(Por ¿Quién te juna?) Semanas atrás se dieron a conocer incidentes ocurridos en la planta de cloro soda, de Unipar Indupa. El comunicado oficial, sostiene que el incendio producido en inmediaciones de la empresa fue controlado por la brigada de emergencia del lugar y que, por protocolo se convocó a los bomberos de Ingeniero White.
Si bien, esto es lo que sabemos sobre lo ocurrido en la empresa perteneciente al polo petroquímico de la ciudad, todavía quedan algunas dudas sobre el incidente. En dialogo con ¿Quién te juna? (miércoles de 21 a 22), Adrián Vlek integrante de Aukan y activista por el medio ambiente sostuvo: “Como siempre pasa en estos casos no hay demasiada información pública sobre lo que sucede en las plantas del polo petroquímico”, al mismo tiempo agregó: “Lo que no se dice, y todavía estoy esperando alguna respuesta para despejar dudas es que: la automática parada de planta, significa cortar la producción y que, cuando hay una producción contenida, en la mayoría de los casos se libera parte de ese compuesto a la atmósfera a través de las chimeneas. Eso, en ningún momento del informe se dice”.
Claro está que la falta de información por parte de las empresas, así como la desconfianza de la sociedad en general aumenta, cada vez que sucede algo en el polo. Al respecto Vlek comenta: “Todas estas cosas que deberían ser aclaradas de manera inmediata, no sólo por los jerárquicos de la empresa, sino también por el CTE que es responsable de los controles. No hacen más que abonar a la desconfianza sobre lo que realmente pasa en cada evento de las plantas del polo y que, reavivan en cada incidente lo que paso con el cloro y las plantas de Solvay. Eso es una herida que no va a cerrar fácilmente, por toda la desconfianza que hay sobre lo que ocurre dentro de las plantas”.
Asimismo, vale destacar que la planta de Indupa, fue vendida a fines del año pasado. En relación a esto Adrián Vlek comentó: “El año pasado la adquirió una empresa brasileña. La planta estaba en venta desde el 2014, y la mayoría de las acciones las tenía el Estado a través del ANSES, y la controlante era la belga Solvay”. Además agrega: “Todos sabíamos en ese momento, que la planta de Solvay-Indupa era que la menos actualizaciones tenía, sobre todo en materia de tecnología y sistemas de seguridad. Por lo tanto, cada accidente que hubo, y que sigue habiendo en la planta de Indupa. Nos obliga a pensar, si realmente la empresa tiene las medidas de seguridad actualizadas bajo normas internacionales, con exigencias muy fuertes sobre el control ambiental y nos gustaría saberlo”.
Siguiendo esa línea, se tomó un momento para recordar cómo se fue conformando el polo desde sus inicios y cuáles son las repercusiones que tiene hoy en la sociedad bahiense. “En la década del ’80 con las inversiones que venían llegando de distintas empresas al polo petroquímico, la promesa era que esto se iba a convertir en la California de Sudamérica. Pero hoy, con este presente y con lo que pasó a través de la historia en las empresas de polo, sabemos que eso no fue así. Sólo el 1% de la población tiene trabajo dentro de las empresas del Polo Petroquímico y que, ha generado más inconvenientes que beneficios”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/06/FOTO-1-POLO.jpg?fit=1024%2C683&ssl=16831024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-06-26 01:16:052017-06-26 01:16:05“Sólo el 1% de la población tiene trabajo dentro de las empresas del polo”
La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal realizó esta mañana una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre la situación del sector a partir de las demandas que no fueron escuchadas por las autoridades comunales en la última paritaria así como por el incumplimiento de otras que sí habían sido acordadas.
Según el gremio, el contexto se agravó al hacerse cargo el sistema público de la atención de pacientes de PAMI ante la crisis de la obra social que no avizora perspectivas de mejoramiento. Cabe destacar, que la población afectada por esta problemática demanda muchos más cuidados que los habituales.
La atención municipal también está recibiendo una sobredemanda de afiliados y afiliadas a obras sociales que no cubren las prestaciones básicas como la de aquellas trabajadoras y trabajadores que en lo últimos meses perdieron sus empleos y, por consiguiente, sus coberturas médicas y afrontan difíciles realidades socioeconómicas.
Ante este panorama no hubo adecuación de los recursos humanos ni materiales.
Al precario estado de la infraestructura de las unidades sanitarias y los centros de salud, se sumó el anuncio de la construcción de otros centros sin profesionales para cubrir las vacantes de cargos que todavía no fueron concursados.
Este faltante, advirtió la Asociación, se repite en otras áreas del sistema sanitario local o es cubierto por personal precarizado mediante distintas formas de contratación irregular.
En el aspecto salarial, el Departamento Ejecutivo firmó un aumento en las categorías profesionales a cobrar a partir de julio que no cumplió y demora su pago.
Finalmente, el acuerdo paritario incluía una bonificación para el conjunto de las y los profesionales de atención primaria en reconocimiento a la complejidad de su labor, sólo restaba definir el monto. “El Ejecutivo nuevamente intentó negar el pago aunque ante el insistente reclamo abonó 200 pesos como suma fija, monto que interpretamos como el valor que da el ejecutivo local a la labor de la atención primaria de la salud que realizamos día a día”, afirmaron.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/06/IMG_7781.jpg?fit=5472%2C3072&ssl=130725472FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-06-14 21:49:292017-06-14 21:49:29Profesionales de la Salud advierten falta de recursos y personal
(Por Observatorio Petrolero Sur) Vaca Muerta es la principal formación de shale oil y shale gas de Argentina y una de las más “atractivas” del mundo. Se ha repetido hasta el cansancio que tiene una superficie de 30 mil km2, es decir 145 veces la Ciudad de Buenos Aires, o el 30% de la superficie total de Neuquén. Sin embargo, sus tentáculos se expanden mucho más allá de esos claros límite geológicos y la vinculan directamente con Entre Ríos y Gaiman (Chubut), con Buenos Aires, Luxemburgo y China.
Vista aérea de Loma Campana, el área más desarrollada en Vaca Muerta / Fabián Ceballos
Según la Administración de Información Energética de EE.UU. Vaca Muerta es el proyecto de hidrocarburos no convencionales de mayor potencial a nivel global por fuera de norteamerica. Más allá de los recursos hidrocarburíferos, esa oficina valora positivamente la cercanía a importantes cursos de agua y la infraestructura ya existente. Así bienes subterráneos y superficiales se complementan con la historia local por que la instituciones e infraestructuras son necesarias para lograr extraer los hidrocarburos desde la formación geológica..
Así entendida Vaca Muerta se compone también de una red de infraestructura existente y en proceso de instalación. Sus límites, entonces, lejos de ser claros, como supone la idea de los 30 mil km2, se difuminan en amplias regiones. Caminos, rutas, ductos y transferencias bancarias constituyen lo que llamamos los tentáculos.
En ese extenso territorio se instalan otros procesos necesarios de la producción hidrocarburífera como, por ejemplo, la extracción y traslado de las arenas, y el traslado por ductos y procesamiento –en refinerías o polos petroquímicos– de los hidrocarburos. Pero, además, todas esas actividades comparten el suelo con otras producciones –como la de los crianceros de ganado menor o la frutihortícola– y con otros usos: centralmente las ciudades, áreas naturales protegidas, comunidades mapuche. Como se ve los límites son imprecisos y la diversidad en torno a los usos del suelo donde se asienta el megaproyecto es notable.
Si bien para Vaca Muerta se produce nueva infraestructura, en la mayoría de los casos ésta se asienta sobre inversiones anteriores. Así, por ejemplo, se multiplican las transformaciones en rutas y vías férreas ya existentes. Ninguna de esas instalaciones por sí es una obra de muy grandes dimensiones, como puede haber sido la construcción de las grandes represas, como El Chocón, a fines de la década de 1960. Sin embargo, la suma de esas modificaciones convierte a Vaca Muerta en un megaproyecto, en un pulpo que supera en mucho los límites de la formación geológica.
La superficie de Vaca Muerta se subdivide en 200 áreas hidrocarburíferas, que han sido concesionadas a distintas compañías para su puesta en producción. La parcialmente estatizada YPF es la que mayor superficie tiene y la más importante en Argentina en términos de extracción de gas y petróleo. Pero hay también otro sinnúmero de operadoras y de compañías de servicios, diferentes estados, fundaciones y consultoras que tienen intervención en la definición de este megaproyecto.
En los lugares donde se expande la extracción hidrocarburífera se constatan una serie de problemáticas sociales, sobre todo generadas por la presencia de muchos hombres solos y con disponibilidad de dinero. Alcoholismo, trata de personas, consumo de drogas y narcotráfico, se conjugan con la suba indiscriminada del valor de las propiedades y alquileres son algunas de las problemáticas que los hidrocarburos generan en los lugares donde se extrae. Pero además, ante las expectativas que los anuncios oficiales generan, se hace necesaria la adaptación de las ciudades para absorber el crecimiento desmesurado. Según prevén desde el gobierno, “la capital nacional del shale”, Añelo, pasará de 6.000 habitantes en 2015, a 41 mil en 2019, es decir su población prácticamente se multiplicaría por seis en cuatro años.
Finalmente, ya más allá de las infraestructuras tradicionales, este tipo de explotación generan infraestructuras financieras y jurídicas, que rozan lo ilegítimo. Esas instituciones permiten, como las empresas off shore (asentadas en paraísos fiscales como Delaware e Islas Caiman, entre otros), por un lado, gestionar la financiación necesaria para la explotación y, por otro, liberar a las corporaciones de las obligaciones en caso de demandas posteriores. Al mismo tiempo, la juridicidad internacional y sus cortes intervienen en las disputas situadas dentro de las fronteras estatales, como establecen los acuerdos arribados con las compañías trasnacionales.
De este modo, Vaca Muerta se convierte en un territorio que excede en mucho los ya extensos 30 mil km2 de la formación que le dio nombre.
Infraestructura del fracking en el Cono Sur
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Las rutas
En la zona el automotor es el principal medio de transporte. Calculan que tres mil camiones se mueven diariamente por la cuenca hidrocarburífera neuquina. Por las limitaciones que existen o prevén, desde las oficinas gubernamentales trabajan para extender la ampliación de la ruta provincial 7 con cuatro carriles desde Centenario a Añelo. Para favorecer el mismo recorrido, invertirán cuantiosas sumas en mejorar las rutas provinciales 51 y 151, cuyo recorrido es paralelo a la ruta 7. En el mismo sentido avanza la autovía sobre ruta 22 que une Villa Regina con la ciudad de Neuquén y se prevé ampliarla hasta Arroyito.
Los trenes
Las recomendaciones oficiales indican la necesaria reactivación de los servicios ferroviarios. Mencionan los mejoramientos y puesta en funcionamiento del ramal Buenos Aires-Bahía Blanca-Neuquén- Contralmirante Cordero. También se proyecta la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces y la extensión de la línea desde Zapala hasta el paso internacional Pino Hachado. Se anunció, además, la intalación de una vía desde Trelew hasta Choele Choel para garantizar el transporte de arenas para fracking.
Procesamiento y basureros
Las refinerías, los polos petroquímicos y los basureros petroleros son inherentes a este tipo de explotación. Lo extraído en la region se vincula con las refinerías y los polos petroquímicos ubicados en Plaza Huincul (Neuquén), Luján de Cuyo (Mendoza), Ensenada, Bahía Blanca y Dock Sud (en Buenos Aires). Además, la extracción de no convencional es un proceso que genera cuantiosos residuos, por eso existen cuatro plantas de tratamiento en Neuquén a metros de la población. Por los reclamos, el gobierno las obligó a radicarse a ocho kilómetros de zonas urbanas y a cinco de áreas productivas. Comarsa junto a una nueva ompañía, Servicios Ambientales de Neuquén, se están instalando en las afueras de Añelo. Indarsa y Treater están “mudándose” al parque industrial de esa localidad, que no cumple con la normativa. Sobre el traslado de Real Work (Plaza Huincul) no hay novedades.
Vista aérea del basurero petrolero Comarsa en la ciudad de Neuquén / Fabián Ceballos
Gasoductos
Los gasoductos Neuba I y II que vinculan los yacimientos de la cuenca con Bahía Blanca y la zona Metropolitana de Buenos Aires utilizan actualmente a la mitad de su capacidad operativa. Así que no sería necesario ampliarlos en lo inmediato. El poliducto Mega, una empresa compuesta por YPF, Pampa Energía y Dow Argentina, también une la zona con Bahía Blanca. Una de las inversiones más destacadas para YPF ha sido la realizada en el área Estación Fernández Oro (Allen) para trasladar el gas extraído a los troncales y anunció que ampliará esa conexión. Este es otro paso en la brutal transformación que ha sufrido la localidad desde el boom del fracking. Otro gasoducto de relevancia es el Centro Oeste que vincula la zona con la región de Cuyo y posteriormente con Santa Fe. Dos gasoductos vinculan la región con Chile: el denominado Pacífico que une Loma la Lata con el puerto de Concepción (puerto de GNL), y GasAndes que vincula Mendoza con Santiago de Chile y Bahía Quintero (puerto de GNL). Pueden ser utilizados para exportar, como para importar gas.
Los oleoductos
En relación a oleductos, la compañía Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), mantiene los 1700 kms desde Rincón de Los Sauces y Challacó (ambas en Neuquén) hasta Bahía Blanca, por donde se transporta más el 80% del petróleo de la cuenca. Otro oleoducto de relevancia une el área de Puesto Hernández (Neuquén) con la refinería de Luján de Cuyo.
La arena del fracking
El agente sostén es un insumo fundamental para el fracking. La arena de sílice, causante de una enfermedad pulmonar llamada silicosis, es uno de los principales componentes usados con ese objetivo. Este insumo hoy se importa desde China, Brasil y EE.UU. A nivel local se extrae de Entre Ríos y Chubut. YPF adquirió campos en el departamento de Gaiman, a 120 kilómetros de Trelew, para convertirlos en yacimientos de esa preciada arena. Una compañía local comenzó a extraer, lavar y fraccionar la arena allí y la transporta en camiones hacía Vaca Muerta. En tanto, YPF, cuyo proyecto en Chubut permanece frenado, ya instaló una planta de procesamiento de arenas en Añelo.
Planta de tratamiento de arenas en Dolavon (Chubut) / Jorge Ariza
Pasos fronterizos y aduanas
Vaca Muerta está fuertemente integrada hacia el Atlantico, la planificación pública persigue vincularla también con el mercado del Pacífico. Esto se manifiesta en las modificaciones de las políticas aduaneras que apuntan en esa dirección, pero también en los proyectos de mejora de los pasos fronterizos. En este sentido, están intentado darle mayor relevancia al paso internacional Pichachen por el norte de Neuquén. El Paso de Pino Hachado es transitable todo el año y vincula los puertos atlánticos de Bahía Blanca y San Antonio Oeste con los puertos de Concepción, San Vicente y Talcahuano en Chile. A su vez, se complementa con el Polo Logístico de Zapala, zona primaria aduanera y punta de rieles del ferrocarril hacia Bahía Blanca.
Infraestructuras parainstitucionales
El acuerdo entre Chevron e YPF permitió conocer que la creación de sociedad “offshore” es un modus operandi. Para llevar adelante ese convenio se creó un complejo entramado de compañías radicadas en paraísos fiscales de Delaware (EE.UU.) y en las Islas Bermudas. Algo similar sucede en otros contratos. Así las empresas esquivan controles fiscales y regulatorios, y evitan posibles imputaciones judiciales. Otro de los elementos que emerge del contrato es que el marco jurídico aplicable es el del Estado de Nueva York y que el arbitraje internacional se radica en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
En octubre de 2016 se conoció el derrame de 240 mil litros de líquido de inyección. En la fotografía, realizada pocas semanas después, se observa las líneas de árboles ya secos que fueron afectados por los químicos / Fabián Ceballos
Las zonas de preservación
El avance extractivista se desarrolla mediante políticas públicas impulsadas por los gobiernos involucrados, permitiendo la exploración, explotación y las actividades conexas hidrocarburíferas. Como resultado, la actividad petrolera se ha incorporado a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo, que modifica el entorno en zonas urbanas, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuche, zonas de densidad productiva no petrolera y puntos críticos de riesgo sobre fuentes hídricas como ríos, lagos o acuíferos.
En la norpatagonia, más específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro, epicentro de la actividad de Vaca Muerta en la actualidad, hay factores que cimentan la expansión permitiendo que se dé sin ningún tipo de límites ni condicionantes. Así, el extractivismo sustenta su avance en: una tradición petrolera, una idea de progreso y hegemonía, un Estado rentista, y las mejoras de costos y subsidios para la extracción.
El avance de las fronteras extractivas se torna dinámico, sin límites y con pocos condicionantes. Los distintos gobiernos ven en la extracción la posibilidad de acceder a dinero inmediato para sortear las crisis recurrentes. En ese camino, la coparticipación petrolera en el caso de los municipios, las regalías en las arcas provinciales y las inversiones en las nacionales hacen que el disciplinamiento al capital internacional sea una norma.
En este contexto, creemos que más allá de la necesaria discusión más general sobre la necesidad de una transición hacia otras fuentes de energía, es urgente reclamar el establecimiento de zonas de preservación como forma propositiva en la búsqueda de un futuro mejor. En este sentido, encontramos cinco zonas de preservación prioritarias: zonas urbanas, fuentes hídricas, zonas de densidad productiva, territorios comunitarios indígenas, y las áreas naturales protegidas.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/04/infre1-1024x767.jpg?fit=1024%2C767&ssl=17671024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-04-27 02:09:182017-04-27 02:09:18Vaca Muerta, un megaproyecto que se extiende
Arroyos y ríos desbordados, rutas cortadas o con circulación limitada, cientos de viviendas inundadas, campos bajo agua donde apenas asoman los postes del alambrado y la población refugiándose en lugares precarios, son imágenes cada vez más frecuentes.
Esto no es casualidad. Hay certeza ya de que es el modelo agrobiotecnológico el responsable de esta situación cada vez más recurrente, caracterizada por desbordes inusuales, como las recientes lluvias que arrojaron un panorama desolador al registrarse solo en la provincia de Santa Fe más de un millón de hectáreas bajo el agua.
Para tener una noción del panorama actual, pueblos y ciudades enteras han quedado sumergidos como Pergamino, La Emilia, San Nicolás, Rafaela, Arroyo Seco, y casi un centenar en la región centro, en la pampa húmeda, una región que fuera una de las más fértiles y ricas del mundo.
En este marco, si bien son necesarias las obras hidráulicas, éstas solo maquillan un problema coyuntural: El deterioro manifiesto en el que se encuentran los suelos hace que los mismos no absorben lo que deben, escurriendo dichas aguas hacia las cuencas inferiores. Esto es lo que en definitiva agrava las inundaciones.
Estudios realizados por Universidades Públicas y especialistas de distintas disciplinas ratifican, entre otros, que los cultivos de raíces pequeñas como la soja transgénica no permiten la infiltración profunda o la evaporación; la eliminación de la actividad pecuaria provoca la subida de las capas freáticas, la desaparición de la fauna y flora por la aplicación de más de 300 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña, compacta los suelos y los convierte en un vidrio en el que rebota el agua.
En efecto, la aplicación del paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa, base del agronegocio, significó la subida de las capas freáticas, la uniformidad de la granulometría superficial del suelo y la muerte directa de los micros y macros organismos edáficos alterando negativamente los ciclos del agua y los nutrientes, el flujo de energía y la dinámica de las comunidades por encima y debajo del suelo.
Se confirma, una vez más, que seguir insistiendo con las buenas prácticas agrícolas o de labranza, no constituyen una solución ni razonable ni ética a este problema, dado que nos encontramos frente a un modelo de producción hegemónico y fuera de control que, en modo similar a la minería, desequilibran la situación funcional del suelo y le exprime el suelo hasta sus últimos nutrientes.
Si a este panorama le agregamos los múltiples focos de incendios en las provincias de La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, incontrolables por los escasos recursos de contención del fuego que hay disponibles, que provocaron la masiva mortandad de animales y cientos de hectáreas desbastadas por el fuego. Los ríos enteros contaminados por los numerosos derrames de cianuro provocados por la actividad minera, dejando a poblaciones enteras sin acceso a agua potable y una mortandad de peces incalculable. El impactante alud que enterró las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya en Jujuy, cuyos habitantes se esfuerzan por recuperar sus casas, anegadas por el lodo y, de alguna forma, recuperar la vida cotidiana. Las millones de hectáreas de bosque nativo destruidas en aras de “supuestas inversiones” o mejor dicho de “especulaciones inmobiliarias”, comprenderemos que nuestro país atraviesa por una verdadera sitaución de catástrofe ambiental.
No cabe ninguna duda de que la aceleración de las desastres ambientales que hoy padecemos son la resultante de un modelo productivo extractivista salvaje que, violando las leyes de la naturaleza, ha seguido las leyes del Dios Mercado basadas en priorizar las máximas ganancias para unos pocos, con consecuencias que las paga todo el pueblo, no solo con la pérdida de sus bienes, sino también porque compromete su salud y su bienestar, como asimismo, su presente y su futuro.
Es claro que el modelo de producción aplicado no es amigable con el ambiente, y que los daños que genera son sufridos por miles de ciudadanas y ciudadanos argentinos, sumado a las incalculables pérdidas sociales, económicas y productivas que ello implica en general para nuestro país.
A 20 años de la implantación de este modelo productivo, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los investigadores y científicos, las universidades, las víctimas que se acumulan en cada rincón de la patria, vienen alertando de las consecuencias de envenenar masivamente el suelo, el agua, el aire, la naturaleza y la vida misma.
Los responsables debajo de esta catástrofe “natural”, sanitaria o ambiental. tienen nombre y apellido, son productores inescrupulosos, inversores y financistas, profesionales y funcionarios que pertenecen a una economía concentrada, monopólica y transnacional, que lucran desde hace décadas con el sufrimiento y la expoliación de los pueblos ,lo que hace que sostengamos que urge la toma de responsabilidad por parte del estado de gestionar otro modelo de producción, donde se respeten los equilibrios ecosistémicos y deje de lado las declaraciones de “emergencia agropecuaria”, que todos subsidiamos y cuyo destino final beneficia a unos pocos.
Sostenemos una vez más que hay una alternativa, una verdadera salida para enfriar el planeta y actuar sobre el cambio climático y no es con represión ni con su acción desenfrenada. Solo superaremos la difícil situación que atraviesa nuestro país, planificando revertir el camino desarrollado hasta ahora, y es optando por el modelo agroecológico de producción que se opone al agronegocio.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología – Universidad Nacional de Luján (UNLu), Argentina.
Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales – Sede Trelew de la UNPSJB, Argentina.
Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria (CLAySA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/01/soja.jpg?fit=400%2C265&ssl=1265400FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-01-25 11:15:522017-02-04 11:18:13Modelo productivo estractivista y sus consecuencias: inundaciones, incendios, derrames
La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Profertil SA por la emisión de olor a amoníaco detectada ayer por el sensor ubicado en las instalaciones del Club Náutico Bahía Blanca.
Según la comuna “inmediatamente el inspector recorrió las zonas aledañas a la empresa y específicamente el Club Náutico Bahía Blanca pudiendo constatar que el olor provenía de la empresa”.
“Esta situación generó preocupación y molestias en la población por lo cual se recibieron 14 denuncias vecinales a través de los teléfonos de emergencia, desde las 18:10 hasta las 19:30”.
A las 16:30 la empresa avisó que debido a una falla en el suministro eléctrico -“una variación en la frecuencia del sistema eléctrico nacional”- se produjo la parada total del complejo. Además informó que el amoníaco percibido en el aire provenía de la antorcha de la planta amoníaco.
El olor se calificó como Grado 4 de la Tabla I de intensidad y Grado 2 de la Tabla II de irritabilidad del anexo V del decreto 3395/96 reglamentario de la Ley 5965. Por lo tanto se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art.2 de la Ley 5965, Art.10 Decreto Reglamentario 3395/96 conformes Anexo V Tabla I y Tabla II y falta a la Ley 11459, Art.1 del Decreto Reglamentario 1741/96; por no desarrollar su proceso en un marco de respeto y promoción de la calidad ambiental. El acta el infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible OPDS.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/12/IMG_1962.jpg?fit=2160%2C1440&ssl=114402160FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-12-29 14:13:062016-12-29 14:13:06Escape de amoníaco en Profertil
La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Central Piedra Buena S.A por emisión de ruido molesto. El hecho se registró anoche 22:30 y generó temor en los barrios cercanos por el “fuerte temblor” que acompañó al ruido. Hubo 94 denuncias.
“A las 22:32 hs del día 02/12/16 inspectores del CTE constataron la emisión de ruidos intensos provenientes de la Central Piedra Buena, los mismos superaron los límites legales para emisión sonora en horario nocturno, con una duración de 6 minutos. Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art. 1 del Decreto 1741/96, Ley 11459, conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) modificado por la resolución 94/02 (ex SPA)”, dice la secretaría a cargo de Adriana Chanampa.
Agrega que la empresa afirmó que la parada de la Unidad 29 fue “por una falla en el sistema de control” y que “como consecuencia de dicho evento se produjo un venteo de vapor de agua a la atmosfera, a través de la apertura de una válvula de seguridad con emisión de ruido intenso”. “El hecho no significó un riesgo a la comunidad, si bien generó preocupación entre los vecinos, a través del teléfono de emergencia 911 se recibieron 94 denuncias de los vecinos”.
Por su parte, el acta de inspección Nº 5405 del CTE sostiene que “la causa de la parada imprevista fue el apagado de los quemadores por falta de combustible, sin actuar el corte automático de las bombas de alimentación de agua a la caldera, obligando al personal a actuar las mismas en forma manual, en campo. De acuerdo a lo observado en la evolución de las variables operativas, el evento duró 2 minutos 30 segundos en los que se venteó vapor de agua por las válvulas de seguridad actuantes”.
Las explosiones en la central y las infracciones por ruidos fueron reiteradas durante el año. Las actas fueron enviadas al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, ente duramente cuestionado meses atrás por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/06/TORRE-TERMO.jpg?fit=2507%2C1147&ssl=111472507FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-12-03 13:19:292016-12-03 13:19:29Temor por ruidos en la termoeléctrica
El Concejo Deliberante alcanzaría esta semana el consenso necesario para transformar en ordenanza un proyecto que “regule” los concursos de belleza y las elecciones de reinas. De aprobarse, dichos eventos no podrán contar “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y solo podrán participar adolescentes desde los 16 años con consentimiento de “ambos padres” y mayores de 18 libremente.
“Sin necesidad de llegar a un extremo de la prohibición de los concursos de belleza, en procura de no atentar contra derechos personales e individuales, se propone establecer una serie de condiciones que regulen a los mismos, garantizando que se realicen en el marco de la legislación vigente en materia de igualdad de género y dejando en claro que este tipo de iniciativas no se incluyen entre aquellas que deberían recibir forma alguna de aliento, colaboración o auspicio por parte del Estado”, dice el texto que se votará.
El despacho establece que los concursos de belleza que se realicen en el partido de Bahía Blanca no contarán “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y prohíbe la participación de menores de 18 años en certámenes en que “se evalúen atributos físicos” aunque permite una “autorización especial” para mayores de 16 con “consentimiento escrito” de “ambos padres”.
Dispone que los certámenes que se realicen con apoyo comunal no estén “ligados ni asociados a la evaluación del aspecto físico de mujeres y hombres y sean sustituidos por el reconocimiento a personas que en forma individual o colectiva se destaquen en el cultivo de valores ciudadanos, participativos y solidarios, fortalecimiento de la identidad y las tradiciones positivas, superación personal, conocimientos académicos o aptitudes artísticas o deportivas”.
Sus organizadores deberán “simultáneamente” y “por su cuenta” realizar “actividades de promoción de la equidad de género, prevención de la violencia contra las mujeres y la discriminación y concientización sobre los efectos negativos de todos los tipos de violencia”.
La iniciativa prohíbe la participación de “funcionarios municipales y concejales como jurados” o en la entrega de reconocimientos, sugiere la conformación de una comisión asesora dentro del Consejo Local de las Mujeres para monitorear el cumplimiento de la ordenanza y “proponer acciones que acompañen, difundan y promuevan su espíritu”. Asimismo, quienes participen y “verifiquen acciones u omisiones contrarias” a la norma podrán denunciarlas “ante la autoridad que corresponda”.
Los fundamentos
Los bloques coincidieron en “la necesidad de trabajar en pos de la eliminación de determinados estereotipos de belleza que, sin duda, pueden menoscabar la dignidad de las mujeres, especialmente niñas y adolescentes a partir de su participación en concursos y/o elecciones de representantes”.
El proyecto se inscribe en el trabajo de “distintos sectores” que buscan prohibir dichos eventos para evitar la “cosificación de la mujer” y la “violencia simbólica” impulsadas por “organizaciones feministas e instituciones” y continuada, por ejemplo, por las que integran la Red Local de Violencia de Género.
Si bien considera “que los concursos de belleza son una tradición en fiestas populares” destaca que “se pueden seguir desarrollando certámenes, concursos, fiestas patronales, etcétera, que continúen alimentando la tradición y la construcción de la identidad de las comunidades sin que ello suponga la discriminación o estigmatización de las mujeres”.
Sobre su carácter discriminatorio suma argumentos de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, del Comité de los Derecho del Niño y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“La cancelación de estos concursos de belleza debería encontrarse incluida en una reflexión más amplia sobre la equidad de los géneros y el lugar que las prácticas sociales tienen en la búsqueda de ésta y nos plantea un desafío pendiente que deberíamos re-pensar a la luz de los instrumentos jurídicos analizados”, afirma el despacho y agrega que “como lineamiento de mínima, se impone con urgencia la eliminación de todo criterio discriminatorio y lesivo del principio de igualdad que, en los reglamentos de estos certámenes, se estipula en relación a las aspirantes, estableciendo distinciones arbitrarias de oportunidades y de trato que nuestro sistema vigente de protección de los derechos humanos claramente no admite”.
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Con participación de integrantes de Concejos Deliberantes, de organizaciones ambientales y habitantes de varios partidos de la Cuenca de Claromecó, se realizó el viernes en Sierra de la Ventana un nuevo encuentro para definir estrategias de resistencia al fracking y otras prácticas contaminantes en la región. Bahía Blanca no tuvo representación legislativa.
Se concluyó reforzar la presencia de la asamblea en los municipios que aun no cuentan con ordenanzas antifracking y propiciar la actualización de las normas existentes en relación a la gasificación subterránea de carbón, impulsar una ley provincial con los mismos objetivos, propiciar el uso de energías renovables e insistir en el pedido de informes a la gobernadora sobre los proyectos en marcha.
Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, destacó la necesidad de conocer las técnicas que pretenden utilizarse y los antecedentes internacionales de su aplicación para poder transmitir la preocupación a las comunidades de la cuenca.
Por ejemplo, los estados australianos de Victoria y Queensland prohibieron la gasificación subterránea de carbón y Escocia decidió este mes desalentar su uso. “Los estudios que la provincia de Buenos Aires financió para el aprovechamiento limpio de carbón ponen como referencia estos proyectos de Australia como que eran re seguros y ahora estamos viendo como los están tirando abajo y en una etapa piloto, no llegó a tener un desarrollo industrial”.
“Hay gente haciendo lobby, recorriendo los campos, hablando con la gente, les dicen que la extracción de gas de carbón va a servir para generar urea para fertilizar los campos. Nos están usando como chanchitos de la India”, dijo el periodista y agregó que “en Australia decidieron que el desarrollo económico que plantea la agricultura no se puede poner en juego con estas promesas de bienestar del desarrollo de carbón”.
En cuanto a la explotación, Scandizzo explicó que se trata de “mantos de carbón que están entre 400 y 800 metros de profundidad, muy cerca de los acuíferos. No se va a sacar el carbón sino que va a permanecer en el subsuelo. Hay dos técnicas, una es que en el manto hay carbón, hay agua y hay gas metano. Una de las posibilidades es el aprovechamiento -como dicen las empresas- del gas intersticial”.
“Al perforar, al fracturar ese carbón para que libere el gas, se saca el agua porque está haciendo presión para que el gas no se mueva. A partir de ahí se extrae el gas. El problema además es que el agua es salobre y viene acompañada de una cantidad de químicos que participaron de la generación del carbón y que también tiene restos de metano, la disposición final es un problema muy grande”.
En el aprovechamiento de gas asociado a carbón sucede que al fracturar, “si la presión es mayor a la presión hidrostática que tiene ese manto, se rompe la roca que está sirviendo como techo y deja migrar ese agua almacenada hacia los acuíferos de la superficie”.
Para la gasificación subterránea del carbón “se hace un pozo de entrada en el que se inyecta oxígeno, se genera la combustión del carbón que está en la veta y los gases que se generan son sacados por otro pozo productor. Ahí se separa el gas sintético, el metano y demás”. En los pozos de monitoreo australianos pasó que cuando llegó el rastro de contaminación “ya se habían mandado una macana muy grande”.
“No tienen constancia de que la roca sello haya quedado en buen estado porque ha habido migraciones hacia la superficie y en la cavidad no pudieron controlar que la combustión se haga por segmento, que se queme una parte de carbón y no avance hacia otros costados. Eso genera el fenómeno de subsunción, que se hunda el suelo, que tal vez en la superficie no se nota pero sí en las formaciones geológicas y se altera el curso de las aguas subterráneas”, detalló Scandizzo.
Ana Colantonio, del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos, comentó a FM De la Calle que las exploraciones en la Cuenca de Claromecó existen “desde 1960 con la Ley de Hidrocarburos en la época de los militares” aunque las “dio a conocer el gobernador Scioli en 2010. No es algo improvisado que cae por sorpresa”.
Aseguró que “en Tres Arroyos tuvimos un lobista antes de que comenzara esta discusión de la gasificación subterránea, convocó a pocas personas y nos vino a vender esto como producto limpio. No es limpio para nada, la diferencia que el lobista te va a decir es que el fracking usa agua que es por lo que la gente protestaba y en esto se va a usar aire, pero es mucho peor. (…) Es más silencioso pero hay que tener cuidado con lo que nos venden las corporaciones porque a ellos no les va a interesar la salud ni romper con la economía regional”.
María Saint Martín, asambleísta de Laprida, comentó que en su partido se movilizaron y fueron casa por casa para juntar tres mil firmas que les permitieran avalar proyectos de ordenanza antifracking y “para el cuidado del agua y que prohibiera el depósito de residuos peligrosos”.
Las iniciativas fueron expuestas desde la Banca Ciudadana con el respaldo de un tercio de la población comunal aunque “no logramos nada porque el Frente para la Victoria era mayoría -y aun lo sigue siendo- y nunca decidieron tratar el tema”. “Incluso fue gente de YPF a querer convencernos de que los químicos que usaban eran los mismos que usaban en los chupetes de los bebés y en un montón de cosas que usábamos en la vida diaria. Nos reunieron a todos para decirnos eso y mucha gente se enojó y se fue de la exposición porque dijeron ‘nos están tomando el pelo'”.
El concejal de Pringles Osvaldo D’Annunzio (GEN) recordó que en su municipio la aprobación de la ordenanza contra el fracking “fue difícil porque había dos posiciones, a favor el oficialismo de ese momento, incluso vino gente de la provincia hablando de las bondades de este método, pero el Concejo Deliberante logró el consenso y se aprobó por unanimidad”. Además, valoró el interés del periodismo que “se ha comprometido más que la parte política”.
Tras la audiencia, el ex edil de Guaminí Ignacio Zavaleta (UCR) dijo a FM De la Calle que “hemos tenido avances enormes tanto en la construcción de la conciencia institucional por medio de ordenanzas, se va sumando muy lentamente la conciencia ciudadana que es el trabajo al que falta darle un poco más de impulso”.
“Los interesados en este tipo de explotación tratan por todos los medios que quede invisibilizado, eso les permite avanzar sin ningún tipo de contratiempo, por eso nuestro planteo resulta sumamente incómodo. Nos falta toda esa estructura y ese espacio en los medios para llegar a la gente, una política más incisiva en cuanto a la parte educativa, ir a los colegios, si bien ya lo estamos empezando a hacer”.
Finalmente, ante la falta de anuncios oficiales, Zavaleta afirmó que “el Estado nos brinda información cuando detecta que nosotros ya la tenemos, mientras tanto se hacen los sotas y miran para otro lado, pero cuando saben que vamos a buscar algo específico: ‘acá está’. La van demorando pero ya con lo que tenemos es suficiente para ir a fondo con este tema y pararlo de una vez por todas”.
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La resolución de Ortiz había sido bien recibida por profesionales de distintas disciplinas porque les “hubiera dado muchísimas más herramientas” y en un contexto de creciente rechazo a la violencia machista, los femicidios y la vulneración de derechos de las mujeres.
Así lo afirmó a FM De la Calle la médica Selva Lamtzev, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quien comentó que “en 2013 más de cuarenta mujeres murieron por abortos clandestinos que consideramos que son femicidios, muertes que pudieron haber sido evitadas si realmente el sistema de salud se hiciera cargo de lo que le toca”.
El aborto en casos de violación o cuando esté en riesgo la salud de la mujer es legal en Argentina desde 1921. Lamtzev sostuvo que “el Código Penal habla de que corra riesgo, riesgo es que pueda ocurrir algún evento que perjudique la salud de la mujer, no habla de que ese evento esté ocurriendo. En el fallo FAL la Corte puntualiza que cualquier mujer que haya tenido un embarazo producto de una violación tiene derecho a realizarse un aborto legal en el sistema de salud público o el privado”.
“En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación saca un protocolo de ILE que es muy interesante por dos cosas. En primer lugar por puntualizar algunas cuestiones más específicas en relación a las mujeres que tienen acceso, a cómo realizar la atención, a reafirmar el fallo FAL en relación al acceso al aborto legal en casos de violación y también en comprender lo que decía del riesgo para la salud. Cualquier mujer que se encuentra en gestación ya sea deseada o no tiene un riesgo exacerbado para su salud. Cualquier mujer, incluso previamente sana, por el simple hecho del curso del embarazo puede tener una serie de enfermedades relacionadas con el mismo”.
Lamtzev valoró además que el protocolo de 2015, en línea con la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como “un estado de bienestar bio-psico-social”. “Una mujer que se enfrenta a un embarazo que afecta a cualquiera de esas tres esferas estaría dentro del protocolo y podría solicitar la interrupción legal del embarazo”.
“Lo de Vidal es un retroceso increíble, nos lleva a un oscurantismo tremendo que pone la salud de las mujeres en una situación super precaria. También considerando que estamos teniendo dificultades para garantizar los métodos anticonceptivos”.
La profesional declaró que la obstaculización del aborto legal y el recorte en salud sexual y reproductiva “da la pauta de cuál es la visión del rol de la mujer en la sociedad para este gobierno, o sea, tu único camino en la vida es ser madre, lo quieras o no lo quieras. (…) No son hechos aislados sino que forman parte de una política de agresión hacia las mujeres”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/10/vidalhome_0.jpg?fit=700%2C287&ssl=1287700FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-10-27 20:09:522016-10-27 20:20:36Vidal con la Iglesia y contra las mujeres
(Por Mauro Llaneza) Las empresas del polo petroquímico desistieron de las declaraciones de un grupo de pescadores artesanales a quienes habían convocado como testigos en el marco de la causa civil por contaminación en la ría que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. Durante la audiencia que encabezó ayer el juez Agustín López Cóppola solo se escuchó a un empleado del Consorcio del Puerto.
“Deberían haber declarado los pescadores que son actores de esta acción civil, es una prueba ofrecida por la parte demandada donde se los cita -se llama absolución de posiciones- para que digan si determinados puntos son verdades o mentiras”, dijo el abogado Lucas Beier en FM De la Calle.
A su lado, el pescador Miguel Ángel Córdoba afirmó que fue a responder las preguntas de las empresas “con la frente en alto, no como ellos que es una agachada, lo que hicieron es de muy cobardes, no querer escuchar la realidad o la verdad es de muy cobarde, nadie les iba a mentir”.
“El único que declaró fue un testigo ofrecido por el Consorcio del Puerto, que es (Alberto) Carnevali, que es empleado del puerto, y contestó algunas preguntas referidas al dragado” y a la posibilidad de que haya causado daños. Beier destacó que el testigo “manifestó sobre los estudios que se hicieron sobre los sedimentos, si esos estudios estaban dentro de los parámetros autorizados por el OPDS, dijo que sí, motivo por el cual el OPDS autorizó la obra del dragado”.
La contaminación del estuario es investigada en una causa penal que tramita la justicia federal y otra civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.
El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo: “¿Qué es esto? Toda la comunidad sufrió un daño, el ejemplo más tangible es la clausura del balneario Maldonado que ya no es con agua salada, alguien si se quiere ir a bañar a Cerri no puede, si quieren comer en el muelle de Cerri no pueden porque está contaminado, entonces todo eso debe resarcirse a la comunidad y tendrá que resolver el juez de qué modo”.
En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores que impulsan la demanda con el fin de lograr un “resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio”.
Contaminar o no contaminar
El abogado destacó que nadie está haciendo nada clandestinamente, tanto el vertido de tóxicos como el dragado están autorizados por la provincia, por eso la consideran responsable. “Más allá de que la provincia dice que las empresas pueden arrojar ciertos parámetros no se controla si cumplen, hay una falta de servicios de la provincia porque el CTE controla una o dos veces al mes. Con eso es imposible saber cuánto es el acumulado (…) estamos pidiendo que se analice el barro, que se analice agua y principalmente las especies vivas, ya sean moluscos o peces. Ahí vamos a saber si existe una bioacumulación de metales pesados tóxicos, por ejemplo el mercurio que es tóxico sin importar la cantidad”.
Beier explicó que “la Ley de Pesca de la provincia de Buenos Aires no habla de parámetros, dice que está prohibido. Está prohibido arrojar sustancias tóxicas que puedan generar un daño a la biología. Como este es un sector de pesca, los pescadores son actores en esta causa y la justicia les dio el lugar de actores y querellantes en la penal, ellos están ejerciendo su actividad o la ejercían al menos dentro de la misma zona donde las empresas arrojan sus sustancias tóxicas, entonces ¿qué ley tiene que regir? ¿La de Pesca que dice cero o una resolución de la Autoridad del Agua que es para mar abierto y que habla de parámetros?”.
“Si el juez resuelve que va a ser cero, va a ser una complicación para las empresas porque significa que ya no van a poder arrojar sustancias tóxicas. No va a ser ni uno, ni dos, ni tres. Va a ser cero”. Los desechos de las empresas deberían trasladarse más de cien kilómetros para alcanzar mar abierto. Nunca llegan “porque la marea corre cada seis horas, va y viene siempre, y hay estudios realizados que una parcela de agua frente al puerto con marea bajante no llega más allá de Puerto Rosales y cuando sube vuelve otra vez, nunca se va”, fundamentó.
Y el pescado sin vender
Miguel Ángel Córdoba recordó que la demanda se originó en la falta de pesca. “Por historias de pescadores más viejos decían que iban enfrente a remo y venían llenos de pescado. Empezamos a notar que empezó a caducar mucho más, mucho menos embarque porque al ser tanta gente a bordo de una lancha no alcanzaba. Dio la casualidad de que empezando a hablar, hablar, hablar, vino alguien que hizo la investigación de contaminación y es como que nos abrió los ojos y empezamos a mover un poco porque era la comida, el pan nuestro de cada día”.
“Toda mi familia son descendientes de pescadores, nosotros también, mis hermanos, mis primos, cuñados, mucha cantidad. Es una familia grande la de los pescadores. Nosotros venimos subsistiendo de changas pero hay gente que no sabe hacer otra cosa, que nació en la pesca, los llevó el padre de chico a los nueve años arriba de una lancha y hoy por hoy no tiene nada, el muelle hoy está tapado, la dársena está tapada de barro, las cuatro lanchas que hay están en seco, tenés que esperar que crezca toda la marea para poder sacarla (…) hay tres embarcaciones pescando afuera, son tres, 21 personas nomás, ¿y el resto?”. En los buenos tiempos había al menos 200 trabajadores “a pleno”.
Miguel Ángel afirmó que los frigoríficos de White “murieron todos”, como desaparecieron quienes pelaban camarones o fileteaban el pescado. “Gente que no tenía para comer y en un momento iba al muelle y sabía que se traía un pescado a la casa, todo eso no existe más”.
“Otra cosa es que ahora en White los únicos que están son los chinos y laburan con pescado de afuera porque nadie te come el de acá. Mi hermano tiene una canoa para salir a laburar con mi otro hermano y está ahí estancada en el muelle, sabemos que no lo va a comprar nadie ese pescado. Primero que no hay y el poquito que hay no te lo compra nadie, Bahía sabe que ese pescado no se puede comer. En White se está comiendo langostino del sur, de Rawson. El que come, si puede comprarlo”.
“Lo único que queremos es que vuelva el puerto como lo teníamos antes. No va a volver como estaba antes, eso está recontra claro. Pero por lo menos tratar de remediar algo de lo que hicieron, que dejen de contaminar, queremos el agua que teníamos antes, que sea limpia como antes, hay un montón de cosas, la pesca no sé si va a volver o no va a volver porque no soy dios para decir, pero sí que se termine con esto”, dijo.
La pericia
El próximo paso de la causa es la realización de una pericia sobre el estado del estuario. El juez López Cóppola descartó en su momento los reparos de la querella respecto a los intereses profesionales y económicos entre la Universidad del Sur y las empresas demandadas y ordenó que sea esa institución la que haga los análisis. El rector Ricardo Sabbatini argumentó que sus investigadores estaban ocupados en el dictado de clases y rechazó la propuesta.
El juez atendió el pedido de los pescadores para que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA pero ante una impugnación de una firma imputada optó por recurrir a la Fundación de la Universidad del Sur. “Creo que son los mismos profesionales los de la fundación que los de la UNS así que imagino que la respuesta debería ser similar a la que dijo el rector”, opinó Beier quien estudiará la posibilidad de cuestionar la medida “porque obviamente puede ser que los profesionales que integran la fundación vean que corre peligro su trabajo si se ponen en contra o la pericia da en contra de lo que dicen las empresas”.
“Podrían llegar a tener un interés muchísimo más tangible, mucho más palpable que el de la Universidad de Buenos Aires que no hace ningún estudio para las empresas de acá, la Universidad del Sur tiene cantidad de estudios, y es más, hay contratos vigentes entre el Conicet y la universidad con el CTE, millonarios, por año”.
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Desde hoy y hasta el 31 de octubre en se realizan en Buenos Aires, Neuquén y Cipoletti una seria de charlas públicas y capacitaciones sobre salud, ambiente e hidrocarburos no convencionales organizadas por EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Participan profesionales nacionales y de Estados Unidos.
Las jornadas se enfocan desde el abordaje de salud socioambiental que trabaja los vínculos entre salud, ambiente y procesos sociales y productivos. Bajo este marco, pretenden abordar enfoques generales y conceptuales con casos concretos registrados por el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y la implementación del fracking, paquete tecnológico central en la nueva frontera.
Tal objetivo se considera pertinente y prioritario debido al impulso y conflictividad asociados con el desarrollo a escala masiva formaciones antes no viables, como Vaca Muerta en la Cuenca neuquina. Entre los puntos debatidos por tal promoción uno central es la cuestión de ambiente y salud pública de poblaciones locales y trabajadores del sector, aspecto que cuenta con una creciente literatura científica a nivel internacional que amerita su debate y divulgación.
Se busca exponer y debatir el acumulado histórico que se viene produciendo en el país y el extranjero desde diversos planos para incrementar el conocimiento y participación social. En primer lugar, desde un abordaje general al relatar las experiencias de intervención territorial y conceptual de salud socioambiental. En segundo, cómo se traduce este abordaje en el caso concreto de los hidrocarburos no convencionales, tanto en el país como en los Estados Unidos, país pionero tanto en la generación y expansión de la industria como en el registro de sus impactos y costos asociados.
Además de quienes integran EJES, como el Taller Ecologista y el Observatorio Petrolero Sur, las jornadas contarán con la presencia de las dras. Sandra Steingraber y Kathleen Nolan, integrantes del Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires, Asamblea Fuera Basureros del Neuquén, representantes del Siprosaprune y del Equipo de Salud de la Confederación Mapuche del Neuquén, entre otros y otras.
Más información en www.opsur.org.ar – www.tallerecologista.org.ar
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La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) comenzó un paro por 72 horas con una marcha al Ministerio de Salud bonaerense junto a ATE, mientras representantes gremiales se entrevistaban con la ministra de Salud, Zulma Ortiz a quien reclaman “el pase a planta de los becarios, entre muchos otros puntos”. En Bahía Blanca la medida alcanza al Hospital Penna. La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal adhiere a las demandas sin afectar la atención en el Leónidas Lucero ni las unidades sanitarias.
Se trata del primer paro de 72 horas durante “la lucha paritaria del segundo semestre”, en el que ya mantuvieron cuatro encuentros formales en paritarias, los cuales fueron rechazados por el voto de más de diez mil médicas, médicos y profesionales de la salud de los 80 hospitales bonaerenses, hospitales municipales y centros de salud, “porque solo se centraron en los temas salariales, dejando de lado cuestiones importantísimas, como el pase a planta de los becarios”, remarcaron.
Por último, el médico Fernando Corsiglia, presidente de la CICOP, adelantó que “luego del paro de 72 horas, debatiremos el viernes en asambleas en todos los lugares de trabajo de la provincia lo sucedido durante la reunión con la ministra y los alcances de la medida de fuerza, para llevar cada representante local esos mandatos al Congreso Provincial de Delegados que realizaremos al día siguiente”.
El Congreso de la CICOP es el órgano que decide si continúa o levanta las medidas de fuerza, de acuerdo a los debates anteriores y votos de cada lugar de trabajo de la provincia, decisión que luego es llevada por los Delegados a la reunión central.
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A través de la Resolución 2095/2016, el Ministerio de Salud bonaerense derogó la vieja Resolución 3146/2012 que incorporaba obstáculos al acceso al aborto legal y adecuó los lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de todas las mujeres, niñas y personas trans bajo las causales que el marco normativo habilita; esto es, cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.
De esta manera, la Provincia de Buenos Aires se sumó a las 8 jurisdicciones –Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego– que ya cuentan con protocolos de atención respetuosos de la ley y los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. de 2012.
Asimismo, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia, a través de la Comunicación 7°, establece que todos los efectores de salud, (incluyendo el personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la ILE. Además indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible; en un espacio de confidencialidad y privacidad.
Las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible; en un espacio de confidencialidad y privacidad.
La Comunicación también incorpora avances respecto del grupo de jóvenes y niñas, conforme los nuevos preceptos establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, reconociéndolos como sujetos de derecho con capacidad para tomar las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva de manera informada.
“La iniciativa de la Provincia es un paso adelante en el ejercicio de los derechos sexual y reproductivos de las mujeres y niñas. Es imprescindible que los servicios y efectores de salud renueven su compromiso con la vida y la salud de las mujeres. La prevención de abortos inseguros y la consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de estado respetuosa de los derechos humanos”, indicó Mariela Belski, Directora de Amnistía Internacional Argentina.
El Protocolo sancionado en 2015 por Nación establece su “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” e indica que debe ser puesto en práctica “por todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales. Por ende, todas las jurisdicciones del país deben aplicarlo, adhieran o no a éste. Sin perjuicio de ello, la iniciativa de la Provincia brinda un reaseguro para mujeres, niñas y personas trans que continúan viendo vulnerado su derecho a acceder a un aborto.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/10/aborto.jpg?fit=1600%2C747&ssl=17471600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-10-18 11:03:362016-10-18 11:03:36Provincia adhirió al protocolo sobre aborto legal
La Asociación de Profesionales Municipales de la Salud, CICOP Seccional Bahía Blanca, realizará un de paro por 48 horas a partir del miércoles, en el marco del plan de lucha y movilización de CICOP y otros organismos y sindicatos.
“Es la primera vez en el año que adherimos en forma efectiva. Más allá de tener reuniones estamos no teniendo respuesta de determinados temas de los cuales venimos hablando desde principios de año”, dijo a FM De la Calle el dirigente gremial, Pablo Curino.
Parte de esos reclamos desatendidos son por “unidades sanitarias, lo que se llama recurso crítico. Es un adicional que tienen los profesionales de la guardia y estamos pidiéndolo también para unidades sanitarias y para guardias pasivas. Los profesionales tienen que ir a veces a barrios difíciles, reciben muchas veces agresiones importantes”, informó el médico.
Además, reclaman un “porcentual en las recategorizaciones. Nos recategorizamos cada cinco años y hay un porcentaje de aumento muy bajo”.
Respecto del debate presupuestario, el profesional sostuvo que “es todos los años una pelea porque la partida (de salud) es siempre la misma. Uno insiste en lo que es más necesario para la población. En este momento se está evaluando. Sabemos que viene un tanto complicado”.
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“Ayer, alrededor de las 8:50, la empresa Solvay Indupa nos avisa que van a hacer una parada no programa de la planta (VCM), por desperfectos técnicos en un equipo. Comenzamos el monitoreo y empiezan a emitir humo a través de su antorcha elevada. Dentro del proceso de parada tienen que quemar gases propios de la planta en la antorcha y esto fue lo que generó ese humo. El propio guardia nuestro lo constató en el lugar”, dijo a FM De la Calle Cesar Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo.
El organismo constató que se “sobrepasó los valores permitidos” en relación a “opacidad y tiempo” por lo que se “hizo el acta de infracción por emisión de humos”. Fue imputando falta al Art. 2 de la Ley 5965 y Art. 10 del decreto reglamentario 3395/96 conforme al Anexo V.
“Cuando se da 100% de opacidad (la ley) prevé un minuto máximo de emisión. En este caso superaron el valor”. Durante una hora y veinticinco minutos, la opacidad fue fluctuante, es decir, generó una emisión constante durante ese tiempo a diferentes grados de opacidad.
“El origen es una mala combustión de los gases por falta de mezcla con vapor. Son distintos tipos de gases que están dentro del proceso de la fabricación del cloruro de vinilo que es una las materias primas para hacer el PVC. Es un producto de riesgo si no es tratado correctamente”.
El comité enviará un informe al Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS). En el documento se incluye una historia reciente de las actas labradas a la firma. El documento informa que Solvay Indupa “ya ha tenido el año pasado algún evento de similares características”.
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El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.
Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.
Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.
“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.
Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.
El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.
En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.
El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.
“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.
A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/10/971944_313582352106925_1990204903_n.jpg?fit=851%2C315&ssl=1315851FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-09-26 20:00:352016-10-27 10:25:24Contaminación en la ría: piden analizar el estuario
(Por Helen Turpaud Barnes) Hace poco ocupó mucho espacio mediático la charla sobre derechos sexuales y aborto en el Colegio Carlos Pellegrini de Capital (la charla incluyó la mención de pastillas abortivas). Presurosa, la buena conciencia adulta condenó la charla invocando la “protección” de tan jóvenes mentes que no tendrían la madurez para estar ante información tan “delicada” que además –opinaban- debería haber sido provista por personal médico (siempre que este estuviera contra la legalización del aborto, porque los y las médicas que abogan por ella no suelen desalentar que se informe sobre el tema desde espacios no médicos). Curiosamente, las múltiples charlas escolares que desinforman pavorosamente sobre el aborto no son denunciadas y mucho menos con los mismos argumentos.
Estas actitudes representan la verdadera desprotección del sector que dicen estar protegiendo tan gallardamente. El paternalismo adulto con respecto a las adolescencias remeda el paternalismo machista respecto de las mujeres: dicen “cuidar” a través de la obstaculización del ejercicio de derechos fundamentales.
El embarazo adolescente es una realidad. Los métodos anticonceptivos pueden fallar y hay miles de factores que llevan a embarazos no deseados. No se trata de hordas de jovencitas inconscientes “embarazándoSE” del Espíritu Santo por ahí. Ante esto, el aborto pocas veces es visto como una opción y se escuchan opiniones de una inusitada crueldad: “si se abrió de piernas que se joda”, “si no se cuidó que se haga cargo”, “ok, la violaron pero el bebé tiene derecho a nacer”, etc. ¿Qué implica decirle a una adolescente que es demasiado chica para recibir cierta información pero a la vez que si queda embarazada “debe hacerse cargo”? Hay un perverso desbalance en creer que una preadolescente es muy “inmadura” para recibir ESI pero no para gestar, parir, reconocer, criar, alimentar, abrigar, educar, proteger, contener, mantener y tutelar a un hijo/a durante los próximos veinte o veinticinco años de su vida. Para la mente machista esto no comporta ninguna contradicción: informarse y decidir requiere de racionalidad e inteligencia, rasgos ausentes en las mujeres ya que estas serían más bien “sensibles” e “intuitivas”; en cambio, la maternidad sagrada en la que se piensa sería algo “natural” que no requiere ni pensar, ni decidir ni saber nada.
El “si se abrió de piernas que lo tenga” muestra un claro y vengativo deseo de CASTIGO: si se “equivocó” debe “pagar”, “aguantársela”. En sintonía con siglos de condena religiosa de lo sexual, tener relaciones sigue siendo visto como un acto inmoral que debe acarrear un peso para quien las tiene (sobre todo si es mujer). En caso de un embarazo, la adolescente o mujer ha de hacerse cargo de la situación por unas dos décadas de ahí en más. Tener relaciones sexuales no es un delito, claro, y sin embargo el tiempo por el cual una mujer debe hacerse cargo de un embarazo indeseado supera con creces a casi todos los “castigos” por lo que pueda cometer una persona adulta y penalmente imputable. Si alguien mata a tiros a tres personas probablemente reciba menos años de cárcel que el tiempo que se espera que una mujer se haga cargo de un hijo/a que la sociedad y el Estado la obligaron a tener como “castigo” a su inmoralidad, su “falta de responsabilidad” o la mera fatalidad de un método anticonceptivo que ha fallado.
Con otros “errores” adolescentes afortunadamente somos más flexibles. A nadie se le ocurriría que si un pibe o piba no estudia para un examen se le debe negar la educación en los próximos veinte años. Incluso si un/a preadolescente comete un delito grave no deberá “pagar” por esto durante tanto tiempo como se espera que “pague” una preadolescente que tiene sexo inseguro, sea por olvido, falta de información o coacción de un varón (a quien rarísimas veces se condenará). Cualquier error, “calentura” o el más mínimo desliz de “la costurerita que dio el mal paso” le implica a una adolescente o mujer “pagar” por más tiempo que ninguna otra cosa en el mundo: el patriarcado no da puntada sin hilo. Si en una escuela o ante un accidente lo más sensato nos parece dar segundas oportunidades, acompañar y no condenar, ¿por qué el único error que no admite la más mínima consideración es el embarazo no deseado? El “no cuidarse” al tener relaciones sexuales es visto como el “error” más imperdonable e irreparable del universo. Las chicas deben ser perfectas o no ser. Y con “no ser” entendemos que deben reducir su vida al servicio de alguien que no desean o ser vistas como salvajes asesinas. Mientras se siga esgrimiendo esta retórica bíblica del embarazo y parto como “castigos” seguiremos preguntando por qué jamás impondríamos “castigos” tan severos para casi ninguna otra cosa, a lo sumo con excepción de la tortura, un asesinato múltiple o un secuestro extorsivo.
Lo que se pretende castigar en una mujer no es el aborto, puesto que el embarazo indeseado YA es visto como castigo por los dedos acusadores. Evitar eso por medio del aborto es volverse prófugas de la “ley natural”. El “crimen” no es abortar, sino sustraernos a la lógica patriarcal de vernos como meras reproductoras. Nada enoja tanto al machismo como ser burlado por las mujeres.
Quienes se quejan de que las/los abortistas restan humanidad a los embriones también los deshumanizan transformándolos en vehículos de una disciplina sexual impuesta a las mujeres. Si muchas personas creen que una adolescente no es capaz de recibir y procesar determinada información, tampoco deberían creerla capaz de criar un hijo/a. Pero aquí de repente las adolescentes son las Chicas Súperpoderosas. El embarazado adolescente sería un “error” pero se espera que las adolescentes sean perfectas y no queden embarazadas. O si lo quedan, deben ser perfectas de ahí en más y criar perfectamente a los hijos e hijas producto de embarazos no deseados. Una sociedad que sacraliza la maternidad hace de ella una manifestación de perfección cuyo incumplimiento constituye un pecado imperdonable. Pero nada es perfecto. Reconocer el aborto como una posibilidad y un derecho es un acto de profunda humanidad.
La obligación de ejercer la maternidad a toda costa, contra el propio deseo y las propias posibilidades, es el verdadero acto de irresponsabilidad. Irresponsabilidad no de la adolescente o mujer, sino del Estado y la parte de la sociedad que la “condenan” y le niegan el pleno ejercicio de sus derechos.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/09/DSC_0212-77.jpg?fit=4288%2C2848&ssl=128484288FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-09-24 12:04:472016-09-24 12:04:47Aborto y adolescencia: el caso de la charla en el Pellegrini.
(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.
El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.
Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.
La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.
Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.
La causa
La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.
Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.
Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.
Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/04/38757792.jpg?fit=1024%2C614&ssl=16141024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-09-23 21:12:502016-10-27 10:24:57Contaminación en la ría: debe investigar la justicia federal
