Licencia para comunicar: LRM920 FM De la Calle 87.9MHz

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FM De la Calle accedió oficialmente este jueves 5 de abril a una licencia de radiodifusión para seguir democratizando el aire bahiense como lo hace desde 1989.

El ENACOM adjudicó a la Cooperativa de Provisión de Servicios Culturales de Bahía Blanca Ltda. el permiso “para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que operará en el canal 200, frecuencia 87.9 MHz., categoría F, identificada con la señal distintiva LRM920, de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires”.

La resolución del directorio del organismo fue tomada por unanimidad durante la reunión del 22 de marzo pasado y fue publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Hacemos extensiva nuestra alegría y abrazo a quienes fueron y a quienes son parte de esta historia comunitaria, alternativa y popular!

 

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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución Sintetizada 2045/2018

RESOL-2018-2045-APN-ENACOM#MM – FECHA: 22/3/2018 – ACTA 32

EXPCOMFER 1104.00.0/2006

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto:

1.- Adjudicar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS CULTURALES DE BAHÍA BLANCA LIMITADA (C.U.I.T. N° 30-70983306-1), una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que operará en el canal 200, frecuencia 87.9 MHz., categoría F, identificada con la señal distintiva LRM920, de la localidad de BAHÍA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES.

2.- La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a partir de fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria.

3.- Otorgar un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida.

4.- El monto de la garantía de cumplimiento de contrato, asciende a la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA ($ 11.190,00), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades prescriptas en el referido Artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la resente. 5º- Establecer que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado e iniciar sus emisiones regulares, previa habilitación conferida por este organismo.

6.- La adjudicataria deberá cumplir con el pago del gravamen correspondiente al servicio adjudicado, desde la fecha de su presentación al Régimen de Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de otorgada la licencia, de así corresponder.

7.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el cumplimiento de las normas correspondientes emanadas de dicho organismo. El alcance de la licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio del aéreo ni otros ajenos a la competencia del ENACOM.

8.- Determinar que el reconocimiento correspondiente a la emisora “FM DE LA CALLE”, de la localidad de BAHÍA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES, establecido por la Resolución Nº 753-COMFER/06 ha decaído de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7º de la Resolución Nº 1.366-COMFER/06, sin perjuicio de lo cual, el cese efectivo de las emisiones tendrá lugar el día en que se habilite el servicio que por la presente se adjudica.

9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese Firmado: Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 05/04/2018 N° 21388/18 v. 05/04/2018

Fecha de publicación 05/04/2018

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Siguen prescribiendo causas por contaminación ambiental

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El juez José Luis Ares absolvió a Petrobrás en una infracción por contaminación ambiental. Nuevamente “las injustificadas demoras” del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible en el trámite del expediente llevaron a la prescripción de la causa. Ares subrayó la “irregularidad” y remitió el fallo al jefe de Gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La petrolera debía pagar 70 mil pesos de multa por la emisión de olores a hidrocarburos y azufrados el 3 de febrero de 2011. Ese día el OPDS llamó a la empresa a hacer su descargo aunque recién la condenó el 24 de mayo de 2012 cuando “ya se había cumplido el plazo de prescripción”.

“Sin embargo, inexplicablemente, ese decisorio del órgano administrativo recién se notificó a la firma imputada el 10 de marzo de 2017 y recién se concedió el recurso el 22 de junio de 2017, habiéndose producido una incomprensible e injustificada demora en la tramitación del proceso, en un largo camino hasta su arribo a esta sede judicial, lo que recién ocurrió el 27 de febrero del corriente año”, afirmó Ares.

En marzo de 2016, el juez ya había planteado el problema al absolver a PBB Polisur del pago de 150 mil pesos por la prescripción de una causa por emisión de humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011. En aquella sentencia insistió en la necesidad de modificar las leyes y denunció como “sospechoso” al “sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”. Incluso se remitió a la Fiscalía ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público.

En el fallo Petrobrás -del 14 de marzo pasado- recuerda que, en su opinión, “de ningún modo el código de faltas policiales tiene aplicación en estos casos que versan sobre contravenciones que afectan el ambiente. Por el contrario, si bien la normativa específica no prevé plazos de prescripción, debo destacar que la Ley 11720 de residuos especiales (art. 56) establece en tal sentido el plazo de cinco años, al igual que la Ley Nacional 24051, que establece el régimen de desechos peligrosos (art. 52). Dicha normativa, por regir la misma problemática, es la que debe ser tenida en cuenta en estos casos”.

“No obstante mi opinión, la que dejo a salvo, entiendo que debo aplicar la doctrina de la Corte provincial, dada la ubicación institucional de la misma, a que es una posición más favorable para la imputada y por razones prácticas a fin de evitar dispendio jurisdiccional, dado que un pronunciamiento en sentido contrario a aquella doctrina será revocado en instancias superiores”, concluyó.

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Siguen sin investigarse las torturas en Malvinas

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Ernesto Alonso, integrante del CECIM La Plata y ex combatiente de Malvinas, se refirió a la causa que investiga las torturas ejercidas por las fuerzas armadas contra los soldados durante la guerra con Inglaterra. La Comisión Provincial por la Memoria adhirió al pedido de indagatoria a represores.

La causa fue iniciada en 2007, tiene más de 120 hechos denunciados, alrededor de 90 militares imputados y ni una sola indagatoria. “Aquí hay una política ausente con respecto a lo que debería continuar siendo el proceso Memoria, Verdad y Justicia (…). Es inadmisible que todavía estemos pidiendo que se investigue”, manifestó.

En el año 2015 fueron desclasificados los archivos secretos de la guerra de Malvinas en donde se da cuenta de los vejámenes a los que se veían expuestos los soldados por parte de los militares.  Alonso sostuvo que “hay testimonios, las actas de recepción firmadas por los propios soldados, que denuncian estos hechos, hay actuaciones de justicia militar que denuncian estos hechos y hay todo un montaje de inteligencia para encubrir estos hechos y órdenes de los propios jefes de la dictadura para que no se sepa la verdad. Todo esto también está en la causa”.

Consultado sobre qué visión tienen respecto de la política de Cambiemos en materia de soberanía argumentó que “lamentablemente estamos retrocediendo” y que “estamos recorriendo caminos ya transitados, erróneos de la política exterior de la República Argentina”.

“Lo comparo esto con aquellos acuerdos firmados en los años ’90, los acuerdos de Madrid, que le permitieron al imperialismo británico avanzar en la explotación de recursos naturales. Lamentablemente la política de Cambiemos (…) está nuevamente beneficiando los intereses y la política británica en el Atlántico Sur”.

“Nuevamente están embargando el futuro de los argentinos en un área riquísima. Estamos hablando del conflicto más importante a escala global por la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa. No son solamente las Islas Malvinas, Sandwich, Georgias del Sur, sus mares circundantes, lo peor aún es la tercera fase que se plantea Gran Bretaña que es avanzar hacia la Antártida. En el 2040 vence ese Tratado Antártico y si no consolidamos una política efectiva sobre la cuestión Malvinas, defendiendo los intereses de los argentinos, también vamos a perder la Antártida porque ese es el objetivo final de los británicos ”, aseguró.

Acompañamiento de la CPM

Hace casi once años, el Centro ex combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) denunció en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas contra soldados argentinos durante la guerra. En la causa hay 105 denuncias por hechos de torturas, vejaciones y malos tratos que incluyen estaqueamientos, enterramientos y exposición al frío extremo y el hambre, entre otras prácticas, y más de 90 oficiales y suboficiales señalados como responsables.

El año pasado, el CECIM La Plata reiteró la solicitud de indagatoria para los militares Eduardo Flores, Pedro Pierre, Gregorio Cabrera, Rodolfo Cionchi, Osvaldo Vega y Reynaldo Oliver. Hoy, como querellante de la causa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un escrito ante el juzgado federal adhiriendo al pedido solicitado por el centro de ex combatientes.

Asimismo, a raíz de las nuevas pruebas que surgen de un informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, la CPM también solicitó que se cite a declarar al teniente Eduardo Ferrer, a los cabo primero Miguel Ángel Benítez y Fernando Scicchitano, y al cabo Néstor Marmallon. Este informe, realizado a partir del entrecruzamiento de archivos desclasificados y requerimientos obrantes en la causa, permitió identificar nuevas víctimas e imputados y se suma como un elemento de prueba para avanzar con las solicitudes de indagatoria.

Después de tantos años de dilación para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes, la CPM volvió a remarcar la “imperiosa necesidad de contar en la presente investigación con avances en la determinación de responsabilidades penales”. En ese sentido, y con el objetivo de impulsar la causa, el organismo se había presentado como querellante el año pasado.

A 36 años de la guerra, la condena por los hechos de muertes, torturas y malos tratos cometidos en las islas por los militares argentinos contra sus propios soldados sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia.
Estos crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y sancionados sin demora. El paso del tiempo genera más impunidad y revictimiza a los conscriptos que padecieron estas graves violaciones de derechos humanos y sus familias.

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Fiscal de la impunidad: impugnan candidatura de Ulpiano Martínez

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Organismos de derechos humanos locales y nacionales exigieron al Senado que no convalide la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de nuestra ciudad porque sería “un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado”.

El abogado de la APDH, Walter Larrea, dijo a FM De la Calle que “esto tiene que ver con el clima de época que se vive con toda la cuestión del ‘curro de los derechos humanos’, tal cual lo denominó el presidente Macri, y es premiar o ungir en funciones de mayor responsabilidad a aquellos funcionarios que precisametne no se caracterizaron por darle impulso y dinamismo a los procesos judiciales vinculados al esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades penales”.

“Y no tanto contra militares sino fundamentalmente la cobertura y el manto de impunidad sobe los actores civiles. El caso de Vara y Massot son emblemáticos en ese sentido y tanto el dr. Martínez como el dr. Fernández Moreno -que ungía como secretario del juzgado- han tenido una responsabilidad cabalmene demostrada”, agregó.

Los organismos recordaron que Martínez fue nombrado por la Cámara Federal de Apelaciones como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 el 5 de junio de 2012. “En dicho cargo, incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables”.

“Rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa, violando así la ley procesal. En muchos casos, debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados”.

También lo responsabilizaron por haber “garantizado impunidad a Aldo Omar Vara -capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército-, quien en los Juicios por la Verdad reconoció haber tenido contacto con ex alumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención La Escuelita para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas”.

“En abril de 2013 los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron su detención, la cual fue rechazada por Martínez. En agosto de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó dicha decisión y Martínez, en lugar de ordenar la inmediata detención de Vara, se apartó de la causa. Esto permitió a Aldo Vara profugarse en Ciudad del Este, República del Paraguay, donde finalmente fue detenido por Interpol el 28 de abril de 2014, falleciendo poco tiempo después”.

“También demoró el llamado a indagatoria de Vicente Gonzalo María Massot, dueño del diario La Nueva Provincia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se indague acerca de su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió a Martínez que abra la instrucción correspondiente, a lo cual se negó sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Dicha resolución fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, ante lo cual Martínez se inhibió de continuar entendiendo en la causa”.

“Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, lo cual había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que dichos crímenes no eran de lesa humanidad. Esta decisión fue revocada también por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Frente a dicha resolución, en lugar de citar inmediatamente a indagatoria a los imputados, Martínez siguió tomando medidas dilatorias”, advirtieron.

Afirmaron además que “estas gravísimas irregularidades fueron denunciadas ante el Consejo de la Magistratura por parte del Ministerio Público Fiscal, la Asociación Civil H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como consecuencia, el Consejo definió no ratificar la designación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante”.

“Actualmente, Santiago Ulpiano Martínez está siendo investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, en el marco de una denuncia realizada en diciembre de 2014 por los fiscales de dicha jurisdicción. Al postularse para el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Martínez no lo informó al Consejo de la Magistratura”.

“La actuación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”, concluyeron.

El documento lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, APDH Bahía Blanca, APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, CELS, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca.

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Banco Provincia: sin atención hasta el jueves

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Las comisiones gremiales internas del Banco Provincia resolvieron realizar un par de actividades el martes y el miércoles luego del fin de semana largo.

Denunciaron que están juego los derechos previsionales de lxs trabajadorxs, una grave situación financiera, nuevas re-estructuraciones en el organigrama y la intención gubernamental de tercerizar tareas.

Marcos Helbert dijo a FM De la Calle que “tenemos un conflicto latente que tiene que ver con la modificación del sistema previsional de los trabajadores activos y jubilados del Banco Provincia; ese conflicto hoy está transitando una vía en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hicimos una presentación por inconstitucionalidad, eso se está tramitando y paralelamente en el ámbito gremial venimos haciendo un sinnúmero de acciones diferentes”.

“Lo concreto es que al día de hoy en el articulado de la ley vigente y aprobado en diciembre último, se establece que el Banco Provincia es el responsable del pago de las jubilaciones y las pensiones de los jubilados del Banco Provincia”, manifestó.

Sostuvo que “durante el 2017 el Banco Provincia tuvo 6900 millones de utilidades y solamente en este mes de marzo puso para pagar jubilaciones y pensiones 583 millones; eso anualizado, sin contar el medio aguinaldo, da una suma superior a los 7 mil millones, es decir, que no alcanzan las utilidades de todo un año para hacer frente al pago de las jubilaciones y las pensiones. Lo transforma directamente en un banco inviable y sabemos que con la lógica que está imperando en un banco inviable el camino está totalmente trazado en el corto plazo”.

Helbert aseguró que hoy van a continuar las asambleas y que “vamos a continuar conversando este tema entre el conjunto de los trabajadores y decidiendo las medidas de la semana próxima. El planteo es para el día martes y miércoles jornada completa, aunque en vistas de que hoy íbamos a tener reunión el Ministerio de Trabajo, iba a estar Sergio Palazzo participando activamente, y de ocurrir alguna medida planteada por el sindicato a nivel nacional, nosotros no descartamos articular en ese sentido”.

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Profesionales de la salud municipal en desacuerdo

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El Municipio ofreció en la última reunión paritaria un aumento del 15% en tres cuotas y la propuesta fue rechazada por el Sindicato y la Asociación de Profesionales de la Salud. El vicepresidente de la APSM, Pablo Fernández Keller, comentó a FM De la Calle el estado de las negociaciones respecto a puntos pendientes de 2017 y los pedidos para este año.

“De todos los puntos que pedimos no pudimos cerrar ninguno. Uno específicamente para todos los profesionales de las unidades sanitarias, desde hace dos años se pagaba un bono de doscientos pesos aproximadamente; nosotros queremos que se pase un porcentaje y lo que ofreció el Ejecutivo fue pasarlo de 200 pesos a 280 pesos, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo”, manifestó.

“Obviamente estamos dialogando, se quedó de volver la semana que viene a reiniciar el diálogo y en la semana hacer las reuniones para ver si podemos avanzar pero por ahora estamos bastante lejos”, consideró.

Consultado sobre como viene planteado el acuerdo paritario para este año, Fernández Keller comentó que “lo que pedimos fue un 22% con la cláusula gatillo, lo que ofreció el municipio es: un 15% en tres tramos, 5 en marzo, 5 en junio y 5 en octubre con una revisión en noviembre pero no retroactivo. Nosotros a eso lo tenemos que charlar en la asamblea que vamos a hacer la semana que viene pero mi impresión es que no se va a aceptar”.

“Siempre son permeables a dialogar”, mencionó respecto de la relación con el Municipio aunque agregó que “hasta ahora desde el 2017 no tuvimos ninguna respuesta aceptable. Hemos tenido respuestas, pero es complicada la respuesta que nos han dado”.

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Más demanda y menos trenes

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El titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, destacó en FM De la Calle el aumento de pasajeros transportados durante el verano para el tramo Bahía Blanca-Constitución y evitó definiciones en torno a la recuperación de la vía Pringles.

El funcionario prefirió hablar de “la cantidad de pueblos que quedaron conectados”, como “Saavedra u otros pueblos que volvieron a tener una actividad” y adjudicó la baja del tren de pasajeros que pasaba por Sierra de la Ventana, Saldungaray y otras estaciones de la región a que la vía está “en mal estado. “Le corresponde (arreglarla) a Expreso Pampeano, compañía que tiene la concesión (…) yo dependo de que la vía la pongan en condiciones”, aseguró.

Aclaró que por el mismo motivo el viaje a Capital dura aproximadamente doce horas: “Es problema de la vía, hay que analizar bien las precauciones de velocidad que tienen ahí”. “No es muy lógico que una empresa de carga sea la concesionaria (del tramo de vía) y que pongan las velocidades cuando en realidad la prioridad siempre fueron los pasajeros”.

Orfila precisó que la autoridad de aplicación a la cual corresponde exigir inversiones en esos tramos es la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y las empresas concesionarias son Ferrosur desde Cañuelas hasta Olavarría y Ferroexpreso Pampeano de Olavarría hasta Bahía.

Orfila aseguró que cuenta con una plantilla de 23.000 personas, “es la empresa más grande del país en cantidad de gente”. Al ser consultado sobre el traspaso de trabajadores de Ferrobaires dijo que ” absorbimos más del 50%”.

“Cuando empezaron los servicios (julio 2017) eran cerca de 800 trabajadores, después el gobierno provincial se encargó muy bien de ofrecer planes de incentivo para retiro voluntario, jubilaciones anticipadas, incentivos económicos en un plan de contención interesante; diría que la gran mayoría de la gente la aceptó”, opinó.

Los testimonios de trabajadores y usuarios recogidos por FM De la Calle mostraron el descontentó con la decisión gubernamental.

¿Qué servicios funcionan?

El servicio a Bahía Blanca se presta con formaciones cero kilómetro con aire acondicionado, amplios asientos, coche comedor con 48 plazas, baños adaptados con movilidad reducida y una biblioteca sobre rieles con más de mil libros para leer durante el viaje.

Los pasajes para el tramo completo Plaza Constitución-Bahía Blanca cuestan $750 en primera, $900 en pulman y $2626 en camarote para dos personas. Los jubilados tienen un descuento del 40%. Los menores de 12 años pagan la mitad del pasaje, mientras que los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis. Además, en las compras a través de la página web las tarifas tienen un descuento adicional del 5%.

Días y horarios

Saliendo desde Plaza Constitución, lunes, miércoles y viernes 19:52 horas, llegando a Bahía Blanca a las 8:43 del día siguiente.
Saliendo desde Bahía Blanca, martes, jueves y domingos 19 horas llegando a Plaza Constitución a las 7:48 del día siguiente.

Puntos de venta y modos de pago
– Via web (con tarjeta de crédito y débito, 5%de descuento en la tarifa): a través de la página www.argentina.gob.ar/transporte-trenes-argentinos
– Boleterías (en efectivo, tarjetas de débito y crédito, hay que llevar DNI): Retiro, Chacabuco, Junín y otros 43 puntos del país.

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La Procuraduría de Crímenes contra la humanidad presentó informes sobre los juicios

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Con motivo de un nuevo aniversario del 24 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó tres nuevos informes con datos estadísticos sobre el avance de los procesos judiciales en todo el país. Se trata del Informe estadístico, el Dossier de sentencias -actualizados a marzo de 2018- y el Informe de Trayectorias temporales, donde se publican datos construidos a partir del análisis de los tiempos de las causas, que incluye información a diciembre de 2017.

El 2017 se caracterizó por la cantidad de sentencias dictadas. Fueron 27, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006. En total fueron condenadas 205 personas por delitos contra 2017 víctimas.

Durante el año pasado se dictó sentencia en causas de gran envergadura, tanto por la cantidad de víctimas e imputados involucrados en el proceso como por el tiempo que llevaron los debates. Entre otras, concluyó la causa ESMA Unificada. Tras cinco años de juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 condenó a 48 personas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas, y el veredicto tuvo por primera vez acreditado la metodología de los denominados “vuelos de la muerte”.

También finalizó el debate oral “Operativo Independencia I” -donde se investigaron los crímenes cometidos contra 270 víctimas ocurridos en la provincia de Tucumán a principio de 1975-, la megacausa “Juicio a los Jueces” en Mendoza –en la que se juzgó hechos cometidos por ex integrantes de la Justicia Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía provincial y la Policía Federal contra 170 víctimas- y la “Causa de los Magistrados” en Córdoba -donde se condenó a ex magistrados provinciales por hechos contra 75 víctimas-.

Datos generales de la situación de las causas

La Procuraduría evaluó que, aunque el total de sentencias de 2017 es una buena señal respecto del avance de los procesos, el estado de las causas en las que aún no se dictó veredicto todavía presenta serias demoras.

Según el Informe Estadístico realizado por la Procuraduría, a marzo de 2018 se registran un total de 599 causas en trámite, en las que son investigados 2485 personas por delitos de lesa humanidad.

Del total de expedientes, en 397 aún no se ha dictado sentencia y 278 se encuentran en etapa de instrucción. Es decir que un 47 por ciento del total de causas todavía no alcanzó la etapa de debate, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años, en parte debido a que las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio. En suma, este análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo.

Estado procesal de las causas por delitos de lesa humanidad.

Estado procesal de las causas por delitos de lesa humanidad.

Por otro lado, las causas que ya se encuentran elevadas a juicio suman 103, pero hasta el momento sólo respecto de seis se dispuso la fecha de inicio del debate. A la fecha, únicamente se encuentran en juicio 15 causas: 12 en la etapa de debate oral y 3 en la de plenario -en los casos de procesos que tramitan por escrito, bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal-.

Por ejemplo, la causa “Ford” en San Martín (provincia de Buenos Aires) es una de las que actualmente se encuentra en etapa de debate, después de transcurrida más de una década desde el inicio de las actuaciones. La investigación sobre los hechos sufridos por los obreros de la automotriz empezó en 2002, con una denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal. En 2006, la causa fue traspasada a la Justicia Federal de San Martín. Pero recién siete años después fue reactivada y elevada a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos de la empresa.

Nueva metodología de análisis: “trayectorias temporales”

 Con el objetivo de conocer y medir las demoras en los tiempos procesales, durante el 2017 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desarrolló una herramienta que permite calcular el promedio de tramitación de causas en todo el país. El concepto se denomina “trayectoria temporal”, y fue presentado a través de un Informe donde por primera vez se dan a conocer los resultados del análisis respecto de las causas por delitos de lesa humanidad.

El análisis de los tiempos procesales en las causas por delitos de lesa humanidad permitió un doble resultado, estratégico para el trabajo de la Procuraduría. Por un lado, permitió conocer los “cuellos de botella” en los que se producen las demoras en las investigaciones, y al mismo tiempo, develar que entre el requerimiento de elevación a juicio y la firmeza de la sentencia se registra en promedio una demora de 5 años y seis meses.

Además, se pudo calcular que desde la reapertura de las causas en 2006 hasta el momento, la instancia que mayor tiempo ha demorado es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una trayectoria de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de las sentencias de los tribunales orales federales. Le sigue la instancia entre el debate y el veredicto a cargo del TOF, con casi 1 año y ocho meses de demora.

El Informe también analizó los tiempos desde un corte sincrónico, considerando las trayectorias temporales de las sentencias de 2017. Por ejemplo, la causa que menos tiempo demandó es uno de los tramos de “Campo de Mayo”, mientras que la que cuenta con una mayor trayectoria temporal es “Esma Unificada”, con un total de más de 10 años transcurridos entre el primer requerimiento de elevación a juicio y la publicación de los fundamentos de la sentencia.

Dossier de sentencias pronunciadas en juicios de Lesa Humanidad en Argentina

Trayectorias temporales de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Radiografía de las demoras del proceso a nivel nacional

Informe Estadístico sobre el Estado de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad en Argentina

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Carta Abierta a 42 años del Golpe cívico – militar

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Hoy más que nunca:

¡¡¡30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, PRESENTES!!!

 UNIDAD contra la IMPUNIDAD

Este 24 de marzo, a 42 años del golpe cívico militar que dio inicio a la etapa más oscura de nuestra historia, nos encontramos inmersxs en un contexto donde las políticas neoliberales implementadas desde el gobierno macrista y sus aliados, políticos, sindicales y del campo de la cultura y la comunicación continúan y profundizan su avance sobre los derechos de nuestro pueblo.

En materia de derechos humanos la política oficial de desandar el camino recorrido por la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, suma variados atropellos sobre los mismos. Solo basta con recordar el apriete judicial sobre las Madres de Plaza de Mayo; las prisiones domiciliarias a los genocidas; las declaraciones de Nicolás Massot pidiendo “reconciliación”; el proyecto de convertir campo de mayo en un parque nacional; el intento de reducción de las condenas a través de la aplicación del 2×1, el renacimiento de la doctrina de los dos demonios y la desaceleración de los juicios entre otros.

Pero no solo estamos en presencia de un ataque a la memoria de lxs 30000, sino de una ofensiva política y cultural para legitimar e intentar legalizar una avanzada represiva que tuvo sus casos paradigmáticos en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y en el asesinato por la espalda a Rafael Nahuel por parte de Gendarmería y Prefectura en connivencia con el Poder Judicial y gubernamental.

La ola represiva alcanza a la encarcelación de militantes; a las golpizas y detenciones en marchas y a la persecución del pueblo mapuche, por mencionar algunas. Dicha escalada, es propiciada desde las más altas esferas del gobierno, cuando el propio Mauricio Macri recibe y elogia al accionar del policía Chocobar, inaugurando una “nueva doctrina” en la cual las fuerzas represivas tienen luz verde para la violencia institucional, la tortura y el gatillo fácil, como en el caso de Facundo, un chico de 11 años asesinado en Tucumán por las balas de la policía.

Con la misma matriz ideológica liberal de la dictadura en lo económico y lo social, resulta imposible no recurrir a la represión lograr los objetivos de destrucción del empleo, de ajuste sobre los sectores más vulnerables y de disolución de la organización social y política que pueda hacerle frente. Consecuentemente, proponen borrar la historia y terminar con las organizaciones populares, principalmente las sindicales.

Entendiendo que la unidad debe contemplar la diversidad de trayectorias y de proyectos cuando la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia se encuentra en riesgo y que los derechos humanos del presente son vulnerados en cada represión, en cada femicidio y en cada encarcelamiento por causas política, necesitamos el ejemplo de la lucha de nuestrxsdesaparecidxs y militantes que nos antecedieron. Ellxs identificaron claramente donde estaba el enemigo y lograron anteponer en los momentos más difíciles en el país y en exilio, la solidaridad por sobre el sectarismo, la concordia frente al disenso y la unidad de acción entre los diversos proyectos.

Sigamos con su ejemplo y sus banderas en alto, profundizando experiencias que nos han unido en estos últimos años, tales como la lucha conjunta frente a los tarifazos; la marcha en contra del 2×1 y las protestas masivas por la derogación de la Ley de Medios, la prisión de Milagro Sala, el intento de asesinato de la dirigente social Julia Rosales, en contra la reforma previsional y frente a la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

También destacamos que fue esta unidad la que logro que al genocida Etchecolatz, quien fuera hallado culpable de delitos de lesa humanidad, pero también apuntado como el responsable ideológico de la segunda desaparición de Jorge Julio López, se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había otorgado en diciembre del año pasado.Pero lamentablemente,se supo a horas del 24 de marzo que el gobierno amenaza con dar domiciliaria a Alfredo Astiz, contodo lo que eso significa, un genocida represor y femicida que encarna lo más siniestro de ladictadura. Son 700 los represores que están en sus casas y el único lugar para ellos es lacárcel ypara lograrlo necesitamos UNIDAD.

En el ámbito local, sabemos que este año seguirá habiendo dos actos. Esta realidad nos impone la tarea y el esfuerzo para lograr confluir en una sola manifestación en memoria de nuestros 30.000; porque frente a esto tenemos el avance del gobierno de Mauricio Macri y sus aliados sobre nuestras conquistas. Somos conscientes que en los sindicatos, los centros de estudiantes, y las propias organizaciones políticas, sociales y territoriales las bases vienen impulsando la necesidad de la unidad en estas fechas. Este es un claro mensaje que debe interpelar a quienes tienen la responsabilidad de dirigir y coordinar las mismas.

Por eso sentimos que debemos dar una clara demostración de unidad en la calle, el lugar donde siempre defendimos los derechos humanos y donde le arrancamos a los gobiernos los juicios a los genocidas, y donde ya derrotamos en el pasado el intento no novedoso de los sectores de poder, de dar vuelta de página. Este es el desafío que enfrentamos y que obliga a la práctica de nuestra humildad y solidaridad por sobre cualquier otra cuestión.

En este sentido y para finalizar, entendemos como un sentido de unidad acompañar, adherir e impulsar la participación de nuestro pueblo en las siguientes actividades:

– Jornada de Reflexión que se llevará a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca el próximo jueves 22 a las 10 horas.

– Charla debate con Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora) – Aula Magna UNS (Av. Colón 80) – viernes 23 de marzo 19 hs.

– Acto en el ex Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” – Comando Quinto Cuerpo de Ejército (Camino La Carrindanga) –sábado 24 de marzo – 10 horas.

– Todas las actividades de movilización que se realicen en el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado.

LA CALLE ES UNA SOLA Y ESTE 24 TENEMOS QUE ESTAR AHÍ MAS QUE NUNCA

¡Unidad contra la Impunidad, en la demora está el peligro!

¡30.000 compañerxsdesaparecidxs, Presentes!

 

Adhieren hasta el momento (miércoles 21 – 12 horas)

Cardumen

Nueva Universidad UNS

ADUNS

Comisión de Apoyo a los Juicios

Conducción del CEHum

CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego

Kolina Bahía Blanca

CTEP

Movimiento Evita

Corriente Comunista David “Watu” Cilleruelo

BloqueHache Humanidades

CEINA –  Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América del Departamento de Humanidades UNS

UmSur

AsTraMyC

APYME

SECASFPI

CTA Pcia. de Buenos Aires

Patria Grande Bahía Blanca

Mala Junta Bahía Blanca

CCC Corriente Clasista y Combativa

MIJP Movimiento independiente de jubilados y pensionados

MUS Movimiento de Unidad Secundaria

FNC federación nacional campesina de Villarino

Obreros rurales de la cebolla

Mujeres Bahia Blanca

PCR Partido Comunista Revolucionario

PTP Partido del Trabajo y del Pueblo

JCR juventud comunista Revolucionaria.

Partido Comunista

Federación Juvenil Comunista La Fede

Asociación Argentina de Actores

Iglesia Metodista

Cura en Opción por los Pobres

Colectivo Pueblo en Lucha

Nuevos Vientos

Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Bahía Blanca – Daireaux

CONAT – Corriente Nacional Agustín Tosco

Libres e Iguales. Publicación Colectiva

Agrupación El Kincho

Caritas Arquidiocesana Bahía Blanca

Bahiensas Feministas

Voluntariado de jóvenes y memoria Bahía Blanca y la zona

FM De la Calle

Sumá tu adhesión a [email protected] o a [email protected]

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CTA Autónoma propone un frente común contra el ajuste

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El secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, se refirió en FM De la Calle al congreso que realizó la central el sábado en Mar del Plata.

Aseguró que recibieron apoyo de varios sectores: “Estamos hablando con la CGT, movimientos sociales, otras organizaciones de defensa de los intereses de los usuarios, corrientes de izquierda como la del ‘Pollo’ Sobrero. La idea es conformar un frente común para enfrentar esta política que tiene una expresión clara en términos económicos y sociales”.

Sobre los dichos de Hugo Godoy, titular de ATE y referente de otro sector de la CTA-A, respecto a que el sábado la plenaria (de Micheli) reunió a “poco más de un centenar de congresales”, Rigane afirmó que “el congreso contó con la presencia de más de 25 centrales sindicales del mundo que estuvieron presentes acompañando a nivel regional y nacional”.

“Han decidido alejarse de la CTA-A y conformar su propio espacio, algo a lo que tienen derecho. Es un grupo encabezado por ATE Nacional, Visitadores Médicos y otras organizaciones que hace mucho tiempo dejaron de participar y aportar a la CTA Autónoma, produciendo un desfinanciamiento. […] Si nos basamos en el tema estatutario ya hace mucho tiempo dejaron de pertenecer a la central porque dejaron de cumplimentar las exigencias que tienen cualquier entidad afiliada”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de una confluencia con la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky, Rigane afirmó que ambas están en procesos electorales propios aunque eso “no quita que entre las dos CTA sigamos trabajando para la posibilidad de una unidad orgánica en algún momento; no hay que descartarlo pero hoy no es la prioridad”. “Yasky representa un proyecto político partidario, el kirchnerismo, nosotros somos respetuosos mientras que no se convierta en un posicionamiento institucional que son los problemas que tuvimos en el 2010”.

Al ser consultado por la diferencia entre unidad gremial y unidad política explicó: “Nos consideramos y creemos que el movimiento obrero debe ser autónomo de los partidos políticos de los patrones; es una regla de juego institucional sea quien sea el gobierno. Cachorro Godoy no puede hablar de eso porque pertenece a Unidad Popular y es presidente del partido de la provincia de Buenos Aires. Tiene una contradicción flagrante que la lleva incorporada entre lo que dice y lo que hace”.

“(La unidad) tiene que tener un nuevo nivel de progreso, hasta ahora ha sido unidad en acción, importante, significativa, nos ha permitido estar en la calle junto a otros sectores reivindicando las mismas cosas, pero ahora tiene que tener un plan de acción y la primera iniciativa tendría que ser un paro nacional”.

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El Sindicato de Municipales pedirá un 20% de aumento

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La Asociación de Profesionales de la Salud y el Sindicato de Trabajadores Municipales se reunieron ayer en el Ministerio de Trabajo con integrantes del gabinete municipal y acordaron continuar las negociaciones paritarias este miércoles a las 16:30.

Luego del anuncio unilateral de la comuna de incrementar los salarios en un 5% a partir de marzo a cuenta del arreglo final, el secretario gremial del STM, Federico Anselmi, aseguró “planteamos en la última reunión con Elisa Quartucci, pedir como cláusula gatillo una recomposición de lo que había sido la inflación de enero y febrero (4,9%) porque no se había cerrado la paritaria 2017”.

Según Anselmi “hay una diferencia entre lo que dice el intendente, lo que manifiesta el sindicato y lo que está plasmado en el convenio colectivo de trabajo: la paritaria debe ser anual dentro del año calendario enero-diciembre. Mañana en la mesa de paritarias lo que vamos a plantear es que el 5% tiene que ser retroactivo al mes de enero”, ratificó.

Ayer, la Municipalidad estuvo representada por Compagnoni y Anselmi dijo que hubo “diferencias de opiniones con respecto a la última reunión de paritarias donde ya había una hipótesis de conflicto por los puntos que no se habían hecho efectivos en enero como decía la paritaria del año pasado. Consensuamos hacer una nueva reunión mañana, donde se comprometió a traer una respuesta respecto a estos planteos y respecto a la paritaria 2017.

Este año plantearán “el número que nosotros suponemos que debe ser de incremento salarial y empezar a tocar distintos temas como condiciones laborales que se plantearon a principio de año y deberían ser monitoreados en la mesa de paritarias. […] Vamos a pedir un 20% en 4 cuotas y hacer una revisión trimestral para ver si vamos acompañando la inflación o estamos por debajo”, aseguró.

Por otro lado, al consultarle sobre el cambio de sistemas de parquímetros explicó que no hay personal suficiente para cubrir la zona “si la amplias en casi un 100%”. “Ni ustedes ni la ciudadanía tienen muy en claro el sistema nuevo. Nosotros estamos en la misma, no tenemos muy en claro cuál es el sistema de control. Sabemos que la gente que ayer controlaba diez manzanas hoy tiene que controlar veinte”.

“Creemos que es insuficiente el personal, los móviles, todo lo que tiene que ver con el control. [Los agentes] no tienen la capacitación suficiente para llevar adelante el control. Me parece que todavía no estamos en condiciones, empleados municipales (gente de control de tránsito de Sapem parquímetros), de llevar adelante de manera satisfactoria lo que es el control del nuevo sistema de estacionamiento. Extraoficialmente, charlando con algún compañero, me dicen que no hay control de la zona de parquímetros, no tienen órdenes todavía de hacer algún tipo de control como para hacer una infracción”.

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CTA: “Micheli se empeña en querer decidir las cosas solo”

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La CTA Autónoma se divide y encara la renovación de sus autoridades con caminos alternativos. El secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Godoy, se refirió en FM De la Calle al congreso que realizó su sector. “El próximo espero que haya muchos mas comensales que el viernes y que podamos consolidar el avance hacia un proceso electoral convocado para el 8 de agosto”, aseguró.

Godoy remarcó que están “muy satisfechos del congreso extraordinario donde definimos ratificar la CTA Autónoma como la organización que vamos a seguir fortaleciendo y desde allí proponer la unidad y la lucha contra las políticas gubernamentales. Para ello es que convocamos a una nueva medida de fuerza en la primera quincena de abril”. Afirmó que “hubo un solo congreso el día viernes” con 410 de 656 congresales, mientras que el sábado la plenaria (de Micheli) reunió a “poco más de un centenar de congresales”.

Sobre Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, dijo que “se empeña en querer decidir las cosas solo y dando la espalda a la mayoría de los dirigentes y militantes de la CTA”. Por esto es que buscan fortalecer al sindicato “como una central que aporte a la unidad de los trabajadores desde una propuesta de nuevo modelo sindical y queda reducida a su mínima expresión esa idea de que la unidad se hace por arriba entre dirigentes sin garantizar una propuesta de cambio a un modelo sindical que en la Argentina está caduco”.

Godoy aseguró que “hay que parar a Macri y al mismo tiempo construir una unidad del movimiento popular que pueda generar una alternativa que no sea repetir las experiencias del pasado reciente. Fueron los errores del gobierno que asumió en el 2003 el que nos llevó a este presente de herencia de Macri”.

El dirigente comentó que “la unidad no tiene que estar solamente reflejada en los sindicatos y las organizaciones sociales, tenemos que abrir un abanico de otros sectores para poder plantear alternativas verdaderamente integradoras. […] Necesitamos construir una alternativa: en la lucha de los trabajadores, pueblos originarios, campesinos, vastos sectores de la cultura, la educación, el estudiantado, el pequeño y mediano empresario, hay condiciones para construir esa unidad” concluyó.

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“¿Por qué sostener a la Iglesia mientras hay trabajadores bajo la línea de pobreza?”

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Luego de que el jefe de Gabinete Marcos Peña informara que el Estado destina 130 millones de pesos a sostener a la Iglesia Católica desde el Frente de Izquierda presentaron un proyecto para derogar las normativas que así lo establecen. La mayoría de ellas corresponden a decretos de dictaduras militares.

La diputada nacional Nathalia González Seligra dijo a FM De la Calle González Seligra que “por un lado tenemos un Estado laico, el artículo 2 de la Constitución Nacional plantea que el Estado tiene que sostener a la Iglesia Católica en términos generales (esto no significa económicamente)”. Por otro lado, los decretos de la dictadura cívico-militar sí plantean en términos de remuneraciones: “sueldos a los obispos, jubilaciones de privilegio (que equivalen al 80% de lo que cobra un juez nacional)”.

Este gasto de 130 millones de pesos “en el marco de que estamos atravesando una crisis que el propio gobierno reconoce, teniendo que ajustar las cuentas fiscales, con el debate de si tiene que haber aumento o no alrededor de las paritarias de los trabajadores… nos parece que hay que discutir seriamente que el Estado nacional no puede seguir sosteniendo a la Iglesia Católica, más allá de la libertad de culto que sí es legal y defendemos en nuestro país”, aseveró.

Explicó que tiene implicancias legales  ya que la Iglesia es reconocida desde 2014 -en una reforma del Código Civil- como persona jurídica. Es decir que “la Iglesia en términos civiles y económicos tiene un trato diferente a cualquier otra organización no gubernamental del país”.

Sobre “la millonada de pesos que el Estado destina a los obispos” agregó que también tiene implicancias políticas “porque es una institución que tuvo complicidad en la dictadura.  Y que hay muchos “cuestionamientos abiertos alrededor del trato que han tenido desde Mendoza al Próvolo sobre abusos de niños hasta el cuestionamiento por la injerencia política que tienen en la educación y salud. Desde ese punto de vista también creemos que debe separarse a la Iglesia del Estado, y en términos económicos implica derogar estos decretos”.

Respecto a la respuesta del sector eclesiástico -aseguraron que no son salarios lo que perciben sino una asignación para el sostenimiento de los obispados-, González Seligra ratificó: “Acá se está debatiendo que son sectores de la Iglesia que están sostenidos por el Estado mientras hay millones de trabajadores que ni siquiera llega a un salario de 10 mil pesos cuando la canasta familiar está en 17 mil pesos, entonces ¿por qué sostener a la iglesia mientras hay trabajadores bajo la línea de pobreza?”.

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ARA San Juan: “No se están tomando las medidas adecuadas”

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A cuatro meses de la desaparición del submarino ARA San Juan y aun sin ninguna respuesta concreta sobre qué fue lo que pasó con la embarcación, FM De la Calle habló con Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas que se encontraban a bordo del navío y querellante en la investigación.

“Seguimos en la lucha por esto que es tan básico como encontrar a nuestros seres queridos y que, si bien el presidente se expresó en esa línea, entendemos que no se están tomando las medidas adecuadas” expresó.

Las últimas medidas sobre el caso estaban relacionadas al pedido de licitación para que empresas privadas se hagan cargo de la búsqueda y una recompensa con el mismo fin que fue cuestionada por los familiares de lxs tripulantes del ARA San Juan: “Nosotros le planteamos al ministros y al presidente una serie de medidas para que actúen de manera complementaria una con otra”, manifestó.

“El tema de la recompensa fue propuesta nuestra pero como una última medida complementaria a todo lo anterior que tenía que ver con incluir a la Prefectura Naval Argentina en la búsqueda, incluir a algunos buques específicos que tienen sonares de alta tecnología para detectar cardúmenes de peces hasta mil metros de profundidad, que se han ofrecido a cambio de la logística y no se los ha tenido en cuenta (…), que el buque ruso Yantar se quede, nosotros tenemos información que a fin de mes se retira”.

Consultado por las hipótesis más razonables sobre lo sucedido con el submarino Tagliapietra contó que “hasta ahora, si vamos a los elementos materiales, digamos, que tienen que ver con documentos de la Armada y las últimas comunicaciones, todo va apuntando a que ha sufrido algún grave accidente en virtud de los problemas que tenían en las últimas horas respecto de la entrada de agua por el snorkel y el incendio en las baterías”.

“Lo que sucede es que no hay más datos y la realidad que esos datos por sí solos no permiten establecer con la certeza que requiere una investigación judicial, por ejemplo, para establecer que esa es la causa de la desaparición. Porque estuvieron durante 10 horas trabajando en ese problema. Alrededor de las diez de la noche del día 14 fue la entrada de agua por el snorkel y a las siete y media de la mañana en el último comunicado dieron por resuelto el inconveniente y manifestaron su intención de sumergirse a 40 metros de profundidad para poder descansar. Todo esto en virtud del terrible desgaste que implicó estar tantas horas superficie”.

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Garate será uno de los jueces del jury a Arias

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Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador e integrante del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, se refirió en FM De la Calle al jury contra el suspendido juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias.

“Por una cuestión formal, lo que se iba a tratar, iba a ser una recusación que hizo el dr. Arias contra la dra. (Hilda) Kogan y recién a partir de la resolución de esa situación podíamos empezar en lo que es propiamente dicho el jury finalmente” explicó.

“Creo que el dr. Arias ha tenido algunas buenas actuaciones judiciales y ha tenido algo que el fuero en lo Contencioso Administrativo tiene, que es ‘controlar al poder’. Y digo controlar al poder de turno porque lo hizo con Scioli cuando fue protagonista en la cuestión de la inundación de La Plata y lo fue en algunas otras medidas, tanto de la gobernadora Vidal como del presidente Macri, con lo cual para un juez en lo Contencioso Administrativo tener esta actitud es, a toda luz, una buena actitud” manifestó.

En relación a las fechas en las que comenzará el debate tras la suspensión de la primera audiencia sostuvo que “se va a volver fijar para esta situación de la recusación y después así entraremos en lo que tiene que ver específicamente con el juicio político estrictamente, es decir, con la sentencia para decirlo de alguna manera, del juicio político. Estimo que hasta abril no vamos a entrar en este tema”.

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“Es imposible que Sapem no sepa cuánto recauda”

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Pablo Rosenfelt, concejal por el bloque Cumplir y representante de la oposición en el directorio de Bahía Transporte Sapem se refirió esta mañana a la conferencia de prensa que brindaron ayer el presidente de la empresa Tomás Marisco y el gerente Federico Hartfield sobre el nuevo sistema de parquímetros.

Respecto a las declaraciones de Marisco el edil ratificó que “es imposible que Sapem no sepa hasta diciembre cuánto recauda. Sapem gerencia el sistema pero la recaudación va íntegramente para el municipio y el sistema online determina la recaudación de cada mes”. Si bien se estima una recaudación de 45 millones de pesos para el 2018 los datos de Gobierno Abierto registran que se llevan recaudados “1,6 millones hasta el momento”.

Sobre la orden de pago de seis millones de pesos que fue publicada en Gobierno Abierto, aseguró que “el gerenciamiento que hace Sapem le cuesta al municipio $1.590.000 y la orden de pago se emite del municipio para pagarle a la empresa por el gerenciamiento” realizado entre octubre y enero.

“El municipio no le tendría que pagar a la Sapem porque el gerenciamiento fue deficitario y en cierta manera me parece que si yo tengo un gerenciador que tiene que llevar adelante un sistema de la manera que corresponde, también tiene que haber una intimación por no haber brindado bien el servicio”.

En relación al supuesto sobreprecio en el contrato de Eycon, Rosenfelt comentó que “lo conveniente sería que el presidente de la Sapem, que tiene información y ha hecho la denuncia pública, haga la denuncia donde corresponde en sede judicial. La responsabilidad pasa por quien ha hecho esta manifestación”.

Finalmente, habló sobre la intención del bloque de Unidad Ciudadana de formar parte del directorio de Sapem: “Quiroga habló como presidente del bloque con Feliú. Estamos de acuerdo en que tiene que ser rotativo y en este período les tocaría formar parte del directorio. Yo particularmente le comuniqué al oficialismo que en abril no voy a ser más parte. Apoyamos la postulación de Larrea para que sea por los próximos dos años del directorio de la Sapem”.

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“Las denuncias son de los jueces penales y de algunos funcionarios de la Corte”

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El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, quien se encuentra suspendido en su función, debía ser juzgado a partir de este martes por un Jury de Enjuiciamiento en el que se le imputan 21 cargos.

En diálogo con FM De la Calle, Arias explicó ayer que 11 de esas imputaciones son “no haber remitido el expediente a la Receptoría General de Expedientes, es decir, un trámite burocrático que se hace para que la Corte tome conocimiento de que existe una causa de Fulano contra Mengano. Además, yo ordené eso. Lo que pasa es que las partes no lo pidieron, no impulsaron el movimiento y me atribuyen a mí responsabilidades de no haber mandado el expediente”.

“Son todas las causas urgentes en donde, remitir un expediente a una oficina administrativa de la Corte puede implicar una pérdida del derecho a las personas que están litigando”.

Respecto al resto de las imputaciones, el magistrado sostuvo que “son todos conflictos de competencia con los jueces penales o con la propia Suprema Corte de Justicia, donde los jueces penales, por ejemplo, frente a un desalojo masivo dictan medidas arbitrarias, ilegales; generalmente porque no cumplen con los estándares internacionales. Y por otro lado, esos ocupantes viene al fuero Contencioso Administrativo a pedir que se les garantice el derecho a la vivienda digna, el derecho a la tierra y muchos otros derechos que están establecidos constitucionalmente”.

“Esto que hace la Corte, que hace el Jurado de Enjuiciamiento, que hace el procurador (Julio) Conte Gran, es querer eliminar la diversidad de pensamiento, es como si obligáramos a todos los poetas a escribir la misma poesía, a todos los escritores a escribir la misma novela. Digamos, si trabajamos sobre textos hay visiones diferentes, hay interpretaciones diferentes siempre dentro de un rango de racionalidades posibles. Los magistrados no podemos estar condicionados por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ver el mundo”, manifestó.

Finalmente Arias destacó que “no tengo denuncias de ninguna persona particular, no tengo denuncias de abogados matriculados, por el contrario, nos eligen todos los años como mejor juzgado Contencioso en la encuesta que hace el Colegio de Abogado y las puntuaciones que nos dan en todos los aspectos están entre los primeros juzgados de todos los fueros. Las denuncias son de los jueces penales y de algunos funcionarios de la Corte”.

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Obra social deberá cubrir fertilización asistida para matrimonio igualitario

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Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.

En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.

No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.

Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.

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