Ayer a las 14 10 una explosión sacudió Ingeniero White y barrios lindantes. Tres trabajadores fueron hospitalizados. Según informó la empresa DOW, donde se produjo el hecho, la situación estuvo fuera de peligro hacia las 15 30.
Sin embargo, el Comité Técnico Ejecutivo emitió un comunicado recién a las 20 30, es decir, seis horas después del siniestro.
Hoy a las 13 vecinxs de White llevarán a cabo una “sentada pacífica en la rotonda de PBB”. Una de las preocupaciones es cómo actuar en caso de emergencia. Durante la tarde de ayer fuimos a recorrer la vecina localidad. En general, lxs vecinxs manifestaron su preocupación por la falta de información y, en función de eso, la incertidumbre respecto de qué hacer ante una situación donde la desinformación y la incertidumbre van de la mano. “Si hay una situación de emergencia no tenemos vías de salida” de la localidad. Sostienen que “el proceso apell” no sirve.
“Ayer estaba tranquila en casa durmiendo a mi hijo. Más que la explosión sentí un temblor. Como estoy acostumbrada me quedé escuchando a ver si volvía a escuchar ruido. Automáticamente empezó a sonar la sirena de los bomberos. Ahí me empecé a preocupar y a averiguar. No salí, busqué en las redes sociales”, dijo Cintia, vecina de White, a FM De la Calle.
“Es la segunda vez que pasa en el mismo reactor. La primera vez pasó a mediados de octubre. El mismo reactor”, agregó.
“Lo que hice fue dirigirme al CTE. En ese momento (Cesar) Pérez (responsable del organismo) no estaba, obviamente. Me atendió uno de los chicos que está de controlador y me explicó más o menos la situación. Así me enteré. Pero realmente fue un caos porque después te vas enterando de todo. En ese momento no tenía a mi hijo en el jardín pero padres que tenían chicos en los jardines empezaron a llamar desesperados y tengo entendido que los propios maestros confinaron a los chicos después de escuchar el ruido. La onda expansiva se escuchó hasta Villa Nocito. Esto fue muy grave y no lo digo yo, me lo dijo gente del CTE”.
Preocupada por la participación vecinal en pos de la búsqueda de salidas a la problemática, Cintia remarcó que “esto sigue. No se sabe por qué explotó la primera vez ese reactor. Todavía están esperando las pericias. Por lo tanto, si pasó en octubre vamos a saber por qué pasó esto el año que viene”.
Escuchá la nota completa:
Por su parte, esta mañana la empresa DOW informó a través de REX Comunicaciones lo siguiente:
A menos de 9 horas de ocurrido el evento, reportado el 3 de noviembre, en la planta de polietileno de baja densidad (LDPE), compartimos información reunida, luego de un análisis aún preliminar del incidente, con la intención de aportar algunas aclaraciones, en la medida de nuestras posibilidades actuales:
– A las 14.10 hs se produjo una pérdida de etileno seguida de incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.
– Por el momento no estamos en condiciones de definir las causas, las que están siendo investigadas mediante un proceso que involucra a especialistas locales e internacionales.
– A las 14.12 hs las autoridades del CTE recibieron el primer llamado de la empresa, reproduciendo la información que dentro de las plantas se estaba transmitiendo por radio a través del canal de emergencia.
– La emergencia fue categorizada Nivel 1 dentro del marco del Proceso APELL. Esto significa que el evento estuvo confinado, acotado en todo momento dentro de los límites de la unidad operativa en cuestión y sin implicar riesgos para la comunidad cercana. Para este tipo de categorización, no está previsto que se active la sirena comunitaria, ubicada en Ing. White.
– La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de dos dotaciones de bomberos de Ing. White y una de Prefectura.
– El final de la emergencia se declaró a las 15.30 hs. En total participaron unas 50 personas, utilizando equipos propios y de los cuerpos externos.
– Los sistemas automáticos de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.
– Dentro del conjunto de empleados propios y contratistas, hubo 3 personas afectadas. Una de ellas, que se encontraba cerca del lugar del evento, fue atendida por aturdimiento y retirada en camilla para estudios más completos en el Hospital Privado del Sur. Las otras dos, que se encontraban en edificios linderos dentro del complejo, fueron asistidas por contusiones en sus manos. Los exámenes posteriores no revelaron lesión alguna. Los accidentes fueron catalogados como casos de primeros auxilios y ninguno de ellos se encuentra hospitalizado.
– La planta se encuentra parada, en condición segura. El resto del complejo está en operación normal.
– Se están evaluando los daños, comenzando las tareas de limpieza y remoción necesarias para proceder con la investigación del incidente.
– Las autoridades de control fueron debidamente informadas y puestas en conocimiento de las acciones tomadas. Se hicieron presentes en la planta y realizaron las inspecciones visuales pertinentes.
– Los medios de comunicación locales recibieron información a requerimiento.
– En principio podemos reportar daños materiales localizados en la planta, laboratorio de control de calidad y sector de logística.
– Queremos destacar y felicitar públicamente la capacidad de respuesta y el profesionalismo del personal propio que participó en el control de la emergencia, como así también a los grupos de Bomberos Voluntarios de Ing. White y de la Prefectura Naval Argentina.
– Asimismo ponemos énfasis en que todas las barreras de protección y los sistemas de detección y respuesta se activaron de acuerdo con lo previsto con el objetivo de minimizar impactos a la seguridad de personas, instalaciones, medioambiente y comunidad cercana.
– Entendemos que eventos de estas características generan preocupación en nuestra ciudad y seguimos a disposición para aportar y completar todas las aclaraciones que resulten necesarias.
– Continuaremos compartiendo el estatus de la situación a medida que progresemos en la investigación y en las acciones necesarias hasta reanudar la operación normal de la planta.
Alrededor de las 14 se registró una explosión y posterior incendio en la planta DOW del Polo Petroquímico. Las instalaciones fueron evacuadas. Una persona fue hospitalizada por aturdimiento y otras dos sufrieron traumatismos en sus manos.
Vecinxs de la zona y trabajadorxs de plantas linderas salieron a la calle preocupadxs porque “temblaban los vidrios y volaban fierros por el aire”, según sostuvieron distintos testimonios a FM De la Calle. Mientras tanto, personal de la firma, Bomberos de White, Defensa Civil y Prefectura Naval se trabajan para apagar el incendio.
Cabe recordar que el 9 de octubre el CTE infraccionó a PBB POLISUR S.A (DOW Argentina) por falta de aviso inmediato de un evento de fuego ocurrido en la misma planta de producción de polietileno de baja intensidad.
Actualizaciones:
Para este miércoles a las 13 fue convocada una SENTADA VECINAL en la ROTONDA de PBB y el CORTE PACÍFICO de una de las ENTRADAS MÁS IMPORTANTES a la EMPRESA DOW.
La información brindada por el CTE a las 20:30
La Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informa que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) actuó inmediatamente ante la explosión e incendio ocurrido en la planta de Polietileno de Dow Argentina, hoy a las 14:10 hs.
A través de Defensa Civil se activó el Plan de Respuesta a Emergencia Tecnológica (PRET) categorizando a la emergencia de nivel 1. No fue necesario activar las sirenas comunitarias ni enviar los mensajes masivos de texto, debido a que no se preveían consecuencias que pudieran afectar a la población, tal como es indicado en el Proceso Apell. Cabe aclarar que tanto las sirenas comunitarias como los SMS alertan a los vecinos y los llaman a confinarse y a tomar distintas medidas de autoprotección.
A las 16:10 luego de concluida la emergencia y previa recorrida por la zona afectada, Defensa Civil dio por finalizada la emergencia.
Se recibieron 80 llamados de vecinos de distintos puntos de la ciudad al teléfono de emergencias 911. Personal del CTE se comunicó con ellos a fin de informarles sobre lo ocurrido y lo actuado por el organismo.
Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos.
La planta se encuentra parada, se solicitó a la empresa un informe técnico completo de las causas que originaron el incidente, como así también informar previamente a la puesta en marcha para realizar una inspección.
La versión oficial de la empresa difundida a las 16:30
Dow cumple en informar que en el día de la fecha a las 14.15 hs, por causas que aún no se pueden determinar, se produjo una explosión con un incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.
La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de los cuerpos de bomberos de Ing. White y de Prefectura, declarándose el final de la emergencia a las 15.30 hs. Los sistemas de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.
Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos por pérdida de estabilidad. El resto del complejo está ajustando su operación debido a la posible afectación de áreas comunes. Las autoridades de control fueron debidamente informadas y en conocimiento de las acciones
tomadas.
El sábado pasado familiares y amigxs de Juan Cruz Manfredini festejaron su cumpleaños con música al aire libre. Se trata del joven que murió trabajando para la empresa Camín Cargo Control Argentina S.A., contratista del polo petroquímico, en 2010.
“Recordar a Juan de lo que a él le gustaba hacer. Para toda la música él se prestaba siempre”, dijo a FM De la Calle Mónica Dambolena, mamá de la víctima.
Refiriéndose al espíritu de la convocatoria, sostuvo que “es un slogan que yo puse: de estar con nosotros para a estar entre nosotros. Cada uno que lo ha vivido y lo ha conocido lo lleve dentro de él”.
Por su parte, Gino Manfredini dijo que ”hoy cumple 31 años mi hermano Juan Cruz, que falleció en el año 2010 en un explosión que sucedió 5 días antes, laburando para una empresa extranjera que precarizaba gente. Pero esa es otra historia porque lo que estamos haciendo acá es conmemorándolo como si estuviera en vida”.
La actividad se desarrolló en la Plaza Rivadavia y contó con la colaboración técnica de la Feria de Artesanxs de Bahía Blanca.
También grupos y solistas colaboraron a través de su participación. Fueron Willy Traversa y su banda, La Wafflera, Pulmotor y Anestecia. De la última banda participó Juan Cruz y en la tarde del sábado estrenaron una canción escrita por él, que no había sido tocada aún.
(Por Comisión por la Memoria) Con mucha tristeza compartimos con ustedes la noticia del fallecimiento de nuestro querido Aldo Etchegoyen, presidente de la CPM, guía, amigo, compañero. A sus 87 años seguía militando, poniendo el cuerpo, su voz, sus ideas y su compromiso en cada causa que lo convocaba, ahí donde había una injusticia. Fue uno de los forjadores de la Comisión, su paso es nuestra huella, nuestro camino.
Ha sido un privilegio haberlo conocido, tenerlo de maestro, con esa humildad y sencillez de los grandes, capaz de jugarse entero por los otros, siempre, sin espera de otro reconocimiento que no sea aliviar el sufrimiento.
Aldo: el pastor, el obispo, el hombre de esa otra iglesia que se comprometió, que denunció y acompañó aún en los momentos más difíciles. Un incansable luchador por la vigencia de los derechos humanos y la defensa de la vida.
Ya en los años previos a la dictadura, desde la Iglesia Metodista, desarrolló una comprometida y sentida tarea militante contra las violencias desplegadas desde el estado, abriendo sus puertas para proteger a los perseguidos, a las víctimas, visitando a los presos políticos, sosteniendo a los familiares, ayudando a los exiliados chilenos. Y siempre siguió firme en sus convicciones: en el presente junto a los pueblos originarios, acompañándolos en cada reclamo, estando aquí y allá, sin tener en cuenta sus ochenta y tantos.
Fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y entre 1979 y 2001 fue obispo de la Iglesia Metodista y Presidente del Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe.
Deja en el movimiento de DDHH una huella imborrable y un legado profundo: su sensibilidad para escuchar y acompañar, su calidez humana, su claridad y convicciones, su fortaleza.
Lo despediremos en la primera Iglesia Metodista (Corrientes 718 CABA) a partir de las 18 hs y una ceremonia a las 20.
Acompañamos con un abrazo fuerte y fraternal a toda su familia.
Lo vamos a extrañar porque siempre nos daba un poco más, pero su ausencia será firme presencia, más que nunca.
Siempre en nuestras memorias, seguirá presente en la lucha.
La autopsia realizada al cuerpo del dirigente social chaqueño Ángel Verón confirmó que su muerte fue provocada por los golpes y castigos propinados por agentes y funcionarios de la policía provincial, quienes intervinieron el 24 de septiembre en la represión a un corte de ruta realizado por familias que reclamaban por el incumplimiento de la entrega de becas y herramientas para la autoconstrucción de viviendas.
“El informe preliminar de la autopsia antes de llegar al fiscal llegó a Casa de Gobierno. Desde allí conseguimos la información y dimos a conocer a la opinión pública y recién ayer el fiscal de Derechos Humanos dijo que llegó a la Fiscalía y lo estaban informatizando”, dijo a FM De la Calle el titular del Centro Mandela, Rolando Núñez, y agregó que “se hizo todo mal y cuando se hace todo mal tan sistemáticamente no obedece a errores, nuestra experiencia nos marca la posibilidad del encubrimiento”.
Verón falleció el 19 de octubre en la sala de terapia intensiva del Hospital Perrando, según sus compañeros del MTD No al Desalojo, “pese a que la perversidad humana y política del gobierno habría ordenado que lo mantuvieran artificialmente vivo hasta después de la elecciones presidenciales”.
La denuncia del crimen político fue inmediatamente desmentida por las autoridades provinciales y hasta por el jefe de gabinete nacional Aníbal Fernández, quien declaró que la muerte de había producido por una “septicemia”. “No sé qué responderle, porque es Aníbal Fernández. Este es un tema serio, lamento que se haya expresado en esos términos sin conocer absolutamente nada. Cuando lo dijo se estaban despejando las dudas y estábamos quebrando ese muro que estaban construyendo para que esto no se esclarezca”, aseguró Núñez.
El dirigente manifestó que “el procedimiento policial fue absolutamente ilegal de punta a punta. La crisis institucional es muy profunda acá y mientras tanto las cosas siguen pasando. Hoy la policía está actuando descabezada y viene de un fuerte proceso de desorganización signada por dos factores: violencia y corrupción. Mucha de la corrupción asociada al narcotráfico. Estamos en un severísimo problema y esto explica también los altos niveles de inseguridad que en este momento presenta la provincia de Chaco”.
La exhumación del cadáver de Ángel fue realizada el sábado 24 de octubre, a pesar de que María -esposa de Ángel- había solicitado a la justicia penal que se realizara la autopsia de sus restos antes de ser sepultado, como correspondía dado que su fallecimiento venía precedido de violencia policial. El fiscal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca no ordenó tal medida, vital para esclarecer la real causa de muerte a pesar de que María ya había efectuado una denuncia.
Según informó el Centro Mandela, el hospital Julio C. Perrando extendió un certificado de defunción atribuyendo la muerte de Ángel a “enfermedad”, en una clara estrategia de manipulación institucional para encubrir la violencia policial, la causa de la muerte y a brindar impunidad a los autores. La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, y el Comité Contra la Tortura fueron y son funcionales a la estrategia política de encubrimiento.
El poder político se mantuvo en silencio desde el 24 de septiembre, día de la represión. Nunca informó a la opinión pública sobre las circunstancias de los hechos de la violencia institucional que provocó la muerte de Ángel. Las dos únicas comunicaciones oficiales salieron de la oficina de prensa de la Jefatura de Policía del Chaco. Argumentaron que Ángel se autoinflingió una herida, que no se efectuó un procedimiento de desalojo, que el personal policial actuó de acuerdo a las normas legales y que Ángel falleció de enfermedad. El jefe de policía nunca reconoció que el operativo policial no contó ni estuvo avalado por ninguna orden judicial de la justicia chaqueña ni del juzgado federal de Resistencia.
“Es un gesto a destacar, porque entendíamos que es congruente con la calificación de idoneidad profesional de todos ellos y además porque ya estamos ante un traspaso y, en consecuencia, no vamos a nombrar funcionarios sino la cobertura interina de los cargos”, dijo el gobernador Jorge Capitanich al aceptar las renuncias de su ministro de Gobierno, Javier Oteo, del secretario de Seguridad, Marcelo Churin, y del jefe de Policía, Gustavo Peña. Este último fue reemplazado por el subjefe Ariel Acuña, firmante de la orden de desalojo que inició la represión que mató a Verón.
El Suteba Bahía Blanca presentó este martes el informe “Educación Pública: los números de la crisis” en el cual se manifiesta que “en el transcurso de estos ocho años, lejos de cumplir con la promesa de la ‘recuperación de lo público’ el gobierno privilegió el desarrollo de la educación privada a través de subsidios discrecionales y le otorgó el status de ‘pública de gestión privada'”. En este artículo ofrecemos una entrevista con la subsecretaria de Educación gremial, Monserrat Gayone, y otra con la postura del jefe Distrital Santiago del Santo.
Para el sindicato, “el sostenimiento del sistema privado y la continuidad de la transferencia de responsabilidades a los presupuestos provinciales, junto a la Emergencia Económica son el corsé que impide materialmente el crecimiento de la educación pública estatal. El congelamiento presupuestario afecta tanto el cobro de los salarios docentes y auxiliares como la creación de nuevos cargos, el pago a los proveedores, la creación de nuevas escuelas y jardines y la refacción y/o mantenimiento de las existentes”.
Gayone subrayó en el documento que “luego de casi una década de obligatoriedad del nivel inicial, este no creció sustancialmente. Para que ingresen más alumnos de cuatro y cinco años, quedan afuera los de tres. Si no pueden concurrir a privado se inscriben condicionales, a la espera de vacantes. Así es que se registran sólo 497 niños más que en 2007, quedando este año 733 como condicionales”.
En el caso de la escuela primaria se registró una pérdida de 400 alumnxs cuyo “destino más probable” fueron las instituciones privadas. “Se evidencia también una dinámica de la matrícula desde las escuelas periféricas hacia las más céntricas y de éstas a las escuelas privadas. De esta manera se sigue trasladando la creciente fragmentación social al sistema educativo”.
Al analizar la educación especial, la dirigente del Suteba destacó que “comparando los datos de 2007 y 2015 se contabiliza una baja de 194 alumnos. El nuevo paradigma ‘social’ que desalienta la derivación de alumnos con necesidades educativas especiales y la inclusión como estrategia universal está a la base de la baja de matrícula en el sector”.
El informe desarrolla el caso de la Escuela 509 y concluye que “la falta de espacio, la demorada creación de cargos y la carencia de recursos, por los que hace años reclama la escuela y su comunidad educativa, perjudica a los niños y jóvenes con discapacidad, más allá de la promesa incumplida por el Estado de la ampliación de derechos”.
Finalmente, desde el gremio se sostuvo que en el nivel secundario, a pesar de su obligatoriedad, se registró una pérdida de 4161 pibas y pibes entre 2007 y 2015. Sobre sus causas, se planteó la hipótesis de que parte de la matrícula haya pasado al sector privado y otro tanto haya optado por el plan FINES o proyectos de terminalidad similares. “La educación secundaria es el nivel con mayores problemas de infraestructura que se arrastran desde la reforma de los 90 -transferencia de escuelas de Nación a provincia-, creación precaria de secundarias en edificios de primaria, falta de obras de reparación y mantenimiento de los edificios de las escuelas Medias y Técnicas preexistentes. Un rasgo muy significativo del período es la fragmentación curricular profundizando la ruptura del nivel con el conocimiento disciplinar”.
El jefe distrital de Educación, Santiago del Santo, coincidió con los datos publicados por Suteba pero no “con la interpretación que se hace” de los mismos. Acordó además en el rechazo a “los resultados nefastos para los derechos de las personas” que trae el neoliberalismo y criticó la falta de diálogo y colaboración por parte del gremio para “construir y sacar adelante las cuestiones del Estado que son responsabilidad de todos”.
Respecto a la variación de la matrícula planteó analizar cuáles son las variables que intervienen: “Los compañeros de los gremios han suspendido 71 días de clases en el año 2014 y 36 días de clase -38 solamente el Suteba- en el 2015. Entonces, pararnos en la vida cotidiana de las familias, yo como papá, y seguramente las cuestiones de infraestructura van a incidir, hemos hecho mucho pero falta muchísimo por hacer (…) pero creo que pesa mucho, mucho, muchísimo más, además de este análisis de políticas ideológicas profunda, que no tengan clases”.
“Ninguna acción mía va en contra de la educación de gestión privada, es parte de la educación pública porque en el mismo lugar, en el mismo artículo de la Constitución Nacional donde está consagrado el derecho a aprender, también está el derecho a enseñar”, aseveró.
Sobre la baja en la matrícula del nivel inicial el funcionario aseguró que en la comparación entre los últimos dos años no se registraban menos alumnxs sino la misma cantidad -tomando a lxs chicxs de cinco como caso testigo-. “Apareció un dato significativo que eran 200 chicos más en privada, la explicación se dio en algunos colegios privados de Bahía Blanca que abrieron su jardín, por ejemplo el Don Bosco y otros lugares que abrieron mayor cantidad de salitas. Ahora, la meseta de por qué se mantenía la misma cantidad de chicos era algo que no le encontrábamos explicación y lo logramos viendo la tasa de natalidad. Afirmamos exactamente lo mismo que el Suteba, (aunque) pensamos que las causas son múltiples y no solo una”.
Del Santo informó que hay cuatro jardines por construir para atender la demanda de las salas obligatorias, dos edificios están en obra y los restantes pendientes por falta de terrenos propios. Más adelante se refirió a la sobredemanda de matrícula en sectores que han incrementado su población, las obras financiadas por el Fondo Educativo y la falta de cargos y otras problemáticas de la Escuela Especial 509.
“El presupuesto de la educación en la provincia de Buenos Aires se lleva el 33% del presupuesto oficial y de ese 33 el 98% se aplica a sueldos. Entonces, en ese volumen de dinero estamos gestionando para que las cosas vayan donde tienen que ir”, afirmó el jefe distrital.
El juez federal Alejo Ramos Padilla desestimó la denuncia que había realizado el camarista suspendido Néstor Montezanti ante una fiscalía provincial, por medio de la cual un policía bonaerense se infiltró en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para investigar una pegatina de afiches. Además, respondiendo a otro pedido del fiscal José Nebbia, el magistrado ordenó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.
Montezanti había realizado una demanda por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen del camarista luciendo una gorra militar.
La causa había sido iniciada en el fuero ordinario por impulso del propio abogado en noviembre de 2014 y pasó al fuero federal por incompetencia. En esa denuncia, el ex Personal Civil de Inteligencia durante el terrorismo de Estado había imputado el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani, a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria “cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes”.
En el marco de esa denuncia, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado “tareas de investigación” que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. El uniformado “llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente” (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que “aun así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad” (sic).
El fiscal Nebbia había desestimado el planteo de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que “las tareas de inteligencia” en la UNS son “una verdadera locura”, porque “lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.
El juez federal resolvió en el mismo sentido señalando que “ninguno de los hechos imputados en este legajo ha reunido las exigencias típicas requeridas por los tipos penales objeto de estudio, no logrando en ninguno de los casos atravesar el umbral de la tipicidad, deviniendo indefectiblemente en la atipicidad de las conductas endilgadas”.
Además, en relación con el pedido de investigación sobre la violación a la ley de inteligencia nacional, Ramos Padilla precisó que “dado que los hechos descriptos son expresamente contrarios a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos los cuales generan responsabilidad para el Estado Argentino, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal, por ello, extráigase testimonio de la presente causa, fórmese causa penal y deléguese la instrucción al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Fuente: Fiscales.gob.ar
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur devolvió ayer las actuaciones del Tribunal Académico que juzgó a la docente Gloria Girotti, ex secretaria del Juzgado Federal Nº1 durante el terrorismo de Estado imputada por crímenes de lesa humanidad. En su dictamen, el jurado propuso “mantener abierto el juicio académico” y aconsejó “analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.
Girotti asistió al juez muerto impune Guillermo Federico Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 desde donde tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos hábeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.
Para la ex consejera Telma Alonso “el tribunal está confundiendo las cosas (…) no entiendo por qué estuvo dos años dando vueltas con el tema y no resolvió nada. Dice ‘el Consejo debería tomar alguna medida cautelar’. Los que tienen que tomar la resolución son ellos, tiene que absolverla, suspenderla o separarla del cargo. Corresponde que se expida taxativamente sobre qué opina”.
El consejero por la Lista Azul No Docentes Roberto Cimatti fue el miembro informante del proyecto aprobado y repasó el recorrido del expediente abierto casi cuatro años atrás. Ahora el Tribunal deberá dictar sentencia en un plazo de veinte días hábiles.
El pedido de juicio académico fue solicitado a mediados de noviembre de 2011 con el respaldo de 59 miembros de la comunidad universitaria y recibió el aval del Departamento de Derecho en marzo del año siguiente. Girotti recurrió la decisión de sus colegas y el Consejo Superior rechazó su planteo permitiendo que en junio de 2012 se sorteen los jurados entre una lista de profesores eméritos o consultos quienes recién se constituyeron en octubre.
En marzo de 2013 la acusada hizo su descargo. Un mes después renunció un integrante del tribunal y fue reemplazado en mayo por otro futuro renunciante. En agosto el jurado quedó nuevamente listo aunque recién reanudó sus reuniones en septiembre para solicitar información a la justicia sobre las causas penales en las que Girotti está imputada. La documentación fue recibida en marzo de 2014 y doce meses después el jurado requirió a la Dirección General de Personal de la UNS sobre la situación laboral de la docente.
Luego de este riguroso trayecto burocrático, el mes pasado estamparon sus firmas en el dictamen final simplemente proponiendo “mantener abierto el juicio académico”.
La resolución que ayer llegó al plenario del Consejo con el acuerdo de lxs consejeros Cimatti, Julieta Gutiérrez y Gonzalo Rodríguez (Unidad), Brenda Russo (MNR Desafíos), Guido Beltrami (Generación UNS) y el decano de Medicina Pedro Silberman, propuso devolver las actuaciones al Tribunal Académico para que dicte sentencia en los próximos veinte días hábiles.
En su argumentación recuerdan que el Reglamento de Juicios Académicos establece que el tribunal “deberá pronunciar sentencia (…) la que debe contener una recensión de lo sustancial de la causa, el planteamiento de las cuestiones surgidas, un análisis razonado y pormenorizado de los elementos de ella considerados conducentes para la solución del caso juzgado, efectuado conforme a las reglas de la sana crítica, y unas conclusiones en las que se indicará claramente si el imputado debe ser absuelto, suspendido o separado”.
El director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que “lo resuelto por el Tribunal Académico no es, en términos jurídicos, un fallo” sino la suspensión del procedimiento y que esto no es una opción prevista en las normas.
A su vez, la iniciativa advierte que “no es óbice para tal pronunciamiento la inexistencia de una sentencia definitiva en sede penal, pues lo que juzga el Tribunal Universitario no son necesariamente la comisión de delitos (…) sino el reproche ético de conductas que vulneran el Estatuto de la UNS”. El jurado tuvo en cuenta “el carácter ético” de la instancia aunque eludió su responsabilidad y sugirió que “resultaría aconsejable analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.
La ex consejera y dirigente de ADUNS Telma Alonso recordó durante la sesión que Gloria Girotti, como secretaria del juez Madueño, “firmó la negativa a muchos habeas corpus de gente que estuvo detenida desaparecida y que después se demostró que evidentemente lo estaba y el Juzgado no hizo absolutamente nada para tratar de determinar si realmente era sí o no”.
La docente mencionó el testimonio en indagatoria del represor Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta, quien declaró que “muchos de los detenidos estaban con los ojos vendados y algunos engrillados. Cuando el juez le pregunta por qué él no hace la denuncia dijo: ¿Y por qué voy a hacer la denuncia si la dra. Girotti estaba presente, si ella veía lo mismo que yo estaba viendo?”.
“Me da la impresión de que lo que está pidiendo la comunidad universitaria, representada a través de estos miembros que presentan el juicio académico, es que se analice la conducta ética de Gloria Girotti, no la cuestión judicial. (…) Está demostrado que firmó los habeas corpus, que fue secretaria de Madueño -que murió preso por delitos de lesa humanidad-, que fue nombrada por un represor que dice que estaba presente cuando se le tomaba declaración a los detenidos desaparecidos.
“¿Esa persona tuvo un comportamiento ético compatible con su calidad de docente? ¿Puede estar formando a nuestros alumnos de derecho? Esa es la pregunta. No si tiene que estar presa o no”, aseguró Alonso y planteó que incluso el fallo es perjudicial para la acusada: “Gloria Girotti tiene un pedido de juicio académico, hay un tribunal que debe decir si es merecedora de ello, pero no tiene que tener la espada de Damocles en forma indefinida”.
Guillermo Lucanera de la Lista Blanca aseguró que “filosóficamente, teóricamente, estoy de acuerdo con lo que se pide pero tengo mis enormes reservas en relación al resultado de esta resolución. Son las que me van a llevar a abstenerme de votarlo porque no quiero votar en contra”.
“Este es un tema muy sensible para toda la universidad. Hemos designado un jurado que tiene que evaluar y realizar una sentencia hacia la persona en cuestión y la potestad de decidir o no sobre el trascurso de esta sentencia es por parte del tribunal y no del Consejo Superior”, opinó Guido Beltramini, representante del alumnado por Generación UNS.
Finalmente el cuerpo aprobó la devolución de las actuaciones al Tribunal Académico con una abstención y la exclusión de Javier Orozco de Línea PHI quien fue firmante de la solicitud del juicio.
La titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, procesó a un hombre, a quien además le impuso prisión preventiva, y a una mujer acusados de haber engañado y trasladado con fines de explotación sexual a al menos tres personas trans en un privado.
Se trata de una pareja acusada de captar mujeres transexuales extranjeras en situación de vulnerabilidad, llevarlas al lugar donde ellos vivían y obligarlas a prostituirse. Además de ser el propietario del lugar, el imputado habría sido el el encargado de retenerles el 50% de las ganancias de los “pases” realizados por las víctimas.
La causa estuvo a cargo del fiscal Antonio Castaño, quien subrogaba la Fiscalía Federal N°2 de la ciudad bonaerense, hasta julio de este año cuando José Nebbia fue puesto a cargo de esa dependencia del Ministerio Público.
La investigación había comenzado en febrero, cuando una de las víctimas denunció que una de las imputadas le había ofrecido viajar a Bahía Blanca para alojarse en su domicilio y prostituirse a cambio se conseguir dinero para acceder a prótesis mamarias. Además, indicó que los acusados se hicieron cargo del pasaje y que, una vez en el lugar, le retuvieron la cédula de identidad y que le retenían el 50% del valor de los “pases”.
Durante la pesquisa, se estableció que en las inmediaciones del domicilio, personas del colectivo trans ofrecían “servicios sexuales” e ingresaban al prostíbulo. Asimismo, se determinó que el propietario del lugar sería el hombre procesado con prisión preventiva y que era el encargado del lugar y de retener la recaudación.
El 4 de octubre pasado, se realizaron cuatro allanamientos de manera simultánea en el privado de Bahía Blanca, en un cabaret y en otras dos propiedades, ubicadas en la ciudad Ingeniero White, a pocos kilómetros. Durante los procedimientos, se rescataron nueve personas.
Fuente: Fiscales.gob.ar
El juez José Luis Ares ordenó desmantelar la antena de telefonía celular 4G instalada en Agustín Álvarez y Rizzo. Fue en el marco del amparo presentado por la Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca contra Telefónica Móviles Argentina S.A., la Municipalidad y el Club de Equitación. Deberá ser en el plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento.
El magistrado remitió la causa a la Fiscalía para investigar al intendente Gustavo Bevilacqua y los titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.
“Hay certeza científica acerca de la peligrosidad que acarrea la antena en cuestión, por lo que el principio preventivo exige tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud de los potenciales afectados y el derecho a un ambiente sano. Pero a mayor abundamiento, destaco que incluso en caso que la apreciación o convicción respecto de ese peligro fuera dudosa, sería imprescindible tomar la misma decisión por aplicación del principio precautorio que rige en materia ambiental”, aseguró el juez correccional.
Ares dejó sin efecto el certificado de prefactibilidad y el permiso otorgado por la comuna para “instalar y hacer funcionar la antena en cuestión, y ordenar que se cumpla la Ordenanza Municipal 17130 y declarar la inhabilitación para la emisión de señal o radiación alguna a través de dicha antena en dicha ubicación, para lo cual se comunicará esta decisión al organismo controlador, OPDS”.
“Comenzamos con una fuerte convicción y mucha valentía. Se conformó la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca como una muestra de nuestra solidaridad, no queriendo que nuestro problema se traslade a otro barrio tal como nos propuso el intendente Bevilacqua, de sacarla de nuestro barrio e instalarla en otro. Quisimos en cambio trabajar para solucionar un problema que tiene solución, con compromiso político e inversión económica, colocando las antenas fuera del ejido urbano e instalando la tecnología adecuada para que la señal llegue a nuestros teléfonos en bajos niveles de emisión que no perjudiquen la salud y a los seres vivos”, dijeron lxs vecinxs denunciantes en Facebook.
La relocalización de la antena deberá realizarse tras una evaluación de impacto ambiental y el cumplimiento de la mencionada ordenanza en sector “fuera de la planta urbana y alejado de los centros de reunión”. El Club de Equitación deberá abstenerse “de colocar en su predio por sí o a través de terceros antenas de telefonía celular que emitan ondas electromagnéticas” en violación a la normativa local.
“La ordenanza fue sancionada por la presión de los organismos y de la gente, estuvo cajoneada en el Concejo Deliberante y no la quisieron aplicar. Cuando quisieron, le introdujeron modificaciones para tener ellos una parte del control y poder tener la cometa, lo único que les importa acá es el diezmo, el quince por ciento que manotean”, aseguró el abogado de la ONG Leandro Aparicio en relación a los funcionarios municipales.
Si bien el fallo es apelable, el letrado explicó que “la concesión del recurso es con efecto devolutivo” y no suspensivo, por lo tanto, la empresa deberá proceder a quitar la antena hasta tanto termine definitivamente la causa.
El club local podría perder el próximo 11 de noviembre su histórica cancha ubicada entre Charcas, D’Orbigny y Haití producto de dos juicios laborales.
Roberto Achares, vicepresidente de la entidad contó en FM De la Calle que “nos enteramos por el diario local del remate, son dos juicios laborales, el primero es de Héctor Bustamente y el otro es de Lamas. Ellos eran dos empleados del club”. “Son gente con pocos códigos, en su momento quisimos arreglar, se ve que tenían al terreno en cuenta”, remarcó.
Achares resumió la situación de los clubes de barrio: “Lo real es que nos mantenemos con las cuotas sociales, las cuotas de los chicos y alguna publicidad. Se hace muy difícil, nosotros tenemos varias disciplinas, son 24 profes que trabajan y no podemos tener a todos como marca la ley, esa es la pura verdad”.
Con respecto a la multitudinaria asamblea que sucedió días atrás señaló que “los socios están más que preocupados, es la cancha de todo la vida. Vinieron de manera pacífica a apoyarnos a nosotros y a los ex directivos que están colaborando. Entre todos vamos a salir adelante”.
Foto: http://bellavistabb.blogspot.com.ar/
En la ciudad de Bahía Blanca los resultados del escrutinio dieron la victoria electoral al referente de Cambiemos, Héctor Gay, con un 43.58%. En segundo término se ubicó el legislador del FpV Marcelo Feliú, quién alcanzó el 35.30% de los votos positivos. El reciente referente local de UNA Hernán González Bécares obtuvo un 9.30%. La propuesta de Progresistas encabezada por Raúl Woscoff no alcanzó los votos suficientes para que ingrese un edil por dicha fuerza tras obtener un 7.30%. El FIT logró un 4.45%, resultado con el cual tampoco logra entrar al cuerpo deliberativo.
De esta forma, serán 12 los nuevos legisladores locales en el Honorable Concejo Deliberante. Laura Biondini, Constanza Rivas Godio, Fernando Compagnoni, Tomás Marsico, María Soledad Pisani y José Santomássimo lo harán por Cambiemos (6 bancas). Maximiliano Nuñez, Pablo Rosenfelt, Paola Ariente, Ezequiel Gimeno y Betiana Gerardi serán ediles por el FpV (5 bancas). El actual jefe de gabinete municipal Roberto Ércoli lo hará por UNA (1 banca).
Los referentes de cada espacio se pronunciaron luego del resultado electoral.
Foto: Pablo Romera
El colectivo de Antena Negra TV festeja por estas horas el sobreseimiento de uno de sus integrantes, quien había sido imputado por el delito de interferencia en la comunicación tras un violento allanamiento del canal por parte de la Policía Federal.
“Como grupo estamos más tranquilos de que no tenemos un compañero puesto en peligro de estar penalizado por una causa judicial sino que además nos tranquiliza como medio de comunicación porque el hecho de que se pudiera llevar al fuero penal a una persona por comunicar era bastante significativo y preocupante”, dijo Malena a FM De la Calle.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi falló en contra de la empresa PROSEGUR y determinó que Martín Sande había sido erróneamente acusado. “El hecho investigado no encuadra en una figura legal”, dicta el fallo. Ocurre que faltan elementos, como el dolo, para que se configure el tipo penal en cuestión cuya expectativa de pena es de seis meses a dos años de prisión.
Malena afirmó que “se habla mucho de la pluralidad de voces y demás y que suceda esto hubiera sido muy preocupante para la situación futura de nuestros medios de comunicación”.
“No corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión vinculada al derecho que en definitiva le asiste o no a la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda. y/o a la empresa General Industries Argentina S.A. de utilizar esa porción de espectro, ya que ello corresponde ser planteado en la órbita administrativa pertinente, so riesgo de intervenir el suscripto en competencias ajenas que exceden ampliamente las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional para su tratamiento“, concluye el magistrado.
Desde el canal comunitario afirmaron que “quedó demostrado que Antena Negra TV afrontó una causa donde nunca existió el delito. PROSEGUR y la Policía Federal llevaron adelante un proceso legal que derivó en el secuestro de equipos y destrozos en el canal. Antena Negra fue dejada sin aire el 4 de septiembre por un delito que nunca cometió. Desde ese momento la transmisión se fue a la calle y logró la resolución favorable del conflicto”.
(Por Julia Gimenez) Al tiempo que las redes sociales se convertían en escenario de debate por los comentarios pedófilos dirigidos a una de las niñas participantes del Master Chef Kids, en la de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados Brasil los legisladores amasaban un proyecto de ley que atenta contra los derechos de las mujeres.
Indiferentes a los datos que indican que el sistema de salud público recibe alrededor de 2 mujeres por hora víctimas de violencia sexual, que por año 1 millón realizan abortos y que cada dos días 1 mujer (pobre) muere por prácticas clandestinas, el Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha/ PMDB-RJ (también conocido por embanderar la ley de baja la edad de imputabilidad, por los intentos de destituir a Dilma y por los desvíos de dinero a cuentas suizas derivadas del caso Lava-Jato Petrobras), lanzó la semana pasada un proyecto de ley que profundiza la punición de las mujeres que elegimos sobre nuestros propios cuerpos.
El PL 5069/2013, lanzado el 21 de octubre, prevé que aquellas mujeres que sufrieron violencia sexual y precisan de aborto legal, seguro y gratuito tienen la obligación de un examen que evidencie los daños físicos de la victima; es decir, la obligación de someterse traumáticamente a una segunda intimidación sobre sus cuerpos. A contra marcha de la “lei da profilaxia da gravidez” sancionada en 2013 que permite a toda mujer abusada recibir gratuitamente la píldora del día después, el proyecto embanderado por Cunha criminaliza a los y las profesionales de la salud que den orientaciones acerca un aborto legal.
El mismo proyecto, considera crimen contra la vida el anuncio de sustancias u objetos destinados a interrumpir el embarazo y la orientación de gestantes para el procedimientos, con pena de hasta diez años. Tal como se presenta el panorama, estamos frente (y enfrentando) la antesala de los que será la prohibición de píldora del día después.
En el país tropical, y bajo la insignia de la cruz, todo vira crimen.
En contextos de avanza conservadora en tierras latinoamericanas, mientras los poderosos fundamentalistas continúan rezando y decidiendo sobre nuestros cuerpos, cientos de mujeres y hombres saldrán a las calles para decir NO al PL 5069/2013.
Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!
Foto: PSTU Brasil
Días atrás el partido GEN presentó el Informe sobre desempleo en Bahía Blanca para grupos vulnerables y un plan de equidad laboral de género para lograr la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. “Queremos ver qué nos está pasando en Bahía Blanca para ver cómo revertirlo”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional Virginia Linares.
Agregó que como entienden que el observatorio debería ser gubernamental, le propuso al intendente Gustavo Bevilacqua que la tarea sea encarada por el municipio pero “no mostró interés”. Según la legisladora, “nos pasa en Bahía Blanca lo que nos pasa en todo el país, la gran vulnerabilidad que hay con los jóvenes y con las mujeres”.
Justamente sobre las trabajadoras se enfoca esta edición del informe que, de entrada, destaca que “uno de los aspectos centrales de la situación de las mujeres frente al trabajo está dado por la doble responsabilidad -hogar y trabajo- que viven aquellas que desean trabajar y a las que se les plantean una serie de conflictos entre su desarrollo personal y su desempeño laboral, que se presentan frecuentemente como incompatibles”.
La diputada adelantó que presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto para crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres que deberá integrarse con representantes de las áreas comunales de empleo y políticas sociales, del empresariado y los sindicatos.
En particular, también propondrán un ingreso igualitario al plantel de las Sapem Ambiental y de Transporte, sobre todo en esta última, descartando que “tienen las condiciones mínimas para manejar un colectivo tanto varones como mujeres”.
El estudio manifiesta que “el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar –incluyendo quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de niños, personas enfermas y ancianos- es del doble al triple del dedicado por los hombres”.
Citando al Consejo Nacional de las Mujeres, menciona que aún se mantiene “un conjunto reducido de ocupaciones que se definen como típicamente femeninas en términos culturales. Las mujeres trabajan, fundamentalmente como maestras y profesoras, enfermeras, secretarias, dactilógrafas, empleadas de oficina y vendedoras de comercio, peluqueras y afines”.
“En Bahía Blanca, al igual que en otros centros urbanos del país y de América Latina, se ha registrado una profunda transformación del modelo de proveedor único del hogar, que predominó durante décadas. Ha ido quedando progresivamente atrás el modelo tradicional del ‘hombre proveedor’ -con un padre que trabaja y es el sostén único del hogar, la mujer como ama de casa a tiempo completo e hijos dependientes- reemplazado por familias de doble o múltiple ingreso”, dice el informe. Si este fenómeno se mantiene en la ciudad y el país “representaba ya en años recientes apenas algo más de un tercio de los hogares con núcleo de familia”.
El documento explica que “este cambio tiene amplias consecuencias, ya que conlleva un replanteo de los roles en el hogar y pone de relieve la importancia que ha adquirido la presencia de los aportantes adicionales de ingresos, entre los cuales les corresponde un lugar destacado a las cónyuges”. Por otra parte, es notable el aumento registrado en las últimas décadas de los hogares con jefatura femenina que en Bahía Blanca se traduce en un 32,2%.
En cuanto a la participación femenina en las actividades económicas, a finales de 2013, “las mujeres jóvenes de hasta 29 años, contaban en Bahía Blanca con una tasa de empleo (28,7%) que era la mitad de la de los hombres de las mismas edades (57,6%). Aunque algo más atenuadamente, esta misma situación se registraba en el grupo de 30 a 64 años, con el 63,2% de las mujeres empleadas y el 90,5% de los hombres en dicha situación”.
La desocupación les afecta con mayor contundencia que a los hombres: “En la ciudad en el último trimestre de 2013 y con una tasa general de desocupación del 8,7%, en tanto un 13,2% de las mujeres estaban desocupadas, sólo un 4,8% de los hombres lo estaban”.
Tampoco las favorece la brecha salarial dado que cuando “la media de ingreso mensual de la ocupación principal de los varones era de $5900, la de las mujeres $3800, un 36% menos”. El dato se replica “en todos los niveles de calificación laboral, y se incrementa entre las ocupaciones de menor o nula calificación, desde un 20% más de ingreso mensual promedio de los varones profesionales respecto a sus pares femeninas hasta un 60% más de ingreso para los varones no calificados respecto a las mujeres sin calificación”.
“Actualmente junto al notable aumento de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y a la asunción, por parte de ellas, de roles claves y de gran relevancia en los procesos de crecimiento y desarrollo económico –incluidas sus crecientes responsabilidades como jefas de hogar-, y aun habiéndose registrado una marcada mejora de sus niveles de instrucción y escolaridad –en los que desde finales de los años 90 superan a los varones-, persisten importantes brechas de desigualdad respecto a los varones que requieren ser atendidas concertadamente desde el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, concluyen desde el Observatorio.
El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación, Javier De Luca, propuso archivar una denuncia del suspendido camarista Néstor Montezanti contra el profesor Dante Patrignani. Se trata de la supuesta “revelación de secretos políticos y militares” en la que habría incurrido el docente al difundir el legajo que demuestra la pertenencia del abogado al Destacamento de Inteligencia 181 durante la dictadura y su juramento de guardar “lealtad y fidelidad” al estado genocida.
El documento había sido presentado por Patrignani como prueba en la demanda civil que Montezanti le inició al considerar que el conocido fotomontaje que lo muestra con gorra militar “era difamatorio y humillante” y lo deshonraba “al ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura, de modo ilegítimo e arbitrario, además de considerarlos impúdicos”.
De Luca destacó que “la vergüenza del demandante por haber colaborado con el Ejército Argentino” no constituye delito y advirtió que, tal como informara FM De la Calle, del legajo militar “surge que con fecha 25 de septiembre de 1980 fue presentado a la Fuerza por el entonces Coronel José Osvaldo Riveiro, de modo que mediante los afiches se había dado a conocer un hecho verídico en el libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”.
En la primera instancia, la Fiscalía entendió que “la documentación no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas” y el juez dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. El letrado, que será próximamente sometido a un juicio político en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, apeló y la Cámara Federal que supo presidir revocó la decisión por “prematura y contraria a derecho”.
Patrignani y la Fiscalía calificaron a resolución como “absurda y arbitraria en tanto sujeta la revocación de un archivo a medidas superfluas y sobreabundantes” y recurrieron a Casación, cuyo fiscal ahora insistió con la inexistencia de delito.
“No deja lugar a duda que el informe de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino en cuanto a que la documentación que fue presentada por el demandado en una causa civil, no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. A ello, cabe agregar que fue presentada en el marco del legítimo ejercicio de un derecho, el de defensa en juicio y que, por ser de interés público, su uso y difusión tampoco puede constituir delito. Por todo ello considero que se impone el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”, opinó.
También subrayó que Montezanti ejercía hasta hace algunas semanas la titularidad de cátedras en la Universidad del Sur y presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca, por lo cual, el hecho de que “trabajó para el Ejército Argentino, constituye información de interés público que queda amparada por la libertad de expresión. La presentación de dicho documento en una causa civil no resulta suficiente para atribuir responsabilidad penal, por cuanto se estarían limitando los derechos vinculados con la información, y así también el debate público de cuestiones de interés general como garantía del sistema democrático”.
En su dictamen, De Luca recordó los fundamentos del Decreto 4/2010 que desclasificó la nómina del Personal Civil del Ejército entre 1976 y 1983, que reconoce que “mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa al accionar de las fuerzas armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de memoria, verdad y justicia” y que “la decisión de un Estado democrático de clasificar y mantener información y/o documentación de carácter no público no sólo debe basarse en la necesidad de proteger la seguridad del Estado y sus relaciones multilaterales sino que debe también establecer un límite temporal a esa restricción”.
Asimismo, aclara que el accionar de las fuerzas armadas durante el genocidio “demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto”.
“Pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de ‘Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado. Cualquier limitación (…) podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, concluye.
Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.com
Una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos motivó un allanamiento en Casbas el cual fueron encontradas piezas resguardadas por la ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Buena parte del material se comercializaba en internet a través de Mercado Libre, delito que tiene una expectativa de pena de dos meses a dos años de prisión.
Entre los elementos secuestrados, figuran 178 piedras de moler, 458 piedras de tallar, 38 piedras boleadoras, 23 puntas de flecha y cuatro armas de fuego de vieja data. Todas esas piezas se encuentran resguardadas por la ley 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Los traficantes no escondían su identidad, ni las características de los objetos que pretendían vender. Así, el usuario coincidía con sus verdaderos nombres y apellidos. En la publicación, además, explicitaban que se encontraban en el partido de Guaminí.
La denuncia ante la Procelac había sido presentada por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es el órgano designado por ley para aplicar la normativa que busca preservar las piezas arqueológicas y paleontológicas.
Del operativo en Casbas participaron integrantes del Departamento Interpol de la Policía Federal y personal del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano por orden del juez federal subrogante de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla. La causa se había iniciado a partir de una investigación preliminar realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que luego remitió a la Fiscalía Federal N°2 de Bahía Blanca, en ese entonces a cargo del fiscal Antonio Castaño y en la actualidad subrogada por el dr. José Nebbia.
A partir de ello, el Área de delitos tributarios y contrabando de la Procuraduría especializada realizó una serie de medidas para dar con los anunciantes, quienes ofrecían los objetos en distintos sitios web de e-commerce. En una primera resolución, la Procelac manifestó que los hechos “podrían configurar el delito tipificado por el artículo 48 de la Ley 25743 de Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”. Ese artículo reprime con penas de dos meses a dos años e inhabilitación especial de hasta cinco años a quien “transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales e internacionales”.
Fuente: Fiscales.gob.ar / Foto: Online 911.