“No hubo más notas de Montezanti en Infojus Noticias”

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Entrevista, Géneros, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

La periodista Maru Ludueña, vicedirectora de la agencia Infojus Noticias desde su fundación hasta su reciente desplazamiento por parte del gobierno macrista, se refirió en FM De la Calle al borrado de notas ordenado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Trata de personas, violencia de género, nietos restituidos, lavado de dinero, fondos buitre, justicia federal, Tragedia de Once y violencia institucional fueron los temas centrales de los más de once mil artículos ocultados uno por uno.

La censura de la cobertura del juicio político contra el suspendido vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, acusado por su pasado como espía de la dictadura y sus vínculos con la Triple A, fue una de las principales preocupaciones de las nuevas autoridades. “Los primeros días yo fui la encargada de hacer un sumario de notas que debían ser consensuadas, no me parecía mal, lo que me parecía mal era que la mayor parte de las notas no estuvieran siendo aprobadas”.

“Siendo parte de una política pública de acceso a la justicia con el caso de Montezanti estamos cumpliendo un rol importante porque hay mucha gente que no sabe lo que es un jury, el Consejo de la Magistratura, por qué se lo juzga a alguien que cumplió esas funciones. En estos temas que son tan complejos es muy importante ese tipo de estrategia periodística de hablar el lenguaje de la gente y no hacer creer que lo de Montezanti es un asunto como de un grupo o de una casta. Era muy grave que no nos dejaran hacer esas notas y si te fijás no hubo más notas de Montezanti en Infojus Noticias”, aseguró Ludueña.

Como ilustra Cosecha Roja, Infojus Noticias es una agencia creada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. en marzo de 2013. Su lema fundacional fue: detrás de los expedientes hay personas. Desde el 19 de abril de ese año hasta el 10 de diciembre de 2015, sus periodistas publicaron 14.098 artículos, la mayoría de ellos de elaboración propia, además de cientos de videos, una decena de informes multimedia y varios ensayos fotográficos. El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas autoridades y desplazaron a la conducción de la Agencia. Luego despidieron a una decena de periodistas. En enero, con la agencia muy lejos de su producción habitual, las nuevas autoridades decidieron borrar el 83% del archivo, algo inédito en un medio de comunicación.

Según comentó Ludueña en el inicio de la octava temporada de En Eso Estamos, de comprobarse que las publicaciones fueron eliminadas definitivamente “se constituiría delito porque esas notas no solo son el patrimonio de Infojus Noticias sino de toda la ciudadanía porque se hizo desde una estructura del Estado, es información de un valor documental, testimonial, histórico fuerte, es construcción de memoria, más en los temas a los que nosotros nos dedicábamos que eran temas que en general no tienen demasiada resonancia en los principales medios masivos de comunicación”.

Cómo desmantelar Infojus Noticias

(Publicado por Maru Ludueña en Facebook el 10 de febrero) A diferencia de mis compañeros de Infojus Noticias, de cientos del ministerio y de tantos miles que trabajadores estatales que se enteraron de modo brutal de sus despidos, tuve el privilegio de que me lo dijeran en la cara. Fue el 30 de diciembre, al final de la tarde. Ya casi no quedaba gente en la redacción, se venían los feriados de fin de año, y estaban por empezar mis vacaciones. Los detalles casi siempre me parecen importantes en los relatos.

El último día hábil del año, la nueva directora de la agencia donde trabajé desde su fundación (en marzo de 2013), me llamó a su despacho. Puso cara de circunstancias y dijo que no tenía buenas noticias.

-Pero hace poco, cuando asumiste al frente de Infojus Noticias, aseguraste a toda la redacción que nos quedáramos tranquilos. No iba a haber despidos- le recordé.

-Sí. Son cosas que me exceden. Los de arriba no quieren que la primera línea de la agencia se quede.

Cristian Alarcón, periodista, una de las personas más talentosas y humanas que conozco, generador de proyectos que crean laburo para muchos colegas, capaz de gestos de nobleza pocas veces vistos. Fue despedido sin que nadie se lo haya dicho. A esta altura solo queda pensar que nadie se atrevió a hablar cara a cara con el fundador de la agencia.

A Sebastián Hacher, jefe de redacción, compañero de largas noches cargando especiales de Infojus Noticias, capacidad insana de trabajo e innovación, lo despidieron el 29 de diciembre, antes de irse de vacaciones. Martín Ale, entonces director de Infojus Noticias -visión política aguda como su ojo editor- había renunciado cuando se anunció a la nueva directora.

Ella, Sabrina Santopinto, desembarcó en la oficina el 10 de diciembre, minutos antes de que Macri asumiera la presidencia, junto a otras tres personas: Alvaro Herrero de la Asociación por los Derechos Civiles (el más cortés, se reunió sólo con el director), Soledad Lladó de la Fundación Pensar y Pablo Actlas, mano derecha en comunicación del ministro de Justicia Germán Garavano. Del día del traspaso presidencial quedan anécdotas para compartir en talleres de periodismo y mesas entre colegas. Ya nos podremos reír. Todavía queda cerca, duele.

Aquel 10 de diciembre, tras una breve reunión con el director en su despacho, “la nueva gestión” se instaló en nuestra pequeña oficina. En el televisor Macri empezaba su discurso, y los tres nuevos nos impartían las órdenes con los modos secos, impertérritos con que los patrones tratan a sus súbditos.

-¡¿Por qué no hay buenas fotos de Mauricio?!

-Quiero las claves de acceso a todas las redes sociales.

-Me nombran administrador en las estadísticas.

-¿Cómo que no tienen una agencia privada que mida el flujo de visitas?

Observarlos era entender que ellos se habían conocido hacía poco, tenían su interna.

Editores, redactores, fotógrafos, equipos de video y redes, todos trabajamos con velocidad para producir los materiales que nos fueron pidiendo. Se habrán sorprendido, no éramos el cuco que esperaban, sino profesionales haciendo su trabajo. Ellos también lo hacían, aunque no podríamos asegurar que con criterios periodísticos:

-Bajá estas dos notas-, ordenó la que en pocos días más se convertiría en nuestra directora.

Las dos notas: “Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia” y “Procelac denunció a la empresa que quiere cobrar bonos de la dictadura”. Qué curioso que fueran esas notas las elegidas: daban pistas. Qué curioso: no habían intervenido Télam, ni Radio Nacional, ni la TV Pública. Pero desde el minuto cero, cuatro enviados especiales tomaron el control de la agencia nacional de noticias judiciales.

Cuatro veces la ahora directora de Infojus Noticias tuvo que pedir que bajáramos esos artículos. Hasta que apoyo su índice contra la pantalla de mi monitor. “Sacá esas notas”. Se quedó parada hasta que las oculté de la home, siguen online. Desde ese instante, la agencia que nos daba tanto orgullo no existió más. Retiramos las firmas y las iniciales de los que subíamos las notas, un sistema que visibilizó las tareas de cada quien.

Hoy recuerdo el traspaso presidencial como si lo hubiera visto desde la ventana de un submarino en el fondo del océano. Recuerdo a Macri diciendo ante la asamblea legislativa: “Queremos el aporte de todos”. Diciendo “pluralismo”. A Lombardi hablando de “enormes desafíos en materia de comunicación, que haya pluralidad respeto y tolerancia y calidad desde los medios públicos”. De “todas las voces en un tono de respeto”. Mientras Macri bailaba cumbia en el balcón de la Rosada, las claves del nuevo modelo comunicacional y gubernamental habían desembarcado en la agencia. Obsesión por las imágenes y las redes sociales, maltrato laboral, falta de libertad de expresión, desprecio por el Estado y un sentimiento bastante parecido a la revancha.

Al llegar, “la nueva gestión” pidió tranquilidad: no había nada que temer, la agencia les interesaba mucho, era muy valiosa, querían hacerla crecer. No tuvimos que esperar ningún despido para saber que no iban a cumplir.

Los primeros días me tocó hacer el sumario de notas que la nueva directora consensuaba con sus superiores del Ministerio de Justicia. Aceptaban alguna noticia de lesa humanidad pero rechazaban la cobertura de una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y el jury a Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al que se le imputó mal desempeño en sus funciones, por “conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” .

De golpe bajó el caudal de notas. Se terminaron las guardias de fines de semana. La nueva directora transfirió mis tareas a otros. En teoría, seguíamos siendo la jefatura de la agencia pero otra jefa nos había pedido desalojar la oficina. Seríamos los primeros, después vendrían por los demás. Con otros modos y objetivos, ya me había pasado.

A fines de diciembre de 2000, una docena de personas fuimos despedidas de un portal de internet de noticias para mujeres (obsidiana.com), con sede en México, Brasil y Estados Unidos, donde trabajé como editora. Un día, sin más, no pudimos entrar a las oficinas. Debimos retirar los objetos personales con custodia. El Chase Manhattan Bank, dueño del sitio que nos había capacitado en su sede de San Pablo, envió telegramas diciendo que pasábamos las horas “jugando al tarot”. Iniciamos una demanda contra el banco con sede en Nueva York. Nos negaron hasta que fuéramos periodistas (la mayoría de esas personas hoy son muy valoradas en sus ámbitos). Aprendí de esa experiencia. Y este diciembre lo vi venir.

Las semanas de transición resultaron desgastantes para todos los que trabajamos -trabajábamos- en la agencia. Nos reunimos en largas asambleas. Muchas veces no logramos ponernos de acuerdo, otras sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Estas crisis son como la maternidad o la vejez: exacerban lo que había. Y así fueron esos días, controvertidos y agitados. Desde que empezó el desmantelamiento de la agencia, cuando se la vació de contenido, algunos expresamos la necesidad de decir algo públicamente. Se votó esperar.

Un par de días antes de Navidad, la nueva jefa, Sabrina Santopinto me preguntó qué pensaba hacer (yo era subdirectora de la agencia).

-Me sorprendió que los jefes no renunciaran- deslizó con una sonrisa.

-Como el 90% de la gente necesito laburar. Pero soy periodista, quiero saber cómo continúa la agencia y mi tarea. Si habrá notas, si habrá pluralismo, como dijo el presidente el 10 de diciembre.

Me reía de mi, idiota: pidiendo permiso para el pluralismo. Ese día también le pregunté por qué al llegar se había autocensurado haciéndonos bajar dos notas: que CFK terminó la presidencia no es objeto de debate. Dijo que no iba a discutir. Sentí la necesidad de explicarle que mi camino periodístico no había empezado en el ministerio de Justicia. Me advirtió que sabía bien quiénes éramos. Y dijo, sin sonrojarse, que nos habían investigado por internet. Yo también la conocía: ella había colaborado con una nota en Infojus en una oportunidad, un editor le había rechazado con amabilidad una segunda, aún después de darle la chance de reescribirla. Ahora volvía con superpoderes. Quedamos en volver a hablar.

El último día hábil del año, a las seis y media de la mañana, me preparé el mate. Cada mañana, a las siete, tenía los principales títulos leídos, había sintonizado la tele y la radio. Y hablaba con Juan, el redactor que entraba más temprano, para pasar en limpio las primeras noticias del día, para después partir hacia Tandanor.

Esa mañana del 30 de diciembre, conservaba el ritual o la tara, no tenía que pasar ninguna información. La agencia había dejado de subir noticias temprano, mejor dicho: había dejado de subir noticias. Estaba reducida a la difusión de comunicados sobre lo que hizo o dijo el ministro o alguno de sus aliados, salvo excepciones.

Ni bien terminé el primer amargo del día, pispeé algo extraño en la yerba. Algo demasiado oscuro. Me acerqué: había una cucaracha adentro del mate que me acababa de tomar. Tarde para escupir. No supe qué hacer. Presentí que no me esperaba nada bueno.

Cuando llegué a Tandanor, había caras nuevas y muchas miradas atentas a la seguridad en la entrada al edificio. Pensé que vendría Macri, pero alguien comentó: “Viene el ministro”. Me pareció que el ministro no podía venir a Tandanor, una sede importante de su área, como si fuera un lugar ajeno. Al mediodía subí al último piso, donde está el comedor. Sí, era él, Garavano dirigía unas palabras a doscientas personas que sentadas a las mesas habían dejado de comer. Hablaba de fortalecer el acceso a la justicia y de que no tuviéramos miedo a los despidos, su gestión iba a poner orden. Dijo que se había encontrado con un ministerio caótico, donde las dependencias funcionaban desarticuladas, compartimentos estancos. ¿Con qué sentido un ministro se dirige así a los trabajadores cuando les habla por primera vez, y -ya que estamos-, el último día del año? Dudé en acercarme y decirle que los 40 que hacíamos Infojus Noticias funcionábamos como un reloj. Que sabía cómo trabajaban algunas oficinas, en diálogo con diversos sectores. Pero recordé que había desayunado un mate con cucaracha. Insectos que crecen en la oscuridad y son capaces de resistir a la radiación.

Ese día interminable, después de esperar horas, la nueva directora me anunció que estaba despedida. No pudo dar detalles: ni a partir de cuándo, ni cómo, ni cuánto. “Te mando un mail, copio a recursos humanos” (no lo hizo). Le deseé suerte con la agencia: “Cuidala. La hicimos con amor”. Se sorprendió, el día anterior, el jefe de redacción le había dicho lo mismo. La parte más picante fue cuando se ofreció a dar referencias a futuros empleadores, y a explicar que mi “salida” no se debió a nada en particular. Un mes después, en una reunión ante los siguientes diez despedidos, dijo que fue ella la que pidió que echaran a la jefatura.

Tampoco es la idea cargar las tintas contra la directora de Infojus Noticias, una mujer que se escabulle por las escaleras y fue incapaz de dar una respuesta a tantos colegas que la llamaron en los últimos días. Ocupa un puesto donde le toca esta parte horrible, el punto de contacto con los que sí saben cuáles son los objetivos de esta gestión que no para con sus provocaciones. Los que detentan el poder como si fuera un traje caro que se compra con su plata.

Me fui de vacaciones, sí. Después de la muerte de mi padre y la pérdida de mi trabajo – ocurrieron casi sin intervalos entre sí-, sólo podía seguir el plan de rescate emocional y espiritual trazado con familia y amigos, al mismo paraíso secreto donde veraneamos hace años.

Cuando volvía, diez compañeros más fueron despedidos brutalmente. Algunos habían ido durante días a laburar sin saber que ya los habían echado. Hoy somos 14 los que nos quedamos sin trabajo (contando la renuncia del director). Con una editora muy valiosa “devuelta” en enero a la dependencia que había habilitado su pase. Es decir, quince personas menos. Pocos pidieron la reincorporación, los banco y espero puedan lograrlo. Imagino que para quienes continúan la situación es durísima. Aunque no tengo más que unas clases en la facultad, desde que me echaron aclaré no quería la reincorporación. Lo que me desvelaba era el sentido de la tarea. Lo que hubiera querido evitar es el desmantelamiento de la agencia, que se lee en consonancia con el resto de los despidos en otras áreas del Estado, afectando a políticas de Verdad, Memoria y Justicia, pero también de cultura, género, salud, cárceles.

Cuando nos desalojaron de la dirección, no tenía demasiadas cosas que llevarme: todo lo que había hecho era colectivo y estaba online. Me pregunté ¿por cuánto tiempo más? Aquella tarde, mientras cargaba por los pasillos de Tandanor un par de bolsas con papeles, el mate y el termo, pensé que sentía orgullo de esos tres años de agencia. Hundirla les llevó un día. Borrar la mayor parte de su archivo, unas semanas más.

El miércoles pasado, cuando empezó a correr la voz del borrado de notas de Infojus Noticias, comprobamos que lo estaban haciendo selectivamente y en tiempo real. El archivo tenía más de 20 mil notas. Hoy sólo están accesibles menos del 10%. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años, sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico” dice el comunicado de los trabajadores de la agencia.

Pedimos que todos los archivos vuelvan a estar disponibles en la agencia. Seguimos esperando una respuesta. Llegaron la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo de colegas, lectores y referentes. “No se puede borrar la historia, es como querer borrar la memoria” dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Radio 10. Graciana Peñafort, en una nota en Cosecha Roja, explicó: “Cuando decidís borrar notas que han sido producidas por el Estado, es como quemarlas. No es ordenar tu escritorio, es destruir un patrimonio documental que pertenece a todos”. Peñafort dijo que se trata de una afectación grave del patrimonio documental. De comprobarse que las notas se borraron definitivamente, hay delito. Además de que eliminar estos archivos afecta el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, también implica un incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.

Cuando empezamos a hacer un registro de las notas borradas, repasé algunos de los momentos más intensos y desafiantes. Imposible nombrar todos. El operativo obsesivo de buena parte de la redacción para localizar la tumba de Videla. Cómo nos temblaron las manos cuando dimos la primicia de que estaba enterrado en Pilar. La emoción de haber contado sentencias históricas en juicios por delitos de lesa en todo el país, pero también las historias de las víctimas. Algunas hablaban por primera vez, y en ese gesto el relato se convertía en memoria histórica.

Las restituciones de los nietos. El momento en que un fotógrafo captó el papelito donde Etchecolatz escribió “Julio López”. La cobertura persistente de juicios y memorias de violencia institucional (Masacre de Carcova, Luciano Arruga, Julio López). La represión en el Borda. Los juicios a los que no iba casi ningún medio masivo, como el del crimen de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. El proceso por encubrimiento del atentado a la AMIA y de la represión 2001. Las notas sobre trata de personas, diversidades, nuevos derechos. La muerte violenta de Diana Sacayán. Las historias de los bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain, y las revelaciones sobre una red de complicidades. Conflictos como el de la imprenta Donnelley, la planta recuperada por los obreros. El juicio por el crimen de las turistas francesas en Salta, contado en la exquisita pluma de Ana Fornaro. Su cobertura desde Nueva York sobre la negociación con los fondos buitre, poniéndole ojos de cronista a los temás más ásperos.

Ese era nuestro trabajo: contar que detrás de los expedientes hay personas, detrás de las personas, historias y tramas complejas. Servir de insumo a los medios con las noticias judiciales, tanta veces encriptadas en el lenguaje para entendidos. Visibilizar las voces de las víctimas. Porque fuimos parte de una política de Estado de acceso a la justicia.

Algunos artículos hacían saltar los servidores y la adrenalina de la investigación periodística, como pasó con la restitución de la identidad de Ignacio Montoya Carlotto, a la que tampoco se pueda acceder. Otros cobraban vida a partir de un dato simple: la muerte de una médica del SAME, la “leona de ambo verde”, una de las más leídas. Y estaban esas que cuesta cubrir y leer, como la muerte de dos hermanitos en el taller clandestino de Flores, que Juan, un redactor, investigó obsesivamente.

¿Cómo contar la singularidad de cada historia, de cada proceso, de cada centro clandestino de detención, y dar cuenta al mismo tiempo de las tensiones en la que se inscribe la trama colectiva? ¿Cómo visibilizamos la compleja trama del lavado de dinero en Nordelta? ¿Y la complicidad económica con la dictadura? ¿Cómo hacemos para narrar que cada juicio a María Julia es diferente? Eran algunas de las preguntas que intentamos responder en esos tres años. Algunas de las respuestas están -estaban- en fotos, ilustraciones, videos y tuits que configuraron una identidad periodística. Cada temática era también un desafío doble: ¿cómo narrar desde el mismo Estado el atentado a la AMIA, las problemáticas de género, de violencia institucional y de discriminación? A las organizaciones y personas que activan las cuestiones que abordamos les debemos enorme agradecimiento por ayudarnos y más por desasnarnos.

Supimos tener colaboradores rápidos y agudos. Redactores y productores que llegaban de una entrevista y preguntaban qué se hace con ese dolor, como si tuviéramos algún conjuro. Quedan los aprendizajes y las batallas. Haber intentado eliminar para siempre el uso del potencial. Luchas por la construcción de una oración, por el uso de una palabra. Hicimos unos especiales por los que valió la pena laburar 20 horas seguidas, como en el caso de AMIA, que aún sigue online. Le pusimos todo lo que pudimos. En mi caso, no fue difícil: fue uno de los trabajos más hermosos que tuve. Me siento muy agradecida. Más allá de la exigencia que significó en mi vida personal: los malabares con mi hijo, mi esposo, mi madre y mi suegra todas esas veces que pasó “algo” y bancaron.

Los aciertos fueron colectivos, las equivocaciones también. Hubo errores, sí. Y fue de lo que más aprendimos. Con el más grave, pasamos noches sin dormir. Repasamos una y otra vez los procedimientos, dolidos y avergonzados. Al entonces director, Cristian Alarcón, le pidieron la lista de los compañeros involucrados en subir esa noticia. Se negó a darlos. Pagó el costo con su nombre, que a algunos medios les encanta ensuciar, y con su desplazamiento. Nos equivocamos, sí. Apenas lo supimos, pedimos disculpas y nos rectificamos. Esa es la diferencia entre el periodismo y la operación.

Hicimos un proyecto periodístico de calidad. No nos despidieron por nuestra capacidad ¿Por qué nos despidieron? ¿Por qué bajaron la mayor parte del archivo? ¿Por qué el ministro Garavano no pudo dar una respuesta consistente? Dijo al Buenos Aires Herald: “Algunos artículos pueden no estar disponibles, pero no fueron borrados” y anticipó que la agencia sufrirá cambios radicales: “no queremos una agencia de activistas”. ¿Por qué quienes tantas veces se erigen en paladines de la retórica de la libertad de expresión siguen sin hablar de esto y publicaron notas que pretendieron ensuciarnos con datos falsos, quizás “preparando el terreno”?

Como decía Ryszard Kapuscinski , “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ya lo dijo el maestro en el libro donde está esa cita: los cínicos no sirven para este oficio.

Hace unos días fui a notificarme del despido. Mientras esperábamos junto a Cristian, delante nuestro había tres jóvenes de mamelucos viejos y con restos de pintura, derrumbados sobre los asientos. Eran empleados de mantenimiento, esperábamos lo mismo: que el guardia nos hiciera pasar a una ventanilla a firmar los despidos. Una señora de más de 50 que acababa de firmar el suyo salió caminando despacito y se secó las lágrimas en silencio. Volvió a largarse a llorar cuando nos contó que trabajaba en limpieza y se había enterado ese día. Por otra puerta, al mismo lugar, llegaban los nuevos: jóvenes de camisa y pantalón, que, así como nosotros hace tres años, ese día firmaban su incorporación. Transferencia de recursos. Pensé en la promesa de terminar con la pobreza y en los grandes planes de acceso a la justicia. En la cucaracha en el mate y en el cinismo.

16 febrero, 2016/por FM De la Calle

“Hay un vaciamiento del Grupo 23”

Argentina, Gremiales, Noticias, Política

Agustín Lecchi, delegado de TV Pública y secretario de Organización de SiPreBA, habló en FM De la Calle sobre los despidos sufridos por periodistas de distintos medios.

El caso más resonante es el que involucra a cerca de 800 trabajadorxs del Grupo 23. “Los están desmembrando, la primera venta fueron Radio América y Tiempo Argentino al Grupo M de Luxe que es de Martínez Rojas, empresario que jamás tuvo algo que ver con los medios”.

“Hay compañeros que no cobran los sueldos desde hace más de tres meses, ni aguinaldos ni nada, pasaron las fiestas y el verano en esta situación que ya es un contexto de hambre”.

Los conflictos con el gremio de prensa se agudizaron en los últimos tiempos, “se han sumado varios sectores vendidos y algunos de los empresarios que adquieren medios son de procedencia desconocida para nosotros”.

El delegado de TV Pública se refirió a la posición de Sergio Szpolski: “Sabemos que recibió 40 millones de pesos de pauta oficial de este gobierno nacional, como tiempo atrás del kirchnerismo y también del gobierno metropolitano le dieron, y sumado a esto obtuvo pauta privada. (Sin embargo) este tema lo usan de excusa para echar gente”, sentenció.

Con respecto a la precarización laboral de lxs trabajadorxs de prensa, el secretario de Organización comentó el descrédito que tienen los empresarios de medios. “Ellos no cumplieron absolutamente nada de lo que prometieron. Nosotros planteamos que el Estado le saque la pauta oficial a estos empresarios para solucionar la situación de los trabajadores, pero lo único que recibimos es un silencio cómplice”.

El saldo positivo fue la reunión con el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi. “Logramos hacer una mesa con las diferentes federaciones y pudimos resolver las situaciones de conflicto que había en Radio Nacional. Las charlas con Lombardi fueron buenas”. “Por ahora no hay despidos de trabajadores de Canal 7 ni hay en vista tocar nada que esté relacionado a la fuente laboral ni a las condiciones de trabajo, solo hubo renovaciones lógicas que suceden cuando cambia la administración”.

Con respecto a la vida gremial, Lecchi manifestó que “teníamos armada una agenda más organizativa, tenemos elecciones en breve y no podemos desatender la situación; pero el conflicto nos llevó a la calle”.

Texto: Diego García.

16 febrero, 2016/por FM De la Calle

Biondini: hasta el 31 de marzo analizarán contratos y delegaciones

Bahia Blanca, Noticias, Política

La secretaria de Gobierno, María Laura Biondi, visitó el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle. A dos meses de gestión, la funcionaria dijo que “hemos encontrado cosas desorganizadas o sin hacer pero para todo había una solución. Muy buena predisposición del empleado municipal y mucha gente que se acercó para ofrecer inversiones y negocios”.

Revisión de contratos

La titular del área de gobierno informó que “hasta el 31 de marzo estamos analizando cada una de las secretarías. Hay que ver cuánta gente tiene cada uno a cargo, qué tareas tiene cada uno a cargo, si hay algún área que está superpoblada y a otra le falta. Hay gente que vino sola a presentarse pidiendo se le den funciones porque no tenían mucho que hacer, es el caso del Museo del Deporte”.

Por otra parte, “ocurrieron bajas de contratos temporarios pero para darlos de alta en otro sector. Una persona temporaria no la podés trasladar de dependencia. Tenés que dar sí o sí de baja el contrato y darle de alta en otro lado”.

“Estamos reunidos con el gremio para ver cómo vamos a ir regularizando los temporarios, becarios y planes de empleo. La idea es regularizar. Todo aquel que trabaja, no hay problema”.

Delegaciones

En el caso de las delegaciones, las auditorías también tienen fecha de finalización el 31 de marzo. “Se descubrieron algunas irregularidades. Se anunciarán a final de marzo”.

“La realidad es que hay muchos empleados que ponen plata de su bolsillo. Ante la necesidad de trabajo y el reclamo vecinal”.

Planta política

“Hubo un pequeño incremento” de la planta política. “Se deba a la creación de la Secretaría de Seguridad, a la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y a la re estructuración del área de Políticas Sociales a cargo de Fabio Pierdominicci”.

Empleo

A principios de año, el intendente municipal adelantó que se volvería a poner en marcha el frigorífico Villa Olga. Al poco tiempo se conoció que un conflicto legal, hasta dirimirse, no permitirá poner en funcionamiento el emprendimiento.

“La idea del inversor está firme. Se demora por la resolución judicial. Sería poner en funcionamiento el frigorífico y una planta de agua”. El inversor es Walter Ottavianelli.

El gobierno municipal también tiene en carpeta un country en la zona del cementerio, propiedad de Marta Furfuro.

El gobierno mantiene reuniones con diferentes inversores pero no quieren adelantar nombres ni proyectos aún.

Innovación

“Hay mucha burocracia y por ahí para un trámite tenés que andar dando vueltas por dos o tres dependencias municipales, ni si quiera dentro de un mismo edificio. Eso es algo que se está cambiando desde el área de Innovación, Ciencia y Tecnología y también desde el área de Elisa Quartucci, para facilitarle las cosas al vecino y que tenga una respuesta, sea del área que sea”.

Bahía Transporte SAPEM

Luego de que se conociera la estafa por unos 8 millones de pesos, los allanamientos en 7 comercios que vendían la tarjeta de acceso al servicio de transporte público de pasajeros el viernes pasado y la confesión del kiosquero Federico Reta, quien dijo públicamente que habría usufructuado cuantioso saldo a favor “sin complicidades”, oficialistas y opositores debaten si esa cifra tuvo impacto en el precio del servicio.

“No creo que el kiosquero sea el culpable de todos los males. Remarca mucho que no hay nadie arriba de él. Estamos trabajando muy bien con los fiscales y con el juez. Es cierto que se filtró la información antes de lo que la justicia necesitaba ellos para seguir haciendo la inteligencia”.

Municipalización de los servicios

Sobre la prestación del servicio del agua, “hoy por hoy como está el servicio sería imposible la municipalización porque hace años que no se hacen obras de mantenimiento”.

“Hay reuniones constantemente con la gobernadora” de la provincia de Buenos Aires.

16 febrero, 2016/por FM De la Calle

Macri no puede disciplinar a la burguesía y busca hacerlo con los trabajadores

Argentina, Economía, Política

(Por Julio Gambina) El gobierno de Macri busca disciplinar al movimiento sindical y por eso junto a las cesantías en el Estado, la represión y criminalización de la protesta social, se pretende asociar a los objetivos de la gestión a parte de la dirigencia gremial. Por eso la reunión del gobierno se limitó a recibir a la dirigencia de las distintas versiones del sindicalismo tradicional agrupado en las CGT.

Afuera del diálogo quedaron las CTA, que nuclean a gremios y movimientos sociales que expresan muy fuerte la conflictividad en estas horas. No importó la legalidad de ambas centrales, sino que primó en el gobierno el objetivo de contención y aislamiento del conflicto social. Es una estrategia acompañada de represión y criminalización de la protesta social.

ATE convocó a un paro nacional para el 24 de febrero y crecen las adhesiones y simpatías de una medida que trasciende los propósitos concretos de la medida, contra las cesantías y en defensa del empleo público. Los trabajadores estatales denuncian cerca de 20.000 cesantías en los tres ámbitos del Estado: municipios, provincias y nación, muy por encima del difundido por las autoridades, que solo informan sobre lo que ocurre en el Estado Nacional, desentendiéndose de procesos similares de varias provincias, incluso las gobernadas por el kirchnerismo.

La situación de los gremios docentes está en tensión y son parte de la conflictividad expresada por estas horas. Los docentes bonaerenses acaban de desestimar una nueva oferta del gobierno provincial por actualización salarial del 24,1%, con una demanda del 35% de ajuste, en lo que pretende ser la primera pulseada de un debate nacional reiterado a comienzo del ciclo escolar.

Diversas son las expresiones en solidaridad con la libertad de Milagro Sala y la criminalización de la protesta social, en un momento en que se intenta deslegitimar la experiencia de autogestión desarrollada especialmente ante la crisis del 2001. La “normalización” del orden capitalista local tiene en paralelo la continuidad y extensión de experiencias de organizar la vida cotidiana con y más allá del Estado, lo que supone la disputa de fondos públicos por parte del movimiento social.

En rigor, el problema no es solo de los estatales, ya que las cesantías y suspensiones se extienden también en el sector privado. La Volkswagen y la FIAT anuncian masivas suspensiones ante la reducción de la demanda brasileña. La crisis mundial y su impacto recesivo en Brasil golpea en forma directa sobre la Argentina y desmitifica el imaginario gubernamental de lluvia de inversiones externas hacia el país.

Disciplinar el conflicto social es un objetivo central, ya que en el marco de la crisis mundial de la economía, el imaginario de receptar cuantiosas inversiones externas o préstamos se ralentiza y es creciente el rumbo recesivo de la economía local.

Como hemos sostenido en otras ocasiones, salvo por créditos externos, las reservas internacionales siguen a la baja y no alcanza con las apelaciones a la responsabilidad empresarial para reducir precios. En enero, según la medición en la Ciudad de Buenos Aires, los precios escalaron 4,1%, con alimentos por encima de este promedio, con un registro proyectado para el año del 33%.

La burguesía mundial o local privilegia su propia rentabilidad a los objetivos de “buen gobierno” y “amigable” con el mercado y las empresas sugerido por la burocracia macrista en la gestión estatal.

Precios y salarios

Se puede afirmar que al no poder frenar o morigerar la inflación, con apelaciones morales a la responsabilidad y sin capacidad para disciplinar a los empresarios fijadores de precios, acuden a la reducción de los salarios e ingresos populares.

Un claro ejemplo son los jubilados y otras prestaciones sociales de la seguridad social.

Acaban de difundir la actualización establecida por ley de los haberes jubilatorios, la asignación universal por hijos y las asignaciones familiares, con valores a cobrar a partir de marzo.

La mínima de los jubilados pasará de 4.299 a 4.943 pesos mensuales. Son 644 pesos de actualización, o sea, menos de 22 pesos diarios, lo que supone apenas un poco más de pan en el consumo cotidiano. Un poco más de 4 millones de jubilados se ubican en este rango

El ajuste es de un 15%, cuando la inflación de octubre 2015 (última actualización) a marzo 2016, fecha de efectivización del ingreso, puede ser superior a ese guarismo.

Para las pensiones no contributivas se pasa de 3.009 pesos a 3.460 pesos, unos 451 pesos más, algo así como 15 pesos diarios. Más de 1,5 millones de beneficiarios.

Esa actualización también se aplica a la AUH, con cerca de 3,6 millones de beneficiaros, que pasa de 837 a 962 pesos, una actualización de 125 pesos mensuales, o un poco más de 4 pesos diarios. Se actualizaron también las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia.

Son ajustes mínimos que involucran a más de 10 millones de personas, un 25% de la población, evidenciando la situación de empobrecimiento ante la evidencia de un consumo suntuario y beneficios concentrados en una minoría de la población.

El tema de fondo es que el mínimo para una familia tipo, según los trabajadores del INDEC es superior a los 15.700 pesos, con valores a diciembre del 2015. Los trabajadores aceiteros, insisten que más que porcentaje el salario mínimo que requiere un trabajador del sector es de 20.000 pesos mensuales.

La realidad es que la intencionalidad patronal y gubernamental no apunta a resolver la ecuación de satisfacción de necesidades de ingresos de trabajadores y otros sectores populares, de hecho, la mayoría de la sociedad argentina. La orientación de la política económica es pro empresas y su rentabilidad.

Por eso, el BCRA deja que suba la cotización de la divisa estadounidense y ya se acerca a los 15 pesos por dólar, lo que facilita la liquidación de la cosecha de soja almacenada en silos, una aspiración sostenida desde el primer día del gobierno Macri. Además, estimula la tendencia a la especulación contra la moneda local y aspira dinero de la circulación para inducir vía política monetaria restrictiva bajar la inflación. Se trata del retorno de las viejas políticas monetaristas propias de las “metas de inflación” y la ortodoxia en la gestión del Banco Central.

Límites a la política gubernamental y posibilidades para alternativas

Como las inversiones no llegan y eso demora la apertura de crédito a menores tasas de interés, el esfuerzo del Ministro de Economía se concentra en las oportunidades otorgadas a los fondos buitres (holdouts) y observa con satisfacción cierto guiño de simpatía expresado por el negociador de la Justicia de EEUU y el propio juez a cargo de la causa, claro que el acuerdo supondrá cuantiosos costos para el conjunto de la sociedad argentina.

La expectativa del gobierno se concentra en obtener crédito externo y si puede, alguna radicación de inversión extranjera, por eso recibe con expectativa esperanzada las visitas de los gobernantes de Francia e Italia, y mientras tanto cubre con iniciativa política la búsqueda de consenso político a su gestión. Es una estrategia orientada hacia la burocracia política y sindical, develando acciones en operaciones de manipulación ideológica detrás del republicanismo y el amplio diálogo político pregonado.

No hay dudas que el gobierno actúa con gran iniciativa política y aprovecha el desconcierto político generado en ciertos sectores ante la nueva realidad de un gobierno PRO en la Nación, Capital y Buenos Aires y que sin mayoría parlamentaria demostró capacidad para intervenir en captar voluntades de la oposición sistémica.

Ese accionar motiva a pensar en la necesaria estimulación de iniciativa y acción política organizada del amplio movimiento social y político con voluntad de intervenir en la construcción de alternativa.

La discusión es siempre si se puede proponer algo distinto a la lógica discursiva del poder y no caer en la inevitabilidad del ajuste social para combatir la inflación.

El costo puede trasladarse hacia los sectores de mayores ingresos, lo que supone luchar por reformas progresivas del régimen tributario y claro, discutir el modelo productivo y de desarrollo, sus beneficiarios y el tipo de inserción internacional que privilegie la satisfacción de necesidades sociales por encima de las ganancias.

Foto: Uniónentreríos

13 febrero, 2016/por FM De la Calle

Dudas sobre fondos de Bahía Transporte

Bahia Blanca, Noticias, Política

El bloque de concejalxs de Integración Ciudadana solicitó información a Eycon SA, Bahía Transporte SAPEM y al municipio para corroborar si se efectuó alguna denuncia penal y sumarios administrativos relacionados con la falta de recursos obtenidos por la venta y carga de tarjeta urbana.

Juan Manuel Martínez Eizaguirre adujo “la necesaria transparencia en la gestión de recursos públicos” y consideró que resulta pertinente informar al Concejo, “en vísperas de iniciar el estudio de rendición de cuentas, conocer con exactitud, si existe alguna irregularidad en el ingreso de fondos en comercios autorizados, que venden cargas de las tarjetas del servicio de Transporte Público de Pasajeros”.

Las versiones recogidas en el bloque advierten “la posible venta de pasajes, sin ingreso de los fondos al sistema en una importante suma de dinero, demostrando la vulnerabilidad del mismo respecto a las fallas, aspecto que de existir, no debería ocultarse, en la búsqueda de soluciones técnicas apropiadas”. Las empresas EYCON y Bahía Transporte SAPEM se habrían presentado en la justicia.

Lxs edilxs pretenden conocer qué fiscalía interviene; el monto aproximado del perjuicio; y si fue considerado el eventual faltante en el estudio de costos que fundamentó el aumento del boleto del Sistema de Transporte Público de Pasajeros; además de las personas responsables involucradas.

8 febrero, 2016/por FM De la Calle

Argentina vuelve al mercado de crédito mundial

Argentina, Economía, Política

(Por Julio Gambina) Las reservas internacionales del BCRA crecieron en 5.000 millones de dólares el último día de enero del 2016, derivados de un crédito de la banca externa.

Transitoriamente, solo un día, las reservas estuvieron por encima de los 30.000 millones de dólares (30.074), ya que el 1 de febrero ya estaban en 29.985 millones y el último registro baja a 29.892 para el miércoles 3 de febrero.[1]

Al asumir el gobierno de Mauricio Macri, las reservas en la contabilidad del Banco Central acusaban 24.862 millones de dólares (10/12/2015). El incremento se explica principalmente por esta expansión del endeudamiento externo, y solo marginalmente por otras razones, caso de las liquidaciones de divisas de los exportadores.

Las reservas pueden crecer por saldo comercial favorable; ingresos por inversiones externas o préstamos internacionales y disminuyen por cancelaciones de la deuda, salidas de divisas y remesas de utilidades al exterior.

Vale mencionar que el record de reservas se logró el 22 de junio del 2011, con 52.259 millones de dólares[2], habiendo perdido reservas desde entonces y hasta el cambio de gobierno por 27.397 millones de dólares.

Bien valdría investigar las motivaciones de esas salidas de divisas, especialmente cuando existen procesos judiciales que pretenden indagar sobre delitos por usos de fondos públicos.

La muleta del ingreso de capitales externos

Un gran objetivo que se sustenta desde el gobierno y los sectores más concentrados de la economía local pasan por superar los límites al ingreso de capitales, especialmente del mercado de crédito internacional.

Era un propósito explícito de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de octubre del 2015, especialmente Macri, Scioli y Massa, y uno de los motivos del primero y el tercero que llevaron a la Cumbre empresarial de Davos.

La exclusión argentina del mercado mundial de créditos se deriva de la continuidad del país en la situación de cesación de pagos y juicio con sentencia en firme en Nueva York.

Por eso se retomaron las negociaciones en EEUU para cancelar la demanda de los fondos buitres y al mismo tiempo suscribir un preacuerdo con bonistas italianos que habían demandado a la Argentina ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, ámbito vinculado al Banco Mundial) luego de la salida de la convertibilidad a comienzos del 2002[3].

En el cierre de la primera semana de febrero se hizo la oferta concreta de cancelación a todos los acreedores del default argentino.

El monto de la acreencia es por 9.000 millones de dólares y se hace una oferta base a quienes no tienen sentencia judicial hasta el 1/2/2016 por el capital original más un 50%.

A los buitres y los “me too” se les ofrece el 100% con una quita del 30% o del 27,5% si aceptan antes del 19/2. Se pagará algo en efectivo y con bonos por un monto equivalente a 6.500 millones de dólares estiman en el Ministerio de Economía de la Argentina.[4]

La negociación con los buitres y el acuerdo con los acreedores europeos suponen mayores compromisos de deuda, es decir, acrecentamiento del stock de deuda y mayores intereses a cancelar a futuro.

El resultado de estas propuestas actúa como una garantía de la voluntad de pago, del mismo modo que durante el gobierno anterior se acordó renegociar con el Club de París, o con Repsol por la expropiación parcial de YPF.

Es en este marco, que el gobierno de Macri logró vencer el obstáculo y cerró un acuerdo crediticio con un conjunto de bancos transnacionales: HSBC, JPMorgan, Santander, cada uno con 1.000 millones de dólares; el Deustche bank, Citibank, BBVA y UBS por 500 millones de dólares cada uno. Son en total 5.000 millones de dólares.

La tasa de interés ronda el 7%, muy por encima de lo que logran otros países en la región. Igual, el tema fue celebrado porque abrieron el canal de ingresos de fondos externos para auxiliar la política económica. Se otorgaron en garantía bonos del tesoro y se mantuvo la cesión de soberanía jurídica ante algún incumplimiento del Estado Nacional.

No solo mejora las reservas para sostener las cuentas nacionales de la economía argentina, sino que le permite al gobierno ejercer presión sobre los acreedores para un acuerdo de pagos más rápido, según la oferta presentada en Nueva York.

Sin ingreso de capitales, de riesgo o de préstamos, no es sostenible el funcionamiento de la economía local, con un horizonte de estancamiento, desaceleración o directamente recesión para el 2016 (ver previsiones del FMI)[5].

Necesitan la muleta del ingreso de capitales externos porque no existe posibilidad de un crecimiento auto sustentado del capitalismo local.

Es resultado de la ausencia de estímulo al gasto privado o público, por baja de poder adquisitivo de ingresos populares, principalmente salarios, lo que impacta en la facturación de las empresas. Además, las condiciones internacionales no favorecen la demanda externa, especialmente de Brasil.

Tampoco favorece la demanda pública, por el ajuste fiscal vía cesantías o reducción del gasto (eliminación de subsidios que se transfieren a precios de facturación).

Pero tampoco hay un horizonte de crecimiento de la inversión privada o pública, especialmente cuando la preocupación de la política monetaria apunta a sacar dinero de la circulación (39.541 millones de pesos menos de Base Monetaria entre el 10/12/15 al 3/2/16)[6].

Esta absorción de dinero realizada por el BCRA es además onerosa, vía letras de endeudamiento, con tasas del orden del 30% que restringen aún más la posibilidad de destinar recursos con destino al gasto social. Es coherente con una política monetaria de “metas de inflación” orientada a restringir la circulación de dinero para frenar la escalada de precios.

El horizonte es de más deuda pública y externa

Si las perspectivas de evolución de la economía no provienen ni del consumo, ni de la inversión, lo único que resta es el endeudamiento público, con la intencionalidad de habilitar nuevas rondas de deuda externa para el sector público y el privado.

La Argentina reitera así el camino del recurrente endeudamiento externo y sin cerrar antiguas historias de investigación de la eterna deuda.

El Parlamento organizó una Comisión para la investigación de la Deuda, que no emitió su informe final[7] y que nunca tuvo voluntad de auditar seriamente la situación del endeudamiento desde 1976, tal como convocaba la llamada ley de pago soberano que en septiembre del 2014 formuló la propuesta de una Comisión para la investigación.

El gran endeudamiento se inició hace 40 años bajo la gestión de la dictadura genocida, creció en tiempos constitucionales, especialmente en la última década del siglo pasado.

La experiencia histórica nos dice que el endeudamiento externo es un mecanismo de potenciación de la dependencia y que hipoteca la economía local, convocando reiteradamente a procesos de cancelación indefinida de pagos, postergando insatisfechas necesidades sociales y alentando nuevas rondas de sometimiento a los acreedores internacionales.

Existe una demanda social para la investigación de la deuda pública y mientras tanto proceder a la suspensión de los pagos que ya es un derecho, y sigue siendo una consigna y motivo de lucha social junto a otras agresiones económicas derivadas de la política del gobierno Macri.

7 febrero, 2016/por FM De la Calle

“De volver a nacer elegiría ser travesti”

Argentina, Derechos Humanos, Géneros, Noticias, Política

“No hay cosa mejor en el mundo que ser uno y una misma. De volver a nacer elegiría ser travesti. Si de algo me siento orgullosa en la vida es de ser travesti. A mí el travestismo no me conflictuó para nada, jamás la sociedad me va a ver derrotada, pensando esas cuestiones que hay sobre nosotras, que vamos a terminar asesinadas, que yo me voy a suicidar, que la pasamos mal, la pasamos bomba! Yo soy divina, soy una señora feliz, tengo una autoestima brillante, quiero ser presidenta de este país. Somos ángel y demonio, tenemos capacidad e incapacidad, esos mitos que nos metió la sociedad, de demonizarnos, yo no me hago cargo, vayan a la psicóloga y hagansé cargo!”, decía Lohana Berkins en los estudios de FM De la Calle a fines de 2009 antes de brindar una charla por el Mes por la Diversidad.

La activista trans falleció esta mañana, tras haber estado internada las últimas semanas en el Hospital Italiano de la Capital Federal. Ayer, a través de su compañera de militancia Marlene Wayar, había dado a conocer el que fue su último texto: “Queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes. Por eso quiero agradecerles sus muestras de cariño y transmitirles unas palabras por medio de la compañera Marlene Wayar, a quien lego esta posta”.

“Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí, no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia Travesti Siempre. Un abrazo”.

Berkins fue una pionera en la lucha por la visibilización y conquista de derechos del colectivo trans. En 1994, fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), que y fue una de las principales impulsoras de la ley 3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales y aprobada por la Legislatura porteña en 2009.

Además, hasta 2002 fue la primera travesti con un empleo en el Estado al ser asesora de Patricio Echegaray, legislador porteño por el Partido Comunista, en el cual Lohana militaba. En 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de quince organizaciones, que impulsó la sanción de la Ley de Género, aprobada por el parlamento el 9 de mayo de 2012.

En un perfil escrito en 2013 por la periodista Marta Dillon, se la evocaba de esta manera: “Además, para una pionera como Berkins, ser primera en algo es casi un lugar común: fue candidata a diputada cuando a las travestis apenas se las consideraba para algo más que el sexo pago y el calabozo fácil, la primera que consiguió que la inscribieran en la escuela secundaria con su nombre propio, fundadora con otras compañeras de la primera cooperativa de trabajo integrada y dirigida por travestis y transexuales. Y la enumeración podría seguir, pero ya se dijo que no es una cuestión de orden, de cómo se llega a la meta”.

Desde 2013, Berkins era la directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funciona bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes: FM De la Calle / Agencia ACTA.

Foto: Julián Merlo.

5 febrero, 2016/por FM De la Calle

Cambiemos, o el retorno de la dominación abierta

Argentina, Economía, Política

(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno nacional ha dado sobradas muestras de su orientación, con claridad y celeridad, que nos permiten ir más allá del traqueteo cotidiano, y ver las fuerzas sociales de clase que representa.

El primer mes y medio de gobierno de Cambiemos-PRO ha sido contundente en su claridad, ejecutando un programa sin fisuras, a una velocidad extrema que trata de sacar el máximo provecho combinado de los “primeros 100 días” y la temporada estival. Aunque por velocidad no tiene comparación en la historia nacional, sí la tienen los lineamientos de su programa, lo que permite una caracterización temprana. Y ésta nos habilita a certificar nuestro diagnóstico previo: se trata de un gobierno representante de las fracciones desplazadas dentro bloque en el poder durante el kirchnerismo. Concretamente, se trata del capital agropecuario y el extranjero financiero y de servicios. Estas fracciones prefieren una forma de dominación con menores mediaciones, más directa, y esto es lo que el gobierno del Gerente de la Nación representa.

Representación de clase

Así, hemos sostenido en este espacio, el kirchnerismo fue la representación política de una fracción del bloque en el poder, concretamente, la burguesía industrial. Esto significa que esa clase es la que orientó las líneas centrales del proceso político con sus ideas, valores y proyectos. Duhalde había sido más explícito en este sentido, al nombrar directamente como funcionarios a dirigentes industriales (De Mendiguren) o cuadros de la UIA (Lavagna), subordinando el empleo a la producción como valor social, de la mano de la doctrina social de la Iglesia Católica.

Durante el kirchnerismo, esta representación se hizo más esquiva, pero no por eso menos certera. El hecho de que la forma específica de inclusión social que el gobierno promovía fuera el empleo, y especialmente, el empleo industrial, es una pista clara en este sentido. Que simpatizantes kirchneristas defendieran la “reindustrialización” del país resulta otro indicador. Los representantes del capital industrial, o una parte de ellos, entendieron que para poder llevar adelante sus propuestas necesitaban considerar las de otros, hacer concesiones. Eso los volvió los grandes beneficiarios de las políticas públicas, desplazando dentro de ese bloque de poder a las fracciones agropecuaria y de servicios. La financiera fue relegada en un primer momento, pero las concesiones fueron creciendo en el tiempo, siendo el sector de mayores ganancias los últimos años. Ninguna de estas fracciones perdieron su posición de poder privilegiado, simplemente, fueron desplazadas de la dirección del proceso.

Esto fue lo que el agro impugnó en 2008: sus ganancias seguían siendo siderales, el malestar era no comandar el proceso. El problema fue que, en su origen, el proyecto fue excesivamente corporativo, es decir, centrado en intereses particulares (“bajar las retenciones”), lo que hacía difícil que otros se sintieran parte de ese reclamo. Hacer sus propuestas más generales, presentarlas como de la sociedad, fue el trabajo al que confluyeron los partidos políticos de oposición.

Representación en el Estado

La ciudadanía vota partidos políticos, y estos para ganar necesitan presentarse como representando a la sociedad, a pesar de que, en definitiva, como el nombre lo indica, son una parte. Casi todo el pan-radicalismo (UCR, ARI, GEN), el PJ en oposición (Peronismo Federal) y el recién aparecido PRO contribuyeron en diferentes cuotas a representar ese sector de clase en litigio, como una estrategia para desplazar al gobierno. El discurso que finalmente elaboraron para presentar la parte (fracciones del bloque en el poder) como el todo (la comunidad argentina) fue uno que combinó liberalismo y republicanismo en cuotas dispares. Las críticas a una supuesta falta de libertades bajo un Estado leviatánico provenía de la primera tradición política, y la falta de división de los poderes y ética pública (corrupción) de la segunda. Este discurso sirvió para ordenar disgustos que existían en la sociedad, incluyendo parte de las clases, bajo una dirección específica en oposición a la fuerza en el gobierno. La alianza Cambiemos fue la forma concreta con la cual enarbolaron este programa, y finalmente, ganaron la elección.

Durante el período de elecciones, todas las organizaciones del capital más concentrado se reunieron para discutir sus necesidades, y el acuerdo común más amplio fue el de “reglas claras”. ¿Qué significa esto? Que no existan dudas de cómo se va a resolver cualquier conflicto, como existían con el kirchnerismo, donde la política intervenía a menudo. Un esquema político donde los ganadores estén claros.

Una vez en el poder, Cambiemos mostró este sesgo. Combinó funcionarios que son representantes directos del capital más concentrado y extranjerizado en algunos ministerios (petroleras en Energía, automotrices en Transporte, servicios tecnológicos en Cancillería, la banca internacional en Economía) con viejos políticos en otras áreas. No son todos gerentes, pero sí los suficientes para mostrarle a los capitalistas para quién quieren gobernar. Esto les otorgó vínculos directos que permitió, por ejemplo, la rápida gestión de nueva deuda externa con la banca extranjera y el contacto veloz con las trasnacionales en el Foro de Davos.

La devaluación con aumento de tarifas, que impulsa la inflación y pulveriza los salarios, fue el mecanismo para explicar cómo se va a repartir el ingreso a partir de ahora. Las paritarias deberán esperar a febrero-marzo, con el gobierno bregando por un tope inferior a la inflación. A quien no le guste, el gobierno reprime.

Para ejecutar este programa, Cambiemos no ha tenido reparos en echar por la borda su propio discurso. El intento de nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto o de subordinar el AFSCA a un ministerio –vulnerando la ley de Medios- son dos pruebas que la división de poderes solo le importaba cuando no eran los que gobernaban. Pero no sólo eso: la campaña de despidos masivos o el encarcelamiento de Milagro Sala por protestar están abiertamente teñidos de revanchismo por pensar diferente. Esto es persecución ideológica, un claro rasgo de los regímenes totalitarios. Aún no vimos dirigentes agrarios ofuscados por esto que tanto les molestaba en el gobierno anterior.

Macri no vino a representar las expectativas de algunos contra el supuesto autoritarismo de Cristina Fernández; vino a aplicar un programa de ajuste a favor de una reducida minoría. Y esa minoría quiere un gobierno de dominación abierta, sin concesiones. Lo que está consiguiendo.

5 febrero, 2016/por FM De la Calle

Democracia, cultura e información

Argentina, Política

(Por Laura García Vazquez) Nuestro país está sufriendo un cambio desde que gobierna Cambiemos, valga la redundancia. La intención de esta nota consiste en indagar algunos aspectos de ese cambio que no se evidencian a simple vista pero que sin embargo están funcionando en beneficio de los intereses privados y extranjeros, en desmedro de la democracia y a favor de una mayor dependencia, mediante lo que podríamos llamar una (mayor) despolitización de la sociedad.

Los efectos sólo podrán atenuarse o combatirse con participación consciente de la población. Y para esto es necesario adentrarse en los terrenos de la cultura y la información.

Los argentinos venimos de un período de 12 años donde gobernó el denominado kirchnerismo, con la presidencia de Néstor Kirchner en los primeros 4 años y las dos de Cristina Fernández de Kirchner, 8 años más. Se pueden decir muchas cosas a favor y en contra pero lo que es indiscutible es que no sólo tenían una política para gobernar sino también una manera de comunicarla, también política. Tampoco se puede negar que para bien o para mal durante este período se acercaron muchas personas a la militancia política tanto a favor como en contra del gobierno. La expresidenta muchas veces calló en momentos importantes donde, según mi visión, hizo falta su palabra, pero no puede decirse que no habló en estos años. Todos sus discursos se pudieron ver o leer y, por lo tanto, se pudo polemizar con su pensamiento y su gobierno señalando contradicciones, verdades, aciertos, errores, ocultamientos y hasta mentiras. Y todo esto pudo hacerse, claramente, dentro del ámbito de lo político.

Lo que trasmite Cambiemos es más (es decir peor) que despolitización, es vaciamiento de contenido. Todo suena a un cuento intrascendente. He criticado mucho la falta de referencias en las cifras que daba el gobierno anterior, ahora, con Cambiemos, las cifras no existen. Se produce la extraña sensación que gobiernan pero no lo están haciendo, mientras, las medidas se toman y las consecuencias se producen. Si antes había un “relato” el actual “contra-relato” se convierte en algo mágico, plagado de buenas (falsas) intenciones y alejado completamente de la realidad. Cambiemos, todos juntos, trabajemos en equipo, estemos cada día un poco mejor.

Los peligros de todo esto, más el clima represivo general incluyendo los graves hechos puntuales de represión, consisten en un (mayor) alejamiento de la población hacia lo público y lo político. Y esa es la prueba por la que pasaremos como pueblo en los próximos meses ante la certeza de que el pilar del “plan de gobierno” de Cambiemos se limita a favorecer negocios privados y extranjeros. Si veníamos divididos quienes no tenemos que estarlo, el otro peligro es que esto aumente tal división. Hay un mecanismo de diluir la realidad que consisten en exacerbar la subjetividad y los hechos personales como si fueran representativos de una realidad más amplia. Es una forma sutil de apelar al individualismo y al egoísmo disfrazándolos de “oportunidad” e incluso de (falsa) “responsabilidad”.

Mientras Cambiemos nos comunica un sinfín de encuentros entre los gobernantes y diferentes tipos de personas o entidades, nada viene acompañado de ningún anuncio político que no sea el libreto armado entre mega-metas que suenan justas y son en realidad demagógicas (como pobreza 0, que ningún país en el mundo tiene mientras ha subido notablemente el precio de los alimentos) y hechos demasiado puntuales que tampoco demuestran ni un cambio significativo, ni, mucho menos, un plan para solucionar los problemas de los argentinos.

Festival del Año Nuevo Chino, Mesa de Mirtha Legrand, Operativo Sol, Cumbre de Unión Africana de Etiopía, reunión con la DAIA, restricción del tránsito de camiones, reunión con la Mesa de Enlace, utilización de la SUBE en Jujuy, más cadetes de la policía local, nuevos vehículos para la patrulla rural, frenado automático de trenes, autovía 34 en Jujuy, generación de Energía Solar, lucha contra el narcotráfico, devolución de piezas recuperadas y restituidas por la Argentina a Ecuador, mejorar la vida de las mascotas en la ciudad (CABA), reforma electoral: un sistema más moderno y confiable, vagones o km y con aire acondicionado para la línea D, trabajo en equipo para planificar obras que van a mejorar conectividad de Neuquén, recibimos a representantes de Organismos de Derechos Humanos, reunión con Dreyfus por el Plan Belgrano buscando recuperar la red ferroviaria y pluvial, todo es enunciado sin ninguna distinción, ni jerarquización por los principales responsables de este gobierno.

Un detalle más, al día de hoy y desde el 27 de enero en el que aparece un escrito sobre el viaje a Davos, no hay ninguna palabra del presidente. De la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ninguna desde el 21 de enero.

Está claro qué temas están ausentes, la inflación (que no se está midiendo oficialmente), los despidos, aunque en contraste las últimas noticias del Ministro de Trabajo están referidas a Davos y a la obsesión del presidente de crear trabajo para los argentinos. Tampoco se habla de la suba de tarifas ni, por supuesto, de ningún plan con respecto a la energía. Tampoco del conflicto petrolero que sucede en Chubut en el que hay 5000 puestos de trabajo en peligro. También están ausentes salud, educación, vivienda, es decir, todos los derechos fundamentales para las personas.

El Ministro de Cultura tampoco anunció nada, aunque sí se supo del despido de casi 500 trabajadores de su ministerio a cargo, la última comunicación de Pablo Avelluto fue el 21 de enero, en la Fiesta Nacional del Chamamé.

Hay relatos y relatos, a lo que se suma la tremenda dificultad de leer la realidad a través de los intereses que representan los medios de comunicación, cuando la necesidad de la sociedad es información concreta. La mediatización sigue avanzando, comunicar con todos los intereses en juego debe ser muy difícil para los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, por eso nos atrevemos a decir, que más allá de la defensa de la Ley de Medios debemos trabajar por el derecho a informar e informarnos y lo que nos asegura eso es la participación. Detrás de la mejora de la “calidad democrática” que promueve Cambiemos está la clara intención de hacer más y más representativa la democracia a través de lo institucional. Y no hay mejor democracia que la participativa ejercida de forma directa por una población involucrada y consciente.

De la “herencia” somos responsables todos los que actuamos en política, aunque en diferentes medidas, por supuesto la mayoría le cabe al gobierno kichnerista. Del presente, es principal responsable el gobierno actual por las medidas que toma y por las que no toma aunque practique el libreto del disimulo, la despolitización y el vaciamiento de sentido.

5 febrero, 2016/por FM De la Calle

Jury a Montezanti: el 3 de marzo se conocerá el veredicto

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

El próximo jueves 3 de marzo a las 12 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolverá si remueve o no al camarista Néstor Luis Montezanti por mal desempeño de sus funciones. Este miércoles culminaron los alegatos de la acusación, a cargo del presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y de la defensa encabezada por el abogado Ignacio Irigaray.

El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue suspendidoen septiembre por el Plenario del Consejo por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.

El dictamen de la Comisión de Acusación y Disciplina le reprochaba “mal desempeño en sus funciones”, “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”, “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

Más de treinta testigos declararon en el debate que comenzó a fines de 2015 y se reanudó tras la feria judicial. El tribunal está presidido por el magistrado Miguel Ángel Caminos, e integrado por el juez Otmar Osvaldo Paulucci, las senadoras Silvia Beatriz Elías de Pérez y Sigrid Elisabeth Kunath, lxs diputadxs Alejandro Abraham y María Soledad Carrizo y el abogado neuquino Santiago Pini.

Durante su declaración Montezanti denunció una “operación concertada” en su contra. Según publica La Nación, el ex PCI manifestó que “quedó acreditado aquí a través del legajo pedido por la acusación que mi tarea como contratado puntual del Ejército se limitó a asesoramiento jurídico en temas de derecho internacional” y que “quedó desvinculado ‘con recomendación interna del Ejército’ de no volver a ser contratado ‘en ninguna área del Estado’”.

“Según Montezanti, las acusaciones que presentó contra él el gremio judicial se particularizaron en su contra a pesar de que habían sido adoptadas por los cinco miembros de la Cámara cuando él ni siquiera la presidía. ‘Defendí a Pilato, de un sindicato de izquierda. Pero también fui abogado de gremios de derecha. Desde que entré a la Cámara, los hábeas corpus pasaron a resolverse en el día’, dijo”, sostiene la vieja “tribuna de doctrina”.

Tanto La Nación como LaNueva. de Bahía Blanca, ambas empresas con sus propietarios imputados por crímenes de lesa humanidad, fueron las páginas elegidas por Montezanti para intentar desvirtuar las acusaciones en su contra que incluso derivaron en una investigación penal en la causa Triple A que tramita el juzgado federal bahiense. El diario de los Mitre lo incluyó en su repudiada editorial “No más venganza” calificando el jury como “otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.

Exactamente en un mes, se sabrá si para el Jurado haber pertenecido a la inteligencia del Ejército genocida y estar vinculado a la Alianza Anticomunista Argentina, que sólo en Bahía Blanca masacró a más de cuarenta personas, son obstáculos suficientes para integrar el máximo órgano judicial local en tiempos democráticos o se suma a los vientos políticos que prometen alegremente impunidad.

3 febrero, 2016/por FM De la Calle

Derribando aviones y la Constitución

Argentina, Judiciales, Noticias, Política

(Por José Luis Ares*)

“Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?”. San Agustín.

I. En enero pasado, el Presidente de la Nación dictó un decreto declarando la emergencia en seguridad pública por un año “para revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”.

Entre otras medidas se encuentran las siguientes: un mayor control de las fronteras, radarización, vigilancia de la frontera fluvial, convocar a personal retirado de las fuerzas de seguridad, compras y contrataciones directas.

Hasta ahí nada nuevo bajo el sol, y cabría señalar que nunca las declaraciones de emergencia han producido resultados tangibles y apreciables en la lucha contra el delito. Pero lo que generó mayor impacto y polémica es la facultad que se otorga a las Fuerzas Armadas de derribar aviones sospechosos.

En efecto, se establecen unas “reglas de protección aeroespacial” para identificar aeronaves y darles advertencias u órdenes, intimidaciones y demostraciones de fuerza hasta autorizar dispararles con armas aire-aire y superficie-aire “para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”. La normativa considera un vector hostil al “medio aéreo tripulado o no que por sus características, en el marco de situación y exigencias de la misión, implica una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación”. Como se advierte, algo bastante difuso que queda a criterio de los mandos militares.

II. Creo que la cuestión merece algunas reflexiones en distintos planos.

En primer lugar, algunos medios de prensa señalaron que se trataba de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y no es así. La Constitución Nacional (CN), reformada en 1994, luego de disponer que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, establece la facultad de dictar DNU cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la constitución para la sanción de las leyes, pero prohíbe expresamente que se trate de una materia penal.

Como claramente el derribo de aviones sospechosos es materia penal no resulta admisible el dictado de un DNU, y por eso se invocó el art. 99 inc. 1 de la CN que dispone que el Presidente es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Si no era posible disponer el derribo de aviones a través de un DNU mucho menos lo era a través de un decreto “común”, por lo que el Poder Ejecutivo ejerció facultades legislativas de las que carece.

Asimismo, se ha dicho con toda razón que una medida de ese tenor constituye una pena de muerte encubierta por las altas probabilidades de que al dispararle a un avión en vuelo, se produzca el deceso de sus ocupantes.

La reintroducción de la pena de muerte en nuestro país está prohibida por el bloque constitucional, por lo que ni el propio Congreso Nacional puede consagrar la pena capital. En efecto, Argentina suprimió el máximo castigo en 1984 y días antes ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en 1994 adquirió jerarquía constitucional, y dispone que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. El supremo castigo (en realidad una medida eliminatoria) se aplicaría en el caso que me ocupa, sin debido proceso, decidida y ejecutada por funcionarios que dependen del ejecutivo.

Además, por su falta de proporcionalidad, el derribo de aviones transgrede el principio de razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, dado que un piloto que introduzca drogas prohibidas o contrabando al territorio nacional sería pasible de ser condenado a prisión pero nunca a suprimirle la vida. Asimismo, podrían morir inocentes como, por caso, si se transportaran por vía aérea personas para ser destinadas a trabajo esclavo o explotación sexual. ¿No sería más razonable detectar las pistas de aterrizaje clandestinas o seguir a los aviones hasta que se vean obligados a aterrizar por agotarse el combustible?. Por otro lado, algunos especialistas sostienen que la mayor cantidad de estupefacientes ingresa por agua y por tierra.

En 2001, un avión militar peruano, con información errónea suministrada por Estados Unidos (el mayor consumidor de drogas del mundo), atacó a un Cessna en el que viajaba una familia de misioneros norteamericanos. Como consecuencia de ello, murió la madre, Verónica Bowers y su beba de siete meses; el esposo, otro hijo pequeño y el piloto sufrieron graves heridas.

Miremos hacia los países desarrollados. Según informó recientemente el maestro Julio Maier, la ley alemana que autorizaba a derribar aviones (dirigido a terroristas), fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de ese país europeo.

III. Claro, se podrá decir que esta medida es simbólica y efectista, sólo busca el impacto mediático y se inscribe en la demagogia punitiva; que no se va a poner en práctica, que los militares no se atreverán a ordenar el derribo, que la norma será declarada inconstitucional, y cosas por el estilo. Sin embargo, resulta muy preocupante que un gobierno democrático banalice de tal forma la vida humana.

Desde luego que hay que combatir al narcotráfico, un serio problema con muchas aristas, pero no convirtiéndolo en un fenómeno bélico, ni introduciendo a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior; donde ello ocurrió se produjeron graves violaciones a los derechos humanos y se corrompió a militares. Por el contrario, es necesario, entre otras medidas, contar con confiable y capacitada inteligencia criminal, combatir la corrupción policial, alentar la colaboración internacional y cortar el flujo de las ganancias de los narcos, que ingresan al circuito económico legal a través del lavado de activos. Se debe consultar a expertos con una impronta democrática y siempre dentro del marco del bloque constitucional, que para algunos es un adorno superfluo y molesto, y no la Ley Fundamental, las reglas del juego democrático.

Creo que aprendiendo de la historia, nuestra sociedad debería aspirar a contar con mayores dosis de seguridad, sin socavar los derechos fundamentales inherentes a la dignidad de todo ser humano.
Bahía Blanca, febrero de 2016.-

(*) Juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.

2 febrero, 2016/por FM De la Calle

Aumento de tarifas de electricidad y lucha por la distribución del ingreso

Argentina, Economía, Política

(Por Julio Gambina*) El gobierno anunció el incremento de tarifas de electricidad, con impacto muy destacado en la zona metropolitana. Se presenta como una medida para la igualación del precio en el ámbito nacional, para resolver el problema de rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal que generan los subsidios.

Junto al aumento de tarifas comunican una tarifa social para el sector de menores ingresos, a costa del Estado, cuando debiera ser a costo de las empresas.

Es claro que ello supone una importante discusión sobre el modelo energético construido en la Argentina luego de las privatizaciones de los noventa.

No haber modificado la política energética tiene los costos actuales en materia de tarifazos.

Menor consumo y mayor inflación

La medida tiene doble impacto en la mayoría de la población.

Por un lado disminuye la capacidad de gasto hacia otros destinos, ya que habrá que cancelar las facturas actualizadas a valores siderales, del orden del 500%, o más.

Por otro lado, quienes puedan trasladar a precios ese mayor costo de la electricidad, lo harán, encareciendo los precios en un momento de aceleración inflacionaria, restringiendo aún más la capacidad de consumo de la mayoría de la población de menores ingresos.

Es un tema delicado y largamente anunciado. Fue tema de la campaña electoral y por eso no debe sorprender.

Las empresas del sector eléctrico venían reclamando la actualización tarifaria y coincidían con los gobernantes actuales en cambiar subsidios por precio a absorber directamente por los usuarios.

El programa del poder

Una vez más las reivindicaciones empresarias son resueltas por el Gobierno Macri.

Se demandó devaluación; eliminación de las restricciones para operar en el mercado de cambios (cepo); quita y/o baja de retenciones; ajuste fiscal afectando el gasto social y en personal; tarifazo; y el gobierno cumplió.

Todo lo solicitado va siendo acordado. El poder satisfecho.

Así lo hizo saber esta semana la cúpula de los empresarios más concentrados de la Argentina, de visita en la Casa Rosada, la Asociación Empresaria Argentina.

La AEA reúne a los principales dueños y ejecutivos de las más grandes empresas que actúan en el mercado local: Techint, Arcor, Fiat, Bagó, Roggio, Irsa, Aceitera Deheza, Cartellone, los Grobo, el Santander, Clarín, La Nación, entre muchos otros. Algo así como la crema de las clases dominantes.

En la próxima semana comenzaran las negociaciones con los hold-outs o “fondos buitres” para negociar “en serio” el pago de la deuda reclamada en la sentencia del Juez estadounidense.

Al mismo tiempo, podrá materializarse el préstamo colectivo por 6.000 millones de dólares de un pool de bancos transnacionales, que al tiempo que acrecienta las reservas internacionales, ofrece una señal de seguridad en el cumplimiento de las acreencias externas. Es la seguridad para el poder económico de adentro y de afuera.

El ajuste en acción

Mientras tanto continúan las cesantías en el Estado y en el sector privado, con réplicas muy importantes del movimiento de trabajadores, que marcan los límites a la ofensiva contra el empleo y el salario.

No resulta sencillo para el gobierno pasar por encima de derechos laborales conquistados.

Los estudios sobre precios y salarios circulan entre las direcciones sindicales preparándose para las negociaciones colectivas, donde la discusión docente aparece en primer lugar.

Si el gobierno pretende colocar su objetivo inflacionario del 20 a 25%, se encuentra con un INDEC que oficializa la evolución de precios según marca los institutos de la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de San Luis.

En ningún caso las proyecciones de demanda salarial bajan de 30 a 40%, incluso 45%, sin hablar del impacto del aumento tarifario.

Para colmo, los trabajadores de ATE del INDEC presentaron una actualización del informe de febrero del 2015 sobre ¿CUANTO DEBIERA SER NUESTRO SALARIO COMO MÍNIMO?

La propuesta es a diciembre del 2015 y señalan que “para un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores es de $15.677,40”.

Adicionemos a eso la inflación de enero, el tarifazo sobre electricidad y la continuidad del traslado a precios de la devaluación, con lo cual, la disputa por la distribución del ingreso augura un tiempo de conflictividad social creciente.

*Desde Asunción, Paraguay

2 febrero, 2016/por FM De la Calle

Continúa el jury a Montezanti

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la Nación retoma esta semana el proceso de remoción contra el suspendido camarista bahiense Néstor Luis Montezanti. Entre lunes y martes declarará el imputado y las partes desarrollarán sus alegatos. Organismos de derechos humanos convocaron a participar de la audiencia desde las 12 en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.

El juez está acusado por “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado y sus vínculos con integrantes de la Triple A. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

En diciembre el tribunal escuchó una treintena de testimonios de militantes políticos, gremiales, ex estudiantes y trabajadorxs judiciales. El último de ellxs, del recientemente fallecido ex fiscal de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón, cuyo aporte aquí se reseña.

Cañón se presentó en el edificio del Consejo de la Magistratura dos días antes de la navidad de 2015 y recordó que conoció a Montezanti en el Colegio Don Bosco. “En aquella época ya se destacaba por un perfil muy particular que le dio cierto prestigio o fama respecto a su forma de pensar o de actuar”, aseguró sobre el entonces militante de la “elitista” Guardia Restauradora Nacionalista.

Luego repasó el contexto político de los primeros 70 con Víctor Benamo como interventor de la Universidad del Sur, el desembarco de la Misión Ivanissevich encabezada por Remus Tetu y su “aparato de persecución ideológica”, el asesinato de David “Watu” Cilleruelo y el accionar de Rodolfo Ponce.

“Era vecino en Villa Rosas, mi papá me decía que era un hombre de temer, un hombre peligroso. (…) Luego fue cabeza de la Fiambrera, un vehículo que secuestraba personas para instalar el terror, inclusive hay anécdotas de colgar cuerpos en un puente como visibilización de ese terror”, afirmó.

Al referirse a la vinculación de Montezanti con miembros de la Triple A local, Cañón mencionó causas en las que el jefe de la patota Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablofueron defendidos por el juez en una causa por “tenencia de armas” en la cual los represores fueron sobreseídos.

Un civil a la altura de un teniente coronel

El ex fiscal manifestó que el imputado “fue ponderado por Vilas al igual que el periodista José Román Cachero”. Adel Edgardo Vilas fue segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y comandante de la Subzona 51. “Tenía una plana mayor pequeña entre la que estaba el Destacamento de Inteligencia que fue el eje central operacional desde el cual se fijaba los blancos para hacer los operativos de secuestro”.

Aquel destacamento fue dirigido, entre otros, por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “aval moral” de Montezanti para su ingreso a la plantilla del personal civil de inteligencia genocida. “El dr. Néstor Montezanti era un PCI de estructura de inteligencia con el rango A1 que, según la Ley de Inteligencia vigente entonces, era oficial superior y equivalente a teniente coronel del Ejército, por lo tanto el rango y el sueldo equivalente al de teniente coronel en esa estructura que funcionó durante décadas pero operacionalmente en el plan de exterminio de la dictadura militar desde el 76 en adelante”.

Contrariamente a lo sostenido por la defensa del juez respecto a la inexistencia de persecución política en la ciudad a principios de los 80, el ex fiscal explicó que “en Bahía Blanca la comunidad informativa siguió funcionando con especial ahínco, hay familiares, hay víctimas que eran ‘visitadas’ por militares, controladas y monitoreadas después de recuperada formalmente la democracia en diciembre del 83”.

“La comunidad informativa se ocupa de seleccionar y tomar información, clasificarla, porque al principio venía información -el mismo Vilas lo dice- que entraba en el ámbito de lo personal, alguien que la mujer lo engañaba hacía una denuncia para jorobar a la mujer o a su amante. Pero el perfil del ‘peligroso’, universitarios, estudiante o profesor, estaba definido por expertos”, detalló al acusador Miguel Piedecasas.

Agregó que “había canales de recolección de información muy variados”, por ejemplo, “un empleado bancario normal y oficial con el trabajo paralelo de informante que en el diálogo con el cliente iba sacando información -si viajó o no, qué depositaba, con quién estaba- y pasaba un parte que luego era procesado en esta comunidad informativa. Esta era la usina imprescindible para fijar los trazos de aquellos que Vilas nos mostró en un diagrama, de cómo armar el rompecabezas”.

Excusas

Granada en una audiencia del juicio V Cuerpo de Ejército.

Cañón comentó el caso del genocida Jorge Granada, condenado a prisión perpetua en 2012, para cuestionar argumentaciones defensivas del camarista suspendido. El presidente Alfonsín declaró el estado de sitio en 1985 y encarceló al represor en el marco de una serie de falsas amenazas de bombas a escuelas que generaron “una inestabilidad democrática muy fuerte y angustia y zozobra en la sociedad”.

Levantado el estado de sitio, el teniente coronel Granada fue liberado por falta de pruebas judiciales en su contra. “Granada argumentaba que su rol era dar permisos de casamiento, dedicarse a las autorizaciones cuando se trasladaba un personal militar de una ciudad a otra, que la familia se llevara los muebles de una vivienda a otra. Algo similar a la argumentación del dr. Montezanti respecto a su actividad” como PCI.

Lo mismo sucedió cuando en 1987 fueron detenidos los generales Vilas y Sexton: decían que no tenían nada que ver, que administraban traslados y autorizaciones, o desarrollaban hipótesis de conflicto con Chile o la defensa de Malvinas. “Siempre la excusa fue escudarse en argumentaciones que tienen que ver con lo específicamente militar u operaciones de ayuda comunitaria pero nunca con lo que tenía que ver con ese plan clandestino, oculto, criminal y, por ende, muy difícil de asumir. Este doble discurso se repitió en todos los militares que, por supuesto, pudimos probarlo por otras vías y no por sus declaraciones”.

“No hay casualidades, hay roles”

Madueño y Sierra

Consultado sobre el abogado y docente jubilado de la UNS Hugo Mario Sierra, Cañón destacó la dinámica de la historia que hace que “hoy podemos estar con alguien que creemos que comulgamos en las mismas ideas o posiciones políticas o ideológicas o la defensa del sistema democrático y después uno va descubriendo que las cosas no son así”.

Describió las reuniones que mantenía en la Procuración tras su asunción como fiscal, con funcionarios políticos, judiciales y militares. Entre ellos estaba su colega mendocino Otilio Romano, “un señor que todo hacía parecer que era una persona incorporada al sistema democrático con naturalidad. Romano, se descubrió que era un partícipe del plan de exterminio, se profugó a Chile, pudo ser extraditado, está siendo juzgado, está preso”.

El testigo tenía una muy buena imagen sobre Sierra. Tenía un artículo sobre la “autoría mediata muy interesante”, habían compartido durante la dictadura cursos que dictaba Raúl Zaffaroni en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, era “alguien que estaba muy cercano”.

“Cuando comienzo las investigaciones veo quién era el dr. Sierra y que participó como secretario de (el juez genocida Guillermo) Madueño. Yo ahora me lo cruzo en la Plaza Rivadavia cuando saca a pasear el perrito y me esquiva para no saludarme, es muy duro todo esto, uno descubre quién está atrás del personaje que uno creyó que era y que no es. Él participó en La Escuelita, en el centro clandestino de detención, asistía con Madueño cuando había prisioneros, legitimó y hasta con risas burlonas los interrogatorios ilegales, estuvo con la Policía Federal” en la ‘limpieza ideológica’ en la UNS.

“Había toda una combinación de personajes que operaron en ese período y Sierra fue defensor del dr. Montezanti en ese juicio que se hizo en el Juzgado Correccional del dr. Ares. No hay casualidades, como Montezanti fue defensor de los Argibay o lo acompañó a Remus Tetu y eso está en la Prefectura, hay un informe que dice que Montezanti lo acompañó a Remus Tetu al Juzgado Federal como abogado. No hay casualidades, hay roles”.

Una Cámara de terror

Cañón reseñó al tribunal una breve historia del desprestigio de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Arrancó por su cara opuesta, la de los jueces “Cafasso, Cotter y Larraza”, una Cámara “de excelencia” que impulsó la presentación del fiscal sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida.

Luego se amplió de tres a cinco el número de integrantes para afrontar los Juicios por la Verdad pero los cargos no se cubrieron hasta que la Alzada “comenzó a ser mal vista”. Así llegó Augusto Fernández, “camarista civil en la provincia de Santa Cruz vinculado a Duhalde” quien inició “el desembarco para cambiar la matriz de esa Cámara”.

Cuando Duhalde se ubicó en la presidencia, Montezanti juró en el coqueto palacio de Mitre 60. “Asumió una actitud en base a su concepción del orden, de la autoridad, de la jerarquía, su posición corporativa y vertical, comenzaron los conflictos”.

“Se nos empezó a prohibir circulación en la Cámara, el uso de la cocina, la biblioteca, usar un libro especial (…) inclusive para entregar un escrito teníamos que esperar a que autorizaran su ingreso, algo insólito. (…) Es la actitud patoteril puesta en significación, lo dice expresamente, si no hay orden no hay jerarquía, se subvierten los valores, esto no puede ser”, declaró.

Cañón subrayó que “había terror en la Cámara, los empleados no se animaban a venir a la fiesta de despedida de Cotter, a la mía, mandaban saludos por interpósitas personas porque había miedo. Miedo a que se enterara, había vasos comunicantes, todo se sabía”. Varias empleadas no aguantaron el estrés generado por el acoso laboral y “ni hablemos del caso de los delegados gremiales, era intolerable para la concepción de Montezanti que alguien dentro de la Cámara Federal defendiera derechos”.

Más allá del jury promovido por el Consejo de la Magistratura, Montezanti está penalmente imputado con prohibición de salir del país en la causa que investiga una veintena de homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia le atribuyen haber sido miembro de la banda paraestatal -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

1 febrero, 2016/por FM De la Calle

Postales de la CELAC

Mundo, Política

(Por Laura Garcìa Vazquez) América Latina tiene un pasado, un presente y un destino común. Y constituye la región más desigual del planeta, no la más pobre sino la más desigual, término que nos lleva irremediablemente a decir la más injusta. Al colonialismo le ha seguido el neocolonialismo, ejercido desde una amplia variedad de tipos de gobiernos pero que siempre privilegió los intereses privados y extranjeros. Por eso para una redistribución de la riqueza es necesario lograr Soberanía plena sobre nuestros recursos, o, si se prefiere, bienes comunes. El nacimiento de la CELAC, de la mano de Hugo Chávez y su empecinada vocación emancipadora y latinoamericanista se ha producido en el ciclo, sobre todo en el aspecto económico, denominado “progresista” donde se desarrollaron cambios trascendentales para la región. El fin o no de ese ciclo está puesto en debate, así como la imperiosa necesidad de comprender las causas de su discutida finalización, más allá del escenario actual internacional tan desfavorable cuyo principal rasgo económico es la baja de los precios de los productos primarios, comúnmente llamados commodities.

Sin duda una de las causas es no haber revertido un modelo atado a la exportación agro-minera, ya que, no hace falta ser experto para visualizar ahí mismo el gran obstáculo a vencer: la dependencia. Mucho más hoy, en pleno siglo XXI, con el comportamiento desterritorializado de las empresas transnacionales. Seguramente, una integración estratégica y soberana, no sólo es deseable sino necesaria a fin de poder desarrollar naciones y comunidades donde los derechos humanos integrales sean realmente para todos y todas. Y esto, necesariamente implica un desarrollo autónomo, de nuestros países, que incluya nuestras mejores tradiciones partiendo de los pueblos originarios.

Creemos que este organismo, la CELAC, es fundamental, es decir, desde su concepción va en el sentido de recomponer el destino común que tenemos los latinoamericanos ya que es el organismo que nos permite a nosotros, los latinoamericanos, reunirnos todos y sin tutelas y esto es, de por sí, importante a la hora de pensarnos independientes , integrados y soberanos. Pero lo más importante, es decir, la razón primaria sigue siendo la que resumió el presidente Evo Morales: “Para qué creamos la CELAC?” Pregunta el presidente Evo Morales de Bolivia en la Cumbre CELAC: “Para liberarnos de la dominación imperial”. Una vez más y en este año en que los argentinos cumpliremos 200 años de la Declaración de la Independencia, es necesario decir que sin emancipación, soberanía, liberación o autonomía plena no hay posibilidad de cumplir con todos los derechos humanos que necesitan nuestros pueblos. Por eso no es redundante sino imprescindible seguirlo señalando.

Han pasado muchas cosas desde la creación de la CELAC en el año 2011 hasta esta IV Cumbre que se acaba de realizar en Quito, en el imponente edificio de la UNASUR , y podría pensarse, desde una mirada emancipadora, que han sucedido cosas muy malas, algunos dicen “retroceso”, otros “fin del ciclo progresista”, cuando en realidad, frente a la “oportunidad” pasada del ciclo de “crecimiento económico” tiene que existir una autocrítica que abarque a todos los que aspiramos a la liberación nacional y social de nuestros países y a la integración autónoma de América Latina, pero también a proponer un modelo productivo donde el eje sean las comunidades y su ambiente frente a los desafíos que esta compleja e injusta realidad mundial nos presenta.

Recordando, la creación de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se creó en México en febrero de 2010 y se constituyó en Caracas, Venezuela en diciembre de 2011. Tuvo cuatro Cumbres, en Chile en 2013, en Cuba en 2014, en Costa Rica en 2016 y, recientemente, en Ecuador, quedando la presidencia, ahora, en manos de la República Dominicana. Dentro de las diferentes visiones que los gobiernos tienen y manifiestan elegimos la del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien en su significativa intervención se distinguió sin duda por varios motivos, pero en mi entender el primero es la franqueza que debe ganarle a la diplomacia y a la hipocresía que rodea este tipo de eventos. Los microclimas no son saludables y por supuesto, alejan de la realidad.

En primer lugar Evo se refiere al origen y el objetivo de la creación de la CELAC y que es liberarse de toda dominación sabiendo que los países actúan a través de las empresas transnacionales. Es por eso que, sostiene, gobierne la izquierda o la derecha, en nuestros países no deben gobernar ni banqueros ni empresarios que respondan a esos intereses. Soberanía real significa que los pueblos sean dueños de sus recursos naturales, por lo tanto todo bien estratégico debe ser nacional y estatal. Valorando especialmente la paz interna de cada país, pero teniendo en cuenta que esta paz se sostiene realmente con justicia social, igualdad y soberanía democrática. Y para todo esto debe redistribuirse la riqueza. También habló de los servicios básicos como derechos humanos: la telefonía, el agua y la energía y de cómo en Bolivia siguen bajando las tarifas de esos servicios gracias a que es el Estado el que los maneja priorizando su aspecto de justicia social. Con otro discurso diferente, sustancialmente diferente y leído, se desarrollaron las palabras de nuestra vicepresidenta Gabriela Michetti, ( señalo esto por lo que implica ceñirse a lo escrito, es decir, no salirse del libreto, no por dudar de su capacidad de hablar sin papeles ) enumerando, una vez más los objetivos del gobierno de Cambiemos en nuestro país: pobreza 0, derrotar al narcotráfico y fortalecer la calidad democrática. Palabras claves deslizó la vicepresidenta en su lectura: oportunidades es una, diversidad es otra, competitivas, otra más. Nada del tronco común latinoamericano, siempre pegándose a la ONU, a la OEA, es decir organismos que “vienen” sosteniendo el orden mundial injusto y la dominación de unos sobre otros. Pero también, siempre en el marco de la ONU, habló del “desarrollo sostenible”, del cambio climático y de las energías “limpias”. Mientras, en nuestro país, siguen los despidos y suben las tarifas de los servicios. Demasiados contrastes entre metas y medidas.

El desafío sigue siendo que la integración se concrete en emancipación económica, ahora, en un contexto más adverso.

Ratificamos la importancia de esta organización que responde a una hermosa palabra que es: comunidad. Trabajando en el sentido emancipatorio y en la defensa del sentido de las palabras, decimos que las poblaciones también podemos trabajar por la integración y la unidad latinoamericana más allá de nuestros gobiernos y es justamente nuestra participación protagónica la que definirá cómo sigue la historia. Tenemos mucho camino por delante, teniendo presente una cuestión fundamental: vayamos por derechos para todos, no por oportunidades.

31 enero, 2016/por FM De la Calle

La CTA Autónoma exige liberación de Rodolfo Aguiar

Argentina, Gremiales, Judiciales, Política

Al momento de su detención, durante un operativo policial, el dirigente se encontraba movilizando junto a sus compañerxs frente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Estaban reclamando por la reincorporación de 12 trabajadorxs tercerizadxs de la empresa de limpieza Litoral Cleaning, que fueron despedidos en diciembre.

El dirigente Rodolfo Aguiar se encuentra alojado e incomunicado en la Comisaría 31 de Roca, mientras trabajadorxs de ATE y la CTA reclaman su liberación en las puertas de esa institución policial ante la presencia de más de 70 efectivos que rodean la comisaría.

En tanto, dos militantes de la CTA también fueron privados de su libertad y reprimidos, “por el sólo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar”. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina.

Desde la CTA Autónoma exigen “la liberación de los detenidos y el cese de la criminalización de la protesta social. Asimismo nos solidarizamos con los trabajadores en lucha por su inmediata reincorporación”.

Repudio absoluto de ATE Río Negro a la detención del Secretario General de los trabajadores

“ATE repudia y denuncia la injustificada y violenta detención del Secretario General de ATE y CTA-A, Rodolfo Aguiar, en un ejemplo más del avasallamiento hacia la libertad de la protesta y el reclamo”.

Según informó la organización, “alrededor de las 11.30 horas, y en un claro hecho perpetrado entre el responsable de la empresa Litoral Cleaning SRL, Santiago Fernández, y la policía, el máximo representante de ATE fue detenido y esposado de manera violenta por efectivos policiales de la Comisaria 31, sita en Paraná y Panamá. Dos trabajadores, militantes ambos de la CTA, también fueron privados de su libertad y reprimidos, por el solo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina”.

“Repudiamos desde ATE este claro ejemplo de adoctrinamiento que pretenden, tanto las fuerza policiales como políticas, estamos recordando viejas épocas nefastas y oscuras de nuestro país, hoy más que nunca saldremos con firmeza y convicción a defender lo que por derecho nos corresponde aseguró Aldo Capretti, Secretario Adjunto de ATE y CTA Río Negro. Exigimos la inmediata liberación de nuestro Secretario General y no nos pararán hasta conseguirla”, sentenció Capretti.

Fuente: Acta

26 enero, 2016/por FM De la Calle

¡Hasta siempre compañera Susana!

Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política, Radio

Susana Matzkin falleció ayer en la ciudad de La Plata donde se encontraba internada. Militante por los derechos humanos, fue querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad y fundadora de Ausencias Presencias, de la Comisión de Apoyo a los Juicios y de Familiares/Amigos de Víctimas del terrorismo de Estado de la década del ‘70 de Bahía Blanca y la Región. Con asistencia casi perfecta siguió atentamente las audiencias para anotar en su libreta el dato que le permita develar cada detalle sobre los secuestros de sus hermanxs.

“Compañeros militantes de derechos humanos. Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado la colorada Susan Matzkin. Nos queda su trabajo sin descanso y su aporte invalorable a los juicios de lesa humanidad. Peleó no solo por memoria, verdad y justicia para su hermana Zulma sino para los 30000 compañeros detenidos desaparecidos. La butaca del salón de Colón 80 que ocupó cada día hasta que su salud se lo permitió, será un lugar para recordarla y que la mantendrá presente en las jornadas que vendrán. Hasta siempre Susana”, señalaron desde FAVIC.

El 24 de agosto de 2011 Susana testimonió en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca y relató que su familia sufrió la represión militar entre 1973 y 1980 de manera continua pero, particularmente en 1975, cada dos meses su vivienda en Pehuajó era allanada para intimidarlos y llevarse distintos materiales, documentación y libros. A principios de 1976, Zulma les comentó que era perseguida y buscada.

Zulma llegó a Bahía Blanca con su hermano y sus padres a fines de la década del ’60 para terminar de cursar el secundario y estudiar Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista, trabajaba en el barrio 17 de Agosto, a media cuadra del lugar donde la patota del V Cuerpo de Ejército la fusilaría junto a otras tres personas.

“Todas las semanas iban al barrio, enseñaban particular, hacían las tareas con los niños, actividad social comunitaria. La gente del barrio a ella y a Manolo (Tarchitzky) los conocían, los ayudaban con las inundaciones del Napostá, el agua pasaba por el arroyo y se inundaban las casas. La tarea de Zulma era ayudarlos con mantas, medicamentos…”, comentó su hermana y agregó que “estaba preparando la última materia para recibirse, tenía dos becas preparadas, había dos opciones: Inglaterra e Italia. Llegó el día fatídico del asesinato y esto quedó trunco…”.

El 18 de julio de 1976 la familia se reunió para celebrar el primer aniversario del matrimonio que conformaba con Alejandro Mónaco, desaparecido meses después. Al día siguiente, Zulma fue a trabajar a la empresa multinacional Sika de Alsina 95 donde hacía horario corrido para poder continuar su carrera. Durante la jornada recibió el llamado de su suegra a media mañana para preguntarle qué quería comer, luego su cuñado fue a dejarle el almuerzo y vio la oficina cerrada.

A las tres de la tarde, cuando volvió el gerente encontró una nota de Zulma diciendo que se había ido porque estaba descompuesta. El gerente comentó la novedad a la familia Matzkin y rato después se convencieron del secuestro.

El padre de Susana, Francisco, quiso hacer la denuncia en la comisaría pero no se la tomaron. Pasó por el Comando del V Cuerpo de Ejército donde tampoco tuvo noticias y finalmente pudo concretar la averiguación de paradero pero mediante una declaración fraguada por la policía. Quien tomó su testimonio fue un efectivo de apellido Conticorbo conocido de Matzkin padre.

Zulma Matzkin y Alejandro Mónaco vivían en una casa interna en General Paz al 200. Allí llegó un camión del Ejército con personal “con ropa verde” para cargar los muebles de la pareja. Las propietarias de la vivienda llamaron a Vicente Mónaco -padre de Alejandro- que era el garante del alquiler y le pidieron que arreglen el lugar porque “habían volado la mampostería”.

“En mi familia todos sabíamos que había secuestros, había ocurrido ya el secuestro y desaparición del cuerpo de Daniel Bombara, había ocurrido lo de Mónica Morán”, recordó Susana y agregó que decidieron ir a ver al médico familiar que trabajaba en el Batallón 181 que quedó en avisar si sabía algo.

Recién el 21 de septiembre Susana supo por el papá de sus nenas que el médico familiar le había avisado a su padre que el cuerpo de Zulma estaba en la morgue del Hospital Municipal. Inmediatamente Susana y su pareja cargaron a sus hijas y emprendieron el viaje hacía Bahía Blanca. Llegando a la ciudad escucharon por LU2 que “dos NN habían sido identificados como Zulma Raquel Matzkin y Mario Manuel Tarchitzky”.

“La familia de Tarchitzky es muy unida en el vínculo afectivo con la nuestra. Manolo era físico nuclear, muy amigo de la casa, es mi hermano de la vida y vivía con sus padres en calle Dorrego casi Alsina”.

Diciendo que había escuchado la noticia en la radio, Francisco Matzkin ingresó a la morgue donde “alguien vestido de verde con armas le muestra tres cadáveres de varón”, reconoce el de Manolo y el último cuerpo era el de Zulma.

En ese momento comenzó una larga serie de trámites para tratar de trasladar los restos hacia el cementerio donde ya les habían advertido que no podían cremarlo ni velarlo.

“Vuelve azorado porque le daban un papel tipo recibo y nuevamente le preguntan qué religión profesaba Zulma. Aparece escrito “Israelita”. Mi papá nunca hubiese dicho eso, cuanto mucho, hubiese dicho judaísmo”, destacó Susana.

En ese sentido recordó que pudo saber durante los juicios por la verdad que “el sobrenombre de Zulma -en La Escuelita- era ‘la turquita’, imaginemos que con el apellido ruso que tenemos era otra burla más a su persona”.

Al ser consultada por el juez Jorge Ferro acerca del motivo de la persecución contra su familia, Susana insistió en el origen de su apellido y agregó que “por el caso de Mónaco dice la Dipba (servicio de inteligencia de la policía provincial) que era un sujeto interesante para perseguir”.

“Creo que no fuimos los únicos perseguidos por portación de apellido. Además porque eran militantes de la Juventud Peronista y se los perseguía por su compromiso social y su decisión de cambios, ellos no estaban de acuerdo con cómo funcionaba el país y se juntaban a leer, a socializar…”, sugirió.

Zulma “estuvo en el centro clandestino de detención La Escuelita donde varias personas la vieron con vida, entre ellas tres chicas que declararon en los juicios por la verdad”. Una de ellas, que estudió Economía con Zulma, comentó tiempo después a Susana que “tuvo un careo por un guardia donde puerta por medio Zulma tenía que responder preguntas qué hacía ella”.

Los abogados radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya compartieron cautiverio con Zulma y el primero de ellos comentó a Francisco Matzkin que “las mujeres habían sido violadas dentro del centro clandestino de detención, brutalmente torturadas” y “recibían todo tipo de castigo”.

“El 24 de noviembre del ’76, después de lo que pasó con Zulma, tuvimos un allanamiento en casa. Esa semana me llama mi mamá para decirme que no lo podían encontrar a José. Apareció en el Hospital Regional Español internado por una peritonitis en un estado crítico que no despertaba de la anestesia, no me dejaron venir (NdR: Según testimonios escuchados en la causa Armada, José pudo haber estado secuestrado en Baterías). En enero del año siguiente me fueron a buscar con las nenas porque para esa instancia no sabíamos cómo seguían nuestras vidas”, manifestó Susana y agregó que “después viene el asesinato de Alejandro en agosto del ’77”.

Su cuñado desapareció tras el fusilamiento de Zulma, “alguien lo habría visto con vida, hay documentación que dice que el día de su cumpleaños -el 3 o 4 de agosto del ’76- allanaron su casa y estaba su padre Vicente solo. A nosotros se nos diluye Alejandro, no sabemos nada de él”.

El 4 de agosto de 1977 el diario La Nación publicó que cinco “sediciosos” fueron identificados en Paraná, Entre Ríos. Tres de ellos eran: Alejandro Tomás Mónaco, José Antonio Garza y María Luisa Buffo.

El constante hostigamiento con la familia Matzkin culminó en una larga serie de enfermedades para su padre y su madre desde 1981 hasta 1996, cuando murieron con poquitos meses de diferencia.

“La vulnerabilidad de la psiquis de los que quedamos… mi hermano absolutamente vulnerado, a mí me costó mucho daño moral, respecto a mis hijas que es lo que una más cuida, con mucha terapia tanto de las chicas como mía pudimos buscar la verdad y así estoy hoy buscando justicia, el daño moral es irreparable”, relató Susana.

Además dijo que sufrieron el “aislamiento social”, la mirada condenatoria de algún directivo de la escuela donde trabajaba y la imposibilidad de vincularse normalmente con la comunidad. “Después de muchos años, con mucho esfuerzo, pude vincularme socialmente pero siempre con familiares donde encontré una cadena de contención, aparte por la cuestión de la religión que profesaba mi papá sufrimos un despreció total”.

El cuerpo de Susana dijo basta, pero su coraje y su compromiso con la búsqueda de Verdad y Justicia quedarán vivos por siempre en nuestra Memoria. ¡Compañera Susana, Presente!

Fotos: Belén López, Luis Rojas y Marcelo Núñez.

23 enero, 2016/por FM De la Calle

De los DNU al aplastamiento del Estado de Derecho

Argentina, Política

(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Por un 24 de marzo contra el ajuste con represión, en repudio al golpe de Estado de 1976, en solidaridad con los pueblos de América Latina que siguen luchando por la segunda y definitiva independencia; por todos los derechos para todos en Argentina y la región.

En una vertiginosa carrera de decretos de supuesta “necesidad y urgencia”, el Presidente Macri cambia leyes, reglamentos y protocolos como si encabezara una Junta Militar que hubiera dado un golpe de estado, anulado la Constitución Nacional y comenzado un nuevo “proceso” equiparable al de la Fusiladora en 1955, la claudicación “desarrollista” de Frondizi en 1958 o aún, el iniciado en 1976 por Videla.

De todos nosotros depende que tales presagios no se cumplan. Y estamos a tiempo.

Enumerar los decretos y analizar los cambios en las leyes comienza a pasar a segundo plano dada la complicidad de la Corte Suprema, de la mayoría de los Jueces Federales, una parte sustancial de los senadores y diputados nacionales y el desconcierto o impotencia de otros que asisten casi en silencio a la transformación de un orden constitucional en otro nuevo, que todavía no sabemos donde desemboca pero ya sabemos que es un orden para satisfacer los deseos y expectativas de los grupos más concentrados de la economía, esos que mantienen una relación de pertenencia o dependencia subordinada con las transnacionales que sustentan el Poder Imperial de los EEUU y Europa.

En el nuevo orden que se comenzó a instalar al mismo día de la asunción de Macri, los que no aceptan pasivamente los dictados presidenciales son tratados como “enemigos” y encarcelados por la sola razón de convocar a manifestarse, como el caso de Milagro Sala, o expulsado de su trabajo por explícitas razones ideológicas. Se habla de cerca de veinticinco mil despidos solo en la Administración pública y es notorio el afan de contar con una Corte Suprema adicta. De casi todo esto ya nos hemos pronunciado.

La sanción por decreto de una virtual “pena de muerte” con la llamada ley de Derribo, junto a una nueva declaración de Emergencia en materia de Seguridad que autoriza la convocatoria de efectivos retirados de las Fuerzas Armadas (todos ellos, por razones generacionales, con pasado en el periodo del Terrorismo de Estado y formados en la Doctrina de Seguridad Nacional, más allá que individualmente hayan sido inculpados o no, de algún delito de lesa humanidad) es solo un paso más en la construcción de un nuevo ciclo de graves violaciones a los derechos humanos que atraviesa al menos tres dimensiones: la preparación de las fuerzas de seguridad para las tareas represivas, la adaptación del corpus jurídico para las nuevas tareas de estigmatización y judicialización de la protesta social y la construcción discursiva de un nuevo “enemigo” que es nada menos que el militante popular al que se descalifica como corrupto, ñoqui en el Estado o beneficiario de supuestos favores por su condición de compromiso social y político.

La sanción por decreto de la emergencia en materia de Seguridad habilita un costado ya insinuado en otros actos gubernamentales: la administración de la cosa pública como negocios particulares (por la emergencia se podrán hacer compras sin licitación, con los conocidos negociados que el escándalo Niembro reveló) y la subordinación al Imperio en tanto y en cuanto se buscará “la mejor tecnología” y “el mejor know how”, lo que en su concepción no puede ser otro que el de la DEA, el FBI, el MOSSAD israelí, el DAS colombiano o la misma CIA que buscan este costado de la penetración para sus planes de contrainsurgencia estratégica para el continente como lo mostró la destitución de Lugo en Paraguay luego de una acción policial que contaba con asesoramiento de todas estas agencias.

Ante esta situación no alcanza con la queja ni con la denuncia aislada, hace falta la construcción de un amplio bloque de fuerzas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en su concepción más integral y abarcativa para lo cual habrá que superar los sectarismos y cálculos partidistas o personales; se requiere una actitud generosa y una voluntad muy firme para enfrentar los nuevos desafíos y derrotar la ofensiva derechista y autoritaria.

Proponemos formalmente al conjunto de organismos y fuerzas vinculadas a la lucha contra la impunidad, por la Memoria, la Verdad y la Justicia; a todos los que se oponen al ajuste con represión de Macri organizar de manera democrática y con protagonismo de todas y todos una jornada unitaria en conmemoración del 40 Aniversario del Golpe de Estado y contra la ofensiva de Macri en Argentina y de todas las fuerzas derechistas en la región

Será el mejor modo de honrar la memoria de los treinta mil y hacer efectiva la consigna del Nunca Más.

21 enero, 2016/por FM De la Calle

¿Por qué dictan la orden de detención a Milagro Sala?

Argentina, Judiciales, Política

(Por Astor Vitali) Milagro Sala fue detenida el 16 de enero en el marco del expediente “Sala, Milagro Amalia Ángela y otros p.s.a. de Investigación a cometer delitos y tumulto en concurso real. Ciudad” tramitado por el Juzgado de Control Penal de Feria, Jujuy.

El primer hecho que le imputa el juez Gutiérrez corresponde al día 14 de diciembre de 2015. Según el voluntarioso juzgado, Sala “juntamente con Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Esteban Cardozo, comenzaron a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos a los fines del establecimiento y distribución de sectores, para ubicar a grupos de personas que seguían sus indicaciones, tanto de la vía pública como en la Plaza Belgrano”.

Continua el laborioso magistrado arguyendo que “esta actividad de persuasión tuvo por objeto, que personas indeterminadas a la fecha y en cumplimiento de sus directivas, acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas y gazebos y otros elementos similares”.

Para más claridad, en devoto feligrés de la actividad judicial estival sostiene que “la conducta despliega por los prevenidos, fue la de instigar públicamente a personas indeterminadas, integrantes de distintas organizaciones sociales que los acompañaban, a ocupar los espacios públicos consignados precedentemente”.

El segundo hecho que señala el paladín de la justicia se basa en que “luego del día 14/12/15, los prevenidos, configuraron la coautoría de instigación pública a cometer delitos descripta en el hecho anterior, continuaron concurriendo esporádicamente, a la zona de la plaza Belgrano y adyacencias de la misma con un propósito diferente: Alzarse públicamente junto con los acampante que aún permanecen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.

El Defensor de la Paz Social además agrega que “esta afirmación se desprende del informe emanado del Sr. Gobernador de la Provincia, agregado a estas actuaciones, que da cuenta que, a la fecha, persisten grupos de personas que se niegan a dar datos personales, por motivos que den ser objeto de investigación, y de esta manera, obstan a la ejecución íntegra del plan referido” aportando de esta forma su estrecho vínculo en el intereses de que los objetivos políticos del gobierno vigente se cumplan.

Del contenido de la orden de detención se desprenden algunas conclusiones de severa gravedad respecto del derecho de manifestarse. En principio, las organizaciones sociales se dan su propia forma de funcionamiento y tienen derecho a hacerlo. El rol de dirigente existe desde el principio de los tiempos. Y la orden cuestiona abiertamente el hecho de “dar indicaciones con arengas” como acto probatorio de que los delitos tipificados en el Código Penal que señala la orden fueran responsabilidad de la dirigente.

¿Qué sería de la historia de la lucha obrera sin capacidad de organización y sin el rol de dirigentes?

Pero la orden avanza más en su cuestionamiento a la organización social y en su camino abierto de allanar terreno a la criminalización de la protesta. En el documento se hace explícito que la organización, a través de su dirigente, rechaza un programa de gobierno y toma medidas de protesta en este sentido.

Aquí el letrado se pone al frente de las huestes del statu quo y se mete en el terreno de la política en nombre de la asepsia judicial. Si hay una diferencia de una organización social respecto de un programa de gobierno esto debe resolverse en el terreno de la política. El vetusto magistrado habla atribuye a la dirigente el hecho “alzarse públicamente (…) contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.

De esto se trata la criminalización de la política: la “justicia” penaliza a las organizaciones sociales y políticas ante la incapacidad de resolución de los conflictos públicos en el ámbito de la política por parte de los gobiernos en los distintos estamentos del Estado. Se puede dar por incapacidad o directamente por concepción política, es decir, no reconocer a las organizaciones sociales como interlocutores políticos y, por ende, manda a la justicia a encerrarlos.

De ese criterio político de funcionamiento donde la justicia y las fuerzas de seguridad son un brazo de acción violenta contra la pobreza que se organiza, se desprende un claro componente de clase. Es decir, quienes se organicen y opongan diferencia ante mi política no son interlocutores sino simplemente criminales.

Al margen de las coincidencias y diferencias políticas que cada organización que se considere popular puede enumerar con la Tupac Amaru y su dirigencia, tolerar esta clase de atropello abierto hacia la organización popular representa dar un cheque en blanco al gobierno de los CEOS.

No sólo es necesaria la solidaridad con la organización perseguida sino rechazar de plano cualquier otro intento de este tipo en cualquier localidad del territorio donde se lleve a cabo.

Manifestar pacíficamente por una diferencia política mediante una acción como una manifestación, un acampe, una olla popular no es delito.

Naturalizar el accionar de la política mediante la justicia condenando a la protesta social puede traer severos problemas en el marco de la vida democrática y de la lucha política.

Sería natural que las tradiciones políticas de lucha en Argentina rechacen de plano la criminalización de la protesta expresada en la detención de Milagro Sala. Se advierte, en cambio, cierta timidez en el rechazo al accionar político-judicial. Tal vez tenga algo que ver el hecho de que para los espíritus progresistas sea más aberrante la censura sobre un periodista blanco y prolijo que sobre una dirigente de piel oscura en el norte del país.

Mejor aún que manifestar la solidaridad, es trabajar para lograr la liberación Milagro y dar una clara advertencia al macrismo y a los envalentonados mandaderos judiciales respecto de lo que aquí no se toca.

Fuente: Rebelión

21 enero, 2016/por FM De la Calle

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¡Hasta siempre compañera Susana!

Fotos: Belén López, Luis Rojas y Marcelo Núñez.

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