(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Así como no hay violación de los derechos humanos que no tenga un discurso justificatorio, cada agravio a la condición humana agravia a la humanidad entera y deja rastros más que perceptibles en el tramado de la vida social.
Si bien es cierto que nadie reivindicó el secuestro de Julio López, ni su justificación[1]; ha habido en estos nueve años silencios que han sido discursos y discursos que han pretendido adjudicar a su secuestro una especie de “pago” que la sociedad debía hacer por avanzar en los juicios, asumiendo un signo fatalista para su pensamiento que generalmente rechazan en el análisis de otros asuntos.
A nueve años de su secuestro y desaparición forzada afirmamos rotundamente que el crimen pudo haberse evitado y que pudo haberse esclarecido. Jamás aceptaremos que la impunidad es fatal e inevitable; la lucha del movimiento de derechos humanos –en toda su diversidad y enorme amplitud- demostraron que no hay obstáculo que no se pueda remover si de conquistar Justicia se trata para las víctimas del Terrorismo de Estado u otros agravios del aparato estatal.
No hubo un plan de protección a los testigos, querellantes, abogados y demás fuerzas que intervienen en los juicios contra los genocidas. Así lo afirmó en abril 2011 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Américo Incalcaterra en un informe demoledor donde afirma: al momento de la desaparición de López “Argentina no estaba preparada”, para hacer frente a esa situación. Además, el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. “Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas”, agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kirchner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.”[2]
Y no hubo voluntad política de investigar hasta la última consecuencia la responsabilidad de Etchecolatz, sus amigos de adentro de la fuerza policial Bonaerense y mucho menos la trama de los Servicios de Inteligencia que después del caso Nisman sabemos sin dudas que seguía trabajando con autonomía de mando. Fue el inefable Solá (el mismo que era gobernador cuando la masacre del Puente Pueyrredón del 2002) quién fundamentó que entre encontrar a Julio López y la gobernabilidad (que se vería afectada si se investigaba a fondo la Bonaerense, según él), elegía la gobernabilidad. Igual opción tomaron los Kirchner y la oposición política de derechas, solo un segmento del movimiento de derechos humanos y las izquierdas mantuvieron la lucha contra la impunidad de los secuestradores de Julio López, hasta hoy.
Al momento de hablar de la desaparición de Julio López no todos nombran otra desaparición, ocurrida en aquellos días, y es justamente la del debate propuesto por el fallo del Tribunal Oral Federal
Número Uno de La Plata quien al atender que la normativa vigente no daba cuenta de lo realmente ocurrido y por ello considerar los delitos cometidos por Etchecolatz “realizados en el marco de un genocidio” proponía un debate sobre todos los temas atinentes a la tarea de juzgar, treinta y nueve años después, a un genocidio, tarea nunca antes acometida por tribunales nacionales en el país donde el genocidio se perpetró.
La falta de un debate en forma, la ausencia de una estrategia estatal unificada que de cuenta del “contrato social” de juzgar el Genocidio que reconoce el Dr. Lorenzetti desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, han derivado en un proceso judicial que avanza a ciegas, enfrentando reiteradamente los mismos escollos, sometiendo a los testigos a la dura tarea de enfrentar sus represores con la palabra una y otra vez, sin salir de la fragmentación que la Justicia impuso a las causas por negarse a pensar el Terrorismo de Estado tal como este se cometió: centralizado y estructurado desde la Comandancia de los Cuerpos del Ejercito que organizaban zonas, áreas y centros clandestinos de exterminio. Para no alargar, digamos que a pesar de todos los avances –que hemos celebrado más de una vez- a doce años de la anulación de las leyes de la impunidad, avanza la estrategia de impunidad de lograr que los represores “privados de su libertad” permanezcan en sus cómodos hogares y que se haya levantado una verdadera barrera para proteger a los responsables del Poder Económico (Massot de La Nueva Provincia, Blaquier de Ledesma, Acevedo de Acindar, los dueños de Papel Prensa, la Ford, Mercedes Benz, la banca extranjera, etc.) y los integrantes de la Triple A cuyos crímenes se mantienen casi en la absoluta impunidad.
La obstinada voluntad del Poder Judicial de no abrir paso al debate sobre Genocidio no tiene razones judiciales sino política; el Genocidio no es solo la destrucción de un grupo nacional, sino la reorganización radical de una sociedad en todos los terrenos por lo que aceptar que hubo Genocidio, que somos una sociedad post genocidio implicaría discutir las relaciones de Poder en la economía, en los medios de comunicación y en la sociedad toda; algo a lo que pocos estamos dispuestos a hacer.
Pero, acaso más que en la esfera judicial, los rastros de la desaparición de Julio López se verifican en la persistencia de una cultura represora que en palabras de la Comisión Provincial de la Memoria constituye un verdadero colapso de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires por la persistencia de los crímenes del Gatillo Fácil, las causas armadas y la tortura en sede policial, penal y sitios de encierro de menores y enfermos mentales (la aparición sin vida del cuerpo de Luciano Arruga el 17 de octubre pasado, es la confirmación más brutal de todo esto) que obtienen la misma impunidad que la de los desaparecedores de Julio López.
Fue la misma Comisión la que afirmó “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”.
La historia lo confirmó: Sin Julio López no hay Nunca Más, sin Nunca Más no hay democracia verdadera y sin democracia verdadera no hay Patria Libre ni todos los derechos para todos que era aquello que soñaba Julio López y por lo que convocamos a seguir soñando y luchando.
Ahora y siempre.
[1] Aunque duró unas horas conviene recordar que Aníbal Fernández pretendía que Julio López no estaba desaparecido sino que se había ido a tomar el te a casa de un familiar y que Hebe de Bonafini adjudicaba su ausencia como una provocación policial, insinuando que Julio López era un infiltrado policial. Todo está guardado en la memoria.
[2] [1]http://notas.desaparecidos.org/2011/04/duro_informe_de_la_onu_sobre_p_1.html
