DOW: protesta pacífica y fotografías policiales

Un grupo de vecinxs de Ingeniero White se convocó hoy a las 13 para exigir respuestas ante la explosión ocurrida ayer en la planta de Dow. Denuncian que las autoridades no se hacen responsables y le solicitaron al intendente electo Héctor Gay “que nos escuche. Vamos a pedir una audiencia porque esto no da para más. Estamos luchando por la vida de nuestros hijos y nuestros nietos”.

A su vez, manifestaron preocupación por los anuncios realizados de ampliación del Polo Petroquímico. Se trata de las inversiones millonarias que anunció Daniel Scioli junto al embajador de EEUU Noah Mamet.

Mientas las personas que se reunieron terminaban de atender a los medios, un móvil de la policía de la provincia con patente JVM 794 estacionó a unos cinco metros. De inmediato bajó del vehículo una uniformada y comenzó a fotografiar a lxs presentes.

Por su parte, lxs vecinxs no tardaron en acercarse a preguntar por qué estaban siendo “fichados” a lo que la agente respondió que le “ordenaron contar a las personas y hacer un informe”. Ante la pregunta de FM De la Calle interrogando quién ordenó el informe, la oficial sostuvo que la disposición fue requerida por “el comisario” de la 3ra. 

 

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A nueve años, se verifica que sin López no hay Nunca Más

(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Así como no hay violación de los derechos humanos que no tenga un discurso justificatorio, cada agravio a la condición humana agravia a la humanidad entera y deja rastros más que perceptibles en el tramado de la vida social.

Si bien es cierto que nadie reivindicó el secuestro de Julio López, ni su justificación[1]; ha habido en estos nueve años silencios que han sido discursos y discursos que han pretendido adjudicar a su secuestro una especie de “pago” que la sociedad debía hacer por avanzar en los juicios, asumiendo un signo fatalista para su pensamiento que generalmente rechazan en el análisis de otros asuntos.

A nueve años de su secuestro y desaparición forzada afirmamos rotundamente que el crimen pudo haberse evitado y que pudo haberse esclarecido. Jamás aceptaremos que la impunidad es fatal e inevitable; la lucha del movimiento de derechos humanos –en toda su diversidad y enorme amplitud- demostraron que no hay obstáculo que no se pueda remover si de conquistar Justicia se trata para las víctimas del Terrorismo de Estado u otros agravios del aparato estatal.

No hubo un plan de protección a los testigos, querellantes, abogados y demás fuerzas que intervienen en los juicios contra los genocidas. Así lo afirmó en abril 2011 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Américo Incalcaterra en un informe demoledor donde afirma: al momento de la desaparición de López “Argentina no estaba preparada”, para hacer frente a esa situación. Además, el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. “Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas”, agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kirchner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.”[2]

Y no hubo voluntad política de investigar hasta la última consecuencia la responsabilidad de Etchecolatz, sus amigos de adentro de la fuerza policial Bonaerense y mucho menos la trama de los Servicios de Inteligencia que después del caso Nisman sabemos sin dudas que seguía trabajando con autonomía de mando. Fue el inefable Solá (el mismo que era gobernador cuando la masacre del Puente Pueyrredón del 2002) quién fundamentó que entre encontrar a Julio López y la gobernabilidad (que se vería afectada si se investigaba a fondo la Bonaerense, según él), elegía la gobernabilidad. Igual opción tomaron los Kirchner y la oposición política de derechas, solo un segmento del movimiento de derechos humanos y las izquierdas mantuvieron la lucha contra la impunidad de los secuestradores de Julio López, hasta hoy.

Al momento de hablar de la desaparición de Julio López no todos nombran otra desaparición, ocurrida en aquellos días, y es justamente la del debate propuesto por el fallo del Tribunal Oral Federal

Número Uno de La Plata quien al atender que la normativa vigente no daba cuenta de lo realmente ocurrido y por ello considerar los delitos cometidos por Etchecolatz “realizados en el marco de un genocidio” proponía un debate sobre todos los temas atinentes a la tarea de juzgar, treinta y nueve años después, a un genocidio, tarea nunca antes acometida por tribunales nacionales en el país donde el genocidio se perpetró.

La falta de un debate en forma, la ausencia de una estrategia estatal unificada que de cuenta del “contrato social” de juzgar el Genocidio que reconoce el Dr. Lorenzetti desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, han derivado en un proceso judicial que avanza a ciegas, enfrentando reiteradamente los mismos escollos, sometiendo a los testigos a la dura tarea de enfrentar sus represores con la palabra una y otra vez, sin salir de la fragmentación que la Justicia impuso a las causas por negarse a pensar el Terrorismo de Estado tal como este se cometió: centralizado y estructurado desde la Comandancia de los Cuerpos del Ejercito que organizaban zonas, áreas y centros clandestinos de exterminio. Para no alargar, digamos que a pesar de todos los avances –que hemos celebrado más de una vez- a doce años de la anulación de las leyes de la impunidad, avanza la estrategia de impunidad de lograr que los represores “privados de su libertad” permanezcan en sus cómodos hogares y que se haya levantado una verdadera barrera para proteger a los responsables del Poder Económico (Massot de La Nueva Provincia, Blaquier de Ledesma, Acevedo de Acindar, los dueños de Papel Prensa, la Ford, Mercedes Benz, la banca extranjera, etc.) y los integrantes de la Triple A cuyos crímenes se mantienen casi en la absoluta impunidad.

La obstinada voluntad del Poder Judicial de no abrir paso al debate sobre Genocidio no tiene razones judiciales sino política; el Genocidio no es solo la destrucción de un grupo nacional, sino la reorganización radical de una sociedad en todos los terrenos por lo que aceptar que hubo Genocidio, que somos una sociedad post genocidio implicaría discutir las relaciones de Poder en la economía, en los medios de comunicación y en la sociedad toda; algo a lo que pocos estamos dispuestos a hacer.

Pero, acaso más que en la esfera judicial, los rastros de la desaparición de Julio López se verifican en la persistencia de una cultura represora que en palabras de la Comisión Provincial de la Memoria constituye un verdadero colapso de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires por la persistencia de los crímenes del Gatillo Fácil, las causas armadas y la tortura en sede policial, penal y sitios de encierro de menores y enfermos mentales (la aparición sin vida del cuerpo de Luciano Arruga el 17 de octubre pasado, es la confirmación más brutal de todo esto) que obtienen la misma impunidad que la de los desaparecedores de Julio López.

Fue la misma Comisión la que afirmó “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”.

La historia lo confirmó: Sin Julio López no hay Nunca Más, sin Nunca Más no hay democracia verdadera y sin democracia verdadera no hay Patria Libre ni todos los derechos para todos que era aquello que soñaba Julio López y por lo que convocamos a seguir soñando y luchando.

Ahora y siempre.

[1] Aunque duró unas horas conviene recordar que Aníbal Fernández pretendía que Julio López no estaba desaparecido sino que se había ido a tomar el te a casa de un familiar y que Hebe de Bonafini adjudicaba su ausencia como una provocación policial, insinuando que Julio López era un infiltrado policial. Todo está guardado en la memoria.

[2] [1]http://notas.desaparecidos.org/2011/04/duro_informe_de_la_onu_sobre_p_1.html

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Fiscalía pidió 18 perpetuas y la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia

“Señores jueces vamos a terminar este alegato con la palabra de la víctima en el entendimiento de que nuestro trabajo comienza y termina con ellas porque, en definitiva, somos parte de su voz”, dijo el fiscal José Nebbia tras seis jornadas de exposición en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los cinco restantes.

En el escenario de Colón 80, un video recordó el testimonio de Patricia Gastaldi: “Estoy profundamente conmocionada porque muchos años esperamos para poder declarar ante los jueces de la Nación. Y siento que durante todos estos años mi palabra también estuvo desaparecida y hoy aparece y puedo narrar los horrores no solo que viví yo, sino que vivió mi marido y todos los compañeros. Y que es un momento muy especial donde siento profundamente la reparación del Estado”.

Miguel Palazzani, previamente argumentó un “pedido especial” como parte de la reparación integral a las víctimas, para que se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.

“Las víctimas, los familiares, sus afectos y amigos, el pueblo bahiense, de la región y argentino tienen derecho a que ese diario repare en algo el daño. Al menos en este caso que publique que los asesinos, torturadores y desaparecedores han sido condenados. Que publiquen el nombre de sus víctimas y las penas que deberán seguramente purgar. Eso en una pequeña medida traerá justicia y alivio. Seguramente les ocupe solamente una página de verdad contra tantos años de mentiras. Pero por sobre todo y por primera vez La Nueva Provincia publicará la verdad acerca de lo que sucedió”, afirmó.


Los fiscales postularon que debe aplicarse el “derecho de réplica colectivo titularizado por este Ministerio Público” dado que “someter a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y de genocidio, y también a sus familiares, a la litigación individual contra La Nueva Provincia, además de empujarlas a un camino judicial interminable, significaría revictimizarlas”. “A eso se le suma que hay víctimas que están imposibilitadas de ejercerlo porque se encuentran desaparecidas o fallecidas y tienen derecho a que se repare su historia biográfica”.

En el petitorio, Nebbia y Palazzani requirieron la revocación de la prisión domiciliaria de los acusados que vienen gozando ese beneficio: “Hemos visto cómo leían los diarios, cómo conversaban largamente, como reían; y cómo, cuando fueron indagados, sus aspectos y actitudes cambiaron abruptamente: fueron entonces personas minusválidas”.

Los fiscales pidieron al TOCF que “requiera a los organismos que integran Memoria Abierta que realicen trabajos de prospección necesarios en el predio cautelado de la Séptima Batería, a fin de recolectar prueba relativa a los hechos investigados, así como para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos”.

También, solicitaron la extracción de copias sobre las declaraciones de dos testigos para denunciarlos por falso testimonio y solicitaron que las condenas se comuniquen a los ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación, y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración y/o destitución de los acusados, según corresponda.

En el juicio, que comenzó el 8 de julio del año pasado, se juzgan crímenes ordenados por la cúpula de la Armada contra 66 víctimas, perpetrados en el crucero ARA 9 de Julio, amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los 24 acusados que inicialmente habían comenzado el debate -dos fueron apartados por problemas de salud y luego se incorporó un prófugo capturado- llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios. Durante las audiencias, con la nueva prueba testimonial recabada, los fiscales reclamaron y lograron que se ampliara acusación a 19 de ellos por delitos sexuales, que en el alegato fueron calificados con el tipo penal de abuso deshonesto.

Al final del juicio, llegaron diez ex miembros de la Armada, siete del Ejército, cuatro de la Prefectura Naval, uno del Servicio Penitenciario Bonaerense y uno de la Policía bonaerense.

El derecho a réplica

palazzani efemedelacalleEn el final de su exposición, cuando requirieron que la sentencia se publique en el diario La Nueva Provincia, Nebbia y Palazzani recordaron que “durante todo el debate y también en los otros dos juicios que se desarrollaron en esta jurisdicción” se pudo ver cómo el diario “manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos en Bahía Blanca”.

En efecto, recordaron la sentencia de este mismo TOCF tras el primer juicio oral llevado a cabo en aquella ciudad entre 2011 y 2012, por crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército, en la que, al referirse al conglomerado mediático, los jueces suscribieron: “Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

En el alegato los fiscales evaluaron que “esas conductas, lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, fueron conductas perfectamente proyectadas junto con los altos mandos militares que eran esenciales e indispensables al plan criminal”.

“Fueron acción psicológica, fueron parte del entramado criminal, y parte esencial, sin la cual no pudo haberse llevado a cabo el genocidio en Bahía Blanca y la región con el grado de profundidad y encubrimiento que lo fue”, enfatizaron. Al respecto, explicaron que “el crimen de Estado se facilitó y se profundizó con la acción psicológica y el encubrimiento mediático”.

Por eso, dijeron que “se impone hacer otro análisis y dar un paso más en la reparación completa a la biografía de las víctimas” y señalaron que el pedido “es un paso más en ese camino reparatorio y progresivo de reconstrucción de la memoria y la historia”, pues “la única posibilidad de conocer la verdadera versión de los hechos en esta ciudad, una versión probada, rigurosa, indubitable, son estas sentencias”.

Nebbia y Palazzani, quienes vienen reclamando en otras causas el procesamiento del director del diario, Vicente Massot por su participación en crímenes de lesa humanidad, refirieron que el medio reprodujo “el guión y el relato del genocidio en su faz de acción psicológica y encubrimiento mediático”, ambos “indispensables para lograr la concreción del exterminio con el grado de violencia e impunidad que se hizo”.

“En la ponderación entre el derecho del diario a publicar lo que le venga en gana y el derecho a la reparación biográfica de las personas que fueron victimizadas y difamadas en esas páginas, entre el derecho del diario y el derecho de la sociedad a informarse verazmente; en definitiva, entre el derecho del diario y el derecho a la verdad acerca de graves violaciones a los derechos humanos, se debe priorizar siempre éste último”, fundamentaron.

Los pedidos de pena

sanmartin efemedelacalleLos fiscales requirieron prisión perpetua para los siguientes acusados, por los hechos, grados de autoría y calificaciones que se detallan a continuación:

  • Ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi (89), como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en 31 casos; 10 homicidios agravados (nueve de ellos bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons (72), como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 16 casos; imposición de tormentos en 16 casos; 9 homicidios agravados (8 bajo la modalidad de desaparición forzada), y siete casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Enrique de León (70), como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en 18 casos; once casos de homicidio (tres en la modalidad de desaparición forzada), y siete casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro (85) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados en 31 casos; dos homicidios agravados, y dos casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados en tres casos; cuatro homicidios calificados, bajo la modalidad de desaparición forzada, y dos casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez (90) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada en 31 casos; imposición de tormentos en 28 casos; 10 homicidios agravados (nueve bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de fragata José Luis Ripa (80) coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en tres casos; cuatro homicidios agravados bajo la modalidad de desaparición forzada), y dos casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en 26 casos -en uno, como cautor directo-; seis casos de homicidio agravado (cinco bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
  • Ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos en doce casos; nueve homicidios agravados (ocho bajo la modalidad de desaparición forzada), y cuatro casos de abuso deshonesto.
  • Ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi (72) como coautor mediato de privaciónilegal de la libertad agravada en 32 casos; 30 casos de imposición de tormentos agravados; doce homicidios agravados (dos bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
  • Ex prefecto Néstor Alberto Nougues (73) como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 32 casos; imposición de tormentos agravados en 22 casos; y cuatro homicidios agravados (uno de bajo la modalidad de desaparición forzada), y tres de abuso deshonesto.
  • Ex prefecto Luis Ángel Bustos (66) como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 39 casos; imposición de tormentos agravados en 29 casos; y nueve casos de homicidios calificados (seis bajo la modalidad de desaparición forzada), y cuatro casos de abuso deshonesto.
  • Ex coronel Carlos Andrés Stricker (77) como coautor mediato de siete casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados; un caso de homicidio calificado, y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex teniente coronel Óscar Raúl Otero (70) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados en siete casos; un caso de homicidio calificado, y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont (73) como coautor mediato en dos casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre (68) como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en tres casos y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex suboficial Felipe Ayala (78) como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en dos casos.
  • Ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez (75) como coautor de la privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en un caso, y abuso deshonesto en un caso.

De 10 a 25 años

tribunal efemedelacalleLos fiscales además requirieron las siguientes penas para las personas que se enuncian a continuación:

  • Ex prefecto Pedro Alberto Pila (76) a la pena de 25 años de prisión como coautor mediato de la privación ilegal de la libertad agravada en 26 casos e imposición de tormentos agravados en 17 casos.
  • Ex oficial Alejandro Lawless a la pena de 19 años de prisión como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados en seis casos, y un caso de abuso deshonesto.
  • Ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya (82), a la pena de 18 años de prisión como coautor mediato de privación ilegal de la la libertad e imposición de tormentos agravados en cinco casos.
  • Ex capitán de navío Domingo Ramón Negrete (85) a la pena de 17 años de prisión como coautor mediato de privación ilegal de la libertad en dos casos; un caso de imposición de tormentos agravados, y uno de abuso deshonesto.
  • Ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman (71), a la pena de diez años de prisión como coautor de un caso de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados.

Los fiscales además acusaron por integrar una asociación ilícita a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Negrete y Selaya.

Fuente: FM De la Calle y fiscales.gob.ar

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Fuera de micrófono

Cuatro son los principales negocios a escala internacional: en narcotráfico, el tráfico de armas, de personas y de órganos. En un mundo global (unilateral), los negocios se extienden, y esta es una ley natural del comercio capitalista.

Muchos y muy poderosos son los intereses que se juegan, dadas las personas y factores involucrados: no son posibles estos negocios sin complicidades en los ámbitos político, judicial y policial.

Para operar fuera de la ley de manera sistemática hace falta sistematizar la corrupción. Cuando la corrupción se sistematiza pasa a ser un sistema paralelo que todos conocen pero contra el que nadie arremete, puesto que expondría la irrealidad del equilibrio institucional contemporáneo,  en el que más o menos la comodidad y la tranquilidad se equilibran para conciliar el sueño y soterrar las conciencias en el sueño pueril de la calidad institucional.

Conviene el silencio y la omisión para evitar el escándalo de reconocer que las cosas no funcionan estructuralmente. Sin embargo, el inconsciente opera siempre a pesar de la voluntad propia.

Bahía Blanca no es ajena al mundo y, por ende, la realidad del mundo se materializa en estas tierras. Lento e inseguro, el Honorable Concejo Deliberante aprobó en abril el Observatorio de la Problemática del Narcotráfico. El 24 de julio se realizó una reunión preparatoria de la que participaron concejales de todas las bancadas, legisladores provinciales, autoridades de las fuerzas de seguridad, representantes del poder judicial y también de instituciones educativas. La creación de este espacio multidisciplinario blanquea hacia la comunidad, desde la dirigencia política, la lectura de que el narcotráfico es un problema complejo e insoslayable.

Resulta paradigmático del estado de cosas la coincidencia unánime en las declaraciones de dirigentes políticos, incluso de candidatos a intendente: “todo el mundo sabe lo que pasa en los barrios, quién vende y quién permite que se venda”. Sin embargo, públicamente nadie señala a los nuevos ricos, a quienes se benefician económicamente con este negocio ni a sus cómplices.

Sin embargo, es posible leer la realidad entre líneas (tal vez, la única manera de leerla). ¿Dónde se publican los hechos delictivos? En el segmento policiales. Leyendo con atención, algunos hechos resultan llamativos.

El último mes se desarrollaron en la ciudad una serie de robos con características similares. Grupos numerosos ingresaron a viviendas de personas mayores. Los sucesos fueron informados de manera detallada. El 22 de julio La Nueva Provincia publicó que varios ladrones asaltaron a una pareja de ancianos. Lo habrían hecho ingresando a la vivienda a través de engaños. Se destacó especialmente que el hecho ocurriera “en pleno centro” de la ciudad.

Cuatro días después, nuevamente un grupo de delincuentes asaltó a una pareja de adultos mayores “frente a la departamental” de policía en calle Alem al 800. También se difundió que un familiar relató que eran unas ocho personas quienes ingresaron al domicilio. ¿Por qué arriesgarse a robar en ese lugar? ¿Por qué acometer con una operación tan desafiante y provocadora?

Dos días más tarde otra crónica relata un robo rural con similar modus operandi en una zona rural.

Las características de delitos cometidos por grupos numerosos en lugares de gran circulación y, en una ocasión, frente al edificio policial, son por lo menos llamativas.

Fuentes de la investigación afirman que los presuntos autores de estos delitos formarían parte de un mismo grupo vinculado a una red de narcotráfico que opera en la ciudad, algunos de cuyos miembros serían extranjeros.

En pasillos palaciegos, fuera de micrófono, se murmura que según las coyunturas políticas, según qué dirigente visite la ciudad, pueden aumentan delitos, haber “zonas liberadas” para operaciones criminales y otras artimañas de esta comunidad criminal. No hablamos de rateros de mala muerte. Hay hechos que no resisten análisis lógico. Hay, por su puesto y cómo es público, hechos no esclarecidos, incluso dentro del ámbito político.

Fuera de micrófono, la dirigencia reconoce la existencia de las mafias y la calaña de los negocios. Fuera de micrófono las dirigencias sugieren la existencia de peculios de procedencias inconfesables.

Esta es la misma ciudad donde encerraron durante horas a 20 empresarios de alto status en una casa, humillaron, robaron y maltrataron a sus seres queridos. Hecho realizado con una capacidad operacional comando. Pese a lo evidentemente irregular del suceso, a los pocos días se generan los consensos para transmitir a la sociedad la idea de que fue “un hecho más del flagelo de la inseguridad”.

¿Está la dirigencia política a la altura de la compleja problemática del narcotráfico? ¿Tienen la voluntad política para hacerlo? Si la tienen ¿qué tipo de intereses o compromisos limitan la acción concreta? ¿Los organismos del Estado tienen anticuerpos para combatir las células afectadas, o la enfermedad es crónica?

¿La Justicia tiene herramientas para avanzar contra un poder cuyas leyes son redactadas por oscuros congresos habitados por legisladores que no provienen del sufragio corriente?

Da la sensación de que hay más preguntas que respuesta. Por momentos, la sensación es peor, nadie quiere hacerse esas preguntas en voz alta.

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¿#NiUNOmenos?

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“A veces cuando uno habla de violencia de género se refleja la imagen de la mujer, hay un programa en el municipio de asistencia masculina, asistencia en violencia de género, que en el año 2014 tuvo 51 intervenciones. 51 hombres que se acercaron a buscar asistencia o ayuda por ser víctimas de violencia de género. Y en lo que va del año tenemos también 14 hombres que son víctimas de violencia de género”, se jactó el concejal oficialista Matías Italiano al cerrar el repaso de seis programas comunales, durante el debate previo a la declaración de “emergencia pública en materia social por violencia de género” en Bahía Blanca.

La licenciada en psicología y militante de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, Silvia Scheider, explicó en el programa Enredados, que “si bien la categorización de género o violencia de género es muy importante, Eva Giberti dice que en ese término se esconde quien perpetra la violencia. La violencia de género es la que se perpetra contra las mujeres en virtud de que son mujeres”.

“Lo explico cien veces esto, no hay violencia de género contra los varones, no se los ataca porque son varones. Se los ataca dentro de una relación violenta, porque una mujer también puede ser delincuenta o asesina, no es que por ser mujeres somos buenas, eso sería una pavada. Pero sí remarcar que nosotras somos víctimas de violencia machista y que quien perpetra esta violencia son los varones. Los que violan son los varones, los que golpean son los varones a las mujeres por nuestra condición de mujeres”, aclaró.

Si hicieran falta números para sostener la refutación bastarían los evidenciados por el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro: un promedio de cinco mujeres por semana víctimas de femicidio en los últimos siete años a nivel nacional, desde 2008 un total de 1808 casos. 277 en 2014, solo los publicados en diarios y portales de noticias. En casi seis de cada diez hechos, el principal sospechoso o imputado fue el esposo, novio o ex pareja.

Según datos de la Oficina de Violencia de Género de la Fiscalía General, citados en la ordenanza aprobada, en enero se registraron 209 denuncias de violencia de género, lo que representó el 19,6% del total de denuncias de ese mes; en febrero la tendencia fue la misma con 187 denuncias recibidas en la Comisaría de la Mujer de Bahía blanca, la Oficina de Fiscalía General y otras dependencias.

Más allá de la preocupación del municipio y el bloque oficialista por los “varones golpeados”, Italiano mencionó que en materia preventiva por tercer año consecutivo se ejecuta “El amor no duele” que alcanzó a “más de mil chicos” de “varias escuelas”, que la capacitación de “más de 120 vecinos” en el marco de “Promotores de Igualdad” apunta a “generar herramientas para detectar signos de violencia” y que “Cortá con la violencia” es una campaña de entrega de folletería en peluquerías con “la primera información a las personas para poder denunciar ese tipo de violencia de género”. Finalmente, agregó que próximamente se anunciarán acciones conjuntas con colegios profesionales.

En cuanto a la atención a la víctima habló del “Servicio Promover” en el marco del cual “equipos móviles de la Subsecretaría de Niñez recorren la ciudad” y “en lo que va del año 2008 (sic) tuvieron 118 intervenciones de mujeres, y el número sigue creciendo porque en la medida que se visibiliza el tema y se educa y se generan estos espacios la gente se anima a denunciar”. Alerta Bahía es el nombre de la iniciativa que ofrece botones antipánico y servicios de mensajes de texto a 160 personas.

Si bien las estadísticas no resaltan en comparación con las gravísimas cifras que se vienen advirtiendo desde hace años, el impacto mediático del femicidio de Chiara y la convocatoria #NiUnaMenos que promete movilizar miles en decenas de ciudades del país, modificó la conducta de muchxs que evadían las denuncias permanentes de víctimas y organizaciones de mujeres y activó dobles discursos.

Existen tres proyectos para declarar la emergencia social en materia de violencia de género en el HCD, fueron presentados por el edil Manuel Mendoza en consonancia con el de la diputada nacional  Virginia Linares, igualmente ignorado por sus pares. El expediente HCD-1054/2012 se inició el 14 de agosto de 2012, el HCD-984/2014 el 24 de junio de 2014 y -la tercera fue la vencida- el HCD-614/2015 fue votado este jueves, al día siguiente de su presentación.

“La emergencia es una herramienta más”, se reiteró desde distintas bancadas antes de levantar la mano. Y los antecedentes no son muy auspiciosos: la provincia está en emergencia desde fines de 2012 (Ley/Decreto Provincial Nº 14.407) y la Nación cuenta desde 2009 con una Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Nº26.485) sin presupuesto ni ejecución en sus artículos más importantes.

Que el hastío del #NiUnaMenos se exprese el miércoles y no se diluya el jueves será sin dudas una herramienta mucho más poderosa. A nivel nacional se exige “que se implemente, con recursos y monitoreo, el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres establecido por la Ley 26.485; que se garantice el acceso de las víctimas a la Justicia; que se elabore un Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres, porque las estadísticas son necesarias para el diseño de políticas públicas; que se garantice y profundice la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, en todo el país; que se garantice la protección de las víctimas de violencia con monitoreo electrónico de los victimarios”.

En Bahía Blanca este 3 de junio habrá siluetazos desde las 12 en los alrededores de la Plaza Rivadavia y desde las 16:30 los tambores de un grupo de candomberas llamará a acercarse a la radio abierta (con transmisión en vivo de FM De la Calle 87.9Mhz) en la cual intervendrán familiares de víctimas de la violencia machista y representantes de las organizaciones convocantes y cerrará con una marcha.

Entre las demandas están la declaración de emergencia nacional, mayor presupuesto, reglamentación y cumplimiento real de la ley N°26485 con control de las mujeres, refugios sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijxs y asistencia legal, económica y psicológica gratuita. Denuncian “la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos” y “la inacción, responsabilidad y participación de los gobiernos como expresión de este estado en la violencia hacia las mujeres”. Piden el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del estado y advierten que “el machismo  y la violencia patriarcal matan”.

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Viernes Ciego

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Viernes ciego 

Julio Moreno es guitarrista y compositor. Está radicado en Brasil desde 1991 donde se desempeña como docente, sesionista y participó de diferentes grupos.

De tanto en tanto nos visitan él, su guitarra y su música. El Teatro Municipal de esta ciudad que lo vio nacer, cobijará su trío este viernes a las 21 30 horas. La formación está integrada por los Federicos Ursino en batería y García Del Cerro en bajo.

El “Ciego” habló con FM de la Calle durante la columna de Astor Vitali sobre sus ocupaciones actuales, la tarea de sesionista, el repertorio del trío y su oferta discográfica actual.

Del concierto participarán Laura Celave en voz, Tato Maina en teclados y Claudeta Vu en saxos, como invitadxs.

Y sí, la entrada es libre y gratuita.

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