Intervención artística contra el “desguace cultural”

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Esta mañana, artistas de la ciudad realizaron una intervención en el marco de las expresiones culturales que denuncian desguace cultural en Bahía Blanca. Intérpretes musicales y actores convirtieron el hall del palacio municipal en su escenario de denuncia. “No pasa naranja”, fue el poema de León Peredo abordado por Lucas Sánchez, Leonardo Fabrizi y Lucas Magallán. Luego, el guitarrista acompañó a Clementina Zivano haciendo “Para un amanecer” de Verónica Condomí.

A su vez, se anunciaron una serie de actividades emanadas de la asamblea realizada el sábado pasado en la sala El Tablado de la que participaron artistas de todas las disciplinas. De esta forma, el próxima miércoles 11 de octubre se llevará a cabo una charla debate en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur (Além 1253). La misma se realiza para reflexionar en torno de los 8 años de funcionamiento del Consejo Cultural Consultivo. Al día siguiente, habrá una conferencia de prensa en el hall municipal y posterior movilización con presencia también en el Honorable Concejo Deliberante.

¿Qué es el desguace cultural?

El pasado 2 de agosto, una movilización de trabajadores/as de la cultura solicitó una audiencia oficial al intendente Héctor Gay. El mandatario aún no ha respondido, así como a otros pedidos de audiencia como la de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. En esa oportunidad se  enumeró y describió el listado de problemáticas que atraviesa el sector.

  • Insuficiencia presupuestaria y ajuste.

Ya en el primer semestre de 2017 los recortes a nivel municipal están condicionando la actividad de diversas áreas, en particular las de la cultura, para cuya actividad, que reviste características especiales, existen recursos imprescindibles (por ej., horas extras, inversión en infraestructura e insumos, etc.).

  • Precarización laboral de los/as trabajadores/as de la cultura.

Ausencia de soluciones para las situaciones de irregularidad arrastradas desde hace años y generación de nuevos problemas (por ej., no regularización de la planta temporaria que realiza tareas permanentes, empeoramiento de las condiciones laborales de quienes se encontraban en régimen de destajistas, etc.).

  • Avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad.

Designaciones directas de cargos políticos que terminan convirtiéndose en planta municipal, colocaciones de funcionarios/as no idóneos en los espacios culturales-artísticos municipales.

  • Desarticulación de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.

Tras una serie de promesas incumplidas, la Orquesta no comenzó sus tareas en lo que va de 2017, dejando a los/as estudiantes sin este espacio de referencia y formación y a sus trabajadores/as que tienen más de 8 años de labor ininterrumpida sin su fuente laboral. Desprecio por los/as músicos/as que desempeñan sus funciones en la misma. Ausencia de transparencia respecto a los compromisos asumidos en la dilatada negociación.

  • Desarticulación de los Museos Municipales.

A través del ajuste y la desinversión, la ausencia de políticas en esta área, el avasallamiento de la carrera administrativa y la precarización de sus empleados/as.

  • Desarticulación de los Talleres Barriales.

Generalización de la contratación por régimen de monotributo, retrasos en los pagos de haberes, desconocimiento de los acuerdos anteriores que fijaban una remuneración mínima.

  • Desapoyo al Teatro Municipal.

Su actividad de ve afectada por una creciente derivación de las actividades hacia su presupuesto. Temor por la continuidad de los talleres gratuitos que allí se dictan.

  • Subestimación y tratamiento discriminatorio a los artistas del colectivo Los Chopen.

Inestabilidad en las condiciones de apoyo brindadas a sus funciones, subestimación de su carácter de artistas, falta de atención y respuestas.

  • Incumplimiento de la ordenanza de Espacios Culturales Independientes.

Con dilaciones en su aplicación y medidas gubernamentales que dificultan el desarrollo de los mismos, incluso atentando contra la existencia de algunos (por ej. La Nave)

  • Dilaciones en la aplicación de los subsidios de Hechos Artísticos y Culturales con continuidad en el tiempo.

Pese a la disponibilidad de este Fondo existente desde principios del año, cuya ordenanza se ha aprobado por unanimidad, y a los acuerdos arribados en el seno del Consejo Cultural Consultivo, desde el área de Economía se encuentran demoradas las entregas, lo cual condiciona la realización de estas actividades, para muchas de las cuales el área de Cultura había comprometido recursos.

 

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Educación: “El Plan Maestro profundiza las reformas anteriores”

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Eugenia Justo, integrante de Suteba Bahía Blanca, analizó en FM De la Calle la reforma educativa que propone el macrismo para la provincia a través del Plan Maestro y la “secundaria del futuro”. La charla se dio en el marco de la toma de colegios porteños por parte de estudiantes que exigen participar en la discusión sobre las modificaciones impulsadas por el gobierno de Cambiemos.

En diálogo con El Mejor Equipo (martes de 10 a 14) la docente dijo que el proyecto Secundaria 2030 es más de lo mismo con “reminiscencias de lo viejo”.

“Es una segunda generación de reformas. La primera generación arrancó en los ’90 con Ley Federal de Educación. Luego tuvimos una continuidad con la Ley Nacional de Educación del 2006 del kirchnerismo. Es la profundización de las reformas anteriores”, sostuvo.

Justo aclaró que desde el gremio no se oponen “bajo ningún concepto a reformar. Nosotros entendemos que esta escuela secundaria ya no da respuestas; que esta escuela secundaria ya no cumple con los objetivos que alguna vez tuvo, que eran: generar jóvenes para el mundo del trabajo, para la continuidad de los estudios superiores. Es una escuela secundaria que tiene que replantearse funcionamientos, metas, pero no bajo la lógica que propone el Plan Maestro o el gobierno de Cambiemos”.

“Hay una tendencia hacia la mercantilización y a convertir la educación en un negocio, en el cual no hay que dar a conocer tanta información. Por lo tanto, enajenar a las familias y a lxs alumnxs, no tiene que saberse”.

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La docente explicó que el principal objetivo de la reforma será preparar a las y los jóvenes para el mercado del trabajo. “Hay un fuerte pedido del mercado laboral de generar un determinado tipo de mano de obra. Esa mano de obra tiene que ser formada por la escuela secundaria. El mercado necesita una mano de obra abaratada, emprendedora, es decir, que sea responsable de la propia búsqueda de su empleo. Pero un empleo que no va a encontrar fácilmente sino que lo va a tener de elaborar y a su vez adaptándolo a la flexibilización”.

Justo destacó que los contenidos se reducirán porque “solo se van a ofrecer capacidades a las que llamamos blandas. Estamos diciendo que se está borrando el conocimiento. Por lo tanto, estxs chicxs para qué van a querer resolver tanto si lo que van a tener que resolver es de qué van a vivir”.

Respecto al impacto local, la dirigente de Suteba comentó que “la provincia de Buenos Aires está entre las que van a iniciar la secundaria del  futuro. Las experiencias van a ser pilotos, plantean una gradualidad de acá al 2021. La provincia ya tiene escuelas seleccionadas y Bahía tendría tres escuelas piloto de la secundaria 2030”.

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Los niveles primaria e inicial también tendrán cambios: “Los jardines de infantes uno de los mayores problemas que tienen es que no tienen los edificios que deberían tener. La publicidad del Plan Maestro y de Cambiemos -apenas asumieron- era que se iban a crear tres mil jardines, entendiendo que era una necesidad que realmente falta. Hay matrícula que no tiene jardín, niñxs que no pueden insertarse en ningún jardín o en ningún aula. La promesa fue construir tres mil jardines en el transcurso de los cuatro años. Hasta el momento tienen construidos 26 y ya el nuevo ministro de Educación está diciendo que no se van a construir jardines sino aulas. Por lo tanto, el nivel inicial tiene que ser urgentemente atendido”.

“En Bahía Blanca ha crecido mucho, hay sectores como Villa Delfina que tenemos excedente de chicos, que quedan fuera. Alrededor de 60 chicxs por barrio, estamos diciendo que esto impacta en la comunidad directamente. Esas familias no van a poder trabajar porque van a tener que cuidar a esxs niñxs. En Bahía Blanca falta siete jardines más o menos, todavía no se ha construido nada. Los jardines del centro no tienen excedente de matrícula, esto ocurre en los barrios de la periferia”.

Finalmente, Eugenia Justo dijo que “en la primaria la gran modificación que se viene es esto de hacer trabajar a la escuela por proyecto, ofrecer no escuelas como las conocíamos ahora sino ofertas educativas”.

“Cada escuela presenta su oferta educativa, la tiene que organizar y la tiene que llevar adelante. La autogestión es una palabra clave, que todavía no se erradicó y sigue estando presente, es muy propia de la Ley Federal de los años ’90 y, sin embargo, vuelve como paradigma en esta idea de que el Estado se corre de algunas responsabilidades, la comunidad ingresa como responsable de generar, de sostener esos proyectos educativos de la mano del sector privado”, afirmó.

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Zorzano investiga supuestos aprietes de la UOCRA

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La gobernadora María Eugenia Vidal denunció en Bahía Blanca supuestos “pedidos desmedidos” por parte de la UOCRA a empresarios locales referidos a la contratación de determinadas empresas de transporte y viandas de alimentos. La Unión Industrial y la Cámara de la Construcción se manifestaron públicamente en el mismo sentido y el intendente Héctor Gay pidió que la Fiscalía actúe de oficio.

Tras designar a Gustavo Zorzano para tal fin, el fiscal general Juan Pablo Fernández dialogó con El Mejor Equipo de FM De la Calle.

“La investigación comienza en función de una gran cantidad de notas periodísticas por las cuales se dan a conocer una serie de irregularidades, que podrían consistir en hechos de naturaleza delictiva como, por ejemplo, el delito de extorsión”, dijo.

Agregó que “alguna de ellas ya planteaba un hecho concreto, que se podía llegar a individualizar. Esto generó la decisión de realizar una investigación penal preparatoria”. “Será el fiscal Zorzano, quien con todo el material periodístico compilado, podrá empezar a tomar declaraciones y realizar la averiguación correspondiente sobre la existencia de hechos específicos, circunstanciados”.

Sin embargo, “en alguna de esas notas periodísticas sí se daba la pauta de un hecho referido a un acontecer histórico determinado. A partir de ahí, se puede tomar la punta de ese ovillo y empezar a desarmar la madeja”, explicó.

En relación a si el hecho concreto serían las supuestas presiones por parte de UOCRA a empresarios, para la contratación particular de empresas vinculadas a determinado transporte o servicio de viandas, el fiscal general afirmó: “Hay un hecho circunstancial, hay que ver si esto efectivamente fue así. En eso consiste la investigación”.

Juan Pablo Fernandez

“Más allá de comentarios al respecto que se venían haciendo en la ciudad sobre esta modalidad operativa, hay que señalar que nunca hubo una denuncia concreta por parte de las presuntas víctimas. Y esto es importante: que las víctimas de esta clase de hechos se presenten en la justicia, se comprometan y denuncien porque es la forma de acabar con esta circunstancia”.

Respecto a si les cabe algún tipo de responsabilidad a las empresas ya que no habían hecho las denuncias pertinentes y accedieron a esas condiciones de trabajo, Fernández dijo: “Si estamos frente a una situación de extorsión, no; porque el sujeto extorsionado no tiene la libertad de elegir, es la víctima del delito”.

“Distinto puede ser otro tipo de situaciones en que puede llegar a haber alguna connivencia empresarial. Acá se está hablando de otra cosa, de circunstancias en las cuales, empresas constructoras serían victimas de aprietes ilegales que encarecerían la construcción, en función de exigencias ilegales de contratación determinadas, o determinadas sumas de dinero”.

“En principio, si esto efectivamente se corrobora, estaríamos frente a un delito de extorsión, donde el único sujeto activo del delito –para llamarlo con propiedad– es el extorsionador. La otra persona, el que paga, es el extorsionado y la víctima”, ratificó.

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“Hay que investigar si estaban dadas las condiciones de seguridad”

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Luego del accidente que sufrió el lunes por la tarde Fernando Merino, obrero de la empresa Ecosur –contratada por ABSA–, El Mejor Equipo se comunicó con el titular de Defensa Civil, José Luis Holzman, para saber cómo fue el rescate en la obra de Garibaldi al 100.

El funcionario aseguró que “el personal de guardia lo que me refiere es que esta persona se hallaba presionada por la tierra que se derrumbó. La tarea de rescate demandó entre 45 minutos y una hora”, ya que la filtración de agua que estaba reparando, mezclada con la tierra produjo barro; Merino tenía botas colocadas, que generaron un efecto ‘ventosa’ a la hora de intentar extraerlo de la zanja.

Respecto a las condiciones de trabajo que se apreciaban, el titular de Defensa Civil dijo: “Lo que nosotros pudimos observar –no somos técnicos ni entendidos en el tema–, para el trabajo que estaba realizando, quizás hacía falta contención dentro de la zanja, algún sistema que evitase que la tierra se desmoronara”.

El arnés que tenía el obrero ayudó al momento de la extracción. Holzman indicó que de ahí “se hacía la tracción para retirarlo [de la zanja]. También tenía un cabo de vida, una soga adicional, que sirve para llegar en forma inmediata hasta la persona”. Además, reiteró que “se hizo muy difícil la tarea para retirarlo” debido al barro que se había formado.

“Mínimamente, cuando uno está trabajando bajo estas condiciones, se puede presuponer que puede haber algún derrumbe por la condición de la tierra empapada en agua; por lo menos arbitrar los medios mínimos para que esto no ocurra. No somos técnicos ni especialistas, por eso se dio intervención a personal de la policía y policía científica. Ellos determinarán las condiciones en cuanto a riesgo de vida y seguridad que se pudieron haber cumplido o no en el trabajo”, afirmó.

Defensa Civil trabajó en el lugar hasta que Merino fue trasladado al Penna, luego le dieron lugar a policía científica para que analice la situación. “La parte de la evaluación pasa por una cuestión de que hay que investigar si estaban dadas las condiciones de seguridad para trabajar en el lugar”, concluyó Holzman.

Foto: Canal 7.

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Organizaciones reclaman respuesta para la Orquesta de Miramar

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El lunes por la mañana, organizaciones sociales, sindicales y gente de a pie manifestaron su apoyo al reclamo de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. El organismo convocó a realizar un “vacío simbólico” basado en hacer unos minutos de silencio a modo de representación de la falta de respuesta que atraviesan muchos proyectos culturales y educativos de la ciudad.

La orquesta ha pedido audiencia con el intendente municipal, Héctor Gay, ya que la subsecretaria de Formación y Promoción Educativa, Morena Llanca Rosello, responsable política del cuerpo, no ha resuelto el normal funcionamiento. Treinta niños, niñas y adolescentes no tuvieron clase en todo el año. Sesenta esperan por ingresar. Nueve docentes sin cobrar.

Pese a haber aprobado una orden de compra el 30 de julio, la misma subsecretaría ha trabado la firma de los contratos.

Astor Vitali, Secretario General de UMSur, abrió el acto recordando la situación de la orquesta y destacó que “buscan generar depresión y desánimo a través del maltrato y la falta de respuesta. Es un riesgo caer en un estado de desaliento. Podemos perder mucho si dejamos que avasallen nuestros derechos. Necesitamos reflejarnos en las necesidades del prójimo y estar mano a mano con todos los sectores que se vean atacados por estas políticas de precarización y  deshilvanamiento social. Su capacidad de avanzar sobre nuestros derechos es inversamente proporcional a nuestra capacidad de organización. Seamos capaces de trabajar en conjunto”.

Luego, el Delegado General de la Asociación Argentina de Actores, Leonardo Fabrizi, expresó “el apoyo incondicional” a la orquesta y destacó que “lo que falta es voluntad política. Cuando uno ve publicado los aumentos de los funcionarios, desde el intendente a los asesores, uno puede ver que esto no es un problema presupuestario. El resto son movimientos de dilación y el bastardeo de la cultura local”.

Por su parte, Viviana Marfil, Secretaria General de ATE Bahía Blanca, aseguró que “es muy grave lo que está pasando, fundamentalmente porque hay una ley que dice que tenemos que trabajar con los pibes. Desde que se encuentra la orquesta las cosas cambiaron. Que esté dentro del ámbito de educación y que realicen esta parada por los pibes es muy grave. Los trabajadores han sido precarizados. Se sigue haciendo el abandono de la cultura. Todo lo que es arte ayuda a que nuestros pibes sean creativos y puedan resolver. Señor Gay: revea esta situación y piense en los pibes ya”.

Graciela San Román, representante del Consejo Cultural Consultivo, manifestó el apoyo del cuerpo hacia la orquesta. Digo que se “encuentra dentro de lo que llamamos el desguace cultural. Así como la orquesta está en esta situación límite hay muchas otras agrupaciones, eventos e instituciones de la cultura que están sufriendo el ninguneo y situaciones de maltrato institucional”.

“Desde el SADOP nos acercamos a apoyar la lucha de los compañeros”, dijo su titular, Analía López. “Estamos en presencia de un proyecto de gobierno que va en contra de la educación, en contra de lo cultural y en contra de lo popular. Defendemos la función social que tienen las orquestas infanto juveniles y estamos en contra de cualquier tipo de precarización laboral que son los primeros pasos hacia la flexibilización total”.

Ana Canulo, desde SUTEBA y CTA, manifestó el acompañamiento del reclamo. “Nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras están siendo muy atacados. Lo cultural y lo artístico le importa muy poco a este gobierno. En el Plan Maestro lo artístico tiene muy poca importancia, casi ni figura. Sabemos lo importante para los barrios y lo importante de la formación artista. Debemos seguir en la calle defendiendo estos espacios y lo debemos hacer en unidad, como un bloque en la calle, en las escuelas, en las aulas, en los barrios”.

Por último, Marcos Marchegiani, docente de la orquesta, agradeció la presencia y el acompañamiento y convocó a la realización del “vacío simbólico”. Unos minutos de silencio profundo generó la curiosidad de los y las transeúntes, algunos funcionarios de paso y el alto impacto sensorial de la falta de respuesta.

Se espera que el intendente Héctor Gay de respuesta a los reclamos de la orquesta y, finalmente, otorgue el pedido de audiencia solicitado. Por el momento, Gay da la espalda a la comunidad.

FUENTE: UMSur

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“Buscamos que Luciano Lorenzo no siga cagando gente y nos pague”

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Ex trabajadoras y trabajadores de Servicios Integrados Bahía Blanca levantaron el acampe que mantenían en la vereda de la empresa desde que sus dueños la cerraron a fines de mayo. Presentaron una denuncia penal contra Luciano Lorenzo por estafa y vaciamiento de la firma.

“Ni siquiera fuimos despedidos, la patronal nos cerró las puertas de un día al otro y quedamos más de 900 en la calle porque no fue solamente Bahía”, dijo a FM De la Calle Alejandra Navarrete.

En la ciudad trabajaban una “400 personas ente obreros de maestranza y personal de oficina, después estaba toda la Patagonia, Mar del Plata, Buenos Aires, un tendal de gente que quedó sin su fuente laboral, sin su pan en la mesa”.

En cuanto a los responsables del cierre de SIBB aseguró que uno es “Luciano Mauro Lorenzo, que vive en Bahía Blanca y en Punta Alta. Gracias a todas las cagadas que hace se da el lujo de tener pisos en Bahía y casa en Punta Alta, cagando al laburador”.

Por otra parte, recordó el escrache que realizaron durante la toma a Marcelo Vitón, frente a su casa del barrio Palihue. “Él es fundador de la empresa, 35 años adelante de ella, dijo que la vendió a Lorenzo y a la mujer Milagros Medina, la justicia dirá si tiene que ver o no”.

Respecto a la búsqueda de alternativas laborales, Navarrete comentó que “nos dijeron que no podíamos hacer una cooperativa porque en Bahía existe Borlenghi y hay una ordenanza que Borlenghi no lo permite. Toda ordenanza se puede caer si uno quiere”.

Poco más de una decena aceptó una propuesta municipal de integrar cooperativas de trabajo pero “son monotributistas, firman contratos por tres meses”. Otros y otras pudieron conseguir otros empleos.

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“En cuanto al Estado, ¿qué te puedo decir? Al Estado que nos dejó tres meses tirados en la vereda, que tenía el sartén por el mango y no movió un papel judicialmente”, se quejó.

Fueron más de cien días de acampe en 9 de julio 954 “pasando fríos, vientos, lluvias y hasta nieve”, abandonados por el gremio de Maestranza y acompañad@s por otros sindicatos, “agrupaciones y personas que pasaban y querían ayudar con poco o mucho”.

“Pedimos que no vuelva a haber otro SIBB, que alguien haga algo con ese gremio tan corrupto que nos dejó tirados como si ellos no tuvieran nada que ver”, dijeron en un breve comunicado que circuló por las redes sociales.

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“Margo y Rossello intentan destruir la Orquesta de Miramar”

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Integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar junto la Unión de Músicxs del Sur denunciaron la grave situación que continúa atravesando el organismo y entregaron una nota al Municipio.

“Señor intendente Héctor Gay ¿quiere usted cerrar la orquesta y dejar sin docentes a treinta niños, niñas y adolescente? Si es así: dígalo y termine con esta situación de maltrato sistemático”, exigieron.

En el texto insistieron con el pedido de audiencia con el jefe comunal. “Hacemos responsables a los funcionarios políticos Ricardo Margo y Morena Llanca Rossello de intentar destruir este organismo de gran valía social”.

Marcos Marchegiani explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que “el planteo de base nuestro es el pase a planta porque tenemos ya ocho años comprobados de relación de dependencia con el Municipio. Arrancó con dos años de contrato, luego la figura de destajo y cuando se termina, veníamos viéndolo con el Instituto, era claro que correspondía exigir el pase a planta. No hicieron nada para que esto suceda y terminamos aceptando tener que ir por contrato”, agregó.

Los contratos se tramitaron a través de la Asociación de Actores aunque lxs docentes firmaron en disconformidad, “que es solo dejar en claro que no es lo que queríamos pero queremos trabajar y continuar el proyecto”. Lxs funcionarixs municipales utilizan esa queja para frenar el trámite: “Ven la firma como un rechazo a querer trabajar o a aceptar el contrato”.

El músico comentó que “siempre hay una gran cantidad de chicos y terminamos dejando lista de espera, si tuviésemos el pase a planta que nos corresponde podríamos estar dándoles un servicio más amplio, gestionar actividades en otros barrios”.

“Los padres estan en contacto y preguntan qué pasa porque los chicos extrañan la orquesta, volver a las clases, a los profesores, los viajes de fin de año, tenemos la respuesta de ellos y a los chicos me los cruzo y algunos decidieron que este año no pueden pero no les es indiferente, están todos a la espera de que esto comience”.

Desde la Orquesta barrial y el gremio demandan también “responsabilidad política para la aplicación de un plan pedagógico articulado” y “el cese de las presiones hacía los/las trabajadores/as”.

Las respuestas oficiales, por ahora, fueron solo a los medios por parte de Morena Rossello. De mantenerse esta situación, se anunciará un plan de lucha en las próximas horas.

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“Tengo todo lo que tengo que tener, menos trabajo”

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María Cecilia Bravo es chofer de transporte urbano e interurbano. Hace años que busca un empleo estable y las empresas locales se niegan a contratarla sin darle explicaciones. Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación  y la de mujeres en general.

“El trabajo es un derecho fundamental de las personas, y en particular la actora es sostén de familia, y no encuentra otra vía que la legal para obtener igualdad de condiciones en su búsqueda de trabajo”, escribió su abogada Fernanda Petersen.

Agregó que en el sistema local “ha sido imposible ingresar ante las diferentes postulaciones en dicho puesto de trabajo, habiendo contratado en diferentes oportunidades personal con menor capacitación que la que posee la actora, considerando esta parte que se trata de un hecho discriminatorio por el hecho de ser mujer”.

En Rio Grande, Tierra del Fuego, buscan sumar conductoras al transporte público mediante una ordenanza municipal tal como sucedió en Córdoba y Rosario.

María Cecilia visitó esta semana FM De la Calle y contó su historia a El Mejor Equipo (martes de 10 a 14).

“Yo arranqué en el 2010 en lo que era la ex empresa Micro Sur, con traslado de personal a la termoeléctrica, al Arsenal Aeronaval, a la minera Vale. No tuve problema, más que cara de susto al principio de parte de los pasajeros. En el 2013, una empresa de transporte de acá de Bahía, que tiene larga distancia, me dio la oportunidad de manejar los doble piso. Me tomaron una prueba sabiendo que yo no tenía mucho conocimiento más que de colectivo urbano; ahí arranqué con larga distancia y esto lo voy haciendo hasta el día de hoy. Soy una chofer libre, no tengo contrato con nadie. Si hay viajes me llaman, si no hay viajes no me llaman”, relató Bravo.

La trabajadora comentó que “mientras hay viajes más o menos la vas piloteando, pero cuando no hay viajes he ido a limpiar casas, he estado haciendo encuestas en las casas. No tengo problema. Yo alquilo, tengo un hijo a mi cargo, el más chico, y hay que hacerle frente al alquiler, a los impuestos, a la comida y es muy difícil cuando uno no tiene un trabajo fijo”.

“En diciembre de 2013, salgo en tapa de La Nueva Provincia, pidiendo trabajo. El titular era: ‘una mujer colectivera (que no es colectivera, es conductora de última), busca trabajo y no se lo dan’. El único que me dio más o menos un poco más de bolilla, por decirlo de alguna forma, fue Raúl Woscoff y se pidió desde el Concejo Deliberante un pedido de informe a las empresas por que yo había llevado los curriculums. Pero para asegurarnos de que los recibieran, Raúl Woscoff me hizo llevarlos de vuelta y hacer que me firmen un comprobante que yo los había entregado y eso quedó en la nada”, aseguró Cecilia.

El pedido de informe solicitaba información directamente a las empresas Bahía Transporte SAPEM, Rastreador Fournier y San Gabriel: “San Gabriel en ese momento sacaba la 513ex, entonces yo sabía que se tomaba personal y dije bueno, esta es mi oportunidad”.

“A veces es peor que no te digan nada, a que te digan: ‘Tenes el pelo corto’, no sé, por decirte algo, no me gusta y listo. Sé que tengo la capacidad, sé que puedo hacerlo, entonces eso es lo que más indigna”, enfatizó.

Respecto a su capacidad para manejar colectivos, Bravo explicó que “el carnet profesional que utilizan los conductores o los choferes acá en bahía, es el municipal que tenemos todos ampliado a la categoría de profesional. Nosotros en larga distancia, aparte, tenemos que tener otro carnet que te habilita. Yo, por ejemplo, hice temporada en Camboriú este verano. Para salir del país, para sacar la unidad es otro carnet, que tiene todo un psicofísico mucho más completo de lo que es el local”.

“Yo conozco muchos choferes de hace 25 o 27 años. La mayoría de ellos ya se han jubilado. O sea, no me pueden venir a decir a mí, que en cinco años no se tomó personal, es imposible. Pero yo quiero dejar en claro esto: yo no estoy peleando porque soy mujer y tengo que tener el trabajo. No parte por mi condición sexual, sino, parte porque estoy capacitada. Entonces, dame la oportunidad de demostrarlo, porque sé que lo voy a poder cumplir con creces”.

El caso de Cecilia no es el único en nuestra ciudad: “Hay otra chica, que se puso en contacto conmigo, que también entregó curriculum y nunca nada. Hablamos la semana pasada y me dijo que los iba a volver a llevar”.

“Al principio cuando recién entré yo era el bicho raro –dijo la conductora al ser consultada por la relación con sus compañeros-. Yo digo que muchos lo tomaron como herir el orgullo de hombre y me han hecho cuestionamientos de lo que se te ocurra. Por ejemplo: ‘Vos estás manejando y te viene tu período, ¿podés manejar?´. Vos te lo quedas mirando como diciendo: ‘¿Me estás cargando?’. Eso como mínimo”.

“Yo como mujer aprendí a cambiar correa; a cambiar cubiertas, gomones que son más grandes en los colectivos de larga distancia, siempre con mi compañero. Si yo pretendo una igualdad, en la misma igualdad me tengo que comportar yo. No voy a decir: ‘Ah no, porque yo soy mujer no puedo’. No, yo estoy en las mismas condiciones que vos”.

Finalmente, sobre el trámite del amparo presentado ante la justicia afirmó que se demoró con el paro de los trabajadores y las trabajadoras judiciales pero debería tener resolución en los próximos días. “Tengo la suerte de que si hay viajes me llaman, pero la angustia de necesitar una estabilidad y de estar acá es muy importante. He llorado mucho”.

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Amenaza a FM ALAS: “Están tirando demasiado de la soga”

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En el día de la fecha, miércoles 6 de septiembre de 2017, mientras estábamos al aire con el programa informativo, recibimos el siguiente mensaje.

“Como un ciudadano de bien que paga sus impuestos les digo que están tirando demasiado de la soga,

después a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados”.

El mensaje llega en el momento en que se expone al aire un hecho acontecido en el día martes 5 de septiembre: un vehículo que amenazó con atropellar a vecinxs que estaba realizando una marcha reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, frente a uno de los casinos de oficiales de Gendarmería Nacional.

Este no es el primer mensaje de estas características que recibimos en la emisora. Recordamos que el día 2 de diciembre de 2016, cubriendo otro hecho de relevancia política llegó un mensaje similar. Inmediatamente, se llevó adelante una denuncia en la Fiscalía Penal de la localidad de El Bolsón, y aún aguardamos el avance de la investigación para su esclarecimiento.

Esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Pintadas en las paredes y en la plaza “Che Guevara”, declaraciones de funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en la vereda de la emisora. Estos sucesos han sido informados a la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con este nuevo hecho ampliaremos nuestro informe.

Como es de público conocimiento, la Comarca Andina está viviendo situaciones de violencia institucional, hostigamiento a las organizaciones y amenazas directas a vecinxs de la comunidad.

A pesar de estos hechos que pretenden intimidar, FM Alas seguirá habitando el aire.

Sin medios comunitarios no hay democracia. Aparición con vida de Santiago Maldonado.

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Asoc. Civil Alas para la Comunicación Popular

Desde Bahía Blanca hacemos llegar nuestro abrazo a las compañeras y compañeros de FM ALAS ante las amenazas recibidas.

Asimismo, renovamos nuestra solidaridad con las comunidades mapuche que siguen siendo víctimas de la persecución y el hostigamiento de la Gendarmería y los servicios de inteligencia de distintas fuerzas que responden al Gobierno Nacional.

 

DEVUELVAN A SANTIAGO.

Colectivo FM De la Calle.

 

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Se presenta el Movimiento x el Derecho a la Salud en Bahía

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Integrantes de la conducción provincial de CICOP visitan este miércoles Bahía Blanca para presentar junto a la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal el Movimiento por el Derecho a la Salud. El encuentro será a las 18 en Pasaje Tres Arroyos 538 (ADUNS) y tiene el objetivo principal de denunciar las implicancias de la Cobertura Universal de Salud (CUS) impulsada por el gobierno nacional.

La CUS fue implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016 con el argumento de la existencia de “una circunstancia extraordinaria que hace imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. La medida instaura una nueva y peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común fundamental para todxs los argentinxs: la salud pública, universal y gratuita.

“Sería un fondo destinado principalmente a obras sociales con ese viejo argumento de que lo público no funciona, que es ineficiente y que mucha gente queda por fuera. Lo que estamos denunciando es que queda por fuera gente cuando privatizamos el sistema que es lo que estaría haciendo la CUS”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la APSM Selva Lamtzev.

La médica comentó que la intención del gremio es “que este movimiento que ya está funcionando en La Plata, en Buenos Aires, pueda generarse en Bahía Blanca y por eso la llegada de CICOP es auspiciosa”.

“Informar es una forma de acción, vemos que hay mucho silencio sobre esto, ocurre muy similar a lo que es el Plan Maestro en la educación, son estrategias de precarización de lo que ya existe público e informar y alertar a la población es nuestra primera instancia de organización y de evaluar que medidas se van a hacer”, agregó.

El decreto presidencial pretende “garantizar una serie de servicios específicamente a la población que debería presentar un carnet de pobreza. Esto no es suposición nuestra sino que lo vemos en otros países como ha sido en Colombia o Chile en los ’90. (…) Precarizan mucho más al sistema público de salud, el aporte se va en obras sociales que vienen incumpliendo incluso el plan médico obligatorio”.

La reunión en la sede de ADUNS contará con la participación del presidente de CICOP, Fernando Corsiglia, sus secretarixs Verónica Moyano, Mónica Berezovsky y Hugo Amor, de Asuntos Municipales, de Género y de Prensa, respectivamente y delegadxs gremiales.

“Ante el decreto nos surge una alarma muy grande y la necesidad de poder hablarlo y conformar este movimiento, que no lo conforman solamente espacios ligados a la atención de la salud sino que la idea es que confluyan diferentes sectores preocupados por el derecho a la salud, es una convocatoria absolutamente abierta a todas las organizaciones y personas interesadas en defender su derecho fundamental”, invitó Lamtzev.

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“Fue una orden y un plan para detener gente”

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Lo afirmó uno de lxs 31 detenidos tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de la represión en Cushamen. Ezequiel Medone es periodista de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos y contó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que estaba a más de doce cuadras del lugar de los incidentes cuando lo capturó injustamente la policía porteña.

Luego de la convocatoria que reunió a aproximadamente 250.000 personas en la Plaza de Mayo, Medone se dirigía hacia Congreso cuando “un policía se acerca e intenta detener a una chica que estaba filmando. Empiezan a intervenir trabajadorxs de prensa que estaban en el lugar, para explicarle que no estaba haciendo nada malo. No tenían motivo para llevársela”.

“En eso nos agarran a nosotros y se genera un forcejeo en medio de un tumulto de gente –porque había bastante gente alrededor– además de la policía que se fue sumando. Nos llevan a una comisaría en Chacarita y nos dicen que estábamos incomunicados”.

Las 31 personas detenidas no podían hablar con sus familiares que estaban afuera, ni con sus colegas, ni con la abogada de CORREPI María del Carmen Verdú, ni siquiera entre ellxs. “Estábamos todos en celdas separadas”, explicó Medone.

Recién en la comisaría se enteraron de qué los acusaban: “intimidación pública” y “alentado de resistencia a la autoridad”. “En la presentación que hace el juzgado, dicen que nos detienen en Plaza de Mayo a las 20.20, tirando una reja… lo cual es totalmente falso. Yo a las 21.30 estaba en otro lado, ni siquiera estaba cerca”.

El periodista dijo que “en general fue bastante irregular el procedimiento y la acusación; no tienen mucha prueba de nada. Queda en evidencia que fue una orden y un plan de detener gente. De hacer un espectáculo de esa represión que se estaba dando”. Y agregó que “hubo amenazas a gente, maltratos a compañeras. La verdad es que fue un desastre lo que hicieron”.

Medone contó que recién el domingo, cuando fueron a declarar ante el juez Martínez Di Giorgi lo dejaron comunicarse. “Con Verdú pude hablar cinco minutos antes de declarar. Después la volví a ver a ella, a Norita Cortiñas, al ‘Turco’ (Ismael Jalil) de CORREPI cuando nos comunican que nos liberaron. Fue re emocionante”, confesó.

También afirmó que gracias al acompañamiento de la gente que se acercó a la radio abierta realizada por la RNMA el fin de semana, bajo condiciones climáticas desfavorables, “se pudo torcer la voluntad de tenernos todo el fin de semana –y  más–, porque sino hubiésemos declarado recién ayer, quizás hubiésemos salido hoy, quizás no”.

“Estábamos aislados. Recién al final pudimos vernos y hablar [con lxs otrxs detenidxs]. Al momento de la declaración te leen todas esas mentiras que pusieron y te indigna. Es cuestión de, por un lado, denunciarlo y por otro contestar, les dijimos cómo fueron los hechos de verdad”, aseveró.

A pesar de que tienen todo el material que habían registrado, salvo el celular de su compañero Juan Pablo Mourenza (que sigue confiscado), “estamos haciendo un pedido: si alguien tiene algún video de cómo fue la detención, que lo mande para reconstruir bien el hecho y presentarlo como prueba”.

Ezequiel Medone y otras treinta personas finalmente quedaron imputadxs. En diez días el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi tiene que expedirse y resolver si les procesa o no.

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La economía de las y los trabajadores se discute en Pigüé

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Desde este jueves se desarrolla en la sede de Textiles Pigüé el Encuentro Internacional “La Economía de las y los Trabajadores”, un evento que reúne a integrantes de empresas recuperadas y autogestionadas, cooperativas y organizaciones sociales y populares, así como también sindicatos y académico@s.

El primer Encuentro fue organizado en el año 2007 por Facultad Abierta, un programa de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires y actualmente el comité organizador está integrado por un número cada vez mayor de organizaciones y movimientos alrededor del mundo.

Andrés Ruggeri, integrante de Facultad Abierta, adelantó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que el contexto nacional e internacional para el sector es difícil. “La política económica y en general del gobierno de Mauricio Macri está atacando las experiencias de autogestión, está generando una situación social y económica bastante complicada y desde el punto de vista de los participantes argentinos seguramente se va a discutir este tema.

Andrés-Ruggeri

En el plano internacional “aparecen desafíos similares en países como Brasil o situaciones muy complicadas como las de Colombia, Venezuela, México y ni hablar de los países centrales donde con Trump y con determinadas políticas mundiales”.

Ruggeri destacó que los gobiernos de Cambiemos están apelando al “veto sistemático” como política ante las leyes de expropiación que fueron aprobadas en los últimos meses en los parlamentos de la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la Nación.

“Lo hizo el presidente con el Hotel Bauen, el jefe de gobierno de la Ciudad con varios casos de empresas recuperadas y no solamente el veto -destacó- también uno puede observar que cuando hay conflictos laborales, lo primero que aparece es la represión como respuesta. A partir de los vetos se han producido desalojos, el caso más claro es el de Acoplados del Oeste, la fábrica Petinari en Merlo, que estaba siendo autogestionada, había sido expropiada por unanimidad por la Legislatura, vetó la gobernadora la ley y al poco tiempo fueron desalojados por un operativo de 600 policías”.

En cuanto a los desafíos de las empresas recuperadas, cooperativas o autogestivas el sociólogo apuntó que “hay un camino hecho, ya forjado, creo que lo más complicado es, por un lado, a veces las condiciones de inicio, de falta de capital, maquinarias o instalaciones que están abandonadas, más el problema jurídico que generalmente se origina por un abandono patronal, una quiebra fraudulenta, etcétera”.

“Pero desde un punto de vista un poco más amplio es cómo se encara la gestión colectiva, cómo se reemplazan funciones que antes ejercía personal jerárquico o directamente los patrones en manos de un colectivo de obreros, creo que la experiencia de las fábricas y de empresas recuperadas en nuestro país y en otros lugares ha sido bastante exitosa en eso a pesar de todas las dificultades”, agregó.

Finalmente subrayó el trabajo de la anfitriona de la segunda parte del encuentro: “Textiles Pigüé es un caso muy paradigmático de empresa recuperada exitosa desde el punto de vista que es una textil grande que era parte de Gatic, que era la que tenía hasta el 2000-2001 la licencia de Adidas. Eran muchas plantas en el país, algunas cuando quiebra la empresa en 2003 se recuperan y una es Textiles Pigüé que realmente ha logrado construir una empresa cooperativa muy eficiente y participativa en cuanto a lo político y social, con mucha importancia en el lugar donde están”.

Más información en 

https://laeconomiadelostrabajadores.wordpress.com/

Fotos: Encuentro Trabajadores y La Vaca

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“No estaba previsto el riesgo de derrumbe”

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El abogado de la familia de Gabriel Burgos Melo, el obrero que murió en la excavación de Soler al 100 a fines del año pasado, habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle luego de conocerse el resultado de una “pericia trascendental en ingeniería civil”.

El letrado detalló que el perito analizó documentación pertinente y las medidas precautorias tomadas en la obra realizada por MAPSA y determinó que en el programa de seguridad -el cual detalla todo lo planificado y proyectado– “no estaba previsto el riesgo de derrumbe como acontecimiento posible, por lo tanto no se tomó ninguna medida de protección y seguridad para con los trabajadores en torno a ese riesgo”.

“Demuestra la plena responsabilidad de las personas que estaban a cargo”, agregó Chazarreta, y explicó que según el resultado del perito de La Plata: “En el programa de seguridad no se incluyen los dos riesgos básicos para cualquier zanja o excavación. Uno es la caída de personas dentro del pozo, y la segunda es el debilitamiento de las paredes y el derrumbe”.

Respecto a las imputaciones, dijo que será cuestión del fiscal determinar quiénes son las personas imputables. También remarcó que la causa ha sido calificada como ‘homicidio culposo’ y que todavía no se terminó de precisar todos los profesionales que intervinieron en la planificación del programa.

Asimismo, comentó cómo debió ser el proceder ante la obra en materia de seguridad: “Se contrata una ART (el seguro de riesgo en el trabajo), hay un licenciado en seguridad e higiene –que puede ser particular o a veces lo brinda la propia ART–, un director de obra, y a veces se suma otro profesional en el caso de las obras privadas”.

En el derrumbe ocurrido el 6 de noviembre de 2016, Burgos Melo perdió la vida, pero tres compañeros que también cayeron al pozo, sobrevivieron. Al respecto el abogado comentó: Las tres personas que han quedado lesionadas están bajo tratamiento psicológico y de licencia. Ha sido un hecho totalmente traumático, sobre todo por la cantidad de horas que han tenido que sobrevivir en ese estado. Les ha cambiado plenamente la vida, y es muy difícil seguir desarrollando su actividad después del acontecimiento sufrido”.

En relación a los dichos respecto a que un particular había pedido la celeridad de la obra frente a su lugar de trabajo, el representante de la familia Burgos Melo dijo que no le cabría ningún tipo de responsabilidad y aseguró que no era la única sección de la cuadra que se había dejado para trabajar el domingo.

Sin embargo, falta determinar si los responsables de la obra solicitaron el respectivo permiso ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, conforme lo indica la reglamentación pertinente, que los habría habilitado a trabajar un día domingo.

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Sin medios comunitarios no hay democracia

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Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC-Arg), en el marco del 97º aniversario del comienzo de la radiofonía en nuestro país, nos movilizamos y exigimos que se garanticen nuestros derechos.

Este viernes presentamos ante el Ente Nacional de Comunicaciones un escrito pidiendo la apertura de concurso para acceder a licencias sin fin de lucro para obtener la legalidad de nuestros medios.

Esta acción se replicará en Santa Rosa, La Pampa, Bahía Blanca y Buenos Aires ante las delegaciones de ENACOM.

Lo que exigimos está contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Ni el organismo ni los funcionarios cumplen con lo dispuesto en la norma.

Exhortamos al Estado y a los funcionarios correspondientes a que tomen en cuenta nuestras necesidades y nos den respuestas efectivas y concretas a nuestras históricas demandas. Exigimos:

•Que se realice el Plan Técnico que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios “Sin Fines de Lucro”. Hasta tanto no se formalice el mismo, pedimos que esto no condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares.

•Que se explicite dentro de ese 33% de los medios “Sin fines de lucro” la distinción de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, tal como están definidos en el artículo 4 de la LSCA, y que se realice el llamamiento a concursos para nuestras licencias.

•Que se democratice la distribución de la Pauta Publicitaria Oficial.

•Que se concrete el pago de la totalidad de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) adeudados.

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“Hay empresarios que son cómplices de los aprietes de UOCRA”

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A pocos meses de la conformación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), los dirigentes Adrián García y Martín Parada pasaron por El Mejor Equipo de FM De la Calle para hablar sobre la situación laboral, el gremio opositor y varios temas más.

El SITRAIC surge hace ocho años a nivel nacional, principalmente en el conurbano bonaerense (La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús). Hace tres años obtuvieron la inscripción gremial nacional, que conlleva la posibilidad de tener delegaciones en todas las provincias. El 2 de marzo crearon la sede bahiense.

Desde entonces están en campaña para “normalizar la situación” en Bahía, ya que observan mucho trabajo en negro y precarización laboral (como ocurre en diversos rubros). En el caso de García y Parada, se afiliaron al nuevo sindicato “porque teníamos un gremio [UOCRA] que nos había desamparado totalmente, donde la corrupción es muy evidente y no podías hacer uso de la libre expresión”.

¿Cómo llevan adelante el reconocimiento por parte del Estado y la representación gremial?

 El dirigente afirmó que es un problema porque “a medida que avanzamos como sociedad se generan estos planteos. La Constitución dice que sólo un gremio por cada rubro puede tener la personería jurídica (que los habilitaría a participar de las paritarias, por ejemplo), que no quiere decir que sea el gremio de preferencia”.

Sin embargo, cuando se consiguió la inscripción gremial “fue un paso muy importante”. El próximo, asegura García, es “demostrar que el sindicato que tenemos enfrente no es el que lleva ‘la batuta’. Ellos lo enmarcan solamente en tratar de llevar el poder que han conseguido con los años, directamente con violencia, discriminación. No conocen otra forma, no conocen lo que es la democracia, hacer respetar al compañero, lo que realmente el compañero quiere. Prácticamente se han perdido todos los derechos en nuestro rubro”.

También comentaron que en los primeros meses de trabajo sufrieron hechos de violencia y discriminación por parte de la UOCRA. Por ejemplo cuando denunciaron las precarias condiciones en que trabajaban en una obra de Los Chañares. Una inspectora se acercó al lugar para clausurarlo y minutos después de retirarse, el delegado regional del Ministerio de Trabajo levantó la clausura. García habló con él y “nos dijo ‘me apretaron, tuve que levantarla’. Y pienso ¿cómo puede ser que un grupo de matones pase por encima del Estado?”.

Los compañeros de trabajo tuvieron que volver a la obra porque “no se podían resistir. El apriete era ‘laburen o los despiden’”. El gremialista asegura que el Municipio no tomó cartas en el asunto, y hasta lo consideró una ‘interna gremial’.

El 7 de marzo los integrantes de SITRAIC presentaron un petitorio ante el intendente y el Secretario de Obras Públicas “porque queríamos hacer un planteo respecto a nuestra bolsa de trabajo y cómo íbamos a trabajar en Bahía. Hasta el día de la fecha no nos atendieron”.

También denunciaron que quienes se acercan al gremio son despedidos o no consiguen trabajo. Y esto no es de ahora sino que “funciona así hace años. La conducción UOCRA lleva 14 años en el mando. Cada vez que se han presentado compañeros a una lista opositora automáticamente después no consiguen trabajo en ningún lado”.

El caso más reciente fueron los despidos en Indupa a principios de agosto, razón por la que tuvieron que cortar el ingreso al Polo para obtener alguna respuesta de sus empleadores, APB (Alta Presión Bahiense), una empresa tercerizada: “Niegan todo. Niegan el apriete de UOCRA. Han sido citados al Ministerio, el viernes pasado y no hay arreglo. Salieron diciendo que nunca fueron apretados”.

La semana pasada hicieron uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante, y presentaron un petitorio que reclama “que se respete la igualdad de condiciones, que se abra la bolsa de trabajo para afiliados de SITRAIC, que es lo que corresponde”. Piden que se sancione como ordenanza, para revalidar lo que ya dice la Constitución. “Esto lo queremos trasladar también a nivel privado. Sobre todo con las obras de envergadura que se vienen en Bahía Blanca”, afirmó García.

Los afiliados a SITRAIC tuvieron que llegar a estas instancias ya que, según Martín Parada, “el empresario tiene miedo a denunciar. Y también es cómplice. Hay empresarios en Bahía Blanca y la región que son cómplices de estos distintos aprietes [por parte del sindicato opositor]. Se lavan las manos con el obrero”.

Si el Municipio no acompaña, “no te abre las puertas y dice ‘acá hay dos gremios’… Estamos hablando de 600 afiliados en una bolsa de trabajo, de los cuales, 100 han sido despedidos en el último mes y medio”. Esa es una de las razones primordiales por las que han realizado marchas. “No podemos seguir haciendo oídos sordos, y el Estado tampoco”, aseveró Parada.

Mientras que en Carmen de Patagones lograron un convenio para que ambos gremios trabajen en Vialidad, acá no sucede lo mismo. García asegura que “cuando pasan estas cosas y se consigue la pluralidad sindical, el gremio opositor pierde fuerza. Ese es el miedo realmente”. Y considera que “en poco tiempo, como hemos avanzado, vamos a poder pedir de participar en las paritarias”.

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Polo/Puerto: una perspectiva de derechos humanos

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Se realizarán las primeras actividades de “Polo/Puerto y conflicto social: desarrollo y derechos humanos en Bahía Blanca”. El viernes habrá una charla y el sábado radio abierta, música y un mural en homenaje a Juan Cruz Manfredini y Nicolás Biernat, víctimas de la precarización laboral.

Se trata del “primer encuentro de un proyecto que es un poco más amplio y se propone discutir las diferentes problemáticas y conflictos que en Bahía Blanca se producen al calor del desarrollo del polo y del puerto desde una perspectiva de derechos humanos y a través de un diálogo de saberes que es la propuesta de esta minga”, dijo la economista Mariana Fernández Massi.

Este viernes a las 18:30 en el octavo piso de San Juan y 12 de octubre, hará su aporte académico en un panel que completarán el abogado laboralista del CELS, Diego Morales -quien participó de la Comisión de Apoyo al Juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra- y el dirigente de la CTA y el Suteba bahienses, Enrique Gandolfo. “Tercerización, precarización y derechos laborales” será la consigna.

La investigadora explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que en el polo petroquímico se registraron dos grandes oleadas de tercerización. “Cuando comienza su instalación y funcionamiento en la década del ’80 ya nace en un esquema en el que había cobrado bastante relevancia entre las estrategias empresariales”.

“En particular en un montón de actividades que quizás hoy nos parece naturales que lo sean, sin embargo, previo a la década del setenta, no eran tercerizadas. Eran trabajadores que estaban encuadrados en los convenios colectivos de la actividad, como es el caso de vigilancia, gastronomía, limpieza general”.

Con la privatización, las multinacionales empeoraron las condiciones laborales. “En Solvay hubo un proceso bastante más fuerte de precarización que el que se dio en Dow PBB”. Sobre todo en las áreas de mantenimiento industrial donde los trabajadores se exponen al mayor riesgo.

“Quizás es la parte más relevante para pensar sobre todo la violación extrema de los derechos humanos al punto de violar el derecho a la vida”, propuso Fernández Massi.

Las diferentes modalidades de organización del polo petroquímico tuvieron su contra relato en las diversas formas de fragmentación de los colectivos de trabajo.

La economista destacó como un hito el paro petroquímico del 8 de julio de 2009 “porque es un reclamo que unió a un sector específico, que eran los trabajadores de limpieza, que tenían un salario muy, muy, por debajo del promedio del de cualquier otro trabajador del complejo”.

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“Eso fue en el marco de la primera paritaria que negocia la nueva conducción del sindicato que venía de un proceso desde 2008 -bastante escandaloso- de remoción de la conducción, elecciones y asunción de las autoridades que aún lo dirigen”, explicó.

La Nueva Provincia registró el discurso empresarial de la época, el cual argumentaba que no eran trabajadores propios de las grandes transnacionales.

“Por más que desarrollen sus tareas y aporten al proceso de producción de estas empresas principales, consideran que no son responsables de ningún modo de las condiciones de trabajo, ni por los salarios, ni por la estabilidad de esos puestos”. Si bien aquella paritaria no equiparó a los trabajadores, significó una clara mejoría para el sector tercerizado.

La mayoría del personal tercerizado suele estar encuadrado en los convenios de Uocra o Empleados de Comercio y, “en general, tienen menos derechos, menor escala salarial, que casi cualquiera de los convenios de sectores de ramas industriales”.

“Es interesante entender cuál es la lógica, por qué se disputan unos trabajadores y por qué otros no”, se preguntó Fernández Massi quien sostiene junto sus compañerxs de investigación que “los acuerdos intersindicales tienen un peso importante para entenderlo”.

Siempre me matan, me matan

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Juan Cruz Manfredini murió tras cuatro días de agonía con el 95% de su cuerpo quemado. El 17 de octubre de 2010 la oficina de Camín Cargo Control donde trabajaba explotó. Allí se guardaban ilegalmente muestras de hidrocarburos, gases, naftas, fertilizantes y distintas sustancias inflamables.

Nicolás Biernat trabajaba en la planta de membranas asfálticas de EG3 Petrobras contratado por Narelco SA. El mediodía del 2 de septiembre de 2004 fue rodeado por las llamas en un espacio cerrado y cuya puerta no tenía picaporte. Dos semanas después falleció en el hospital Alemán de Buenos Aires.

Sus rostros serán pintados este sábado en un mural que coordinará el artista plástico Francisco Felkar en homenaje a las víctimas de la precarización laboral en Bahía Blanca. Desde las 15, en Alfonsina Storni y Manuel Alberti (Paseo de la Mujer – Parque de Mayo), FM De la Calle realizará una radio abierta con el testimonio de sus familiares y trabajadores y luego se presentarán Julián Esquivel y Nativos.

Convocan: Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades UNS, Subsecretaría de Derechos Humanos UNS, ADUNS y FM De la Calle.


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Coro Estable reclamó estabilidad laboral

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El sábado pasado, el Coro Estable de los Organismos Artísticos del Sur ofreció un concierto en la iglesia Inmaculado Corazón de María, ubicada en calle Zelarrayán 741.

Antes de comenzar, Mónica Castro, delegada por ATE, se dirigió al público en representación del conjunto de cantantes para explicar que vienen “sufriendo una serie de hechos que dificultan” su trabajo.

Haciendo referencia a los carteles (Ver video) que cada quien llevaba a modo de portada de cada partitura, como por ejemplo “Me jubilan en diciembre de 2017”, la delegada informó que “es la manera que elegimos de informar la  situación”.

A fines de 2016 “fueron  jubilados ‘de oficio’ dos compañeros y hasta la fecha no se  han realizado los concursos para cubrir las vacantes”.

A su vez, “este fin de año, según nos notificaron, nos jubilamos cinco coreutas más y no sabemos cuándo se van a ocupar los cargos. Estas dilaciones y la disminución en la cantidad de integrantes nos perjudican para realizar con excelencia nuestra labor”.

Cada vez que la dirigente mencionaba la situación que flexibiliza a decenas de cantantes expresada en los carteles, cada persona que portaba uno de ellos se alejó del escenario, quedando en última instancia una minoría en situación de estabilidad, evidenciando una grave situación para uno de los prestigiosos organismos artísticos de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires.

El Coro Estable necesita tener un orgánico (cantidad de integrantes) de al menos 90 integrantes, debido al repertorio que abordan. En la actualidad el número no supera los 50 coreutas. “No podemos permitirnos tener menos cantidad de los que ya somos”.

Por otra parte, los carteles “que dicen ‘Esperando la designación’” se refieren a “18 compañeros y compañeras que esperan, desde los  años 2010, 2011 y 2014, el acto administrativo que les da la estabilidad”.

“Todos ellos y ellas rindieron los concursos correspondientes, cantan a diario junto con  nosotros,  cumpliendo  el mismo horario pero, hay una sustancial diferencia en sus haberes respecto de los que somos estables, porque no han sido designados”.

Basándose en preceptos constitucionales, la delegada expresó que el empleador no cumple con la máxima “igual trabajo: igual salario”.

Foto: OAS

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Artistas denuncian grave situación

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Ayer por la mañana artistas de la ciudad se manifestaron en contra de lo que denominaron “el desguace cultural”. Presentaron una nota al intendente municipal, Héctor Gay, solicitando audiencia y adjuntando un documento redactado por mandato de la última asamblea de todas las disciplinas artísticas.

El descontento generalizado en el ámbito de la cultura se evidenció ayer en una numerosa movilización que recorrió las calles céntricas de Bahía Blanca. Partiendo de la sede de la Asociación Argentina de Actores, la marcha se dirigió hacia el la Plaza Rivadavia. Luego, los y las integrantes del Consejo Cultural Consultivo, ingresaron al hall del palacio municipal acompañados por la multitud.

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En un escena bufa, cuatro efectivos de la policía local se posicionaron sobre las escalinatas con el objetivo de impedir el ingreso de los y las manifestantes. Mientras consejeros intentaban explicar que el derecho a peticionar y manifestar es constitucional, un número importante de artistas ingresó pacíficamente por la las rampas laterales.

Cuando una avezada funcionaria policial reparó en que se les había filtrado al menos la mitad de las personas que participaron de marcha, cerraron la puerta del edificio público para impedir el ingreso de los/as ciudadanos/as. Luego de diferentes tratativas en las que hubo que ilustrar a los flamantes efectivos acerca del carácter público del edificio municipal y ante el pedido de apertura de puertas de las personas que se encontraban circunstancialmente en el edificio haciendo trámites y pretendían salir, finalmente se volvió a la normalidad institucional y las puertas fueron reabiertas por la policía.

Una vez adentro, se entregó y se leyó el documento colectivo que expresa la grave situación a la que está sometida la comunidad artística local por las políticas aplicadas en el ámbito de la cultura.

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Allí se expresa que si bien “los sucesivos mandatos en representación de los/as trabajadores/as de las artes de Bahía Blanca en el Consejo Cultural Consultivo, venimos luchando para colaborar con una gestión cultural apropiada para nuestra ciudad, construyendo políticas públicas colectivamente, aportando ideas y trabajo desde las bases organizadas de quienes nos desempeñamos como artistas” también “nos ha tocado ser críticos cuando las decisiones gubernamentales no han sido igualmente beneficiosas, analizando las diversas situaciones, contextos y proponiendo cada vez alternativas que redundaran en una mejora del bienestar social en nuestro campo de acción”.

“Muchas de esas críticas, arrastradas durante años, se han hecho eco parcial o nulo en los oídos de quienes en última instancia resuelven el rumbo de las políticas públicas”.

Advierten que “las profundizaciones de las políticas que no compartimos y los retrocesos en diversos aspectos que afectan directamente al quehacer, producción y desarrollo cultural de nuestra sociedad se están tornando insostenibles, llevándonos de una situación de alerta cultural que arrastramos desde hace tiempo, a una de verdadera desarticulación”.

Por eso, ayer denunciaron “el desguace cultural, en un impostergable llamado a la reflexión y la acción de los/as responsables”.

“Desde todas las áreas y en múltiples espacios, se reproducen problemáticas basadas en decisiones que se pueden caracterizar como ajustadoras, precarizantes, desarticuladoras del rol del Estado y antipopulares, con permanentes muestras de desidia y ausencia de voluntad de diálogo y negociación real”.

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A continuación, reproducimos una extensa enumeración de las políticas que afectan negativamente al sector:

“-            Insuficiencia presupuestaria y ajuste.

Desde el primer semestre de 2017 los recortes a nivel municipal están condicionando la actividad de diversas áreas, en particular las de la cultura, para cuya actividad, que reviste características especiales, existen recursos imprescindibles (por ej., horas extras, inversión en infraestructura e insumos, etc.) que no están siendo ejecutados correctamente.

–              Precarización laboral de los/as trabajadores/as de la cultura.

Ausencia de soluciones para las situaciones de irregularidad arrastradas desde hace años y aparición de nuevos problemas (por ej., no regularización de la planta temporaria que realiza tareas permanentes, agravamiento de las condiciones laborales de quienes se encontraban en régimen de destajistas-planta temporaria, etc.).

–              Avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad.

Designaciones directas de cargos políticos con manifiesta intención de convertirlos en planta municipal y colocaciones de funcionarios/as no idóneos en los espacios culturales-artísticos municipales.

–              Afectación de las actividades de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.

Tras una serie de promesas incumplidas, la Orquesta no comenzó sus tareas en lo que va de 2017, dejando a los/as estudiantes sin este espacio de referencia y formación y a sus trabajadores/as que tienen más de 8 años de labor ininterrumpida sin su fuente laboral. Desprecio por los/as músicos/as que desempeñan sus funciones en la misma. Ausencia de transparencia respecto a los compromisos asumidos en la dilatada negociación.

–              Afectación de las actividades de los Museos Municipales.

A través del ajuste y la desinversión, el avasallamiento de la carrera administrativa y la precarización de sus empleados/as (que redundan, por ejemplo, en una disminución de la actividad en vacaciones de invierno).

–              Afectación de los Talleres Barriales.

Generalización de la contratación por régimen de monotributo, desconocimiento de los acuerdos anteriores que fijaban una remuneración mínima.

–              Afectación de las actividades del Teatro Municipal.

Reducción de partidas que amenaza su normal funcionamiento. Su actividad se ve afectada por una creciente derivación de las actividades hacia su presupuesto y por la imposición de una política privatista a través del ya vigente recorte impuesto por el Instituto Cultural a la administración del teatro. Temor por la continuidad de los talleres gratuitos que allí se dictan.

–              Subestimación y tratamiento discriminatorio a los artistas del colectivo Los Chopen.

Inestabilidad en las condiciones de apoyo brindadas a sus funciones, subestimación de su carácter de artistas, dilaciones en la atención y las respuestas.

–              Incumplimiento de la ordenanza de Espacios Culturales Independientes.

Con dilaciones en su aplicación y medidas gubernamentales que dificultan el desarrollo de los mismos, incluso atentando contra la existencia de algunos (por ej. La Nave).

–              Dilaciones en la aplicación de los subsidios de Hechos Artísticos y Culturales con continuidad en el tiempo.

Pese a la disponibilidad de este Fondo existente desde principios del año, cuya ordenanza se ha aprobado por unanimidad, y a los acuerdos arribados en el seno del Consejo Cultural Consultivo, desde el área de Economía se encuentran demoradas las entregas, lo cual condiciona la realización de estas actividades, para muchas de las cuales el área de Cultura había comprometido recursos y pone en riesgo la existencia  de  agrupaciones artísticas que deben enfrentar el pago de compromisos.

–              Ausencia de respuestas desde las diferentes dependencias municipales involucradas en los expedientes de cultura”.

Fotos: Laura Celave / Facundo Muñóz

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