Mañana a las 17 en la Plaza Rivadavia se realizará un acto para conmemorar el segundo aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería Nacional en territorio mapuche. Su cuerpo fue “hallado” 78 días después en el Río Chubut.
Esta tarde habrá una vigilia en el Centro Cultural La Panadería, desde las 19 en Lamadrid 544.
“Hay que apoyar el reclamo de los familiares para la reapertura de la causa, con la misma consigna para que no se caiga y que se pida la investigación de los responsables”, comentó Dante Patrignani desde la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca- Cnel. Dorrego.
El dirigente destacó que en la causa “no se peritaron los billetes que se encontraron junto con el documento, no se peritó lo que dice la propia autopsia que dice que el cuerpo había sido congelado, no peritaron los teléfonos de los gendarmes. Mañana también apuntamos a hacer una denuncia de toda la política de la ministra Bullrich: como es el asesinato de Rafael Nahuel o el allanamiento de la semana pasada a otra comunidad mapuche”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/07/santiago-maldonado.jpg?fit=960%2C634&ssl=1634960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-07-31 14:32:192019-07-31 14:32:19Santiago Maldonado: pedirán la reapertura de la causa
Somos la “Asamblea por el ambiente, la salud y la vida”, conformada a raíz de la explosión en la Planta de Etileno de la Empresa Dow Chemical, vivida el pasado 28 de junio. Explosión de la que aún ignoramos el origen y las dimensiones que tuvo.
El martes 23 de julio la misma empresa Dow Chemical, responsable de dicha explosión, casi como una tomada de pelo, inaugurará en la ciudad un Centro Deportivo, denominado DOW CENTER, con la presencia de la Selección Argentina de Básquetbol e invitando a 300 niñxs y jovenxs de la ciudad, con la presencia de funcionarios y abierto al público, en una jornada que denominan “Open Day”.
Nosotros convocamos como asamblea a repudiar esta inauguración, a repudiar las políticas de Responsabilidad Social Empresaria por las que a través de, millones de pesos que “invierten” en esos lugares (insignificantes para ellos) encubren la cadena de despojo, de explotación, contaminación y muerte que generan estas empresas.
Hoy contamos también con una investigación de la Universidad de Buenos Aires en la que consta que, entre otras empresas emplazadas en el polo, PBB Polisur-Dow está contaminando seriamente la ría local con cadmio, plomo, cobre, cromo poniendo en riesgo la vida de peces y la vida humana de una población que ha vivido históricamente de la producción pesquera.
No nos olvidamos de los escapes de cloro y amoniaco que se dieron el 20 de agosto del año 2000 en Solvay Indupa, otra empresa que junto a Dow opera en la producción de químicos derivados del petróleo en el Polo local, y Profertil.
No nos olvidamos de Juan Cruz Manfredini, quien murió con el 95% de su cuerpo quemado en una explosión (en una casa no habilitada), trabajando para una empresa tercerizada al servicio de actividades para varias de las empresas del Polo.
Así como tampoco nos olvidamos que en Solvay Indupa, en la otra fabricante de plásticos del polo, Fabíán Ernesto Monterroso (jugador de básquet justamente), falleció cayendo a un piletón de soda cáustica en el año 2012 porque las barandas del mismo estaban oxidadas y podridas.
Ni de Adrián Valente, que en 2011 murió en una explosión en Petrobras, fábrica cuyas cañerías estaban podridas y sus permisos y habilitaciones vencidos (Petrobras fue clausurada incluso en el 2013 en el marco de una denuncia por contaminación).
Fuera de nuestro país, no nos olvidamos que la Dow, empresa que hoy inaugura un Centro Deportivo, mientras pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, es responsable del mayor desastre industrial y ambiental de la historia.
En una ciudad llamada Bophal, en la India en 1984, en una fábrica de pesticidas, por un escape de gases tóxicos fallecieron entre 6.000 y 8.000 personas en la primera semana tras el escape tóxico. Otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de este desastre que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales siguen sufriendo graves secuelas y han pasado 35 años sin remedación.
Es también la empresa que fabricó un químico llamado “agente naranja”, principal componente del Napalm, utilizado por primera vez en Vietnam en una guerra.
DOW no es vida, es riesgo para todxs nosotros, es muerte.
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Vanesa Troncozo, integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, manifestó a FM De la Calle el desacuerdo del organismo con la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte de la ministra Patricia Bullrich.
“Creemos que hay que reorganizar recursos para poder brindar lo necesario a nuestros hijos. Si el propósito es llegar con la educación a estos adolescentes, bienvenidos sean todos los esfuerzos dentro de lo que la ley de promoción y protección de los derechos de la niñez enmarca”.
Troncozo agregó “si el interés principal es brindar una educación de calidad y que se reinserten en el sistema educativo, entonces que expliquen por qué quisieron eliminar los equipos de orientación escolar que son justamente los que se encargan de que no dejen la escuela”.
Como también escasean recursos en sistemas educativos no formales como el programa Envión, clubes barriales, organizaciones sociales o “incluso las iglesias que cumplen funciones educativas y de valores muy importantes dentro de los barrios, a contrario de los dichos de Bullrich”.
En un comunicado, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia afirmó: “Vemos con preocupación esta clase de iniciativas que tienden a la militarización de la niñez. Las fuerzas de seguridad, son para la seguridad”.
Troncozo sostuvo que es muy difícil estimar el abandono escolar y agregó que ven “con preocupación la falta de infraestructura edilicia para los programas provinciales como Envión, que es uno de los pocos dispositivos que tenemos para acercarnos a esa edad (de 12 a 21 años)”.
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El Senado demoró una vez más la designación de la primera defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación. Dicho rol fue creado hace 14 años y recién semanas atrás obtuvo media sanción en Diputados el nombramiento de Marisa Graham.
“Hay cierta resistencia a que haya estos organismos de control y supervisión”, dijo la abogada FM De la Calle. “Es un trabajo amplio de difusión, capacitación, fortaleciendo los organismos que ya existen. Tenemos la obligación de que las normas y derechos de la niñez y la adolescencia se cumplan. Tenemos en el plan de trabajo el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral”.
La ministra Patricia Bullrich anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores que ofrecerá la Gendarmería a jóvenes de entre 16 y 20 que “ni estudian ni trabajan”.
“La calificación Ni Ni no me gusta. Me parece discriminatoria, decirles que son Ni Ni es enviar un mensaje de que no esperamos nada de ellos. Es ver a esta franja, que es una de las más complejas de abordar, con menos políticas públicas destinadas a ella, culpabilizarlos, siempre demostrar lo que no pueden y lo que no hacen, en vez de mostrar sus intereses, su imaginación”, dijo Graham.
Planteó ciertos interrogantes respecto a la propuesta macrista: “Lo primero que pregunto es si nos hemos resignado a que la escuela secundaria no cumpla el rol que tiene que cumplir. Sabemos que algo pasa con la escuela que no convoca ni retiene a los chicos, ¿resignamos el rol que tiene que tener la escuela y la educación que es la que tiene que fomentar estos valores de democracia, republicanismos y derechos humanos?”.
“Tanto la Convención como el corpus iuris de los Derechos de Niños nos hablan del principio de especialidad, todos aquellos lugares que son para niños, niñas y adolescentes tiene que ser especialistas, saber trabajar con niñez. Ninguna fuerza de seguridad está preparada, ni creo que debería estarlo, para cubrir este rol y trabajar con chicos”, agregó.
Graham comentó que “en uno de los anexos, habla de módulos, me gustaría saber cuáles son los contenidos de los módulos, a través de qué herramientas vamos a llegar a la formación de qué valores”.
Por último, señaló que le preocupa que “la resolución habla de una Argentina sin narcotráfico, pero después no vuelve a hablar de eso. Pregunto cómo vinculan el tema del narcotráfico con los chicos de 16 a 20 años. No llego a entender por qué está allí eso cuando después no vuelve a aparecer. Si es cuestión de prevención hablaría de adicciones, no de narcotráfico”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/07/marisa-graham.jpg?fit=806%2C488&ssl=1488806FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-07-18 19:24:122019-07-18 19:24:12“Ninguna fuerza de seguridad está preparada para trabajar con chicos”
Se cumplen hoy 25 años del atentado a la mutual judía de la AMIA, en el cual murieron 85 personas. “Hay pruebas contundentes de la responsabilidad del Estado nacional y, seguramente, hay muchas más pruebas en los archivos secretos que Macri sigue ocultando”, dijo a FM De la Calle la titular de APEMIA, Laura Ginsberg.
“Todo el esfuerzo del gobierno de Macri está puesto en una campaña de propaganda. La han armado con el Congreso Judío Mundial, han presentado a la sociedad un combo que incluye declarar terrorista a Hezbollah, la ley de juicio en ausencia que cuenta con apoyo del oficialismo y de la oposición y toda esa propaganda lo único que hace es ocultar que hay responsabilidades del Estado argentino que ya están demostradas. El Estado argentino no solo participó en el encubrimiento, ha puesto a sus fuerzas de inteligencia y de seguridad como partícipes del crímen. Y de eso no se habla. Es evidente que no es el Estado el que va a proveer justicia”, afirmó.
La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de Amia, organización conformada por víctimas, familiares y amigos de las víctimas del atentado de 1994, sostienen que aquel ataque “fue un crimen del terrorismo de Estado en democracia”.
“A diferencia de la dictadura militar que tenía un plan sistemático de exterminio, que cometió un genocidio durante muchos años, en democracia los restos de esa criminalidad participaron y ayudaron a encubrir el atentado a la AMIA”.
“En Argentina tuvimos tres atentados en tres años: la Embajada, la AMIA y, después, Río Tercero. Luego de esa sucesión incomprensible de crímenes, en años donde no existía el terrorismo internacional como se conoce hoy, en esas condiciones, la Argentina recibió un premio. Fue incorporado como un aliado extra OTAN y fue y sigue siendo en la región el líder de la lucha contra el terrorismo internacional. Es una historia diferente a la que vivimos en el sentido de que el terrorismo como lo padecimos en la dictadura tiene otro origen, los resabios de eso no solo participaron en el atentado sino que fueron quienes ayudaron a encubrir”, afirmó Ginsberg.
Destacó que “lo cierto es que ningún juez demostró o afirma que Irán o Hezbollah tienen alguna responsabilidad. Canicoba Corral dijo que la pista iraní es una hipótesis y desde entonces no hubo nueva prueba que vincule al régimen iraní con Hezbollah. Lo último que hay es un dictamen que escribió Nisman. Nuestra conclusión es que Nisman hizo una serie de conexiones sin sustento de esa responsabilidad genérica pero que nunca se plasmó en ninguna conclusión desde el punto de vista jurídico. Durante 25 años no pudieron mostrar una sola prueba que justifique esa responsabilidad”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/07/amia.jpg?fit=960%2C540&ssl=1540960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-07-18 18:42:442019-07-18 18:42:44AMIA 25 años: “El Estado no es el que va a proveer justicia”
A María del Carmen Verdú, abogada y referente de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores no le llamó la atención. “Sorprenderse es haber estado durmiendo los últimos 4 años. Nos venimos quedando sin adjetivos, ya hemos agotado absolutamente todos”, dijo a FM De la Calle.
Para el análisis de la problemática y las probables soluciones propuso dos vías. “Primero, la situación de desamparo: ¿de quién es la culpa? ¿quién los dejó sin trabajo? ¿Quién los dejó sin escuela o sin vacantes? ¿Por qué están en edad de trabajar? Hay una pequeña trampa: los de 16, 17 y 18 tienen que estar estudiando en la escuela, están planteando el trabajo infantil como algo normal”.
Segundo: “¿Quién es responsable, el garante de que toda persona de menos de 18 años tenga todos los derechos consagrados por el Estado? Esto es una responsabilidad indelegable por parte del Estado argentino”.
“En todos los casos les van a contar que en los últimos años se la pasaron en la calle, protestando porque les cierran programas, porque les recortan las partidas presupuestarias, porque les despiden gente (son los sectores de los trabajadores estatales que más despidos han tenido) o, directamente, porque la mayoría no son de planta permanente, tienen contratos basuras con plazos de seis meses que luego no se los renuevan”.
Como consecuencia se cierran comedores, merenderos, lugares de apoyo escolar y toda política social que brinda una ayuda a este segmento etario, para luego poder meterlos a un cuartel, para poder enseñarles moralidad y costumbres. “Entre ellas, con las que fusilaron a Mauro Ojeda de 16 años o Francisco Escobar de 19 en el puente de Corrientes”.
“Estamos hablando de la fuerza que hace más de 20 años tiene a su cargo la represión del conflicto y la protesta social. A las víctimas del conflicto social generado por los distintos gobiernos y, en particular por el actual, se las vamos a dejar en manos de sus represores con el objetivo de generar corrientes de empatía entre la población potencialmente peligrosa y las fuerzas de seguridad o armadas. Que enseñen ya desde muy chicos quién es el que manda cambiando las ansias de ser uno más de la clase por ser el perro guardián de la clase”, afirmó Verdú.
La titular de la CORREPI manifestó que el gobierno, al no tener ninguna carta ganadora que exhibir, “se lanzó a la campaña electoral con el voto bala en una mano y con el voto cárcel en la otra: Doctrina Chocobar, baja de la edad de punibilidad, reformas de los códigos procesales penales, reforma del Código Penal, etcétera”.
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En virtud de los lamentables sucesos ocurridos el pasado 9 de Julio en nuestra ciudad, en los que fueron detenidos arbitrariamente un compañero de la Coordinadora de los Centros de Estudiantes de las Escuelas Artísticas y otro de la Federación de Estudiantes Secundarios, las organizaciones abajo firmantes repudiamos el violento accionar desplegado por efectivos de la Comisaría Segunda.
Mientras el intendente Héctor Gay participaba del desfile cívico-militar en el marco por los festejos por el Día de la Independencia, policías uniformados y civiles detenían en forma violenta a ambos compañeros, quienes reclamaban, a doscientos metros del palco oficial, por la implementación de la ley que regula el boleto escolar gratuito en la provincia de Buenos Aires. Que esta ley, a cuatro años de su sanción, aún no se haya aplicado, ha provocado un crecimiento en los niveles de deserción estudiantil, dado que los progresivos aumentos en el transporte impiden que muchxs estudiantes puedan continuar con sus carreras.
En un lapso breve de tiempo -entre la aprehensión y las primeras horas que fueron detenidos- ambos compañeros fueron sometidos a diversos vejámenes. Hablamos de abuso sexual, golpes y agresiones verbales de carácter sexista e ideológico. En simultáneo, otros efectivos de civil perseguían e intimidaban a un grupo de estudiantes que se dirigía hacia la Comisaría.
Como estrategia de organización, les estudiantes convocaron rápidamente a organizaciones sociales, partidos, espacios feministas, centros culturales, sindicatos, centrales de trabajadores y medios de comunicación. La solidaridad del arco de las organizaciones que allí se convocaron fue indispensable a la hora de dar contención a les estudiantes, responder de manera colectiva y, pensar alternativas que agilizaran la liberación de los dos compañeros.
Ese mismo día, en Bueno Aires, organizaciones sociales intentaron levantar una carpa solidaria para los sin techo y la Policía de la Ciudad, con un gran despliegue operativo y el uso de gases lacrimógenos, lo impidió.
En este contexto, sentimos la necesidad de visibilizar y denunciar el estado de las políticas públicas de control y seguridad. La aplicación extendida de la llamada doctrina Chocobar defendida por el Gobierno opera como una amenaza contra las libertades democráticas de quienes ejercen el legítimo derecho de la protesta. Al mismo tiempo, esta política disciplinadora se constituye como la otra cara del ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador.
A nivel local, nos preocupa la intensificación del accionar policial y la impunidad con la que opera; si lograron manejarse con tanta seguridad en el marco del acto oficial es porque contaron con el aval del poder político. Queda a las claras de la propia boca de la policía: “nosotros sólo cumplimos órdenes”.
Frente a este estado de cosas:
– Manifestamos el más enérgico repudio a estos atropellos que se consuman cada vez con mayor frecuencia.
– Condenamos el uso de la violencia en todas sus formas. ¡Basta de violencia institucional, provocaciones y amenazas de las fuerzas de seguridad!
– Exigimos al intendente Héctor Gay que se manifieste y se comprometa con el juzgamiento de los policías implicados.
CTA Bahía Blanca
Acciones Feministas
ADUNS
Asociación Trabajadores de Museos- Bahía Blanca
Astramyc
Bahiensas Feministas
Brujabrújula Producciones Feministas.
Cardumen
Cehum
Centro de Estudiantes del Instituto Avanza
Cuerpo de Delegados/as de Suteba
Comisión Gremial Interna Banco Credicoop
Coordinadora Estudiantil Artística
DesBandadas
FM De la Calle
Frente Feminista Nacional y Popular
Lista Bordó, No Docentes – UNS
Nuevo Encuentro
Nuevo Encuentro Géneros y Disidencias – Bahía Blanca
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(Por Claudia Rafael – APe) Ya es letra legal. El boletín oficial publicó la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad para la creación del “Servicio cívico voluntario en valores” para “jóvenes” de 16 a 20 años. Con la firma de Patricia Bullrich, se crea de hecho aquello que tantas veces se quedó en los últimos años a mitad de camino en el Congreso. A 25 años del fin de la colimba, tras las torturas y homicidio del soldadito Omar Carrasco, y a 118 años de su creación, a través de la Ley 4301 de Servicio Militar Obligatorio destinado a la “moralización pública”, se pondrá en marcha este “servicio” en un contexto de país en el que el presente y el futuro son inasibles para siete millones y medio de chicas y chicos pobres. La gran salida –según el texto de la resolución- es impulsar medidas desde el Estado “que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”.
La Gendarmería será la que –con sus “estructuras” y “recursos humanos”- dará “oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales”.
La misma gendarmería que tuvo clara responsabilidad en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Aquella que el 29 de enero de 2016, arremetió a balazos de goma y plomo contra la murga de la Villa 1-11-14: once heridos, varios de ellos niños.
La misma que exactamente dos años atrás reprimió a los trabajadores de la planta de PepsiCo Snacks de Florida que estaban luchando por su reincorporación. O que, en agosto de 2017, mató de un balazó por la espalda a un joven de 18 años que junto a otro huía después de un intento de robo.
La misma gendarmería –para entender que hay lógicas estructurales que van mucho más allá en el tiempo- que en marzo de 1996 baleó a ocho jóvenes en una esquina de Palermo Viejo y que, después, fue condenada a ocho años de cárcel.
Esa es la fuerza de seguridad a la que el Estado otorga ahora la responsabilidad de formar “en valores democráticos y republicanos” a jóvenes de 16 a 20. Por ahora, y hasta fin de año, en pruebas piloto dentro de Campo de Mayo, Mercedes, Jesús María, Santiago del Estero, Bariloche y González Catán.
Adiestrar. Adoctrinar. Forjar “las potencialidades” en aquello que Foucault definía como instituciones de encierro. Para –después de todo- vigilar y castigar. Eso sí: voluntariamente. Cuando nada es posible de ser elegido ¿qué es voluntario? ¿Qué es lo que se asiente y por qué cosas se opta en la vida cuando la calle y la ausencia de abrigo son una constante?
El Estado anuncia con grandilocuencia que hay un “compromiso con los jóvenes” que “consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario”. Y pone a sus lobos rabiosos a formatear a corderos desesperados argumentando que “la gendarmería nacional viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad”. En donde ejemplifica tareas que van desde repartir donaciones, actuar en inundaciones o incendios, rescatar turistas en la cordillera, ofrecer su servicio de bandas a eventos públicos “ejecutando marchas militares y música popular”. No tiene desperdicio la lectura concienzuda de la resolución.
Que ofrece formalmente una presencia activa y directa del estado en el universo de la educación. Una presencia del estado que es selectiva en los modos, en los tiempos, en los formatos y en los destinatarios. Porque los brazos represivos estatales obedecen a las voces de mando y también, debidamente, se ceban. Y actúan ejerciendo un permiso que demasiadas veces es premiado y elogiado.
Ayer se conocióel fallo de Casación por el que se confirmó la condena a siete integrantes de otras fuerzas securitarias –policía y servicio penitenciario- por “abuso sexual” y “promoción de la corrupción de menores”. Con penas de 7 a 16 años de cárcel. Contra dos hermanas que vivían en “grave estado de vulnerabilidad”. Y que eran víctimas del use y tire. Y que –según el fallo de Casación- eran consideradas “objetos para desahogar su apetito sexual” en el que no faltaba ni siquiera el uso de armas. Ellas también fueron formateadas por y para el estado.
Un estado que ahora decide con letras legales que hay que estimular “el sentido del deber”. Y por eso determina que el brazo armado institucional –el mismo que balea, que abusa, que tortura, que obedece, que asiente, que viola, que intrusa- será responsable de formar para evitar la calle, la droga, la esquina de birra y faso. Para dar un destino a imagen y semejanza a los sindestino.
Voluntariamente, dicen. Con “valores democráticos”, postulan.
Siete millones y medio de pibes siguen bajo la línea de pobreza. Y la nueva escuela de vida que para ellos abre el estado tiene colmillos de gendarme.
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La Corriente Comunista Watu Cilleruelo afirmó que considerar “un exceso policial” a las detenciones arbitrarias, el abuso sexual y las torturas denunciadas por les estudiantes detenidos la semana pasada “es un error de interpretación política”.
“Hay una habilitación del poder político local, en alianza con los grupos empresarios ‘perfectamente organizados’ para avanzar a como dé lugar en la consolidación de un modelo social y cultural con valores patrioteros, basados en la meritocracia y el señalamiento acusatorio contra todas las voces que sostenemos que no hay espacio para una sociedad democrática en tanto la exclusión social sea la marca de nacimiento del modelo de ‘progreso’ impuesto para nuestra región del que solo se benefician unos pocos a costa de la destrucción ambiental, el hambre, la marginación y la falta de perspectiva de futuro para cientos de miles”.
El dirigente José Lualdi apuntó al intendente Héctor Gay y al secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte: “No es posible tolerar que el sistema democrático institucional en nuestra ciudad avale de hecho lo ocurrido a través de su silencio”.
“El intendente hace dos o tres años atrás hablaba de enemigos internos. Y ahora nos dice, en el 9 de julio, que la unidad es está movilización con los militares. El intendente actual está más cerca de la doctrina de su antiguo patrón que de la doctrina de la democracia argentina. No podemos naturalizar este hecho, lo que sucedió es muy grave”, dijo Lualdi a FM De la Calle.
Aseguró que “el responsable de hacer que nos manifestemos es el gobierno local y provincial por no aplicar una ley que han votado en ambas cámaras”.
Ante la agresión policial comentó: “Uno de los jóvenes fue revisado en el Hospital Municipal y mostró cómo le habían aflojado un diente por un golpe. Ese grupo no tenía la capacidad operativa ni logística como para intervenir en un acto con veinte mil personas. Además, estaban en ese lugar porque la policía le había permitido estar. Esto fue un acto de provocación”.
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La Comisión Provincial por la Memoria intervino en el caso de las detenciones arbitrarias por parte de la policía a estudiantes que se manifestaban por la aplicación de la ley que establece el boleto educativo.
Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, manifestó que “se ha instalado una práctica derivada de la detención por averiguación de identidad o antecedentes y su regulación, que derivó en un uso más extendido de la resistencia a la autoridad como herramienta a la detención”.
“Tienen como herramienta no tomar declaración en las primeras horas, motivo por el cual una persona se pasa 24 o 48 horas en una dependencia policial. Son multipropósito, se las usa en manifestaciones públicas, cuando alguien quiere interpelar a la policía por la detención arbitraria, para el uso indiscriminado de la fuerza”.
Pomares explicó que “la presencia de personas en una manifestación en un lugar no constituye ningún delito sino un derecho que es el de peticionar a las autoridades. No es cualquier derecho sino que es la base del sistema republicano de gobierno. Es, constitucionalmente, el principio fundamental de la organización democrática, de ninguna manera pueden interferir en un acto así”.
El abogado señaló que “hay un aval generalizado del despliegue policial en los territorios que está acentuado en el control de determinados sectores, que suelen ser los sectores de los más jóvenes y los más populares que participan en acciones que confrontan a los poderes políticos”.
“Esto es con el apoyo de distintas órbitas políticas: provincia, nación y municipios que insisten en exacerbar una seguridad pública sustentada en un despliegue policial. Cuando uno delega esas tareas en el control policial, la policía lo hace con los manuales que tienen incorporados en sus rutinas de control territorial que son las prácticas violentas”, comentó.
Pomares concluyó que “nos preocupa el personal no identificable, que sea una práctica extendida que no tiene ninguna justificación, porque el personal policial que participa de una actividad pública lo hace -en el mejor de los casos- en prevención del delito no en el marco de una investigación que requiera algún tipo de tarea de inteligencia de civil. La realización de tareas de inteligencia está vedada por las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior”.
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En la mañana de hoy se presentará la denuncia del grupo de estudiantes que sufrieron hostigamiento por parte de policías de civil así como los vejámenes a los que fueron sometidos dos estudiantes tras su detención arbitraria el martes 9 de julio, a doscientos metros de los festejos oficiales por la ceremonia oficial.
El abogado Leandro Aparicio señaló a FM De la Calle que lo ocurrido fue “muy grave. Los chicos describieron todo lo que pasó con precisión quirúrgica. Así va a ser presentado” en la denuncia. “Espero que se hagan las medidas de prueba que deberían haber sido solicitadas de oficio” para luego aguardar “que la fiscalía avance y dar comunicación a Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires”. A su vez, el letrado informó que lo llamaron en la mañana de ayer desde la Auditoria General de Asuntos Internos para pedir constancia de lo que había pasado.
Respecto del accionar policial, sostuvo que fue “totalmente ilegal e irregular. No solamente en el momento de la aprehensión sino después fue in crescendo hasta ser algo gravísimo: estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablado de vejaciones, de tortura, de apremios ilegales en ese lapso de tiempo que fue bastante corto” entre la aprehensión y las primeras horas en la Comisaría Segunda.
“Estoy seguro que fue la movilización, las organizaciones la que impidió que esto se complique más. A veces en estos casos se le toma indagatoria al otro día” si no fuera por las organizaciones “esto no hubiera sido posible”.
“La fiscalía le dio la orden de libertad y no le formuló cargos. Pero puede ser que en el algún momento le llegue una notificación. No lo creo porque no tiene sentido, no tienen elementos y en definitiva es mucho más grave lo que pasó después que lo que se le pretendía imputar a ese chico”.
Como cuestión de fondo, Aparicio destacó que “lo que hay que visibilizar es que esto no es lo único que le pasó a los chicos sino la persecución que tuvieron por parte policía de civil que no es la primera y que se ha dado ya en otra circunstancias como con los familiares de Daiana Herlein y con los familiares e Katherine Moscoso”.
En este sentido, lamentó que lo hayan “sufrido los chicos pero es bueno que hayan creado una evidencia. Los policías se envalentonaron al ver que eran pocos y jovencitos. Ahora toda la sociedad puede ver cómo funcionan, cómo operan. Para que los policías hagan esto alguien los tiene que mandar”.
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Leandro Aparicio, abogado de les estudiantes detenidos en el marco de una protesta por el boleto educativo gratuito, formalizará este jueves una denuncia por abuso de autoridad contra efectivos de la Comisaría Segunda.
“El que manda acá soy yo, me tuerce el brazo para atrás, el que estaba de civil. Me manda adentro y cuando voy caminando por el pasillo de la comisaría me dice ‘a los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo, ahora qué te hacés el machito, ahora estamos solos, ahora qué vas a hacer'”, dijo a FM De la Calle, Jonathan Machuca en referencia al policía de campera gris en la foto. A la derecha, el comisario Andrés Biragnet.
El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística fue detenido junto a Al, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios. Fueron liberados por el reclamo de organizaciones de nuestra ciudad que se manifestaron durante el feriado frente a las comisarías Segunda y Primera.
“El accionar de ese policía de civil, el que me aprehende, hizo abuso de autoridad deteniéndome de forma muy violenta y accionando golpes contra mi dentro del patrullero. Ahora tengo un diente flojo, me pegó una piña, me torció los brazos. Al compañere de la FES lo agarraron de los pelos, tiene rasguños en el brazo, lo metieron en el patrullero y ahí adentro nos decían que cuando lleguemos a la comisaría nos iban a recagar a palos. ‘A estos zurditos, los vamos a recagar a palos, qué se hacen los machitos con sus compañeros'”, comentó Machuca anoche durante el programa Descoordinades.
Al denunció: “Noté un acto bastante discriminativo por mi condición sexual, uno de los policías nos agredió verbalmente y en una de esas dijo zurditos putos, zurditos, bla bla bla. Cuando me fue a poner las esposas me apoyó su pene en la parte de atrás, lo puedo tomar incluso como acoso sexual, fue bastante evidente lo que hizo”.
Al, menor de edad, fue el primero en recuperar su libertad, su familia lo contuvo,”coincidió con mi convicción y entendió perfectamente la situación”.
“No desobedecí ninguna orden y nunca intenté lesionar a nadie como dice el acta. Resistencia a la autoridad es bastante ridículo porque me forcejearon entre cuatro o cinco personas, me agarraron del pelo, del cuello, tengo lastimada la muñeca izquierda”, comentó.
Agregó que el accionar policial evidenció también “el odio hacia la juventud: nos decían que teníamos qué estar haciendo ahí, que eramos unos irrespetuosos y demás. La misma juventud que estuvo luchando durante la dictadura por el boleto estudiantil gratuito sigue estando y vamos a seguir, a esto para nada lo voy a tomar como algo desmovilizador”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/07/polis.png?fit=2617%2C1239&ssl=112392617FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-07-10 19:30:132019-07-10 19:48:46“A estos zurditos los vamos a recagar a palos”
(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947.
El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.
Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.
Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.
Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.
“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.
Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.
Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.
No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.
Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.
Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.
La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.
Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.
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Que a esta nueva explosión en el polo petroquímico no se la lleve el viento.
Que sirva para pensar la ciudad que fuimos, la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser.
Un aporte para este finde lluvioso.
“Ingeniero White, un pueblo que están matando”, de María Giovis.
Este documental es un grito de denuncia, de dolor y de lucha. White era un pueblo donde había vida, con miles de ferroviarios y portuarios en actividad y que empezó a morir con los despedidos de esos trabajadores y siguió con la instalación al lado del pueblo, de un Polo Petroquímico. La contaminación, las muertes abruptas, los cánceres raros y la precarización laboral, llegaron con ese Polo.
La película entera se puede descargar con fines educativos y de difusión desde el siguiente enlace (copiando y pegando este enlace en una pestaña y clickeando el botón debajo del video que dice descargar) link: https://vimeo.com/269130923
IDEA ORIGINAL, GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: MARIA GIOVIS
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“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.
La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.
La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.
“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.
En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.
Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.
Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.
“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2018/09/beier.jpg?fit=959%2C464&ssl=1464959FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2019-06-25 18:39:552019-06-25 18:44:12Contaminación en la ría: “Compensa el mal golpe del año pasado”
El pueblo mapuche celebra su Wiñoy Xipantv, “la nueva salida del sol”. El solsticio de invierno marca el inicio de un nuevo ciclo para la cosmovisión originaria.
El lonko Jorge Nawel comentó a FM De la Calle que es una fecha “muy importante porque es el día central dentro de la vida y cosmovisión mapuche. El inicio del ciclo de vida de la tierra y por ende para los mapuches. Estamos felices porque estamos convocando a la sociedad neuquina y ella responde porque queremos que sea una fiesta para el hemisferio sur, la naturaleza se expresa para todos lo que viven en esta región”.
“Es una forma de parar ante una industria tan dañina como es el fracking y la actividad hidrocarburífera. Tiene consecuencias porque hay un sistema que agrede y explota la naturaleza sin ningún tipo de control, en la actualidad hay desastres naturales que son producto de estas grandes industrias criminales”, aseguró el referente de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Fabiana Méndez Calfunao, integrante de Kumelen Newen Mapu, afirmó que el we tripantu “es muy importante para renovar nuestro ser mapuche. El regreso del sol renueva el conocimiento y pensamiento. Nosotros somos parte de la naturaleza y como parte de ella nos renovamos en nuestra fuerza y conocimiento. A pesar de los intentos de dominación y exterminio nuestra memoria sigue viva. Extiendo mi saludo a los presos y presas políticas de los pueblos originarios y a las comunidades que esta en instancia de desalojo y de persecución política”.
Desde la Comunidad Mapuche Urbana de Olavarría Pillan Manke, Mirta Millán dijo que con el nuevo ciclo “la noche es más larga y el día más corto. A partir de realizar la ceremonia nos comunicamos y relacionamos con los elementos de la naturaleza y a partir de prender el fuego sagrado empezamos a dar inicio a la ceremonia”.
Este fin de semana realizaron un encuentro “muy grato porque contamos con la presencia de hermanos de Bolívar, La Plata y Bahía Blanca y los miembros de la comunidad de Olavarría. Fue una instancia de renovación donde pudimos vincularnos con las fuerzas naturales del territorio ancestral. Hemos sentido la fuerza del toqui, del lonko Lautaro y de Calfucura donde hemos entendido qué es lo que nos dicen los abuelos y abuelas para este ciclo”.
“Fue un noche muy armónica y un amanecer con neblina, entendemos que no estamos en el mejor contexto y que nos va a costar pero queremos centrarnos en el buen hablar, el buen pensamiento y el buen sentir. Apelamos a la interculturalidad y a la plurinacionalidad”, afirmó.
Belén Calapeña, integrante del pueblo kolla, sostuvo que “además de ofrendar, festejamos. Tiene que ver con la recuperación de nuestra identidad y calendarios, de a poco lo iremos recuperando como otras celebraciones. Es fundamental para que sea una realidad la interculturalidad y un Estado que reconoce a los pueblos originarios”.
Jorgelina Cárdenas Millapi, desde Sierra de la Ventana, afirmó deseó que “este nuevo ciclo nos permita estar bien de salud, que es una de las cosas más importante. Lo demás va sucediendo con el transcurso del buen vivir”.
“Que esté fuerte y palpitante nuestro piuke (corazón) para ir sintiendo con cada latido. Que se nos permita escuchar y respetar nuestra ñuke mapu. Que nuestra sensibilidad y el sentido de conciencia sea tan grande que podamos contagiar a otros a los que lo único que les importa es la explotación desmesurarada y el enriquecimiento propio. Que la gente que hoy tiene un pequeño o gran espacio de poder se pueda dar cuenta que es tan pobre que lo único que obtiene es mucho dinero. Que nuestra gente esté con mucho newen para seguir en esta lucha”.
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(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.
La causa investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario.
El camarista Pablo Candisano Mera advirtió el “peligro de daño grave a la ría” y se apoyó en el derecho humano a un ambiente sano -art. 41 de la Constitución- y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Adhirió a su voto Silvia Fariña.
“Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema”, afirmaron.
La aceptación parcial de la apelación realizada por el abogado Lucas Beier excluye el llamado a indagatoria de directores y gerentes de las empresas denunciadas y la prohibición del vertido de sustancias tóxicas.
Mesa de abordaje
La Fiscalía coordinará la mesa que tendrá 90 días para presentar el plan. Deberá convocar a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.
La Cámara requirió “un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable”.
También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.
El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense”.
Antecedentes
Luego de un primer rechazo judicial al pedido de medidas cautelares, la Asociación de Pescadores Artesanales denunció como “hecho nuevo” la pericia de la FAUBA que ratificó el perjuicio ambiental y determinó, entre otras cosas, que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental”.
El presidente de la Cámara afirmó que la jueza no tuvo en cuenta el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.
Por otra parte, le reprochó no haberle dado “fuerza probatoria (…) a lo expresado en el informe pericial” de la FAUBA.
Candisano Mera destacó que “si bien en este caso no hay aún procesamiento del responsable penal del delito, la contaminación del estuario evidencia la aludida verosimilitud de un posible daño ambiental, que sumado al peligro en la demora de que dicha situación se perpetúe en el tiempo, acreditan la urgencia del caso y el dictado de la medida cautelar ambiental a fin de evitar que tal situación se prolongue en el tiempo indefinidamente, independientemente de la situación procesal del o los probables autores del ilícito”.
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Con mucha alegría, informamos que este lunes 17 de junio de 2019 finalizó una nueva asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Argentina) realizada en Bahía Blanca, donde se encuentra FM De la Calle, emisora que está por festejar su 30° aniversario. Durante tres días, habiendo iniciado el sábado, radios de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Rio Negro, Santa Fe, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, hemos compartido saberes, prácticas, realidades y participado de intensos debates en torno al derecho a la comunicación y la Argentina actual.
En este sentido, la aguda situación económica a la que llevan las políticas impulsadas por el gobierno de Macri se ve reflejada en las realidades diarias de nuestro quehacer: nuestras radios son de las comunidades en las que nos desenvolvemos y cada una de ellas se ve afectada por tarifazos, pérdida de capacidad adquisitiva, niveles inflacionarios que sacan del juego a amplias mayorías, déficit de vivienda, crisis general de los sistemas públicos de educación, salud y cultura.
Por ello y contemplando la rica diversidad que expresan las radios que componen AMARC (Argentina) ratificamos nuestro férreo compromiso para redoblar todos los esfuerzos, en el marco de esta situación económica, para garantizar el derecho a la comunicación. Somos radios comunitarias que bregamos por ello a diario. Hacemos en distintos aires pero con el mismo aliento.
A 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estado argentino aún no cumple con sus propias normas y mandatos constitucionales. Sin medios comunitarios no hay democracia y aún el gobierno no articuló los recursos necesarios para otorgar las licencias correspondientes a nuestros medios, es decir, a los medios de las comunidades del territorio argentino. Asimismo, ratificamos el reclamo del debido financiamiento público a través de fondos concursables, que son derechos establecidos, a fin de que ese derecho a la comunicación tenga posibilidades materiales de desarrollo concreto.
Por otra parte, para la sociedad civil en cada rincón argentino, es importante el funcionamiento de los organismos que nacieron con el fin de velar por los derechos comunes del público, las audiencias y lxs hacedorxs de la comunicación comunitaria. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por el progresivo desfinanciamiento de la Defensoría el Público. Reclamamos al gobierno su inmediata normalización presupuestaria a fin de que disponga de los recursos necesarios para cumplir las tareas para la que fue creada.
Esta asamblea también decidió ratificar su posición respecto de la necesidad de profundizar nuestros aires y nuestras prácticas a través de un enfoque de perspectiva de género. Creemos que debe ser un aspecto transversal que atraviese nuestros cuerpos y nuestras voces, nuestros vínculos y nuestras propuestas, y es ahí en donde las disidencias en todas sus caracteristicas vienen aportando un aire renovado a AMARC y las radios que la nuclean generando dicha transversabilidad que nos moviliza y nos permite repensarnos hacia adentro de cada radio.
Hemos, además, consolidado debates acerca de nuestra manera de ser, de existir, es decir, de cómo nos organizamos para hacer. Celebramos los pasos dados hacia mayor trabajo regional, en un país que se declama plurinacional, heterogéneo, multicultural y diverso, pero al que aún le cuesta asignar la misma importancia a cualquier lugar de su territorio. Vamos hacia mayor trabajo de base en cada región, a fortalecer los vínculos y a afrontar los problemas de carácter nacional desde las ópticas de cada región.
Esto es, además, una invitación abierta a cada proyecto comunicacional comunitario y popular de cualquier lugar: en AMARC hay lugar para cada expresión que nazca de esta necesidad de bregar por el derecho a la comunicación y cada expresión a su vez es parte constitutiva de un colectivo que es el todo en cada una de sus partes.
En un contexto hostil desde el punto de vista macro político, en el que oficialismos y oposiciones consideran que la comunicación no es un derecho sino un negocio y proponen que debe estar en manos de grupos concentrados de la economía, hacemos también un llamado a la unidad de acción y todas las redes de nuestro sector. Vemos con profunda preocupación que, en vísperas electorales, el debate en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, el mismo concepto de que la sociedad tiene derecho a la comunicación y a la información no esté en agenda de las declaraciones públicas hasta el momento. Creemos que es suficiente motivo para que lo que nos une a todas las redes, nuestra visión de la comunicación como un derecho humano fundamental, nos lleve a unirnos y accionar en conjunto.
Parte de nuestra inmensa alegría se debe a la incorporación de nuevos colectivos y radios. ¡Bienvenidas FM Sudaca de la ciudad de Trelew y FM Indie Rock de Tres Arroyos! ¡Bienvenidas también a las personas que se asociaron de manera individual desde la provincia de Jujuy! Crecemos en ustedes y con ustedes.
En esta oportunidad, la sede de la asamblea fue Bahía Blanca. En esta ciudad, preocupa que la concentración de medios se vea abiertamente acompañada por el gobierno municipal, que ha negado el acceso a la pauta publicitaria a los proyectos populares y, en coincidencia, favorecido abiertamente a los sectores de la comunicación que sirven de herramienta de poder a los factores económicos de mayor concentración. Esos mismos medios a los que el sector público financia a través de los recursos económicos de la comunidad mediante la pauta oficial han despedido a más de 70 trabajadores y trabajadoras en los últimos cinco meses. Observamos también la necesidad de discutir horizontalmente el modelo sindical que requiere este contexto.
Agradecemos a las organizaciones populares sindicales, de la economía social y solidaria, y culturales que apoyaron la realización de esta asamblea de AMARC, quienes se acercaron a compartir un momento de reflexión en torno a la comunicación.
AMARC Argentina agradece a todas las personas, celebra este encuentro y ratifica el convite a ser parte de esta lucha fundamental de nuestros pueblos. Porque sin medios comunitarios no hay democracia, AMARC sube el volumen y reafirma que sin medios comunitarios no hay democracia.
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