El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó un informe en el cual sintetiza la información sobre conflictividad laboral, negociación colectiva y mercado de trabajo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2015. Esta 12° entrega trimestral se enmarca en una línea de investigación iniciada en el año 2007.

Con respecto a los datos sobre conflictividad, se registró un total de 254 conflictos la mayoría de los cuales ocurrió en el sector público (62,6%), mientras que los llevados a cabo en el sector privado tuvieron una participación menor sobre el total (33,5%). La evolución total de los conflictos muestra un incremento respecto al trimestre pasado y también en la comparación interanual que se explica por los conflictos públicos manteniéndose en los valores más altos de los últimos años.

Dentro las disputas públicas predominan las dirigidas contra los Estados Provinciales (62,2%) mientras que en las privadas, se explican por la presencia mayoritaria a nivel de empresa. Al observar las causas de los mismos, vemos que se mantiene la tendencia de los últimos años: en el sector público los principales motivos se vinculan con reclamos por mejoras salariales y condiciones de trabajo, destacándose la presencia de disputas por tipos de contratación; y en el sector privado los principales reclamos se explican por situaciones de crisis y demandas salariales.

En línea con la cantidad de conflictos, la mayoría de las acciones conflictivas también se registró en el sector público (266 acciones), teniendo una participación menor sobre el total las llevadas adelante en el sector privado (155 acciones). En la conflictividad total las medidas de mayor frecuencia fueron las declaraciones de paros y los paros efectivos seguidos de las movilizaciones y las medidas comunicacionales.

Respecto a la negociación colectiva, durante el primer semestre del año 2015 se registraron 704 unidades homologadas. En relación al tipo de unidad negociada, este semestre continúa la tendencia registrada en esta última década, donde es mayoritaria la negociación de acuerdos en relación a convenios; y donde predominan las negociaciones a nivel de empresa en relación a las de actividad. También existe continuidad sobre los sujetos que protagonizaron la mayoría de las negociaciones colectivas: las federaciones y las uniones nacionales; tendencia que se mantiene desde el año 2009.

En el informe se resume el contenido de la mayoría de las negociaciones salariales por actividad. A lo largo del primer trimestre se intentó instalar la idea de un posible “techo” salarial en torno al 27% para la negociación de las paritarias. Si bien algunas actividades cerraron sus acuerdos en Casa Rosada y con porcentajes en torno al 27% (como por ejemplo metalúrgica, comercio, construcción, administración pública y encargados de edificio), varios hechos han confirmado la relatividad de ese “techo”: el conflicto que protagonizaron los trabajadores aceiteros a partir de un paro que duró 22 días, el paro de dos días de los bancarios en el mes de abril y las movilizaciones y los paros por turno de los trabajadores de la industria de la alimentación, todos ellos superando ampliamente el 27%. Otras actividades que firmaron incrementos superiores al 27% fueron: Luz y Fuerza (Mar del Plata), subte, seguro, camioneros, químicos, entre otras mencionadas en el informe.

Los acuerdos salariales mantuvieron la misma forma que en los últimos años: se pactó un aumento porcentual en cuotas (como en todos los casos presentados menos en el de los aceiteros); una suma de carácter no remunerativa (como en el caso de comercio y el sector plástico); y en algunos casos se optó por otras estrategias de aumento: recategorización (metalúrgicos), aumento de “viáticos” (alimentación), aumento del adicional por presentismo (aceiteros) y extensión de la vigencia del acuerdo a 18 meses (transporte de pasajeros).

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El viernes 11 las trabajadoras y los trabajadores del Frigorífico INCOB realizarán una asamblea “para lograr la destitución de la anterior comisión y votar una nueva que garantice la continuidad laboral de las 70 familias” que dependen de la empresa recuperada. Durante el encuentro, establecerán “un nuevo método de organización contable, verdaderamente democrático, transparente y donde los trabajadores podamos realmente trabajar en una cooperativa”.

Lxs trabajadorxs rechazaron “la campaña de mentiras y calumnias que vienen sosteniendo en los medios de prensa el señor Enrique Garaggiola y socios allegados a él, en el que dicen que nosotros usurpamos el frigorífico o dejamos en la calle a familias”.

“También alertamos sobre las prácticas patoteriles que vienen ejerciendo estas personas, quienes días atrás nos atacaron con armas de fuego, hecho que produjo graves heridas en compañeros y mujeres del frigorífico, cuestión que hicimos de público conocimiento y por el cual hemos iniciado las presentaciones judiciales correspondientes para que se haga justicia”, agregaron en un comunicado.

Lxs obrerxs de INCOB reclaman su “legítimo derecho a remover de la presidencia a Enrique Garaggiola, quien durante años ha ocultado los balances económicos de la Cooperativa, lo que ha provocado deudas que ponen en riesgo nuestra fuente de empleo. También denunciamos los métodos de humillación y discriminación que ejerció durante la presidencia a los trabajadores y las mujeres”.

Finalmente, llamaron “al conjunto de la población trabajadora de Bahía a acompañarnos, para terminar con los ataques y las patotas, y establecer lazos de unidad y solidaridad entre todos, en defensa de los puestos de trabajo”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución del nieto 119. “Hoy, nuestro nieto se encontró por primera vez con su madre y este es un hecho extraordinario que queremos celebrar. Se trata de la quinta mamá que pudo recuperar a su hijo apropiado por la dictadura”, dijeron las Abuelas.

Durante la habitual conferencia de prensa posterior a cada restitución de la identidad, la presidenta del organismo Estela de Carlotto, afirmó que “durante estos últimos años se han ido consolidando la Memoria, la Verdad y la Justicia como pilares irrenunciables para la sociedad. Hoy, que desde algunos sectores políticos, mediáticos y judiciales se intenta dar voz a la idea de reconciliación, se evidencia una vez más la necesidad de profundizar las investigaciones”.

“Aún hay desaparecidos con vida y graves delitos por juzgar. Reivindicamos la valentía de Sara en la búsqueda de su hijo y la acompañamos en la alegría de este encuentro. Por todos los nietos y nietas que desconocen su verdadero origen, por todas las víctimas que aún no alcanzaron justicia y para que estos crímenes nunca más se repitan, no permitiremos dar ni un paso atrás”, agregó.

Sara (cuyo apellido mantuvieron en reserva) nació el 25 de enero de 1956 en Tucumán. En 1975, trabajaba en un hotel de la capital de esa provincia, donde vivía junto a sus dos hijas, de 3 años y de un año. En julio, al regresar del trabajo por la madrugada, fue interceptada por un auto en la puerta de su vivienda. La llevaron a una comisaría, luego a la Jefatura de la Policía provincial y posteriormente a la Cárcel de Villa Urquiza, en donde permaneció en calidad de detenida-desaparecida y dio a luz en cautiverio, en la misma cárcel, entre mayo y junio de 1976.

El bebé le fue arrebatado inmediatamente por un enfermero y Sara jamás lo volvió a ver. Fue liberada en noviembre de 1976 a la vera de un cañaveral, y desde ese sitio caminó hasta el Hospital del Carmen en donde permaneció internada hasta que pudo volver a su casa.

Sara vivió atemorizada por el martirio que le tocó vivir. Treinta años más tarde, a través de una persona conocida y acompañada por la agrupación H.I.J.O.S, se puso en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, en 2004. En 2006 se contactó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y allí tomó intervención la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Este organismo abrió un legajo de investigación y en septiembre de 2007 su sangre fue ingresada al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) con la esperanza de dar con el paradero de su hijo.

Mientras tanto, el joven fue haciendo su propia búsqueda. Desde muy chico sospechaba que no era hijo de quienes lo criaron y si bien a él nunca le confirmaron esta duda, personas de su entorno sí conocían su situación. Inscripto como nacido en 1977 en una localidad de la provincia de Santa Fe -donde se crió-, sus dudas fueron creciendo con el tiempo.

En febrero de este año, se animó a presentarse en la filial de Abuelas de Rosario, se le brindó la contención y el acompañamiento que se ofrece a todos los que se acercan para averiguar su origen, y se derivó su caso a la CONADI. En agosto se cursó el pedido al BNDG para que se le efectúe la extracción de sangre y, el 19 de noviembre último, se informó el resultado del entrecruzamiento, que confirmó que es hijo de Sara.

“A pesar de las condiciones extremas en las que lo gestó y alumbró, Sara siempre consideró como su hijo a ese bebé que le arrebataron, al que no llegó a conocer pero escuchó llorar segundos después de parir. Ese bebé en su vientre, al que ‘ahijó’ durante su detención y también después, a quien imaginó como un varón toda su vida, al que buscó primero en soledad y luego con el apoyo del Estado, hoy conoce la verdad”, manifestaron las Abuelas.

Mario Bravo vive en la localidad santafesina de Las Rosas y calificó el encuentro con su madre como “muy emotivo” al señalar que siempre creía que estas historias “le pasaban a otro” pero ahora le pasa a él. “Hay que tomar la posta por otros, porque lamentablemente hay nietos que faltan y esto (por las emociones que le produjo haber recuperado su verdadera identidad) da ganas que lo sienta mucha gente más”, sostuvo.

Resaltó la necesidad de transmitirle a quienes tienen dudas sobre sus orígenes, la idea de que del otro lado “te buscan y que faltaste en una familia durante muchos años”. Con respecto a sus padres de crianza contó que “ya no están” y relató que su mujer y sus amigos lo impulsaron y acompañaron a comenzar con la búsqueda de su identidad, hecho que se le despertó con más fuerza cuando se convirtió en padre.

Dos de lxs cinco nietxs restituidos que pudieron abrazar a sus madres son lxs hermanxs Gatica Caracoche. Su papá Juan Oscar Gatica fue secuestrado en Bahía Blanca y declaró en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad. Escuchá la entrevista con El Juicio desde la Calle:

DSC08907Tres familias reclaman el reconocimiento de su trabajo a la Cooperativa Obrera. Permanecen frente a la sede institucional de Bahía Blanca ubicada en calle Paraguay 364, a la espera de respuesta.

“Éramos un emprendimiento familiar que venimos haciendo desde 2008. No nos hemos registrado. Hacíamos un trabajo de reciclaje en Cooperativa Obrera. Consistía en la limpieza del predio ubicado en ruta 3 acceso al puerto”, sostuvo José María Ullmann, una de las personas que hizo pública la situación.

“La empresa dice que no podíamos seguir porque ellos querían vender el nylon y los pallets que nosotros usábamos como reciclaje. Supuestamente la empresa a la que yo le proveía nylon y pallets arregló directamente con la Cooperativa. Se olvidó de la gente que vivíamos de eso”, agregó.

“El incumplimiento que nosotros estamos reclamando es que hace un montón de años que nos iban a blanquear y no lo hicieron. No cumplieron. Todo lo que se había hecho era de palabra. A las palabras se las lleva el viento”.

Las personas que trabajan en el emprendimiento se encuentran actualmente desempleadas.

Por último, Ullmann sostuvo que se quedarán frene a la sede de la entidad financiera y comercial hasta que se solucione el conflicto.

Escuchá la nota completa:

La Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó hoy a la empresa Profertil S.A. por ruidos molestos.

A las 4:40 de este martes la Guardia del CTE detectó emisiones de ruido que provenían de la empresa Profertil. Tres minutos después se comunicó con la planta para solicitar información acerca del evento, desde donde informaron que “tuvieron problemas con un compresor de vapor con apertura de su válvula de seguridad, debido a lo cual se produjo el ruido constatado”.

Una vez analizados los resultados de las mediciones, se verificó que superaban los límites permitidos. Razón por la cual se procedió a labrar un acta de inspección por falta al Art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex – SPA) (norma IRAM 4062/84) modificada por la Resolución 94/02 (ex – SPA).

“El ruido medido fue calificado como molesto de acuerdo a la norma antes aludida. El nivel sonoro fue medido con un decibelímetro certificado, calibrado y homologado según normas vigentes y organismos competentes”, aseguró la Agencia Ambiental.

El acta de infracción será enviada junto a “un informe pormenorizado” al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

(Por Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti) La renuncia del juez Ramos Padilla al cargo que subroga en el Juzgado Federal Nº1, fundada en el estado de la justicia bahiense y las incontables trabas que ha encontrado en su gestión, nos lleva a reflexionar sobre quien ha sido el mentor principal de este estado de cosas: Nestor Montezanti, presidente de la Cámara Federal en el momento en que fue suspendido para ser sometido a Juicio Político por el Consejo de la Magistratura. Esta decisión fue adoptada con los votos de kirchneristas, radicales y representantes de jueces y abogados, por lo que queda deslegitimada su postura de “víctima” de una campaña del oficialismo.

Con posterioridad a la resolución del Consejo de la Magistratura, asistimos a un embate mediático del ex PCI Néstor Montezanti para mostrarse como un “perseguido político” del gobierno, intentando frenar su definitiva destitución.

Desde las páginas del diario de los Massot insistió en negar su documentada participación como personal civil de inteligencia de la dictadura. Afirmando que “el sistema de justicia ha traicionado todos los principios”, arremete contra el juez Ramos Padilla que lo convocó en cuatro oportunidades a declaración indagatoria en la causa Triple A.

Una campaña en el portal “change.org”, promovida por el médico bahiense Juan Sebastián Soler y dirigida al Consejo de la Magistratura que, con el título “No destituyan al juez Montezanti”, lo presenta como un adalid “implacable con el narcotrafico, la trata de personas y la delincuencia”, afirmando que su potencial intervención en el caso Suris es la razón por la que el oficialismo pretende separarlo de su cargo de conjuez de la Cámara Federal. Al decir del dr. Soler: “Ahora van por Montezanti, para encubrir una red de empresas, intereses y relaciones vinculadas al lavado de dinero, evasión impositiva y corrupción y designar nuevos jueces con la mayoría automática del Consejo de la Magistratura”.

Argumentos similares esgrime el periodista Luis Novaresio en una nota del portal “infobae.com” de fecha 18 de noviembre. Con el titulo “Juez Montezanti: Soy un perseguido político de este gobierno” le da la palabra al “juez platense” (sic) para que pueda expresarse: “Siento desprecio por quienes inventaron las acusaciones. Han atropellado todo vestigio de división de poderes y, lo que es peor, han cruzado la línea de la dignidad”.

El vergonzoso editorial de La Nación del día posterior al ballotage, que con el título “No más venganza” reivindica “el terrorismo de Estado” que aplastaba con su “poder de fuego” a miles de militantes sociales y políticos y dedica un párrafo al exPCI: “También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.

En todos los casos se repite el mismo argumento falaz. Lo cierto es que el único fallo en el que Montezanti se ocupa de la “corrupción” en el poder es para liberar al intendente y al jefe de policía de Lonquimay (La Pampa), Luis Enrique Rogers y Carlos Adrián Alanis, procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por la Jueza Federal Iara Silvestre.

Frente al avance conservador y los recortes del Estado, la lucha del pueblo brasilero vuelve a tener como protagonistas a lxs jóvenxs secundaristas. Resistiendo al “reordenamiento” del sistema de educación del Estado de São Paulo, desde mediados de octubre cientos de jóvenes ocupan las escuelas que el gobierno estadual pretende cerrar.

Según la medida comunicada por la Secretaria de Educación, el 23 de septiembre, el reordenamiento afectará a 94 escuelas y más de 311 mil alumnos. Tras el anuncio, las manifestaciones dirigidas al gobernador paulistano Geraldo Alckmin (PSDB), no demoraron en convocar cientos de alumnos, alumnas y profesores en las calles. Fuertemente reprimidas por la Policía Militar Estadual, a las manifestaciones públicas se sumó un nuevo repertorio de acción encabezado por los estudiantes: la ocupación de escuelas.

Según el último balance realizado por el Sindicato de Profesores del Enseño Oficial de São Paulo (Apreoesp), hasta la fecha, 74 escuelas están ocupadas y 148 instituciones están movilizadas por lxs estudiantes.

La organización de lo que hoy se conoce como el movimiento “Não fechem a minha escola”, ha logrado una gran visibilidad en las rede sociales gracias a la agilidad de lxs jóvenes organizadxs que hacen uso de los teléfonos celulares para registrar los acontecimientos y romper creativamente el silencio de los grandes medios de comunicación, dando clases de “agitación y propaganda”.

Así como en las calles, el ingreso de la policía con fines represivos fue un tema que logró fuerte repercusión, logrando sumar solidaridades desde otros puntos del país.

Frente al crecimiento de este proceso de lucha, el martes 23 de noviembre alrededor de 100 alumnxs de 50 escuelas ocupadas y no ocupadas se reunieron con la intención de coordinar actividades y compartir experiencias. Durante el encuentro lxs estudiantes adhirieron a un manifiesto que exige el fin de la “reorganización” del sistema educativo, que ninguna escuela sea cerrada o dividida, que no habrá demisión de trabajadorxs docentes y no docentes, y repudiaron la violencia y persecución de alumnxs movilizadxs.

Arrestos, choques, amenazas con armas, pretenden ser una respuesta gubernamental a la lucha de los jóvenes. Sin embargo, la resistencia al corte de escuelas sigue de pie, sumando día a día nuevos escenarios y apoyos. Frente a un panorama confuso, una vez más, lxs pibxs están dando clases de lucha.

Una charla para interesadxs en la carrera de arquitectura se llevará a cabo a las 16 en el salón de actos de Alem 1253 de la Universidad Nacional del Sur. Allí se explicarán cuestiones relacionadas con el sistema de nivelación, las materias de primer año, los pases de carrera y otras.

La carrera se creó en noviembre, según resolución de la Asamblea Universitaria Nº 15/2014, y su plan de estudios ya fue presentado y aprobado en las instancias nacionales. El pasado miércoles fue aprobado el inicio en 2016.

El Plan de Estudios de la carrera tiene cinco años de duración con un total de 35 materias. El único requisito para ingresar es completar las dos primeras etapas del trámite de inscripción. Las materias del primer cuatrimestre son Taller de Arquitectura I, Sistemas de Representación I, Matemática I ARQ e Historia del Arte y la Cultura.

Cómo es la inscripción

El trámite de Inscripción requiere en primer lugar preinscribirse a través de la web en www.uns.edu.ar/ingreso entre el 3 y el 18 de diciembre, y luego presentar la documentación en 12 de Octubre y San Juan, 3° Piso oficina 14 en la fecha que indica el turno que se obtuvo en la preinscripción: el formulario de preinscripción impreso, DNI y fotocopia del DNI, y Título Secundario o certificado de título en trámite o certificado de alumnxs del último año del secundario.

En el momento que se entrega el Título Secundario o bien el certificado de título en trámite que acredita no adeudar materias o el certificado de alumno o alumna regular del último año del secundario (si todavía adeuda materias del secundario), se asigna un número de registro al aspirante y pasa a ser alumno de la UNS. Para completar el trámite es necesario también realizar la revisación médica. En el momento que se presenta la documentación se brinda información respecto a esta revisación. Los pases de carrera y cursados paralelos de alumnxs regulares de la UNS para Arquitectura se tramitan entre el 9 y el 18 de diciembre en la Dirección de Alumnos y Estudios, Alem 1015.

Cursos de nivelación

Las y los ingresantes a Arquitectura deben realizar cursos de nivelación en dos materias: Matemática y Comprensión de textos. Para comenzar a cursar las asignaturas del plan de estudios vinculadas con cada una de las materias de nivelación, deben cumplir alguna de estas alternativas: promocionar el curso de nivelación que se dicta en febrero, aprobar el examen de nivelación de marzo o su recuperatorio, promocionar el curso remedial que se dicta entre abril y junio, o bien aprobar el examen o el recuperatorio en julio o agosto respectivamente. Las fechas, horarios y aulas de los cursos y exámenes se publican en www.uns.edu.ar/ingreso

El juez Alejo Ramos Padilla presentó su renuncia “indeclinable” como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de nuestra ciudad a partir el 31 de diciembre. Lo hizo en carta dirigída al camarista Pablo Candisano Mera por la pérdida de “legitimidad” que le significó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias por parte de la Corte Suprema.

“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, como jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino. He visto cómo jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política. Son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio a la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, afirmó.

El magistrado que, entre otras causas, llevaba adelante la investigación de crímenes cometidos por la Triple A en la cual declaró en rebeldía al suspendido presidente de la Cámara Federal, Néstor Montezanti, mencionó el enorme desgaste y cansancio personal” que le originó reorganizar el caótico panorama que dejó su antecesor Santiago Ulpiano Martínez y se quejó por la falta de recursos y personal. Padilla se enfocará así en su cargo como titular del juzgado de Dolores que “en los próximos meses de verano debe atender sus mayores demandas”.

El renunciante escribió que asumió en nuestra ciudad “de acuerdo a la ley, por expreso mandato del Consejo de la Magistratura. Desde hace años me desempeño como titular del Juzgado Federal de Dolores en la vecina jurisdicción de Mar del Plata -cargo al accedí mediante concurso público y previo acuerdo del Senado de la Nación-. Esta subrogancia -que no implica mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía, la acepté en la creencia que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca y con la legitimidad de haber sido designado por el órgano específico en la ley y la Constitución”.

Recordó “la grave afectación al servicio de justicia, numerosos atrasos e irregularidades jurisdiccionales y administrativas” oportunamente informados a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Comisión Interpoderes y la Cámara de Apelaciones.

Padilla detalló que para cambiar dicho panorama “se realizaron, con pocos recursos, esfuerzos extraordinarios que implicaron en lo personal atender dos juzgados federales a más de 700 km de distancia”, “soportar largas jornadas laborales que se extendieron entre 12 y 16 horas diarias -incluso los sábados, domingos y durante la feria de invierno-” que le generaron “un enorme desgaste y cansancio personal”.

Al momento de balancear lo realizado, destacó que “se regularizó la situación de los detenidos que llevaban meses sin ser indagados; se resolvió la situación de decenas de detenidos que desde años estaban a la espera de una resolución; se regularizó la situación de las prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo de la Magistratura; se atendieron las quejas por retardo de justicia; se procedió a la quema de material estupefaciente que se encontraba disperso y sin siquiera cumplir las condiciones mínimas de seguridad y custodia (incluso a la intemperie, esto es en la terraza del juzgado); y se dispuso la adecuada custodia de más de medio centenar de armas y la destrucción del material explosivo que estaba en condiciones de estallar y en el ámbito de la propia Secretaría”.

Además, el magistrado reseñó que durante su subrogancia “se corrigieron inconsistencias en los registros (no existía información sobre la cantidad de personas detenidas, ni tampoco certeza sobre dónde se encontraban alojadas); se llevaron adelante allanamientos y se les quitó las armas que los detenidos tenían en sus domicilios -15 casos-; se implementó un control sobre los detenidos y se regularizó el alojamiento de los detenidos de lesa humanidad (alojados en dependencias policiales y en contravención con las disposiciones del Ministerio)”.

“Se comenzaron a superar los atrasos generalizados en todas las secretarías, los conflictos internos, administrativos y laborales entre los distintos funcionarios; se comenzó a capacitar al personal; se impulsó la formación de un seminario administrativo para que se analice la responsabilidad del ex juez subrogante y del secretario de Derechos Humanos (NdR: Mario Fernández Moreno); por primera vez se avanzó en la investigación de la organización paraestatal Triple A y se dictó procesamiento de muchos de sus integrantes; se dictaron numerosos autos de mérito en causas de lesa humanidad”. En otro orden, “se comenzó un proceso para regularizar los más de 150 reclamos de ciudadanías que se encontraban demorados, otorgándose aproximadamente el 50 por ciento de los reclamos”.

La decisión de apartarse del cargo es consecuencia de la resolución de la Corte Suprema que el 4 de noviembre declaró inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y si bien Ramos Padilla aseguró no compartir sus consideraciones ni su oportunidad se ajustó al fallo y señaló que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’ ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’ y ponernos fecha de vencimiento -tres meses-, se puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un juez”.

Otro hito en la historia regional marcó esta tarde el tribunal oral bahiense al condenar a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Son miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial que cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “en el plazo de diez días, el diario LaNueva. de esta ciudad (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky y Adriana Metz, quien volvió a gritar por su hermano apropiado.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “tenga a bien efectuar las medidas a su alcance para que en el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías sea estatuido como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado” y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados durante este debate”.

Las penas deberán ser cumplidas en “prisiones federales comunes” luego de evaluarse el estado de salud de cada uno de los condenados, cuyas bajas de las fuerzas armadas y de seguridad a las que pertenecen fueron solicitadas a las autoridades correspondientes.

Recibieron penas de prisión perpetua: el ex comandante de Infantería de Marina y de la Fuerza de Tareas Nº9 Eduardo René Fracassi; el ex miembro del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº1 Luis Alberto Pablo Pons; el ex jefe de Contrainteligencia del Departamento de Operaciones de la Base Baterías Enrique de León; Oscar Alfredo Castro, ex comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA) y de la Fuerza de Tareas Nº2; Alberto Gerardo Pazos, ex jefe de Operaciones e Inteligencia de la FAPA; Edmundo Oscar Núñez, quien  fuera jefe de la Base Puerto Belgrano y la FAPA.

Matías Russin, muestra la foto de su padre desaparecido a los represores.

También recibieron la pena máxima: José Luis Ripa, ex jefe de Seguridad de Puerto Belgrano; Tomás Hermógenes Carrizo, jefe de Contrainteligencia y del Registro Civil de Puerto Belgrano y jefe militar del Barrio Puerto Rosales; Leandro Marcelo Maloberti, responsable de Contrainteligencia de Puerto Belgrano y de la Policía de Establecimientos Navales; Manuel Martínez Loydi, ex jefe de las secciones Informaciones e Investigaciones de Prefectura Zona Atlántico Norte; los prefectos Néstor Alberto Nougués y Luis Ángel Bustos; el ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército, Carlos Andrés Sricker, y los oficiales de dicha unidad Oscar Raúl Otero y Guillermo Julio González Chipont; y los ex guardias del centro clandestino La Escuelita, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala y Raúl Artemio Domínguez.

todos adentro efemedelacalleEl prefecto Pedro Alberto Pila fue condenado a 18 años de cárcel; y ocho recibieron como pena el ex jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya, el ex jefe de sección del Batallón 181, Alejandro Lawless, y el policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman.

Los represores condenados fueron absueltos, al mismo tiempo, en varias imputaciones por distintos motivos y en particular fue rechazada la acusación de haber integrado una asociación ilícita, reprochada a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Selaya y Stricker. Los fundamentos del veredicto -que puede leerse aquí– deberán difundirse antes del 1 de marzo de 2016.

La empresa Dow tomó la decisión de “despedir a un mecánico. Lo responsabiliza de la explosión” ocurrida en una de sus plantas el 3 de noviembre, dijo a FM De la Calle Julio Leguizamón, titular del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Bahía Blanca.

“Nosotros tuvimos reuniones en Buenos Aires con directivos de Dow para que nos den una explicación de esta decisión y de esta investigación porque no coincide para nada con lo que nosotros tenemos”.

Ayer, durante una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, “la empresa ratificó el despido sin escuchar los argumentos de parte del sindicato. Nosotros estamos seguros que no es como ellos plantean”.

A las 18, un plenario de delegados definió “realizar un paro por 24 horas en Dow a partir del jueves a las 6 de la mañana, pidiendo la reincorporación del trabajador. De no tener respuesta, el conflicto puede ir aumentando”.

La ganancia empresaria por sobre la seguridad

A diferencia de la empresa, que responsabiliza a un trabajador por la explosión, la organización gremial apunta a decisiones gerenciales que priorizan la puesta en marcha de la planta en función de necesidades económicas en lugar de tomar todas las medidas de seguridad, y con ello, los plazos requeridos para garantizarla.

“Si hay que investigar, ver cuáles son las causas verdaderas, hay que tomarse todo el tiempo, hay que hacerlo. No se puede ser tan simplista de decir ´un mecánico no puso un bulón´ y listo. Es un disparate y a parte no pasó eso”.

Según el SPIQyP, “lo que generó el incidente es el mal manejo de cierta jefatura intermedia que prioriza la producción a la seguridad, a la inversa de lo que dice la política de la empresa. Ellos actúan en desesperación por arrancar las plantas. Hay que tener en cuenta que la planta estuvo parada por un incendio anterior. Se estaba reparando. Siempre pasa lo mismo. El hecho del apuro de producir. Eso les hace cometer errores como este”.

(Por José Schulman*) En tanto proceso de resignificación de la historia reciente, y por ello de diagnóstico eficaz sobre las causas de la tragedia que ha sufrido nuestro pueblo y de sus largas consecuencias en todos los planos de la vida social, la memoria siempre es materia de disputas y de enconadas batallas por su dominio.

Lo fue en los días del genocidio, durante los largos años de dura impunidad, aún durante estos años de avances significativos en Memoria, Verdad y Justicia y no hay ninguna duda que será uno de los espacios importantes de disputa en el periodo de gobierno que se abre en Argentina.

Hace unos días un grupo de dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre al llamar a cerrar el paso de Macri, decíamos: no somos indiferentes ante el peligro de una derecha explicita y amiga de los genocidas; por ello vamos a luchar contra el ascenso de Macri y de todos sus cómplices (que ya ganaron varias provincias) que han dicho que los derechos humanos son un curro y llamado a terminar con la “revancha”.

El macrismo no oculta sus relaciones con los nostálgicos del Terrorismo de Estado, los que insistirán en clausurar los juicios y obturar la memoria sobre todo ahora que estamos llegando a poner en el banquillo de los acusados a los empresarios y directorios de las Multinacionales que –articulados por el gobierno de los EE.UU., su Comando Sur y sus estrategias de contrainsurgencia aplicadas en toda Nuestra América-gestaron el Genocidio y sueñan con volver a ser únicos amos y señores de nuestras riquezas y soberanía. Por eso defenderemos los juicios y los espacios de memoria conquistados, no porque los idealicemos sino porque son la plataforma para construir una identidad nacional que se vincule a los sueños incumplidos de nuestros treinta mil. Porque cada condena les duele y cada nieto recuperado dice más sobre la historia reciente que las mil mentiras de los represores y sus escribas.

Aún antes del acto electoral grupos de acción que actúan encubiertos agraviaron sitios de memoria como Mansión Seré y la ESMA mientras algunos condenados como el ex Juez Federal Víctor Brusa provocaba pidiendo fiscalizar para Macri (a sabiendas que su condición de condenado se lo impedía) y no pasaron más de 24 horas para que La Nación presente su proclama de impunidad, la misma que ha sostenido todos estos años con una coherencia y constancia digna de mejor causa pero ahora potenciada por dos hechos: uno es más que obvio, el resultado electoral envalentona a todo el espacio comprometido con la impunidad para los represores pero aún más con los empresarios, políticos, intelectuales y religiosos que fueron parte orgánica y fundamental del Genocidio y la otra es el “mensaje” que el Papa Francisco envía por medio de Graciela Fernández Meijide (la misma que cuestiona la cifra de desaparecidos en la Argentina y clama por la reconciliación sin verdad ni justicia): “hay que curar las heridas pero sin dejar de mirar las cicatrices” habría dicho Francisco para luego completar con “el que está probado que cometió crímenes tiene que cumplir su condena”. Al mismo tiempo expresa su enorme preocupación por aquellas personas detenidas por delitos de lesa humanidad que pasan muchos años de prisión sin procesos ni condenas. Todas las herramientas que posee el Código Procesal, explica, deben ser cumplidas estrictamente para evitar cualquier tipo de tentación de venganza.”

Conviene recordar que en el 2013 según publicó Infojus el 21/8/13, Ricardo López Murphy “habló en una reunión de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. El ex ministro de Economía y Defensa de De la Rúa afirmó que entre 1976 y 1983 “hubo una guerra” y aconsejó a los familiares de represores que soliciten el arresto domiciliario de los condenados, para eludir la prisión. Organismos de DD.HH. repudiaron sus dichos”.

Y conviene asumir que dicha estrategia se viene aplicando con buenos resultados para la impunidad, según un informe reciente del Ministerio Publico: entre 2006 y la actualidad fueron imputadas 2166 personas. De todas ellas, 1065 están detenidas (49 por ciento), 753 está en libertad (35 por ciento), 59 están prófugas (3 por ciento), y los fallecidos suman 280 (13 por ciento, de los cuales 227 fallecieron impunes). En nueve casos no hay datos. Entre los detenidos, 587 están alojados en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 7 en hospitales y sobre 17 no hay datos.

O sea, sobre 2166 imputados (es decir que se consideró que había suficiente prueba sobre su compromiso con el Genocidio para que haya investigación judicial y más que probable juicio oral, solo 587 están presos y buena parte de ellos en el pabellón de Marcos Paz, que algunos consideran un lugar de privilegio. O sea, solo un 27% de los imputados (algunos ya están procesados, juzgados y condenados más de una vez) no está libre, en su casa o en unidad hospitalaria o militar.

Esta estrategia de impunidad en marcha cuenta con el acuerdo de la Corte Suprema y su presidente Lorenzetti que se ha transformado en un referente enorme de la derecha liberal y pro yanqui que se referencia en Macri y sus amigos. Las referencias de La Nación a Montezanti y Hooft muestran lo que les duele el avance de nuestra lucha contra la derecha fascista anidada en el Poder Judicial desde los años del Terrorismo de Estado del que formaron parte orgánica e importante.

Una vez más reivindicamos el rol jugado por nuestros compañeros de Bahía Blanca en hacer visible, acusar y sostener la batalla contra la impunidad de Montezanti, batalla que no abandonaremos hasta verlo fuera de la Universidad del Sur, del Poder Judicial y entre rejas.

La memoria está en disputa y la disputa crecerá en estos meses y años, pero conviene partir de la realidad para librar la batalla en forma, y ganarla. Porque más de una vez la derecha ha utilizado la estrategia del tero: pone el grito en un lado y el huevo en otro. Aunque en estos días es razonable pensar que gritarán mucho y pondrán muchos huevos.

La respuesta de los trabajadores periodistas y gráficos del Diario La Nación es ejemplar, estimulante y muestra que el campo de los que no estamos dispuestos a regalar nada es muy amplio y diverso, como plural ha sido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En aras de esa pluralidad, en los días que restan del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Daniel Scioli es pertinente que el movimiento de derechos humanos reclame la anulación de algunos instrumentos legales y jurídicos, que en manos del gobierno de Macri, Vidal, Larreta, De la Sota y quienes los apoyan/presionan como los grupos económicos y los medios de comunicación, auspiciados todos por la Embajada de los EEUU, pueden ser de enorme peligro para los derechos humanos y la democracia.

A mero listado tentativo proponemos la derogación de las leyes antiterroristas (tuvo varias versiones, hay que derogar todas ellas), la desmilitarización del Servicio Penitenciario Federal y la disolución de todas las policías locales (incluyendo la Metropolitana) que ampliaron al extremo la peligrosidad de la Bonaerense o duplicaron la Federal en la ciudad autónoma, la puesta en marcha del Instrumento de aplicación de la Convención contra la Tortura, la transformación de todos los espacios de memoria en Espacios de gestión pública (no meramente gubernamental) con autonomía política y autarquía administrativa siguiendo el camino recorrido por el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que articulaba organismos de derechos humanos con representantes estatales de modo tal que nadie pueda ignorar la lucha histórica por Verdad Memoria y Justicia de los organismos, las víctimas, los familiares y el movimiento popular.

Sabemos que hay muchas más medidas que se podrían tomar (para limitar la tortura y el gatillo fácil, el poder de la corporación judicial y las mafias entrelazadas con las policías, o terminar con los Servicios de Espionaje o los acuerdos militares con Israel) pero insistimos en que lo nuestro es más una propuesta de acción para el movimiento popular que un listado riguroso de medidas a tomar antes del 10 de diciembre.

Y también sabemos que habrá los que dirán que ya es tarde o inútil.

Son los mismos que sostuvieron el límite de lo posible como marco de toda su actuación en estos años. Lo real es que lo posible se fue reduciendo tanto que llegamos a este punto que nadie imaginaba.

Es hora de volver a pedir lo imposible para luchar por lo legítimo.

Por la verdad, la memoria y la justicia para todas y todos los víctimas de crímenes de Estado de ayer y de hoy.

Y por todos los derechos para todos. Que es lo menos que nos merecemos.

*Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Fue contundente el repudio recibido por el diario La Nación tras la publicación de la editorial “No más venganza” en la cual sus directivos le exigen al nuevo gobierno “terminar con las mentiras sobre los años 70” y reivindican la teoría de los dos demonios con el mismo lenguaje de las acciones psicológicas desplegadas durante el terrorismo de Estado.

“Acá no se está pidiendo venganza, la venganza es cuando a mí me matan a un hijo voy y mato al hijo del agresor o le robo al nieto. Acá hay cuarenta años de pedido de justicia, de memoria y de verdad. La verdad nos hace libres y la justicia nos da paz. Hay que sanar el tejido social con la justicia, que todos los familiares de desaparecidos tengan un lugar dónde ir y honrar a su muerto, de llevarle una flor, de saber dónde están. Que todos los jóvenes que hoy andan por el mundo sin saber su identidad, por qué tienen ese color de ojos, ese color de pelo, dónde está su familia, dónde está su abuelo que se parecía físicamente a él, ese abuelo que quiere ver a su nieto, todo eso trasciende cualquier concepto y todo lo que sucede en un país, va más allá de una medida económica, de una situación política social, es un derecho humano”, dijo a FM De la Calle Gladys Brotzman, trabajadora del diario.

Las Comisiones Internas de Prensa y Gráficos y Trabajadores de La Nación S.A. emitieron un comunicado diciendo “SI a la DEMOCRACIA, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad” y “NO al OLVIDO”. La periodista aseguró que en la asamblea “se veía la indignación y el repudio, la bronca y el dolor también porque nosotros tenemos cinco desaparecidos trabajadores de prensa, quizás esto no se conoce totalmente, tenemos al matrimonio Marín, el compañero Seiger, cinco o seis compañeros que han desaparecido en la dictadura y que de alguna manera, por ciertas cuestiones de la vida, como que estuvieron presentes nuevamente entre nosotros porque cada vez que salimos en defensa de los derechos los volvemos a revivir”.

Brotzman afirmó que “todas las redacciones generalmente son muy calientes y más en un día como este de una elección presidencial. La conmoción comenzó desde temprano, a partir de la publicación de esta editorial que quisiera aclararle a la audiencia qué es una editorial. Hay una gran confusión en relación a quién escribió eso. Lo escribió La Nación S.A., es el andamiaje ideológico que el diario tiene y en el día de ayer los periodistas justamente querían despegarse, había una gran ansiedad por parte de los trabajadores periodistas por manifestar que no estaban de acuerdo con estos conceptos”.

“Mucha indignación y después, a lo largo del día, cuando ya las redes sociales comenzaron a activarse más, confluyó todo en una gran asamblea donde participó todo el mundo realmente, inclusive parecía algo increíble porque hasta el CEO de la empresa bajó a hablar en la asamblea y manifestó los mismos conceptos de que no todo el mundo estaba de acuerdo. En el medio de la asamblea nos llegó el comunicado de Madres de Plaza de Mayo que fue contenedor, abrazador, como todos los de las Madres, confluyó en un gran aplauso y después subimos al segundo piso, llamamos a todos los trabajadores, en esa foto no solo están los periodistas sino también trabajadores administrativos, de sistemas, gráficos, que dieron su solidaridad”, comentó.

Finalmente recordó que “estamos habituados los trabajadores de La Nación a tener que salir a defender nuestra posición. En el primer gobierno de Kirchner, al otro día de haber asumido, Claudio Escribano saca un comunicado, una nota, diciendo que debería el gobierno tener alineación directa con Estados Unidos. En la mitad del gobierno de Cristina, hay una solicitada donde compara al gobierno de Cristina con el nazismo. Entonces, en esos dos episodios los trabajadores de La Nación tuvimos que salir a emitir un comunicado y repudiar los conceptos”.

El comunicado:

LOS TRABAJADORES DEL DIARIO LA NACION REPUDIAMOS AL EDITORIAL CONTRA LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Los trabajadores de La Nación S. A. le decimos NO al editorial que, con el título “No más venganza” se publicó hoy, lunes 23 de noviembre de 2015, en la página 32 del diario.

Quienes trabajamos en el diario La Nación, en las revistas que edita la empresa, en las versiones online de todos los productos periodísticos, entendemos que la vida democrática implica la convivencia de distintas ideas, proyectos e identidades políticas. Convivimos entre estas paredes trabajadores que expresamos esa diversidad y desde nuestras diferencias construimos un sentido común.

Desde esa diversidad rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una “cultura de la venganza”.

Los trabajadores del diario La Nación decimos SI a la DEMOCRACIA, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos NO al OLVIDO.

Por MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.

Trabajadores de La Nación S. A.

Comisiones Internas de Prensa y Gráficos.

Este viernes 27 de noviembre desde las 15 se llevará a cabo un Festival por el Derecho a la Salud Mental. Será en la Plaza Rivadavia y habrá jornadas de reflexión y actividades artísticas.

“Es un tema que cada vez afecta a más número de población. En todas las familias nos sucede que hay algún problema o bien entrada la mayoría de edad o la vejez. O personas jóvenes. Es algo que no distingue ni clase, ni edad. Puede afectar a cualquier persona”, dijo a FM De la Calle Ramiro Ravasi, organizador de la jornada.

“Es importante concientizar sobre medios preventivos, sobre el cuidado y los dispositivos que están a disposición para esta problemática y sobre lo que hace falta seguir profundizando y trabajando”, agregó.

El 2 de diciembre de 2010 fue promulgada la Ley de Salud Mental. La misma tiene por objeto “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Desde distintos sectores se dio la pelea por la desmanicomialización. Ahora que la ley está vigente, no se instrumentan todos los estamentos que la normativa prevé. “La nueva ley propone que se arme un organismo que regule un órgano de revisión. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, este organismo no está pudiendo funcionar porque el gobierno de la ciudad lo llevó a juicio y prohíbe la implementación del órgano de revisión. Sabemos que hace un año murió un chico de 20 años por seguir aplicándose una terapia de electroshock en el Borda”, explicó.

Escuchá la nota completa:

Grilla de actividades

15hs – Debate Público

– Disertan:

Sandra Uicich: Filósofa

Silvina Evangelista: Filósofa

Jorge Moyano: Trabajador Social

Raúl Ayude: Político

María Teresa “Cuqui” Altfater: Enfermera

Viviana Randazzo: Bioquímica

Horacio Wild: Psicoanalísta (http://www.realbahiablanca.org/)

Walter Alejandro Bascuas es Coordinador Voluntario del proyecto “Sembrando Vida” de la huerta del Borda.

Y todo aquel que desee aportar desde su experiencia o conocimiento.

– Para niñas, niños y no tanto

Clase abierta de Expresión Corporal y Sonido con Jezabel Tiziana de los Santos

Dibujo y pintura.

(Se aportarán materiales para que el que quiera pueda expresarse libremente con la temática que nos cvonvoca.)

Participan:

– Artes Plásticas:

Mabel Lemonnier: Acción Plástica en Vivo.

Agustín Eduardo Rodríguez: Dibujo

Guillermina Prado: Escultura “Mujer con Paraguas”

Olga Corrales: Escultura

Juan Ignacio Valenzuela: Dos Esculturas de la serie – “Vacíos Habitados”

Ana Carla Moreno y Mariel Mateu: Intervención Artística – “Bien-estar”

Paula Katzen Gpug: Intervención Artística –

Verónica Mollica: Intervención Artística

Carmen Lombardich: Instalación Interactiva – “La ultima lectura”

María Carla Rodríguez: Intervención Artística -Serie “Reivindicando Monstros”

Jorge Moyano: Instalación de la serie “Dispositivos Manicomiales”

Majo Petrosino:

Claudia Mariela Pappalardo: Maquillaje y Body Painting en Vivo.

– Música – Literatura – Danza – Teatro – Acción Artística – Música Visual

16.30hs – Sergio Sammartino: Poesía

17hs – Cesar Chirinos, Gustavo Neyra, Araceli Márquez y Sebastián Saez del grupo Techno Children presentan su obra homónima para niños, niñas y no tanto.

17.15hs – Lucía Dicek: Tribal Fusión / Tribu Chidananda: Improvisación estilo Tribal

17.30hs – Miltón López: “Poesía Border”

18.15hs – Guillermina Larrea: Movimiento – “Día a Día”

  1. 45hs – Astor Vtali: Canciones de autor –

19.00hs – Proyecto de Producción de Tango – Escuela de Danza – Tango: “El Rey”

19.10hs – Emilia Bianco: “Canciones del más acá”

19.15hs – Sebastián Andrés y Sebastián Barrionuevo: “Tango de Bolsillo”

19.45hs -Laureana Sänger: “Cuentos de bolsillo “

20.00hs – Guillermo Rodriguez: “Canciones para Ella”

20.15hs – Gustavo Pilotti: “Electropoiesis”

20.45hs – Franco Barberón: Música

21.00hs – Elsa Beatriz Calzetta: “Cuentos bajo las estrellas”

21.15hs – Nicolás Testoni: Música Visual “”

  1. 30hs – Matías Aguilar: “Sin vacilar” – Danza Contemporánea

21.45hs – Nicolás Testoni: Música Visual

22.00hs – Pablo Lasala y Guillermo “Memo” Galassi:

22.30hs – Cristian Tapia: Piezas visuales y Secuencias fotográficas.

23.00hs – Roberta Castro y Ramiro Ravasi: Improvisación interactiva.

Un grupo de trabajadoras del Frigorífico INCOB denunció este sábado la continuidad de las presiones por parte del titular de la cooperativa Enrique Garaggiola contra quienes cuestionaron su gestión y pidieron la renovación de autoridades. El planteo derivó la semana pasada en un ataque de una patota que con armas y palos intentó desalojar a lxs denunciantes de la planta.

“Se está haciendo difícil porque nosotros creemos que él va a volver y no va a volver con las mismas intenciones sino que va a volver peor y si bien el patrullero está, el fiscal tampoco dio la garantía de que esto pueda estar eternamente, tiene un tiempo, ya nos explicaron. El otro tema es que están rondando por casas de compañeros, por eso es que hoy vinimos acá, porque queremos que esto sea público, queremos que la sociedad nos ayude a resolver el conflicto porque nos encontramos en una situación donde tampoco nosotros sabemos cómo resolverlo pero sí tenemos que tener precauciones con nuestras familias”, aseguró María del Carmen durante la transmisión de FM De la Calle desde el VI Encuentro de Artistas y Agrupaciones por la NO Violencia hacia Mujeres y Niñxs.

La trabajadora agregó que “tenemos compañeros que se están quedando todo el día en el frigorífico y también hay peligro respecto a ellos porque no te olvides que están sin dormir y a las seis de la mañana entran a una faena y manejan cuchillos. Necesitaríamos que esta persona (por Garaggiola) tome conciencia de lo que está pasando y empiece a arreglar las cosas o que se corra a un costado para que no pase algo peor, porque acá estamos hablando de personas”.

“No queremos el poder, queremos que la cooperativa trabaje como corresponde y es lo único que sabemos hacer. Pero sí con los compañeros descansando las horas que corresponden y no teniendo que hacer guardia para ver si nos pasa algo en el frigorífico”.

“El fiscal está al tanto, lo estamos hablando con el Concejo Deliberante, las autoridades que corresponden en Bahía Blanca y por eso estamos hoy acá, lo único que nos quedaba era que Bahía blanca se dé cuenta que podía haber sido una masacre lo que pasó y gracias a dios, por determinadas situaciones, no llegó a pasar. Esta bueno que todos nos apoyen y se acerquen al frigorífico”, concluyó.

El decano de Medicina de la UNS, Pedro Silberman, se refirió en FM De la Calle a la afectación de la reforma de la Ley de Educación sobre la carrera que dirige la cual es la única con cupo en la universidad local.

“Aplaudo que sea gratuita, me parece muy bueno. Lo que tiene que ver con los cursos de nivelación y demás, es para emparejar a los ingresantes. Los mecanismos y/o requisitos de entrada a la carrera no limitan, sino que tiene condicionamientos producto del cupo, a los recursos e infraestructura del lugar de cursada”, dijo.

Silberman comentó sobre una reunión mantenida con decanos de distintas universidades: “Tuvimos varios encuentros pero no quedamos en nada, todavía. Vamos a ver sobre la marcha cómo resolvemos la cuestión (…) Especulamos que haya algún consenso con esta ley, de no ser así, deberán darnos los recursos necesarios para que podamos cumplir con los requisitos. Nosotros en ciertas cuestiones se nos va a complicar de sobremanera consumar lo pedido”.

En la ciudad, Medicina se desarrolla desde el primer día en los institutos de salud, es una gran ventaja sobre otros lugares, “los estudios previos nos marcan que son 60 estudiantes por año,  hay muchas necesidades”.

Por otra parte, Silberman  se refirió a los trabajos que se realizan en el Hospital Penna: “Se está haciendo una ampliación en los lugares donde conviven los alumnos.  Estamos acondicionando el establecimiento, las aulas, se está  creando un lugar de estar. También un vestuario y un comedor.  Tenemos los planos hechos, está el convenio con la UNS, faltaría saber quién lo financiaría, si el Ministerios de Educación o saldría del propio presupuesto”.


Texto: Diego García.

Desde 2006 hasta la actualidad, los condenados por crímenes de lesa humanidad en la Argentina suman 622 y 57 es el total de absueltos. Esas cifras son el resultado de 147 sentencias dictadas desde aquel año y representan los números más destacados del informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el estado de los juicios por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. De las 147 sentencias, 45 corresponden a causas finalizadas, es decir, sin recursos pendientes: 42 firmes y 3 concluidas por fallecimiento o declaración de incapacidad de los acusados.

La Procuraduría informó además que entre 2006 y la actualidad fueron imputadas 2166 personas. De todas ellas, 1065 están detenidas (49%), 753 está en libertad (35%), 59 están prófugas (3%), y los fallecidos suman 280 (13%, de los cuales 227 fallecieron impunes). En nueve casos no hay datos. Entre los detenidos, 587 están alojados en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 7 en hospitales y sobre 17 no hay datos.

Tras referirse al resultado del balotaje que consagró a Mauricio Macri como presidente, el diputado provincial Santiago Nardelli fue consultado por FM De la Calle sobre las políticas que implementará Cambiemos a partir del 10 de diciembre en relación a la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

-Ayer se brindaba con champagne -literalmente- en las oficinas de La Nueva Provincia, hoy La Nación habla de “no más venganza”, de cómo “la elección de un nuevo gobierno es un momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70”, hay represores que se ofrecen para ser fiscales de Cambiemos, por lo que vemos también en este contexto político por primera vez en lo que son los juicios en nuestra ciudad habría una especie de manifestación en favor de los “presos políticos” por parte de los familiares de los imputados. ¿Qué debemos esperar por parte de ustedes en relación a la posibilidad de seguir avanzando con estos procesos, dado que más allá de que esto esté en la justicia es obvio que el acompañamiento político o no tiene un peso en ese sentido?

Cuando a un sector lo vota el 49% y al otro el 51% no me atrevo a generalizar de ninguno de los dos lados algunas posiciones. La verdad que Milani es una persona que está en el Frente para la Victoria y está severamente cuestionada por los organismos que trabajan en derechos humanos con el CELS a la cabeza. No haría de manifestaciones de votantes y adherentes cuestiones de la política de decisión de los espacios políticos.

Sí lo que vos decís me parece importantísimo porque nos hemos acostumbrado a lo último que vos decís, el discurso del gobierno sobre la justicia le ha quitado transparencia a los procesos. En todo sentido, no solo lo que venimos hablando de lesa humanidad sino de todos en general. Pero respecto de los de lesa humanidad me parece importantísimo que una persona que cometió un delito en una época y que ese delito es considerado imprescriptible para la ley tenga su condena. Esa es mi posición personal, tampoco, como te decía antes, en un espacio tan amplio, todos piensan lo mismo.

Yo no veo que el gobierno de Mauricio Macri haya intentado en algún momento que no haya juicios por la verdad. Ahora, también el proceso tiene que tener tiempos y la justicia se ha acostumbrado en un garantismo no real de sostener procesos indefinidamente como si la condena o la absolución no fuesen parte de un proceso penal. Lo que necesitamos que en un proceso que se está desarrollando hoy sobre hechos que ocurrieron hace treinta años, en algunos casos más, debemos tener la claridad de que se esclarezcan como para no tener esto permanentemente abierto. Esa es mi posición personal, a mí me gustaría juicios y sentencias no juicios eternos como veo en todas las áreas. Uno se ha acostumbrado a que la sentencia definitiva en Argentina es un anhelo, y esto convierte, no solo para los garantistas esto es casi cercano al abolicionismo porque no se condena a nadie, para las personas que están en cualquier proceso penal no es ningún garantismo sostener procesos abiertos.

Así que la justicia tiene que actuar, el gobierno seguramente le va a dar la independencia para que lo haga pero lo que creemos que el proceso penal es un garantismo cuando se lleva adelante respetando también los tiempos.

-Más allá de que vos interpretes que el kirchnerismo actuó de determinada manera hacia la justicia o que el kirchnerismo entiende que el macrismo también lo pudo haber hecho a nivel de la Capital Federal, hay una decisión política de un gobierno de, por ejemplo, poner recursos para que las Abuelas tengan difusión, tengan tecnología y lo que haga falta para acelerar la búsqueda de los nietos, hay áreas que tienen recursos para que haya gente destinada a trabajar sobre determinada documentación, a eso me refiero en cuanto a lo que es la posibilidad de que otros poderes, más allá del judicial, puedan aportar a cerrar esa etapa de la historia sin impunidad.

Respecto a la búsqueda de nietos y de hijos para mí es un tema que no debe cesar porque debe ser una de las historias más tristes que yo haya leído si se quiere y no de la historia argentina. La verdad que la apropiación de hijos es una cuestión que genera un daño irreparable y me parece que eso, el derecho a la identidad biológica de una persona tiene que ser un derecho que por ahí esté por arriba de muchos otros.

Ahora, si vos me decís el aporte en ese caso estoy absolutamente de acuerdo en apoyar la búsqueda y trabajar activamente sobre eso. Ahora, también hubo aportes para Sueños Compartidos para que hagan un desmanejo total con el tema de construcciones de viviendas que una pelea entre Hebe de Bonafini y Sergio Schocklender llevó a cualquier lado. Entonces, cuidado con lo simbólico, esconde muchas veces gente que utiliza lo simbólico y yo en eso no quiero cambiar un simbolismo por un simbolismo contrario. Acá quien cometió delitos y si son económicos también, deben ser juzgados, porque si no vamos a parecer que hay un mascarón de proa que oculta un dejar hacer, un dejar pasar cualquier cosa y eso yo no lo comparto, tampoco comparto que hay fondos que se destinen que no tengan una aplicación adecuada, debida, y controlada, y me parece que el caso de Sueños Compartidos es un caso emblemático en el cual el principal responsable es el Estado que dotó de 600 millones de dólares paulatinamente a una sociedad que cuando se le hizo el primer arqueo de caja no había ni viviendas ni absolutamente nada y quien lo administraba viajaba en avión privado y tenía una ferrari. Eso a través de un simbolismo que puede ser muy bueno pero si se ejecuta una acción que no se corresponden con ellos tampoco hay que avalarlas. Me parece que ahí hubo una mirada indulgente de muchos sectores porque como que hubiese temas que hay que no mirar porque si no sos un tipo reaccionario que está en contra de los derechos humanos. Si hubo excesos en el manejo de Sueños Compartidos tampoco escuché nunca una crítica y eso me parece una reverenda barbaridad.

-Lo escuché a Gay ratificar como delegado de Cerri a Alberto Sangre, un tipo que fue y reivindicó a un militar que luego de un juicio con todas las garantías y las instancias de defensa que se deben tener fue condenando a prisión perpetua. ¿Para un dirigente de la democracia, eso no representa ningún tipo de inconveniente para llevar adelante una tarea en el gobierno de Cambiemos?

Verdaderamente no conozco qué fue lo que pasó con la declaración de Sangre, no tengo una idea, no puedo opinar de un testigo en un juicio, tendría que tener elementos, pero no sé ni siquiera bien lo que pasó. Escuché algo de que había fuertes críticas contra la declaración de Alberto Sangre en algún juicio de algún sector pero no lo conozco. Te pediría que de esa respuesta, si te tendría que improvisar algo no, prefiero no porque seguramente para mucha gente es un tema muy sensible y que alguien como yo opine liberalmente porque está en un reportaje no sería justo.

Sí te digo, para ir al fondo de la cuestión sin el hecho que lo desconozco, me parece que como te decía antes tampoco se puede estar con algo de sospecha de cualquier imputación, genera una descalificación, si hay alguien que tiene un reproche para hacerlo me parece bien que se haga y que se sepa la verdad, de hecho los juicios se iniciaron con los juicios de la verdad y a mí me parece importantísima, por lo menos lo que se pueda acceder en esta época de ella y es un trabajo que no debe claudicar, pero sobre el dato puntual te pido que me eximas de la respuesta porque te tendría que improvisar y no quiero.

El frente político Cambiemos obtuvo el triunfo en el balotaje durante la jornada electoral del día de ayer. De esta forma, Mauricio Macri será el próximo presidente de Argentina con el 51,40 % de los votos (12.903.301). Daniel Scioli, en cambio, obtuvo un 48,60% (12.198.441).

En Bahía Blanca, como se esperaba, el macrismo obtuvo un alto caudal de sufragios en su favor registrando el 64,83% de adhesión (117.692) contra un 35,17% del electorado que optó por el Frente para la Victoria (63.842).

El diputado Santiago Nardelli, referente del PRO en la región, dijo a FM De la Calle que se sentían “esperanzados porque aportamos a este espacio” pero aclaró que “se van a dar políticas más consensuadas, por necesidad, ya que no hay una mayoría absoluta y también por el perfil y por cómo llevaron adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

A nivel local dijo que había que esperar “un intendente que esté comprometido con la ciudad. Creo que Gustavo Bevilacqua no demostró un compromiso con la ciudad. Es una persona difícil de cruzarse por la calle”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Mandolesi Burgos, quien acompañó como pre candidato a primer concejal por el Frente para la Victoria a Iván Budassi en su pre candidatura a intendente, sostuvo que “por un lado, nosotros no esperábamos perder en primera vuelta. En balotaje es difícil y una elección inédita en la Argentina. Se trató de proponer, de mostrar las diferencias de propuestas de país que hacía uno u otro candidato. Nosotros estábamos convencidos de que la propuesta de Daniel Scioli era superadora. Pero en este momento hay que reconocer que la gente votó, que somos un país democrático, la expresión popular se expresó a través del voto en una elección que fue pacífica y ordenada más allá de lo que se habló durante muchísimos meses sobre la posibilidad de fraude”.

Según el edil, “esto tiene que ver la responsabilidad del oficialismo que hoy deja un país ordenado, desendeudado, con una baja tasa de desempleo. Y un país que tiene mucho todavía por crecer, por su puesto. Quienes tenemos la responsabilidad de convertirnos en oposición lo haremos desde un lugar constructivo”.