sobre comunicación y el campo digital con acceso real a la información, comunicación y educación con perspectiva de género y comunicación y práctica integral en radio.

La secretaría de Gestión Ambiental del municipio de Bahía Blanca informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró acta de infracción a la empresa PBB Polisur S.RL. por la emisión de humos negros. A las 13:06 horas se constató desde las cámaras del CTE la emisión de humo negro desde la antorcha elevada de la planta de EPE de PBB-Polisur.

A fin de calificar su opacidad, inspectores se dirigieron hacia el lugar para observar la emisión, calificándola con una opacidad de 100 % equivalente a grado 5 de la escala de Ringelmann. El evento tuvo una duración total de 5 minutos, tiempo que excede lo establecido en la legislación vigente.

Por lo tanto se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art. 2 de la Ley 5965, y Art. 10 del decreto reglamentario 3395/96 conforme al Anexo V.

Según las autoridades, el acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). Por el mismo se recibió una denuncia vecinal a través de la central de emergencias (911).

La empresa informó que el evento se produjo debido a la parada de la planta por problemas de especificación en la corriente de ingreso, debiendo derivar la misma a la antorcha.

(Por El grito cultural*) Red de Voluntarios por una infancia mejor es una asociación civil que surge después de la crisis del 2001. La idea fue impulsada por un par de jóvenes que a través de sus escuelas y grupos barriales decidieron ayudar a chicos y chicas de sectores periféricos.

Más de 250 personas trabajan por semana en barrios como Loma Paraguaya, Thompson y Villa Rosas, con el objetivo de generar espacios de contención, de asistencia y sobre todo de mucho amor para que niños, niñas y adolescentes puedan crecer y explotar sus potencialidades.

Los y las protagonistas tienen acceso a programas de desarrollo infantil, apoyo escolar, recreación, deportes y artes, además de poder festejar sus cumpleaños y compartir una merienda entre amigxs.

El director de la ONG en Bahía Blanca, Matías Corvatta, comentó que colaboran con aproximadamente 1.500 chicos y chicas y que se asocian con instituciones, como comedores, merenderos y hospitales públicos para trabajar juntos en pos de propuestas socioeducativas y culturales.

Al consultarle sobre el mantenimiento de los programas, respondió: “El principal recurso son los voluntarios. Hacemos campañas para captar socios que aportan una cuota bimensual o bimestral de $40 mínimo”.

“Somos una organización que hace de medio entre las ganas de ayudar y donde se necesita” finalizó Matías.

Aquellos y aquellas que quieran aportar su granito de arena para que niños, niñas y adolescentes reciban la asistencia y el cariño que merecen, pueden hacerlo informándose en la fan page de Facebook.

*El grito cultural se emite los jueves de 20 a 21 por FM De la Calle 87.9Mhz.