Familiares y amigos de Ángel Almada, el joven encontrado herido debajo del puente que une Ing. White con Boulevard y fallecido días después, marcharán esta tarde en la localidad portuaria exigiendo el esclarecimiento del caso. Será a partir de las 18 desde la cancha del Club Comercial para pasar por la Delegación Municipal y llegar finalmente a la sede de la Comisaría Tercera.

“Todavía no sabemos nada, nadie nos llamó para informarnos qué está pasando, dicen que están investigando. No la Comisaría Tercera, ellos no nos llamaron hasta el viernes a las diez de la noche cuando salió nuestra nota en Canal 9 diciendo que nunca nos habían dado respuesta”, aseguró Viviana Almada, tía del adolescente, y agregó que “en ese puente donde a él lo tiraron hay dos cámaras pero no funcionan. Si funcionaran ya sabríamos quién tiró a Ángel”.

La mujer solicitó que quien “haya visto algo, lo que fuese, por más mínimo que sea, que nos lo digan, eso va a ayudar a la investigación porque por ahora no tenemos nada. A Ángel lo tiraron. La primera hipótesis que manejaba la Tercera es que él se quiso suicidar, imposible. Una persona que se quiere suicidar cuando está por caer al piso contrae el cuerpo, apoya las manos, eso uno lo hace por inercia y él no tenía ni un raspón. Le han pegado una trompada, le ha pasado algo y lo han tirado ya desvanecido”.

“Ángel a las diez de la noche (del sábado 5) va a comer a la casa de una amiga, once y media le dice al papá de la amiga Micaela que lo alcance hasta la casa de otra chica que son compañeros del Colegio Presidente Sarmiento donde estudiaba. Van a festejar que es el último día de vacaciones, están ahí un rato con los compañeros, escuchan música, toman cerveza como cualquier adolescente lo hace, están ahí y de repente Ángel se va a otra fiesta donde estaba mi hijo. Mi hijo lo ve espectacular, lo ve bárbaro, están ahí charlando y Angelito sale cuatro y media y llega a la casa de vuelta de Martina. Ella le dice que se vaya a la casa porque había tomado, porque se iba a descomponer. Ángel sale, Martina llama a mi hermana diciéndole que Ángel iba para la casa. Mi hermana espera y Ángel nunca llega”, relató Viviana.

Desde entonces “no sabemos más nada”. Su madre lo buscó durante toda la noche y a las ocho de la mañana se acercó a la sede policial whitense donde le informaron que Ángel estaba internado en el Hospital Municipal. “Fue lo único que le dijeron, cuando Ángel se cayó a las seis y media. No la fueron a buscar a la casa, si no va a la comisaría no sé si se enteraba ese día”.

El pibe de 17 años, “era un chico excelente, amaba su orquesta escuela, estaba en su mejor momento, él estudiaba, los compañeros del Colegio Sarmiento no entienden qué pasó porque era un nene muy querido, lo amaban todos, es el sobrino de todo White, la gente está mal, todos lloran y no pueden creer que haya pasado esto”, finalizó su tía.

Para aportar información comunicarse con la UFI Nº 3, al 2914705878 o al 4573033.

(Por Francisco J Cantamutto) La política económica de Cambiemos se ha destacado por generar un notable aumento de la inflación, superando con creces cualquier herencia. El ataque al bolsillo.
Pocos fenómenos económicos tienen un impacto tan visible y directo como la inflación, notable en las compras cotidianas, que permiten a cualquiera tener una noción. Y sin embargo, la discusión científica sobre su medición y sus causas es compleja, normalmente en el debate por marcados sesgos ideológicos.
Los últimos años han sido muy prolíficos en este debate, debido a la evidente reaparición del fenómeno. Argentina tiene una larga historia con la inflación, encontrando incluso episodios hiperinflacionarios que sirvieron de excusa para programas económicos muy regresivos: el ocasionado por Celestino Rodrigo en 1975 (prolegómeno de la avanzada neoliberal), las explosiones en la sucesión de Alfonsín a Menem (1989 y 1990, prolegómeno de la Convertibilidad). La lógica es relativamente simple, y no por eso menos efectiva: crear caos económico para justificar medidas regresivas, vendidas como la solución. Sin que nos hayamos siquiera acercado a una híper, lo cierto es que la dinámica inflacionaria de dos dígitos que arrastramos desde hace algunos años sirvió de excusa a la entonces oposición para fomentar el programa de ajuste que hoy aplican en el gobierno.
Es posible que la explicación más difundida de la inflación es la promovida por el neoliberalismo, repetida hasta el hartazgo: el Estado gasta de más y para financiarse usa la “máquina de imprimir billetes”, lo que genera inflación. Cuando además se acusa al gobierno de populista, se repite otro anatema neoliberal –legado de un pésimo estudio de Dornbusch, autor muy leído en los cursos de macroeconomía básica- que es señalar que este gasto estatal busca redistribuir “lo que hay”, dañando la producción. El legado último del populismo sería entonces estancamiento e inflación. No es difícil ver –no hay que ser economista para entenderlo- que se trata de un dogma político, que se esfuerza por enseñar que el más mínimo intento de modificar la situación social se paga caro (ver si no, la evidente avanzada política sobre los gobiernos populares de la región).
El mérito neoliberal es haber vuelto sentido común este dogma, que se pretende como argumento aún cuando carece de pruebas. La ventaja política es simple y perversa: siempre desde un punto de vista liberal, se presenta al Estado como una entidad ajena, separada incluso, extraña a la sociedad, cuyo accionar siempre es opresivo. Si hay inflación, la culpa no tiene que ver con clases o dinámicas propias de la sociedad y el mercado: se trata del monstruo que imprime billetes. Y si este es el problema, la solución es su subversión: evitar que emita billetes, evitar que gaste.
El programa de Cambiemos es explícito y claro en esto: el ataque a la inflación viene por la vía de reducir cierto gasto público y evitar monetizar lo que quede. La reducción del gasto está expresada en el recorte de subsidios de las tarifas y los despidos masivos, mientras que otros gastos no se tocan –como los sueldos de funcionarios políticos. Para evitar emitir por el saldo restante, su proyecto es financiarlo con deuda: por ello el énfasis obsesivo del gobierno para arreglar con los fondos buitres. Vale aclarar que la nueva toma de deuda financiaría el mismo programa de ajuste, incrementando sus costos vía intereses, con lo cual ese camino sólo lleva a mayores problemas que los actuales.
¿Y qué está pasando con la inflación? Son conocidos los problemas de credibilidad que arrastra el INDEC desde la intervención en 2007. Como “solución”, el nuevo gobierno ha procedido a un “apagón” de información, dejándonos sin datos hasta agosto. Si usamos los datos de las consultoras privadas, auspiciados en el Congreso, o el del instituto de estadística de CABA, el resultado es incontrovertible: la inflación, aunque alta, venía desacelerándose el último año, y a partir de noviembre ha sufrido una marcada aceleración. Esto significa, sin dudas, que Cambiemos le agregó varios puntos a la “herencia”.
¿Cómo los agregó? Mediante el anuncio de la devaluación en campaña, su puesta en práctica inmediata al asumir, la quita de retenciones y liberación de cuotas para la exportación de productos de la canasta básica, el aumento de tarifas de electricidad (y anuncio de aumento de gas y transporte), la nueva devaluación de febrero y la desarticulación del programa Precios Cuidados (despidos filmados incluidos). Todas resoluciones del nuevo gobierno que elevaron la inflación, que son de su exclusiva responsabilidad.
Los datos relevados muestran que estas medidas han acelerado el ritmo de aumento de precios. Haciendo números redondeados, la tasa mensual fue del 4% en diciembre y enero, y 5% en febrero. Ese ritmo marca un 35% de inflación respecto del año pasado. Pero si extendemos este ritmo al resto de 2016, indicarían un incremento total del 60%. Un trabajo firmado por Panigo, Rosanovich, García y Monteagudo –provenientes de diversas universidades nacionales- calculan que el efecto dispar de esta aceleración, que afecta particularmente a las clases populares, debido a la mayor incidencia de la canasta de alimentos y servicios básicos en su consumo, que son justamente los rubros de mayor aumento relativo (frente a otros servicios). Así, calculan que en CABA, mientras que quienes se ubican en el primer decil de la distribución de ingresos (los hogares más pobres) perdieron casi 24% de su ingreso en los últimos meses, quienes se ubican en el decil 10 (los hogares más ricos encuestados), perdieron “apenas” el 11%. Es decir, el costo de la inflación no se reparte parejo. Vale recalcar que en este cálculo no incluye –debido al alcance de la encuesta- a los verdaderos ricos del país, los dueños de las grandes empresas, quienes difícilmente hayan perdido.
Es que, en última instancia, son los despidos y la reducción del salario real los que llevarán a una caída de la demanda y una recesión –ambas ya en curso. La recesión será la que ponga límite al aumento de precios. El gobierno contribuye activamente a esta recesión, al elevar la tasa de interés de referencia del Banco Central al 38%, con la excusa de atraer capitales, lo que hace inviable cualquier inversión productiva. Al evitar monetizar, genera iliquidez, lo que impulsa la recesión. De allí que las expresiones sobre el impulso a la inversión, y la toma de deuda como salida al ajuste son simples engaños, como nos acostumbró Cambiemos desde la campaña. El ajuste ya está en curso, y las políticas de este gobierno van en esa misma dirección.
Qué parte de este programa es perversidad y qué parte ideología pura, es difícil de determinar. Lo que queda claro es que es un programa a favor de unos pocos. Quizás su crítica a la inflación durante el kirchnerismo era que no lo hacían con suficiente brutalidad.

(Por Julio Gambina) El partido de la deuda avanza en el Parlamento para convalidar la estafa de los holdouts o fondos buitre, empujados por la justicia de EEUU, cuando los fallos o investigaciones judiciales locales vegetan entre la maraña de archivos que escamotea la burocracia legislativa y judicial.

La dependencia económica y política es evidente en la iniciativa, una más, para privilegiar usos de recursos públicos destinados a cancelar deuda ilegal, ilegitima y odiosa, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, lo que requiere de una profunda auditoria con participación popular. Esa investigación, luego de conocidos sus resultados, habilitaría a la convocatoria a una consulta popular para definir el pago o la anulación total o parcial de la deuda.

Claro que esa no es la idea de un gobierno y sus aliados parlamentarios que responden a una estrategia de inserción internacional de la Argentina diseñada desde Wall Street.

Fue curioso escuchar en la ronda de expertos sobre el acuerdo en marcha del lunes 7/3 pasado, como los apologistas del mercado, la negociación y el endeudamiento exponían sus hipótesis de bajas de tasas a futuro y la buena noticia que suponía el arribo de inversores y prestamistas externos. No se trataba de lobistas, sino de los representantes de la Bolsa y el Mercado de Valores, de las entidades bancarias y de los profesionales de la economía, habituales consultores en estos ámbitos en que se define la especulación local.

Esta semana, la Provincia de Buenos Aires tomó 1.200 millones de dólares al 9,37% y por 8 años. Una tasa usuraria si se la compara con el costo del financiamiento de otros países de la región, que logran tasas del 50% de lo que pagará el Estado bonaerense. No se entiende la urgencia en la toma de préstamos externos a ese precio, si la hipótesis es la baja del costo del dinero como resultado del acuerdo parlamentario. Lo real es que aun con acuerdo, hay probabilidad de continuidad de la litigiosidad contra la Argentina, lo que supone elevadas tasas de interés, más allá de los dichos por el gobierno y sus aliados del partido de la deuda.

Resulta evidente que solo son hipótesis infundadas sobre crédito barato y que en ese imaginario no se piensa seriamente en conseguir recursos externos para la promoción del empleo, ya que los préstamos, hasta ahora son para tapar huecos derivados de la crisis fiscal y resolver vía endeudamiento la disputa de consenso ante un ajuste que resulta cada vez más evidente. Es lo que quedó claro en la reunión del presidente con los gobernadores, que a cambio de anticipar fondos mayores de coparticipación, instruirán a sus diputados y senadores para acompañar una votación favorable en el Congreso para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano e instrumentar el mecanismo de endeudamiento para cancelar a los especuladores buitre y otros no ingresados a los canjes del 2005 y 2010.

Deuda, ajuste y liberalización

No es deuda o ajuste como sugieren desde el Ministerio de Economía, es deuda y ajuste, que se descarga sobre la mayoría empobrecida del país.

La convergencia de ambas cuestiones, se manifiesta en la continuidad de los despidos estatales y del sector privado, exacerbados con una política monetaria restrictiva que enfría la economía y agrava todo pronóstico recesivo para el 2016. La estanflación en curso es la razón por lo que avanza la convergencia de las diferentes centrales sindicales en una protesta a corto plazo, que no solo involucra al salario y las negociaciones colectivas, sino también a la demanda contra el impuesto a las ganancias y los ingresos derivados de la política social.

El problema es la dispar evolución de los precios y los salarios. Mientras los ingresos salariales están en proceso de actualización en negociaciones paritarias, los precios aumentaron 8,3% entre enero y marzo. Si se cuenta desde diciembre pasado el incremento asciende a 12,5%. La proyección anual dispara un 32,9%. Todo en un marco donde la evolución del tipo de cambio entre el peso y el dólar promueve una política de elevación de tasas de interés de parte del Banco Central que obstaculiza cualquier opción de crédito para la producción. La realidad es el estancamiento y la inflación, un cuadro desfavorable para la mayoría de la población.

Vale mencionar que la dupla ajuste y mayor endeudamiento previsto con el acuerdo sobre los fondos buitre, es una condición para incorporar al país a las negociaciones de los tratados internacionales de libre comercio, especialmente el Acuerdo del Pacífico, instrumento de reinstalación de la lógica aperturista del ALCA, que fuera rechazado por el Mercosur desde Argentina en 2005.

La inserción en esa lógica de libre cambio y apertura económica requiere de bajas de salarios para mejorar la competitividad local y la promoción de inversiones externas en condiciones muy favorables para la rentabilidad deseada por los inversores externos. Es el caso de Chevron e YPF, que por ahora motoriza la renuncia del titular de YPF y de la jueza interviniente en develar el contrato secreto (exigido por la Corte Suprema de Justicia) y con el escándalo que supone la voltereta del PRO, ayer críticos de la cláusula secreta y hoy a favor. Todo sea por los negocios.

Contrario a lo que algunos pueden pensar, no hay improvisación en el rumbo económico del gobierno Macri, sino decisión de avanzar en el programa de máxima del gran capital por la liberalización económica de la Argentina. El sendero que lleva a ese destino es el ajuste en curso financiado por nuevo y mayor endeudamiento externo, y ante e conflicto, represión y protocolo de seguridad.

El juez correccional José Luis Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

“Algo está fallando en la sistemática normativa y/o en su interpretación, en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad, cuando la acción contravencional por cruzar un semáforo en rojo o contaminar con la combustión de un automóvil, tiene un plazo de prescripción de cinco años y la acción por contaminar el ambiente a través de una planta industrial prescribe al año, dada una interpretación analógica (que no comparto), por existir un vacío legal”, escribió Ares.

El magistrado sostuvo que “existió una incomprensible e injustificable demora en la tramitación del proceso, en un largo y tortuoso camino hasta” sus manos: “la resolución sancionatoria, que como se dijo fuera dictada el 9/05/12, recién se notificó a la empresa imputada el 22/11/13, es decir un año y medio después. El recurso de apelación fue interpuesto el 2/12/13 y recién fue concedido el  9/12/14, es decir un año después. Y el ingreso a este juzgado, previo registro y sorteo por parte de la Cámara Penal departamental, se produjo un año después, el 9/12/15”.

Ares afirmó que “es esta cuestión de la calidad de vida de mis convecinos y los riesgos implicados en la actividad industrial en esta ciudad, que posee un enorme complejo petroquímico, la que genera preocupación por la cancelación de toda posibilidad de sancionar a las empresas que de algún modo contaminen el ambiente”.

“Es que sin perjuicio de que resulte difícil establecer el grado de motivación en la norma por parte de las empresas, y el efecto preventivo de la amenaza de sanciones pecuniarias, que generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas, lo cierto es que con un plazo de prescripción de un año siempre la acción contravencional se va a extinguir sin poderse ejecutar las multas aplicadas, si es que se aplican, por cuanto las enormes, incomprensibles e injustificadas demoras en la tramitación de estos procesos por parte del OPDS, en casos que, en su mayoría no presentan complejidad y se resuelven con las actas y el descargo, hacen que muy probablemente lleguen a los juzgados correccionales ya operada la prescripción (como en el presente caso), o bien ello ocurra al recurrir la empresa a las instancias superiores (Cámara y Suprema Corte)”, falló.

La resolución firmada a principios de marzo fue enviada no solo a las autoridades de la Fiscalía General platense, a cargo de Héctor Ernesto Vogliolo, sino también a las autoridades políticas locales y provinciales en la figura del ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, el intendente Héctor Gay y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini.

En la madrugada del sábado lo encontraron bajo el puente peatonal de Ingeniero White y murió ayer por mañana en el Hospital Municipal. Tenía 17 años e integraba la Orquesta Escuela de Ingeniero White.

“La primera versión que hicieron correr desde la Comisaría Tercera fue que él se intentó suicidar: Te puedo asegurar que jamás hubiera intentado suicidarse”, dijo a FM De la Calle Viviana Almada, tía del joven.

Ángel tuvo tratamiento con profesionales por anorexia. Contrariamente a lo que se sugirió a través de algunos medios, el equipo de psiquiatras  “dice que es imposible que se hubiera querido suicidad. Él estaba en su mejor momento: feliz con su orquesta, preparando todo para el lunes que arrancaba la secundaría y con un montón de proyectos”-

La comisaría hace correr ese rumor “porque es más fácil. Un chico se te tira por un puente vos lo primero que decís es se suicidó y cerramos la causa. Y no lo investigan”.

“Para nosotros a él le robaron y lo tiraron del puente. Le faltaban los dos celulares”, agregó.

El caso lo lleva ahora la UFI Nº 3. La familia solicita que quien tenga información, “por más chiquita que sea”, se comunique al 2914705878 o al 4573033.

La búsqueda de información se hace más urgente dado que en el sector “hay dos cámaras pero no funcionan”.

La comunidad de Bahía Blanca e Ingeniero White se encuentran movilizadas por el hecho.

Por su parte, un comunicado de la Unión de Músicxs del Sur hizo legar su “abrazo a la familia” del joven.

“El arco silenciado de Ángel enluta a la música de la ciudad con su pérdida estridente”, sostuvo el gremio.

A su vez, la organización reclamó al poder judicial “el inmediato esclarecimiento del hecho”.

El SUTEBA local, mediante un comunicado, dijo que ayer tomaron conocimiento de que “en Bahía Blanca se recortó el cupo en los comedores escolares 30%”.

Se trata de “un número frío, pero que detrás esconde niños/as y jóvenes que se quedan sin comer. Aún no sabemos a ciencia cierta cuantos alumnos bahienses se verán afectados por esto, pero seguramente son muchos que, necesitando hacerlo, dejaran de recibir un plato de comida”.

A su vez, la organización calificó la medida como “una decisión inhumana, que no corresponde a ningún relevamiento previo, por lo tanto también arbitraria”.

“El Estado Provincial paga solo $6,30 por alumno en concepto de almuerzo y 2, 60$ por desayuno o merienda. Este monto no se ha aumentado desde el 2014”.

La organización informó que “este año iniciamos las clases con un panorama donde muchas familias de los sectores populares no han podido adquirir útiles y zapatillas para que sus hijos concurran a clases. En los comedores los chicos pedían repetir las raciones porque se evidenciaba que tenían hambre”.

“En este contexto, sin consulta alguna, la Dirección del Servicio Alimentario Escolar (SAE), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, tomó esta decisión. O sea, se ‘ahorra’ (mejor dicho AJUSTA), sobre quienes menos tienen”.

Desde SUTEBA rechazaron la medida y exigen que o haya “ningún recorte en los comedores, incremento en las partidas por cupo y aumento de los cupos en los comedores”.

Martin Moyano (GEN) creó y lleva adelante el sitio web Bahía Segura y en una entrevista brindada a FM De la Calle proporcionó un pantallazo de la cuestión.

“Esta iniciativa comenzó hace dos meses, nació de la falta de información pública sobre la temática de seguridad. Inicié un mapeo de los hechos de inseguridad, basándome en el seguimiento de medios (de comunicación) con mejor servidor. Lo que registra la prensa son buenos indicadores”.

¿A qué llama inseguridad?

“Nosotros llamamos al fenómeno de inseguridad más comúnmente al que está reflejado en los medios. Tomamos los robos y hurtos, luego discriminamos cada clase de robos. Además sumamos riñas callejeras y vandalismo. Tratamos de ser lo más específicos posibles. No queremos estigmatizar. Con esto tenemos una visión más democrática de la seguridad.”, sostuvo.

Martin Moyano propone una mirada preventiva como aporte a la búsqueda de soluciones. “Tenemos más de 1300 efectivos en la calles, vemos que hay un 27% de eficacia. La información dice que el delito que más se repite es el hurto y esto se soluciona con prevención”.

Por otra parte, explicó como se comporta el seguimiento. “Desde que nosotros estamos registrando, en la zona de macrocentro está controlado el tema de inseguridad. Hay un corrimiento mes a mes de los robos y hurtos: se van a los barrios aledaños. Crece la problemática en casas particulares. Por eso manifesté que deben trabajar más en la prevención. Igualmente hay un asunto que es gravísimo:  debemos erradicar la compra y venta de bienes robados”.

Con respecto al uso político de la inseguridad y el narcotráfico, Moyano aseveró que “en el discurso se le ha declarado la guerra al narcotráfico. Yo lo que veo, basándome en los datos que dan los medios de comunicación y demás, es que a los que agarran son personas con poco monto de drogas”.

Para finalizar, el creador del informe dio sus expectativas. “Estoy convencido que si hay más datos públicos habrá más registro público al respecto y esto traerá un control sobre los funcionarios públicos encargados de esta problemática, el dinero, que son millones, invertidos y en la policía. Debemos trabajar en esta cuestión como sociedad. El municipio tiene que prevenir, creo que esa es la clave”, sentenció.

Texto: Diego Garcia

Los dos sectores en que se expresa la CGT en Bahía Blanca llegaron a un acuerdo respecto de que “el próximo titular de la Delegación del Ministerio de Trabajo en nuestro medio, debe provenir de las filas sindicales”.

A través de un comunicado, esta central obrera informó que solicitaron “una urgente reunión al intendente Héctor Gay para terminar de definir al sucesor de Carlos Moreno”.

El abogado y dirigente de La Bancaria, Walter Larrea, es una de los dirigentes “de consenso” que estas organizaciones sindicales proponen para ocupar el cargo.

Al respecto, Larrea dijo a FM De la Calle que “es un espacio de contención y de garantía de los derechos de los trabajadores en el marco de la conflictividad y me atrevería a decir inclusive de la prevención ante las eventuales diferencias que pudieran surgir. Llegado al caso del conflicto el Ministerio tiene la función de velar por el sector más desprotegido”.

“El tema es que desde los gremios estamos planteando que, por esta características de la naturaleza de la delegación ministerial, no es lo mismo la presencia de un funcionario, profesional o no, que se erija como una suerte de tercero imparcial” a que el lugar sea ocupado “por una persona representante de los sindicatos”.

Así lo informó Oscar de Isasi, Secretario General de ATE Y CTA Autónoma bonaerenses. Participarán de la jornada de protesta las organizaciones gremiales de trabajadorxs del estado que se encuentran dentro de esa central.

El paro convocado por ATE, AJB y CICOP, y al que adhieren trabajadorxs de la legislatura y docentes, rechaza de plano el 15% (5% + 10%) de aumento propuesto por el gobierno provincial, pide por el fin de los despidos, el pase a planta permanente de los precarizados y la reincorporación de los trabajadores.

“Para las mayorías de las organizaciones sindicales sigue el conflicto por la disputa salarial, ya que hemos rechazado de plano la última propuesta hecha por el gobierno provincial, que ronda el 15% en el mejor de los casos de marzo hasta junio, pero todavía está muy lejos del porcentaje para recuperar el nivel adquisitivo del salario. Además, sobre las categorías más bajas es menor a ese 15%, unos 1000 pesos de aumento, que rompen con esa equidad que habíamos conseguido fruto de la lucha, con los salarios más bajo de los trabajadores ingresantes de distintas leyes. Además, discrimina sustancialmente al conjunto de los trabajadores estatales del aumento que se les dio a los docentes”, dijo el dirigente al servicio de prensa oficial de la entidad gremial.

Por su parte, la titular de ATE Bahía Blanca, Viviana Marfil, ratificó la medida y dijo a FM De la Calle que “esto es totalmente insuficiente. Los trabajadores estatales, la línea más baja que representa al 70 % de los trabajadores, están bajo la línea de pobreza según un estudio de mercado de Bahía Blanca que dice que el sueldo debería ser de $9000”.

Respecto de las condiciones de trabajo y el estado de las negociaciones en tal sentido, Marfil sostuvo que “no hubo ningún tipo de modificación. Las escuelas siguen en el mismo estado. No siguen el protocolo que corresponden. En el Hospital Penna lo único que se está haciendo es arreglar la sala donde se encuentra el tomógrafo pero todavía no se puso mano en el tomógrafo y en todos los otros ámbitos del estado está pasando lo mismo”, finalizó.

Foto: ATE Buenos Aires

La concejal del FpV, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón (Mar del Plata) y referente política de La Cámpora, Marina Laura Santoro, dijo a FM De la Calle que  “a las 0:59 (del domingo) impactaron cinco disparos de un arma de guerra sobre el frente de nuestro local. Es el local central de la agrupación. Queda en pleno centro de Mar del Plata en calle 9 de julio y 20 de septiembre”.

Durante la mañana de hoy, asistieron a una conferencia de prensa en repudio de lo sucedido “representantes del poder político, legislativo, dirigentes de todos los partidos políticos, una representación en nombre del obispo, la universidad nacional, la universidad privada, un fiscal provincial, el poder judicial. O sea que hemos logrado, gracias a Dios, un repudio de la gran mayoría del poder político de Mar del Plata y de toda la sociedad”

“Esto es lo que hace falta, porque estos grupos son una minoría organizada cada vez más violenta, los que están operando y perpetrando estos hechos repudiables vengan de quién vengan. Han recibido hoy el repudio de toda la sociedad en su conjunto”.

nuevo enucentroPor su parte, ayer a las 14:40 referentes de Nuevo Encuentro denunciaron, a través de una conferencia de prensa acompañada por personalidades de la política, movimientos sociales y la cultura, otro ataque con armas de fuego cuando se encontraban reunidxs en la inauguración de un nuevo local en el barrio de Villa Crespo (Padilla y Gurruchaga), el sábado por la noche.

Fueron heridas dos mujeres, una de 30 años y otra de 19. La última, llevaba a su hermana menor en brazos al momento del ataque. Ambas fueron derivadas al Hospital Durand y se encuentran fuera de peligro.

Durante la tarde hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió al titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quién reclama al gobierno argentino que repudie enérgicamente el atentando a esta organización política democrática. También participaron de la reunión Gabriela Cerruti y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

El sábado por la tarde, militantes políticos lanzaron en Bahía Blanca la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo. Lo hicieron a través de un encuentro del que participaron referentes y distintos espacios sociales, sindicales y políticos de la región y el país a quienes se les entregó un documento con las principales ideas que expresan los objetivos del espacio.

En ese marco, José Lualdi, quien fue por mucho tiempo Secretario General del Partido Comunista Regional Bahía Blanca, expresó los motivos del lanzamiento del espacio político por fuera del PCA. De esta forma, el dirigente explicó que no fueron solo las definiciones de “voto táctico” las que alejó a este grupo político de la organización, sino prácticas “inaceptables para cualquier persona que se diga de izquierda” que cerraron los debates internos.

Por su parte, Gabriel Cena hizo referencia a quiénes integran este espacio y cómo proponen su trabajo militante al servicio de diversas construcciones sindicales y sociales de la comunidad.

Finalmente, hubo una ronda de opiniones en línea con el objetivo del encuentro de recoger miradas acerca de la necesidad de construir una alternativa política desde los sectores críticos del capitalismo y la posibilidad de intervenir también en la lucha electoral a tales efectos.

Participaron también referentes nacionales como Carlos Chile (CTA), Néstor Jeifetz y Carla Rodríguez (MOI) y referentes del Movimiento Territorial Liberación.

 

A dos años de la muerte de Daiana Herlein, su madre y padre difundieron una carta “a la comunidad”. En ella recordaron el aniversario pero sostuvieron que, a su vez, “un día como hoy hace dos años la cuidad perdió el miedo. Porque desde ese momento los ciudadanos de Bahía Blanca comprendimos que Daiana pudo haber sido la hija o la hermana de cualquiera que ese día paseaba en el Parque de Mayo. Porque ese día entendimos que la corrupción mata”.

A pesar del “dolor decidimos junto con muchos ciudadanos luchar para que ninguna otra familia sufra una perdida como la nuestra. Denunciar todos y cada uno de los lazos mafiosos con los que el poder se aprovecha de los dineros públicos y sumerge nuestras vidas en el abandono, la negligencia y la decidía”.

Alejandro Herlein y Lorena Zerneri han denunciado con anterioridad “que a Daiana la asesino un estado mafioso y corrupto”. Hoy la realidad nos da la razón y personajes tan nefastos como Marcelo Caramelli quien al momento del hecho era el director de parques se encuentra preso por extorsionar a comerciantes. Es decir lisa y llanamente un funcionario municipal corrupto que usaba su puesto para beneficiarse económicamente y que no cumplía con sus funciones ya que desconoció los informes sobre las condiciones terribles del arbolado público”.

Apuntando al rol del poder judicial en la complicidad del entramado de corrupción, la carta expresa que “para que haya funcionarios corruptos tiene que haber jueces que miren para otro lado. Donde esta mezclada la política y el poder económico, los negocios lícitos y los ilícitos. Donde están involucradas las fuerzas que tienen que investigar y los que tienen que detener a los delincuentes”.

El documento incluye una crítica a comunicadorxs, aseverando que “donde se compran voluntades de periodistas que difunden mentiras e infamias contra las victimas para proteger a sus patrones corruptos”.

Apuntando a que se investigue a otros funcionarios, Alejandro y Lorena señalaron que “el encarcelamiento de Caramelli es solo el principio hay muchos implicados que tarde o temprano pagaran por sus actos, por su acción u omisión. Rubén Valerio el responsable de Obras públicas recientemente fugado al vecino Monte Hermoso. Martín La Place y Rubén Lazcano…y como olvidar al jefe de la banda el fugado Gustavo Bevilacqua, quien fuera premiado por sus servicios y que su sola presencia mancha a todo el cuerpo de diputados de la provincia de Buenos Aires”.

El Secretario de Finanzas de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Guillermo Molina, habló con FM De la Calle sobre la problemática de los sectores industriales y obreras de la ciudad.

“Tuvimos un par de reuniones interesantes en el municipio. El intendente, Héctor Gay, nos explicó las intenciones de realizar obras públicas, cosa que nos parece muy bueno. Pero la realidad sabemos que no es definitivo: el problema es el salario de la gente que repercute directamente en nosotros”, remarcó.

Hasta el momento se realizaron dos reuniones. “En la primera concurrieron por el ejecutivo el secretario de obras públicas, Manrique, un concejal en representación de la comisión de obras del Consejo Deliberantes, colegios, gremios y empresas. Ya en la segunda, además de estas personas, se convocó a los legisladores de los tres niveles con pertenencia territorial a Bahía Blanca y a la sección”, explicó.

Además destacó que “hay interés que definen las condiciones de trabajo. El intendente dejó de entrever algún anuncio de obra para la ciudad en un largo plazo”.

Con respecto a esta problemática señaló el trabajo de seguimiento que lleva a cabo el gremio, “más allá de los números que arrojamos, hay un gran párate”, haciendo referencia al peligro de unos 1500 puestos laborales en la región.

El secretario gremial resumió la situación con los empresarios locales. “De las empresas y de la cámara se sumaron al debate, a nadie le conviene esta mala situación. La ventaja que tienen los empresarios es que pueden abaratar costos, tienen muchas maneras. Ahora, el trabajador si no trabaja no gana plata, si no tiene plata no come. Se está intentando crear un ámbito para tratar el tema de la desocupación”.

Respecto de la inminente designación de un delegado en el Ministerio de Trabajo, el dirigente obrero reconoció que se trata de “puestos políticos” pero que, desde hace algunos años “se ha logrado que este un trabajador en el puesto de delegado y esto nos encuentra en buena posición porque las cosas se nos hace más ágiles. Arrigoni y ahora Moreno están realizando una excelente tarea”.

A la espera de una resolución, la CGT advirtió que espera ser consultada.

“Nosotros desde el gremio estamos en permanente alerta y preocupación. Estamos empezando a ver este espiral diabólico: es la resultante de la desocupación, la falta de obras y la pérdida del poder adquisitivo. Sabemos que comenzó a bajar y las consecuencia que puede pasar con esto”, finalizó.

Texto: Diego Garcia

 

 

 

(Por Micaela Ryan) Confirmado por Telesur, la líder indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del 3 de marzo. Un grupo de desconocidos ingresó a su vivienda aproximadamente a la 1 de la mañana, mientras Berta dormía, y la asesinó e hirió a su hermano, que intentó defenderla.

Berta era una de las máximas referentes en la defensa de los derechos humanos, específicamente de los indígenas hondureños, a través de la organización Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), que lideraba. Tomas Membreño, miembro de la Coordinación General del COPINH, ratificó que Berta Cáceres fue asesinada en el sector La Esperanza, departamento de Intibucá.El secretario general del Partido Libertad y Refundacion (LIBRE), Juan Barahona, también confirmó la noticia vía Twitter.

A partir del golpe de Estado en Honduras en 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya, perpetrado con la activa colaboración de la Embajada de Estados Unidos, los gobiernos de extrema derecha de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández han hecho de la persecución ideológica y la violencia, una política sistemática. Los principales objetivos de esta violencia han sido los líderes de las comunidades lenca, los referentes en la lucha por derechos humanos y las organizaciones sindicales y sociales.

Berta Cáceres era una de las máximas referentes en la lucha por la defensa de los territorios, en un país donde el autoritarismo y la violencia han ido de la mano con el otorgamiento de las concesiones mineras y la instalación de represas. En el año 2013, Cáceres fue encarcelada por haberse enfrentado al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que implicaba el desplazamiento forzoso de las comunidades lencas habitantes en las zonas aledañas del Río Gualcarque. En su prisión, Cáceres se declaró “perseguida política” y “prisionera de conciencia”, logrando su libertad gracias a la presión social y a la movilización masiva que se expresó a pesar de la represión policial.

Por esta lucha, Cáceres recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica en el año 2015,y su lucha fue dada a conocer por varios periódicos del mundo, como BBC y TheGuardian.

Pocos días atrás, Cáceres había encabezado una conferencia de prensa en la que alertó acerca de las amenazas a su vida y el asesinato de varios líderes de las comunidades indígenas lenca. La denuncia contra las políticas del gobierno hondureño que mantenía Cáceres a través de su activismo permanente, la constituyeron como una de las máximas referentes sociales y feministas de América Latina.

Las instituciones deberán dar cuenta rápidamente de estos hechos, mientras un manto de duda y deslegitimación ya ha caído sobre el gobierno hondureño. En las próximas horas se sucederán movilizaciones en rechazo a este asesinato y la exigencia inmediata de la captura de sus asesinos.

Fuente: Notas.org

Así definió la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego al fallo del juzgado en lo Correccional Nº3 de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Susana Gonzalez La Riva, en el marco del juicio oral contra 5 trabajadores que tomaron en 2012 el frigorífico Villa Olga.

“Se consumó un atropello contra el legítimo derecho a la protesta social de los trabajadores. En la sentencia se condena a uno” de ellos, “Hugo Cartagena y se absuelve a los otros cuatro acusados. Se le imputa al trabajador el delito de ‘usurpación’, al tiempo que se restituye la propiedad del frigorífico a la familia Siracusa”.

Para el abogado de dos de los trabajadores criminalizados, Claudio Lofvall, el juicio “nunca debió haber llegado al ámbito penal ya que se trata de un conflicto que debía dirimirse en la justicia laboral”.

A través de un documento, la CTA recordó que “en el 2012 la legislatura bonaerense votó una ley que lo declaraba de ‘utilidad pública sujeto a expropiación´. En aquel momento se hizo un acto en las puertas del frigorífico con la presencia de los diputados del FpV Sonia Larraburu y Marcelo Feliú y se hicieron promesas de reactivación. Las mismas nunca se efectivizaron ni tampoco se concretó la expropiación. Ahora bien, en todo esto, los trabajadores no tienen responsabilidad alguna. Llama la atención que nadie del sector político que impulsó la ley estuviera en el juzgado”.

Criminazliación de la proyesta

Para la CTA, “la sentencia sienta un precedente en tanto criminaliza la decisión de 187 trabajadores despedidos en el 2012 de defender sus puestos de trabajo ante el vaciamiento patronal”. Además, el texto expresa que “en un momento en que se producen despidos tanto en el ámbito estatal como el privado, la justicia produce un fallo por el cual inclina claramente la balanza a favor de las patronales”.

Para la fiscal Olga Herro, según se puede escuchar en el audio extraído de una entrevista otorgada a este medio, no había ningún conflicto laboral que justifique la toma y se mostró únicamente abocada a observar el delito de usurpación sin contemplar el contexto en el que se llevó adelante la medida de fuerza. En este sentido, la central sostuvo que “usurpación es apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Los trabajadores no se apoderaron de nada ni utilizaron la violencia. Frente a una patronal que primero los explotaba obligándolos a asociarse a una cooperativa fraudulenta y luego los despedía y comenzaba a llevarse las máquinas de trabajo para vaciar la planta acordaron conjuntamente la defensa del trabajo”.
Enrique Gandolfo, referente de la CTA regional, dijo a FM De la Calle que “nosotros hablamos de una justicia direccionada en este caso desde la fiscalía y convalidad por la jueza en el sentido de que hay una justicia que se saca la venda, abre bien abiertos los ojos y decide con una mano premiar a los empresarios, le devuelve la propiedad que había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y por otro lado castiga a los laburante”.

“La fiscal, cuando habla de los trabajadores, habla de esta gente. No es gente como ella”.

Reforzando lo antedicho, el dirigente que estuvo presente en los pasillos palaciegos contó que, mientras esperaban la lectura del fallo, “a dos metros de los trabajadores estaba la familia Siracusa (dueños de la firma). Pasa la fiscal: abrazos, besos con la familia, con la abogada. Un rato después la sentencia le da la razón a la patronal”.



Este sábado a las 17 la Casa del Pueblo propone su reapertura. La casona conocida históricamente como local del Partido Socialista fue habitada, desde hace pocos años, por una agenda cultural a cargo de un grupo de artistas.

El sábado 22 de agosto del año pasado la Municipalidad de Bahía Blanca tomó la decisión de clausurar el establecimiento durante una actividad de varieté. La actual casa de Socialistas para la Victoria es cedida para la gestión de actividades al grupo Perro Azul, conocido por la organización de El Semillero, un encuentro de formación y festival de gran impacto en la región.

Actualmente, rige la ordenanza de espacios culturales, sancionada en julio 2014. La misma prevé una mesa que incluye autoridades del Instituto Cultural, personal técnico que debería colaborar en la realización de los planes de readecuación de los establecimientos que están cerca de habilitarse según los cánones establecidos en la norma y un representante por los espacios culturales. A su vez, dispone un fondo presupuestable para financiar la actividad.

Sin embargo, al momento de la clausura de la Casa del Pueblo esta mesa no estaba funcionando. Ante el debate público que ocasionó el cierre del lugar, el gobierno saliente, de la mano de la ex directora del Instituto Cultural, Marcela Sainz, puso en marcha la mesa a último momento.

Según dijo a FM De la Calle Nicolás Caminiti, referente del espacio, “finalizado el año la comisión técnica no tuvo mayores progresos y los subsidios quedaron mayormente parados”.

Actualmente, “el Instituto Cultural todavía no convocó nuevamente a la comisión ni a los espacios culturales. El presupuesto destinado a los subsidios del año pasado todavía no sabemos en qué estado quedó”.

Desde el espacio artístico pidieron una reunión a las nuevas autoridades del Instituto Cultural, aún sin respuesta.

De cualquier manera, éste sábado desde las 17 “hasta aproximadamente las diez de la noche” se llevará adelante la reapertura de La Casa del Pueblo. Durante la jornada habrá música, danza, teatro y espacios de charla sobre la actualidad de los centros culturales será el entorno para dar comienzo a un nuevo año.

La actividad será con entrada libre y gratuita pero habrá urnas para quienes deseen colaborar con las refacciones que el espacio debe efectuar para lograr su habilitación.

Además, Jorge Rivas presentará en Bahía Blanca su libro “El rumbo”, prologado por Cristina Fernández. La publicación reúne intervenciones parlamentarias, notas de opinión, discursos partidarios y diversas exposiciones y ponencias en debates.

Con el acuerdo arribado para cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los “fondos buitres”, se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina.

Esta vez por 15.000 millones de dólares, que es el monto a pagar en efectivo a los acreedores, y que se obtendrán de una nueva colocación de títulos de la deuda pública, que alcanzaría un stock de deuda por 300.000 millones de dólares, y habilita a nuevas rondas de préstamos que agravará la hipoteca de nuestro pueblo.

Los especuladores financieros (buitres) compraron bonos depreciados en plena cesación de pagos de la Argentina, y ahora cobrarán con una renta increíble que oscila, según sea cada título, entre 400 a 1.000%. Más que un gran negocio, se trata de una estafa gigantesca.

Una estafa convalidada bajo un gobierno constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos gubernamentales desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública surgida de manera ilegal, ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura genocida.

En rigor, se viene escamoteando la investigación sobre la deuda, un tema que logró incluirse en la ley de pago soberano que ahora pretenden derogar para habilitar el acuerdo con los buitres y la justicia de Nueva York. La comisión bicameral incumplió con la presentación de un informe a fines del 2015.

Nuestro país legaliza en cada turno de gobierno el endeudamiento espurio y se niega a auditar las deudas, desconociendo, incluso, fallos de la justicia local (sentencia de Ballesteros, del año 2000) y otros procesos judiciales en curso.

Ahora se celebra el fin del default asumiendo más deuda, con la convicción de que será punta de partida de un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución, intercambio y consumo para beneficio de la élite empresarial que usufructúa el trabajo social.

Es curioso como ayer se celebraba el desendeudamiento y ahora se continúa con pagos y nuevas rondas de deuda. Son relatos de la alegría para profundizar la pérdida de soberanía a 200 años de la independencia.

Además, las deudas de hoy se exigirán pronto y restarán recursos fiscales para satisfacer derechos sociales de alimentación, salud, educación, energía, entre muchas necesidades insatisfechas. La nueva deuda es una de las caras del ajuste, aunque el tema se presente como única salida que convoca al consenso de toda la población.

Ganar en conciencia social movilizada para suspender los pagos, mientras se audita la deuda, sería un camino alternativo.

El concejal Matías Italiano presentó un proyecto de resolución solicitando a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires la inmediata realización de audiencia pública, a los efectos de garantizar la participación de lxs usuarixs en la discusión del aumento de tarifa del servicio público de energía eléctrica.

El Gobierno Provincial publicó el día 26 de Febrero de 2016, en el Boletín Oficial, una resolución del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Edgardo Cenzon.

Según el edil de Compromiso Bahía, “la resolución en cuestión, establece un incremento en la tarifa del servicio de la energía eléctrica de un ciento diez por ciento (110%)”.

La Ley N° 24.065 establece que “cualquier modificación al régimen tarifario debe contar con una convocatoria a audiencia pública en al que se expliquen los motivos y las causas de la reducción de los subsidios”

Este aumento se suma “a la intensión de fuertes aumentos en las tarifas de los servicios de gas y agua y cloacas”

A su vez, el texto indica que “los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, y que los servicios públicos de suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza” y “que los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”.

Por último, el proyecto de resolución destaca que “la Audiencia Pública es una garantía que tiene el usuario para ejercer un control evitando abusos en la fijación de la tarifa”.