La Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicxs del Sur emitieron un comunicado conjunto en el que expresan que “el veto de la reforma de la Ordenanza 12.711 representa un innecesario golpe a la voluntad de la comunidad artística organizada”.

Las reformas vetadas implican “el simple reconocimiento por parte del Concejo Deliberante local de las formas de funcionamiento en que el Consejo Consultivo del Instituto Cultural de Bahía Blanca se desenvuelve desde sus comienzos. Esto es, la elección por asambleas de las personas que representan a cada área y la regularidad de las reuniones del Consejo”.

Respecto de los fundamentos del veto, las organizaciones sostuvieron que “redundan en una serie de opiniones infundadas que ha venido manifestando el Director del Instituto Cultural, Ricardo Margo, quien sostiene que las modificaciones requieren un ‘consenso mayor’”. En este sentido, se preguntaron “¿cuál consenso es mayor que las expresiones de la propia comunidad artística que viene discutiendo en asamblea y mandatando a sus consejeros y asesores desde hace seis años? ¿Cuál consenso mayor que el trabajo mancomunado desde siempre con el HCD?”.

Actores y UMSur creen que “el problema no es el consenso de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura sino que el director de Instituto Cultural no está de acuerdo con que la comunidad participe activamente en las decisiones de gobierno en lo referido a cultura. ¿Cuál es el problema con escuchar las voces de los y las protagonistas? ¿Acaso no quiere que sean públicos los debates en torno de hacia dónde se destinan los fondos públicos, como por ejemplo el Fondo Municipal de las Artes? ¿Por qué hace tres meses no recibe a los Consejeros y Asesoras? ¿Qué es lo que no quiere mostrar?”.

“Impulsar el veto a las reformas sobre el funcionamiento del Consejo Consultivo expresa una visión de gestión del Instituto Cultural basada en gobernar de espaldas a la comunidad”.

A su vez, señalaron que “la misma gestión que gastó al menos $250 000 para que se lleve a cabo en la ciudad el programa provincial ´AcercArte´, dejando a los artistas locales como mero participantes de un concurso, es la que ´no dispone de recursos´ para el normal funcionamiento de proyectos de impacto social y cultural, como la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, sobre la que se dijo que habría un aumento del 40 % y no se cumplió, ya que al día de la fecha no ha sido percibido en las remuneraciones”.

“La misma gestión que dilata las audiencias pedidas por los hacedores de cultura de la ciudad, pero no demora un segundo en acordar prebendas con el sector privado”.

En defensa del trabajo regional, el comunicado señala que “Bahía Blanca cuenta con cantidad y calidad de artistas que observan una vez más cómo hay recursos para proyectos que se gestan en oscuras oficinas, en lugar de utilizar los fondos públicos de los contribuyentes bahienses para el desarrollo de sus expresiones culturales”.

Exigieron “la marcha atrás de la medida y el trato correspondiente al Consejo Consultivo así como a las propuestas y demandas de todos los trabajadores y las trabajadoras de la cultura de la ciudad, sin dilaciones”. A su vez, manifestaron “al intendente municipal Héctor Gay y al conjunto de ediles que” no quieren “una gestión cultural de espaldas a la comunidad artística”.

“Por una política cultural participativa y construida democráticamente”, firmaron las organizaciones sindicales.

Gabriela Bustos Arnst fue condenada por falsificación de documento público y fraude a la administración pública y uso de instrumento público falsificado y fraude a la administración pública en un juicio refrendado por el juez José Luis Ares. La pena fue de dos años de prisión en suspenso, 15 mil pesos de multa, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y 200 horas de trabajo comunitario. Fue absuelta por uso de documento público adulterado, delito por el cual serán investigados su padre, su madre y su hermana.

Se trata de la utilización de pasajes del Ministerio de Salud ortorgados al Hospital Penna para presentar ante la empresa Transportes Plaza S.A.C. entre los días 11 de enero y 1 de diciembre de 2011. Para ello, se falsificó la firma al director César Comezaña.

“Con dicho accionar y ardid desplegado, se provocó fraude engañando a la Administración Pública, quien, como consecuencia de ello, resultó perjudicada patrimonialmente por el pago efectuado de los pasajes emitidos a personas no autorizadas”, dijo el juez Ares.

El fiscal Gustavo Zorzano, el defensor particular Gustavo Giorgiani y la propia Bustos Arnst, acordaron el juicio abreviado. El Ministerio Público calificó el ilícito como fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de documentos públicos adulterados y solicitó la imposición de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con la obligación de cumplir con las siguientes reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de institución de bien público, fuera de los horarios habituales de trabajo, durante el tiempo que dure la ejecución de las reglas de conducta establecidas, hasta alcanzar la cantidad de trescientas horas (a razón de cien horas por año), multa de veinte mil ($20.000) e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. La defensa prestó conformidad a la calificación y pena junto a su asistida”.

El juez correccional absolvió a la imputada respecto a varios hechos por no haber sido probados y en otros supuestos aplicó el criterio unánime en la doctrina y la jurisprudencia de que no corresponde condenar por el uso del documento falsificado al autor o autora de la falsificación (el uso queda absorbido por la falsificación). Por ello, redujo la pena pactada por las partes y ordenó investigar a familiares de Bustos.

Nuevamente la empresa Central Piedra Buena S.A. fue infraccionada por el Comité Técnico Ejecutivo por la emisión de ruidos molestos. Se recibieron 17 denuncias. Así lo informó hoy la Secretaría de Gestión Ambiental. Otras dos sanciones por el mismo motivo se habían registrado la primera semana de abril.

El hecho más reciente se produjo el viernes 3 de junio a las 20:01 “como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”.

“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario de descanso”, afirmaron desde la oficina ambiental.

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) donde deberían estar en análisis las labradas por Rosana Cappa y Matías Espósito los días 6 y 8 de abril.

Entre las 13:19 y las 13:32 del 8 de abril los ruidos fueron consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30: “Se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo”.

Según informamos oportunamente, el miércoles 6 de aquel mes, Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

El OPDS fue duramente cuestionado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

El intendente Héctor Gay se comprometió a gestionar el traslado de la delegación a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental aunque, por el momento, fue solo otro anuncio.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud provincial, CICOP, alcanzó un acuerdo “integral” con el gobierno bonaerense tras varias semanas de paros y protestas que incluye la recomposición salarial, mejora en las condiciones laborales y avances en la situación previsional.

El presidente del gremio, Fernando Corsiglia, dijo a FM De la Calle que en cuanto a lo salarial se plantó “un esquema a ocho meses con un 25 por ciento de aumento promedio de bolsillo en agosto. En lo que hace a condiciones de trabajo tiene que ver con compromisos que realizó el Ministerio de Salud en relación a cargos, se compromete a 300 cargos y llevar a adelante el proceso de una alta por cada baja que se produzca. Se comprometió a realizar refacciones en 21 establecimientos por un valor de 450 millones de pesos y un aumento de 120 por ciento al presupuesto para insumos en relación al 2015”.

En el aspecto previsional se dará “continuidad a las jubilaciones que estaban en espera, acordamos que los que tienen 60 años de edad o más y 35 años de servicio o más puedan jubilarse, cosa que hasta ahora estaba detenida, sin pagar ningún cargo adicional. Se jubilarían por el viejo régimen. Tenemos 120 días de plazo para discutir acerca de la implementación del decreto actual en relación al cambio jubilatorio”.

En cuanto a la evaluación del prolongado conflicto con el gobierno, Corsiglia aseguró que lograron “instalar en la agenda mediática la cuestión de la salud pública y al mismo tiempo quedó abierta la discusión para todos los problemas que seguimos teniendo. Desde el punto de vista del gremio fue positivo y para la salud pública es un pasito para intentar mejorar”.

“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.

La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.

“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.

wanda monica efemedelacalleCuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.

Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.

“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.

ni una menos efemedelacalle 2Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.

“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.

furh aborto efemedelacalleEn el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.

Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.

moretti efemedelacalleEl texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.

Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.

El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.

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Desde la Colectiva Feminista de Bahía Blanca convocaron a “encontrarnos para gritar y denunciar que no queremos Ni Una Menos”. Desde las 16:30 sonarán en la Plaza Rivadavia las cuerdas de candombe llamando a la movilización que comenzará a las 17.

“Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de #NiUnaMenos. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general”, aseguraron desde la Colectiva.

Agregaron que “son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto. El Estado tiene responsabilidades fundamentalmente para evitar la situación en la que miles de mujeres nos encontramos hoy; aún seguimos esperando que las promesas se materialicen”.

Por todo esto volvemos a decir:
Basta de violencia hacia las mujeres
Basta de vaciamiento de políticas de protección a la mujer
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Basta de impunidad! Que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, Maria Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata
Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios
Bastaa de feminicidios
Por los derechos de las mujeres trabajadoras
EL ESTADO ES RESPONSABLE
NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS, VIVAS NOS QUEREMOS

niunamenos

La responsabilidad de funcionarios municipales, medios de comunicación e integrantes de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en el femicidio de Micaela Ortega (12) fue motivo de manifestaciones en la sesión del Concejo Deliberante de este jueves. Hoy a las 17 en Plaza Rivadavia se realizará la movilización por #NiUnaMenos.

Desde Integración Ciudadana, Miriam Iantosca dijo: “Ya va a volver. Es una travesura. Se fue por sus propios medios. Mientras que pasaban los días fueron las palabras que escuchó su familia, su madre, cuando se encontró con funcionarios que no le creyeron. Y eso es lo que manifestó su madre cuando nos visitó aquí en el Concejo. Fue la culpa de Micaela que aumentaron los robos en la ciudad. Fue la culpa de la familia. ¿Fue la culpa de la escuela? ¿Fue la culpa de las redes sociales? ¿Lo que usaba o dejaba de usar? Cuántos dichos, por favor. Cuántas frases y actitudes machistas. Violación de la privacidad de la familia y de los derechos humanos de la menor”.

“También se escuchó: es difícil buscar a alguien que no quiere ser encontrado. Lo dijo la persona encargada y responsable de la seguridad de la ciudad. Aunque gracias a dios esas palabras no desalentaron el esfuerzo de muchos que siguieron buscándola, investigando y acompañándola. Y quiero creer que no es verdad que se mostraron y divulgaron algunas de las comunicaciones de la menor. Cuánto para revisar que tenemos”, concluyó.

“El femicidio constituye un fenómeno global que ha alcanzado proporciones alarmantes en el mundo, sus víctimas son mujeres en diversa etapa de desarrollo, condiciones y situaciones de vida”, leyó la concejala del Frente para la Victoria Paola Ariente. “Los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa. Investigar y analizar una muerte violenta desde la perspectiva de género permite evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga cultural  y social que responsabiliza a la víctima de lo que pasó”.

“Las personas intervinientes en las diferentes etapas de la investigación deben prestar atención a los prejuicios obvios acerca de los roles que supuestamente deben cumplir las mujeres y las niñas en las sociedades, ya que por su aparente carácter incuestionable no suele ser evidente ni para la justicia ni para la sociedad. Por eso, y en vísperas de una marcha, es que necesitamos que se haga cada vez más fuerte y más colectivo el grito de ‘ni una menos'”.

La concejala de Compromiso Bahía, Vanina González, manifestó que “Bahía está de duelo” y que la sociedad tiene que replantearse lo que se hizo. “Micaela marcó un antes y un después en Bahía Blanca, necesitamos un trabajo conjunto, pero un trabajo serio y comprometido para prevenir estos casos. (…) Puede ser uno de nuestros hijos, tenemos que cambiar la mentalidad, no se trata de juzgar a un adolescente, no se trata de detenerse a ver cómo se vestía o en las fotos que se sacaba”.

Martín Salaberry (FULT) recordó que “se escuchó por los medios plantear que en virtud de la carta que había dejado Micaela podría haber sido una travesura de una persona menor y que podría haber regresado al otro día” y afirmó que “el Estado no puede dudar cuando hay una persona que es desaparecida”.

“Hay que ir más a fondo y encontrar los responsables desde el Estado de esta salida transitoria que fue violentada, que venía desde el año 2014 en la provincia de Río Negro, de una persona a la cual se le da la salida transitoria pero que nunca vuelve al lugar donde debió haber estado que es la unidad penitenciaria de Gral. Roca”, dijo.

“Este es un momento de silencio y acompañamiento a los padres, familiares y amigos, entendemos que de acá a un tiempo se tendrán que hacer los análisis y evaluaciones correspondientes, seguramente el señor intendente cite al Consejo de Seguridad para realizarlos”, expresó Sergio Massarella (FpV).

La oficialista Soledad Martínez opinó que “no podemos permitir como sociedad más femicidios y violencia de género en todas sus formas, la expresión ‘ni una menos’ nos compromete a pensar y abogar por una sociedad más justa, debemos construir un mundo basado en la igualdad de derechos y oportunidades”.

En línea con la lucha contra los “enemigos” que integran “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”, declarada por el intendente Héctor Gay en su arenga del 25 de mayo, el municipio convocó a un espía del servicio de inteligencia de la dictadura como jurado de un concurso fotográfico.

Se trata del ex “agente de reunión” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, Gustavo Jorge Lobos, quien “debido a su trayectoria y prestigio”, brindó “su colaboración de manera gratuita” en la iniciativa “Retratando mi ciudad“, avalada por el Instituto Cultural a cargo de Ricardo Margo. El funcionario ya le había abierto las puertas del palacio comunal para que el ex espía organizara la muestra “30 años 30 fotos”, una retrospectiva de su maestro Pedro Luis Raota.

El Destacamento de Inteligencia, en el marco de la “lucha contra la subversión“, reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Varios de los jefes del ex fotógrafo de La Nueva Provincia fueron condenados a prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad.

La pertenencia de Lobos al sistema central del genocidio quedó en evidencia con la publicación de la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983” publicada por el Archivo Nacional de la Memoria en 2010. El docente de la diplomatura de Arte Fotográfico de la Universidad Salesiana compartía el prontuario con los ex Triple A Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu, el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti, el todavía juez de faltas Ricardo Antonio Germani y el “periodista” del diario de Vicente Massot, Jorge Soldini.

lobos muni efemedelacalleRespecto a la existencia de civiles de Inteligencia en el staff de La Nueva Provincia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani dijo meses atrás a FM De la Calle que “es simbólico por lo que significa un fotógrafo como PCI, la posibilidad que da ese disfraz de trabajador de prensa pero cumpliendo otro rol claramente criminal porque estaba colaborando con el secuestro y las muertes posteriores”. La investigación de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad probó que LNP y los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas mantenían “una relación fluida y justamente hacían operación psicológica e inteligencia, incluso más, los reglamentos marcan esa relación”.

“Dice que el oficial de inteligencia y el oficial de operaciones psicológicas forman un equipo. Y que por momentos incluso en la sala de torturas, para dejar los eufemismos de lado, el oficial de inteligencia requerirá de la acción psicológica para que le indique qué interrogar. Porque el que hizo acción psicológica sabe en otro plano dónde estaba situada la víctima, en qué lugar -la universidad, el gremio, el barrio, la parroquia- las personas de acción psicológica tenían por lo menos que abastecer a la inteligencia de ese tipo de información para saber qué preguntar”, explicó Palazzani.

El verdadero corazón del plan de exterminio fue el Batallón 601 ubicado en la esquina porteña de Callao y Viamonte. Como señaló el abogado y ex preso político Jorge Pedraza, de “la totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión (como Lobos o Germani) y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones)”.

“Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios (como Montezanti). Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles ‘mensajes subversivos’ camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.

“La información clasificada era la base sobre la cual se definían los ‘blancos’ para los Grupos de Tareas. Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos”.

“Nuestra idea era plasmar en fotografías cómo los jóvenes ven los distintos paisajes urbanos y naturales de la ciudad. Próximamente vamos a repetir el concurso”, dijo la directora de Juventud pro, Florencia Bustelo. Tiempo de “argentinos que queremos restaurar valores”, “argentinos de bien”, diría el intendente.

No sean tibios. Digan whisky!

lobos

La abogada de la familia de Micaela Ortega, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que trabajan en la reconstrucción de los hechos ocurrido el 23 de abril para “saber qué es exactamente lo que pasó y poder acreditar la totalidad de los agravantes que se le han imputado a (Jonathan) Luna el día que se negó a declarar, que es el homicidio agravado criminis causa”.

“Esto es: que mató a la víctima para ocultar otro delito agravado por alevosía y por violencia de género, es decir, por femicidio. Creemos que el móvil de Luna era el abuso sexual y ante la imposibilidad de llevarlo adelante mató a Micaela y luego, como última alternativa, robó alguna de sus pertenencias”.

El martes la madre y el padre de Micaela se reunieron con la dra. Rodríguez, secretaria de la Fiscalía, quien los acompañó y contuvo desde lo personal durante la búsqueda. “La investigación obviamente que tiene fallas porque si no no se hubiera llegado a este desenlace, no me refiero solamente a la muerte de la nena, sino que se podría haber dado con ella antes y se hubiera evitado este calvario de 35 días de búsqueda donde no solamente la familia sino toda la sociedad estaba involucrada”.

“No podemos ser tan ingenuos de pensar que no va a haber más casos como el de Micaela en Bahía Banca o en la zona y las fuerzas de seguridad no están capacitadas para investigar un hecho por fuera de lo que se denomina inseguridad o un robo común o un robo simple. Lo toman en principio como una cuestión intrafamiliar, que es una discusión”, comentó Petersen y agregó que “lo primero que se hace es victimizar a la víctima olvidando el rol que tiene dentro de la investigación que es esto, el de víctima. Probablemente el desenlace lo demuestre pero, mientras tanto, se van investigando y se van poniendo en tela de juicio actitudes o características de la personalidad y eso influye en la mirada que se le da desde lo judicial y desde lo político a la investigación”.

La abogada destacó que “la realidad es que en esto se demuestra que el Estado es responsable. Es responsable por la falta de asignación de recursos, porque no supervisa y porque cuando hay que dirigir una investigación en la cual lo que se investiga es la posible muerte de una mujer, el cometimiento de un femicidio, todavía no estamos a la altura de tener una investigación con perspectiva de género y de comprender realmente cuál es la problemática que se está atravesando”.

En cuanto a la estigmatización de Micaela, Petersen opinó que “determinados medios de comunicación lo pusieron como tema fundamental, que tenía determinada cantidad de perfiles de Facebook, cómo se vestía, si era o no adecuado su comportamiento para su edad. Desde el poder político local también, desde el momento en que el intendente dice que Micaela era la responsable por su búsqueda de que hubiera hechos de inseguridad en la ciudad -el secretario de Seguridad es responsable de esta situación- demuestra que se minimiza la búsqueda cuando se trata de una niña y más si se trata de una niña que no pertenece a determinada clase social o a determinadas familias o casta bahiense”.

“Todo lo que dijo la madre desde el primer momento, que Micaela había sido captada por las redes sociales, que había sido víctima de esto, el sábado a la noche quedó acreditado y todo lo que desde el poder político y desde determinados medios de comunicación se decía, una vez más lo que muestra es el prejuicio y el desconocimiento de la problemática que atañe a todas las mujeres y que no es casualidad que estemos de vuelta frente a la movilización del 3 de junio del #NiUnaMenos”, dijo.

Sobre la situación de la concubina de Luna, María Espinosa, la abogado aseguró que “podría haber tenido otro tipo de actitud” para colaborar con la investigación y por eso analizarán “las posibilidades de futuras imputaciones”. Por otra parte, adelantó que pedirán el juicio político al juez de Ejecución Penal Pablo Chirinos, quien autorizó la salida transitoria del acusado que posibilitó su fuga, porque “tal vez si esta persona no hubiera estado en libertad, Micaela hoy estaba con vida”.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires manifestó su oposición a los proyectos de ley 0007-PE-2016 de “Técnicas especiales de investigación” para delitos complejos y el 1345-D-2016 que incorpora la figura del “arrepentido”-, y manifestó su preocupación ante su tratamiento apresurado, sin consulta ni previa convocatoria al debate a juristas y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Ambos ayer obtuvieron media sanción en Diputados.

“Estos procedimientos resultan de dudosa constitucionalidad y atentan contra las garantías del debido proceso. Están inscriptos claramente en la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ según las líneas de trabajo trazadas por las agencias internacionales especializadas de los Estados Unidos -con las que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo numerosas reuniones durante estos meses- y se contraponen con el tratamiento de la problemática desde una perspectiva de derechos humanos”, advirtieron.

Los proyectos pretenden incorporar las figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” , “entrega vigilada” que implican la intervención e infiltración de agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en la trama delictual, en pos del esclarecimiento de delitos o redes delictivas. Se pretende también incorporar al “informante”, quien actuará en el proceso bajo reserva de identidad a cambio de una compensación económica o un beneficio procesal. Por otro lado, se pretende ampliar la figura ya existente del “arrepentido”, a quien se le podrá reducir o incluso eximir de pena a cambio de información que sirva para esclarecer otros delitos.

En reiteradas oportunidades la CPM se manifestó en contra de políticas y proyectos que, como éstos, proponen la eliminación de garantías fundamentales mediante regímenes de excepción. Tal fue el caso de la sanción de la denominada ley antiterrorista. También ha sido reiterada la denuncia de la militarización de los barrios pobres mediante fuerzas federales no previstas para la interacción con la población civil, en el marco de la proclamada guerra contra el crimen o el narcotráfico.

La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado operan hoy legitimando un nuevo paradigma belicista de las políticas públicas en materia de seguridad en el que claramente se inscriben los proyectos, en procura de- según los objetivos difundidos- “dotar a la Justicia y a las fuerzas de seguridad y policiales de nuevas herramientas para la investigación de los delitos complejos”.

La CPM destacó que en nuestro país las fuerzas de seguridad y policiales actúan como reguladores de la expansión del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos de las policías de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba así lo demuestran. En ese contexto, dotar a esas fuerzas de estas arbitrarias y cuasi ilegales herramientas investigativas solo ahondarán su involucramiento con estas modalidades delictivas.

“Particularmente preocupante resulta el intento tácito de incluir a estas figuras en los delitos de lesa humanidad, lo que encubre la posibilidad de aplicar una ‘obediencia debida’ o ‘indulto’ de carácter judicial. De acuerdo a los compromisos internacionales que tiene nuestro Estado y refrendados por leyes nacionales, estos crímenes no pueden ser pasibles de amnistía, indulto ni conmutación de penas”, opinaron.

El organismo mostró además su preocupación por “la reafirmación del sistema inquisitivo –en abierta contradicción con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que se encuentra a la espera de aplicación efectiva-, ya que la utilización y aplicación de estas técnicas de investigación en muchos casos quedan al arbitrio de los jueces de la Nación, en desmedro de los fiscales. Esta situación se agrava con la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso penal, a través del Ministerio de Seguridad”.

El juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, a cargo del Dr. Luis Federico Arias, comunicó el dictado de una medida cautelar mediante la cual se suspende el aumento de tarifas de energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDES SA, EDEA SA y EDEN SA), en virtud de no haberse celebrado la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación.

El Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ) promovió una acción autosatisfactiva contra el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y las empresas EDELAP (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), EDES S.A. ( Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), EDEA S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y EDEN S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.), solicitando como medida cautelar se suspenda la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia.

En virtud de ello, “solicita se ordene a las empresas demandadas a abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.

El fundamento de lo requerido reside en que “la resolución del Ministerio de Infraestructura Provincial, vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del art. 42 de la CN, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%, por lo que los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la Provincia”.

Arias resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” y ordenó “a las citadas empresas a que, de modo inmediato a la notificación de la presente, efectúen la liquidación correspondiente y emitan nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho cautelar”.

La Asociación Judicial Bonaerense cerró ayer su acuerdo salarial con las autoridades de la provincia de Buenos Aires y puso fin a un conflicto gremial que se extendió por más de cien días. “Los ministros de Trabajo y de Economía comprendieron que era necesario un cambio de actitud y poner sobre la mesa más recursos de los que estaban dispuestos a poner”, dijo el secretario general Pablo Abramovich a FM De la Calle. Además, confirmó la participación en la protesta que mañana realizarán las dos CTA “para poner un freno a los despidos”.

“La propuesta finalmente fue aceptada por amplísima mayoría en nuestras asambleas, que son el mecanismo de toma de decisión que tenemos, participaron más de cuatro mil judiciales, hubo un debate muy rico, de mucha cantidad de compañeras y compañeros que supieron valorar que después de tres meses y medio hayamos podido superar ampliamente el techo que el gobierno pretendía para el cierre de estas negociaciones”, declaró.

Los representantes de la gobernadora María Eugenia Vidal no querían superar el 26 o 27 por ciento aunque el resultado final “garantiza para todo el año un mínimo del 32,5 por ciento pero que además tiene una cláusula que en agosto tiene que haber una rediscusión donde se van a poner sobre la mesa cuál es la evolución de las variables económicas en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina que podría generar también que el aumento final sea mayor”.

A partir de ahora se continuará con alguno de los otros temas que exigía debatir el sindicato. “Algunos tienen que ver con el salario y otros con la lógica de la negociación, por ejemplo la sanción de la Ley de Paritarias para judiciales, la discusión de la autarquía para el Poder Judicial y otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y de infraestructura de los edificios”.

Cambio de ministro

Carlos Mahiques presentó ayer su renuncia a la gobernadora Vidal. El argumento oficial indica que “la inminencia del vencimiento el próximo 10 de junio del plazo de la licencia otorgada por el Poder Judicial de la Nación –que integro como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal– me persuaden de la necesidad de retomar la función a la que he dedicado más de cuarenta años de mi vida”. Rápidamente su lugar fue ocupado por el ahora ex titular de la Asesoría General de Gobierno, Gustavo Ferrari.

“Nos sorprendió, no conocíamos la interna que existía dentro del gabinete ni siquiera tenemos al día de hoy claro cuáles son los motivos de la renuncia porque evidentemente no son los que el ministro pone de manifiesto. Muchas veces estos son acuerdos políticos que se hacen de que esas salidas no evidencien los debates internos”, opinó Abramovich y agregó que “independientemente de eso, creemos que más allá del cambio de nombres es necesario que esta gestión, empiece a explicitar cuál es su agenda de trabajo para la justicia, para el Servicio Penitenciario, para la política de seguridad porque hasta ahora no lo han hecho y es una provincia que requiere cambios profundos”.

El rectorado de la Universidad Nacional del Sur emitió una resolución este miércoles para “adherir e invitar a toda la comunidad universitaria a participar activamente de la marcha convocada por amplios sectores de la sociedad civil organizada bajo el lema #NiUnaMenos a llevarse a cabo el próximo 3 de Junio a las 17”.

La disposición, registrada bajo el número R 440/2016 y firmada por el rector Mario Ricardo Sabbatini, se fundamenta –entre varios considerandos-, en que “la Universidad Pública tiene la insoslayable responsabilidad de poner en la agenda pública ésta y otras problemáticas sociales y, en particular, el accionar de la Universidad Nacional del Sur debe estar orientado por el compromiso pleno con los derechos humanos a través de su respeto y promoción”.

También en que “en esa línea de trabajo, la UNS fue pionera en abordar esta problemática, desarrollándose desde hace 4 años en el ámbito de la Secretaría General de Cultura y Extensión Universitaria, en articulación con la Red de Violencia de Género de Bahía Blanca, la Cátedra Abierta de Violencia de Género y otras tantas iniciativas de formación e información que han concitado gran interés de la comunidad bahiense y de la región”.

El objetivo de la adhesión e invitación a participar encuentra su argumento también en la importancia de concientizar a la sociedad sobre este flagelo que se cobró 286 femicidios en 2015 y 66 más en los primeros cien días de este año, a lo que se suma el reciente y conmovedor caso de Micaela Ortega.

El fiscal general Juan Pablo Fernández se refirió ayer en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al desarrollo de la investigación que lleva adelante su colega Rodolfo De Lucía sobre la desaparición y posterior femicidio de la niña Micaela Ortega. “Cuando usted busca a una persona que supuestamente está escondida en un lugar o la tienen retenida la busca de una forma determinada, no de esta forma en un descampado (…) Este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”, declaró.

En cuanto a la demora en acceder a “la clave” que desde un primer momento Mónica Cid planteó estaba en la cuenta de Facebook de su hija, el fiscal explicó que “las redes sociales tratan de proteger en todo lo que pueden la intimidad de los usuarios, agravada esta cuestión por tratarse de una empresa que se encuentra en Estados Unidos, con las dificultades propias del idioma, de oficiar a otro país, de que tenga que canalizarse a través de un procedimiento en sí bastante engorroso el pedido de información”.

La empresa informó “oportunamente” algunos datos aunque solo indicaban el lugar desde el cual se conectaba la nena. “Esto no nos servía porque Micaela desde el día en que había desaparecido no se conectaba a su usuario, lo que necesitábamos era el contenido de chat para ver si de allí surgía algún dato sobre dónde iría”.

A partir de la intervención de la embajada estadounidense, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing & Exploited Children®), una organización sin fines de lucro financiada por el Congreso de su país, reportó el 25 de mayo “datos puntuales sobre la persona con quien se había comunicado los últimos días”.

Se trataba de un usuario “que tenía una identidad ficticia, cambiada, de género distinto, era una mujer, que se había comunicado con Micaela y le había ofrecido irse a vivir con ella, por lo menos unos días. A partir de este informe y de otra información adicional relativa a otros usuarios que se conectaban desde el mismo protocolo de internet, permite llegar a la casa del sospechoso, Jonathan Luna. Se procede al allanamiento por razones de necesidad y urgencia y allí se incauta un teléfono celular que pertenecía a Micaela y una planchita del pelo”.

“Luna intenta explicar cómo es que tenía esas cosas de Micaela y ahí dice dónde la dejó. Señala un lugar con características de modo genérico y luego de una búsqueda con perros entrenados, rastreadores, se llega a donde estaba el cuerpo que era un lugar con relativo difícil acceso”, dijo Fernández.

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Respecto a las declaraciones del secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, en cuanto a que “hubiese sido imposible si él no nos llevaba hacia el lugar”, el fiscal general opinó que “hubiéramos llegado igual, tal vez con más tiempo, unos días o una semana más, porque la punta del ovillo ya la teníamos cuando se llega al domicilio de Luna. Previo a esto se le había recibido en sede de la Fiscalía declaración a su concubina donde claramente lo identifica como la persona que se ve en el video, que iba con la niña”.

“No se buscaba lo mismo con anterioridad al allanamiento de Luna que con posterioridad. Desde el momento de la denuncia la hipótesis era distinta, era la fuga de un hogar, con el correr de los días probablemente ayudada por terceros, por personas mayores, la hipótesis más grave era que podía haber caído en una red de trata pero no este desenlace. A partir del allanamiento la hipótesis cambia y se busca en forma distinta”, explicó Fernández y agregó que “este es un caso de un psicópata, de una persona enferma desde lo moral o amoral, que comete un hecho inexplicable, terrible”.

En cuanto al femicida, el funcionario informó que “se negó a declarar en un acto formal -ese es el único que vale-, todo lo que pudo haber dicho con anterioridad a la comisión policial, a terceros, carece de relevancia procesal pero de todas formas la investigación tiene bases muy sólidas. Hay una serie de elementos serios y concordantes que permiten sostener la autoría de Luna”.

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El hombre de 26 años -se encuentra detenido y procesado por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y por ser una cuestión de género lo que conlleva una expectativa de pena de reclusión y prisión perpetua. La Fiscalía solicitará su prisión preventiva y oportunamente el debate oral y público. Fernández comentó que el móvil del femicidio apunta al robo y al abuso sexual: “Mata para encubrir y para evitar la delación posterior de la menor”.

En tanto, la concubina del acusado, María Espinosa, cuestionada en la ciudad por no haber denunciado a Luna, el fiscal manifestó que “por el momento no hay nada que lleve a sospechar de que ha participado” y que “más allá de lo que pueda entenderse si debió haber hablado antes o no, lo cierto es que colabora con la investigación y reforzó las pruebas en contra de Luna. (…) También es importante tener en cuenta que las personas particulares, que no son funcionarios públicos, tienen la facultad pero no la obligación de denunciar. Sí tienen como carga pública la obligación de declarar cuando se las llama como testigo”.

Al momento de evaluar las dificultades de la investigación y el cruce con el cibercrimen, Fernández concluyó que “es necesario invertir dinero en la compra de tecnología y capacitar profesionales. Un hecho de esta naturaleza puede ocurrir en cualquier lugar del país y de la provincia y a veces a los operadores del lugar se les dificulta la investigación porque no conocen con precisión los mecanismos, no tienen aceitado el tipo de relación que permite muchas veces desde lo informal destrabar algún informe, sobre todo en otro país. Un aspecto a mejorar sería algún organismo específico que gestione las respuestas que las distintas fiscalías o los jueces puedan gestionar con fluidez”.

Organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas repudiaron colectivamente las expresiones del intendente Héctor Gay respecto a la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud” y mostraron “la mayor preocupación por el carácter de incitación, e instigación a la violencia”.

“Resultan afirmaciones dichas en un contexto nacional y local en el que los ajustes en educación, salud, justicia, los numerosos despidos que han dejado y dejan a familias en situaciones de vulnerabilidad producto que no pueden pagar sus alquileres, preocupadas sobre su situación laboral y por el sostén de las mismas, sufriendo tarifazos en luz, gas, agua, transporte y que tiene como contraparte descomunales subsidios y prebendas a las corporaciones y empresarios”, manifestaron.

Las agrupaciones calificaron los dichos del jefe comunal como “intimidatorias” hacia quienes reclamen por sus derechos avasallados: “Este discurso persigue la justificación de la represión que ya está implementando a lo largo del país y a nivel local, uniendo estas justas exigencias a la visión de que quien confronta en la lucha por sus derechos subvierte valores. Este discurso fue articulado y sostenido previamente y durante la dictadura, con los miles de compañeros/as asesinados y desaparecidos que simplemente aspiraban a una vida digna. Esto se concretó utilizando la misma terminología, estigmatización y la misma asociación: pueblo insatisfecho – enemigo- subversivo”.

“Este planteo, que no podemos tomar de otro modo que como un mensaje en el que se coloca el propio intendente en la posición de quien no va a ser tibio, quien viene a poner orden y defender los valores sociales, encierra la contraparte de que los valores que piensa defender son los de un grupo, una clase a quién representa desde el poder político, y que ésta defensa estará orientada a enfrentar a quienes en definitiva resultamos ser las víctimas de este modelo”, dijeron.

Por otra parte, denunciaron “una tremenda inoperancia” del secretario Emiliano Álvarez Porte y “las mismas fuerzas de seguridad que deberían estar ‘para cuidarnos'” en la búsqueda de Micaela Ortega y convocaron al próximo #NiUnaMenos el viernes a las 17 en la Plaza Rivadavia.

“Estamos en favor de la vida, de la solidaridad, de la justicia, de la verdad, del trabajo digno, del pleno acceso al trabajo digno, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la justicia y a la salud, creemos que tenemos las posibilidad de construir un país donde los mismos sean respetados y por ellos seguiremos militando y trabajando a diario”, concluyeron.

El grupo de organizaciones firmantes está compuesto por: ADUNS, Asociación Argentina de Actores, Acciones Feministas, Desbandadas, El Grito, Cardumen, Nuevos Vientos, Corriente Comunista Watu Cilleruelo, Colectivo Pueblo en Lucha, el pastor metodista Aníbal Sicardi, Partido GEN, MST Nueva Izquierda, Juntas y a la Izquierda, CTA, SADE Filial Sur Bonaerense, Comisión de Apoyo a los Juicios y Unión de Músicos del Sur.

¿El alumno que acaba de salir de su escuela?
¿Una madre que tiene un dolor enorme por la muerte de su hijo? ¿Un apellido al que le robaron parte de su linaje?
¿Una hermana que no puede cumplir el deseo de decirle que será el padrino de su hija/o?
¿Un padre el que no dará más consejos?
¿Un amigo que se quedó sin compañero de salidas?
¿Un sueño que alguna fue soñado y ahora no podrá ser cumplido?
¿Una familia que lucha por la memoria, el recuerdo y la justicia?

¿ Y para qué escribimos?
¿Sirve de algo si la persona que queremos que lo lea no lo leerá?
Escribimos mostrando la necesidad de llegar a un solo destinatario, ocultando lo que realmente necesitamos, que él nos hable.
Necesitamos escuchar su voz, sentir su presencia, verlo, olerlo. No exagero, el aroma de una persona se va cuando esta se muere. Cuando la matan también. En lugar de él nos dieron una ausencia, nada que escuchar, nadie a quien hablar, nada que recordar más que imágenes con telarañas y polvo que desenterramos desde lo más profundo de nuestros recuerdos para tenerlo más presente. Buscamos la forma de hacer que siga con nosotros, sabiendo que le arrebataron la vida y que ya no está.

Muchos nos dicen que tenemos que dejarlo ir, que la vida sigue y hay otros enfoques en los que centrarnos, que si lo dejamos ir va a estar mejor, él y nosotros… Pero, ¿cómo lograrlo si aún no hay justicia? Si la memoria de él, de Juan Cruz Manfredini, no es respetada y sí es pisoteada. Así como los miles de tercerizados que tiene este país. Ni hablar de esta ciudad.

CUANDO UNA PERSONA SE VA, EL VACÍO LLENA TODO HUECO.

Apoyamos la cabeza en la almohada fantaseando que por la mañana nos despertaremos y reiremos, porque todo es un sueño, una pesadilla. Pero, ¿sabes qué?, todo es verdad, es un día a día de lo mismo. Es despertarse y saber que el desayuno por la mañana no tiene sentido porque hoy él está celebrando el día de la madre y treinta minutos después está internado en terapia intensiva, con el 95% del cuerpo quemado. ¿Te cuento lo peor de todo? Pasamos, como familia, seis años de lucha, manifestaciones, marchas, CUMPLEAÑOS SIN SABER QUÉ FESTEJAR; ¿hacemos una torta o le llevamos flores? Por si no te imaginas los festejos de fin de año, es brindar al cielo, creyendo, de alguna manera, que él está allá arriba, brindando con nosotros…

Estamos en los seis años de lucha y hoy comienza el juicio. Hoy empieza la cuenta regresiva. Basta de sumar días, semanas, meses y años para que llegue el día en que vamos a poder dejarlo descansar a él, que fue, es y si no hay justicia, seguirá siendo el más lastimados de todos, porque que te quiten la vida es lo peor que te pueden hacer. No hay nadie que decida quién vive y quién muere.

PD: Si hay un ente que diga quién va a la cárcel, que ejerza la justicia, entonces, ¡QUE LO HAGA!

A partir de las 9:30 am en Estomba 34. Ayúdanos para que se haga justicia.

Manfredini Gino N.
39.483.444

La periodista Marcela Ojeda, integrante del Colectivo Ni Una Menos, recordó a casi un año de la histórica movilización del 3 de junio de 2015 y a pocos días de la segunda convocatoria, que “cada menos de treinta horas una mujer en nuestro país sigue siendo asesinada solamente por ser mujer, por ser niña o por ser adolescente. Esa es una cifra que es atroz, que nos paraliza pero al mismo tiempo nos incentiva a ser proactivos a seguir exigiendo, a seguir reclamando”.

“Lo primero que quisiera desde acá, desde Capital Federal, es mandarles un abrazo fuerte a toda la comunidad de Bahía Blanca y el viernes hay que copar todas las calles de la ciudad, hay que salir por Micaela y por todas las mujeres de la ciudad, no hay alternativa, no hay chance que salir otra vez a las calles”, aseguró a FM De la Calle en el contexto del femicidio de Micaela Ortega.

Ojeda mencionó el reclamo para “que pare esta locura de la violencia hacia las mujeres” y que durante los meses posteriores al #NiUnaMenos “hubo anuncios, hubo políticas públicas de Estado que se prometieron, volvemos a exigir su cumplimiento efectivo a nivel nacional pero también lo que ocurre en las provincias, lo que ocurre en las ciudades. Se ha conseguido instalar la violencia hacia las mujeres en la agenda periodística, en la agenda de campaña electoral y en el día a día. Falta mucho por hacer. Falta mayor presupuesto para todas las dependencias relacionadas a la adolescencia y a las mujeres. Falta mucho”.

“Si bien este año el Colectivo que yo conformo, que somos parte de las diez que el año pasado organizamos la movilización, vamos a estar acompañando desde las calles, esto de ser proactivas nos llevó a dar oficialmente por lanzado lo que es el primer Índice de Violencia Machista que es una encuesta absolutamente ambiciosa que pondrá sobre relieve todos los tipos de violencia a los que las mujeres estamos expuestas de manera cotidiana.

“Va a ser el viernes a partir de un celular, una PC, una notebook, el ciber, un locutorio, la posibilidad de que todas las mujeres lo puedan responder. Estaría bueno que la radio a través de su página web se sume y todas podamos completarlo y a partir de esa encuesta sepamos la real magnitud de la violencia sexista y entregar a quien quiera y a quien necesite este relevamiento que va a estar tres meses online para que se pueda responder”, informó.

Además, insisten en conocer el Plan de Acción para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres que se difundiría en julio. “Por supuesto también el acompañamiento a todos los familiares, a los hijos que son huérfanos del femicidio, sensibilizar a las fuerzas de seguridad, que se creen más refugios para mujeres y sus hijos que deben sí o sí escaparse de un seno familiar machista, que los varones que violan sistemáticamente las restricciones judiciales de acercamiento estén monitoreados por una pulsera y un brazalete”.

“Estamos expectantes. Vamos a estar en las calles el próximo viernes con nuestras banderas, nuestros pedidos, nuestros reclamos y nuestras exigencias”, finalizó.

Foto: Colectivo Manifiesto.