(Por Francisco J Cantamutto) La pelea por determinar las tarifas resulta clave para el programa económico del gobierno.
Está claro que que quien no quiere escuchar, no escucha. No son pocos los que consideran que, en efecto, la suba de las tarifas es un hecho indiscutiblemente necesario, a pesar de no tener en claro las razones por las cuales se lo afirma. Pero ni el gobierno ha ido tan lejos como hiciera a través de deleznables declaraciones radiales el promotor periodístico Lanata, pretendiendo negar la relevancia de la fijación de tarifas. Es que, más allá de impericias o falta de tacto político, el “equipo” de Cambiemos tiene clara la importancia de la actual disputa por la fijación de las tarifas.
Cambiemos vino a ofrecer un nuevo marco de políticas públicas que pretendían resolver demandas del capital concentrado. El “clima de negocios” y la “previsibilidad” eran ejes centrales frente a lo que las cámaras empresariales consideraban un ambiente riesgoso e imprevisible para realizar inversiones en los años previos. Ahora bien, el nuevo gobierno, a pesar de sus declaraciones amistosas -o incluso amorosas- a los mercados, no logra convocar su anuencia inversora, y queda atrapado en un círculo recesivo en lo económico y explosivo en lo social.
Los problemas del tarifazo
La sucesión de aumentos de tarifas de agua, transporte, luz y gas se montaron sobre un momento de aceleración inflacionaria que el gobierno -repitiendo prácticas que decía venir a combatir- negó. Esto explica el impacto inmediato sobre los bolsillos: se trató de un fuerte golpe más, cuando ya la tunda estaba en marcha. Entre actores sociales -como clubes de barrio o centros de jubilados- esto apareció como un auténtico tiro de gracia. Para cooperativas, empresas recuperadas e incluso micro y pequeñas empresas, se combinó con un escenario recesivo junto a la apertura generalizada de las importaciones, una combinación fatal que puso en riesgo su sostenibilidad.
La intensa movilización y protesta por múltiples medios, así como el “activismo jurídico” de presentaciones de amparos y cautelares, lograron visibilizar el problema, que de otra manera hubiera aparecido como un tecnicismo. La Marcha Federal expresó en toda su potencia este reclamo general contra el esquema de ajuste social que lleva adelante el gobierno: lejos de ser un acto de afirmación kirchnerista -como lo fue la menos concurrida Marcha de la Resistencia-, se trató de un amplio plexo social que se expresó contra la política oficial. Lejos está aún esto de configurar una representación política clara, y el gobierno lo aprovecha para negociar su ajuste con bancadas y gobernaciones desligadas de lo que ocurre en las calles y en los barrios.
La Corte Suprema de Justicia ha tenido dos intervenciones en este trajín. Respecto del aumento del gas, anuló los aumentos para los hogares hasta que se realice una audiencia pública -como establece el marco regulatorio. Pero dejó firme el aumento promedio del 500% para el 70% del universo tarifario, compuesto por industrias y comercios, que sin dudas verán el impacto y lo trasladarán a precios y empleo. Sin embargo, el fallo es importante, porque determinó que se habían vulnerado derechos básicos como a la información y la participación. El gobierno se vio obligado así a convocar a una audiencia pública, después de la cual deberá considerar los argumentos allí vertidos en su disposición: de lo contrario, el aumento será judicializable nuevamente. Esto significa que si no se considera -así sea para desestimar- las intervenciones en la audicencia, se podrá continuar con las acciones legales contra el tarifazo. Respecto de la luz, la Corte desconoció la representatividad de los demandantes, sin expresarse sobre el fondo de la cuestión.
El viernes 16 de septiembre se realizará la audiencia en la Ciudad de Buenos Aires. Una sola audiencia para discutir los aumentos de todo el país, realizada un día laboral de semana. Para quienes no viven en la capital, podrán verla por streaming inscribiéndose en este enlace, pero no podrán asistir ni participar activamente. Una nueva demostración de lo que Cambiemos entiende por democracia: la mera expectación de decisiones ya tomadas.
Los vicios de la audiencia no terminan ahí. La sucesión de cuadros tarifarios que el gobierno ha promovido da toda la sensación de una completa falta de argumentos. Un factor fundamental es la ausencia de información clara sobre costos de producción de la cadena de valor o cuentas de las empresas, donde expliquen sus ganancias en los años previos o qué hicieron con los millonarios subsidios que recibieron. Existen al menos un acuerdo clave en el sector, que es el Plan Gas, instrumentado por el gobierno anterior y sostenido por este, que paga un sobreprecio por producción extra: ¡en un contexto en que la producción no creció! No existe un plan de inversiones a futuro, ni tampoco garantías que las empresas actúen acorde a lo que se les propone. Ni hablar de diversificar la matriz energética, redefinir zonas tarifarias según factores climáticos, o modificar los subsidios cruzados de los usuarios de menor consumo a favor de los usuarios de mayor consumo: nada de esto, que serían fallas de la regulación del servicio, están hoy en discusión. Todo esto permite suponer que se trata sin más de una transferencia del bolsillo de los y las contribuyentes a las empresas; no una política real para resolver el problema energético.
Y las inversiones, ¿para cuándo?
El gobierno de Cambiemos cumplió algunas tareas que el empresariado concentrado le demandó: liberalizó la cuenta capital, quitó restricciones al comercio, relanzó la toma de deuda -a cualquier costo-, incentivó los despidos -bloqueando incluso el intento parlamentario por frenarlos- y mediante la liberación general de los precios, permitió la licuación del salario vía inflación. Todos estos son logros en el haber de los capitalistas… pero no alcanzan. Más allá de cualquier afinidad política o ideológica, los empresarios resuelven con las cuentas, y tienen claro que el saldo final no está claro.
El gobierno lleva ya cerca de 5 meses lidiando con el intento por aumentar las tarifas, en lo que se suponía que era apenas la primera parte de la suba. Estas dificultades demuestran que el gobierno está lejos de poder garantizar la previsibilidad que promovía cuando asumió, o cuando visitó el foro de Davos a principios de año. Si los precios no están claros a futuro, tampoco lo están las ganancias, y por ello mismo, los capitales se resisten a invertir en el país. Macri visitó China en la reunión del G20, e invitó a los empresarios a visitar Buenos Aires la semana entrante para convencerlos en el Foro empresarial mundial de Inversiones y Negocios que organizó. En China le dejaron claro que esto no ocurrirá hasta que no se consolide el esquema de precios relativos, reduciendo la inflación: pero esto va en contra de la suba las tarifas aun no cumplida. El gobierno se enfrenta así a la profundización de la recesión, sin inversiones a la vista, y el dilema de subir precios sin subir la inflación. Un auténtico rompecabezas que explica por qué la disputa contra el tarifazo no es solo la defensa de nuestros derechos más básicos, sino también un golpe en el centro del modelo de negocios de Cambiemos.
