(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado Diputados dio media sanción al primer proyecto de presupuesto de Cambiemos, se espera que Senadores lo pasen durante noviembre.

Cambiemos se anota un triunfo más en su haber, logrando que la Cámara de Diputados diera por aprobado su proyecto de presupuesto para 2017. Se pasó al Senado, a la espera de que sea tratado en el curso de este mes, con lo cual Macri tendría así su primer presupuesto propio –recordemos que gobernó hasta ahora con el proyecto aprobado del kirchnerismo saliente en 2015.

Se trata de un nuevo triunfo de Cambiemos en el Congreso, donde tiene apenas una minoría de representantes, y donde sus dotes políticas aparecen con mayor claridad. En el gobierno nacional están sobrerrepresentados los elementos empresariales, lo que ha fomentado la interpretación de que se trata de una CEOcracia. Sin dudas, hay parte de verdad ahí, una cierta ceguera frente a los efectos de sus decisiones, especialmente respecto de los costos sociales.

Pero esto no nos puede ocultar la existencia de hábiles políticos en el elenco de Cambiemos. La capacidad de Peña o Frigerio para negociar especialmente con gobernadores y obtener su anuencia –lo que prácticamente garantiza el resultado en Senadores- ha sido probada varias veces. Dentro de Diputados, Monzó y Massot son apenas dos de los operadores clave del resultado de 177 votos a favor, que incluyó no solo los votos del frente (PRO, UCR, CC) sino también del GEN, Frente Renovador, el bloque Justicialista, y no pocos kirchneristas. Se repite así la misma clase de éxito que con el pago a los fondos buitres o con la ley de blanqueo.

El procedimiento de Cambiemos merece atención, pues demuestra una habilidad probada. Se trata de enviar a discusión amplios proyectos con dos características: profundamente reaccionarios y con una gran mezcla de temas. De esta forma, la atención y el debate público no pueden contener por igual a todos los elementos en discusión, enfocándose en algunas partes. Por otra parte, las exageradas propuestas dan al gobierno amplio espacio para negociar lo que se presenta como “concesiones”, que son siempre parciales. Las diferentes fuerzas políticas negocian así elementos dispersos y puntuales, lo que permite que el proyecto global no solo logre aprobarse sino que además incluya siempre una parte sustancial del objetivo original. Y accesoriamente, permite a Cambiemos presentarse como el cenit de la democracia, siempre dispuesto al diálogo, a reconocer “errores” y conceder a sus interlocutores. Siempre que no altere los fundamentos de su proyecto.

El caso de Ciencia y Tecnología de este presupuesto ilustra a la perfección lo que decimos. El gobierno envió un proyecto que recortaba las asignaciones a esta área tanto como proporción del gasto total como en términos reales. Se proponían $31.700 millones, casi un 9% por debajo de los $36.000 millones necesarios para sostener la política de desarrollo científico de acuerdo los lineamientos existentes. La reacción del sector no se hizo esperar, multiplicándose las acciones mediáticas y en las calles –el 24 de octubre se realizó un multitudinario acto frente a Congreso. Cambiemos terminó proponiendo una asignación extra de $1.200 millones, lo que es la cuarta parte de lo recortado. Para las universidades nacionales se propuso un incremento de mil millones de pesos, que apenas afecta la partida total de $60 mil millones.

De modo que la atención se centró estas semanas en uno de los aspectos más criticables del proyecto –recorte a la investigación- pero dejó relativamente de lado otros elementos, como las menores asignaciones para dar continuidad a los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, Cambiemos concedió otros aspectos, como subas en el ministerio de agroindustria o en protección de bosques nativos, lo que en últimas le garantizó la aprobación del proyecto general. Demostró así su capacidad de hábil negociador.

¿Cómo hizo estas concesiones? Intensificando el aspecto central de su proyecto: la toma de mayor deuda. Es muy relevante, pues, según un reciente informe, 2016 cerraría con una emisión cercana a los 50.000 millones de dólares, un auténtico récord de la emisión descontrolada. Es relevante marcarlo: la deuda ha cubierto el pago de deuda y gastos corrientes, sin ningún beneficio de mediano o largo plazo para el país. La deuda cubrió fuga de capitales, la avalancha de importaciones, y la pérdida de recaudación por la baja de las retenciones, entre otras. Un auténtico festival de endeudamiento, casi sin paralelos en la historia.

Con un déficit fiscal al alza, Cambiemos ha intensificado irresponsablemente la emisión de deuda, a tasas de interés que duplican y hasta triplican el promedio de lo que se paga en la región. El arreglo con los buitres no ha mejorado en nada las finanzas nacionales, al contrario. No solo se toma deuda como forma de financiar el gasto, sino que también se emiten pesos. Para controlarlos, el Banco Central está emitiendo Letras –que aún pagan por encima del 28% anual en pesos- que las estimaciones privadas ubican como una masa equivalente al total de pesos circulando en la economía. Una auténtica bomba de tiempo, habilitada para corridas cambiarias de gran velocidad.

Este mecanismo, en el presupuesto 2017, está atado a lo que se prevé será la principal herramienta para el año electoral: el incremento de la obra pública, en torno al 39%. Este punto es central, pues se traslada a las provincias e incluso a los municipios: se habilitan nuevas obras a ser financiadas con toma de deuda, en los tres niveles del Estado. Este mecanismo es central para negociar los acuerdos con gobernadores, y de allí, con Senadores.

En el ínterin, mezclando temas, Cambiemos logró además la aprobación parcial del proyecto de iniciativa público-privada. Se trata de una forma cruel de privatización de la planificación, que al mismo tiempo estatiza todos los riesgos: los medioambientales, la conflictividad laboral y la búsqueda de financiamiento. Privatización de los beneficios y socialización de los costos. Un seguro que se puede comparar con el que Cavallo diera a las empresas privadas (incluyendo al grupo Macri), y que desde 1982 explican la mitad de la deuda pública pagada por todo el pueblo argentino. Esta ley es una de las adecuaciones previstas en la orientación general hacia el Tratado Trans Pacífico propuesto por Estados Unidos.

El presupuesto vuelve a fantasear con perspectivas de crecimiento (3,5%), sin argumentos que lo sostengan. Recordemos que el PBI cerraría 2016 con una caída de alrededor del 2%, cuando todos los organismos internacionales preveían un resultado menos duro. La inflación se prevé en el 17% y un dólar a casi $18, lo que en los hechos apenas compensaría los nuevos aumentos de precios, sin ganar competitividad por la vía devaluatoria. Se propone así continuar con la valorización de activos financieros y actividades protegidas, como las de servicios públicos, para las cuales se prevén nuevos incrementos de tarifas.

De conjunto, Cambiemos ha logrado media sanción a un proyecto de ajuste y financierización de la vida social, cuyos beneficios nos serán esquivos, cargando en cambio con todos los costos.

Con participación de integrantes de Concejos Deliberantes, de organizaciones ambientales y habitantes de varios partidos de la Cuenca de Claromecó, se realizó el viernes en Sierra de la Ventana un nuevo encuentro para definir estrategias de resistencia al fracking y otras prácticas contaminantes en la región. Bahía Blanca no tuvo representación legislativa.

Se concluyó reforzar la presencia de la asamblea en los municipios que aun no cuentan con ordenanzas antifracking y propiciar la actualización de las normas existentes en relación a la gasificación subterránea de carbón, impulsar una ley provincial con los mismos objetivos, propiciar el uso de energías renovables e insistir en el pedido de informes a la gobernadora sobre los proyectos en marcha.

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Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, destacó la necesidad de conocer las técnicas que pretenden utilizarse y los antecedentes internacionales de su aplicación para poder transmitir la preocupación a las comunidades de la cuenca.

Por ejemplo, los estados australianos de Victoria y Queensland prohibieron la gasificación subterránea de carbón y Escocia decidió este mes desalentar su uso. “Los estudios que la provincia de Buenos Aires financió para el aprovechamiento limpio de carbón ponen como referencia estos proyectos de Australia como que eran re seguros y ahora estamos viendo como los están tirando abajo y en una etapa piloto, no llegó a tener un desarrollo industrial”.

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“Hay gente haciendo lobby, recorriendo los campos, hablando con la gente, les dicen que la extracción de gas de carbón va a servir para generar urea para fertilizar los campos. Nos están usando como chanchitos de la India”, dijo el periodista y agregó que “en Australia decidieron que el desarrollo económico que plantea la agricultura no se puede poner en juego con estas promesas de bienestar del desarrollo de carbón”.

En cuanto a la explotación, Scandizzo explicó que se trata de “mantos de carbón que están entre 400 y 800 metros de profundidad, muy cerca de los acuíferos. No se va a sacar el carbón sino que va a permanecer en el subsuelo. Hay dos técnicas, una es que en el manto hay carbón, hay agua y hay gas metano. Una de las posibilidades es el aprovechamiento -como dicen las empresas- del gas intersticial”.

“Al perforar, al fracturar ese carbón para que libere el gas, se saca el agua porque está haciendo presión para que el gas no se mueva. A partir de ahí se extrae el gas. El problema además es que el agua es salobre y viene acompañada de una cantidad de químicos que participaron de la generación del carbón y que también tiene restos de metano, la disposición final es un problema muy grande”.

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En el aprovechamiento de gas asociado a carbón sucede que al fracturar, “si la presión es mayor a la presión hidrostática que tiene ese manto, se rompe la roca que está sirviendo como techo y deja migrar ese agua almacenada hacia los acuíferos de la superficie”.

Para la gasificación subterránea del carbón “se hace un pozo de entrada en el que se inyecta oxígeno, se genera la combustión del carbón que está en la veta y los gases que se generan son sacados por otro pozo productor. Ahí se separa el gas sintético, el metano y demás”. En los pozos de monitoreo australianos pasó que cuando llegó el rastro de contaminación “ya se habían mandado una macana muy grande”.

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“No tienen constancia de que la roca sello haya quedado en buen estado porque ha habido migraciones hacia la superficie y en la cavidad no pudieron controlar que la combustión se haga por segmento, que se queme una parte de carbón y no avance hacia otros costados. Eso genera el fenómeno de subsunción, que se hunda el suelo, que tal vez en la superficie no se nota pero sí en las formaciones geológicas y se altera el curso de las aguas subterráneas”, detalló Scandizzo.

Ana Colantonio, del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos, comentó a FM De la Calle que las exploraciones en la Cuenca de Claromecó existen “desde 1960 con la Ley de Hidrocarburos en la época de los militares” aunque las “dio a conocer el gobernador Scioli en 2010. No es algo improvisado que cae por sorpresa”.

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Aseguró que “en Tres Arroyos tuvimos un lobista antes de que comenzara esta discusión de la gasificación subterránea, convocó a pocas personas y nos vino a vender esto como producto limpio. No es limpio para nada, la diferencia que el lobista te va a decir es que el fracking usa agua que es por lo que la gente protestaba y en esto se va a usar aire, pero es mucho peor. (…) Es más silencioso pero hay que tener cuidado con lo que nos venden las corporaciones porque a ellos no les va a interesar la salud ni romper con la economía regional”.

María Saint Martín, asambleísta de Laprida, comentó que en su partido se movilizaron y fueron casa por casa para juntar tres mil firmas que les permitieran avalar proyectos de ordenanza antifracking y “para el cuidado del agua y que prohibiera el depósito de residuos peligrosos”.

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Las iniciativas fueron expuestas desde la Banca Ciudadana con el respaldo de un tercio de la población comunal aunque “no logramos nada porque el Frente para la Victoria era mayoría -y aun lo sigue siendo- y nunca decidieron tratar el tema”. “Incluso fue gente de YPF a querer convencernos de que los químicos que usaban eran los mismos que usaban en los chupetes de los bebés y en un montón de cosas que usábamos en la vida diaria. Nos reunieron a todos para decirnos eso y mucha gente se enojó y se fue de la exposición porque dijeron ‘nos están tomando el pelo'”.

El concejal de Pringles Osvaldo D’Annunzio (GEN) recordó que en su municipio la aprobación de la ordenanza contra el fracking “fue difícil porque había dos posiciones, a favor el oficialismo de ese momento, incluso vino gente de la provincia hablando de las bondades de este método, pero el Concejo Deliberante logró el consenso y se aprobó por unanimidad”. Además, valoró el interés del periodismo que “se ha comprometido más que la parte política”.

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Tras la audiencia, el ex edil de Guaminí Ignacio Zavaleta (UCR) dijo a FM De la Calle que “hemos tenido avances enormes tanto en la construcción de la conciencia institucional por medio de ordenanzas, se va sumando muy lentamente la conciencia ciudadana que es el trabajo al que falta darle un poco más de impulso”.

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“Los interesados en este tipo de explotación tratan por todos los medios que quede invisibilizado, eso les permite avanzar sin ningún tipo de contratiempo, por eso nuestro planteo resulta sumamente incómodo. Nos falta toda esa estructura y ese espacio en los medios para llegar a la gente, una política más incisiva en cuanto a la parte educativa, ir a los colegios, si bien ya lo estamos empezando a hacer”.

Finalmente, ante la falta de anuncios oficiales, Zavaleta afirmó que “el Estado nos brinda información cuando detecta que nosotros ya la tenemos, mientras tanto se hacen los sotas y miran para otro lado, pero cuando saben que vamos a buscar algo específico: ‘acá está’. La van demorando pero ya con lo que tenemos es suficiente para ir a fondo con este tema y pararlo de una vez por todas”.

(Por Mauro Llaneza) Las empresas del polo petroquímico desistieron de las declaraciones de un grupo de pescadores artesanales a quienes habían convocado como testigos en el marco de la causa civil por contaminación en la ría que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. Durante la audiencia que encabezó ayer el juez Agustín López Cóppola solo se escuchó a un empleado del Consorcio del Puerto.

“Deberían haber declarado los pescadores que son actores de esta acción civil, es una prueba ofrecida por la parte demandada donde se los cita -se llama absolución de posiciones- para que digan si determinados puntos son verdades o mentiras”, dijo el abogado Lucas Beier en FM De la Calle.

A su lado, el pescador Miguel Ángel Córdoba afirmó que fue a responder las preguntas de las empresas “con la frente en alto, no como ellos que es una agachada, lo que hicieron es de muy cobardes, no querer escuchar la realidad o la verdad es de muy cobarde, nadie les iba a mentir”.

“El único que declaró fue un testigo ofrecido por el Consorcio del Puerto, que es (Alberto) Carnevali, que es empleado del puerto, y contestó algunas preguntas referidas al dragado” y a la posibilidad de que haya causado daños. Beier destacó que el testigo “manifestó sobre los estudios que se hicieron sobre los sedimentos, si esos estudios estaban dentro de los parámetros autorizados por el OPDS, dijo que sí, motivo por el cual el OPDS autorizó la obra del dragado”.

La contaminación del estuario es investigada en una causa penal que tramita la justicia federal y otra civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo: “¿Qué es esto? Toda la comunidad sufrió un daño, el ejemplo más tangible es la clausura del balneario Maldonado que ya no es con agua salada, alguien si se quiere ir a bañar a Cerri no puede, si quieren comer en el muelle de Cerri no pueden porque está contaminado, entonces todo eso debe resarcirse a la comunidad y tendrá que resolver el juez de qué modo”.

En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores que impulsan la demanda con el fin de lograr un “resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio”.

Contaminar o no contaminar

El abogado destacó que nadie está haciendo nada clandestinamente, tanto el vertido de tóxicos como el dragado están autorizados por la provincia, por eso la consideran responsable. “Más allá de que la provincia dice que las empresas pueden arrojar ciertos parámetros no se controla si cumplen, hay una falta de servicios de la provincia porque el CTE controla una o dos veces al mes. Con eso es imposible saber cuánto es el acumulado (…) estamos pidiendo que se analice el barro, que se analice agua y principalmente las especies vivas, ya sean moluscos o peces. Ahí vamos a saber si existe una bioacumulación de metales pesados tóxicos, por ejemplo el mercurio que es tóxico sin importar la cantidad”.

Beier explicó que “la Ley de Pesca de la provincia de Buenos Aires no habla de parámetros, dice que está prohibido. Está prohibido arrojar sustancias tóxicas que puedan generar un daño a la biología. Como este es un sector de pesca, los pescadores son actores en esta causa y la justicia les dio el lugar de actores y querellantes en la penal, ellos están ejerciendo su actividad o la ejercían al menos dentro de la misma zona donde las empresas arrojan sus sustancias tóxicas, entonces ¿qué ley tiene que regir? ¿La de Pesca que dice cero o una resolución de la Autoridad del Agua que es para mar abierto y que habla de parámetros?”.

pesca artesanal

“Si el juez resuelve que va a ser cero, va a ser una complicación para las empresas porque significa que ya no van a poder arrojar sustancias tóxicas. No va a ser ni uno, ni dos, ni tres. Va a ser cero”. Los desechos de las empresas deberían trasladarse más de cien kilómetros para alcanzar mar abierto. Nunca llegan “porque la marea corre cada seis horas, va y viene siempre, y hay estudios realizados que una parcela de agua frente al puerto con marea bajante no llega más allá de Puerto Rosales y cuando sube vuelve otra vez, nunca se va”, fundamentó.

Y el pescado sin vender

Miguel Ángel Córdoba recordó que la demanda se originó en la falta de pesca. “Por historias de pescadores más viejos decían que iban enfrente a remo y venían llenos de pescado. Empezamos a notar que empezó a caducar mucho más, mucho menos embarque porque al ser tanta gente a bordo de una lancha no alcanzaba. Dio la casualidad de que empezando a hablar, hablar, hablar, vino alguien que hizo la investigación de contaminación y es como que nos abrió los ojos y empezamos a mover un poco porque era la comida, el pan nuestro de cada día”.

“Toda mi familia son descendientes de pescadores, nosotros también, mis hermanos, mis primos, cuñados, mucha cantidad. Es una familia grande la de los pescadores. Nosotros venimos subsistiendo de changas pero hay gente que no sabe hacer otra cosa, que nació en la pesca, los llevó el padre de chico a los nueve años arriba de una lancha y hoy por hoy no tiene nada, el muelle hoy está tapado, la dársena está tapada de barro, las cuatro lanchas que hay están en seco, tenés que esperar que crezca toda la marea para poder sacarla (…) hay tres embarcaciones pescando afuera, son tres, 21 personas nomás, ¿y el resto?”. En los buenos tiempos había al menos 200 trabajadores “a pleno”.

Miguel Ángel afirmó que los frigoríficos de White “murieron todos”, como desaparecieron quienes pelaban camarones o fileteaban el pescado. “Gente que no tenía para comer y en un momento iba al muelle y sabía que se traía un pescado a la casa, todo eso no existe más”.

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“Otra cosa es que ahora en White los únicos que están son los chinos y laburan con pescado de afuera porque nadie te come el de acá. Mi hermano tiene una canoa para salir a laburar con mi otro hermano y está ahí estancada en el muelle, sabemos que no lo va a comprar nadie ese pescado. Primero que no hay y el poquito que hay no te lo compra nadie, Bahía sabe que ese pescado no se puede comer. En White se está comiendo langostino del sur, de Rawson. El que come, si puede comprarlo”.

“Lo único que queremos es que vuelva el puerto como lo teníamos antes. No va a volver como estaba antes, eso está recontra claro. Pero por lo menos tratar de remediar algo de lo que hicieron, que dejen de contaminar, queremos el agua que teníamos antes, que sea limpia como antes, hay un montón de cosas, la pesca no sé si va a volver o no va a volver porque no soy dios para decir, pero sí que se termine con esto”, dijo.

La pericia

El próximo paso de la causa es la realización de una pericia sobre el estado del estuario. El juez López Cóppola descartó en su momento los reparos de la querella respecto a los intereses profesionales y económicos entre la Universidad del Sur y las empresas demandadas y ordenó que sea esa institución la que haga los análisis. El rector Ricardo Sabbatini argumentó que sus investigadores estaban ocupados en el dictado de clases y rechazó la propuesta.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

El juez atendió el pedido de los pescadores para que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA pero ante una impugnación de una firma imputada optó por recurrir a la Fundación de la Universidad del Sur. “Creo que son los mismos profesionales los de la fundación que los de la UNS así que imagino que la respuesta debería ser similar a la que dijo el rector”, opinó Beier quien estudiará la posibilidad de cuestionar la medida “porque obviamente puede ser que los profesionales que integran la fundación vean que corre peligro su trabajo si se ponen en contra o la pericia da en contra de lo que dicen las empresas”.

“Podrían llegar a tener un interés muchísimo más tangible, mucho más palpable que el de la Universidad de Buenos Aires que no hace ningún estudio para las empresas de acá, la Universidad del Sur tiene cantidad de estudios, y es más, hay contratos vigentes entre el Conicet y la universidad con el CTE, millonarios, por año”.

Desde hoy y hasta el 31 de octubre en se realizan en Buenos Aires, Neuquén y Cipoletti una seria de charlas públicas y capacitaciones sobre salud, ambiente e hidrocarburos no convencionales organizadas por EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Participan profesionales nacionales y de Estados Unidos.

Las jornadas se enfocan desde el abordaje de salud socioambiental que trabaja los vínculos entre salud, ambiente y procesos sociales y productivos. Bajo este marco, pretenden abordar enfoques generales y conceptuales con casos concretos registrados por el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y la implementación del fracking, paquete tecnológico central en la nueva frontera.

Tal objetivo se considera pertinente y prioritario debido al impulso y conflictividad asociados con el desarrollo a escala masiva formaciones antes no viables, como Vaca Muerta en la Cuenca neuquina. Entre los puntos debatidos por tal promoción uno central es la cuestión de ambiente y salud pública de poblaciones locales y trabajadores del sector, aspecto que cuenta con una creciente literatura científica a nivel internacional que amerita su debate y divulgación.

Se busca exponer y debatir el acumulado histórico que se viene produciendo en el país y el extranjero desde diversos planos para incrementar el conocimiento y participación social. En primer lugar, desde un abordaje general al relatar las experiencias de intervención territorial y conceptual de salud socioambiental. En segundo, cómo se traduce este abordaje en el caso concreto de los hidrocarburos no convencionales, tanto en el país como en los Estados Unidos, país pionero tanto en la generación y expansión de la industria como en el registro de sus impactos y costos asociados.

Además de quienes integran EJES, como el Taller Ecologista y el Observatorio Petrolero Sur, las jornadas contarán con la presencia de las dras. Sandra Steingraber y Kathleen Nolan, integrantes del Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires, Asamblea Fuera Basureros del Neuquén, representantes del Siprosaprune y del Equipo de Salud de la Confederación Mapuche del Neuquén, entre otros y otras.

Más información en www.opsur.org.ar – www.tallerecologista.org.ar

#FrackingySalud

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Marcela Slezak, emprendedora de La Feria del Lago, mostró ante FM De la Calle su preocupación por una tarde de domingo sin luz ni agua en el sector del lago del Parque de Mayo.

La Feria del Lago del Parque de Mayo es un espacio autogestivo de producción y trabajo enmarcados en la lógica de la economía solidaria que hace 10 años funciona en el sector del lago del mencionado espacio público. Alrededor de 50 familias de emprendedores y emprendedoras de diversos rubros (artesanías, textiles, alimentos, cosmética natural, producciones hortícolas, etc) viven de su trabajo en la feria y la comercialización en este lugar, que se constituyó como punto de encuentro semanal entre familias consumidoras de la ciudad y la región.

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Ayer, en el espacio de la Feria no hubo luz eléctrica ni funcionaron los baños ubicados frente al lago por falta de agua. Cientos de personas, incluso niñas y niños disfrutaron de una tarde de cálida temperatura, pero en ese espacio puntual, sin baño ni la posibilidad de compartir música o iluminación que son parte de la usual propuesta de productorxs autogestivxs.

“Muy raro”

Así definía la situación Marcel Slezak, emprendedora de La Feria del Lago, al explicar la situación. “Una vez más estamos trabajando con complicaciones en este lugar, hoy vinimos a armar nuestros puestos y nos encontramos con que el tablero eléctrico no funciona. Es muy raro, ya que en esta oportunidad sí había electricidad en otros sectores del parque muy cercanos a la feria, como por ejemplo el Anfiteatro del Lago y la pista de bicicrós”, señaló la artesana.

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Al consultarle acerca de si habían obtenido alguna respuesta luego del intercambio con ediles y funcionarios del ejecutivo local (el pasado mes de junio) sobre las mejoras necesarias para el mejor funcionamiento de sus actividades Slezak aseguró que “no, aún seguimos esperando que nos llaman y expliquen cómo y cuándo van a cooperar con estos más de cincuenta emprendimientos que autogestionamos nuestro ingreso diario y ofrecemos productos de calidad y a precio justo. Sólo queremos que nos respeten y cuiden como ciudadanas y ciudadanos y piensen en todas las familias que pasan por acá. Hoy no teníamos, nuevamente, ni agua en los baños. Feriamos sin luz y sin respuestas, y así es muy difícil sostenernos y crecer en el tiempo”.

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Entre las gestiones sugeridas por emprendedrxs a funcionarios el pasado, figuran: mejoras en la infraestructura de los baños en general (y en la batería de baños del sector en particular porque colapsan y se tapan o no tienen agua); habilitación ante EDES de un generador de luz con corriente óptima para el uso de la instalación eléctrica, equipos de sonido y capacidad para incorporación de espectáculos eventuales; y nivelar y drenar el terreno de los puestos fijos para hacer más segura la estadía y circulación por el espacio, entre las principales demandas que aún no fueron atendidas.

Pasaron más de nueve meses de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y en el marco de su gestión continúa sin pagarse la deuda millonaria que mantiene con nuestros medios. Sumado a esto, no se abrieron las anunciadas líneas 2016 del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), incumpliendo así con lo previsto en la Ley Nacional de Presupuesto del año en curso. 

Además algunas de esas líneas restringen las posibilidades de concursar a medios de nuestro sector, cuya única legalidad otorgada por el Estado ha sido un número de empadronamiento. Ese fondo establecido en la Ley 26522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), se mantiene vigente aún pese a los decretos que modificaron varios de sus artículos, y no pueden ser utilizados para ningún otro fin que no sea el apoyo a los medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera. Son Fondos que existen actualmente y que no están siendo ejecutados.

Desde el inicio de la nueva gestión venimos sosteniendo reuniones tanto con el directorio del organismo como con el área que atiende las políticas de fomento para el sector. Hemos realizado propuestas, entregado toda la información y la documentación requerida; hemos sido abiertos al diálogo y una y otra vez las promesas se desvanecieron en el aire. El diálogo, hasta ahora, fue un simulacro.

La falta de pagos impacta en la sostenibilidad de los medios, obligándolos al cerrar o a seguir construyendo en la carencia de recursos. Esto no es democratización ni pluralidad, sino regresión en materia de derechos a la libertad de expresión, de los medios y de sus audiencias.

Tampoco se avanzó en estos largos meses en la habilitación definitiva de los canales comunitarios concursados, que cumplieron con todas las exigencias derivadas del acto de adjudicación, ni se han abierto nuevos concursos de radio y televisión sin fines de lucro. El ENACOM es rápido para habilitar canales comerciales y para avanzar en acuerdos con empresas, pero desoye los reclamos de los medios no lucrativos.

El incumplimiento también se verifica en el desconocimiento de la reserva el 33 por ciento del espectro para el sector sin fines de lucro. Cuando medios privados cierran sus empresas, como el caso de Radio América, la normativa vigente establece el reordenamiento del espectro radioeléctrico en base a cumplir con la reserva para el sector no comercial de la comunicación.

Además, continúan las interferencias contra Barricada TV y Urbana TV por parte de la empresa Canal 13/Artear, y tampoco se levantó el proceso penal contra Antena Negra TV, iniciado por una empresa de seguridad privada que no posee licencia alguna para operar en el espectro. En este marco comienzan a aparecer situaciones de interferencias de medios comerciales a medios de nuestro sector como sucede con FM La Caterva y FM La Tribu, ante las cuales el organismo plantea la resolución del conflicto entre las partes desentendiéndose de su rol.

Los funcionarios de ENACOM, ente presidido por Miguel Ángel De Godoy, sostienen una política de dilación con los medios comunitarios. Nos reciben, pero no nos escuchan. Nos prometen respuestas que nunca llegan y en nada han avanzado en estos meses, condenándonos al ahogo financiero y la precariedad. En consonancia con otros conflictos que surgen cotidianamente en el país, la gestión de Cambiemos sólo gana tiempo, para que el único que avance sea el mercado.

Convocamos una vez más a adherir, sumarse y acompañar a los medios alternativos, populares, comunitarios y autogestivos para que el ENACOM no solo pague la deuda sino que garantice condiciones legales para la permanencia al aire de nuestros medios y cumpla con la ley.

Por eso convocamos a movilizar para que el Gobierno Nacional:

– Pago de los FOMECAS Adeudados.

– HABILITACION de los canales comunitarios concursados: Barricada TV, Urbana TV y Pares TV. Basta de interferencias de Canal 13.

– Reconocimiento Legal y Devolucón de los equipos a ANTENA NEGRA TV.

– Resolución de los CONCURSOS pendientes para radio y televisión comunitarias.

– Cumplimiento de la RESERVA del 33% para las sin fines de lucro y elaboración del Plan Técnico.
 

MIÉRCOLES 26 de Octubre 16 horas
TODOS Y TODAS AL ENACOM
Perú 106 (CABA)

(Por Francisco J Cantamutto) Finalizó el Coloquio anual de IDEA, lugar de reunión del poder económico concentrado. Pocas novedades y mucha auto-satisfacción.

Del 12 al 14 de octubre se llevó a cabo en Mar del Plata el 52º Coloquio de IDEA, foro privilegiado del poder económico concentrado y la elite política. Año a año, se convocan a debatir en este espacio sobre sus proyectos y expectativas para el país. IDEA es lo que se conoce como think tank, es decir, un centro de producción e irradiación de ideas.

Financiado por las empresas más importantes que operan en el país, su lugar en la escena pública representa, de alguna forma, la renovación de lo que fuera el Jockey Club para la Sociedad Rural: el espacio de reunión y armado de programas económico-políticos, para vincularlos con personeros políticos de hoy y del futuro cercano. Otros foros cubren funciones semejantes en los últimos años, como por ejemplo el Foro de Convergencia Económica, pero ninguno en la trayectoria de los últimos años logra una convocatoria tan amplia –entre sectores de negocios- y sostenida. No en vano, en las vísperas de las elecciones el año pasado, se pasearon por sus atriles los principales candidatos, buscando dar garantías a los capitalistas.

En esos foros se dieron forma a las demandas de liberalización de la economía (quita de retenciones, de trabas a las importaciones, controles de capitales), retracción de las políticas sociales, reanudación de la ruta de endeudamiento externo. Esto conformó un programa mínimo común, que se vio certificado cuando las PASO dieron a por principales candidatos a Macri, Massa y Scioli, quienes dieron estas “tranquilidades” a los grandes capitalistas.

Este año, se hizo presente prácticamente toda la plana mayor del gobierno: el presidente Macri y los ministros de educación (Bullrich), de producción (Cabrera), de desarrollo social (Stanley) y el presidente de Banco Central (Sturzenegger), además de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal. La agenda reeditaba la tentación a grandes inversores que se puso en escena en los encuentros de Davos, G20 y Mini-Davos. Y como en todo ellos, mucha promesa, pero ninguna concreción.

Es interesante que se sumaron a esta cruzada asesores cercanos al ex candidato Scioli, como Miguel Bein y Eduardo Levy Yeyati, además de representantes de otras fuerzas políticas como Julio Bárbaro (PJ), Sergio Massa (Frente Renovador), Miguel Ángel Pichetto (PJ/FPV) y Margarita Stolbizer (GEN). Un auténtico bloque de fuerzas políticas que busca comprometerse en las “políticas de Estado” que demande el empresariado.

A pesar que el título de este año era “Puentes hacia el futuro”, hubo poca prospección y mayor grado de autosatisfacción. Con las demandas de liberalización ya cumplidas, los empresarios señalaron que era hora de resolver el tarifazo de una vez por todas, pues llevan 8 meses sin precios relativos claros. Al respecto, ya hay empresarios anotados para sumarse a los negocios abiertos con la “emergencia energética”. Pidieron, reducir la inflación, lo que es de hecho una bandera en el discurso oficial, aunque de magros resultados hasta el momento. Otra demanda clara –y nada novedosa- fue avanzar en la reducción de los impuestos y el costo laboral. Pidieron por una reforma tributaria que desgrave su accionar, algo que el gobierno ya viene aplicando con la reducción de las retenciones y del impuesto a bienes personales, por ejemplo. Respecto del trabajo, una vez más hubo quejas de los altos salarios y la falta de flexibilidad. Para esto, el ajuste vía despidos e inflación está surtiendo efecto, además del plan de empleo joven, una desgravación fiscal típico de los noventa. Es decir, el libreto acostumbrado, sin mucha imaginación.

Fue una impostura la siquiera referencia a la pobreza, dado que son las políticas en marcha y las demandadas las que están generando el problema. Invitado por la organización, un cura jesuita Zarazaga explicó que las asignaciones universales por hijo/a eran una política social de buena cobertura y que mejoraba el acceso a alimentación y salud, y que nadie rechazaría un empleo bien pago por cobrarla. Un análisis tan simple generó indignación y sospechas entre los oyentes, poco dispuestos a cualquier voz que no suene como la propia.

De conjunto, el coloquio de IDEA no trajo mayores proyectos ni nuevos lineamientos, satisfechos como están de un gobierno “de los suyos”. No obstante, surgen también dos elementos. El primero es la necesidad de terminar de estructurar el nuevo “modelo”, que se ha demorado en el tiempo, en gran medida, por la resistencia social. El segundo es, justamente, que la posibilidad de inestabilidad política no puede descartarse, frente a lo cual Cambiemos debe ofrecer garantías de que sostendrá el programa. Para ello, la presencia del gabinete y el arco político ya referido buscó dar esa contención.

Un aspecto muy relegado es la situación mundial, afectada por la crisis que no ceja. Esta crisis continúa erosionando los precios internacionales de las exportaciones argentinas. La menor demanda mundial no solo complica las ventas, sino que supone un exceso de oferta, que se pudo notar con la inundación de importaciones que provocó la apertura de Macri: sobran bienes en el mercado mundial, buscando venderse. Pero también hace más agresivas las políticas de competencia entre países: China está desplazando también nuestro comercio industrial con Brasil. Al mismo tiempo, la crisis del Deutsche Bank y la posible retracción de la política de dinero fácil de Estados Unidos, están agregando posibilidad de inestabilidad financiera, justo cuando el gobierno argentino encaró una ruta de endeudamiento de una velocidad nunca antes vista.

El empresariado sabe de estos problemas, pero no los discute en público. Saben que su única propuesta para enfrentarlos es la misma de siempre: ajuste social. Pocas ideas, y de las malas.

 

(Por Francisco J Cantamutto) Las nuevas cifras de pobreza e indigencia certifican el carácter excluyente del modelo.

La semana pasada se revelaron los nuevos datos oficiales de pobreza e indigencia en el país del INDEC de Jorge Todesca: 32,2% de la población es pobre y 6,3% es indigente. Este dato de la Encuesta Permanente de Hogares, proyectado al total de la población urbana (39 millones) equivale a 12,6 millones de personas que viven en la pobreza y 2,5 millones no alcanzan a adquirir los alimentos básicos. Estos datos se acercan a los difundidos semanas atrás por el Observatorio de Deuda Social de la UCA, que informó 32,6% de pobres, por encima del 29% que informara en diciembre de 2015.

Estas brutales cifras levantaron la polémica. El presidente Macri, sin ningún gesto de ironía, dijo que “este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente”, omitiendo los casi 10 meses que lleva a cargo –orillando ya la cuarta parte de su mandato. Por supuesto, y de acuerdo al libreto estándar de Cambiemos, se achacó el número de pobres al gobierno previo, elogiando la existencia de estadísticas creíbles.

El kirchnerismo quedó en falta, porque resulta difícil la defensa del apagón estadístico de una década. La intervención del INDEC iniciada en 2006 afectó especialmente a la medición del índice de precios –incitada entre otras razones para disminuir los pagos de bonos de deuda indizados en por la inflación pesos. Esto produjo severos impactos que han oscurecido la discusión de los hechos, ahora presentados todos como interpretaciones libres, cuya única lógica de comprobación era la fuente de enunciación. Cuando el INDEC dejó de informar datos de pobreza en 2013, el ex ministro Kicillof lo pretendió justificar diciendo que esa medición era “bastante estigmatizante”.

El nuevo equipo del INDEC, incluyendo a la especialista desplazada por la fuerza Cynthia Pok, está readecuando las mediciones, y este esfuerzo de recomposición de datos estadísticos se mezcla con los resultados propiamente dichos. Desde Página 12 se ha puesto en duda la credibilidad de un índice que ubique a Argentina por encima del promedio regional (28,2% según la CEPAL), aunque para esa comparación habría que cotejar que las mediciones sean comparables. Justamente, diversos especialistas han señalado que la actual canasta de consumo difiere de la previa a la intervención, incluyendo 7 artículos más y 5 kilos más de comida. Considerando este cambio de medición, en 2006 la pobreza hubiera sido del 35% (en lugar del 26% informado entonces), o alternativamente, la pobreza actual sería del 23% (en lugar del 32% informado).

¿Cómo se mide la pobreza? Básicamente se determina un conjunto de bienes y servicios que componen una “canasta” típica, representativa del consumo de los hogares del país, y se mide su precio de mercado. Para el caso de la canasta básica de alimentos, el valor se ubicó según el INDEC en $4.930 mensuales. Las familias que ganen menos que ese valor por mes, no podrán comprar los alimentos que necesitan para vivir, y serán considerados indigentes. Según la referida medición, el 6,3% de las personas no llegan a comprar esos alimentos. En promedio, ganan la ínfima cifra de $2.975 al mes, quedando a 39,7% de alcanzar los ingresos necesarios para alimentarse.

En el caso de la pobreza, se agregan a los alimentos otros bienes y servicios típicos (vestimenta, servicios básicos, etc.). El valor relevado fue de $12.851 mensuales, ingreso que debería alcanzar una familia conformada por dos adultos y dos niños para comprar lo necesario para no ser pobres. Como se dijo, el 32,2% de las personas no alcanzan a adquirir esa canasta, y son considerados pobres. En promedio, esos hogares ganan $8.051 al mes, quedando a 37,4% de alcanzar los ingresos que los sacarían de la pobreza. Estas cifras se magnifican considerando rangos etarios, pues el 47,4% de las personas de hasta 14 años viven en hogares pobres: casi 3 millones de niños/as y adolescentes.

Sin dudas, las políticas del gobierno de Cambiemos han incrementado la cantidad de pobres, tal como hemos referido sistemáticamente en este espacio. La devaluación y la aceleración inflacionaria han superado a las mejores paritarias, licuando así salarios. Peor aún les fue a quienes trabajan fuera de los convenios colectivos de trabajo, en sectores informales y de la economía popular. La UCA llama “nuevos pobres” a quienes caen en esta situación por el impacto de estas políticas. La quita y disminución de retenciones a las distintas exportaciones agropecuarias favoreció que el incremento en alimentos fuera mayor al promedio –se ha calculado que orilló el 55%-, impactando de manera más dura en los hogares más vulnerables. La paralización de la actividad económica ha incorporado despidos y caída de la demanda de consumo han configurado este escenario devastador. A pesar de sus discursos, Cambiemos no ha implementado medidas compensatorias que contengan estas políticas. El salario mínimo vital y móvil se ubicó en $7.560, poco más de la mitad de los ingresos de pobreza. El nuevo aumento de 14,16% anunciado en la AUH –que la llevaría a $1.103- la pondría en una suba total de 32% en el último año, por debajo dela inflación registrada (que solo desde diciembre acumula un 34,3% según la CTA). Queda claro que la “pobreza cero” de la campaña no ha sido sino demagogia.

No obstante, estas cifras ponen sobre la mesa una continuidad más profunda en la sociedad argentina. El kirchnerismo logró reducir la pobreza, quebrando la tendencia ascendente desde la dictadura: solo el revanchismo conservador puede negar esto. Sin embargo, en el mejor de los casos, estaríamos ante un quinto de la población en situación de pobreza, que Cambiemos elevó a un tercio. En este núcleo duro de pobreza, estructural, confluyen desocupados, subocupados, trabajadores informales: un gran conjunto de personas excluidas de los sectores dinámicos del capital, condenadas a rebuscárselas para obtener su subsistencia. La inagotable creatividad popular ha reforzado con cooperativas, empresas recuperadas, talleres autogestivos las tradicionales changas y ventas ambulantes, lo que algunos llaman “economía popular”.

Se trata de masas sobrantes para el capital, cuya principal función es operar como amenaza para quienes se atrevan a reclamar por salarios justos. Esto lo expresó con claridad Prat Gay, cuando dijo que los sindicatos deberían elegir entre conservar sus empleos y mejorar los salarios.  Ninguna de las dos cosas ocurrió en 2016. El denodado esfuerzo por atraer inversiones externas, incluso cuando pudieran reanimar la actividad económica (lo que no ha ocurrido aún), no ofrecerá ninguna salida para estas personas, que continuarán marginadas del mercado laboral, y estigmatizadas por su dependencia de planes sociales. Las propuestas de reforma laboral en danza –como el plan Primer empleo- continuarán precarizando el trabajo, arrojando a la pobreza también a trabajadores/as ocupados/as.

(Por Francisco J Cantamutto) Tal como señalamos a principios de año, el programa económico de Cambiemos estaba orientado por el relanzamiento de la ruta de la deuda. Esa era el significado del slogan de “volver al mundo”: retornar al mercado de deuda internacional, a cualquier costo.

Primero fue el anuncio realizado a fin de año, mientras los medios cubrían fugas de delincuentes por medio país, del remate a precio vil de bonos en manos del Banco Central, repartidos entre JP Morgan, Citibank, HSBC, Deutsche Bank y Goldman Sachs, por el cual 16.000 millones de dólares de deuda cambiaron de acreedor: del propio Estado a bancos internacionales. El siguiente episodio fue el bochornoso arreglo con los fondos buitres remanentes (remanentes porque otros buitres habían conseguido arreglo antes), por la friolera de 12.500 millones de dólares, a los que se sumaron otros 4.000 millones para apuntalar reservas. Entre ambas onerosas operaciones, las tasas de interés en dólares se ubicaron por encima del 7% anual en dólares, una estafa de escala internacional. Esto se suma a las emisiones de deuda aprobadas en el presupuesto enviado al Congreso por el gobierno anterior, por 23.400 millones de dólares.

Un auténtico festival de deuda, para el cual el legado kirchnerista fue muy importante. El gobierno previo buscó infructuosamente reinsertar al país en el mercado de deuda durante 12 años. En los últimos años, merced del deterioro del saldo comercial, se condujo una política contradictoria para resolver el problema externo. Por un lado, se intentó conciliar con el capital extranjero –productivo y financiero- las demandas compatibles con el funcionamiento de la economía: se pagó a REPSOL por encima del valor contable de su participación en YPF –a pesar de los conocidos fraudes cometidos-, se reconocieron los fallos del CIADI del Banco Mundial –tribunal que reconoce fallar siempre a favor de las transnacionales-, se reconoció la deuda proveniente de la dictadura con el Club de París –aumentada en un 60%-, se abrió por vez tercera el canje de los buitres en 2013, se declaró al pago de la deuda “de interés público” (Ley 26.984),  y se proclamó –como si fuera motivo de orgullo- que Argentina era una “pagadora serial”.

Debido a que estas concesiones no provocaban el efecto buscado en lo inmediato, el gobierno de Fernández buscó contener dentro del país los recursos externos mediante controles a las importaciones, a la remisión de utilidades y a la compra de dólares con motivos de atesoramiento o consumo suntuario. Estas medidas hacían que las demás concesiones no articularan un programa claro, por lo cual el capital financiero internacional –que obtuvo ingentes ganancias- no terminó de habilitar sus recursos. Ante este escenario, el kirchnerismo optó por endeudarse con China –créditos swap- y con organismos multilaterales de crédito. Los cambios en la moneda de denominación y de acreedores permitieron un manejo financiero más holgado, mientras los recursos externos abundaron, pero no alteraron los fundamentos de la relación de la deuda. La negativa de más de una década a auditar la deuda, el reconocimiento de jurisdicción extranjera en la materia y la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo constituyen el eje de la continuidad de la deuda durante el kirchnerismo.

La prueba está en la rapidez con que Cambiemos pudo revertir los “logros” previos, montado sobre el resultado previo. Junto a los pedidos de perdón del ministro de finanzas Prat Gay en España, las invitaciones de Macri al presidente Obama, las rondas de ambos entre los foros de Davos, G20 y Mini-Davos, lo que se ha promovido es una subordinación sin ambigüedades a los dictados del capital internacional.

¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora?

El Banco Central presenta mes a mes los resultados del balance cambiario, donde se pueden constatar los resultados del intercambio de Argentina con el mundo. De acuerdo este instrumento oficial, en el mes de agosto las reservas cayeron en 1.362 millones de dólares, cerrando con stock total de 31.150 millones. Este valor está aún por encima del nivel de noviembre de 2015, debido a los dos momentos de ingresos de reservas comentados antes –el canje de bonos en enero y la emisión sobrante del pago a buitres en abril.

Este saldo resulta de una ecuación similar a la que caracterizó al kirchnerismo desde 2013: déficit en la cuenta corriente y superávit en la cuenta capital y financiera. Es decir, un regreso a los dólares “especulativos” ante la insuficiencia de los dólares “comerciales”, tal como antes comentamos. Si bien el balance de mercancías arroja aun superávit, este se ve anulado por el déficit en el sector de servicios: al igual que en el período enero-agosto del 2015, del intercambio de bienes y servicios con el exterior, Argentina ya no genera excesos sistemáticos. De aquí los reclamos por nuevas devaluaciones, flexibilización del mercado de trabajo, mayor desgravación fiscal: búsquedas espurias por obtener mayor competitividad.

Desde principios de año, el ingreso de capitales se produjo por la vía estrictamente financiera: 9.553 millones por deuda privada, 15.893 millones por deuda pública, 1.096 millones por préstamos de organismos multilaterales, y 1.237 millones por inversión de cartera. Esta gran acumulación de recursos financieros ha tenido en los títulos públicos su principal destino: la cantidad de bonos se han incrementado para ser hoy equivalente al 85% de la base monetaria, pagando en su última colocación casi 27% anual en pesos a 35 días. En varios de estos casos se trata de resultados netos que oscurecen un movimiento más grande aún de capitales; en el caso de los organismos de crédito, por ejemplo, se trata del resultado 13.467 millones ingresados y 12.372 millones pagados.Argentina se está tornando una gigantesca máquina de reciclar ganancias en dólares: entran por una ventana y salen por la otra.

Al mismo tiempo, los pagos al capital se incrementaron de manera brutal: en estos 8 meses, respecto de igual período de 2015, los pagos de intereses se duplicaron (8.602 millones) y las remisiones de utilidades aumentaron 11 veces (1.916 millones). La fuga de capitales alcanzó un mínimo registrado de 8.993 millones, el doble que el año pasado. Es decir, la entrada de capitales financia la salida de capitales.

La prueba de esta falta de compromiso en actividades productivas que exijan algún tipo de compromiso de mediano plazo es que la inversión extranjera directa apenas alcanzó los 1.642 millones, a pesar de las promesas del gabinete y los gobernadores. Más de un cuarto está explicado por el sector petrolero, siendo la inversión nula en la mayor parte de las actividades.

El endeudamiento juega un papel central en el esquema económico de Cambiemos: financia el déficit fiscal y el déficit externo. Y lo hace a costa de una muy acelerada ruta, que consolida las continuidades previas, despojándolas de toda contradicción. Estamos mirando de frente a un esquema explosivo, cuya cualidad inflamable ya hemos conocido en el pasado.

El economista Julio Gambina analizó, en diálogo con FM De la Calle, los números sobre pobreza difundidos por el INDEC y resaltó que el 32,2 por ciento de la población viva en esa condición es una cifra “abrumadora” aunque “lo ideal hubiese sido generar una estimación estadística entre el último dato de 2013 y la actualidad”.

“El INDEC prefirió tomarlo como punto de partida y políticamente el gobierno de Macri lo utiliza y dice quiero que me evalúen desde ahora, con lo cual está obviando todo el ajuste que hubo en estos diez meses. La Universidad Católica cuando dio su dato, que era a marzo de 2016, señaló que la pobreza había pasado de un poquito más del 29 por ciento al 32,4 por ciento a marzo”, afirmó.

El economista precisó que “la inflación de abril fue del 6,5 por ciento, o sea que el deterioro de los ingresos populares en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ha sido brutal. Al mismo tiempo que se informan estos datos del INDEC ayer se conoció que hay una caída del consumo en el mes de agosto, algo que es bastante inesperado” y “los datos del PBI a junio hablan de una recesión consolidada con caída de la producción de junio de 2016 contra junio de 2015 del 7,9 por ciento de la industria manufacturera que es el sector más importante en pérdidas de empleo”.

“Los datos de la pobreza consolidan y confirman el ajuste de redistribución regresiva que hay en la Argentina, por eso es incorrecto que Macri salga a decir que a él tienen que evaluarlo a partir de ahora. Y es más, ya corrigió su primer mensaje presidencial cuando asumió el 10 de diciembre, dijo que el objetivo es pobreza cero y ahora dice que no alcanza un período presidencial para eliminar la pobreza en Argentina”.

“Eso que solo estamos hablando de la pobreza por ingresos, si habláramos de la pobreza estructural, lo que en los censos nacionales se habla de necesidades básicas insatisfechas, es decir, esas condiciones de pobreza absoluta en que vive una parte importante de la población, veríamos que hay una situación estructural de pobreza en Argentina y que se ha subido el piso”, concluyó Gambina.

Un@ de cada tres habitantes en Argentina es pobre, y el 6,3 por ciento de la población es indigente según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El relevamiento del organismo, que corresponde al segundo trimestre del año, mostró que alrededor de 8,7 millones de personas que viven en grandes centros urbanos son pobres, lo que equivale al 32,2 por ciento de la población, y, entre ellas 1,7 millones de personas son indigentes.

El presidente Mauricio Macri abandonó la principal promesa de campaña al destacar que “es obvio que no alcanzan cuatro años” para llegar a la “pobreza cero” y a pesar de los despidos, el ajuste y los tarifazos -entre otras políticas de tranferencia de ingresos hacia los grupos económicos concentrados- aseguró que las medidas tomadas por su gestión generarán empleo y mejorarán la educación pública y serán el camino para reducirla.

Las mediciones del Indec se basan en la consideración de indigente a aquella persona o grupo familiar que no cuenta con los ingresos mínimos como para comprar los alimentos indispensables de subsistencia comprendidos en la Canasta Básica Alimentaria, que costaba 5.175,92 pesos en agosto para una familia compuesta por dos mayores y dos niñ@s de 6 y 8 años.

Ese mismo grupo familiar requirió de 12.489,37 pesos para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT) -compuesta por alimentos, indumentaria y servicios básicos-, para no caer por debajo de la línea de pobreza, informó el Indec.

“Esta no es la única forma de medir la pobreza e indigencia, pero para realizar una medición multidimencional, que sería complementaria al método actual, se requiere mucho trabajo, y en esta etapa de emergencia estadística, tratamos de centrarnos en nuestras potencialidades”, explicó Jorge Todesca, al dar a conocer las cifras en una conferencia de prensa en la sede del organismo.

La región con mayor porcentaje de pobreza es el Noreste, con el 40,1 por ciento, seguido por el Noroeste (35,8), Cuyo (35,6), Pampeana (32,6), Gran Buenos Aires (30,9) y Patagonia (24,7 por ciento). En los aglomerados mayores a 500 mil habitantes, la pobreza se ubicó en 31,8 por ciento, mientras que en las ciudades por debajo de ese nivel de población, en el 34,2 por ciento. En el caso de la indigencia esa relación es inversa: es el 6,6 por ciento en las ciudades más grandes y 5,0 por ciento en las de menor porte. El Noreste es en general la región de peores indicadores y la Patagonia muestra los mejores números.

El Gran Buenos Aires (GBA) es la región de mayor relevancia para explicar la cantidad de pobres e indigentes. El Indec registró 4.543.000 pobres en el GBA y 917.000 indigentes. En segundo lugar, en la región Pampeana hay 1.925.000 personas pobres y 453.000 indigentes.

Por edades, el sector más afectado por la pobreza es el de los adultos de entre 30 y 64 años, que representan el 40,3 por ciento de la población y concentran el 34,9 por ciento de la pobreza y el 32,1 de la indigencia. Le siguen los niños y adolescentes de 0 a 14 años, con 32,3 y 33,1 por ciento, respectivamente. Luego los de 15 a 29 años, con 29,5 y 32,2 por ciento. Y finalmente los de más de 65, con 3,3 y 2,6 por ciento.La región del Noroeste, con el 40,1 por ciento es la que tiene mayor tasa de pobreza, seguida por la del Noreste con el 35,8 por ciento y Cuyo 35,6 por ciento.

La directora de la Encuesta Permanente de Hogares, Cynthia Pok, destacó que las mediciones hechas por la intervención del Indec, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “no se pueden comparar” con los nuevos números porque las anteriores “estaban mal hechas. No se puede mirar frescamente eso como un dato”.

El último relevamiento de este tipo de datos se realizó a mediados del 2013, durante el último mandato de la Cristina Fernández de Kirchner.

Las explicaciones sobre por qué se dejaron de difundir estas cifras vinieron mucho después, en marzo de 2015, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió desconocer “el número de pobres” y consideró esa medición como “bastante estigmatizante”.

Pero tres meses más tarde, y sin que se supiera ninguna medición oficial, la propia presidenta, ante la 39na Asamblea de la FAO aseguró que el índice de pobreza se ubicaba en Argentina “por debajo del 5 por ciento, y el índice de indigencia en 1,27 por ciento”, gracias a las políticas activas implementadas a partir de 2003.

Ya en esos momentos el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimaba que el índice de pobreza trepaba en el 2014 al 27 por ciento de la población, mientras que la propia CTA oficialista la había estimado en el 17,8 por ciento.

Para fines de 2015, el Observatorio Social de la UCA estimó que la pobreza alcanzaba a 29 por ciento de la población, y la indigencia a 5,3 por ciento.

Fuentes: Télam, Página/12, FM De la Calle.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.

Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.

Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.

“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.

Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.

El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.

En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.

El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.

“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.

A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.

(Por Francisco J Cantamutto) La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre, una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe resaltarse que Cambiemos esperaba a esta altura del año tener resuelto el problema de las tarifas, y esta serie de traspiés le ha implicado una demora, que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, pero lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y haber evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencia contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Según afirman los funcionarios oficiales, es esa forma de establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no hay ninguna garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio, el problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que Cambiemos “olvida” de mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos, desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada), y oportunidad de magníficos negocios son la trama de este tarifazo, que aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.

(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.

El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.

Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.

La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.

Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.

La causa

empresas polo cartel

La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.

Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la jueza Gabriela Marrón la “inmediata prohibición” del vertido en la ría de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público y agregó documentación a la causa.

Un mes después la flamante magistrada evitó hacerse cargo de la investigación y se declaró incompetente. La Cámara Federal, con la firma de Pablo Candisano Mera y el renunciado agente de la inteligencia genocida Néstor Luis Montezanti, avaló a Marrón argumentando que “corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones” porque los planteos de la Fiscalía y la querella respecto “a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.

Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.

Cabe destacar que durante los meses de mayor actividad de la investigación tanto el abogado Lucas Beier como varios de los pescadores denunciantes fueron víctimas de reiterados episodios mafiosos e intimidaciones para que “se dejen de joder” con las empresas del polo y ABSA. Por su parte, el Colegio de Abogados -con el voto de varios de sus directivos que a su vez son abogados de las empresas- inició un proceso en contra de Beier por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

El gobierno de María Eugenia Vidal busca dar continuidad a los proyectos de explotación de carbón en la cuenca Claromecó que motivó años atrás la movilización de asambleas y concejales para frenar la posibilidad del uso del fracking en la provincia. Según aseguró a FM De la Calle el periodista Hernán Scandizzo funcionarios y sectores académicos impulsan la técnica de gasificación subterránea. “Se empezó a dar una batalla cultural de ir generando consensos en torno a este tipo de explotación” disfrazada bajo el mito del carbón verde.

Como advierte en esta nota, “si bien a mediados de la década de 1990 comenzaron los trabajos exploratorios de Barranca Sur Minera, empresa del grupo Bridas, el anuncio del descubrimiento de carbón en Laprida se conoció recién en 2010. Por esos días Daniel Scioli, al frente de la gobernación provincial, firmaba un convenio de exploración de hidrocarburos con YPF-Repsol en el que se destacaba el interés por la cuenca sedimentaria de Claromecó. Poco después el tema quedo en nada y volvió a la palestra dos años más tarde, cuando se produjo la expropiación parcial de la petrolera e YPF renovó sus votos de interés”.

El Observatorio Petrolero Sur recibió de la Dirección de Minería un listado de proyectos vinculados a la explotación del carbón presentados hasta 2014. Se trata de “más de un centenar de expedientes de solicitud de cateo minero y hay cuatro manifestaciones de descubrimientos”.

Las alternativas de uso son: la posibilidad de generar energía eléctrica -como pretende la australiana Delmo- o  usos no energéticos del gas sintético que se produzca. “En ambos casos el polo (de Bahía Blanca) sería como un destino ‘natural’. Esto que se plantea de la ampliación del polo necesitaría una ampliación de la capacidad eléctrica instalada y es interesante porque parece que están haciendo circular el rumor en la zona de Tres Arroyos y demás de que el carbón, la explotación, sería para generar fertilizantes, esta forma de ir presentándose amigables con el ‘campo'”.

Scandizzo explicó que en el sistema de gasificación subterránea que se analiza “como el carbón se encuentra en profundidad y los métodos de minería a cielo abierto o por galería no serían aplicables, se hace una perforación hasta la veta de carbón, se abre la veta para que pueda circular el gas, en el otro extremo se abre otro pozo, entonces por uno se produce una ignición, se lo pone en combustión al carbón, se inyecta oxígeno o monóxido de carbono como para ir regulando la intensidad del fuego y por el otro pozo el carbón al hacer combustión en un medio donde hay agua genera gases. Esos gases son los que luego podrían ser tratados como insumo químico -gas sintético- o como energético”. Dichos pozos “se multiplican de acuerdo a las dimensiones del proyecto”.

Uzbekistán es el único país del mundo donde se está utilizando la técnica para la explotación comercial. “Australia intentó darle un desarrollo grande, tiene un gran potencial en carbón, hubo al menos tres proyectos de etapa piloto y tanto el Estado de Queensland en abril último como el Estado de Victoria en agosto prohibieron la técnica por la cantidad de impactos que se verificaron”. En la zona agropecuaria de Queensland “hay un radio de 320 kilómetros cuadrados en los que no se pueden hacer perforaciones de más de dos metros por los gases y tóxicos químicos que han migrado hacia las superficie”.

Según informó el especialista, la provincia de Buenos Aires realiza desde 2010 estudios sobre energías “limpias” a partir del carbón: “Esta es la alternativa verde porque dicen que se reducen emisiones y que los residuos quedan en el fondo”.

“Otra de las situaciones que se da es cuando se termina de explotar una veta -esto se va haciendo por paneles, por succiones-, queda un hueco, una cavidad vacía y se puede producir el hundimiento de suelo. Eso puede ser imperceptible en superficie pero afecta el perfil del suelo y la circulación de las aguas subterráneas y, por otro lado, la inundación de estos pozos con agua disuelve las cenizas, los residuos que quedan, y eso también migra hacia aguas subterráneas”.

Laprida es el municipio que encabeza la lista de posibles territorios a explotar seguida por La Madrid, Coronel Pringles, González Chávez, Tres Arroyos y Guaminí. Scandizzo destacó además la participación académica detrás de estos emprendimientos: “El Instituto de Recursos Minerales de la Universidad de La Plata está interesado en desarrollar este tipo de técnicas, estuvo haciendo estudios de impacto ambiental para una de las filiales de la empresa Delmo con la cual firmaron un convenio de colaboración”.

(Por Francisco J Cantamutto) El problema de las tarifas se erige como centro de una disputa más amplia. No se trata solo de discutir los precios que pagamos por servicios públicos sino -como hemos venido discutiendo aquí– de uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Cambiemos. Justamente, coincidien esta semana el Foro de Inversión y Negocios con el llamado a la audiencia pública por la tarifa de gas para usuarios residenciales.

El Foro, conocido como el “Mini-Davos”, es una réplica del Foro Económico realizado en Suiza en enero, del que Macri volvió lleno de promesas hasta el momento incumplidas, y de la reunión empresarial Business20, realizada en paralelo al encuentro del G20 en China hace semanas. Se busca tentar al empresariado transnacional acerca de las virtudes del espacio argentino para valorizar su capital. Lo organizó, a pedido del gobierno, el empresario Richard Attias, que comparte con Macri la tenencia de activos en paraísos fiscales. Entre otras empresas, se reunieron con el presidente representantes de BP, Novartis, Toyota, Unilever, Enirgi, Pan American Silver, IBM, Citigroup, Siemens, Coca-Cola (el listado ampliado está aquí).

La nota de color se la lleva el CEO de Dow, Andrew Liveris, quien dijo: “Necesitamos certezas en materia de políticas energéticas, también con la cuestión impositiva”, para agregar que sus inversiones están garantizadas… si se “supera la falta de transparencia generada por los subsidios”, y “logra instrumentar mejoras en el sistema energético” (según fue recogido por el conservador diario La Nación). Esto es importante: para el empresariado transnacional, más allá del acuerdo ideológico y político con este gobierno, no queda claro que las políticas económicas tengan coherencia, previsibilidad y sean capaces de sostenerse frente a la intensa reacción social. La disputa por el nivel actual y futuro de las tarifas entrecruza una disputa por nuestras condiciones de vida frente a sus oportunidades de negocios. Por eso, para mostrar gobernabilidad, se invitó como oradores a la gobernadora de Buenos Aires, pero también sus pares de Salta, Neuquén, Córdoba, San Juan y Misiones. Todo un arco de defensores del nuevo “modelo”.

El día viernes 16/9 está prevista la audiencia pública por la suba del gas para hogares. Mientras tanto, persisten los aumentos para el resto de los usuarios y del resto de los servicios (luz, agua, transporte). Se espera que el gobierno procure que esta instancia sea anecdótica, pero ya múltiples organizaciones señalaron que no se lo harán sencillo. Las Multisectoriales, las CTA, la Corriente Federal de la CGT y FACTA son algunas de las que movilizarán el viernes.

Lo que sigue es racconto básico para poner en discusión este aumento del gas:

  1. No hubo ni hay información ni argumentos que justifiquen el aumento. No se convocó previamente a audiencias públicas (la actual fue convocada tardíamente, por el fallo de la Corte Suprema). Todo esto vulnera los marcos regulatorios, y además derechos básicos constitucionales a la información y a la participación sobre estos servicios (art. 42).
  2. El aumento se produjo en un contexto de aceleración inflacionaria y aumento del desempleo lo que hace que en algunos casos las tarifas se vuelvan imposibles de pagar. Esto afecta los principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad. Dado el especial impacto en micro, pequeñas y medianas empresas, la suba ya en curso alimenta nuevas quiebras y despidos.
  3. El anuncio de sucesivos esquemas tarifarios cuestiona el criterio utilizado. La referencia al retraso relativo de las tarifas respecto de otros precios no es un argumento, pues cualquier sector (en especial quienes vivimos de un salario) podría argumentar igual y subir sus propios precios. La falta de criterios claros va contra el argumento de proponer un clima favorable a los negocios, de previsibilidad en los contratos. Esto se trasunta en la actual falta de inversiones productivas.
  4. Los sucesivos esquemas tarifarios no han resuelto ninguna de las asimetrías previas: ni las que existen entre tipos de usuarios (siguen proponiendo esquemas regresivos) ni las que existen entre áreas geográficas (los subsidios no tienen relación con las necesidades climáticas de cada región). La tarifa social está muy lejos de cubrir el impacto asimétrico, ocasionando múltiples costos de gestión, además de una victimización de la necesidad, pues el afectado debe probar su vulnerabilidad (invierte la carga de la prueba). Su aplicación ha sido defectuosa y parcial.
  5. No han introducido tampoco ninguna consideración respecto de cambios en la matriz energética (fomento a energías alternativas) o de eficiencia en el uso (por ejemplo, mejoras estructurales en las residencias), que pudieran moderar el problema en el mediano plazo.
  6. No se presentó ningún plan de inversiones asociado, por lo que tampoco hay garantías que las mayores tarifas tengan efecto en mejores prestaciones. Se pagaría más por un servicio defectuoso. La experiencia de los ‘90 indica que mayores precios y horizonte previsible no implican automáticamente inversiones para un mejor servicio. La falta de compromisos claros pone en duda cualquier escenario futuro.
  7. Al mismo tiempo, el gobierno se ha negado a auditar la actuación de las empresas proveedoras en los pasados años. Revisar sus memorias y balances podría dar elementos de juicio para saber: a) cuál fue el resultado económico; b) identificar prácticas fraudulentas (como la denunciada en el caso de las transportadoras de gas, TGN y TGS, que pagaron a sus casas matrices por supuesto asesoramiento, como manera de remitir ganancias al exterior sin declararlas); c) identificar qué se hizo con las transferencias recibidas, por compensación al nivel de las tarifas y por planes especiales (Plan Gas). Todo esto debería ser información pública, pues se brinda un servicio público.
  8. El supuesto nivel elevado de los subsidios ha sido desmentido incluso por un informe del FMI, que mostró que Argentina está por debajo de lo que subsidian en promedio los países de la OCDE.
  9. Si la revisión actual se enfoca solo en el peso de estas transferencias en el presupuesto público, llama la atención que al mismo tiempo que se se suben muy rápidamente otros gastos como el pago de deuda y se recortan ingresos, como las retenciones.
  10. La revisión del precio de la tarifa por energía debe considerar toda la cadena: la producción e importación de gas, su transporte y distribución. El gobierno ha restringido la revisión solo a estos últimos dos tramos, omitiendo que el principal costo está en el primer tramo. Al respecto, el precio en boca de pozo pagado por Argentina es superior a lo abonado en otros países, y esto no ha promovido inversiones –fuera de las realizadas por YPF a partir de su nacionalización parcial.

Todo lo anterior muestra la falta de argumentos razonables y creíbles para aplicar un aumento generalizado de tarifas, razones que hemos expresado en los medios, las calles y la justicia. La escasa credibilidad de esta propuesta es tal, que hasta los socios del gobierno se lo han señalado. Y por eso el Mini Davos sigue cargado de promesas, sin ninguna concreción.

La Coordinadora contra los Tarifazos de Bahía Blanca convocó a la comunidad a movilizarse este viernes a partir de las 19 desde la Plaza Rivadavia en el marco de audiencia pública para evaluar el cuadro tarifario del gas presentado por el gobierno nacional que se realizará en la Usina del Arte porteña.

“La única posibilidad de que el tema del tarifazo pueda derrotarse no está ni en la firma de los jueces, ni en los amparos, sino en el pueblo movilizado y organizado. Hasta ahora el gobierno se ha empantanado de alguna manera desde aquella pretensión de 1700%, luego bajó a 1000, luego a 500 y ahora a 200 y pico, tiene que ver con esta movilización popular en todo el país, en todas las plazas, en todas las ciudades importantes”, dijo a FM De la Calle José Lualdi.

Agregó que en el último encuentro de la Coordinadora “se discutió que no es solo el gas, más allá de que el viernes concretamente la audiencia lo sea, sino la cuestión de todas las tarifas, las que tienen que ver con la energía eléctrica, las que tienen que ver con el agua, por eso insistimos en que la consigna y la bandera principal es ‘unidos contra los tarifazos y el ajuste’ y resolvimos movilizar a las 19 horas del día viernes en la Plaza Rivadavia para lo cual invitamos al conjunto de la ciudadanía a sumarse”.

El objeto de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por orden de la Corte Suprema es considerar el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) y al mismo tiempo las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros resultantes de la Revisión Tarifaria Integral ratificada para una nueva audiencia a convocar en octubre.

Desde Bahía Blanca concurrirán l@s concejal@s Ezequiel Gimeno, Paola Ariente, Matías Italiano y Juan Manuel Martínez Eizaguirre, la titular de la OMIC, Mercedes Patiño y el presidente de APYME, Carlos Ferrari.

En su visita a Enredados* el intendente Héctor Gay se refirió al futuro del buque regasificador en el puerto, la intención de DOW y otras empresas conexas de ampliar sus plantas siempre y cuando dispongan del gas para su producción, la instalación de parques eólicos en la ciudad y las obras para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Al ser consultado por la permanencia y continuidad de la operatoria del buque regasificador en el puerto local, Gay afirmó que “pasamos de ser un país exportador hasta 2008 a un país que empezó a importar y en esa línea caímos nosotros como puerto de aguas profundas y demás”. Reconoció que “siempre es un motivo de preocupación” y advirtió que “en los planes de contingencia del Plan Apell no está previsto el buque”.

“Ojalá no estemos diez años. Espero que con algunas adecuaciones y demás el tema del gas aumente la producción fundamentalmente en Vaca Muerta, hay mucho interés, obviamente están estudiando a ver si conviene o no invertir en Argentina que es uno de los grandes desafíos pero espero que mucho más rápido tengamos la posibilidad de contar con gas y menos buque regasificador”.

En cuanto al futuro del sector industrial, el intendente no descartó ampliaciones atadas a la disponibilidad de gas: “Este es un centro neurálgico. El otro día fui a visitar la planta de TGS, me llevaron a un rincón especial y dicen el 70% del gas pasa por este rincón en el cual convergen todos los yacimientos”.

En materia energética destacó que Bahía “es el principal punto de interés de la energía eólica en el país”. Recordemos que el gobierno nacional lanzó el Plan RenovAR que promete inversiones por cinco mil millones de dólares para el sector, la creación de un fondo de fomento de doce mil millones de pesos y la disminución del riesgo empresarial garantizando el negocio dado que el ocho por ciento de la energía que consumen las industrias deberá ser renovable.

Gay confirmó la presentación de cinco proyectos para Bahía y once para la región y confió “en que vamos a tener tres parques de cien megas cada uno en la Ruta 51 entre Bahía y Cabildo que nos va a dar una dimensión importante de generación de energía utilizando el viento”.

Sobre los puestos de empleo dijo que “cada uno genera entre 200 y 300 puestos de trabajo de la construcción durante los 18 a 24 meses que dura, después para el mantenimiento es menos y son más profesionalizados, pero estamos necesitando reactivar la construcción ahora. En octubre se evalúa la cuestión económica y se adjudica el mes que viene, por lo cual estimo que entre enero y febrero tendría que estar”.

Finalmente, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de grandes cantidades de agua para la ampliación del polo petroquímico, Gay comentó que la planta de reutilización de líquidos cloacales “está empezando” y que “cuando se termine las tres etapas” cubrirá la demanda del sector. “Hoy no tenemos problemas porque el dique rebalsa pero tenemos ahí la posibilidad de que cuando termine ese 22 y 23 por ciento -de agua que consume el polo- lo tengamos disponible para la ciudad”.

La planta permitirá dejar de tirar los líquidos cloacales a la ría: “Hoy el principal contaminante es ABSA, es el Estado, los 365 días, las 24 horas, va toda la cloaca y no van solo residuos cloacales, va un montón de situaciones que es imposible controlar”.

“Se está terminando el proyecto del acueducto del Rio Colorado, estamos teniendo algún problemita porque tiene que entrar a Bahía y la entrada siempre es complicada, va a terminar en el Parque Independencia, se van a hacer dos grandes cisternas, ya hay una y se van a hacer otra dos, una muy grande que va a permitir mezclar el agua del dique y del Rio Colorado para que tenga la misma calidad y después dosificar, si en algún momento la del Colorado es mala directamente no la utilizas”.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.