El médico Horacio Romano reflexionó en su columna de FM De la Calle sobre el concepto de ciencia de la modernidad y la necesidad de ver más allá de la causa- efecto para incorporar otros saberes.

“Ampliar la cabeza en cuanto a pensar y accionar en salud. Hay un pensamiento complejo que intenta romper con las causas reduccionistas de causa- efecto, a decir que en realidad es una causa en un contexto y que no solamente depende de un bichito, de que el azúcar está alta. Depende de los hábitos de vida, de consumo, de cómo vivo, de la contaminación y de muchas causas extras”, explicó.

Agregó que “el concepto de ciencia lo da la modernidad, empieza con la llegada a América y con el desarrollo capitalista. Hay toda una idea de ciencia que va condicionada con eso, una idea de orden y progreso, eso sirve para una etapa histórica de la humanidad pero no para lo que vivimos ahora”.

Destacó que todo lo que se pensó en los siglos XIX y XX acerca de “lo que debería ser, ya no es. Entramos en una etapa de crisis mundial, de calentamiento global, la pandemia sin ir más lejos. Cuestiones que afectan a toda la humanidad, que descolocan”.

“Las respuestas no pueden ser las mismas y necesitan otra manera de pensarse, una mirada mucho más amplia y que, a su vez, interactúe con otros actores por fuera de la ciencia. El saber no solo lo tiene la academia, otros saberes populares tienen que sumarse para la toma de decisiones”.

Como aprendizaje de la pandemia “nos va a quedar es cierto grado de cerrazón que hemos tenido muchos, de formaciones profesionales más acentuadas, de no convocar otros saberes, cuestión no tan simple. En lo personal no me resulta tan fácil cuando se mezclan prejuicios, alguna índole conspirativa, está siendo bastante complejo analizarlo fríamente, tal vez porque estamos en el medio del problema”.

Romano aseguró que “cuando la incertidumbre es poca y hay que decidir entre A y B la ciencia normal sirve, ya cuando hay más incertidumbre y las decisiones son más importantes se llama a quienes tienen más experiencia”.

A tres meses de la desaparición de Facundo Castro la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA convoca a una caravana y bocinazo desde las 16:30.

Partirá de la Plaza Rivadavia y se movilizará hasta la sede de la Fiscalía para reclamar la aparición con vida del joven, el apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez y el avance de la investigación.

“El objetivo es mantener en vigencia el reclamo para que esto no se acalle, sabemos bien que cuando no hay protesta de la sociedad y reclamo el poder silencia estas cosas rápidamente”, comentó a FM De la Calle Dante Patrignani.

La convocatoria señala que “la familia y amigos/as denuncian, no solo a la fuerza policial como principal responsable de su desaparición forzada, sino también la trama de encubrimiento urdida por el fiscal federal Ulpiano Martínez”.

“La consigna es aparición con vida de Facundo -no nos resignamos a que no sea así- y el apoyo a la familia en el pedido de apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez a quien ya conocemos los que militamos en organismos de derechos humanos”, dijo Patrignani.

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Recordó “su actitud de encubrir poderosos porque ha tenido una actuación deficiente al filtrar información a la prensa basura, a La Brújula y a Sasso. Información que resultó falsa a partir de las declaraciones de los testigos en sede judicial y, por otro lado, porque no ha ido la investigación con la rapidez que requiere. El silencio ayuda al encubrimiento”.

El Tribunal Oral mantuvo el beneficio de la excarcelación de Juan Carlos Curzio tras el llamado intimidatorio que este realizó a la testigo Cristina Leiva, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Lo hizo “teniendo en cuenta que la testigo relató circunstanciadamente cómo había sido la llamada y que ella misma consideró que no se sentía intimidada ni amenazada, más allá de la no correspondencia de parte de quien se encuentra imputado en esta causa del llamada telefónica”, comunicó

La Fiscalía había planteado que el mensaje no era solo para ella “sino para todos los testigos convocados”. Pablo Fermento explicó que “hay mucho miedo en torno a este juicio y es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los que tienen que venir”.

El juez Roberto Amábile informó esta mañana que se requirió al Programa Verdad y Justicia un informe para confirmar si existe temor en los testigos y si este es provocado por los imputados.

El tribunal sostuvo la libertad de Curzio con la “prohibición específica de comunicarse y contactarse por cualquier medio con los testigos bajo la condición de revocársela y trasladarlo a una unidad del servicio penitenciario”.

Para ello, consideró que cumplió en detención el mínimo de la pena prevista, su estado de salud y la situación de pandemia.

La jueza federal Gabriela Marrón rechazó “por improcedente” la recusación del fiscal de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. La familia del joven y la querella de la Comisión Provincial por la Memoria habían requerido el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez.

Tampoco hizo lugar a la solicitud de Martínez respecto a una imposición de multa y comunicación al Colegio de Abogados para que “discipline” a los querellantes Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

Cristina Castro sostuvo que «el principal desaparecedor de personas es el Estado» no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también «a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».

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La magistrada sostuvo que “no advirtió ninguna irregularidad en la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal, ya que la investigación desplegada –desde el inicio, a la actualidad- se ajustaba a los parámetros para interpretar el concepto de investigación eficaz”.

A su entender el fiscal cuestionado actúa con “seriedad; objetividad en la búsqueda de la verdad; seguimiento de todas las líneas de investigación; recopilación del material probatorio pertinente y útil, con la diligencia debida; diseño institucional; cooperación intra e inter-estatal; especialidad en las diferentes áreas de investigación; acceso a la justicia de las víctimas; y plazo razonable”.

Para Marrón, el planteó se trató “de una mera discrepancia con la estrategia fijada por el director del proceso”.

Mañana se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo y habrá movilizaciones en Pedro Luro y distintas ciudades del país. En Bahía Blanca una caravana con bocinazos partirá desde la Plaza Rivadavia a las 16:30.

El fiscal Pablo Fermento pidió la detención de Juan Carlos Curzio por intimidar a una testigo. El ex corredor de speedway es uno de los cuatro imputados en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Cristina Leiva declaró hoy y brindó detalles de varios de los integrantes de la banda parapolicial, a quienes conoció por vínculos familiares y de su militancia en el peronismo. “Ese llamado no tenía otro objetivo más que intimidar y condicionar el testimonio”, afirmó Fermento.

Sin embargo, el fiscal destacó que “no es solo para ella sino para todos los testigos convocados a este juicio”. En los últimos días ya tuvieron que desistir de varios a causa del temor.

“Hay mucho miedo en torno a este juicio. Es muy difícil llegar a los testigos y que presten su declaración. Es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los testigos que tienen que venir”.

La abogada de H.I.J.O.S., Mónica Fernández Avello, adhirió y dijo que “Leiva acaba de decir que actuaban libremente dentro de un partido político hasta que fueron apresados o la asociación a la que represento los tuvo que denunciar en esta querella. Me parece pertinente porque siguen amenazando sin la palabra explícita, llamándolos por teléfono”.

Además de Leiva, hoy declararon José Lualdi y Alberto Brandán. Las audiencias continuarán este jueves desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS.

“A veces no es necesario hablar”

Leiva ratificó esta mañana lo dicho por Juan Larrea respecto al inesperado llamado del criminal. “Primero me llama mi socia diciéndome que había llamado un tal Juan Carlos que decía que había estado en la cantina pero no había dado el apellido. A los 15 o 20 minutos recibo el llamado de Curzio”.

“Años que no lo veía ni sabía de su vida porque no tenemos trato de amistad. Me dice que es Juan Carlos, que si me acordaba que estuvo en las cantinas. Tanto insistió que se me prendió la luz y le hice una pregunta: ¿vos no estuviste en gayola? Se ríe y me dice que sí. ¿A dónde estás? Estoy en mi casa”, contó.

Respecto a vinculación con la Triple A, el represor agregó: “‘No, no, me involucraron por una cuestión de dinero, no tengo nada que ver’. Ahora comienzan los juicios -le digo- la verdad si hubiera sabido que estabas involucrado no hubieras pisado nunca la puerta de mi casa”.

“No veo el motivo del llamado, no sé si sabría que tenía que declarar o no, si llamó pretendiendo una intimidación o advirtiéndome. No me dijo nada pero a veces no es necesario hablar”, afirmó la testigo.

Los únicos contactos previos que había tenido con Curzio fueron fortuitos. Un día se acercó a su casa para saludar a un campeón de speedway que se alojaba allí. En otras dos o tres ocasiones apareció “para saludar” en una cantina que Leiva administraba. “Yo ignoraba la asociación que tenía con esta gente que manejaba este grupo de asesinos”.

La Fiscalía federal informó este miércoles sobre el desarrollo de las medidas tomadas en el marco de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.

Entre ellas, la PROCUVIN sugirió producir un estudio integral de orden técnico que concentre toda la información obtenida hasta el momento y aquella que reste requerirse, con miras a determinar el recorrido que habría efectuado Facundo desde las primeras horas de la mañana del 30 de abril pasado, como también con qué personas se habría cruzado y/o entablado diálogo, por distintas circunstancias, en el trayecto.

La procuraduría especializada estimó que debería disponerse de la intervención de un gabinete especializado de la fuerza u organismo que se considerase pertinente para llevar adelante el análisis indicado, y someter a su estudio tanto los datos físicos (informes, legajos, listados, documentación en general) agregados a la causa, como la información o datos del tipo tecnológicos que han sido relevados.

Se refiere a los dispositivos móviles, su análisis y el de llamadas de telefonía y mensajería con activación de celdas, georreferenciación, direcciones de correo electrónico, datos de redes sociales, datos de telefonía celular, geolocalizadores de móviles (AVL), modulaciones, lectoras de patentes vehiculares, cámaras.

El fiscal Santiago Martínez dispuso que fuera la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la encargada de llevar adelante el estudio mencionado.

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Por otra parte se siguen recibiendo declaraciones testimoniales mediante la plataforma de comunicación online Zoom, tanto las ordenadas por el Ministerio Público Fiscal como otras requeridas por la querella particular, a las cuales se hizo lugar. En el mismo sentido se continuará en los próximos días con la celebración de audiencias ya fijadas.

Rastrillajes

Aunque con resultados negativos, desde el pasado sábado 25 hasta el lunes 27 de julio se llevaron a cabo distintos rastrillajes con efectivos de la Policía Federal (PFA), la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, a los cuales se sumaron personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ayer se efectuaron tareas de reconocimiento del terreno en un tramo de la Estación Ferrocarril Aguará en General Cerri. Entretanto, continúan las labores de investigación tendientes a corroborar diversos datos vinculados con el paradero de Facundo, a cargo de personal especializado de la PFA y demás fuerzas federales.

Se requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe las modulaciones de radios de los patrulleros de Teniente Origone, de la Comisaría de Mayor Buratovich y de la Patrulla Rural de Villarino.

Peritaje

Tras recibirse los libros secuestrados del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, se requirió al Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA que practicara un amplio peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” –utilizado como libro de guardias- a los efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril de 2020 existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido.

Otras medidas

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) aportó información solicitada y se le requirió que indicara en qué antenas registraron impactos líneas objeto de investigación.

La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) remitió las respuestas a los pedidos formulados.

La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina remitió el informe UFED (dispositivo forense de extracción de datos) confeccionado respecto al teléfono celular Samsung A6 secuestrado en el marco de la causa, en actuaciones relacionadas con tareas de campo realizadas.

En tanto, la fiscalía requirió a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 que precise algunos datos en cuanto a la información aportada.

La División Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina puso en conocimiento que, a fin de dar cumplimiento a lo requerido, solicitó información a distintas compañías de comunicaciones. A esa División se le remitieron los informes recibidos del Ministerio de Seguridad, a fin de que los incorporaran al análisis encomendado.

Se requirió al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que, con carácter de urgente, informara las modulaciones de radios de los patrulleros de la localidad de Teniente Origone; de la Comisaría de Mayor Buratovich; y de la Patrulla Rural de Villarino del 30 de abril pasado.

Se solicitó además que indicara los motivos por los cuales ciertos móviles no contaban con Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). También se pidió a esa cartera que aportara los datos del personal policial de servicio el 30 de abril en la ciudad de Mayor Buratovich, con indicación de aquellos que hubieran prestado funciones ese día y no se encontraran asentados en el libro secuestrado, como también que se individualizara la cuadrilla a la que fue asignado cada uno de ellos en la fecha en cuestión.

Fuente: fiscales.gob.ar

Lorena Zerneri se refirió en FM De la Calle al proyecto aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo revise el concurso mediante el cual Erica Gutiérrez accedió a la jefatura de Parques Municipales.

“En 2018 presento la denuncia en el Tribunal de Cuentas y llega a La Plata. Este año, Parques deja de depender de Infraestructura y pasa a Espacios Públicos, ingresa el ingeniero forestal Pablo Bianco y pasa a depender de Tomás Marisco. Decido presentar copia de la denuncia y de su estado en el Municipio y de ahí pasa al Concejo, no sé si de antes conocían las pruebas o no y se aprueba por unanimidad”, detalló la mamá de Daiana Herlein.

En cuanto al cambio de opinión en las filas del oficialismo, afirmó: “No tengo la menor idea qué pasó, cuando se presentó en el HCD en el 2016 hubo falta de voluntad para tratarlo”.

Uno de los aspectos de la denuncia “tenía que ver con la forma de llamar a concurso, además de que está claramente hecho a medida. Se llamó a un concurso cerrado y otro dentro del Departamento donde era la única ingeniera que se podía presentar. Se presentó en primera instancia, se anuló y, en segunda instancia, se vuelve a presentar y se lo dan a ella”.

Zerneri destacó que “se supone que rindió, que la evaluaron estas personas que no tienen ni idea de agronomía e incumbencia forestal. Eran dos del sindicato y tres del Municipio que eran ingenieros pero nada que ver”.

“La otra parte eran los antecedentes que tenía ella por la muerte de la llama. Fue sancionada y suspendida por ese tema. Con ese antecedente le permiten participar en un concurso como única postulante y se lo dan”.

Se refiere es el ataque a una llama, secuestrada en un operativo de Zoonosis y alojada posteriormente en Parque Independencia. El animal terminó muerto. “Ante tal circunstancia se instruye un sumario administrativo a fin de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria de distintos agentes municipales“, recuerda un pedido de informes de 2017.

“Más allá de si tienen margen o no de correrla, si es que lo analizan y ven que lo que hubiera correspondido era hacerlo de otra manera, se debería tratar de subsanar y no decir ya estamos fuera de tiempo, sigamos con todo mal para adelante. ¿Y después si pasa algo?”, se preguntó.

Zerneri apuntó que “está a la vista de todos el trabajo de esta mujer que ha sido devastador en Bahía porque aun no tenemos un censo, todo lo que ha hecho está mal. Eso es el resultado de poner una persona que no tiene ni idea ni ganas, lo mejor sería que hagamos las cosas bien y que ingrese alguien que tenga ganas y que sepa trabajar. Tengo la esperanza de que se evalúe esta situación”.

Pensando en el futuro, afirmó. “Siempre pienso en mi hija, podría volver a pasar y podría evitarse”.

Respecto al amparo político que tuvo hasta ahora la funcionaria cuestionada, Zerneri dijo que “cuando fue la denuncia del robo de herramientas, Gutiérrez firmó que estaba todo. Mostraba la caja del calefactor y decía acá está el calefactor y era una caja. Ella firmó y dijo que (Rubén) Valerio tenía todo y que la denuncia no correspondía. Vaya a saber lo que habrá hecho para que algunos personajes la estén cubriendo”.

Daniel Alberto Juliá relató al Tribunal Oral bahiense que los integrantes de la Triple A, luego de cometer sus crímenes, concurrían al boliche Rancho X del Barrio Palihue a tomar una bebidas “cortesía de la casa”.

Trabajó como barman desde 1972 hasta horas antes del golpe de Estado de 1976, cuando fue convocado al servicio militar. “Los atendía casi todas las noches en la confitería. Dejaban las armas en un costado de los sillones, venían con ametralladoras, itakas, 16 recortadas. Argibay, Aceituno, De Rosa, eran varios, se iban turnando”.

El propio Rodolfo Ponce, diputado nacional y secretario general de la CGT, solía sentarse con la banda: “Era como que fueran empleados de él”.

Juliá declaró que mientras hacía su tarea los escuchaba jactarse de que “habían matado a cuatro, a seis”. “Pertenecían a la Triple A, lo decían ellos. Decían que se les había encomendado este trabajo desde el gobierno de turno”.

Reportaban directamente a Ponce. Usaban torinos blancos y estaban todos los días en la CGT de Mitre y Rodríguez, “eran como los dueños ya, entraban y salían incluso con las armas en la mano”.

El Servicio de Inteligencia de la Marina les decía si podían o no realizar determinada actividad. “Podían andar tranquilamente porque me decían que la policía no les podía hacer nada”.

El testigo recordó que el grupo solía acompañarse de gente “que pertenecía a esa ideología”. Uno de ellos era el comisario de la Bonaerense Palmieri.

El propietario de Rancho X, Fernández Amigo, los conocía: “Por eso les daba bebidas, no quería tener contactos con esta gente”. Les había pedido que los fines de semana no vayan porque “había mucha concurrencia al boliche”.

Juliá militaba en la Juventud Peronista y simpatizaba con Montoneros. “No sé cómo pero de alguna manera se enteraron y me empezaron a seguir”. Sospecha que la información les llegó por el kioskero de la esquina de su casa a quien le compraba la revista “Causa peronista”. “Yo no sabía que él era militante de la derecha peronista, se llamaba Castellanos”.

“Me salvó un poco mi patrón que les dijo a ellos, este pibe no los va a molestar, tiene sus ideas pero nada más”, dijo.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.

La Asociación de Profesionales de la Salud solicitó al intendente Héctor Gay la readecuación salarial dado que, por la crisis sanitaria, el sector no tendrá paritarias y permanecen con el sueldo congelado desde diciembre.

“Es un ajuste de los salarios de todo el personal de salud que está trabajando ininterrumpidamente. No estamos pidiendo aumento sino un ajuste porque no se han abierto las paritarias por la crisis económica y sanitaria. Pedimos que se considere que nuestros sueldos no queden congelados con el tiempo, no queremos ganar más sino lo que normalmente ganamos”, comentó Marina Papucci.

Respecto del cobro del bono de cinco mil pesos anunciado por Nación, la presidenta de la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud mencionó que “algunos cobramos y otro no, hicimos ese reclamo”.

El pago se realizó a quienes se desempeñan en lugares con internación como el Hospital Municipal. “Son cuatro cuotas y cobramos la primera. Los de unidades sanitarias no cobraron el bono y estamos con la gestión con Municipio y Nación”.

Previamente habían enviado otra carta al jefe comunal en la cual expresaban: “Vemos con asombro que no son consideradas las recomendaciones de los expertos en estas contingencias, abonando así las causas de la expansión del virus con las decisiones que se toman a nivel local”.

Papucci señaló que “comenzó a haber más diálogo y toda la información que se publica ahora es más creíble y real que la se venía publicando”.

“Estamos en el pico en la cantidad de casos, el Municipio está con planes de detección en barrios populares, se trabaja desde las unidades sanitarias y centros respiratorios”, comentó

En relación al Operativo DetectAr dijo que “comenzaron a hacer muchos más testeos, era lo que le pedíamos al intendente, y la habilitación de las Unidades de Cuidados Mínimos. Es el día de hoy que se están haciendo testeos en los barrios periféricos, se ve plasmado en los análisis en los hisopados”.

“A veces parecían pocos casos para la cantidad de población y el grado de vulnerabilidad con los barrios. El hecho de acercarse a los vecinos y preguntarles cuando una hace un testeo le da un marco de cómo está esa familia. El plan DetectAr es ir a barrios populares y no solo tiene que ver con testeos sino con la educación de los vecinos”, finalizó.

El sábado a la madrugada, durante un operativo policial en el barrio Tolosa de La Plata, policías de la provincia de Buenos Aires detuvieron a un joven de 17 años, lo golpearon con culatazos del arma y lo trasladaron a la comisaría 6ª.

En la dependencia policial, lo torturaron durante horas con golpes y picana eléctrica, exigiéndole que confiese el robo y quiénes eran sus cómplices.

Además de torturarlo, el interrogatorio fue sin la presencia de un abogado defensor y sin la presencia de su madre, violándose garantías constitucionales esenciales. También lo amenazaron de muerte si denunciaba. El cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la denuncia penal luego de entrevistarse con el joven en el centro cerrado Almafuerte. También denunció los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos y reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía bonaerense.

En la dependencia policial, lo alojaron en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligaron a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplicaron descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales.

El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. A pesar de tener menos de 18 años y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente.

Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del Niño.

Recién en la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico; durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.

Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo.

Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte; momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.

Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía.

Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad revisar el concurso mediante el cual Erica Gutiérrez ratificó su cargo como jefa de Parques Municipales en 2016. En aquel entonces fue desoído por el oficialismo el fuerte cuestionamiento de la familia de Daiana Herlein y de integrantes de la Comisión de Arbolado.

“El concurso fue cerrado, a medida. La ley es clara, dice que tenía que ser ingeniera forestal o agrónoma con incumbencia forestal. Ella tenía el título solo de ingeniera agrónoma y no tenía las incumbencias para concursar”, dijo a FM De la Calle la ex concejala Mercedes Insausti. Recordó la “soledad” en la cual se opusieron, la falta de apoyo del Municipio y lamentó “el tiempo perdido”.

En su última sesión, el deliberativo requirió al Municipio que “dentro de la mayor brevedad posible y tomando todos los recaudos jurídicos y administrativos que sean necesarios, en salvaguarda de los intereses de todos los bahienses, evalúe la posibilidad de revisar y, llegado el caso, reformular y volver a efectuar el concurso”.

Insausti sostuvo que “lo que se objetaba en ese momento era el no ajuste a la ley provincial en la nominación de la jefatura en el concurso cerrado que se hizo y el jurado que no respondía a las exigencias de la ley provincial”.

-¿Era un concurso a medida?

Sí, totalmente. Si uno lee los considerandos faltaba poner el nombre y el apellido. La ley es muy clara, el jurado tiene que ser de expertos en temas forestales y, si vemos quiénes avalan esta jefatura, una era la directora de Espacios Públicos que era ingeniera electricista, el secretario de Infraestructura que era ingeniero electricista, la subdirectora de RRHH y el Sindicato de Municipales. Ningún experto forestal.

Entre los considerandos del proyecto firmado por “todos los bloques” destacan que con la creación de la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos “se ha incorporado personal idóneo y se han efectuado reacomodamientos de recursos humanos en procura de dotar al área de nuevas ideas, capacidad de gestión técnica y compromiso con una cuestión de profunda gravitación pública”.

A los “atendibles argumentos” planteados por la Comisión de Arbolado al conocerse el llamado a concurso en 2016, se sumó el aporte reciente por parte de Lorena Zerneri a la Secretaría de Movilidad de “nueva documentación ampliatoria que podría respaldar estos argumentos” y también se recibió en el HCD “un amplio documento” en respuesta a un pedido de informes.

De allí, dijeron oficialismo y oposición, “surge la posibilidad de que, en efecto, aquel concurso pueda no haber estado ajustado a derecho, más allá de que por el tiempo transcurrido, deba analizarse si jurídica y administrativamente, dicho cargo no está consolidado”.

Insausti destacó que “el diálogo con la directora siempre es bastante duro dentro de la Comisión de Arbolado por su forma de ser. La soberbia es una limitante a la hora de plantear políticas de Estado. Si atrás de la soberbia hay más soberbia, que es el propio Ejecutivo quien la avala, se hace un camino difícil”.

“Venimos pidiendo saber a dónde vamos. El censo de arbolado del 2016 se instaló como un gran hallazgo que se haga mediante una aplicación. Cualquiera que sepa de arbolado lo desmiente, cualquier vecino podía censar su propio árbol. Así todas las políticas que se han venido desarrollando, hasta el 2019 con una directora de áreas públicas que era la jefa de este sector, que a mi entender era poco idónea en la materia: cuando algo se venía abajo venía la topadora”, agregó.

La iniciativa del Concejo plantea que, ahora, “parecería existir entre todas las partes involucradas (funcionarios provinciales y municipales del rubro, empleados municipales, sindicato de trabajadores municipales y vecinos interesados en la cuestión) una muy buena predisposición y una uniformidad de criterios para reformular y corregir rumbos, a partir de una saludable toma de conciencia generalizada respecto la acuciante necesidad de intervenir con urgencia en la gestión de la forestación de la ciudad y su consideración como una auténtica ‘Política de Estado'”.

Finalmente reconocen que la ciudad “necesita revertir muchos años de errores, abandono, desidia y malas decisiones en la materia, no sólo para mantener mínimamente las condiciones de seguridad necesarias para que el simple acto de concurrir a una plaza o un parque no implique un riesgo para la integridad física de nadie, si no también para, en beneficio de las futuras generaciones, diseñar una ciudad más habitable, sana y sustentable desde una perspectiva ambiental”.

Foto: Canal 7.

Mañana y pasado desde las 9 continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Triple A. Las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur y por juiciobahiablanca.wordpress.com

Esta semana fueron convocados testigos del homicidio de David “Watu” Cilleruelo, caso que comenzó a analizarse desde el inicio de las testimoniales.

También se abordará el crimen de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 29 de junio de 1975 fue atacado por un grupo armado mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un hospital bahiense.

El jueves y viernes pasado se escucharon siete testimonios que describieron el clima de persecución que se desató en la ciudad hacia fines del año 1974 y el accionar del grupo integrado, entre otros por los imputados.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.

Los organismos de Derechos Humanos nacionales manifestaron este lunes su solidaridad y acompañamiento a Cristina Castro por la lucha que lleva adelante por la aparición con vida de su hijo Facundo.

Reclamaron “que no haya impunidad y que tanto las autoridades políticas como el Poder Judicial, adopten todas las medidas imprescindibles que lleven al efectivo esclarecimiento de este gravísimo hecho”.

“Hacemos nuestro el pedido de apartamiento del Fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado por los abogados de la familia por entender que es responsable de maniobras para entorpecer la investigación y encubrir a los responsables”, afirmaron luego del encuentro virtual.

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Los organismos recordaron que ya “impugnado en más de una oportunidad a Santiago Ulpiano Martínez por entorpecer el avance de las causas de lesa humanidad con el objeto de lograr la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. Por lo que, de acuerdo a lo planteado por los abogados de la familia y a los antecedentes del fiscal cabría, cuanto menos, disponer su inmediato apartamiento de esta causa”.

“Reiteramos que es indispensable el compromiso de todas las instancias del Estado para que efectivamente se avance en el caso y se logre el esclarecimiento de qué fue lo que pasó con Facundo así como la identificación, enjuiciamiento y castigo a los responsables de su desaparición forzada”.

Participaron del encuentro representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

El fiscal Santiago Ulpiano Martínez rechazó la recusación planteada en su contra por parte de la mamá de Facundo Castro Astudillo. En un comunicado oficial, la Fiscalía afirmó que “la petición carece de fundamentos que permitan encuadrar el caso en alguno de los supuestos que la habilitan”.

Cristina Castro sostuvo que “el principal desaparecedor de personas es el Estado” no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también “a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».

El planteo se analizó el viernes en una audiencaia virtual y ahora deberá definir la situación la jueza Gabriela Marrón.

El fiscal destacó “el deber impuesto al Ministerio Publico Fiscal de abordar con la misma firmeza y objetividad, tanto aquellas medidas tendientes a la investigación del hecho delictivo como las que orientan de un modo u otro a la búsqueda de Facundo. Resaltó la dinámica e impulso de una vasta cantidad de requerimientos tendientes a despejar ambos extremos”.

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Por otra parte, el comunicado difundido este lunes, da cuenta de la continuidad de la toma de declaraciones y la incorporación de uno de los testimonios requeridos por la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria.

El informe detalla, además, las siguientes medidas:

Cumplimiento de las órdenes de allanamiento, secuestro y presentación

En cumplimiento de las órdenes de presentación libradas por la jueza federal Maria Gabriela Marrón, efectivos del Comando de Prevención Rural de Villarino, de la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich y del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone hicieron entrega de los Libros obrantes en esas dependencias. Asimismo, se tomaron placas fotográficas de los móviles policiales de los dos establecimientos mencionados en primer término.

Por otro lado, arrojó resultado negativo el procedimiento llevado a cabo en la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich con la intervención de los canes de Búsqueda de Restos Humanos de la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Rastros Específicos de la División Canes de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta y del asesor de canes Marcos Darío Herrero, de la especialidad de Identificación de Rastros Biológicos.

La querella particular requirió que se efectuara una búsqueda de rastros de Facundo José Astudillo Castro en los vehículos secuestrados, con la participación del señor Marcos Herrero y sus canes, la cual fue acompañada por el Ministerio Público Fiscal con la correspondiente petición a la jueza interviniente. La medida fue autorizada y se llevó a cabo el 22 de julio. Participaron en el procedimiento las mismas divisiones y el perito Herrero. Los canes oficiales no detectaron rastros relevantes, en tanto el ofrecido por la parte habría “marcado” algunos que son sujetos a análisis y confrontados con las diligencias periciales en curso. Hasta ahora no se arribó a conclusiones que permitan orientar la pesquisa.

Rastrillajes

Durante el sábado 25 se llevó a cabo un rastrillaje localizado del cual participaron efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, y personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que llevaron sus canes

Además, personal de Prefectura Naval realizó un buceo por debajo de los puentes ferroviarios, efectuando un palpado de la zona, mientras que otros miembros de la misma fuerza examinaron el canal de desagüe en Cabeza del Buey.

Por su parte, efectivos de Policía Federal acompañaron con un dron de la División Comunicaciones las tareas realizadas por la Prefectura y accedieron de esa forma a imágenes de las zonas pantanosas.

Personal del Escuadrón Aéreo hizo el soporte y en todo el recorrido de los canales tomó vistas aéreas del lugar.

Asimismo, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria estuvieron a cargo del rastrillaje sobre y debajo de las vías, de ambos lados. También contactaron a personas residentes en la zona a fin de verificar si vieron a Facundo, con resultados negativos.

Al regresar por las vías, utilizando como medio de transporte un móvil de Ferroexpreso Pampeano, se detectó que el agua cuyo caudal en la mañana era abundante había reducido y los canales se encontraban lodosos pero con mayor visibilidad. Por tal motivo, se dispuso que los equipos de drones hicieran un nuevo barrido; no surgió información de interés.

La medida continuó durante el domingo y se programó para que continúe en la jornada en curso.

Otras medidas probatorias

  • El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aportó el informe requerido sobre Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). Aclaró que existían patrulleros identificables municipales con dispositivos AVL, que eran monitoreados desde otro usuario al que no poseían acceso y que esos móviles no figuraban en el listado de la Flota Automotriz Ministerial. Ese organismo aportó la información obrante en sus registros sobre el móvil o los móviles policiales que fueran asignados al puesto policial de Teniente Origone, el personal policial que se encontraba prestando servicio, los equipos trunking que fueran asignados a ese personal, su geo posicionamiento y los registros de modulaciones de radios del 30 de abril, entre las 13.00 y las 17.00 horas.
  • La misma información y los informes de AVL completo de distintos móviles se solicitaron a la Comisaría de Mayor Buratovich.
  • En tanto, la Anses aportó información relacionada con la prestación de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la que es titular Facundo José Astudillo Castro. A raíz de los datos aportados, se requirió al Banco de la Nación Argentina que informara los datos correspondientes a la cuenta bancaria generada a nombre de Facundo José Astudillo Castro, a través de la cual cobraría el beneficio, como también si ese beneficio fue cobrado en los últimos cinco meses. Como respuesta a lo solicitado, se aportaron los datos de la cuenta mencionada y se informó que los importes acreditados en la misma no fueron cobrados.
  • El Honorable Concejo Deliberante de Villarino comunicó que ponía a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio de Justicia de la Nación una suma dineraria para ser destinada a una recompensa pública, con los respectivos protocolos, para otorgarla a quien brinde información que permita dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro.
  • En virtud de la información requerida por la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, en relación a la Solicitud de Medida Cautelar MC-691-20-Astudillo Castro, Facundo José- del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se libró un oficio dirigido a ese organismo en el cual se aportan las correspondientes observaciones.
  • Por su parte, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) propuso una serie de medidas a fin de avanzar con la investigación.
  • En consonancia con lo propuesto, a fin de actualizar los datos y ante la posibilidad de existir novedades, se requirió a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal que constatara con los servicios de emergencia, hospitales y morgues del país si existen registros del ingreso de una persona que responda a las características de Facundo.
  • También se le solicitó a la misma División la realización de diligencias tendientes a dar con el paradero de una persona que habría trabajado con Facundo.
  • Además, se requirió a la División Operaciones Tecnológicas Especiales que procediera a la extracción de la información de los tres handys que fueron secuestrados en el marco del allanamiento realizado el pasado 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.
  • En virtud del análisis integral de información probatoria producida por la PROCUVIN en el marco de la investigación con específica referencia al Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales RO 23.360 y 22.788, como así también de los otros doce móviles policiales que se informó circularon por la traza de la Ruta Nacional 3 en la jornada del 30 de abril, se solicitó a esa División Operaciones Tecnológicas Especiales la determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los catorce móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés. Se solicitó también que proporcionara la misma localización en relación a los informes remitidos con anterioridad, correspondientes al teléfono de Facundo. Se determinó dónde fueron los impactos registrados el 30 de abril de este año, y su georreferencia. En un mapa se marcaron los impactos de las líneas telefónicas consignadas en el informe antes mencionado, entre las 15.00 y las 19.00 horas del 30 de abril.
  • A la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina se le solicitó que practicara los estudios periciales para extraer la información obrante en el teléfono Samsung, de utilización diaria por parte de los efectivos que prestan funciones en el Destacamento de Teniente Origone. En relación a este mismo dispositivo móvil se solicitó información a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco).
  • Teniendo en cuenta que los informes relacionados a la línea telefónica perteneciente a Facundo habían sido remitidos junto con los recibidos de Facebook y Google a la División de Tecnologías Aplicadas de la Policía Federal Argentina, se enviaron también los obrantes en la investigación provincial.
  • En atención a que las conclusiones arribadas en el informe pericial del que se desprende que el joven que aparecía en la vista fotográfica publicada en un medio periodístico podía ser Facundo, se solicitó a la Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que informara la identidad del agente policial que también figura en esa imagen fotográfica, lo cual fue cumplido.
  • Se requirió al Municipio de Villarino que informara si existía registro de que el automóvil marca Chevrolet Corsa —en el que se habría trasladado la agente policial que mencionó haber llevado a Facundo— y distintos móviles policiales, hubieran transitado por la Ruta Nacional nº 3, entre la localidad de Pedro Luro y la Ciudad de Bahía Blanca, el 30 de abril pasado entre las 8.00 y las 16.00. El Municipio aportó la información obrante en sus registros.
  • Idéntico pedido se hizo al puesto de control fitosanitario ubicado en las cercanías de General Cerri, sobre la Ruta Nacional nº 3.
  • Se realizan peritajes sobre tres handys secuestrados en el allanamiento realizado el 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.

“Desde hace muchos años en la literatura de políticas sociales se viene discutiendo sobre la necesidad de un ingreso universal. Es un ingreso mínimo asegurado a las personas por el solo hecho de ser ciudadanos y que no está atado a ninguna condición laboral, es por fuera de lo que uno gane en el trabajo”, dijo Agostina Costantino en su columna de FM De la Calle.

La economista mencionó que la CEPAL, que no suele “proponer políticas muy revolucionarias”, abonó la creación “de ingresos universales” y destacó “la importancia de las tareas de cuidado”.

“Ahora, trabajando en casa, nos damos cuenta de la necesidad de que alguien se encargue de niños, niñas y adultos mayores y también visibilizó la necesidad de que todas las personas tengan garantizado el ingreso para vivir dignamente”.

El organismo propone un ingreso básico de emergencia por seis meses “equivalente a la línea de pobreza. Actualmente es 43 mil pesos por familia tipo, pareja y dos hijos. Después de ese período se puede pensar cómo recalcular esa cifra pero mantener la política de ingreso universal”.

La CEPAL calcula que en América Latina “unos 215 millones de personas están en condiciones de pobreza o el 34% a nivel regional. Esta cifra en Argentina no está actualizada y los pronósticos indican que va a estar por encima del 40 y cerca del 50 cuando finalice este proceso de aislamiento. Esto le costaría a los Estados en promedio un 2% del PBI, siempre que alcance a todas las personas pobres, lo cual parece algo bastante razonable”.

¿Qué es lo que se sabe?

“La poca información que tenemos es que después de agosto, cuando es el tercer cobro del IFE, se convertiría en una renta universal. Ya no lo cobrarían las ocho millones de personas que lo cobran ahora, sino tres millones. Se habla de personas en alta vulnerabilidad. Lo más probable es que los desocupados cobren. Sabemos que no va a ser incompatible con AUH y Asignación por Embarazo y que el monto que se piensa es el equivalente a un salario mínimo de $16.875”, aseguró la economista.

Costantino agregó que “si esta renta universal es por persona, el monto es razonable. Ahora, si es por familia al igual que IFE, resulta poco. Tampoco hay precisiones respecto a cuándo empezará a pagarse”.

Mientras tanto, “sigue sin discutirse el impuesto a las grandes fortunas, posibles impuestos a los bancos, arreglar o no la deuda. Hay expectativas de que si se arregla la deuda podrían bajar fondos para que se reconstruya la economía, pero esto atado a que se arreglen los bonistas”.

La Secretaría de Salud anunció que este lunes comenzó el Operativo DetectAr en Villa Nocito. Se trata de una etapa de vigilancia epidemiológica activa planificada, a partir de un abordaje territorial integral.

“Entendemos que puede haber circulación barrial, por eso hemos decidido comenzar por ahí con la búsqueda activa. Es casa por casa, entrevistando a cada vecino en función de detectar aquellas personas que puedan tener sintomatología con la definición de caso sospechosos y realizar el hisopado”, destacó Ezequiel Jouglar, subsecretario de Atención Integral de la Salud.

Agregó que es “integral porque se va a hacer revisión de libretas sanitarias para ver la vacunación antigripal que también se va a ofrecer. Se va trabajar con consejería para la promoción de hábitos saludables y con la prevención del Aedes Aegypti que es el agente vector del dengue”.

Asimismo, se pretende detectar casos febriles en aquellos barrios que sean más vulnerables a la pandemia debido a la frecuencia de aparición de casos o historial de propagación.

El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, sostuvo que en una primera etapa y en el marco del Plan DetectAr, hasta el viernes próximo, desde el centro de salud Piñeiro se hará un recorrido por sectores aledaños, siguiendo los nexos epidemiológicos registrados y realizando hisopados en caso de ser necesario.

El 12 de julio se conmemoró el Día de la Medicina Social. El doctor Horacio Romano repasó en su columna de FM De la Calle, los hitos que dieron origen a esta disciplina que apunta a pensar la medicina no solo desde lo biológico sino contemplando aspectos socioambientales en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

“Uno de los primeros pensadores fue por 1850, en Alemania, Rudolf Virchow. Fue anatomista, político, descubrió después de una huelga que la gente se enfermaba mucho y una de las causas a las adujo eso fue que era un territorio anexado, al que no se le dejaba hablar su idioma y por eso la gente estaba triste, estaba mal y eso se relacionaba con el aumento de la enfermedad”, comentó.

En contrapartida, el médico alemán Robert Koch, “descubre el bacilo de Koch y del cólera y se empieza a relacionar bacterias con enfermedad y, de alguna forma, esto echa por tierra lo social y político. En el siglo XX, cuando se empieza a utilizar medicamentos, la medicina biologicista se impone y dice que para cada enfermedad hay una cura con un remedio, la causa es tal o cual y no hay nada más que discutir”.

“Lo que viene a plantear la medicina social en Latinoamérica en los ’70 es que es cierto que hay un bacilo de la tuberculosis pero no es lo mismo para quien está bien nutrido, en una casa adecuada con con calefacción adecuada, que aquel que sufre hambre, tristeza, depresión, angustia y malas condiciones de vida”, agregó Romano.

El médico señaló que “la Organización Latinoamericana de la Medicina Social viene trabajando esto desde la década del ’80 y en el ’83 se suma Argentina. Esto engancha con la medicina colectiva, que es la atención primaria de la salud, que en Argentina tiene mucha importancia. Esta medicina plantea el tema de las determinaciones sociales de la salud. Es cierto que en las enfermedades hay una cuestión en parte genética, de predisposición personal, se relaciona a hábitos, a modos de vidas, a cuestiones de vida y ambientales y se relaciona también a la política”.

“Cuando uno quiere encontrar una salida en términos de salud busca en estos determinantes. Los determinantes los va a nombrar la OMS allá por el 2010 y 2012, nunca nombrando a los latinoamericanos como Jaime Breilh, que tiene que ver con una idea de origen marxistas de la situación sistémica, nada es porque sí, nada está aislado, todo es una cuestión de complejidad y donde confluyen muchas cosas. La medicina social y la medicina colectiva tienen esta cuestión de sacarle lo biológicamente puro y llevarlo a otro tipo de medicina”.

Romano destacó que en la carrera de Medicina en la UNS, “cuando allá por el 2005 hubo que rearmar el programa, una de las áreas que se pensó es la salud colectiva y de manera transversal se ha tratado de que esto vaya recorriendo todos los campos”.

“Nuestra carrera tiene que ver con formación basada en problemática. No es la tradicional cátedra sino que cada unidad recorre desde los social a lo biológico. El sistema después te lleva para otro lado, no es fácil tratar de encausar esto desde otra mirada, no solo es la educación, sino la educación más lo propio, más un sistema”.

En relación a las políticas públicas, mencionó que, “en general, siempre terminan tiradas para el lado de la medicina tradicional. La medicina social en relación al Coronavirus va a decir: ¿quién se ve más afectado? Seguramente las barriadas más humildes. ¿Y de dónde van a provenir los pacientes con mayores problemas de salud? Seguramente de las barriadas más pobres, que son las más contaminadas, las que están menos alimentadas. Es una conjunción, no es el Covid solo”.

Concluyó que la discusión debe ser amplia y para eso la salud “no tiene que ser un trabajo del médico o enfermero sino interdisciplinario porque, si las condiciones políticas y sociales no mejoran, es poco lo que se puede hacer desde el sistema de salud”.

El Estado argentino presentó ayer su respuesta a la petición de acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas por el caso de Facundo Castro Astudillo.

El informe firmado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, sostiene que las autoridades de la Nación y de la provincia de Buenos Aires expresaron su “absoluto compromiso con la búsqueda e investigación de la desaparición de Facundo, al tiempo que han puesto a disposición de la familia todos los recursos del Estado”.

Reporta que en la investigación participan la justicia federal, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad federales.

Menciona la “actuación coordinada” de las Direcciones de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. También se requirió el asesoramiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como otras dependencias del Estado, ha estado en contacto con la madre de Facundo, Cristina Castro, y sus abogados y les ha ofrecido la asistencia del Programa Nacional de Protección a Testigos y el acompañamiento psico-social del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos ‘Dr. Fernando Ulloa'”, comunicó Pietragalla.

Por último, el comunicado oficial afirma que “la protección y apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos constituye una política de Estado en la Argentina”.