Las ocho grandes refinerías del país se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida. La falta de información veraz y de acceso a la documentación oficial se convierte en un problema tan serio como los riesgos tóxicos a los que están expuestos. Como demuestran los trabajos reunidos en esta publicación, no existe una firme política de control, las instancias de fiscalización no son efectivas y no se han desarrollado programas permanentes de evaluación socio-sanitaria. Estas carencias impiden un conocimiento profundo de lo que sucede, dificultan la generación de demandas para revertir la situación, invisibilizan el problema, obturan los debates públicos -tanto sobre la necesidad de otra planificación territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética existente-, y restringen las discusiones, en el mejor de los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las plantas industriales.

El Colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo lugar, el Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul, Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental, Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en el que leyó minuciosamente los expedientes de los incidentes ambientales y sus remediaciones en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Seguido, Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco, coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista, fue la encargada de analizar los impactos de la refinería y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San Lorenzo, Santa Fe.

Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de información fidedigna, que pretende conmensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad, barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada global de las problemáticas socioambientales vinculadas a la industrialización de los hidrocarburos en Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental, en un intento de enunciar y explorar las preguntas que surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas; las que son fruto de la lectura atenta de los informes de remediación ambiental, y, finalmente, las que resultan de la ausencia o vacíos de información.

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La semana pasada la Cámara de Diputados creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR). Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la norma representa un avance sustantivo en el desarrollo de políticas integrales de prevención de la violencia armada. Entre 2008 y 2011, sólo en la provincia Buenos Aires murieron 4.596 personas por armas de fuego.

Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática, destacó en FM De la Calle “las dificultades del propio Estado para registrar, evaluar la circulación dinámica de las armas que tiene en su poder. Cualquier política seria ligada a la regulación de mercados legales e ilegales tiene que tener al Estado como principal motor de proponer una política concreta de desarme y trabajar en políticas eficientes para evitar que armas que están en su poder pasen a mercados ilegales”.

Respecto al armamento de la Policía Bonaerense sostuvo que “hemos identificado que no solo que no se sabe a ciencia cierta cuántas y cuáles son sino que, por otro lado, detectamos que una cantidad importante se pierden, de extravían, les son robadas al personal policial o quedan involucradas en faltantes que se producen en comisarías y no hay mayores explicaciones”.

Desde 2012 la Comisión por la Memoria elabora y actualiza un informe sobre prevención de la violencia armada que da cuenta de las graves falencias en materia de control de armas. Según el documento que puede leerse aquí, esa falencia deriva en un “alto impacto en la producción de violencia, ya que las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal y facilitan el despliegue de prácticas policiales y judiciales ilegales”.

La CPM accedió a información oficial que constata la existencia, entre 2009 y 2014, de al menos 900 armas pertenecientes a la Bonaerense que se extraviaron, robaron o desviaron, entre otros supuestos. Sin dudas, se trata sólo de la punta del iceberg que da pie a diversas hipótesis; entre ellas, la incorporación de estas armas al mercado ilegal. Sin embargo, queda pendiente continuar explorando la verdadera dimensión de este problema si se tiene en cuenta el caudal de armas en poder del Servicio Penitenciario y las agencias de seguridad privada.

En relación a la intervención policial con armas de fuego, el documento destaca que la mayoría de las muertes provocadas por funcionarios policiales se desencadenan fuera del horario de trabajo. La muestra sobre la que trabaja el informe, indica que el 70 por ciento de estas muertes se produjeron en franco de servicio. En estos casos y en el marco del estado policial, los policías utilizan las armas reglamentarias para gestionar conflictos privados o responder a situaciones de victimización por robos.

Pomares explicó en el programa En Eso Estamos que el estado policial “constituye al policía como un sujeto-policía, se transforma en un algo distinto al resto de la sociedad (…), si a eso se le agrega que es considerado prácticamente -como lo ha expresado el gobernador en el juramento que les tomó- como un defensor de la democracia, lo liga más a las fuerzas militares o de seguridad que a las policiales que son de prevención”.

“Respecto a las policías locales venimos alertando y proponiendo que son policías de proximidad, que trabajan sobre la primera línea de prevención de los delitos, alertan, toman intervención inmediata pero con una lógica de monitoreo de los territorios, no son una fuerza de intervención directa. Lo que planteábamos es que era un buen momento para discutir el estado policial y que los policías tengan que portar su arma luego de cumplir su actividad”, finalizó.

(Por Giuliana Crucianelli – FM De la Calle) A mí no me la contó nadie, yo la vi. Yo la viví. Yo estuve en el medio de la marcha multitudinaria de alrededor de 70 mil mujeres que se manifestaron en el 30 Encuentro Nacional de Mujeres.

Yo participé de la fiesta y del miedo que se vivió cuando la cana y el grupo neonazi de este tipo nefasto Pampillón, reprimió a las chicas que se manifestaron en la Catedral. Sí, es cierto que se pintó la ciudad, sí es cierto que estaban en tetas y gritando. Todo eso es cierto, pero ¿no es excesivo reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos una decena de pares de pezones y unos cuantos grafitis? ¿No resulta excesivo arrastrar, secuestrar, chupar mujeres dentro de la catedral, esposarlas y golpearlas?

Más allá de estos repudiables hechos, por los cuales seguiremos luchando, el ENM fue una fiesta. Fue alegría. Fue emoción. Fue hermandad. Mujeres de todos los puntos del país se concentraron en la ciudad para gritar y luchar por las desigualdades. Se realizaron más de 65 talleres donde se debatió, se discutió, se conversó y se elaboraron ideas y conclusiones concretas.

Diversos grupos participaron del encuentro, diferentes organizaciones con ideas políticas opuestas en muchos casos, pero que pudieron conciliarse ante una lucha codo a codo, de igual a igual.

La marcha duro dos horas y media más una hora de concentración en Avda. Luro e Independencia. Tres horas de cantar ininterrumpidamente, de arengar, de abrazos, de besos, de pogo enardecido. Alegría que desbordaba corazones, gente en los balcones que gritaba con nosotras.

La sensación de que no nos conocíamos pero en realidad sí. Estábamos todas unidas por una misma causa, por un mismo sentir. Eso se demostró durante todo el encuentro, en el agite popular, en los cánticos, en los gritos y banderas. En el abrazo de pogo y en la unión de las manos que hacían las cadenas humanas para cuidar las calles, para contener toda esa emoción que emanaba de 70 mil cuerpos.

Para pedir por el aborto legal seguro y gratuito, para hacerle frente a este sistema machista y patriarcal que nos condena, nos oprime y nos mata. Para visibilizar a nuestras compañeras muertas, violadas, a las que no las dejan opinar, a las que están supeditadas a un patrón abusador o a un marido golpeador y por todas las que todavía no lo saben pero que están oprimidas. Para lograr equidad, para despertar a las dormidas, caminamos, caminamos y seguiremos caminando, seguiremos luchando y sumando adeptxs, con los pies rotos, con el corazón sonriente y con el puño en alto, al grito de “¡Muchachas! ¡Ni una menos nos puede faltar! ¡Todas vivas nos queremos! ¡Todas vivas y a agitar!”

Luego de más de diez años de lucha, la Red Argentina para Desarme (RAD) celebró la aprobación por unanimidad de la ley que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR). La nueva normativa, responde a las demandas de un país que sufre la violencia con armas de fuego y que necesita políticas públicas integrales y permanentes para su prevención.

 “La premisa de la que partimos es que toda arma ilegal nació siendo legal, por lo que controlar efectivamente el mercado legal de armas de fuego va a permitir tener una incidencia notoria sobre el mercado ilegal. Para eso uno tiene que poder contar con un organismo con capacidad”, dijo a FM De la Calle la coordinadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Aldana Romano.

La Ley aprobada jerarquiza el organismo al cambiar su naturaleza de simple registro a agencia de control y modifica el sistema de administración financiera, que conlleva incentivos negativos para el ejercicio de una verdadera política de control.

La politóloga explicó que “hoy el RENAR no solamente funciona como registro sino que se financia de la venta de formularios de las armas de fuego y además, sus recursos son administrados por un ente privado -a similitud de lo que pasa con el registro automotor- que es nada más y nada menos que la Sociedad de Armeros”.

Asimismo, la ley otorga una definición clara de objetivos y funciones del nuevo organismo para que se supere la visión militarista por la cual el RENAR era una herramienta de la política de defensa nacional.

Finalmente, la nueva normativa garantiza la publicidad de la información y de los actos de gobierno. En la actualidad no hay forma de conocer las dimensiones del mercado de las armas de fuego.

Nueve femicidios se registraron en el país durante la última semana, tres de ellos en Mar del Plata, ciudad que concentró el fin de semana a más de 60.000 personas en el Encuentro Nacional de Mujeres que terminó bajo el reclamo #NiUnaMenos, consigna social que pide el cese de la violencia de género.

“La cifra para una semana es impresionante. Hay una toma de conciencia social, un posicionamiento que repudia y no tolera los femicidios. Quedó demostrado en la masiva marcha nacional #NiUnaMenos del 3 de junio y se profundizó ahora en el encuentro en Mar del Plata, pero a las mujeres las siguen matando”, dijo a la agencia de noticias Télam, Ada Rico, directora del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro.

El trágico listado comenzó el martes 6 de octubre, con el asesinato en la calle de Sandra Elizabeth Costantopulos, crimen que habría sido cometido por su ex pareja Claudio Javier Soto, quien horas después del ataque se suicidó. Al día siguiente a Daiana Luisa Rodríguez, de 17 años, la balearon en la localidad bonaerense de Carmen de Areco y murió en el hospital. El sospechoso del ataque sería su novio Nicolás Cancino, de 24 años, quien también se mató.

Ese mismo día, en Bariloche, Río Negro, asesinaron por asfixia a María de la Cruz, crimen por el que está detenido como sospechoso Hernán Guillermo Cortés. El jueves 8, en la localidad mendocina de Los Corralitos se encontró el cadáver de Marlene Carruman López, de 18 años, en un pastizal. Las primeras investigaciones difundidas por medios locales hablan de que ella estaría en situación de prostitución y que la justicia investiga a un “cliente” como autor del crimen.

A las 24 horas, en Tartagal, Salta, se conoció el femicidio de Silvina Barba, de 23 años. La policía busca al posible autor del hecho, Santino Salas, de 57 años, pareja de la joven, quien estaría prófugo. El sábado 10 mataron a Rosario del Carmen Salinas en Mar del Plata. Ella había logrado una orden de restricción judicial para que su ex pareja Carlos Ruiz Díaz, no se acercara. La mujer había denunciado maltrato y se había mudado a la casa de su mamá. Allí, fue asesinada. El hombre está detenido.

“Este femicidio es uno de los tantos que nos muestran que hay que cumplir con la ley de protección integral que tenemos desde el 2009. El Estado debe ejecutar, con presupuesto, lo que la ley dice. El hombre tenía prohibido acercarse e igual la mató. La justicia debe pensar otras estrategias para cuidar a las víctimas”, analizó Rico.

Ese mismo día, en la misma ciudad, apuñalaron hasta la muerte a Claudia Sposetti, cuyo cuerpo se encontró luego de 48 horas de búsqueda. Está detenido como principal sospechoso su ex pareja Héctor Daniel Herrera. El domingo, Julieta Mena, fue asesinada a golpes en Ramos Mejía y su novio Marcos Andrés Mansilla fue detenido luego de estar prófugo. “Un vecino de Julieta dijo a los medios que escuchaba el maltrato constante. Pero avisó a la policía cuando escuchó silencio y ese silencio era la muerte de la joven”, resaltó la dirigente de la ONG.

Para la titular del Observatorio de Femicidios, la violencia de género “se acrecentó, y también, se visibilizó. Las mujeres se animan a hablar, salen a las calles a decir ¡Basta! Sin duda, esto enfurece a los agresores. Entonces, se deben profundizar las acciones preventivas y de asistencia. Es urgente. Hoy, los violentos siguen matando”.

También son nueve los niños y niñas que quedaron huérfanos esta semana, víctimas colaterales de estos nueve femicidios. Por eso “es esencial que el Parlamento debata urgente los proyectos que presentamos para quitar la patria potestad -responsabilidad parental en el nuevo Código Civil- a los femicidas y la asistencia económica inmediata para estos niños, lo que llamamos Ley Brisa”, agregó Ada Rico.

Fuente: Télam.

El diputado nacional Héctor Recalde (FpV) consideró que el titular del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, y el propietario del ingenio azucarero de Ledesma, Carlos Blaquier, deberían ser “los primeros en declarar” en la Comisión Bicameral que investigará la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, y cuya conformación cuenta con media sanción del Congreso.

“Sugerí que sean ellos dos los primeros en ser llamados a declarar por la responsabilidad que tuvieron en hechos represivos. Más adelante, la Bicameral debería citar a los directivos de las empresas Ford y Mercedes Benz”, señaló Recalde en declaraciones que reproduce ayer el diario Tiempo Argentino.

En ese sentido, el legislador apuntó que otro caso de tendría que analizar este organismo parlamentario cuando se ponga en fusiones sería el de la firma cementera Loma Negra de Olavarría, cuyo personal directivo habría estado implicado en la desaparición del abogado laboralista Carlos Moreno, durante la última dictadura cívico militar.

“Hay que poner en marcha las investigaciones porque además de los casos conocidos, seguramente van a ir apareciendo otros más. En los últimos días recibí información de particulares que se ofrecen a declarar”, sostuvo Recalde.

El mes pasado, con 170 votos a favor y sólo 14 abstenciones del bloque del PRO, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para crear esta Bicameral y lo giró al Senado para su aprobación definitiva.

El matutino cita también las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, quien consideró que “cualquier caso” de complicidad civil con la última dictadura “debe ser investigado por la Justicia”.

“No se entiende la conformación de esta Bicameral. Esto es un operativo de un gobierno autoritario que impone operativos de prensa para atemorizar a la población. Ahora, a pocos días de terminar lanzan esto”, fustigó el empresario rural.

En ese sentido, Etchevehere adelantó que el próximo coloquio empresarial de IDEA, que se llevará a cabo en Mar del Plata, la entidad patronal agropecuaria que encabeza intentará “frenar la iniciativa”.

“Si van los candidatos al coloquio sería bueno preguntarles antes de las elecciones qué van a hacer con esto. Deberían tomar un compromiso antes de las elecciones porque eso es calidad institucional”, subrayó.

A modo de réplica, Recalde defendió la puesta en funciones de la Bicameral y las atribuciones del Congreso para impulsar investigaciones, al tiempo que cuestionó el papel de la SRA durante el terrorismo de Estado.

“¿Etchevehere no explicó por qué la SRA le entregó a la dictadura un predio en Junín para que funcionara un centro clandestino de detención? No hay un argumento solvente para impedir la creación de la Bicameral. La Constitución afirma que los legisladores estamos obligados a investigar para ‘afianzar la justicia’”, puntualizó.

A principios de mes se reglamentó la Ley 25.929 de Parto Respetado y fue presentado oficialmente el Observatorio de Violencia Obstétrica, impulsado por Las Casildas con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres. Al final de esta nota el enlace para ingresar a la encuesta.

“La escena del parto se ha tornado muy violenta y el tipo de violencia que invade la escena está completamente naturalizada e invisibilizada. Por eso la concreción de esta iniciativa del observatorio para cuantificar y visibilizar a todas las mujeres que a lo largo y a lo ancho del país son sistemáticamente violentadas en un momento tan fundante y tan revolucionario como es parir a nuestros hijos y nuestras hijas”, explicó a FM De la Calle Julieta Saulo, fundadora de la organización de mujeres.

Agregó que “si bien este tipo de violencia está especificado en la ley 26.485 no es muy conocido entre nosotras las mujeres. Es decir, yo tengo a mi hijo de manera violenta, la mujer que vive al lado de mi casa también, nos relatamos los partos y no hay nada que discrepe, los partos fueron absolutamente violentados los dos”.

Para la militante “la información es poder y no solo empodera a las mujeres sino a las familias en general” y  si bien la ley de Parto Humanizado está vigente desde 2004, contar con la reglamentación “ha sido un gran avance en torno a los derechos sexuales y reproductivos porque viene a traer la bajada al territorio”.

“Por ejemplo, la ley estipula desde 2004 que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas en el parto. Cuando se reglamenta, se baja al territorio que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas si lo deseamos y que puede ser tanto de una mujer o de un varón y no hace falta que se acredite filiación, que sean parientes. Aparte que las instituciones privadas no pueden cobrarle un extra a esas personas por acompañar a la mujer que es lo que habitualmente sucede”, comentó.

Saulo sostuvo que “en muchos casos las mujeres que tienen a sus hijos e hijas por cesáreas entran solas al quirófano porque se habla de la asepsia y demás y en realidad no hay documentación científica que así lo avale, se basan solamente en decisiones institucionales”.

Además, subrayó el desequilibrio de poder entre las pacientes y lxs médicxs partiendo de “la posición en la que parimos las mujeres, acostadas y atadas. Básicamente para comodidad del médico o la médica. El médico se sienta y se queda ahí mirando o interviniendo -porque lamentablemente no solo se quedan mirando sino que intervienen en el proceso-, mientras tanto las mujeres estamos con las piernas atadas, abiertas y recostadas, intentando parir. Las mujeres que así y todo pueden parir realmente es meritorio porque no tiene absolutamente nada que ver con la fisiología del proceso”.

El Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina propulsado por Las Casildas es una iniciativa ciudadana y nacional cuya finalidad es visibilizar y difundir esta problemática y los derechos que amparan a las mujeres. La encuesta a la que se puede acceder en este link es una de las herramientas de las que disponen y su función es generar estadísticas en torno a la atención del parto/cesárea. La información es confidencial, los datos personales (nombre, apellido, dni, etc) no serán difundidos en ningún medio, los piden para garantizar la legitimidad de la consulta y evitar posibles repeticiones en el registro de los datos.

Escuchá la entrevista completa:

La organización mapuche Kumelen Newen Mapu junto a integrantes de los pueblos tonocoté, ranquel, kolla, comenchingones, guaraní y toba qom inauguró este viernes la 24º Feria Nacional de Artesanxs que se realiza hasta el lunes en Plaza Rivadavia.

Ante el escaso público presente a la hora en que se programa la intervención originaria que conmemora el último día de libertad de las naciones indígenas, manifestaron su alegría de compartir sus saberes y cosmovisión en una “carpa inmensa y blanca, símbolo de la interculturalidad” con actividades destinadas principalmente a alumnxs de primaria y secundaria (Ver agenda We Sumaj Che).

“Estamos compartiendo nuestros saberes, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, nuestra música. Entregándolo todo, como hemos hecho siempre. En esta plaza en donde en 1859 ardían los cuerpos de nuestros hermanos mapuches. Sin odios, pero sí recordando que aún hoy como ayer, como desde los tiempos de la colonia, como desde que llegó Colón, seguimos siendo encarcelados. Sigue nuestro territorio siendo robado. Siguen siendo corridos nuestros hermanos de sus lugares. Seguimos siendo menospreciados y no nos olvidamos que recién hace muy poquito tiempo el cacique Chaile de la comunidad diaguita salió en libertad por haber estado preso por defender su territorio, su comunidad, sus restos arqueológicos”, aseguró la vocera Wuaira González Romano.

Recordó los siete meses de acampe en Capital Federal de QOPIWINI -comunidades qom, pilagá, wichí y navaclé- en demanda territorial: “Los pueblos originarios no pueden vivir en un lugar pequeñito porque su sustento está en la tierra, allí está su medicina, allí está nuestra manera de vivir, nuestros ancestros enterrados. No nos olvidamos que Ginóbili, nuestro Ginóbili de acá, dice que compró sin saber pero no detiene la orden de desalojo para la comunidad Paichil Antriao que vive en la tierra que él compró. (…) Esta es la situación de nuestros pueblos originarios en toda Nuestramérica”.

“Los convidamos no solo a escuchar lo que tenemos para decir, creemos sin vanidad que los pueblos originarios tenemos mucho para compartir en cuanto a la manera de vida. Les compartimos para recordar, porque todos lo tenemos en nuestras células. Muchos hicieron por nosotros. Este es nuestro tiempo de lucha, de defensa de esta tierra que nos fue prestada por un rato, de defensa del aire, de defensa del agua, con nuestros hijos, porque parece que este sistema nos convida a decirnos que somos nosotros y se terminó”.

“Nuestro convite es a que se organicen, a que nos organicemos, a que armemos nuestras huertas, a que nos encontremos nuevamente en comunidad, que sepamos ser comunidad, que salgamos de detrás de una pantalla. Ese es el convite. Para ustedes, para nosotros, un solo pueblo de humanidad”, finalizó Wuaira.

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La Agencia Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo infraccionó a YPF S.A. por emisión de humos negros generados por el buque regasificador. La emisión tuvo una duración de veinte minutos con una opacidad del 60 % -según la Escala de Ringelmann- superando los límites legales de “tres minutos”. “Por un problema técnico en sus calderas tuvieron que dejar de quemar metano y pasaron a quemar fuel, lo cual provocó la emisión de humo a través de la chimenea de la caldera”, dijo César Pérez a FM De la Calle.

Agregó que “como impacto ambiental es la emisión de un material particulado fino asimilable a lo que normalmente se conoce como hollín. (…) La sanción la determina el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de acuerdo a la historia y la gravedad. De acuerdo a lo que prevé la propia legislación esto se considera como una falta muy leve”.

Los humos negros fueron constatados ayer entre las 10:17 y 10:37 por lxs guardias del CTE Rosana Cappa y Luis Fuentes. No se recibieron llamados vecinales al 911. La Agencia Ambiental recordó que el “CTE tiene una Guardia que funciona las 24 horas, todos los días del año, la cual cuenta con cámaras domo, sensores on line, además de realizar recorridas por todo el sector industrial cada tres horas, a fin de realizar monitoreos y efectuar controles in situ”.

“Se hace el mismo tipo de controles que a las otras empresas del área petroquímica y tenemos visitas periódicas para verificar que hayan cumplimentado con todo lo que exige la ley, tanto el OPDS como la Secretaría de Energía. Con respecto a lo que es todo el movimiento del barco está a cargo el Consorcio del Puerto”, explicó Pérez.

El CTE labró un acta de infracción imputando falta al Artículo 2 de la ley 5965, Articulo 10 del Decreto Reglamentario 3395/96 conforme al anexo V, escala de Ringelmann. Luego el documento fue enviado junto a un informe para diluirse con el tiempo en el OPDS.

El juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla procesó a un grupo de represores del V Cuerpo de Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos contra tres víctimas. Varios de los militares fueron condenados tras los dos primeros juicios realizados en Bahía Blanca, algunos son juzgados en la causa Armada y otros se sientan por primera vez en el banquillo de los acusados.

La mayoría de ellos habían sido indagados por el secretario Santiago Ulpiano Martínez quien, entre otras irregularidades conocidas luego de su desempeño en el Juzgado Federal Nº1, nunca resolvió su situación procesal.

Los imputados estaban presos en distintas cárceles, con arresto domiciliario en varias provincias y algunos como Jorge Norberto Igounet, Antonio Miguel Seghighi y Ricardo Baccini fueron desvinculados provisoriamente de la investigación por falta de mérito. La instrucción fue delegada en los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.

Los procesados son coroneles, tenientes coroneles, suboficiales mayores, capitanes, sargentos y penitenciarios. Se trata de: Walter Bartolomé Tejada, Hugo Jorge Delmé, Carlos Alberto Taffarel, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Andrés Reinaldo Miraglia, Alejandro Osvaldo Marjanov, Guillermo Julio González Chipont, Alejandro Lawless, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Martínez, Carlos Ferreyra, Luis Delaico, Pedro Cáceres, Gabriel Cañicul y Arsenio Lavayén.

Sus tres víctimas tienen una cualidad importante que les permitió identificar centros clandestinos de detención y unir los nombres con los rostros de sus torturadores: no sólo sobrevivieron al cautiverio, sino que estuvieron secuestrados por largas temporadas y luego fueron “blanqueados” en cárceles comunes a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Carlos Príncipi fue secuestrado el mediodía del 26 de febrero de 1977 cuando caminaba por la calle, por una patota de civil. Lo subieron a un auto a los golpes y lo llevaron al centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita. Allí fue sometido a interrogatorios bajo tortura, “submarino”, golpizas feroces, gritos y agresiones constantes durante quince meses. Estaba aislado, inmovilizado, vendado, estaqueado. Sus verdugos se burlaban diciéndole que habían matado a su compañera Patricia Acevedo. En abril de 1978 se lo llevaron en camioneta hasta la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta. Allí siguió aislado, sin poder contarle a su familia que estaba vivo, lo sometieron a un “simulacro de juzgamiento” que llevó a cabo el Consejo de Guerra Especial Estable del Comando V Cuerpo. Finalmente lo trasladaron a la Unidad Penal 21 de Ezeiza, desde donde recuperó su libertad en diciembre de 1982.

El 6 de julio de 1977 un grupo de personas armadas, vestidas de civil, entró a la casa de Hipólito Irigoyen 1451, donde vivían Rodolfo Oscar Maisonave y Ana María Germani. Además de pareja, eran militantes sociales y universitarios. Los subieron a autos distintos y los llevaron a La Escuelita. Con ellos secuestraron a Silvia Aylén, que tenía un año y cuatro meses y pasó aquella noche en el chupadero. Al día siguiente la dejaron en la casa de sus abuelos. Las primeras veces que torturaron a Maisonave con picana eléctrica, escuchó que su hija estaba en una sala contigua.

Germani fue alojada en una casilla rodante o vagón ubicado en el predio de La Escuelita, donde estuvo sola y tabicada. Estuvo con su hija y la custodia de los guardias. Cuando se llevaron a la beba, empezaron los interrogatorios con corriente eléctrica y los tormentos con connotación sexual. Volvió a encontrarse con su esposo unos días después, en el Batallón de Comunicaciones 181.

Después de un Consejo de Guerra, los dos fueron trasladados a cárceles comunes. Maisonave fue llevado a la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson y luego reintegrado a la Unidad de Villa Floresta. Germani se quedó en la UP4 hasta que la trasladaron a la Unidad 2 de Villa Devoto, para regresarla finalmente a la UP4. La pareja siguió presa incluso en democracia: fueron liberados el 14 de junio de 1984.

Fuente: FM De la Calle e Infojus.

(Por Alfredo Grande) La Marcha Patriótica, luego recaratulada como Himno Nacional Argentino, en su segunda estrofa era contundente: “Se levanta a la faz de la tierra / una nueva y gloriosa Nación / coronada su sien de laureles / y a sus plantas rendido un león”. León o leona, la Nación nueva y gloriosa se levantaba sobre la madrastra ibérica rendida a sus pies. Previo paso a pisotearla sin piedad por los numerosos crímenes contra la humanidad que los ejércitos españoles cometieron en estas tierras. Genocidio que disfruta de la impunidad de los cementerios.

Penosa y culposamente todas las estrofas que marcaban a fuego al invasor godo fueron censuradas. “En los fieros tiranos la envidia / escupió su pestífera hiel / su estandarte sangriento levantan / provocando a la lid más cruel.” Cuando la Marcha devino renga y se empezó a cantar el Himno, la libertad quedó marcada como el grito sagrado. Paradoja fundacional de la nueva Nación ya que la marca de lo sagrado impide toda libertad.

La cruz y su copartícipe necesaria, la espada, son la matriz imprescindible para que se impongan todos los mandatos y se mancillen todos los deseos. Incluso el deseo de libertad. La libertad por mandato no es libertad, sino sometimiento a las bulas laicas de los poderes de turno. Los derechos humanos por mandato del Estado son la mejor forma de encubrir los privilegios de la casta gobernante. La pestífera hiel de los fieros tiranos sigue usando todo tipo de desodorantes, enjuagues bucales, pastas dentales, a los fines de ocultar nauseabundas pestilencias. Los laureles democráticos siguen coronando nuestras sienes, pero ahora son de plástico. Garantía total aunque nunca le devolvemos su dinero.Las diversas formas de fraude, incluso el electoral, han sido protagonizadas por esbeltos y esbirros integrantes de los partidos autodenominados populares. Y nacionales. No recuerdo si Menem fue expulsado del Partido Justicialista. Un nervigenol ahí. Y el fraude no es la antesala de la maduración y la superación. Fraude es frustración y engaño. Ante esa cría sólo cabe esperar el tronar de algún escarmiento. No lo habrá y el verdugo de ayer podrá ser el gobernador de mañana. Y el Presidente.

La votación cada dos y cuatro años es una coartada para un crimen perfecto. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno para perpetrar aberraciones no democráticas, al estilo del cianuro en un río? La democracia. La mejor manera de ocultar un elefante en la calle Florida es llenarla de elefantes. O de demócratas. Que ocultarán con absoluta perfección trompas y colmillos. De la nueva y gloriosa Nación hemos arribado a “La Democrática”, corporación republicana. Los partidos políticos son empresas, los clubes deportivos son empresas, los artistas top son empresas, algunos programas de radio y tv son empresas. Y cuando digo empresas digo “emprendimientos lucrativos”. “Véndale a un capitalista la idea de la revolución y hará dinero con ello”. Creo que lo escribió Marx. Les vendieron a los capitalistas la idea de la democracia y hacen muchísimo dinero con ello. Por eso todos acuerdan en la redistribución de la riqueza pero muchísimos menos con impedir la acumulación de las riquezas.

Algunos jubilados pagan impuestos a las ganancias. Otro fraude que me hace dudar de que nuestros mayores estén cuidados. Pero la renta financiera está exenta, los magistrados del Poder Judicial no pagan ningún impuesto y sus empleados tampoco. Como dice el Himno, la igualdad es noble. Porque de popular no tiene nada. El Mercado de Votos une a las mercancías candidatos con los clientes ciudadanos (de cuarta). La Gran Corporación que es el Estado nos dice que éste es un país con buena gente, o en su versión local de la ciudad de Buenos Aires, donde en todo estás vos. Como sabemos que en este país hay gente aborrecible y que nadie puede estar en todo, la única conclusión es que no estamos en nada y que las biblias seguirán llorando junto a un calefón, aunque Metrogás no lo permita.

La República Corporativa incluye a estamentos intocables y absolutamente corruptibles. Desde la Sociedad Rural, pasando por el laberinto del terror de los bancos, incluso nacionales, los intermediarios de todo desde alimentos hasta voluntades populares, las castas burocratizadas de todos los Estados, que obviamente no somos todos, las mega empresas de la comunicación, que no solamente mienten, sino que falsean y distorsionan. La República tal como la padecemos es una Corporación de Corporaciones. Pero que la sabiduría de siglos de la derecha conservadora, reaccionaria y asesina, bien supo bautizar como “La Democrática”.

Al decir de Chomsky, en esa “ilusión necesaria” transcurre nuestra vida. Lo que he denominado el “alucinatorio social y político” Tres tristes candidatos de la alcurnia reaccionaria, sostienen discursos compatibles con “La Democrática”. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por corporativo. Si al menos cuando votamos pudiéramos recordar que los tiranos no dejan de escupir su pestífera hiel, la memoria histórica de nuestros héroes asesinados, torturados y desaparecidos, volverá a tener sentido. El sentido de que “si no cambiamos todo, no cambiamos nada”.

Se conocieron ayer dos resoluciones judiciales que condenaron a cuatro años de prisión a los proxenetas Juan Carlos Alcaráz y Ubaldo Roque López por explotación económica de la prostitución ajena. El primer caso fue ratificada por parte de la Cámara de Apelaciones bahiense la sentencia en primera instancia recibida por el regente de El Pibe de Oro y, en el otro, una jueza correccional mandó a la cárcel al encargado del privado Top Secret que se promocionaba en la web BahíaLove.

El pibe prostituyente

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó la condena a cuatro años de prisión a Juan Carlos Alcaráz por explotación económica de la prostitución ajena en el local nocturno “El Pibe de Oro”. El proxeneta había sido hallado culpable, en primera instancia, por el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 Gabriel Rojas.

Los camaristas Pablo Soumoulou y Guillermo Giambelluca rechazaron la apelación del abogado particular Sebastián Martínez argumentando que “el consentimiento de la víctima carece de cualquier relevancia jurídica y que la conducta allí reprobada queda configurada aun cuando en la explotación económica de la prostitución mediare consentimiento del sujeto pasivo”.

En la causa se comprobó la explotación de la prostitución de varias mujeres de nacionalidad dominicana, paraguaya y una argentina en el paraje popularmente conocido como “el Pibe de Oro”, a la vera de la ruta Nacional Nº3.

La situación fue comprobada en un allanamiento realizado el 14 de septiembre de 2013 por parte de personal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº14, la Policía Federal y la Dirección de Migraciones. Se detectó la presencia de varios clientes y ocho mujeres a quienes se les retenía el importe de entre 100 y 150 pesos que significaba cada “pase” en las habitaciones del lugar.

El propio Alcaráz se encargaba de cobrar y lo registraba en planillas o notas diarias. Además, se tuvo en cuenta como prueba de cargo la gran cantidad de preservativos hallados, las solicitudes de habilitación suscriptas por el encartado, las anotaciones de los “servicios sexuales” y las declaraciones de los efectivos policiales e inspectores de la Dirección de Migraciones.

Entre la prueba se destacan publicaciones en internet y redes sociales del condenado -con su propia foto incluida- en las que se requería: “se solicita señoritas C/ o S/ experiencia, para casa de cita o cabaret Pibe de Oro. Ofrezco muy buena remuneración y vivienda incluida. Las interesadas deben comunicarse al nro. que figura en mi perfil”. En su domicilio particular de Fitz Roy 438 de Bahía Blanca, se constató la existencia de documentación que lo vinculó directamente a la explotación de la actividad prostibular.

BahiaLove

Por otra parte, este martes se conoció un fallo de la jueza correccional María Laura Pintos quien condenó a  Ubaldo Roque López a cuatro años de prisión por facilitación de la prostitución de personas mayores de edad y explotación económica de la prostitución ajena. Los hechos fueron constatados hace un año y desde entonces el proxeneta está detenido en la Unidad 19 de Saavedra donde completará su pena.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima al teléfono de la oficina del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la cual se informó de la existencia de un “privado” en Luiggi 554.

En un allanamiento a la vivienda la Policía Federal ratificó que el lugar se hacía llamar “Top Secret” y era publicitado en la página web prostituyente BahiaLove. Allí se encontraban al menos tres mujeres de distinta nacionalidad que, según estimaciones judiciales, recaudaban entre dos mil quinientos y tres mil pesos por día por la explotación de sus cuerpos.

Durante el procedimiento se hallaron cuatro clientes y el proxeneta condenado de 42 años, domiciliado en Newton 2864. El delincuente fue aprehendido “al ser sorprendido en flagrante delito de facilitación y explotación de la prostitución ajena. El lugar fue clausurado por orden judicial y se secuestró la recaudación del día ($2500) y, también, numerosa cantidad de preservativos, cuaderno de pases y diversas anotaciones relacionadas con la actividad”.

El titular de la Asociación de Empleados de Comercio, Miguel Aolita, dijo que “sin ninguna duda” se sintió sorprendido por el procesamiento del ex secretario gremial de la entidad, Héctor Forcelli, en el marco de la causa Triple A “porque más allá que se rumoreaban algunas cuestiones, no el caso de que podía llegar a quedar detenido”.

“Forcelli fue un dirigente de Empleados de Comercio, ya no lo es, ya no lo era ahora, ya estaba jubilado. Igualmente desde el momento de la intervención en el año 2013 había finalizado su mandato como comisión directiva del gremio. Sus abogados tendrán que llevar adelante la causa y hacer la defensa correspondiente”, manifestó.

Aolita aseguró que lo conoció cuando él trabajaba en la Cooperativa Obrera y por la actividad “intersindical” que compartían como dirigentes de Punta Alta y Bahía Blanca. Luego se excusó de opinar sobre el pasado “porque por una diferencia de edad no viví épocas anteriores”. Tiempo atrás la concejala radical Aloma Sartor también se escudó en que “era chica” cuando le consultaron sobre la participación en el terrorismo de Estado del director de La Nueva Provincia, Vicente Massot.

“Cacarulo” está procesado con prisión preventiva por el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla, acusado de integrar la Triple A, la cual en el fallo fue definida como una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975.  Además del ex basquetbolista se encuentran detenidos Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. En la misma causa está imputado el suspendido camarista y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti, quien hoy faltó por cuarta vez a una indagatoria convocada por Ramos Padilla.forcelli intendencia

El dirigente sindical y ex directivo de la Asociación de Empleados de Comercio Alberto Brandán aseguró que Forcelli lo recibió armado en el rectorado de la UNS al concurrir a una entrevista con el interventor Remus Tetu. Forcelli estaba adentro de la sala y no intervino, era “el mandadero nada más”.

Brandán recordó que “tenía una trayectoria -siempre dentro de la CGT- como un matón, un tipo que andaba siempre buscando pleitos con los empleados de comercio. Nosotros en ese tiempo teníamos muchos problemas, era otro tipo de actividad sindical, más presiones y bueno la vivíamos también los empleados de comercio”. En aquellos años el matón “recibía las dádivas de la gente de la CGT, del que estaba en ese momento, del secretario de turno” que era Rodolfo “Fito” Ponce y luego habría empezado a “incursionar en comercio”.

En su defensa, el ex mano derecha del histórico dirigente Ezequiel Crisol, sostuvo que en la época de los hechos militaba en la Juventud Peronista, se dedicaba a jugar al básquet “y que su principal changa era ser empleado de comercio”. Comentó que trabajó como preceptor en la Escuela de Comercio “hasta que un teniente de navío de la marina lo dejó cesante” y que “nunca vio ni conoció al rector de la UNS Remus Tetu”, cuyo plantel de “personal de seguridad” integró junto al resto de los procesados.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron en abril que se investiguen 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975 “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles”. Aquella solicitud fue luego ampliada con la imputación contra los cinco civiles por “haber formado parte de una asociación ilícita destinada a la erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

Cuando el intendente electo Cristian Breitenstein burló la voluntad popular y prefirió hacer carrera junto al gobernador Daniel Scioli, el empresariado y “las fuerzas vivas” bahienses fueron a respaldarlo. A la derecha del jefe comunal se ubicó el custodio de Tetu (foto). Durante aquella campaña, Forcelli fue “el dueño de casa” que recibió a los candidatos del Frente para la Victoria en Empleados de Comercio (video).

(Por Giuliana Crucianelli) Durante los días 10, 11 y 12 de octubre se llevará a cabo el 30º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Mar del Plata. Se espera que concurran alrededor de 55 mil de todos los puntos del país.

A lo largo del fin de semana están pactadas numerosas actividades culturales, tales como espectáculos de danza, expresión corporal, obras de teatro, bandas, marchas y 65 talleres sobre diversos temas relacionados a las mujeres, tales como sexualidad, anticoncepción, violencia, mujeres de los pueblos originarios, crisis sociales, organizaciones barriales, educación, trata de personas, mujeres y salud mental, VIH- Sida y más.

La modalidad del encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. La iniciativa surge en el año 1985 cuando un grupo de mujeres luego de presenciar la Clausura de la Década de la Mujer en Kenia, decide reunirse para tratar diversas problemáticas que involucran a las mujeres de nuestro país, donde al igual que en el resto del mundo sufren una marcada desigualdad.

A partir de ese momento, se realizó el encuentro en diferentes provincias y año a año la cantidad de participantes fue cada vez mayor. Al encontrarse intercambian experiencias individuales para identificarse como colectivo con problemas que pueden solucionar entre todas.

“La mujer que vuelve tiene los mismos problemas que dejó al partir, pero ya no los ve de la misma manera, sabe que miles como ella creen posible cambiar las relaciones que la oprimen, desde familiares, hasta sociales y todas juntas luchan por hacerlo posible”, reza en el sitio oficial del evento http://30encuentromdp.wix.com/30encuentromdp#!30encuentromdp/c4nz

El domingo a la madrugada cinco personas resultaron detenidas durante cuatro allanamientos realizados de manera simultánea en un “privado” bahiense y un cabaret y otras dos propiedades en Ing. White. Como resultado, nueve víctimas en situación de vulnerabilidad -ocho oriundas de Paraguay y una argentina- fueron rescatadas.

En los procedimientos participaron José Nebbia, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Bahía Blanca y de la Unidad de Derechos Humanos, e integrantes de ambas dependencias del Ministerio Público. Este lunes estaban previstas las declaraciones indagatorias a los detenidos.

La pareja dueña del “departamento privado” ubicado en Bahía Blanca, donde se explotaba sexualmente al menos a dos mujeres trans de nacionalidad paraguaya -una de ellas con su situación migratoria irregular-, fue detenida por efectivos de Prefectura Naval Argentina, quienes fueron acompañados por el Programa de Rescate de Víctimas del delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Dirección Nacional de Migraciones.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) colaboraron con los representantes del Ministerio Público. La investigación había comenzado por la denuncia de una víctima, quien había logrado escapar.

Los otros operativos se concretaron en el local “El gran Burlesque” -en donde se detuvo al encargado y se rescató a siete mujeres- y en dos propiedades de la ciudad de Ingeniero White. En una de las viviendas, los uniformados aprehendieron a un hombre y a una mujer, quienes serían los propietarios del prostíbulo según la documentación hallada y la investigación previa.

Los allanamientos fueron la conclusión de una pesquisa que estuvo a cargo del fiscal Antonio Castaño -quien se encontraba a cargo de la Fiscalía N°2-  antes de que Nebbia fuese designado en esa dependencia.

Fuente: fiscales.gob.ar

Concejalxs del Frente Progresista Cívico y Social denunciaron antes de las primarias la existencia de domicilios falsos en los padrones de 2013 y 2015. De cara a las elecciones generales presentaron más pruebas ante la justicia de Bahía Blanca para que se investigue una supuesta “asociación ilícita”. Una de las personas acusadas es el funcionario público del Registro Civil de Monte Hermoso, Oscar Adrián Bertín.

“Estamos ante una asociación ilícita que a través de la colaboración de distintas personas tiene el objetivo de comprar votos con dineros públicos o con vales de nafta y acarrear a la gente”, dijo a FM De la Calle el abogado Leandro Aparicio y explicó que dicha organización estaría integrada por “funcionarios públicos y punteros” y “un sinnúmero de personas que han accedido a cambiar su domicilio y concurren a votar a Monte Hermoso una vez cada dos años”.

En la presentación judicial lxs concejalxs Carolina Bertazzo -candidata a intendenta por Cambiemos- y Victorio Dupuy manifiestan que “entendiendo que existían irregularidades acerca de la cantidad de electores y realizando una investigación pormenorizada, pudimos establecer que estos nuevos electores, tienen domicilios inexistentes, donde no existen construcciones, o donde viven familias que se domicilian en Monte Hermoso, pero en dicho domicilio aparecen una cantidad indeterminada de electores, por lo que entendemos que lo mismo se debe a una adulteración del domicilio a fines de poder votar a favor de un partido determinado”.

“Bertazzo fue candidata a concejal hace dos años y en las primeras PASO gana y en la segunda, al mes y medio, tiene la misma cantidad de votos, inclusive ciento y pico más, pero el oficialismo aumenta su caudal en cuatrocientos y pico. Ellos también empiezan a observar en Monte Hermoso, que es un pueblo chico, cómo muchas personas después van a preguntar por tal o cual funcionario al que le van a pedir dinero a la unidad básica”, manifestó.

Como dato relevante muestran el flujo de votantes entre los padrones del 2013 y 2015. Según el Censo 2010 la población de Monte Hermoso era de 6494 habitantes de lxs cuales estaban habilitadxs a votar por edad 4791 personas; el padrón del 2013 creció un 43% en electorxs respecto al censo 2010 y para 2015 un 60% más.

A su vez, la comparación entre los padrones de las últimas dos elecciones indican que dejaron de tener domicilio en el balneario 916 electores y a su vez existen 1712 nuevos (140 electores entre 16 y 17 años, aumento demográfico).

“Hemos presenciado en los últimos actos eleccionarios una procesión de votantes que lo hacen en combis contratadas y pagadas por el oficialismo de Monte Hermoso. El mismo funcionario del Registro Municipal ha brindado su domicilio -en el que vive junto con su esposa Sotelo Rosana Julieta, consejera escolar por el Frente para la Victoria y sus dos hijos- para que personas que no se domicilian en Monte Hermoso ‘posean’ su dirección en la calle Bahía Blanca 1053”, advierten.

cuadro monte

De Temuco a Bahía Blanca: los sueños inconclusos. Carlos y Sonia son hermanxs de Víctor ‘Lalo’ Oliva, inmigrante chileno de Temuco que vivió en Bahía Blanca desde 1974 y fue asesinado por la Triple A en 1975. Visitaron el estudio de FM De la Calle para invitar a la comunidad bahiense -el pasado 23 de septiembre- a una charla que dieron junto a Guido Bello, Jessica Visotsky, Dante Patrignani y Pablo Fermento de la Unidad Fiscal.

La actividad se realizó en el marco de los 40 años de la Operación Cóndor en el Cono Sur y fue organizada por la CTA, la Coordinadora por el Juicio a Montezanti, la Iglesia Metodista y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS.

Ya se realizaron actividades en Chile, Uruguay, Paraguay. En nuestro país, se recuerda en paralelo con los juicios de lesa humanidad y, a nivel local, con el juicio académico a Néstor Montezanti, docente universitario recientemente suspendido por su participación en la última dictadura militar como Personal Civil de Inteligencia (PCI).

Durante la entrevista Carlos explicó qué cosas hacía su hermano, cuáles eran sus intereses, dónde militaba, por qué fue un perseguido político y por qué lo asesinaron.

“Lalo respondía a los estímulos de la época. Empezó a militar desde muy joven en la enseñanza media y luego en la Universidad Católica de Temuco dentro del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Era un dirigente estudiantil y representaba al estudiantado de Temuco en el Senado. Militó hasta que llegó el golpe”.

La Universidad en la cual estudiaba lo consideraba un “sujeto peligroso” y esto, en parte, explica su exilio a la Argentina. Aquí transitó por las ciudades de Cipolletti, Buenos Aires y Bahía Blanca. Durante el tiempo que estuvo en nuestra ciudad, Lalo se inscribió en la carrera de Filosofía de la UNS, al tiempo que se vinculó al Partido Revolucionario de los Trabajadores. “Hasta que fue secuestrado en Cipolletti y lo asesinaron. En La Plata, en el Archivo Provincial por la Memoria, hay información que indica que la (policía) Bonaerense –en vinculación con la DINA- lo identificaba como jefe de célula del PRT”, agregó Carlos.

olivaJessica Visotsky es doctora en Historia y hace tiempo investiga el accionar de la Triple A en la UNS, puntualmente, las complicidades civiles. “Víctor es uno de esos 50 estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado”, expresó.

“En los últimos años se ha tomado conciencia de la memoria y de que estos juicios no pueden prescribir. Las organizaciones hemos luchado para que se haga justicia. En Chile se han creado cárceles que parecen hoteles para los acusados. Las penas han sido tan bajas, un insulto a la familia”, dijo por su parte Sonia.

En Chile se aplica una figura sui generis de media prescripción a los delitos de lesa humanidad, la única excepción son a los delitos cometidos por la cúpula de la DINA, con los cuales sí se aplica penas efectivas. “La Corte Suprema de Santiago acaba de condenar a 10 años a 3 carabineros con condena efectiva en caso de derechos humanos, es inédito en causas regionales. Hay luces, muchas sombras, nadie nos dijo que esto era fácil. Hay más retrocesos que avances. Entendemos que tenemos una responsabilidad moral, ética y política de llevar adelante estas causas, este es nuestro desafío”, agregó Carlos haciendo referencia a los procesos judiciales que se están desarrollando al otro lado de la cordillera.

La muerte de Lalo no es casualidad. Las fuerzas de la dictadura lo secuestraron y asesinaron porque él reunía un perfil particular: “era un inmigrante, militante, estudiante; fue elegido por la Triple A en alianza con la DINA. En algunos apuntes que estuve releyendo, me percaté de que la Bonaerense tenía información sobre él, lo tipifican como ex militante del MIR de Chile, antes de cometer el crimen. Esto lo hacía vulnerable porque acá no tenía mucha protección”, señalaron Carlos y Dante Patrignani haciendo referencia al hecho de que, después que asesinaran a Víctor, hubo una diáspora inmediata en Chile producto de ese terror.

Finalmente, los familiares de Víctor reconocieron la labor de la Iglesia Metodista en el pasado reciente y en el presente luchando por la justicia y la verdad: “hay que reconocer la labor que ellos tuvieron para acoger a exiliados chilenos en el ‘73,’74,’75. Más que nada porque hoy en día, ellos colaboran para que opere una justicia que no sea a medias”.

El CONICET y la Universidad Nacional del Sur aportarán tres millones de pesos para una convocatoria a proyectos de investigación dedicados a la evaluación integral de los recursos hídricos para consumo humano en la región.

“El convenio se firmará para realizar un estudio integral del problema. Nos comprometimos con especialistas del CONICET en realizar un documento, que llevará 2 años de realizado, para tener una vista más general de la problema”, explicó a FM De la Calle Sergio Vera, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNS.

Por otra parte, el funcionario informó que se encuentran “trabajando en el estudio de la calidad del agua, en la cantidad y en la diferentes fuentes actuales y alternativas. Con respecto al reciclado, queremos planificar, entre otras cosas”.

“La idea es convocar a un grupo de investigadores  de diferentes áreas, que elaboren un informe con base científica para tener un documento final. Sabemos que hoy en día la información es muy escasa”, remarcó.

Con respecto al informe que toman como plataforma realizado por Obras Públicas sostuvo que si bien pasaron 30 años “es más que obvio pensar que las cosas cambiaran pero el sentido es el mismo”.

“El próximo paso es mostrar las propuestas de los especialistas. La idea es tener 5 proyectos. Luego, con la documentación, la decisión es política”, finalizó.

Foto: El rector universitario Ricardo Mario Sabbatini y el  presidente del CONICET Roberto Salvarezza firman el convvenio (UNS).