(Por Helen Turpaud Barnes) Hace poco ocupó mucho espacio mediático la charla sobre derechos sexuales y aborto en el Colegio Carlos Pellegrini de Capital (la charla incluyó la mención de pastillas abortivas). Presurosa, la buena conciencia adulta condenó la charla invocando la “protección” de tan jóvenes mentes que no tendrían la madurez para estar ante información tan “delicada” que además –opinaban- debería haber sido provista por personal médico (siempre que este estuviera contra la legalización del aborto, porque los y las médicas que abogan por ella no suelen desalentar que se informe sobre el tema desde espacios no médicos). Curiosamente, las múltiples charlas escolares que desinforman pavorosamente sobre el aborto no son denunciadas y mucho menos con los mismos argumentos.

Estas actitudes representan la verdadera desprotección del sector que dicen estar protegiendo tan gallardamente. El paternalismo adulto con respecto a las adolescencias remeda el paternalismo machista respecto de las mujeres: dicen “cuidar” a través de la obstaculización del ejercicio de derechos fundamentales.

El embarazo adolescente es una realidad. Los métodos anticonceptivos pueden fallar y hay miles de factores que llevan a embarazos no deseados. No se trata de hordas de jovencitas inconscientes “embarazándoSE” del Espíritu Santo por ahí. Ante esto, el aborto pocas veces es visto como una opción y se escuchan opiniones de una inusitada crueldad: “si se abrió de piernas que se joda”, “si no se cuidó que se haga cargo”, “ok, la violaron pero el bebé tiene derecho a nacer”, etc. ¿Qué implica decirle a una adolescente que es demasiado chica para recibir cierta información pero a la vez que si queda embarazada “debe hacerse cargo”? Hay un perverso desbalance en creer que una preadolescente es muy “inmadura” para recibir ESI pero no para gestar, parir, reconocer, criar, alimentar, abrigar, educar, proteger, contener, mantener y tutelar a un hijo/a durante los próximos veinte o veinticinco años de su vida. Para la mente machista esto no comporta ninguna contradicción: informarse y decidir requiere de racionalidad e inteligencia, rasgos ausentes en las mujeres ya que estas serían más bien “sensibles” e “intuitivas”; en cambio, la maternidad sagrada en la que se piensa sería algo “natural” que no requiere ni pensar, ni decidir ni saber nada.

El “si se abrió de piernas que lo tenga” muestra un claro y vengativo deseo de CASTIGO: si se “equivocó” debe “pagar”, “aguantársela”. En sintonía con siglos de condena religiosa de lo sexual, tener relaciones sigue siendo visto como un acto inmoral que debe acarrear un peso para quien las tiene (sobre todo si es mujer). En caso de un embarazo, la adolescente o mujer ha de hacerse cargo de la situación por unas dos décadas de ahí en más. Tener relaciones sexuales no es un delito, claro, y sin embargo el tiempo por el cual una mujer debe hacerse cargo de un embarazo indeseado supera con creces a casi todos los “castigos” por lo que pueda cometer una persona adulta y penalmente imputable. Si alguien mata a tiros a tres personas probablemente reciba menos años de cárcel que el tiempo que se espera que una mujer se haga cargo de un hijo/a que la sociedad y el Estado la obligaron a tener como “castigo” a su inmoralidad, su “falta de responsabilidad” o la mera fatalidad de un método anticonceptivo que ha fallado.

Con otros “errores” adolescentes afortunadamente somos más flexibles. A nadie se le ocurriría que si un pibe o piba no estudia para un examen se le debe negar la educación en los próximos veinte años. Incluso si un/a preadolescente comete un delito grave no deberá “pagar” por esto durante tanto tiempo como se espera que “pague” una preadolescente que tiene sexo inseguro, sea por olvido, falta de información o coacción de un varón (a quien rarísimas veces se condenará). Cualquier error, “calentura” o el más mínimo desliz de “la costurerita que dio el mal paso” le implica a una adolescente o mujer “pagar” por más tiempo que ninguna otra cosa en el mundo: el patriarcado no da puntada sin hilo. Si en una escuela o ante un accidente lo más sensato nos parece dar segundas oportunidades, acompañar y no condenar, ¿por qué el único error que no admite la más mínima consideración es el embarazo no deseado? El “no cuidarse” al tener relaciones sexuales es visto como el “error” más imperdonable e irreparable del universo. Las chicas deben ser perfectas o no ser. Y con “no ser” entendemos que deben reducir su vida al servicio de alguien que no desean o ser vistas como salvajes asesinas. Mientras se siga esgrimiendo esta retórica bíblica del embarazo y parto como “castigos” seguiremos preguntando por qué jamás impondríamos “castigos” tan severos para casi ninguna otra cosa, a lo sumo con excepción de la tortura, un asesinato múltiple o un secuestro extorsivo.

Lo que se pretende castigar en una mujer no es el aborto, puesto que el embarazo indeseado YA es visto como castigo por los dedos acusadores. Evitar eso por medio del aborto es volverse prófugas de la “ley natural”. El “crimen” no es abortar, sino sustraernos a la lógica patriarcal de vernos como meras reproductoras. Nada enoja tanto al machismo como ser burlado por las mujeres.

Quienes se quejan de que las/los abortistas restan humanidad a los embriones también los deshumanizan transformándolos en vehículos de una disciplina sexual impuesta a las mujeres. Si muchas personas creen que una adolescente no es capaz de recibir y procesar determinada información, tampoco deberían creerla capaz de criar un hijo/a. Pero aquí de repente las adolescentes son las Chicas Súperpoderosas. El embarazado adolescente sería un “error” pero se espera que las adolescentes sean perfectas y no queden embarazadas. O si lo quedan, deben ser perfectas de ahí en más y criar perfectamente a los hijos e hijas producto de embarazos no deseados. Una sociedad que sacraliza la maternidad hace de ella una manifestación de perfección cuyo incumplimiento constituye un pecado imperdonable. Pero nada es perfecto. Reconocer el aborto como una posibilidad y un derecho es un acto de profunda humanidad.

La obligación de ejercer la maternidad a toda costa, contra el propio deseo y las propias posibilidades, es el verdadero acto de irresponsabilidad. Irresponsabilidad no de la adolescente o mujer, sino del Estado y la parte de la sociedad que la “condenan” y le niegan el pleno ejercicio de sus derechos.

(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.

El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.

Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.

La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.

Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.

La causa

empresas polo cartel

La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.

Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la jueza Gabriela Marrón la “inmediata prohibición” del vertido en la ría de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público y agregó documentación a la causa.

Un mes después la flamante magistrada evitó hacerse cargo de la investigación y se declaró incompetente. La Cámara Federal, con la firma de Pablo Candisano Mera y el renunciado agente de la inteligencia genocida Néstor Luis Montezanti, avaló a Marrón argumentando que “corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones” porque los planteos de la Fiscalía y la querella respecto “a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.

Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.

Cabe destacar que durante los meses de mayor actividad de la investigación tanto el abogado Lucas Beier como varios de los pescadores denunciantes fueron víctimas de reiterados episodios mafiosos e intimidaciones para que “se dejen de joder” con las empresas del polo y ABSA. Por su parte, el Colegio de Abogados -con el voto de varios de sus directivos que a su vez son abogados de las empresas- inició un proceso en contra de Beier por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

La Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca decidió no apelar el fallo de la Suprema Corte que anuló un amparo que impedía la instalación de una antena de telefonía celular en el Club de Equitación. Trabajarán para que no corra la misma suerte la cautelar del juez Ares contra otra antena en el mismo lugar.

Para el abogado Leandro Aparicio la resolución correspondiente a la causa “Gómez, María Amparo contra Municipalidad de Bahía Blanca, Club de Equitación Bahía Blanca y Telefónica Móviles Argentina” es abstracta “porque no tiene ninguna consecuencia práctica”.

El letrado explicó a FM De la Calle que hubo dos amparos: el primero cuando las familias vecinas al club advirtieron la presencia de una antena de 35 metros en la esquina de Agustín Álvarez y Javier Rizzo en marzo de 2013. La jueza de Garantías Susana Calcinelli hizo lugar “parcialmente” e instó a las empresas a cumplir la Ordenanza 17.130, sancionada cuando la disputa judicial ya había comenzado.

La Cámara en lo Contencioso de Mar del Plata le dio la razón a la empresa, la ONG apeló a la Corte y mientras el máximo tribunal provincial analizaba el tema la antena cayó: “El fallo hace referencia a una torre que se desmanteló”.

“De la misma manera en que hicieron la primera vez, sin avisarle a ningún vecino, sin hacer la consulta, sin que nadie esté enterado de lo que estaba pasando, ponen otra antena, más escondida, más camuflada, apenas perceptible para los vecinos que igual la ven y se hace el segundo amparo”, recordó Aparicio.

En octubre de 2015, el juez José Luis Ares ordenó quitar la antena en un plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento. Además, remitió la causa a la Fiscalía para investigar al entonces intendente y actual diputado nacional Gustavo Bevilacqua y los ex titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Por más que sean antenas, en el mismo lugar y demás, sin cuestiones distintas porque acá sí hay más prueba aportada por la parte actora, por nosotros, el bioquímico Montenegro, el ingeniero Mata y otras pruebas técnicas habilitan a impedir que se instale esa antena en ese lugar, más aun cuando hay niños y jardín de infantes cerca”, comentó Aparicio sobre la causa que también deberá resolver la Suprema Corte.

Lo confirmó a FM De la Calle Saúl Zeballos, integrante de la asamblea Jáchal no se toca. Asimismo, afirmó que la población tiene sentimientos de “zozobra, de abandono de las autoridades, de muchas cosas que se juntan y que evidentemente no tendrían que pasar”. Hoy a las 20 la comunidad volverá a marchar “exigiendo el cierre total de veladero, remediación y prohibición de la megaminería”. 

Ayer en la tarde se incrementaron los rumores del evento y a raíz de eso otro integrante de la organización, Faustino Esquivel, “se comunicó con el senador Ruperto Godoy y le pidió confirmaciones al respecto”. El legislador se entrevistó “de forma personal con el ministro de Minería Alberto Gensel, quien le había confirmó el derrame”.

A raíz de eso asambleísta hizo la denuncia pertinente en Gendarmería “para que actúe la justicia Federal. Nos enteramos esta mañana temprano que la provincia de San Juan a través del fiscal De Sanctis va a hacer la denuncia en el juzgado del juez Pablo Loiza”.

Para Zeballos, “los funcionarios siguen con una actitud de ocultamiento temerario” ya que la empresa informó oficialmente al gobierno provincial lo ocurrido el día del suceso ocurrido el 8 de septiembre y recién actúa luego de que toma estado público por fuerza de la movilización popular.

Un año y dos días atrás la minera fue protagonista de otro desastre ambiental del mismo carácter: derrame de cianuro. “Tuve que se yo el que hizo la denuncia y recién al día siguiendo lo hizo el gobierno”, agregó.

“El actual informe de la empresa Barrick dice que el 8 de septiembre se rompió un caño de 28 pulgadas. No dice cantidad y dice, igual que el año pasado, que no había salido del valle de lixiviación. Pero hay que recordar que el año pasado comenzaron diciendo que eran 15 mil litros, que no había salido del valle de lixiviación. El juez determinó que habían sido 1 millón 27 mil litros derramados en el río. Y nosotros tenemos documentación de la empresa que nos ha llegado hace pocos días en donde la cantidad derramada fueron 5 millones de litros de solución cianurada. Entonces, el ocultamiento de la información es lo que a nosotros nos da a favor”, explicó.

El cambio en material ambiental: sin novedades

Consultado acerca de las diferencias políticas en el tratamiento de lo ambiental luego del cambio de gobierno, Zeballos sostuvo que “representa más de lo mismo. El secretario de ambiente aparentemente está becado de por vida porque ya hace 13 o 14 años que está en el cargo y no hizo absolutamente nada. El jefe de la policía minera es exactamente el mismo que hace un año atrás y se comporta de la misma forma”.

“A nivel nacional, nosotros nos da vergüenza ajena que el ministro (de Ambiente, Sergio) Bergman vaya por las provincias que no tienen megaminería para pedir un debate serio, responsable y sin prejuicios sobre la megaminería. Pero en aquellas provincias que sí tenemos megaminería, es más, que tenemos este tipo de desastres ambientales, no hay que hablar del tema, no hay que generar debate porque no quieren poner en riesgo ese proyecto megaminero nacional. Cambian las caras, las autoridades pero no cambia la actitud hacia el pueblo de Jáchal, el ninguneo que tienen las autoridades para con nosotros”.

La empresa, por su parte, decidió hace pocas horas prescindir de los servicios de quien gerenciaba la mina Valedero, utilizando el mismo modus operandi que el año anterior, cuando presentó su renuncia Guillermo Caló, entonces director ejecutivo de la multinacional.

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La empresa tiene tres causas penales en su contra. La primera la inició el fiscal de Estado de la Provincia en representación del gobernador ante al Juzgado Provincial del Jáchal por un artículo del Código Penal que es la contaminación dolosa del agua. La segunda, la inició un grupo de sanjuaninxs que se presentan como querellantes en el Juzgado Nacional de San Juan y pertenecen a una ONG que se llama ‘Ciudadanos independientes’ y la tercera, fue en Capital Federal, promovido por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.

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Para el intendente Héctor Gay la despenalización del consumo de drogas, planteada recientemente por más de 260 integrantes del Poder Judicial como una política respetuosa de los derechos humanos que termine con “la guerra contra el narcotráfico”, es “un debate interesante pero tiene que ser en un marco mucho más abarcativo” que baje desde Nación y que “no sea extremista”.

En la entrevista realizada este sábado en Enredados*, el jefe comunal se mostró “preocupado” porque “la droga está instalada fuerte y en todos los estratos sociales” y opinó que “la diferencia entre los chicos que están en el sector vulnerable y lo que pasó en El Reino es la calidad y el precio”.

“Justamente en los sectores más vulnerables, que son los más proclives a consumir cualquier cosa y drogas de peor calidad, el resultado son los que tenemos (sic): el aumento en la violencia y la delincuencia tiene que ver con esto”.

“Tenemos que buscar un modelo adecuado a la idiosincrasia argentina pero además que no sea extremista, tenemos la rara virtud de irnos hacia los extremos y la verdad que un sistema solo represivo como se instrumenta en distintos lugares del mundo no va a dar resultado. Ahora, un sistema absolutamente abierto, fijensé el caso de Holanda como ha empezado a retrotraer algunas de las políticas de quizá lo más liberal que había en materia de droga”, dijo.

Gay afirmó que “no hemos avanzado demasiado todavía” y distinguió dos cuestiones de la gestión anterior: “El gobierno nacional nunca reconoció el tema, jamás reconoció que había un problema serio, sí lo reconoció Scioli desde el primer momento, si hizo algo o no es otra cosa”.

Sedronar en Bahía

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El titular de la Sedronar, Roberto Moro, estuvo ayer en la ciudad y fue consultado por la circulación de drogas de laboratorio. “Hubo dos encuentros con todas las ciudades grandes que tienen problemas similares -Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe- donde el consumo de las sintéticas venía siendo un grave problema y se trabajó en protocolos, además con un sistema que estamos implementando de alerta temprana para todas las organizaciones de salud y de las fuerzas que trabajamos en conjunto”.

“Esto ya no es solamente de ciudades grandes, no solo por el hecho que ocurrió aquí en Bahía sino que hemos visto que se va trasladando a ciudades de millones de habitantes a ciudades de menos. (…) Las drogas sintéticas son mucho más difíciles de detectar que las otras drogas, el trabajo que vienen llevando adelante las fuerzas en el control del narcotráfico es interesante, muy fuerte, pero no alcanza solamente con la lucha, en esto tenemos que buscar el equilibrio entre oferta y demanda”, agregó Moro.

Las declaraciones fueron en el marco de la presentación del programa “Municipios en acción” que tiene como objetivo principal promover la inclusión del consumo problemático de drogas en la agenda política municipal, a través del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de Planes Locales sobre Drogas.

La adhesión al programa brindará a los municipios la capacitación a equipos técnicos municipales en la elaboración de diagnósticos y en el diseño de un plan local; herramientas para la implementación de estrategias de Prevención; un Observatorio Local que elabore estudios epidemiológicos y fortalecerá a los actores locales mediante capacitaciones en atención primaria de la salud.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Ayer, vecinxs de Grünbein e integrantes de su sociedad de fomento se hicieron presentes en el Concejo Deliberante. Lograron entrevistarse con ediles de diferentes bloques y obtuvieron el acuerdo de acelerar el otorgamiento del uso de la banca 25 para explicar la problemática. “Aparentemente estaría para este jueves”, dijo Rigoberto Villaroel a FM De la Calle.

Lxs concejales Matías Italiano, María Mercedes Insausti y Pablo Rosenfelt presentaron de manera conjunta un proyecto de ordenanza por el que se dispone la “declaración de la Emergencia Sanitaria en el sector de Grünbein del Partido de Bahía Blanca, por el término de 180 días, a los efectos de realizar la correspondiente limpieza de pozos ciegos y garantizando la salubridad a los vecinos del sector”.

El Departamento Ejecutivo “deberá informar semanalmente, y durante el plazo que dure la Emergencia Sanitaria de las tareas efectuadas en el marco de la urgencia, con el objeto de garantizar las prestación del servicio en condiciones de salubridad”.

El segundo días de este mes, Rigoberto trepó hasta la cima de una antena del edificio municipal en reclamo de soluciones por el déficit de cloacas que sufren distintas barriadas. Hace 20 años había tomado la misma medida pidiendo obras básicas de tendido de redes de gas que finalmente fueron llevadas a cabo.

Hoy se reunieron también con referentes de las áreas de Acción Social y Obras Públicas, por parte del Ejecutivo.

¿Qué reclaman?

“El tema central son las cloacas. En el 2014 logramos que se concretara el anteproyecto de obra, realizado por ABSA. Este año formamos una interbarrial porque es una obra complementaria que abarca los barrios Parque San Miguel, Polo, Villa Gloria, Villa Elena y Grünbein. En función de eso nos auto convocamos con compromiso y participación de los vecinos para lograr que se concrete esta obra básica”, explicó Villarroel.

La zona cuenta actualmente cuanta con los servicios de gas, luz y agua pero la falta de cloacas constituye “un problema sanitario grave”.

Además, el vecino explicó que “si no hubiéramos encarado el reclamo no se hubiera escuchado y tal vez dentro de un tiempo hubiera sido más grave”, en referencia a las medidas de fuerza que promovió en diferentes oportunidades. “Somos gente de laburo. La gente no está descreída. Está decepcionada. Estamos luchando para que nuestros representantes nos escuchen y soluciones. Para eso han asumido. Vivir sin la obra es complicado”, finalizó.

La Asociación de Profesionales del Hospital Penna realiza este jueves un paro por 24 horas en demanda de la reapertura de paritarias, convocatoria a las mesas previsional y técnica de salud y por una partida presupuestaria de emergencia para el sector.

Pablo Acrogliano dijo a FM De la Calle que “la propia ministro reconoció que los médicos estamos mal pagos y que no nos llamen a paritarias es un contrasentido. Reafirmamos que queremos sentarnos a dialogar”.

Luego de cerrar un 20 por ciento de incremento para el primer tramo de 2016 el acuerdo incluía una revisión de los números a partir de agosto.

“Ahora estamos pidiendo un 25 por ciento más porque estamos muy retrasados desde la paritaria del otro año. También estamos reclamando mejoras en las condiciones de trabajo, en el hospital hay movimiento desde lo estructural pero tenemos dificultad con el personal que si bien hay posibilidad de cargos no se pueden cubrir por las condiciones de trabajo”, manifestó.

El médico afirmó que la preocupación es mayor poque “no es un tema que se solucione con plata solamente”.

Por la medida de fuerza solo se atienden “las emergencias y los pacientes internados, el resto se reprograma todo”.

(Por ¿Quién te juna?) Históricamente la concepción de mujer madre se ha instaurado en nuestra sociedad. Sumado a ello, la maternidad ha tenido que sufrir varias regulaciones en casi todas las culturas que imponen, cuales son los procedimientos que se deben llevar a cabo durante el proceso del embarazo y cuales deben erradicarse.

A simple vista, esto demuestra la existencia de una relación asimétrica entre la mujer y lxs profesionales de la salud,revelando de esa forma, desigualdades simbólicas y reales que dificultan el libre ejercicio de los derechos básicos que tienen todas las mujeres.

En nuestro país, la violencia obstétrica ha sido legislada. Desde el año 2004, existe la Ley de Parto Humanizado N° 25.929, en la cual se establecen una serie de derechos que tiene la persona por nacer, así como la madre de esx recién nacidx. Por otro lado,  la violencia obstétrica ha sido incluida dentro de la ley de protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres (N° 26.485). Sin embargo los casos no cesan, sino que por el contrario aumentan.

Para la Coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica y miembro de la Organización Las Casildas, Julieta Saulo, esto sucede porque: “es un tipo de violencia que está por demás naturalizada. La gran mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos”. Además, afirma que: “Las mujeres culturalmente hemos sido criadas y educadas para portarnos bien, para ser buenas chicas, para callarnos la boca y no quejarnos. Entonces, esto se ve y mucho, en la escena del parto. Porque estamos insertas dentro de un sistema médico hegemónico, patriarcal y verticalista”.

Asimismo, es notoria la aparición de traumas psicológicos en las mujeres que son violentadas, porque el embarazo y el parto son hechos dentro de la vida sexual y reproductiva fundante de las mujeres, que se ve impregnado por un tipo de violencia que está establecida dentro de los centros de salud. Sostiene Saulo, quien al mismo tiempo agrega: “la mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos, porque mi relato violento resuena con el de mi amiga que también fue violentada, y esto se traduce en: me ataron las piernas, me dieron medicación y no me informaron que me dieron, tuve a mi hijx y se lx llevaron y no lx pude ver. Un montón de situaciones que están por demás naturalizadas y que una siente que están bien”.

De igual manera, Saulo explica que existe un gran desconocimiento de las leyes que contemplan a la violencia obstétrica. Es por ello que, desde Las Casildas invitan a las mujeres a que se informen, generando dispositivos para concientizar sobre ésta temática. Al mismo tiempo, comenta: “El observatorio, cuenta con una encuesta de atención al parto y a la cesárea, que el objetivo justamente es que: las mujeres que han parido dentro del territorio nacional, puedan completarla por cada uno de sus partos o cesáreas, y son varias preguntas que utilizamos nosotrxs para cuantificar ésta problemáticas”, y concluye: “Los datos finales del Observatorio, los vamos a presentar ahora en octubre, en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Las semana pasada terminamos de medir, y ahora estamos haciendo todo el cruzamiento de datos”.

Por otro lado, considera que más allá de la existencia de las leyes que contemplan este tipo de violencia hacia las mujeres, hace falta una visión de género en el sistema de salud actual, al afirmar: “La perspectiva de género es algo a trabajar desde el Estado, desde algo más macro. Me parece súper importante remarcar las leyes que tenemos. Tenemos leyes que deberían cumplirse en todo el territorio nacional, y en muchos casos por desconocimiento no sabemos que poseemos derechos, lxs profesionales de salud tampoco lo saben. Entonces desde el Estado, estaría bueno que se generen campañas de difusión, y por otro lado las organizaciones sociales, en muchos casos vienen a suplir ese bache del Estado y se generan distintas iniciativas”.

En Bahía ninguna mujer está exenta

En la ciudad, son verdaderamente alarmantes los casos. Según Nadia Fernández, perteneciente al Círculo de Mujeres Bahía Blanca sostiene: “Nosotras lo que vemos que hay en Bahía Blanca que refleja la violencia obstétrica, es la enorme cantidad de cesáreas”.

Asimismo, Fernández comenta que una cesárea innecesaria es violencia obstétrica, lo cual en los centros de salud local, se ve y mucho. Al mismo tiempo comenta que: “Salvo en el Penna que ronda el 35%, después el resto de los hospitales de Bahía Blanca en el sector privado todos superan el 80%. Entonces hablamos de un 80% de cesáreas de las cuales, sólo pueden ser necesarias entre un 10 o un 15%, estamos hablando de un 70% de cesáreas innecesarias, que cuadran en violencia obstétrica”. Y concluye: “Lo que se hace es patologizar los embarazaros, y no existe la embarazada sana en Bahía Blanca”.

El Círculo de Mujeres, si bien no cuenta con un espacio físico, puede ser consultado vía Facebook. Nadia Fernández, comenta que en el último tiempo y sobre todo después de la teteada masiva que se hizo a nivel nacional, han recibido más consultas de mujeres que quieren informarse sobre ésta problemática, y de qué manera las afecta. Del mismo modo agrega: “Nosotras nos reunimos de forma no tan organizada. Lo que tratamos de hacer es transmitir información a éstas mujeres que nos solicitan las reuniones. Entonces lo que tratamos de hacer es empoderar a las mujeres para que tengan un embarazo como debe ser, y que no se patologice el 95% de los partos bahienses”.

Sin lugar a dudas, la violencia obstétrica es una de las tantas expresiones misóginas que tiene el patriarcado. Por ello, resulta necesario concientizar sobre ésta problemática, incentivar a la aplicación de un sistema médico con perspectiva de género, para que las mujeres que decidan ser madre, puedan hacerlo con información adecuada y tengan, de esta forma, un parto sano y respetado.

(Imagen perteneciente a la campaña gráfica realizada por la Asociación Civil Las Casildas)

 

Luego del operativo de la justicia federal en el boliche El Reino, el jefe de la Unidad de Salud Mental y Adicciones del Hospital Municipal, Hugo Kern, se refirió en FM De la Calle al consumo de drogas sintéticas y otras sustancias.

La madrugada del domingo fueron detenidos Guido Gentili, Matías Cragno, Javier Selvaggio, Mariano Trellini y Francisco Zalazar, organizadores de una fiesta electrónica y acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína.

A diferencia de las “drogas naturales” que “se producen en el eje sur del mundo y se venden en el norte” las “sintéticas” se producen en laboratorios con bajo costo y son de muy fácil transporte. “Están íntimamente relacionadas con la industria farmacéutica. No es nuevo, es una situación que tenemos desde el año cincuenta y pico, básicamente son muy similares a las sustancias que se usan en el dopaje en el deporte porque están relacionadas con mejorar el estado físico en términos generales para una actividad intensa”, explicó Kern.

El especialista destacó que en nuestra cultura es común la utilización de drogas con fines recreativos: “El uso de alcohol, por ejemplo, está relacionado con la fiesta, prácticamente no hay fiesta en la cual el alcohol no figure, son casos excepcionales si no tiene un lugar central. Es legal pero es una droga”.

Kern opinó que “lo mejor es no consumir ninguna droga” aunque “si eso ocurre las condiciones son varias, no mezclar sustancias, no mezclar drogas y alcohol, mantenerse hidratado, tener consideración de los tiempos que lleva el efecto de la sustancia, en caso de tener síntomas que indiquen problemas relacionados con el consumo o somáticos se debe acudir a la guardia del hospital y lo tienen que recibir porque es el mejor lugar en el que se puede contener a una persona frente a un problema de este tipo”.

“La intoxicación es un problema clínico, no de salud mental, tiene que ser atendido en los sistemas de urgencia. Después viene la parte donde se hace un tratamiento o algún sistema de cambios de comportamiento o de reflexión sobre lo que pasó, es otra cuestión, es lo que tratamos de hacer desde el programa municipal de adicciones”.

Respecto al uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas, Kern comentó “a veces el capitalismo nos muestra su cara más violenta porque lo que pasó en Time Warp es que no hubo dispositivo de cuidado, no hubo acceso al agua y como si todo esto fuera poco se les vendió a los pibes una droga adulterada”.

“Es difícil trabajar con un escenario de prohibición porque no podés trabajar controlando una cosa que tiene que estar prohibida. (…) Hay que apuntar a la reducción del daño, no esperar que esto no pase sino entender que esto ocurre y que la situación no sea más grave o termine de la peor manera como en Time Warp con cinco chicos que fallecieron”, agregó.

Desde este lunes funciona formalmente en el Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero el sistema de Atención Médica Ambulatoria 12 horas “AMA-12”. Ante la necesidad de brindar una atención continua en áreas clínicas del sistema de Consultorios Externos del HMALL en el horario de 8 a 20 con la finalidad de  reorganizar la atención del Servicio de Emergencias  es que se ha creado esta nueva modalidad extendida de atención.

“Esto facilita enormemente la labor de quienes están en el sector de Emergencias cuando se trata de una emergencia verdaderamente importante que requiera atención inmediata. El resto de los pacientes con problemas que podrían ser jerárquicamente de un poco más fácil atención se derivan a un consultorio externo”, dijo a FM De la Calle el director del hospital Gustavo Carestía.

Detalló que la medida se lleva a cabo “sin cambiar las características del recurso humano, se ha agregado algunas cargas horarias mayores en dos o tres profesionales nada más y el resto es el mismo que venía desarrollando tareas en el servicio de Emergencias”.

AMA-12 fue testeado desde mediados de junio y su prueba de evaluación de pacientes (triade) demostró que, al menos ocho de cada diez pacientes pertenecen a consultas no urgentes que pueden ser evaluadas en el área de Consultorios Externos.

Por estas razones, es que se aprobó una ordenanza que autoriza al Hospital Municipal a disponer la atención continua en áreas clínicas del sistema de Consultorios Externos, disminuyendo la atención en la Guardia de Emergencias.

Foto: HMLL.

La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el domingo entre las 18 y las 22 fueron recibidas por la Guardia Ambiental perteneciente al Departamento Saneamiento Ambiental del municipio 27 denuncias derivadas desde el Centro de Comunicaciones y Emergencias 911 por olores en el ambiente.

“Los inspectores de esta guardia, siguiendo los procedimientos de rutina correspondientes, realizaron las gestiones y actuaciones pertinentes (tales como averiguación de los datos meteorológicos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional perteneciente a la Aeroestación Civil Comandante Espora), y realizaron un recorrido por distintas zonas (vientos arriba y vientos abajo), percibiendo la molestia y constatando que el foco de la misma era en la avícola ‘Granja San Miguel’, ya que ésta cuanta con una planta de secado de guano”, dijeron desde la comuna.

Como resultado de las actuaciones realizadas, se labró Acta de Comprobación N° 8249 y Acta de Inspección N° 33882, en virtud de la infracción al Código de Planeamiento Urbano del Partido de Bahía Blanca. (Art. 7.2 “Emisión de Olores”).

(Por Minga de Investigaciones y Acciones Sociales) Recientemente se cumplió un nuevo aniversario de los grandes escapes de sustancias tóxicas que, en el año 2000, se produjeron en las plantas del Polo Petroquímico Bahía Blanca (PPBB). Los acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad por aquellos días, si bien requieren de actualización, no dejan de contener una vital actualidad. Una actualización que necesita ser realizada sobre la base de lo que para la población bahiense significó el proceso de privatización, extranjerización y expansión del polo petroquímico en el que se enmarcaron dichos sucesos. Y una actualidad que persiste y se (re)crea ante los nuevos proyectos de ampliación que se ciernen sobre el complejo industrial. Con esta intención nos proponemos interrogar dichos acontecimientos, buscando evitar que el sentido de su rememoración se vea atrapado en una efeméride de letra muerta.

A un viento de morir

En la mañana del 20 de agosto del 2000, vecinxs de Ingeniero White se encontraron con una densa nube de color amarillo verdoso que se levantaba desde el complejo de Solvay Indupa y se extendía en cercanía de sus hogares. El viento produjo el milagro de impedir que la nube tóxica se dirija hacia las zonas pobladas ocasionando una tragedia de proporciones inimaginables. “El cloro puede producir lesiones que van, desde leves hasta la propia muerte”, explicaba días después el jefe de la Unidad de Pulmón del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Por su parte, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, por medio de un comunicado, manifestaba que “el hecho que fuera un día no laborable motivó que no estuvieran trabajando las mil o dos mil personas que desarrollan tareas, normalmente, los días de semana, las que seguramente hubieran fallecido al paso de la nube de cloro”.

Frente a lo ocurrido, lxs vecinxs de Ingeniero White entraron en estado de movilización permanente. Durante los primeros días, en las asambleas populares prevaleció la postura de que la erradicación de la industria constituía la única manera de garantizar el futuro de la propia vida. Hombre y mujeres, jóvenes y ancianos procedieron a cortar los accesos principales al polo. Ubicados de manera estratégica, los piquetes llegaron a extenderse hasta por seis puntos diferentes. Por primera vez en la historia del complejo, el gobierno provincial llevó a cabo la clausura de una de sus plantas.

Con tan sólo ocho días de diferencia, se produjo un nuevo escape. El 28 de agosto se ocasionaron fugas de amoníaco en Profertil. Mientras el máximo de amoníaco permitido era de 35 partes por millón, ese día se registraron valores entre 40 y 100 ppm. El Proceso APELL (programa de respuestas ante `emergencias tecnológicas´ que se encontraba funcionando desde 1996) volvió a fallar, tal como había ocurrido en el caso del escape en Solvay Indupa. Como consecuencia de las fugas tóxicas en el Hospital Menor de Ingeniero White fueron asistidas ochenta personas, dos de las cuales debieron ser trasladadas al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Asimismo, lxs niñxs del Jardín N°905 y de la Escuela N°15 resultaron evacuadxs.

Los escapes del 2000 tuvieron lugar en el marco de la privatización, transnacionalización y expansión de un complejo nacido casi tres décadas atrás bajo la administración del Estado nacional. Resulta sugerente detenernos a pensar que por medio de este proceso, así como el volumen de producción se incrementó en un 450%, se produjo un salto destacado en la riqueza generada por el PPBB y también un aumento sustancial en el uso intensivo de bienes comunes de la naturaleza y de la ciudad. En este momento, se consolidó una estructura de distribución social y geográfica de la riqueza producida localmente y del uso de bienes comunes naturales y urbanos de la que resultan claros ganadores y perdedores del desarrollo petroquímico. Estructura que resultó profundizada en el posneoliberalismo, al ritmo de que las empresas del PPBB ascendieron entre las firmas de mayor facturación anual en Argentina al verse favorecidas por un dólar alto, el retraso salarial y los precios del mercado internacional.

La política del enclave

Mientras que a principios de los años 90 el PPBB poseía casi un cuarto de la capacidad instalada en la industria petroquímica del país, a través del flujo de inversiones extranjeras concretadas por las corporaciones transnacionales en la segunda mitad de la década, se afirmó como el complejo petroquímico de mayor importancia a nivel nacional. Que a partir de entonces el PPBB experimentó un notable desarrollo, no caben dudas. Ahora bien, de todo esto, ¿qué es lo que nos queda en la ciudad?

Si nos detenemos en la distribución de la riqueza generada en el PPBB, tomando como caso representativo el año 2007, obtenemos los siguientes resultados. Mientras los dueños de las empresas se llevan 2.606 millones (el 93% del total), en la ciudad sólo permanece lo que reciben los trabajadores locales en concepto de salarios (109 millones de pesos) y la Municipalidad de Bahía Blanca por el cobro de las tasas municipales (12 millones de pesos). De modo que el impacto directo del PPBB sobre la economía urbana resulta tan sólo del 4,3% del total de los ingresos producidos en el polo petroquímico.

Exiguo resulta el monto recibido por los trabajadores porque escasa es la mano de obra que estas compañías, que cuentan con procesos de producción altamente automatizados, necesitan para funcionar. Tomando como ejemplo datos del 2009, las empresas del PPBB emplean de manera directa 1.130 personas. Número sensiblemente menor a los 1.600 trabajadores que supo emplear el complejo petroquímico con anterioridad al proceso de privatización. Si ponemos los 1.130 empleos en relación con el total de la población ocupada en Bahía Blanca, podemos decir que sólo el 0,9% corresponde a las empresas del PPBB. En efecto, de cada 1.000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sólo 9 lo hacen de forma directa en el complejo petroquímico. Si además tenemos en cuenta los 2.000 empleos indirectos que generan estas empresas, el porcentaje no varía de manera rotunda: pasa del 0,9% al 2,5%. Pero además significa que más del 60% de la fuerza de trabajo de la que hace uso el complejo petroquímico corresponde a empresas contratistas. Por lo que estamos hablando de trabajadores que sufren en mayor medida condiciones laborales de precarización.

A partir del proceso de privatización, extranjerización y expansión que atravesó el PPBB en la segunda mitad de la década de 1990´, se produjo una profundización de su dinámica de enclave, la cual se consolidó en el posneoliberalismo. El escaso impacto sobre la economía urbana resulta posible de verificarse en el empleo de una cantidad limitada de mano de obra, en la exportación de cuantiosas ganancias, y también en la exigua capacidad de generar eslabonamientos hacia atrás y hacia delante. El PPBB, antes que constituir un polo de desarrollo para la región, actúa como un enclave de drenaje articulado en el marco de dinámicas globales de valoración.

La política del grifo y el sumidero

El concepto de enclave resulta, sin embargo, aplicable sólo en términos económicos. La gran expansión que experimentó el PPBB durante la segunda mitad de los años 90 definió una situación de contaminación y riesgo ambiental de novedosas características y mayor intensidad. Por lo que al tiempo que el complejo petroquímico se desarrolla generando un impacto poco significativo sobre la economía urbana, produce un impacto ambiental altamente negativo.

En su actividad industrial, las empresas petroquímicas consumen de modo intensivo bienes comunes (especialmente gas pero también agua y electricidad), hacen uso del espacio y la infraestructura urbana, a la vez que contaminan las aguas del estuario, los suelos y el aire de la ciudad. Bajo esta dinámica se produce una multiplicidad de problemas urbano-ambientales que, en mayor o menor medida, se encuentran articulados al desarrollo del polo petroquímico: escasez de agua potable para la ciudad, riesgo ambiental, afectación de la salud de la población, pérdida de biodiversidad y de los servicios ecológicos del estuario, desplazamiento de la pesca artesanal, obturación del acceso público a los espacios costeros, incidencia en la rajadura de viviendas y también en la pérdida de valor inmobiliario de las casas ubicadas en cercanías de la zona industrial, expulsión de población (familias relocalizadas por el municipio pero también `exiliados ambientales´), congestionamiento del sistema vial y coexistencia de cargas de sustancias peligrosas con el transporte de pasajeros.

Alrededor de estas problemáticas se organizan diversos procesos de conflictividad social. Los piquetes de lxs vecinxs de Ingeniero White en los accesos al polo petroquímico y los piquetes de los pescadores artesanales en la ría de Bahía Blanca, numerosas acciones judiciales, la conformación de organizaciones ambientales, el pedido de instituciones educativas de ser reconocidas como escuelas de riesgo ambiental, la asamblea contra el buque regasificador, las Marchas Musicales Descontaminantes, la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, el Censo de Salud Comunitario… dan cuenta, en diferentes momentos, de diversas formas de organización y acción colectiva.

¿Hacia una nueva profundización del extractivismo urbano?

En el suplemento especial del `Día de la Industria Petroquímica´,  publicado por el periódico La Nueva Provincia el sábado 27 de agosto, el nuevo proyecto de expansión del PPBB es anunciado a través de diferentes voces. El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Pablo Pussetto, plantea: “Otro proyecto ambicioso y que se realizará a largo plazo es el de Dow, de gran magnitud no solo para la región sino a nivel nacional. La inversión duplicará la capacidad de producción de polietileno que Dow hace aquí en nuestra ciudad, así que estamos avanzando en el proceso de planeamiento estratégico que contemple cuáles son las necesidades actuales y futuras de movimiento logístico para ir planeando la infraestructura y los servicios que la comunidad necesita a través del puerto”. Por otra parte, en la voz del Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, también se manifiesta la existencia de dicho proyecto: “hay proyectos muy importantes en el sector petroquímico. Tal vez el más relevante sea el de Dow (prevé duplicar el tamaño de su polo petroquímico en Bahía Blanca con una inversión de más de U$S 4.000 millones).

La decisión de radicar un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca y también con posterioridad de concretar su expansión en los años 90, se vio definida por la posibilidad de explotar las ventajas comparativas asociadas a la dotación de bienes comunes. El más importante resultó el suministro de su insumo básico, el gas natural. Pero asimismo resultó significativa, entre otros factores, la disponibilidad de agua. Hoy, para poder concretar este nuevo proyecto de ampliación, el sector petroquímico se encuentra trabajando en aras de asegurarse el suministro de estos bienes.

La primera de las dos cuestiones, para ellos, se encuentra en camino de resolución. En el 2013, Dow Argentina firmó un acuerdo con YPF para la explotación del bloque El Orejano, un área de más de 40 km2 ubicada dentro del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El proyecto incluye la perforación de más de 180 pozos, de los cuales 19 se encuentran actualmente en producción. De modo que, por medio de la explotación de gas no convencional mediante la metodología del fracking, buscan generar las condiciones de posibilidad para la futura ampliación del polo.

La segunda de las cuestiones es la del suministro de agua. La puesta en marcha de las ampliaciones del PPBB durante los años 2000-2001 implicó un aumento sustancial en el consumo de agua con fines industriales. Al tiempo que el volumen de producción se incrementó en un 450%, la demanda de agua del complejo se multiplicó por más de tres veces. Dicho salto contribuyó a llevar al Dique Paso de las Piedras a su límite en la capacidad de aprovisionamiento, situación que pervive hasta el día de hoy. Y es desde aquí, que resulta posible entender en la actualidad la colocación del problema del agua en la agenda pública hegemónica. No sólo (ni necesariamente) en función del abastecimiento de la población, sino de la demanda del sector industrial.

La diputada socialista Gabriela Troiano participó de la segunda jornada sobre campos electromagnéticos organizada por Salud Ambiental Bahía Blanca y dijo a FM De la Calle que “harían falta más antenas, con lo cual se necesitaría más inversión. (…) Se puede si tenés la intención de preservar la salud, ahora, si considerás a la salud de las personas como una variable económica más ahí está el problema”.

Troiano impulsa un proyecto de ley para regular la instalación de antenas de telefonía celular, presentado años atrás por el ex diputado santafecino Antonio Riestra (UP), que fue actualizado con “valores establecidos mundialmente”. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente mientras otra sobre la misma temática se debate en Telecomunicaciones.

“Evidentemente hay actores importantes, de peso económico, como son las compañías telefónicas que ya en el gobierno anterior se venían planteando, con las organizaciones Salud Ambiental como con Aletheia por la Vida estuvimos trabajando para tratar de plantear que se modifiquen las soluciones del Ministerio de Salud en cuanto a los límites de las potencias establecidas”, aseguró la legisladora.

Agregó que “eso es lo más importante del proyecto de ley, las potencias de las antenas que están establecidas, reguladas y aceptadas datan del año 88 y ya en 2011 la Organización Mundial de la Salud categorizó a las radiofrecuencias como probables cancerígenas. En virtud de eso muchos países del mundo, fundamentalmente los europeos pero también Chile, han bajado aproximadamente entre cien y mil veces la potencia”.

“El gobierno está impulsando la instalación en los edificios públicos pero el año pasado había una ley de (Mario) Oporto que logramos frenar, que planteaba declarar el lugar de las antenas un espacio de servidumbre pública, o sea, evidentemente se viene agitando, se engaña a la población planteando que uno no quiere que se instalen antenas, que no queremos el progreso, no es así, el tema es la potencia de las antenas”.

La diputada advirtió que el ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad pretende tranquilizar a la población con la colocación de un equipo en la base de la antena para medir las frecuencias. “Las ondas no se quedan quietas y no van en sentido vertical sino horizontal, si vos lo ponés en la base de la antena no es donde va a tener más frecuencia”.

“Si tenés una antena en un edificio -que es lo más común- en el edificio de enfrente a partir del quinto piso es donde vas a encontrar las mayores emisiones o problemas en la gente que se empieza a enfermar. En Francia por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, detectaron que después de diez años de tener wifi la gente se había empezado a enfermar de cáncer, retiraron el wifi e hicieron un sistema de cableado para el trabajo”, finalizó.

Con la organización de Vecinos Autoconvocados por la Salud de Trenque Lauquen se realizó los días 13 y 14 de agosto el 7º Encuentro de Pueblos Fumigados para analizar la problemática del uso masivo de agrotóxicos y transgénicos en el proceso de producción agrícola y hortícola.

“Trenque Lauquen no se reconoce como un pueblo fumigado por tanto ese es el motivo de nuestra lucha, lograr que la gente tome conciencia, que quienes están en este momento en la gestión municipal tomen conciencia que somos un pueblo fumigado con todas las consecuencias terribles y nefastas que eso acarrea y conocer también el estado de otros pueblos y ciudades”, dijo a FM De la Calle Laura Carabelli.

La reunión se produjo días después que el Senado bonaerense diera media sanción a un proyecto de ley que reduce las distancias de exclusión de las fumigaciones aéreas y terrestres y permite fumigar con agrotóxicos cancerígenos como GLIFOSATO y 2,4-D a pocos metros de las áreas pobladas.

“Es importante que toda la gente sepa porque se está haciendo de una manera para que se sancione sin difundirla y sin tener noción del alcance que tiene, qué es lo malo que tiene este proyecto si se transforma en ley. Es totalmente regresivo, va en contra de todos los avances que tenía la ley anterior y disminuye totalmente las distancias que eran de protección”, explicó Carabelli.

La iniciativa permitiría fumigar a diez metros de las escuelas rurales cuando “estamos luchando porque hoy se podría fumigar alrededor de esas escuelas a cien metros y es poquitísimo”. Además, desprotege los lentes de agua, reduce las distancias para fumigación aérea y permite el tránsito de mosquitos por zonas urbanas.

La asambleísta advirtió que tanto los organismos estatales como las cámaras empresariales del sector rural y del agronegocio pretenden establecer regulaciones “fitosanitarias y no venenos, no vienen desde la salud, la producción, el cuidado del ambiente”. Por ello pretenden exigir la realización de audiencias públicas, estudios de impacto ambiental y la declaración de la emergencia ambiental en la provincia de Buenos Aires.

“Se ha reforzado la idea de las buenas prácticas agrícolas y esto es una cosa que no existe, no hay posibilidad de manejar el clima, por lo tanto las derivas son inmanejables. Constantemente se está hablando de las derivas primarias y nadie tiene en cuenta las secundarias y terciarias que son las que se producen en la tardecita del día fumigado, hay un desconocimiento científico que está manejado y ocultado por una cuestión muy clara que son los intereses económicos en juego y este gobierno creemos que los va a profundizar de manera terrible y este proyecto de ley lo demuestra”.

Las asambleas ambientales reunidas en Trenque Lauquen decidieron impulsar una campaña contra la ley “para el cáncer y el agronegocio” y demandaron a la legislatura bonaerense que privilegie los derechos a la salud y la vida y subordine a los intereses del agronegocio rechazando esta iniciativa en forma total. Para adherir al reclamo puede firmarse este petitorio online.

Red agroecológica

Durante el encuentro se propuso la coordinación de una red de producción agroecológica para divulgar lo que se está haciendo y “para que la gente empiece a sentir que tiene que comer sano y que comer sano es posible. Hay todo un manejo importante de la información que la gente no sabe que compre lo que compre tiene lecitina de soja transgénica”.

Para Carabelli se trata de “contagiar esta necesidad de información a partir de tomar conciencia de qué comemos” y destacar en “qué lugares de la provincia están haciendo emprendimiento agroecológicos reales, en producción de quesos, trigo agroecológico, frutas sin uso de agrotóxicos y donde se respeta lo necesario para que sea un alimento sano. Difundámoslo, empecemos a saber conectarnos, viabilizar el transporte, que lleguen a Trenque Lauquen y entre nuestros propios vecinos que nos conocen, saben por qué estamos en esto y que somos serios, armemos una red que funcione ya y que sirva como campaña de difusión”.

“El sistema es objeto de cuestionamientos por parte de los trabajadores y usuarios, y hay problemas que se deben resolver junto a los propios protagonistas. Los últimos acontecimientos de violencia en las guardias, nos alertan sobre la necesidad de enfocar y contribuir a mejorar el sistema”, dijeron efectores de la salud local.

Autoridades de clínicas privadas y asociaciones de profesionales agregaron que “no existe una fórmula mágica e infalible para evitar el error médico, los eventos adversos, la seguridad del paciente, la violencia física o verbal. Se hace necesario aplicar todos los esfuerzos en el sentido de crear condiciones y mecanismos capaces de contribuir de forma efectiva por lo menos, en la disminución de los malos resultados”.

“Creemos necesario instrumentar, políticas de enseñanza aprendizaje, para la comunidad y el personal de salud, intervenciones culturales, arquitectónicas y comunicacionales. Debemos incorporar los ataques al personal de salud como delito al Código Penal. Queda mucho trabajo por delante para todas nuestras instituciones. La violencia en hospitales debe ser considerada un delito”.

Del encuentro participaron representantes del Colegio Médico Distrito X, de la Asociación Médica de Bahía Blanca, de los hospitales Español, Italiano, Privado del Sur, Felipe Glasman y Matera y de las Asociaciones de Profesionales del Penna, del Municipal y del Italiano, del Servicio de Emergencia 911. Adhirió además la dirección del Hospital Penna.

Plan de seguridad

Este mediodía se realizará el lanzamiento Provincial del Plan de Seguridad Hospitalaria en el marco del cual se pondrá en funciones a agentes de la policía que custodiarán al Hospital Penna y su predio.

“Esta es la primera etapa, que continuará con la colocación de botones antipánico y cámaras de seguridad. La presentación la realizarán funcionarios provinciales: a cargo del Programa subcomisario Gastón Obregón, acompañado por el oficial subinspector Emiliano Ruiz y el capitán Fernando Baldellio”, informó la dirección.

Según se indicó, el plan fue “diseñado por la ministra Zulma Ortiz con el objeto de disminuir la violencia hospitalaria, prevenir delitos y proteger especialmente a los compañeros del hospital, los pacientes y los bienes del nosocomio”.

(Por ¿Quién Te Juna?*) Monsanto ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes del mercado de semillas a nivel mundial y, a su vez, la que más controversia ha generado por el peligro que representan sus productos, para la salud y el ambiente.

La compañía, que se dedica principalmente a la producción y comercialización de herbicidas y semillas transgénicas, llegó bajo la idea de la “Revolución Verde”. La cual impulsaba mejoras agrícolas para de esa forma, poder erradicar el hambre en el mundo, instando a los productores de países en vías de desarrollo, a adoptar las prácticas agrarias impulsadas por Monsanto.

En Argentina, la empresa tiene plantadas alrededor de 18 millones de hectáreas con soja transgénica. El uso de transgénicos, permite la instalación de la idea extractivista, es decir, que cada vez se produce más y en mayor cantidad. Esto significa que, se reemplazan los cultivos autóctonos por monocultivos creados en laboratorios.

Cuando el Estado mira para otro lado

En la actualidad los campos deben utilizar pesticidas como el Roundup, para el control de malezas, cuyo principal componente es el glifosato, siendo de éste uno de los químicos más contaminantes vertidos en las cosechas.

En 2007, Monsanto fue penalizada por falsa publicidad, dado que, anunciaban que el Roundup era biodegradable y no tóxico. Por lo tanto, la empresa tuvo que retirar la palabra Biodegradable de sus envases, para poder seguir comercializando su herbicida.

En nuestro país, existe una ley nacional y varias provinciales que, establecen la prohibición del uso plaguicidas y otros agroquímicos a distancias que rondan ente los 50 y los 1000 metros de distancia de zonas pobladas o escuelas rurales. Sin embargo, la norma nacional no se cumple, difiere de las provinciales, y los organismos de aplicación son los municipios. Esto genera, un sinfín de regulaciones que dejan a las personas expuestas a estos peligros.

Argentina, actualmente utiliza entre ocho y diez veces más glifosato por hectárea que Estados Unidos. La periodista marplatense especializada en medio ambiente, y miembro de la ONG Bios, Silvana Buján, comentó que hace unos años impulsaron la creación de informes en conjunto con el dr. Andrés Carrasco, para que los legisladores de esa ciudad se involucren en la problemática. Además sostuvo que: “Los legisladores marplatenses en ese momento, tuvieron manifestaciones muy fuertes por parte de los productores, pidiendo que no existan esos mil metros, porque decían que ahí no podían plantar nada. Finalmente a presión de ellos (los productores), con engaños y la connivencia de las autoridades locales, se levantó la medida”.

“Tiempo después, la gente de Paren de Fumigarnos se presentó en la justicia. Hoy el caso está en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque el municipio finalmente eliminó eso mil metros, puso un programa de ‘Reconversión Agroecológica’, con lo cual dio vía libre para que se fumigue hasta el borde las casas”, explica Buján, quien además desde la ONG que integra realizó una serie de estudios que demuestran los altos niveles de pesticidas que contienen los alimentos y lo perjudiciales que son para la salud.

Asimismo, Buján sostiene que en la actualidad el Estado, está volcado completamente a las corporaciones y agrega: “Desde el primer día vienen aprobando los transgénicos, porque facilitan a los productores que sigan usando éste sistemas y están ausentes en la universidades nacionales, y porque ahora le cambiaron el nombre al Ministerio de Agricultura por el de Agroindustria. Con lo cual, ya desde el nombre te están diciendo que el pequeño agricultor no existe más, no es parte de éste modelo que se está aplicando en Argentina”.

Por su parte, la licenciada de Geografía e integrante del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria de la UNS (ETSA), María José Junquera sostiene que: “Deberían haber políticas públicas que ayudaran a éste tema, pero  si analizas desde los ’90 para acá, hay una continuidad en ésta línea de pensamiento. El Plan Estratégico Alimentario, plantea que hay que producir más porque la población está aumentando. El problema no está en que hay que producir más, sino en la distribución de los alimentos”.

Soluciones posibles

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Desde hace tiempo en diferentes puntos del país se viene llevando a cabo la lucha para poder tener una agricultura sustentable y libre de agrotóxicos. Junquera, explica que es la Soberanía Alimentaría al decir que: “Se puede definir como el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos consumir y como producirlos”.

En este sentido, Silvana Buján considera que es posible cambiar el sistema de producción de alimentos, considerando que: “Para lograrlo es necesario enseñarle a todxs los que fueron capacitados de la mano de éstas corporaciones que sostienen cátedras. Falta romper esta dependencia con las corporaciones del agro, independizar a la ciencia de los sponsors que la formatean, y empezar de cero con una ciencia digna para mostrar que hay un camino posible, deseable, necesario e imprescindible”.

En paralelo la licenciada Junquera comentó que, en nuestra ciudad se están desarrollando medidas para generar una alimentación sustentable, una de ellas es el grupo de trabajo formado bajo la órbita de la Universidad Nacional del sur y agrega: “El ETSA surge como un espacio de reflexión que pudiera suplir las faltas del plan de estudios de agronomía. Actualmente somos estudiantes, profesores, también hay gente de distintos ámbitos, que lo que buscamos es generar este espacio de construcción del conocimiento entre todos y por eso organizamos talleres, o disertaciones. Todo abierto a la comunidad, pero lo hacemos en la universidad”.

En la actualidad, el ETSA tiene dos proyectos para poner en marcha: “Uno es el de formar una cátedra libre de Soberanía Alimentaria como hay en otras universidades del país, ese es un proyecto que tenemos en marcha. Y después tenemos hace unos meses, los chicos de biología sobre todo, dentro igual del ETSA, arrancaron con ayuda de Pro-Huerta del INTA Bordenave, en el predio de Agronomía de la UNS, una huerta agroecológica, que recién arranca, pero la idea es que se puedan producir alimentos, para consumo o  comercializarlos si nos va bien con la producción”, comenta Junquera.

Además explica que como colectivo, se han contactado con agricultores agroecológicos de la ciudad: “Muchos comercializan sus productos por Facebook. También teníamos un proyecto de armar, como una feria en la web para que los productores agroecológicos se puedan anotar para que uno tenga contacto directo con el productor. Caritas también organiza, que nosotros participamos, en la Feria del Lago donde hay productores del cinturón hortícola de Bahía Blanca y de Cerri también que venden sus productos, que si bien no son todos agroecológicos, tiene muchos menos agroquímicos de lo que es habitual consumir”, y concluye: “Hay que buscar espacios alternativos, que los hay, pero uno tiene la costumbre de ir al supermercado”.

El camino por recorrer para la obtención de una Soberanía Alimentaría plena es largo, pero vale la pena seguir adelante. La idea, sin lugar a dudas, radica en ser conscientes de que existen formas de producir y consumir los mismos alimentos, pero sin agrotóxicos.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9

(Por Patricio Eleisegui) Monsanto puso fin a su proyecto en Córdoba y no levantará la planta que anunció Cristina. Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a este periodista que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. Monsanto comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista, las causas que precipitaron la decisión

Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.

La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Fernández concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.

Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de, precisamente, el maíz que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.

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La imposición de un esquema de retenciones orientado a potenciar el monocultivo de soja poco a poco comenzó a romper la sintonía que la compañía logró fijar con el gobierno de Cristina Fernández.

La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.

El fin de proyecto fue confirmado a este periodista por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que “la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas si se pasó los 2,5 millones”.

“Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos 5 años”, explicó.

La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que hasta el día de hoy acumula más de dos años de impuesto y frenó por completo la entrada de los materiales que requiere la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.

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“No se pudo avanzar con la planta y eso también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto”, aseveró.

Según pudo confirmar quien aquí escribe, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio. “La idea es tratar de vender el terreno este año, pero como siempre dependemos de la real decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto”, sostuvo la fuente.

El plan que caducó

La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.

“Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas Estaciones Experimentales(una en la Provincia de Córdoba y la otra en la Provincia de Tucumán); el desarrollo de Programas de Investigación y Desarrollo de maíz y soja; Ensayos Experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios”, informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.

La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.

La movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, a la par de un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.

Artículo de difusión o reproducción libre siempre que se mencione la fuente
Patricio Eleisegui
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Si fue contra el tarifazo llegó un par de días tarde. Lo cierto es que nuevamente el Comité Técnico Ejecutivo infraccionó a una empresa del polo petroquímico por molestar a la comunidad con ruidos por encima de lo permitido. Cinco denuncias advirtieron la situación.

Según informó la Secretaría de Gestión Ambiental esta vez se escucharon desde la planta de Profertil S.A. durante las primeras horas del sábado como consecuencia de la parada de la planta de urea para tareas de mantenimiento y limpieza de granuladores.

“Fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno”, comunicó la oficina municipal.

El personal del CTE labró el acta de infracción imputando falta al ART. 1 Del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme artículo 1 de la resolución 159/96 (EX-SPA) (Norma IRAM 4062/84) modificada por la resolución 94/02 (EX-SPA). El documento será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

Foto: Jorge Naveiro.