La concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani solicitó informes al Ejecutivo para conocer la situación de trabajadores municipales que dependen de la Subsecretaría de Gestión Ambiental.

“Recibimos algunas comunicaciones de trabajadores del área de Saneamiento Ambiental que les habían comunicado de manera verbal que algunas de sus horas extras no van a ser percibidas, cobrarán un plus para desempeñar tareas en otro sector. Se puede ver afectado el CTE, el control de maquinarias y mantenimiento de equipos”, comentó la edil.

Los sectores que se verían afectados por el recorte de horas extras son: Guardia Ambiental de Saneamiento; Ecocanje; Mantenimiento de equipos en el CTE; Mantenimiento de las máquinas fumigadoras y Guardia CTE.

Agregó que “ha habido dificultades concretas, a veces surgen inconvenientes fuera del horario de los trabajadores y claramente se necesita que reciban contribución por hacer horas extras. Tampoco se le puede decir a los trabajadores que se los va a compensar con un franco. Ellos no los tienen por escrito este acuerdo”.

Por otra parte, desde el bloque insistirán esta tarde en reclamar que el Municipio de respuesta a los pedidos de informes aprobados en el Concejo. “Tenemos muchas dificultades para las respuestas. Cuando hablamos de inmediatez del cuerpo es días pero acá estamos hablando de años. Los informes tardan más de un año, trabajar así es muy complejo. Pretenden que el Consejo  se convierta en un espacio para levantar la mano”.

 

El intendente Héctor Gay mantuvo una reunión con representantes de la UTA, concejales, profesionales de la UNS  y la UTN y empresarios del sector en la cual se conformó una “mesa de transporte” para pensar alternativas de financiamiento y mejoramiento del servicio de cara a la renovación de concesiones de 2020.

El representante de la oposición en Bahía Transporte Sapem, Walter Larrea, dijo a FM De la Calle que “la convocatoria del intendente debería haberse hecho tiempo atrás. El transporte público está gerenciado por sectores privados que buscan ganar dinero y la rentabilidad empresaria está dada por la mayor cantidad de gente que use el transporte”.

“Los subsidios están congelados a valores nominales de diciembre del 2018, entonces, los empresarios se ven en la necesidad de aumentar y la verdad es que los usuarios no registran incrementos en sus ingresos como los que se van a dar en el aumento de boleto en julio”.

El ingeniero de la UTN Horacio Varela planteó una alternativa de financiamiento basada en la incorporación de una tasa que implique a usuario y no usuarios del sistema. “Es posible traer un nuevo paradigma del transporte público a la mesa de discusión, donde todos quienes tengan a disposición el transporte público se hagan cargo de la erogación aunque no lo usen. (Varela) trajo a colación lo que es la tasa de Salud donde todos los contribuyentes pagamos, más allá de que no usemos el Hospital Municipal”, comentó Larrea.

“Incluso aquellos que no usan el transporte público se verán beneficiados, si la sociedad y representantes deciden que el transporte tiene como ventaja la no utilización del auto particular y todo lo que se ha dicho, hay que afrontar la discusión incluso”.

El concejal comentó que “seguro que nadie quiere pagar una tasa más pero nadie querría pagar la tasa de Salud, de Barrido y Limpieza tampoco. Ese no puede ser el argumento. La gente contribuye para lograr mejoras colectivas”.

El fiscal auxiliar Pablo Fermento informó a FM De la Calle que de casi un centenar de imputados en las causas Ejército, Armada y Triple A: 27 están en libertad, 52 cumplen prisión domiciliaria, nueve tienen sus procesos suspendidos, dos están prófugos y solo siete están en la cárcel.

Este fin de semana habitantes de Villa Elisa repudiaron la presencia en su localidad del represor Eduardo Carlos Videla, quien debe ser juzgado en un próximo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad.

Videla fue imputado por la Fiscalía en 2013 por su participación en medio centenar de secuestros y torturas ocurridos cuando comandaba una de las secciones “antisubversivas” del Batallón de Comunicaciones 181. Durante 1976 intervino en cuatro operativos en Bahía Blanca, Villarino, Tres Arroyos y Huanguelén.

Su causa fue elevada a juicio en febrero de 2017 y el represor fue liberado en el mismo mes de este año. “Es una medida que se viene aplicando en general a todos los imputados que están con preventiva, con excepción de aquellos sobre los cuales pesa alguna condena”, explicó Fermento.

Detalló que en las causas Ejército y Triple A la Fiscalía tiene 64 represores acusados: 23 están en libertad, 30 tienen prisión domiciliaria y 7 están en una unidad penitenciaria.

“Tenemos dos prófugos que son Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno y el proceso suspendido de Carlos Alberto Martínez en función de una incapacidad sobreviniente”, dijo.

En Armada, actualmente con un tramo en etapa de alegatos, son 34 los imputados de los cuales ninguno está en la cárcel: 22 están detenidos en sus casas, cuatro fueron excarcelados y ocho tienen el proceso suspendido.

El Tribunal Oral está en condiciones de definir el inicio de dos debates: “No sabemos cuál se va a hacer primero”, aseguró Fermento.

El próximo tramo de Ejército “va a ser el juicio más grande que se haya realizado en la ciudad, tiene más de 40 imputados de los cuales 13 van a ser juzgados por primera vez, hay 200 casos de víctimas que nunca pasaron por juicio, con un universo de más de 400 testigos. Va a llevar un trecho largo. La otra es la causa Triple A con cinco imputados, de los cuales solo uno está en la cárcel que es (Raúl Roberto) Aceituno, los demás están excarcelados”.

Por último, el fiscal auxiliar mencionó que “a fines de mayo la Cámara de Casación Penal dictó una sentencia por la cual confirmó los ceses de la prisión preventiva de una gran cantidad de imputados de la causa Ejército con el argumento de que al no estar fijada la fecha de juicio no hay expectativa clara de hasta cuándo iban a estar detenidos”.

La medida fue recurrida ante la Corte Suprema por la Fiscalía y acompañada con una presentación en la cual exigió al Tribunal Oral que llame a juicio: “No hay pasos procesales previos al debate, estamos en condiciones de que se realicen, las dilaciones tienen que ver con cuestiones organizativas del Poder Judicial, con la integración de los tribunales y la provisión de medios”.

Esta tarde el Frente de Izquierda y los Trabajadores integrado por el PTS, el PO e Izquierda Socialista anunciarán la incorporación del MST y las candidaturas nacionales para las PASO.

Aún no hay definiciones sobre el armado de las listas locales. “Es un gran desafío político en un país muy convulsionados donde hay gran confusión, en un país que está hundido económicamente. Por ejemplo ahora estamos reclamando porque Vidal no paga los salarios docentes”.

En cuanto al escenario de polarización, Fabris destacó “las contradicciones enormes que tienen estos bloques” y opinó que la fórmula Macri-Pichetto “plantea que Cambiemos se ha debilitado”.

“En este cuadro corresponde a la izquierda anunciar que estos bloque no ofrecen ninguna alternativa. Lo que sucede en Bahía no escapa al resto del país, el gobierno de Gay que prometía obras faraónicas y no pudo ofrecer ningún aspecto progresivo en términos de infraestructura, escuelas”, agregó.

Trabajadores del relleno sanitario denuncian malas condiciones laborales, reducción salarial y mala administración de las autoridades de la Cooperativa Taller 1.

Son 38 y pasaron de percibir 9 mil a 8 mil pesos mensuales a lo cual suman entre 200 y 300 pesos diarios que perciben por la venta del material reciclado en el predio concesionado a la empresa Ingeniería y Arquitectura.

“Nos falta todo, siempre han venido con mentiras, nos dijeron que nos van a dar guantes, ropa, botines pero no tenemos nada. Nos bajaron el sueldo, nos quieren sacar las asignaciones y pensiones, estamos en el aire”, comentó a FM De la Calle Jose Alberto Alarcón.

Afirmó que “todos los reclamos van al Municipio, estamos esperando que se presente la cooperativa que se hizo cargo de nosotros y desapareció. Hemos llamado al Municipio y dicen que no saben nada, que no los conocen y son ellos los que nos contrataron. (El director de Acción Social) Luis Tonin vino con la presidenta de la cooperativa pero nos dijo que no la conoce”.

“Lo llamamos a Luis y nos dijo que no estaba enterado. Le preguntamos por el aumento que nos iban a dar y nos dijo que estaba, pero cuando fuimos a cobrar cobramos menos. Nos estaban pagando 9 mil pesos por mes y cuando fuimos a cobrar, cobramos 8 mil”, comentó Alarcón.

“A Sandra Pérez, (subsecretaria de Gestión Ambiental)  la trajeron cuando recién entró y parecía extranjera porque Luis Tonin tenía que estar traduciendo lo que decíamos a ella.  No opinó nada, no dijo nada, no sé si será muda. Queremos que venga y no quiere presentarse con nosotros”.

“No tenemos ayuda social. Tenemos un compañero que se quebró y no pudo operarse por el asunto que no tiene cobertura médica. Así nos hicieron entrar, como monotributistas, un compañero fue a averiguar a ANSES y algunos nos sacan las pensiones el mes que viene”, finalizó el trabajador.

La coordinadora del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de la CTA de los Trabajadores, Paula Belloni, analizó en FM De la Calle los alcances de la deuda tomada por el gobierno provincial durante la gestión de Cambiemos.

“En la provincia en 2015 la deuda era de 122 mil millones y el primer trimestre de este año asciende a 528 mil millones de pesos. La dinámica que tomó es del Esquema de Ponzi, que es básicamente que la Provincia se endeude para pagar deuda e intereses hasta que el endeudamiento no alcanza y tiene que sacar recursos de otro lado”.

“Si uno lo mira en términos reales, el crecimiento es del 58% . Esto nos lleva a preguntarnos dos cosas: cuáles son las características del endeudamiento y para qué se usa la deuda. Por un lado,  la deuda que se tomó era a corto plazo, a un año, año y medio, y en moneda extranjera”.

“Cada vez necesitamos más pesos para adquirir los dólares, para pagar ese stock de deuda pública que está valuado en moneda extranjera. En la próxima gestión van a tener que pagar 434 mil millones de pesos, casi la totalidad del préstamo se paga en los próximos cuatro años. La provincia tiene gastos que son muy rígidos y que no puede recortar para favorecer el pago de amortización de la deuda y los intereses”, comentó Belloni.

La economista señaló que “la provincia básicamente se endeuda para pagar intereses de deuda. El presupuesto público habilitó un endeudamiento de 90 mil millones pero lo que hay que pagar es 125 mil millones de pesos. Esa diferencia es ajuste de gasto público”.

“La deuda que paga Vidal es deuda que tomó ella, en moneda extranjera.  40 mil millones de pesos más se terminó pagando el año pasado con la corrida cambiaria, es casi el doble de lo que se estimó para la obra pública. Es necesaria la renegociación pero es más compleja (que en Nación) porque esos bonos están en particulares”, concluyó.

En la última reunión del Observatorio de Discapacidad del Concejo Deliberante, integrantes del bloque oficialista ratificaron la baja del contrato de la psicopedagoga del programa municipal Caballo de Troya a partir del 1 de julio a pesar de los pedidos de las familias de chicos y chicas que acuden al espacio.

“Todavía no tenemos claro el por qué. Lucía Pendino y Laura Biondini quedaron en concretar una reunión con las funcionarias que tomaron esta decisión que son Vanina González y Juliana Cerritelli”, señaló Betiana Gerardi (PJ Cumplir).

“Los padres tienen la preocupación de la continuidad pedagógica del tratamiento de sus hijos, dijeron que era una decisión tomada, pedimos que nos cuenten por qué pero no hubo respuesta, lo que nos lleva a pensar que termina siendo una decisión arbitraria”.

Gerardi comentó que “la baja es al 1 de julio y hasta ahora no hay decisión de quién va a tomar el cargo. Dijeron que había una persona pero que no estaba confirmada. Volvemos a insistir que nos preocupa la continuidad terapéutica de los chicos con discapacidad. Quizás hay que sumar y no restar, este nuevo cambio dicen es porque necesitan una persona con mayor vinculo en el trabajo en redes, quizás hubiera sido mejor sumar a alguien más”.

“Por lo que hemos escuchado de las respuestas de funcionarios terminamos creyendo que es un tema personal y no una optimización o una cuestión que tenga que ver con el programa”.

“La etapa macrista es regresiva de cualquier indicador social o económico, eso se explica por una estrategia de ajuste que intenta relanzar un ciclo de crecimiento y acumulación”, comentó a FM De la Calle el licenciado Emiliano Fernandez, integrante del Núcleo de Investigación Crítica sobre Sociedad y Estado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El coautor del libro “Cuestión social y políticas sociales”, que será presentado esta tarde en Rondeau 29, señaló que “vemos los límites que está teniendo el ajuste por un bloqueo popular, si bien las condiciones de vida han empeorado, ese avance no es total y es lo que explica la crisis económica y política que estamos viviendo”.

“El dato en políticas asistenciales es la continuidad y el aumento. La política asistencial, más allá que las prestaciones han perdido poder adquisitivo, cuando uno observa algunas políticas asistenciales que se intentaron reducir, -por ejemplo pensiones no contributivas por invalidez- pudo reducir muy poco y tiene que ver con el bloqueo popular al ajuste. Eso no se desarticuló porque es necesario para sostener condiciones de gobernabilidad y es lo que está frenando el desborde político e institucional”.

“Hay que defender la política asistencial en términos de que va a cierta reparación material de sectores populares, pero la contracara de la asistencia social es que es lo que hace que el conflicto social no desborde ni que el gobierno entre en crisis y ponga los límites”, señaló Fernández.

Por último, afirmó que “incluso el memorandum con el FMI, por primera vez, al menos en la historia de los acuerdos económicos con Argentina, incorpora una cláusula en donde permite aumentar el gasto social unos puntos en función de cómo vayan algunos indicadores claves en términos económicos. Eso habla de que está claro en diagnóstico del gobierno y el FMI”.

En las últimas horas, el Municipio difundió en redes sociales un video de una reunión de Héctor Gay con vecinas y vecinos del barrio Los Horneros en el cual anunció que buscará la reelección.

Su secretario de Seguridad y presidente de la UCR, Emiliano Álvarez Porte, señaló a FM De la Calle que la candidatura “es algo natural porque creemos que hay un ciclo que no se cumplió todavía”.

“Queremos mostrar la realidad del partido porque por ahí se manifiesta en declaraciones de personas que tienen vínculo con el partido pero que no son parte de la institucionalidad que no están en la mesa directiva. Queríamos manifestarle el apoyo al intendente”, señaló en referencia a la visita de dirigencia radical a Gay.

En cuanto al rol de la UCR en el gobierno local, Álvarez Porte dijo que “hemos conversado, hoy en el gabinete hay tres secretarios de extracción radical, es casi el 50% del gabinete. En ese sentido nos sentimos representados. En las legislativas se nos dio una oportunidad. Teníamos dos concejales, ahora uno solo que participa en Cambiemos pero nuestra idea es volver a repetir ese esquema. También sabemos que hay otro socio que es la Coalición Cívica y pensamos que será uno y uno”.

Respecto a las deudas de Cambiemos y a los resultados de su gestión, el dirigente señaló que “en un país donde hay pobreza estructural del 30% la materia pendiente es trabajar la igualdad y la equidad. No sé si los índices han empeorado, no estábamos tanto mejor. Tuvimos una crisis cambiaria hace poco y eso se manifiesta en los precios pero hemos pasado muchas crisis peores”.

Consultado por las dificultades sociales de los barrios del sur de la ciudad, Álvarez Porte dijo que  “no se pueden segmentar los problemas en sectores, tiene que ser integral. Se ha hecho en infraestructura y en políticas sociales, hay muchos programas para ir solucionando estas cuestiones, estamos permanentemente tratando de revertir. Son problemas estructurales que no viene solo de este gobierno”.

(Por Mauro Llaneza) Empresas del polo industrial presentaron informes en la causa que investiga la contaminación del estuario. Son estudios de investigadores locales que aprueban el tratamiento que se realiza a los vertidos y minimizan los aportes de las compañías en comparación con efluentes naturales o cloacales.

Los organismos científicos bahienses brindan servicios a las multinacionales del puerto y así financian parte de sus proyectos. Por ello, pescadores artesanales solicitaron que el juez Agustín López Coppola ordene a profesionales ajenos a nuestro medio una profunda pericia sobre peces, agua y sedimentos de la ría.

La respuesta se conoció en septiembre de 2018. Tres expertos de la Facultad de Agronomía de la UBA recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

En febrero las demandadas requirieron aportar la prueba complementaria que aquí se reseña. Próximamente comenzarán los alegatos.

El perito contratado por PBB Polisur, Jorge Marcovecchio, dijo que “no hay posibilidades físicas” de que la descarga de la firma “modifique las condiciones físico-químicas del estuario receptor”.

El investigador del Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET/UNS) manifestó que PBB descarga en el Canal Colector compartido con otras empresas del polo y que el volumen en que lo hacen “es significativamente menor” que el del estuario.

Apuntó que sí modifican dichas condiciones físico químicas las descargas “provenientes de aportes cloacales y superficiales, estos últimos del río Sauce Chico, Arroyo Napostá Grande, Saladillo de García y Dulce que componen el arroyo Maldonado”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Consultado sobre el posible impacto ambiental de los dragados en los organismos vivos, Marcovecchio se excusó de responder porque “para el caso del Estuario de Bahía Blanca no se dispone de información oficial y pública sobre las formas y secuencias que se siguen para la realización” de los mismos.

Concluyó que “la mayoría de los metales tienden a estar retenidos en los sedimentos” y que “la posibilidad de estar en formas químicas asimilables por los organismos (biodisponibles) es pequeña”. En base a esto y al “muy bajo” consumo de peces no existe “riesgo significativo para la población humana”.

Marcovecchio también fue contratado por Pampa Energía. Dijo que “existe un impacto potencial nulo” sobre la zona adyacente a la descarga de la Refinería Eliçabe. Sostuvo que los compuestos de la planta tardarían 4641 años -“como mínimo”- para llegar a la ría a través de las aguas subterráneas.

Preguntado por la empresa sobre el impacto del basurero Belisario Roldán, ubicado a pocos metros del estuario, Marcovecchio citó un estudio del CTE (2012) en el cual se advierte que “tanto los sedimentos como los lixiviados estudiados no contienen concentraciones críticas ni que superen los valores admitidos como adecuados en la legislación vigente”.

Reconoció que varias investigaciones prueban la presencia de “concentraciones de metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos persistentes en sedimentos y agua” y también “en ejemplares de peces del estuario”. Sin embargo, afirmó que “no es posible determinar la condición de ‘ambiente contaminado’ solo por la presencia de la/s sustancia/s potencialmente tóxica/s en el sistema”.

El consultor ambiental Enrique Otaola, contratado por Unipar Indupa, dijo que el “autocontrol” de la empresa mide sus vertidos cuatro veces por mes: “De 84 meses -7 años- y de todos los parámetros estudiados se detectó un solo analito, Fe (NdR: Hierro), que ha superado, en alguna oportunidad, el valor de ley”.

El ingeniero sostuvo que las tres plantas (cloro-soda, cloruro de vinilo y policloruro de vinilo) no utilizan “directamente en sus procesos de producción” hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, cadmio ni plomo.

Otaola, ex ingeniero de procesos de Induclor, afirmó además que la empresa cuenta con sistemas de tratamiento diseñados específicamente para reducir o eliminar los compuestos considerados “contaminantes” según la legislación y que su efectividad está demostrada por resultados que “están por debajo de los de la ley”.

Mega contrató los servicios de Plapiqui. El equipo técnico dirigido por la dra. Verónica Bucalá concluyó que su planta de tratamiento de efluentes es “adecuada” y que la calidad de sus vertidos es “aceptable” de acuerdo a la normativa provincial. Se subrayó que la planta aporta el 0,12% del total de vertidos al estuario.

El estudio señala “algunas variaciones de efluentes” en el colector cloacal que, según los descargos de Mega, ocurrieron por un “desempeño ineficiente durante la dosificación de hipoclorito de sodio en la etapa de cloración”; por el aumento de personal durante una parada de planta -“si bien había baños químicos, había mayor cantidad de turnos en el comedor y se incrementaron las actividades de la cocina”-; y por un lavado eventual de membranas en una de las plantas.

Cargill contrató al director del Instituto de Química del Sur, Marcelo Pereyra, quien afirmó que la cerealera cumplió en el “93% de los casos” con los valores de DQO y DBO en sus vertidos a la descarga cloacal, según “valores monitoreados de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental aprobado por el OPDS”.  DQO es un parámetro que mide la materia orgánica total de un efluente y DBO refiere a la materia biodegradable.

Pereyra indicó que “el vuelco del efluente final del establecimiento descarga en el conducto que anteriormente al 2011 utilizaba la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Ing. White de ABSA” y que “no está vertiendo su efluente final sobre aguas cloacales”.

El perito subrayó la presencia de metales pesados en cercanías a las descargas de ABSA y mencionó que el aumento del tránsito de embarcaciones de porte en la ría y el uso de pinturas especiales para el carenado de los buques, pueden estar afectando la zona interior del estuario.

Preguntado por la causa de la merma del recurso ictícola, propuso dos hipótesis planteadas en diversos estudios: a) la potencial disminución del alimento de los peces por los continuos dragados y el vertido de desechos urbanos e industriales en las aguas del estuario y b) el aumento de la presión sobre el recurso por el mal manejo que se está haciendo fuera del estuario.

Integrantes de la agrupación Vecinos y Vecinas de Villa Elisa por la Memoria, Verdad y Justicia  realizarán un acto en repudio a la presencia del genocida Eduardo Carlos Videla en el pueblo.

El ex jefe de compañía del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca está libre a la espera de ser juzgado por 52 casos de secuestros y torturas y en un hecho de violencia sexual.

Sandra Martínez dijo a FM De la Calle que “es, lamentablemente, un caso más de los que estamos viendo. En Villa Elisa, que es un lugar muy tranquilo, tenemos una vida cultural muy plena, participa la comunidad de distintas actividades. Somos un grupo de 20 o 25 vecinos que hicimos un trabajo de reparación histórica sobre la memoria de nuestros desaparecidos de la zona, rescatamos trabajos y fotos e hicimos un mural. Ahí es donde se va a hacer un acto de repudio de Videla”.

El represor y su esposa “hace 10 o 12 años que estaban acá, después él estuvo preso y durante ese tiempo, cuatro años, tuvo permiso para visitar a su mujer que estaba enferma. Los primero datos que tuvimos de él es que había amenazado a algunos vecinos diciendo que tenía fotos de ellos, que no lo molestaran”.

“Cuando venía a visitar a la mujer había un despliegue porque venía de Campo de Mayo y, como es una zona muy tranquila, empezó a llamar la atención. Además de su actitud beligerante, los vecinos empezaron a comentar que no era una persona como cualquier otra. Enseguida saltó que era alguien vinculado a la dictadura militar”, afirmó.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos denunció que YPF y el Consorcio de Gestión del Puerto no garantizan los remolcadores de seguridad que previenen accidentes. Afirman que es para abaratar costos.

El secretario general, Carlos Campestrini, dijo a FM De la Calle que “durante 10 años hubo dos remolcadores de carga. Eso significaba mano de obra. Hoy nos encontramos que vamos a vender gas de Vaca Muerta pero que están haciendo un ajuste en seguridad. Es una vergüenza que se ajuste con la seguridad”.

“Acá se levanta un viento y te pega los dos remolcadores al muelle. Acá pasaron catástrofes con derrames. Con doble tripulación, estamos con 8 personas, tenemos un convenio por 12 horas de trabajo. Pedimos por los derechos de los vecinos de White, venimos a exportar gas y nos ajustan con el trabajo”, agregó.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la ley de preservación de los glaciares al rechazar el pedido de inconstitucionalidad realizado por Barrick Gold y Minera Argentina Gold.

Jonathan Valdivieso, abogado de la Asociación por la Justicia Ambiental, señaló en  FM De la Calle que “esta ley no es definitiva: cuestionaron dos cosas principales, uno que tiene que ver con el procedimiento de las leyes y, por otra parte, la provincia de San Juan demandó que la Nación estaba interfiriendo en las competencias provinciales. La Barrick dice que iba a perjudicar los derechos de industria lícita. La Corte analizó la cuestión formal y dijo que la Ley de Glaciares fue aprobada en el Congreso como dice la Constitución”.

La justicia dijo que la minera Barrick Gold “acudió tempranamente y que no había un riesgo inmediato de que, por ejemplo, se puedan suspender estos proyectos cerca de glaciares. Este debate lo pateó para futuros litigios. Uno esperaba que se hubieran saldado estos debates para proteger glaciares”.

“La Corte estableció criterios generales. Dijo que se iba a considerar que están en juego derechos de alta jerarquía como el derecho al agua y que tiene que analizarse que no solamente se están discutiendo los derechos de las empresas sino que se debaten los derechos de toda la sociedad. Bajo esos parámetros y, analizando la importancia del agua, se deberían someter las futuras discusiones judiciales”.

El abogado informó que no hay proyectos suspendidos por la Ley de Glaciares: “Sí hay informes producidos por la Secretaría de Medio Ambiente, existirían 44 proyectos que deberían ser suspendidos inmediatamente, sobre todo los emprendimientos de la mina del Veladero y Pascua Lama en San Juan que son de la Barrick Gold”.

“La Barrick en años anteriores, cuando tuvo que presentar estudios de impacto de evaluación ambiental, había reconocido que la explotación iba a estar sobre el glaciar, porque no se imaginaban que años deputes iba a salir esta ley. El Estado demoró siete años para hacer un inventario que debería hacerse en meses”, finalizó Valdivieso.

Durante la semana pasada y esta se llevaron adelante audiencias en el marco del caso Ángel Almada. Esta semana continúan las audiencias indagatorias. En la actualidad, el Dr. Romero Jardín está llevando adelante la investigación.

El abogado Leandro Aparicio recordó a FM De la Calle que “en un principio a Ángel se lo declaró como posible suicida. Un comisario y algunos oficiales -que hoy están imputados- armaron las declaraciones, apretaron a distintos testigos, muchos de ellos menores de edad, para que digan que el chico se había suicidado. El ex delegado municipal (Marcelo Acosta) y su esposa fueron hasta la escuela a pedir la fotocopia del DNI para hacer los trámites para el entierro el mismo día que había fallecido. También llevaba de aquí para allá a los testigos, manejaba la investigación como si él fuese la persona encargada de hacerlo“.

Inicialmente, hubo un pedido expreso de que las testimoniales se tomaran en sede judicial y sin embargo se siguieron tomando en la DDI.

Aparicio tomó la causa unos meses después. Pidió testimonios de personas que “refutaban lo que supuestamente habían dicho, otras que aportaron testimonio a la causa. Producto de otras circunstancias como el hallazgo de otro celular que no era de Ángel en la casa de un señor que se llama (Horacio) Pagotto se abre otra vía y se entienden otras circunstancias que en otro momento no se entendieron”.

Las audiencias que se produjeron esta semana son de causas derivadas de la principal. Se trata de las imputaciones “al comisario de ese entonces, (Emir) Mansilla, a tres o cuatro policías más, a Pagotto, a Ferreiro que es la testigo que dice que Ángel le cambia el celular por dos cervezas y otras circunstancias de declaraciones falsa”.

Cabe destacar que “se hicieron pericias, por parte de Gendarmería, que acreditaron que no fue un suicidio”.

Además, Aparicio señaló que Almada “fue asesinado a doscientos metros donde se encontró el cargamento de cocaína más grande de la historia de Argentina que es una circunstancia que tampoco podemos soslayar así como la complicidad entre los policías y el ex delegado”.

“Fue muy burda la manipulación de la prueba. Específicamente las testimoniales. Es muy claro establecer la desidia en aportar elementos a la causa. Hay una voluntad muy clara de no investigar. Las cámaras que aportan mucho estaban en el DDI y no en la fiscalía, por ejemplo. Hace tres años que está secuestrado el celular del chico. Recién ahora por insistencia van a arreglarlo para poder peritarlo. Cuando quieren sí son rápidos. Acá hay otra cuestión que no la puedo llegar a dilucidar del todo”.

Según el letrado, el devenir de la investigación evidencia “muchas contradicciones, muchas mentiras muy claras”.

Ante el impacto mundial de la serie de HBO, “Chernobyl”, FM De la Calle conversó con Silvana Buján, especialista en periodismo científico ambiental. “Lo bueno de la serie es que está mostrando que la energía nuclear no es segura, ni limpia, ni sustentable, ni barata. Solamente se puede desarrollar en un marco de censura, corrupción y silencio”.

“Pusieron la fama de un país por encima de la salud humana, se podrían haber salvado miles de vidas. Me parece muy importante que vean que es imperiosamente necesario tener acceso a la información”, afirmó.

El 26 de abril de 1986 la explosión del reactor 4 de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, al norte de Ucrania, por entonces parte de la URSS, provocó varias muertes y cientos de miles de desplazamientos. La planta emitió unas 400 veces más radiación que la liberada en la explosión nuclear de Hiroshima, en 1945.

Buján explicó que “el tema nuclear en Argentina siempre se bañó como secreto de Estado. Solamente técnicos especializados pueden acceder, esto es casi un método ruso. Nos vendieron que era renovable cuando el uranio se agota, nos vendieron que era limpia cuando han dejado desastres en las minas, cuando emiten dióxido de carbono en todo el ciclo, nos dijeron que era barata y consideran solo cuánto cuesta el uranio y cuánto cuesta mantener la central, salvo Malargüe todo el resto están abandonados”.

¿Qué es la radiación?

“La radiación no se ve, no se huele, no hay manera de sentirla. Los primeros muertos (de la explosión de Chernobyl) fueron los bomberos que intentaron apagar el fuego, estaban delante de ese humo con radiación, son las partículas que se pegan al polvillo, se les pegaban en la piel y el que tocaba al enfermo se le quemaba la mano. Eso es radiación directa”.

“Son emisiones de distintas clases, la más fácil de bloquear es la radiación alfa, son partículas grandes. Después sale de esa masa de combustibles, la radiación beta, es complicada porque atraviesa paredes. La radiación gama rompe el código genético de la célula, cuando se quiere reproducir está roto el código genético y va a crecer como puede y va a generar un tumor. De ahí las malformaciones genéticas. Podés morirte porque te quemó la radiación o podés haber recibido menor radiación y tu tiroides colapsó. El cáncer de pulmón es muy común porque vos respirás las partículas y en tus pulmones siguen emitiendo radiación”.

¿Qué hacemos con la basura nuclear?

“Los finlandeses están haciendo algo que lleva 18 mil millones de dólares y solamente para ellos. No es el basurero nuclear del planeta, es su basurero. En Argentina ni siquiera se habla, el reactor tiene la bola redonda y, al lado, una estructura plana. Adentro hay una piscina llena de agua donde se sumergen los complejos combustibles para que se enfríen, las tienen en agua durante mucho tiempo. Teóricamente la vida útil de esa central es igual que la de esa piscina. Acá le pasan un mano de cal y le extienden la vida útil a esas piscinas. En un momento la idea fue tirarlos en Sierra Grande, todavía  hay tambores con el logo de radiación tirados en una cavas a cielo abierto”.

“En Río Tercero cuando se llena la casa de piletas lo ponemos al lado de la central, al  lado de hoteles, parques y el lago. Hay unos 40 cilindros de 15 metros que contienen el residuo radioactivo de alta actividad a cielo abierto. Ahí tenes un lugar ideal para destruir la provincia, si algo cae ahí la radiación que se emite sería letal”.

En cuanto a futuras instalaciones nucleares en Argentina, Buján comentó que “después de coquetear con Rosatom, la empresa rusa, se miró a China para ubicar una central al lado de las otras dos en Atucha. Si tenés una central puede pasar todo lo que ya sabemos. Si tenés dos, la cosa se complica. Y con tres, ni te cuento”.

“Nos pusimos a jugar con elementos que no tienen consecuencias a escala humana”, sentenció.

El Concejo Deliberante analizará si retira la ciclovía de Yrigoyen entre Zelarrayán y Napostá. “No se ha completado la primera etapa, se apuntaba a que una parte de la ciudad sea mejor comunicada, que los ciclistas puedan sentirse más seguros, se había pensado un manual para ciclistas, mucha gente que va desde el centro a la universidad y viceversa la utiliza”, dijo a FM De la Calle Guillermo Liverotti, integrante de la Plataforma Crecimiento Integral.

“Desde 2014 se reunieron la Municipalidad, Tránsito, los gastronómicos, la UNS y la UTN y conformaron una comisión interdisciplinaria que se juntaba cada diez días. Entre todos generaron el mapa de las ciclovías en cuatro etapas. Se logró implementar una parte pequeña de la primera. Más que preocuparse por dejarla o sacarla deberían preocuparse sobre por qué no se hizo todo el mapa”, comentó.

Respecto al mal estado de algunos tramos, Liverotti afirmó: “Yo las uso y hay lugares donde hay una gran diferencia, la idea de la segunda parte era que al cordón cuneta se lo empareje de manera que no haya mucha diferencia entre el cordón y la calle. Sin duda hay muchas cosas para mejorar, no se tiene que sacar sino completa con concientización y mantenimiento”.

En las etapas del proyecto original el recorrido iba “desde Avenida Cerri hasta Montevideo, después desde Berutti hasta Gorriti. Conectar la ciudad a través de un anillo grande para que la gente pueda moverse de manera segura. Sabemos que la bici no solo ayuda al ciclista, también brinda mejores servicios a la ciudad porque hay menos vehículos en las calles, eso ayudaría a que haya más espacio, menos estrés en conductores”.

(Por Pablo Becher) A 50 años del Córdobazo (1969) y de la extensión de las rebeliones populares en distintos lugares del país (Tucumán, Corrientes, Rosario), caracterizadas por la fuerza de la insumisión obrera y popular frente al avasallamiento militar y corporativo, las consecuencias de ese fenómeno histórico implicaron el surgimiento de una nueva etapa en la lucha de la clase obrera y las masas populares. Este proceso de masificación continuó con fuerza, a pesar de los esfuerzos de las clases dominantes de neutralizar la conflictividad con las elecciones de 1973 (pensemos en las centeneras de luchas en los lugares de trabajo en ese año, la pueblada en Villa Constitución en apoyo a los obreros de la UOM o la radicalidad de la coordinadores interfabriles en 1975), aunque fue desarticulada con brutalidad por la dictadura militar[1].

Sin embargo, en un periodo posterior marcado por el asentamiento del neoliberalismo en la década de 1990, donde la subordinación de las grandes sindicales obreras (fundamentalmente la CGT) a los mandatos del gran capital concentrado y del propio Estado (garante de ese pacto) comenzaron a re-significarse con fuerza algunos de los términos y conceptos fundamentales del Cordobazo, y de las insurrecciones del movimiento obrero. Entre esos conceptos figura el clasismo, que si bien no fue una discusión propia de ese período, cobró particular importancia en los debates sobre las características del sindicalismo, de los partidos de izquierda, como así también sobre las formas de organización y conflictividad obrera hasta la actualidad.

Para empezar este breve artículo señalaremos que el concepto clasismo es un concepto polisémico que suele presentarse con una serie de cualidades específicas: autoorganización obrera, intransigencia en las demandas, antiburocrático, antipatronal, que se da a través de la democracia interna, la amplia participación de las bases, íntimamente relacionado con el sentido antagónico a la negociación y el participacionismo con el capital/Estado burgués.

Como fenómeno histórico ha sido estudiado desde diferentes perspectivas (como los trabajos de Brenna y Gordillo, 2008; Duval, 2001; James, 2005, Schneider, 2005 o Werner y Aguirre, 2009, por mencionar algunos). En un estudio reciente que enfatiza las relaciones entre memoria y construcción de los sentidos sobre el clasismo en los obreros, la historiadora Laura Ortíz (Universidad Nacional de Córdoba) expresa que existe un conjunto de operaciones realizadas para legitimar el concepto de clasismo, dando importancia a la tradición obrera, el contexto socio-histórico y la relevancia política como construcciones que atraviesan la producción significativa de la narrativa histórica[2].

En este sentido, las memorias disidentes de los actores obreros en los ´70, dirigentes o militantes de base, a través de entrevistas, encadenan una serie de definiciones, no siempre abarcativas ni ordenadas, que nos permiten ampliar el espectro de sentidos sobre el clasismo: 1)Por un lado, aquellos que comprenden el pasaje de “la clase en si, a la clase para si”, dentro del esquema marxista de lucha de clases; que se dirime en adquirir conciencia de que se pertenece a la clase trabajadora; aquí aparece la lucha ideológica o teórica; 2) Otros que entendieron que más allá de la conciencia adquirida por la teoría revolucionaria (que no siempre se conocía por los trabajadores), uno se dice clasista “cuando defiende la clase obrera”, porque “son los obreros quienes producen la riqueza y quienes más sufren el proceso”; aquí el sentido esta puesto en identificarse con la clase obrera, con la condiciones materiales de existencia; 3) Otra forma explicaba, que ser clasista implicaba hacerse respetar, buscar los más justo de las reivindicaciones, en muchos casos, más alla de la cultura revolucionaria (o de lo que se entendía como revolución) donde se presentan sentimientos de pasión por ser parte de la clase trabajadora, en la construcción de una subjetividad colectiva; 4) Por último, otra opción aplica con énfasis la lógica clasista al método de organización y lucha, apelando a la democracia popular y obrera, denunciando las practicas burocráticas corruptas, y la formación de dirigencias enquistadas en el poder, que basan su perpetuidad en la concentración de información, poder y negociación. Aquí se relaciona el método con la conformación de repertorios de conflictividad basado en la acción directa, paro activo, toma de dependencias, enfrentamientos, etc.

Estos significados hilvanados entre sí, con similitudes y diferencias, son los que subsisten hasta el día de hoy, reactualizados a las circunstancias históricas del momento. Ser clasista implica una especie de movimiento dinámico, cultural y social, que se define por su carácter procesual, relacionado con la construcción de una identidad dentro del propio recorrido de la lucha de clases. No se es clasista solo por la experiencia sindical, el sindicato puede ser “una palanca”, una escuela pero no reemplaza la organización política. Es una construcción que no solo se visibiliza en representaciones colectivas, sino en comportamientos que se materializan en la acción. En este sentido, resulta interesante la relación que establecen los obreros con sus dirigencias cuando visibilizan que son HONESTAS Y COMBATIVAS, a pesar de que no compartan una relación ideológica similar. Surgen aquí muchas preguntas: ¿Cuál es la influencia de los militantes de izquierda en la conformación de un sentido clasista dentro de un sindicato? ¿Qué relaciones se establecen entre clasismo y peronismo? ¿Pueden reducirse los sentidos del clasismo solo a los dirigentes y las conducciones sindicales?…Por otro lado y reflexionando sobre una actualidad marcada por el auge del movimiento feminista y decolonial, ¿Cómo pueden relacionarse sin privilegiar uno u otro, las relaciones de clase, de género, étnicas con el clasismo?

La dinámica de los cambios sociales y los intereses que activan y conforman a los movimientos sociales contemporáneos no ha tendido a rescatar la relación capital/trabajo como lugar preponderante de las luchas sociales. Sobre esto, ¿tiene sentido seguir discutiendo la existencia de una contradicción fundamental y principal en el análisis de las relaciones sociales? ¿dónde se enmarca el patriarcado, la cuestión étnica, la racialidad? La realidad va demostrando que una mirada multidimensional que nos permita identificar las relaciones entre las distintas formas de antagonismos nos permitirá reunir con claridad mayores elementos para comprender las formas en que asume y se presenta la dinámica social. Coincidimos en la necesidad de repensar las formas en que se desenvuelven los antagonismos y contradicciones en las relaciones y las prácticas sociales. El clasismo ha funcionado como una teoría transformadora, como una lente que nos ha permitido verificar algunas de las formas en que se desenvuelve la sociedad. La invención de nuevas formas de sociabilidad que emergen desde el eco- socialismo, la perspectiva feminista, el pensamiento solidario y autogestivo, la horizontalidad en las relaciones, la tolerancia y la participación democrática plena, el cuidado del medioambiente desde una mirada que critique la sustentabilidad, funcionan como constructos de una nueva ética emancipadora, donde se invierten y rebelan las formas predominantes de hacer y pensar, de sentir y actuar. De ahí que la propuesta anticapitalista de los movimientos sociales sea todavía un eje de transformación incipiente frente al pensamiento único y la el fatalismo desmovilizador, que puede articularse con la noción de clasismo desde un plano que supere la mirada objetivista de las clases sociales.

Para finalizar, retomamos una serie de cartas y documentos escritos de Agustín Tosco, donde aparecen expresadas lucidamente una serie de apreciaciones acerca de la relación del clasismo con la praxis cotidiana, que condensan en forma magistral una serie de cualidades y nociones sobre esta construcción teórica, puesta en debate. Para Tosco, “ser clasista se trata de sentirse parte de la clase obrera, de sus injusticias, de sus necesidades, significa tener convicciones firmes, solidarias, fraternas, sacrificadas, que aspiren a la transformación revolucionaria de la sociedad, que desestime el ascenso personal y reivindique la voluntad popular desde las bases”.

He aquí algunas de las formas de pensar y relacionar el clasismo con nuestra actualidad que nos permiten reflexionar sobre las formas de acercarnos y comprender mejor el movimiento obrero.

[1] Agradezco a Enrique Gandolfo algunas precisiones críticas sobre este artículo que me sirvieron para revisarlo.

[2] Véase en este sentido Ortiz, M. L. (2018). Identidades obreras: el clasismo y sus representaciones. Sociohistorica, 41, e048. https://doi.org/10.24215/18521606e048

Por cuarto año consecutivo la Asamblea de mujeres, lesbianas, trans y no binaries de Bahía Blanca convocó a la movilización Ni Una Menos.

Será desde las 17:30 en la Plaza Rivadavia bajo las consignas “Ni Una Menos por femicidios, transfemicidios, travesticidios. Ni Una Menos por abortos clandestinos. Ni Una Menos por redes de trata. Ni Una Menos por políticas de ajuste, cierre de fábricas y quita de jubilaciones”.

“En un gobierno neoliberal estamos atravesando una política de ajuste, colonización económica y nos afecta más a las mujeres, sumado a la quita de la Ley de Moratoria. Es un Ni Una Menos particular, dijo a FM De la Calle Sabrina García Díaz, integrante de la agrupación La rebelión de las Evas.

Agregó que en materia de violencia machista “hay una subejecución del presupuesto del municipio, sabemos que con respecto a la violencia de género, no se ha asignado recursos, es muy bajo”.