La Unión de Músicxs del Sur exigió a las y los concejales de la ciudad que fijen fecha para la audiencia pública solicitada días atrás por el Consejo Local de Niñez y el Consejo Cultural Consultivo para analizar el ajuste en las políticas sociales.

“Estimados ediles ¿qué otra prioridad tienen que no sea escuchar a sus representados y garantizar la dignidad humana de sus conciudadanos? No hay excusas: ¡Audiencia pública, ya!”, manifestó el gremio.

 

En un comunicado, las músicas y los músicos instaron “a que se vote con urgencia este mismo jueves lo que decenas de organizaciones sociales, gremiales y religiosas estamos demandando como derecho ciudadano. Es urgente actuar con responsabilidad y humanidad. Es urgente que cada sector pueda expresarse para que lxs concejales cuenten con las herramientas necesarias para debatir peso a peso las necesidades de cada barrio y asignar esas partidas en el presupuesto 2019”.

“Lean el diagnóstico con atención. ¿Quién de ustedes puede negar que Bahía Blanca se encuentra bajo estado de emergencia social? ¿Quién de ustedes asumirá la complicidad concreta de un modelo de asignación de recursos que saquea a quienes ya no tienen más nada para dar en función de garantizar la rentabilidad del lucro?”, se preguntaron.

El gremio destacó que el ámbito cultural fue uno de los primeros agredidos por la gestión de Héctor Gay: “El violento cierre de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar presagió una política sistemática de desviación de recursos estatales al sector privado e incumplimiento de las responsabilidades políticas que cada un/a de las/os funcionarias/os de cada área han sostenido hasta las últimas consecuencias”.

“Luego vino la monotributarización masiva en tallares barriales, de la mano de Morena Llanca Roselló y una política agresiva de precarización global sin precedentes. La reforma laboral tiene su pionera en Bahía Blanca. Una verdadera poda que arrasó con lo poco que tenía cada barrio, despidiendo a decenas de talleristas y dejando a cientos de niñxs sin sus talleres”, afirmó el sindicato.

Desde la Confluencia Fuera G20/FMI denuncian que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) están realizando ciberespionaje sobre los movimientos sociales en el marco de despliegue armamentístico que está desplegando el gobierno para la semana de la cumbre.

“Es un nivel muy alto de la movilización de las fuerzas de seguridad y las fuerzas secretas. No tenemos idea qué implica, si es activar formatos de seguimiento de celulares, de seguimientos tecnológicos, eso nos deja en un nivel de vulnerabilidad muy grande. Es algo muy peligroso que hay que salir a denunciar fuerte”, comentó a FM De la Calle Luciana Ghiotto, economista e integrante de Attac y de la Confluencia.

La consigna de la contra-cumbre es “El G20 no nos representa”. Ghiotto afirmó que  “de ninguna manera están afrontando los problemas reales de un capitalismo en crisis y de un cambio climático tremendo. No está dando respuestas y no hay ni siquiera un interés de dar respuestas de manera cabal”.

Desde la asamblea en rechazo al G20 denuncian que el gasto en materia de defensa y seguridad  durante la cumbre es de 1100 millones de pesos. A pesar de que no se sabe la cantidad de efectivos militares o de las fuerzas de seguridad que participarán en el operativo del G20 y del equipamiento que se comprará para reforzar el operativo militar, el Decreto 125/2018 prevé una operación contractual secreta por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición de material bélico.

“Desde el Ministerio de Seguridad lo están planteando como si la consigna de los movimientos sociales fuera ir a tomar el poder. Nosotros estamos planteando que queremos una resistencia, una crítica. Y las propuestas alternativas que tienen las organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas a nivel regional y global. No es que queremos ir a pegarnos con la policía”.

Los ministerios de Seguridad y de Defensa, la Cancillería, la Agencia Federal de Inteligencia y otros organismos del Estado, más el Comando Sur de Estados Unidos, especialistas en temas de seguridad de Gran Bretaña, Alemania, China y Rusia serán quienes queden a cargo de la seguridad de este Foro. Estados Unidos, Rusia y China participarán del encuentro con sus propios equipos de seguridad instalados en el país.

Ghiotto aseguró que “corremos de eje las provocaciones del gobierno, porque la compra de armamento es una provocación. Nosotros evitamos la confrontación barata, porque se tergiversa nuestros objetivos, nuestros métodos. Queremos que se entienda políticamente porqué rechazamos el G20 y la propuesta de Macri del FMI”.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia y el Consejo Cultural Consultivo junto a una treintena de organizaciones, esperan que el Concejo Deliberante convoque urgente una audiencia pública para discutir el ajuste social y la incorporación de las necesidades planteadas al Presupuesto 2019.

“La comunidad de Bahía Blanca enfrenta un contexto de emergencia social, caracterizada como el avasallamiento sistemático de la dignidad, las libertades y los derechos humanos fundamentales, como son el acceso universal a la salud, educación, cultura, entre otros y, en particular, la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, advirtieron.

Las sub-ejecuciones presupuestarias y los incumplimientos en materia social fueron diagnosticados en asambleas abiertas realizadas durante agosto y septiembre con “una amplia participación de sectores muy diversos de la comunidad afectados por el recorte en políticas públicas”.

La iniciativa es producto de “la falta de respuesta del Municipio para el relevamiento de los datos oficiales, que constituye una traba sistemática en el acceso a la información pública y que contradice explícitamente las intenciones declaradas de transparencia de la actual gestión. La información aportada por cada sector en las asambleas, permitió construir un diagnóstico alarmante y muy contundente” que puede leerse aquí.

El documento se nutrió de las realidades de organizaciones sociales, culturales, gremiales, profesionales, barriales, educativas, de mujeres y estudiantiles, las cuales identificaron como punto en común la sub-ejecución de partidas presupuestarias municipales destinadas a financiar o asistir sus actividades.

Destacaron que ningún/a funcionario/a asumió su “responsabilidad política a la hora de responder a la comunidad por los montos faltantes” que, en muchos casos, corresponden a “recursos afectados que deben financiar cuestiones específicas” para atender a un sector de la población con “necesidades básicas insatisfechas”.

Los Consejos denunciaron “un vasto desconocimiento de las ordenanzas” y de otras normas que “no se ponen en práctica ni se reglamentan”. Además, señalaron “prácticas autoritarias”, maltrato y violencia institucional de parte de funcionarios/as.

En cuanto a la precarización laboral, “se hace presente una violación sistemática de los convenios internacionales que garantizan la no discriminación, libertad sindical, derecho de sindicalización y negociación colectiva en el acceso al trabajo, como los de la OIT”.

Finalmente, repudiaron “el desconocimiento y subestimación de los espacios de participación ciudadana” como el Consejo Cultural Consultivo, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia y la Red Local de Violencia de género.

“Evidencian que se busca mantener una gestión municipal unilateral que no quiere abrirse al diálogo con la comunidad ni conocer sus necesidades, mucho menos resolverlas. Basta con citar la conformación de una mesa de concertación social sin incluir al Consejo Local de Niñez y la ausencia del director del Instituto Cultural en las sesiones del Consejo Cultural Consultivo”, afirmaron.

¿Qué demandan?

Luego de detallar los números y problemáticas de cada sector, información que FM De la Calle difundirá en próximas publicaciones, las organizaciones plantean el siguiente listado de exigencias a las autoridades municipales:

  • Ampliación de los recursos públicos destinados a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad.
  • Incorporación de la previsión inflacionaria en la determinación de las partidas presupuestarias municipales.
  • Plena ejecución de las partidas presupuestarias municipales, provinciales y nacionales (algunas sub-ejecutadas hasta en un 100%) en las áreas de la Niñez y Adolescencia, Cultura, Salud, Mujer, Adultes Mayores, Economía Popular y Deporte, transparentando la administración de recursos públicos y reconociendo la participación ciudadana.
  • Acatamiento de la utilización de los Recursos Afectados para evitar el uso discrecional de partidas y la sub-ejecución bajo la constante relativización del presupuesto como herramienta político-económica.
  • Inversión en la infraestructura de edificios municipales como Comedores, Jardines, Hogares de Abrigo, Teatro Municipal, Museos, Salas Médicas, Delegaciones barriales y Hospital Municipal y garantía de las condiciones para evitar la pérdida de accesibilidad o privatización de estos espacios.
  • Declarar la Emergencia en Niñez solicitada por el Consejo Local de la Niñez y destinar los recursos necesarios para cubrir las necesidades insatisfechas, y conformar una Mesa Técnica integrada por trabajadores/as del Servicio Local, sus Coordinadores/as y el Consejo Local de la Niñez y Adolescencia. Con el fin de lograr:
  1. Revisión y compromiso en la conformación de los Servicios Locales y reclamo por los EOE, asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento.
  2. Sostenimiento en la calidad y cantidad necesarias de los productos alimenticios destinados al área de Niñez.
  3. Detener la sustitución de las tarjetas sociales por bolsones de alimentos y la individualización de les solicitantes y reactualización de los montos asignados.
  4. Cumplimiento de los programas previstos por la Ley 13.298.
  5. Por la efectivizarían de la Sede Local para el Sistema de Responsabilidad Juvenil en un centro de contención digno en la ciudad.
  • Cultura:
  1. Conformar una Mesa de Negociación Colectiva que reúna al Poder Ejecutivo (con presencia de la Secretaría de Economía y Hacienda y las áreas involucradas), a les trabajadores precarizades y sus representantes sindicales y ciudadanes, con el objetivo de corregir las situaciones de precarización laboral en todas sus formas (contratos basura, monotributarización para trabajadores no eventuales, remuneraciones desactualizadas, despidos encubiertos, recategorizaciones pendientes, recorte de horas extras).
  2. Reapertura de los talleres municipales desmantelados.
  3. Reapertura de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.
  4. Reactivación del programa NIDO de los barrios Vista Alegre y Villa Nocito.
  5. Reactivación del programa ENVIÓN.
  6. Reactivación de los talleres de Gral. Cerri.
  7. Sostenimiento de los Talleres del Teatro Municipal durante todo el ciclo lectivo.
  8. Reincorporación de docentes y artistas despedides a sus espacios de trabajo.
  9. Cese de las persecuciones a trabajadores/as.
  10. Exención automática de la tasa de buhoneros para docentes, como está asentado en el artículo 144 inc. B) de la Ordenanza Fiscal 2018.
  11. Cumplimiento de las ordenanzas de Espacios Culturales Independientes y Eventos Permanentes y funcionamiento acorde a la reglamentación impulsada por la comunidad artística organizada.
  12. Garantía para la realización de los corsos céntricos y barriales.
  • Área de la mujer:
    • Inversión y asignación de recursos para la Red Local de Violencia de Género y el Consejo Local de la Mujer.
  • Compromiso y acción del Ejecutivo y el Legislativo municipales, para articular con políticas públicas provinciales y nacionales en la defensa de los derechos básicos afectados:
  1. Niñez y Adolescencia: Ejecución de las becas y programas provinciales en todas las áreas involucradas.
  2. Cultura: Inversión para los Organismos Artísticos del Sur (Orquesta, Coro y Ballet), presupuesto para programación, infraestructura, realización de concursos de estabilidad para la cobertura de cargos vacantes hasta alcanzar el orgánico correspondiente, designaciones y recategorizaciones pendientes, pago de sueldos adeudados, etc.
  3. Salud: Contratación de personal calificado necesario e inversión y mantenimiento en infraestructura e insumos en el Hospital Penna.
  4. Educación pública:

o Inversión en infraestructura de los establecimientos educativos públicos.

o Aplicación del boleto estudiantil gratuito para todos los niveles.

o Defensa de las fuentes y condiciones laborales de les docentes de Artística, Educación Física, Inglés y EOE, ante las autoridades provinciales.

o Acompañar el reclamo por la reapertura de los Bachilleratos de adultos.

o Transparencia en la ejecución del Fondo Educativo y restitución de la Comisión de Seguimiento.

o Acompañar el rechazo a la reforma de la educación técnica.

Fotos: UMSur.

Mirta Millan, integrante de la Comunidad Mapuche Urbana de Olavarría Pillan Manke participó de una Jornada Intercultural promovida por la UNS en la cual se presentó el libro “Buenos Aires Indígena”, editado por la Comisión Provincial por la Memoria. Además, pasó por los estudios de FM De la Calle.

Millán contó que el libro “es un material inédito, lo trabajamos con Inés Rosso, que es licenciada en Geografía. Empezamos a trabajar con mapeos desde nuestra propia lógica y desde nuestros territorios actuales porque los mapas que existen no dan cuenta de los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires. Logramos en varias etapas llevarlo concretamente a un libro bajo la posibilidad mancomunada de la UNICEN,  la Comisión Provincial por la Memoria y la Mesa Autogestionada”.

La Mesa Autogestionada en Educación Intercultural fue fundada hace seis años y su carácter itinerante “es lo que le dió mucha vitalidad. No perder el foco que son las políticas públicas las que tienen que quedar para las generaciones actuales y las que vienen.  (…) Es importante ver el pantallazo que se plantea en América Latina. Tenemos países que están a años luz de nosotros porque se están planteando, por ejemplo, como lengua en segunda instancia el castellano cuando nosotros perdimos nuestros idiomas originarios, es el caso de Panamá, de Ecuador”.

“En provincia de Buenos Aires recién es la visibilización, o sea, hablar que hay poblaciones originarias o afrodescendientes. Más allá de que acá exista normativa no se aplica. La interculturalidad está contemplada en normativas internacionales porque Argentina ratificó el convenio de la OIT, también en lo que es la Constitución Nacional y  Provincial y la Ley de Educación Federal también lo contempla”.

Consultada sobre los cambios político-culturales luego del caso de Santiago Maldonado, Millán comentó que “sucedió lo que dijimos: Santiago Maldonado era un emergente de lo que iba a suceder a posterior, en función de las políticas represivas del Estado, la militarización de los territorios y la aplicación de la ley antiterrorista haciéndose eficaz a través de causas armadas a nuestros hermanos y hermanas”.

“Después sucedió lo de Rafael Nahuel, sucedió lo del allanamiento en el Pu Lof y en Vuelta del Río… Entonces, lamentablemente se dio lo que habíamos pensado y enunciado en un primer momento. Estamos viviendo un escenario político muy complejo, un escenario en el cual estamos viendo que los derechos han sido totalmente avasallados, sobre todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Hay intereses de trasnacionales, convenidos con el Estado nacional y provincial y es muy difícil poder llevar a cabo esos intereses si hay indígenas en el medio. Esta es la resistencia y creo que no sólo nuestra resistencia, sino que es en toda América Latina”.

La dirigente mapuche opinó sobre el debate que llevaron las mujeres originarias al Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew para darle el carácter pluricultural. “Sabíamos que iba a haber participación pero no tan masiva (…) en toda situación de fricción una puede quedarse con el mero relato pero, sin embargo, queríamos trascender. Se logró y la verdad que fue contundente.  Y lo emocionante fue en la marcha, primero que tuvimos la posibilidad, solidariamente y a conciencia, que las compañeras de la Ola Verde nos cedieran el espacio para poder marchar y lo emocionante fue  ver cómo nos esperaban gritando ¡este es territorio ancestral mapuche!”.

Respecto al reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, Millán afirmó que como comunidad “asumimos el pañuelo verde entendiendo que es un contexto en el cual muchas mujeres mueren por aborto clandestino y son las más vulnerables y, entre ellas, nuestras propias hermanas en lugares como villas, Chaco, Salta o acá mismo en la provincia de Buenos Aires”.

“La verdad que eso lo asumimos y lo defendemos mas allá que desde el punto de vista de la salud de los pueblos originarios teníamos todo un conocimiento que teníamos que recuperar, que está, que es el cuidado con el cuerpo y el tema de tener medidas preventivas ante el embarazo que, a raíz de toda ésta colonización y consolidación del Estado, se prohibió”, concluyó.

La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) declaró en estado de emergencia al sector que incluye 131 publicaciones autogestivas tras analizar la crítica situación expresada en el marco de su asamblea anual en la que se vio reflejado el impacto de la crisis económica en los medios que editan publicaciones impresas. AReCIA advirtió que la situación encierra una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo autogestivo.

Según el reciente censo realizado por AReCIA, las publicaciones registraron un aumento promedio del costo de impresión por ejemplar del 60 por ciento. El papel subió un 79 por ciento en sólo seis meses (hasta agosto), superando la devaluación del peso argentino respecto del dólar, que en el mismo período acumuló una suba del 61 por ciento. Además, al estar los soportes web atados al valor dólar, también se genera una instancia de incertidumbre a la hora de planificar la sostenibilidad de los medios.

La encuesta realizada a las publicaciones asociadas entre fines de mayo y principios de junio reveló que las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 por ciento de los títulos.

Entre las revistas que aún siguen publicando el panorama también es amenazante: todas aseguran haber sufrido -en los últimos meses- aumentos en los costos de producción.

? Un 66,6 por ciento registró aumentos en los servicios de agua, gas y luz.
? Un 59,5 por ciento, en gastos de conectividad (teléfono e Internet).
Los editores también informaron aumentos en alquileres, transportes, correo y servicios profesionales contratados.

En lo que se refiere a la impresión, el golpe de los costos es aún más claro:

?? El 50 por ciento de las revistas redujo su tirada.
?? El 25 por ciento redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión.

Las ediciones que no modificaron calidad de impresión ni cantidad de páginas sufrieron aumentos en los costos de impresión que en algunos casos llegan al 500 por ciento. AReCIA confrontó costos por ejemplar informados por cada publicación en su último censo, en agosto de 2017, con los de mayo de este año. El aumento promedio fue casi del 67 por ciento en 9 meses.

? AReCIA exige a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales, y en especial a los funcionarios del área de Cultura, que brinden una respuesta ante el estado de emergencia en el que se encuentran las publicaciones gráficas autogestivas de todo el país, en tiempos de creciente concentración y monopolización de los medios de comunicación, con los riesgos que ello conlleva para la existencia de una genuina libertad de expresión.

La situación implica, a su vez, una amenaza para la vida democrática.

Las propuestas:

1. Reparto equitativo y transparente de la pauta pública.
2. Acceso igualitario y protegido al precio del papel, principal insumo del sector.
3. Eliminación del 2,5% de IVA a las publicaciones.
4. Posibilidades de crédito sin tasas usurarias.
5. Democratización del circuito de distribución.

Fuente: Hamartia.

(Por Giuliana Crucianelli) Una reja separa la puerta de la calle, cintas de colores conforman una guirnalda que cuelga sobre la entrada y, a la izquierda, un cartel dice: “Escuela Primaria Nº37”.

Pregunto por el director y me dicen que entre por el otro lado. Hay un timbre que no anda y muchos adolescentes correteando por el patio. Llegué justo para el recreo. Me recibe Malvina, la secretaria, quien está firmando actas en un aula llena de monitores de computadoras que no andan. Me dice que el director está en el Consejo Escolar pero que me va a atender ella.

“En un rato va sonar el timbre y no hay comedor para todos. Es durísimo para las preceptoras decidir quiénes tienen más hambre”, comenta cuando le pregunto cómo van las cosas. A la 37 asisten 150 pibes y pibas de secundario y 200 de primaria. Sin embargo desde el servicio alimentario del Consejo Escolar brindan solo 25 cupos de 21 pesos diarios.

“La respuesta de veces anteriores es que quizás el año que viene, pero que este año ya no nos van a dar más cupos”, me dice Malvina detrás de los anteojos que se saca y se pone para leer las planillas de los chicos.

Tan solo veinte cuadras separan la escuela del centro de la ciudad pero, según las docentes, su alumnado no es del barrio sino que viene caminando desde lugares más alejados. “Nosotros les decimos que preferimos que vengan tarde antes que no vengan. Pero tenemos esa otra dificultad, no tenemos una ayuda para la carga de la Sube de los pibes. Los chicos vienen cuando pueden y con sus propios recursos”.

Le pido a Malvina que me lleve a recorrer la escuela. Vamos al comedor y allí está María del Carmen. Hace 19 años que cocina en comedores escolares y hace cinco que lo hace en esta escuela. Para las chicas y los chicos es “la tía”, la que hace el arroz con arvejas o el guiso del mediodía. “Siempre están halagando la comida, me preguntan si yo cocino con amor y yo digo que sí. Lo mismo que le hago a mi familia lo hago acá para ellos”.

Hay hechos que funcionan como metáforas, dijo Liliana mientras entraba para conversar. Es la profe de Prácticas del Lenguaje, quien en  21 años vio pasar de todo pero ahora los pibes le piden plata para ir a comprarse una galletita para el recreo. “El rendimiento disminuye notoriamente. La situación del país hace que los papás no tengan trabajo, hace que los chicos vengan con hambre, que ya no haya plata para comprar libros”.

Suena el timbre para entrar a comer, 25 afortunadxs que hoy se van a sentar a la mesa a saborear el pastel de carne que hizo “la tía” después de la clase de la profe Lili. Se abre la puerta y lentamente se acercan a las mesas. Cuando terminan preguntan si pueden llevarse las naranjas del postre. Más adelante, cuando me esté por ir, voy a ver a ese mismo nene darle esa naranja a su hermano menor.

“Están de cuerpo presenten pero la mente no está despierta para atender a la clase”, dice Malvina.  “Están como cansados, no tienen la energía que tiene otro adolescente y eso es por la mala alimentación. No solo ahora sino que probablemente haya sido en su primera infancia también”.

Durante la recorrida vamos al patio donde hay un mural que dice: “La educación abre caminos”. Malvina dice que allí están las aulas del secundario, que este año abrieron un cuarto pero “con el riesgo de cerrar el primero”.

“Lo defendimos a capa y espada en conjunto con los gremios docentes que nos dieron una mano muy grande para que se entienda la realidad de los chicos. Y finalmente tenemos los dos primeros. Pero el año que viene no hay más aulas, no hay milagro posible. Al no tener aula, si abrimos el quinto vamos a tener que cerrar un curso”.

Saludo a las profes, a Malvina y voy hasta la parada del colectivo de la esquina. Un profe le dice a un pibe de unos 10 años que no se enoje porque un amigo le dijo que era aburrido, que es un juego y que nunca se lo diría para hacerlo sentir mal. La mamá del nene escucha atentamente mientras come una naranja. El chico abraza al profe con una sonrisa amplia. Viene el colectivo.


A instancias del directorio del Hospital Municipal, avanza la creación de una Fundación que se propone promover investigaciones, organizar capacitaciones para el personal profesional y no profesional y “dar apoyo” a la atención sanitaria del principal centro de salud bahiense.

Según el estatuto, “será dirigida, administrada y representada por un Consejo de Administración formado por nueve miembros” con un mandato de cuatro años y un Comité Ejecutivo de tres integrantes rentados.

La propuesta ya se discute en el Concejo Deliberante donde la oposición evalúa requerir modificaciones al texto original del proyecto. Desde la CTA denunciaron que es “el primer paso hacia la privatización de la salud en Bahía Blanca”.

Gisela Ghigliani, concejala por Unidad Ciudadana e integrante de la comisión de Salud, comentó a FM De la Calle que “ninguna fundación puede arrogarse la potestad de contratar personal, generar servicio, esa debe ser la política publica de salud. Mucho menos, que el municipio pueda disminuir la asignación de presupuesto basándose en el supuesto de que existan quienes donen o sean los benefactores aportando en esta fundación. Estaríamos corriendo al Estado de una función central”.

El miércoles pasado autoridades del hospital y concejales de Unidad Ciudadana, de PJ- Cumplir y del Frente Renovador se reunieron para analizar la propuesta. Según afirmó Ghigliani la fundación serviría para “que ingresen recursos que siempre desde el Estado son finitos, por ejemplo para infraestructura, para poder finalizar quirófanos”.

Consultado por FM De la Calle, el secretario de Salud comunal, Claudio Pastori, rechazó hacer declaraciones y advirtió que “es una decisión de la dirección del hospital”. “Me parece que hay que tener una opinión por más que sea una política del hospital. No está por fuera de la política pública de la ciudad”, dijo la concejala.

“Para esta ciudad, el Hospital Municipal es un orgullo. Cualquier/a bahiense/a sabe que, más allá de su condición económica, puede contar con ‘el Muni’ cuando su estado de salud lo requiera. En otras palabras, el derecho la salud a través del sistema público es un tema del cual los/as bahienses/as, más allá de las falencias, tenemos motivos para reivindicar”, afirmaron desde CTA.

Agregaron que “ese modelo de salud sólo puede funcionar de esta forma si permanece en el ámbito de lo público, sin influencia del sector privado. La Fundación, en cambio, abre la puerta a que los intereses de las empresas que lucran con lo que debería ser un derecho comiencen a virar el timón hacia otras prácticas”.

 

Fernando Romero Wimer es profesor y licenciado en Historia y magister en Desarrollo y Gestión Territorial por la Universidad Nacional del Sur. Hace más de cuatro años da clases en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidade Federal de Integração Latino-Americana (UNILA) de Foz do Iguaçu.

Tras la victoria de Jail Bolsonaro, aseguró a FM De la Calle que “no es ajena a América Latina la gravedad que representa para el futuro de los derechos sociales, laborales y para la educación pública el triunfo de una política de corte fascista en Brasil”.

Romero comentó que “en la semana previa a la elección ocurrió una intervención de la policía a las universidades interrumpiendo clases, disolviendo asambleas, pidiendo el retiro de banderas que estaban en defensa de la democracia y planteaban la lucha contra el fascismo. Anoche el movimiento Escola Sem Partido, un movimiento de derecha que llama a los estudiantes y a sus padres a denunciar el adoctrinamiento en las escuelas, llamó a que los estudiantes graben a sus profesores y los denuncien porque seguramente, después de la derrota de Haddad, iban a estar con mucha ira y se iban a exponer públicamente. En horas de la mañana pidieron lo mismo y ahora se abrió un canal de denuncias”.

“El futuro es preocupante porque incluso las acciones de la última semana ya demostraban que Bolsonaro gobernaba de hecho y las amenazas y las acciones de agresión están a la orden del día. Ya se registraron algunas muertes, en Fortaleza el jueves fue violada una joven negra, previamente amenazada de que iban a echar -textuales palabras- “a todos los monos de la universidad”, para hacer referencia a la población negra. El presente y el futuro se vislumbran sombríos”.

Jair Bolsonaro ganó este domingo la segunda vuelta electoral en Brasil al obtener el 55,1% de los votos contra el 44,9% registrado por el candidato del PT, Fernando Haddad. “Hay un 10% del electorado que se manifestó con voto nulo o abstención y hay un 20% que estuvieron ausentes. Claro que hoy es una mayoría explícita en el terreno electoral pero esto también abre algunos interrogantes del devenir de la conflictividad social y política en Brasil”.

-¿Cómo fue posible la victoria de Bolsonaro?

Yo realicé algunos análisis con mayor amplitud de cómo venía siendo el retroceso del Partido de los Trabajadores. De forma sintética podría decir que en términos de las responsabilidades propias de las fuerzas progresistas y de izquierda, hay algunas en torno a las políticas efectuadas en términos de las alianzas, de las concesiones al capital e incluso a las fuerzas conservadoras, cierta pérdida de base territorial y de trabajo más localizado en las bases y, fundamentalente, las tácticas políticas que tiene que ver con mantener esos lazos estrechos con los movimientos sociales que en su momento permitieron el ascenso de la izquierda en Brasil y a nivel latinoamericano.

Por otro lado, el avance de lineamientos utrareaccionarios se derivan en parte como una respuesta anti izquierda, anti PT, que manifestó el electorado pero también el desarrollo de mentalidades ultraconservadoras en las cuales se asumió que las prácticas de izquierda eran venales, corrompidas, fundamentalmente el desarrollo en términos ideológicos de lo que fue este movimiento Escola Sem Partido, el desarrollo del Movimiento Brasil Livre que comenzó a denunciar al gobierno Dilma pero que en su contenido de fondo impulsaba políticas neoliberales y de derecha. Y después el apoyo del evangelismo que plantea una idea de progreso en términos de la conversión de los fieles, de la curación por la fe, que sirvió para estimular el voto a Bolsonaro y que está presente en las iglesias evangélicas diseminadas por las favelas y cierta ausencia de la presencia social de las fuerzas de izquierda en los mismos territorios populares.

Romero agregó como causales de la derrota de Haddad “el trabajo a través de noticias falsas en redes sociales, la influencia del imperialismo en la guerra híbrida, que no es directa pero hace un trabajo de desgaste de la sociedad para colocarla enfrente a propuestas progresistas populares y de izquierda”.

Consultado acerca de su situación como profesor de la Universidade Federal de Integração Latino-Americana, comentó que están “muy atentos al día a día, el anuncio para las universidades es como mínimo de arancelamiento”.

“La mayoría de los profesores críticos están muy preocupados así como los integrantes de minorías sociales -negra, indígenas, LGBT-, hay muchos que sabemos que podemos estar en la mira de estas políticas”.

“Es una realidad sombría y es para reflexionar lo que han sido en América Latina las leyes antiterroristas, que incluso fueron aprobadas por gobiernos progresistas. Porque algunas reflexiones que se hacían en aquel momento era que las listas negras de las dictaduras se escriben en democracia y realmente para nosotros es un panorama que no pensábamos que íbamos a vivir. La realidad cambió radicalmente”, concluyó.

Foto: Hamartia.

Jair Bolsonaro coronó este domingo el triunfo fascista en Brasil al obtener el 55,1% de los votos en la segunda vuelta frente a Fernando Haddad, el candidato del PT, quien se quedó con el 44,9% de los sufragios.

Horas antes de la votación, el director de la Izquierda Diario, Fernando Rosso, participó en Bahía Blanca en la charla “Cómo enfrentar a Bolsonaro y la derecha en Brasil” -organizada por la Agrupación Tesis XI en el Departamento de Humanidades- y conversó con FM De la Calle.

El portal de noticias “La Izquierda Diario” tiene ya cuatro años de trabajo digital y se ha posicionado como fuente de consulta de muchos sectores organizados. Rosso comentó cómo surgió el periódico digital: “Si dejamos que solo la derecha utilice los medios más avanzados, como por ejemplo está haciendo ahora Bolsonaro en Brasil, con lo que hizo con las redes sociales, con whatsapp, las fake news, y nosotros nos quedamos en lo conservador de la tradicionalidad de la izquierda, sin cambiar necesariamente, ni las ideas, ni el programa, ni la estrategia y buscamos llegar… (…) Estamos entendiendo que cuanto más masivo no es que aggiornas el discurso pero sí tratás de no hablar en la comodidad de la zona de confort, de la jerga”.

Respecto a la situación de la política actual, Rosso adjudicó parte del avance de las políticas del macrismo a quienes le otorgan gobernabilidad al actual gobierno, entre los que también se encuentran, según él, la mayoría de los sindicatos.

“Hay que trabajar sobre los sindicatos para pensar cómo es la relación entre las conducciones y las fuerzas en Argentina. La diferencia que tenemos con Brasil, es que vivimos un momento sindical, que pese a todo el retroceso que tuvo el movimiento sindical en el mundo, hay una relación de fuerza que se le hace mucho más difícil a Macri, que si pudiese en términos de programa  económico  sería  como el de Bolsonaro o más y no puede.  Me parece que hay que pensar qué utilidad se le da a esas organizaciones porque pensando sólo en términos electorales  o parlamentarios Macri hasta ahora sigue avanzando”.

El periodista y conductor del programa de radio “El Círculo Rojo”, el cual se emite todos los domingos por Radio con Vos, afirmó que hay un sector empresario que comienza a soltarle la mano al actual presidente:  “No porque no tenga acuerdo con lo que Macri plantea, sino porque no creen en la capacidad de lo que pueda hacer”.

“El 17 de octubre  estuvo el aniversario en Tucumán y ahí sectores empresarios como por ejemplo Hugo Sigman, que es dueño de un oligopolio de laboratorios acá y en el mundo, Daniel Vila de América y otros de los que participaron… empezaron a poner fichas en la posibilidad de lo que llaman un ‘peronismo racional’, es decir alguien que gobierne bajo la perspectiva que dejó planteada Cambiemos pero que pueda hacer las cosas: que pueda hacer la reforma laboral, que pueda hacer un ajuste negociado, que pueda menemizarse. Insisto no porque no lo apoyen, sino porque creeen que se está debilitando demasiado y un segundo gobierno agónico de Macri puede ser peligroso para la estabilidad”.

En este sentido, analizó los antecedentes de la llegada de Bolsonaro a Brasil y el avance de la derecha. “Las causas son múltiples y ninguna es despreciable. Si las democracias en general tienen muchas distorsiones, en el caso de Brasil es una cosa distinta. Hubo un golpe institucional que destituyó a Dilma Rouseff en 2016, hubo una gran operación que es la Operación Lava Jato que la encabeza el juez Sergio Moro  y que juzga a unos y deja libre a otros (…), después se dio la proscripción del principal candidato que tenía el 40%  de intención de votos según las encuestas, que es el caso de Lula, (…) todo eso fue favoreciendo a Bolsonaro, más los medios y las fake news”.

“También hay una desilusión sobre todo con lo que fue el segundo gobierno del PT de Dilma, que había empezado un ajuste importante que se expresó en jornadas como las del 2013, manifestaciones en la calle… y que si uno va al núcleo, el motivo de fondo de muchos de los votantes es económico. Nosotros lo vemos y no lo podemos creer, pero tampoco es una tendencia tan loca: estaba Trump, está la derecha italiana; hay como una bronca con los sistemas políticos tradicionales, no necesariamente reaccionaria de conjunto. La gente que ve la corrupción, que la pasa mal y que ve que se enriquece,  tiene una bronca justa. Después si no hay salidas progresivas es muy probable que terminen canalizadas por demagogos de este tipo ¿no?”.

Rosso aseguró que el modelo de Bolsonaro para Brasil “desde el punto de vista económico propone un neoliberalismo radicalizado. Paulo Bede que es el que va a poner como ministro de Economía estudió en el Chile de Pinochet la economía ultra neoliberal. Además propone privatizar un montón de las empresas estatales que quedan en Brasil. Para el tema laboral propuso derecho con trabajo o trabajo sin derechos; propuso declarar como terroristas al MST y al Movimiento Sin Techo”.

“Y no sé si va a poder hacer todo eso, porque una narrativa de Estado de ese tipo puede desatar en términos clásicos una lucha de clase peligrosa para el orden, por lo cual, quizás lo quieran contener las propias Fuerzas Armadas, que algunos dicen que tienen intereses más nacionalistas, o el propio poder judicial que está manejando como árbitro el régimen político y no quiere largar eso. (…)  Lo que Bolsonaro haga depende de cuánta organización y cuánta resistencia haya”.

El Senado bonaerense aprobó la media sanción al proyecto de ley de Alcohol Cero. La norma prohíbe el consumo de alcohol para conductores menores de 21 años y principiantes y agrava las sanciones para conductores/as con registros superiores a los 0,5 establecidos por la normativa vigente.

La inciativa reunió los proyectos de Federico Susbielles (UC) y Walter Lanaro (Cambiemos). El bahiense explicó que “aunque nuestra propuesta inicial contemplaba el ´alcohol cero´ para todos los conductores, entendemos que el corte a los 21 años pedido por Cambiemos es al menos un primer paso, sobre el que podremos volver en el futuro cuando las cifras de siniestralidad demuestren una baja que es previsible, y entonces todos entendamos que beber y conducir es una irresponsabilidad a cualquier edad”.

“Esta ley no busca mayor punitividad sino que apunta a lograr un cambio cultural. Queremos lograr algo similar a lo que sucedió hace 15 años cuando se aprobó la ley contra el tabaquismo porque hoy vemos que a nadie se le ocurre fumar en un lugar cerrado”, dijo.

En cuanto al próximo debate en la Cámara de Diputados, Susbielles manifestó que “sabemos que no es fácil, que hay presiones y que hay llamados para que esta ley no salga, por eso le pedimos a los diputados de todos los bloques que se mantengan firmes, porque estamos defendiendo la vida de los ciudadanos bonaerenses”.

La familia de Facundo Sacoccia y otras víctimas del tránsito de la provincia presenciaron la sesión.

¿Qué establece el proyecto de ley?

-Conductores/as principiantes y menores de 21 no podrán tener alcohol en sangre

-Ordena sanciones para quienes infrinjan la ley:

A) arresto.

B) inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría y para conductores/as con licencia habilitante, se retiene la misma.

C) multa: cuando la infracción sea por conducción con nivel de alcoholemia en sangre, el monto de la multa se incrementará.

D) concurrencia a cursos especiales de educación vial, su incumplimiento triplica el valor de la multa.

(Por Astor Vitali) Como se sabe, en la aprobación de presupuesto se define en números cómo será favorecido o atacado cada sector social. La jornada de ayer fue el ABC del manual de la vieja política: números herméticos, un dictamen votado a ciegas, acción de los servicios de inteligencia para distraer, funcionalidad de diputados opoficialistas para rotar el eje del debate y, finalmente, aprobación express bajo una jornada represiva pero aprobación bajo el estado derecho al fin (aunque para todxs resulte una parodia).

Vos dirás ¿cómo aprobación express si debatieron 20 horas? Es que más allá de la puesta en escena de la cámara baja y su transmisión online, hay que decir que la última versión del presupuesto 2019 fue entregado a cada bloque la noche anterior al día de debate. Quienes dicen, por derecha, que hay que dejar de ser un país bananero ¿cómo sostienen esto? Necesitaban aprobarlo sin mayores discusiones para tener media sanción en el tiempo acordado con Lagarde. De un día para otro ningún diputado puede arrogarse haber analizado el presupuesto.

Que el oficialismo esté haciendo los mandados al FMI así como a las familias enriquecidas a costa del saqueo al pueblo no es sorpresa. Tal vez tampoco debería sorprender, pero no por eso deja de joder, que ninguno de estos pasos aplicados por el oficialismo sería posible si dentro del opoficialismo no desplegaran ese juego perverso entre opositores “duros” y “serios”.

El sector “duro” sería el que denuncia todo y el “serio” el que vota el presupuesto para sostener la “gobernabilidad”. Esta división es tan cómoda como cínica y ofrece como resultado la funcionalidad al proyecto Cambiemos en connivencia con el de quienes tienen la manija a nivel trasnacional.

Ni Lousteau se cree ese argumento de que “hay que votar el presupuesto porque si no ejecutan discrecionalmente el del año anterior” porque el cómo resolverá el gobierno los problemas en los que él mismo se mete no es un problema de la oposición que fue votada, en este esquema de democracia epidérmica, para frenar las medidas que aparecen como “excesos”.

Quienes votan el presupuesto tal como está votan el proyecto oficial, ni más ni menos, y no fue para eso que han recibido el favor del sufragio opositor.

No son excesos, ni son oposición. Al igual que la reforma previsional, el congreso de la democracia sesiona y es parte del mismo estado que reprime fuera de los pasillos palaciegos. Esto no es legislar desde y para el pueblo: esto es imponer para el FMI y el proyecto de Cambiemos (que no deja de ser una alianza donde además del macrismo explícito participan la UCR y el partidito un poco de Carrió y otro poco de la Embajada).

No hay errores ni excesos en esta política. Son lo que son. Militantes del proyecto político Cambiemos con al menos dos objetivos claros: llevar adelante una transferencia de recursos económicos de los sectores menos pudientes a los más pudientes y avanzar lo más posible en la construcción de una subjetividad contemporánea sin perspectiva de pueblo y mucho menos clasista en el que la gente sería una suma de individuxs en igualdad de condiciones (¡!) que compiten (¡!) y trabajan para mejorar (¿?) a diario a través de su esfuerzo personal.

En este sentido, podemos decir que la reforma laboral ya está en ejecución, al margen de que no se haya aprobado su ley. Masivas monotributarizaciones, ataque sistemático a las organizaciones gremiales, pase de Ministerio a Secretaría de Trabajo, no otorgamiento de inscripciones gremiales simples ni personerías y campañas mediáticas que evangelizan acerca del discurso del emprendedurismo.

Cualquier acción que tienda a legitimar en el marco democrático estos dos objetivos centrales, como la aprobación del presupuesto y la relativización en el discurso de la defensa de las organizaciones de la clase trabajadora, convierte a quien las realiza en oficialista de hecho, más allá de palabreríos para el Instagram.

Claramente, para quienes buscamos justicia social, el cuestionar la parodia de la democracia que protagonizan estos mamarrachos profesionales que ofician de políticos, no es construir el clima de un discurso contra la política. Ese razonamiento dice que si la democracia no sirve entonces que venga alguien con mano fuerte. Y esa historia ya sabemos cómo termina. Pero lo que sí está claro es que las estructuras políticas con representación legislativa mayoritariamente se representan a sí mismas y sus negociados.

Diputado transero, dígame ¿qué pasa por su cabeza cuando negocia por alguna nimia dádiva, comparado con lo que se juega en el presupuesto, el hambre estructural? ¿Qué tan lejos de su prójimo tienen que estar su cabeza y su espíritu para aceptar una transa personal o para “los suyos” en alguna oscura oficina? Usted representa sus propios intereses y no los de sus votantes.

Por ende, no es a la política a lo que aparece como cuestionable sino la evidencia de que este esquema de funcionalidades garantiza la gobernabilidad y además el detalle de los designios macristas. Es decir, hace falta otra representatividad política que no se parezca en nada a las construcciones políticas opositoras que dicen que no en el discurso pero asienten con su voto.

Por derecha, tienen claro el descontento general de la sociedad con la política tradicional. Tal desencanto que se votó el presupuesto y, más allá de las organizaciones tradicionales de lucha, en la calle sigue todo más o menos igual. Por izquierda, entonces, cabe preguntarse cómo ganar ese espacio de desencanto con los políticos de pacotilla a la seducción de una herramienta que recoja la desazón y la transmute en proposición desde abajo.

El sintagma déficit cero debería traer a la memoria del pueblo argentino, a la memoria a corto plazo, la foto del ajuste estructural de De la Rúa y su consecuente represión. La diferencia, propuesta por el Fondo, de ajustar con inversión en materia de contención social constituye una diferencia que no alcanzará para contener el malhumor general.

El término clase política siempre me pareció despreciable, ya que no hay tal cosa sino políticxs que emanan de clases sociales determinadas. Pero la parodia de debate democrático de ayer merece al menos el mote de secta política de la que son parte decenas de personas que le hablan al “señor presidente” de la cámara a sabiendas de que no están realizando ninguna acción política concreta en favor de su pueblo sino, por el contrario, construyendo el escenario necesario para que Cambiemos diga en el exterior lo que finalmente ha ocurrido (gracias a ustedes): lxs representantes del pueblo votados democráticamente para defender sus intereses en el máximo órgano de debate político han aprobado la construcción de una gran guadaña sobre la que descansará el cuello de las clases medias y populares de Argentina: el presupuesto 2019.

Desde nuestras redes de radios, canales de TV y otros medios comunitarios denunciamos el nuevo recorte brutal que el proyecto de Presupuesto infringe al Fomento legalmente establecido por ley 26.522, agravando a una escala inédita la millonaria deuda que el Estado arrastra con el sector.

Hasta acá, el incumplimiento venía dándose por tres vías: asignando menos de lo que la ley indica; ejecutando menos de lo asignado vía rechazo de proyectos con argumentos absurdos o inexistentes en reglamentos; y estirando meses y hasta años las definiciones y pagos con procedimientos complicados y engorrosos. Esto viene acumulando deudas por: 35 millones de concursos ganados y nunca pagos de 2015, 58 millones de concursos no adjudicados en 2016, 160 millones de concursos todavía en proceso de 2017, 300 millones correspondientes a concursos 2018 aún no abiertos y varios cientos más por diferencias acumuladas entre lo dispuesto por la ley y lo asignado año tras año.

Esta es la primera vez que a todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior: de 180 millones asignados en el Presupuesto 2018 (contra 300 que correspondían por ley, según recaudación del gravamen a la comunicación audiovisual del año anterior), bajamos a 140 millones para este ejercicio (sobre una recaudación que va a ser obviamente mayor, que el acumulado 2018 es de 258 millones faltando todavía 3 meses).

Esto constituye: una burla a los compromisos asumidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) luego de muchas manifestaciones y “mesas de diálogo” que son inconducentes sin recursos; una expresión más del vergonzoso Presupuesto del Ajuste dictado por el FMI; un nuevo ataque al Derecho a la Comunicación y la pluralidad de voces que la ley debe garantizar con este mecanismo; y el agravamiento de un incumplimiento sistemático de esta ley por parte del propio Estado y sus funcionarios, reteniendo o usando para otros fines fondos de asignación específica, lo que es un delito.

Reclamamos:

-A legisladores y legisladoras que no convaliden este nuevo atropello, ni el vergonzoso proyecto de Presupuesto del FMI que lo contiene junto a muchos otros más

-Al gobierno nacional y las autoridades del ENaCom, organismo de aplicación de esta ley y esta política pública, que cumplan los compromisos asumidos y la ley sin más trampas ni dilaciones.

Espacio InterRedes:

Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) / Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) / Red Colmena (Cooperativas de Trabajo-CNCT) / Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

El fiscal Antonio Castaño manifestó su bronca en FM De la Calle tras las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y otros dos imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y se mostró confiado en que la Cámara de Casación revoque la sentencia del Tribunal Oral.

El funcionario judicial fue quien realizó junto a su par de la Protex, Marcelo Colombo, la investigación desde 2014 e intervino en la causa hasta su elevación a juicio. “Si en Bahía no hay trata tampoco hay droga”, ironizó al responder dichos de la defensa.

Si bien los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu aún no difundieron sus fundamentos, el fallo estaría basado en “que no existe prueba porque no han podido ser citadas a declarar las víctimas”.

“La idea de los imputados de llevar a juicio a quienes fueron víctimas de este flagelo hace nada más que volver a revictimizarlas. Es imposible que declaren frente a estos personajes que, como todos sabemos, las tienen atemorizadas, las tienen amenazadas, saben dónde viven, dónde se desenvuelven”, dijo Castaño.

Las redes de trata “permiten que esas mismas personas circulen por distintos lugares, cuyos propietarios tienen relación con los propietarios de los demás lugares por donde las víctimas han pasado. Son blanco fácil de poder ubicar”.

Castaño remarcó que entre la prueba “teníamos declaraciones testimoniales brindadas en el ámbito de nuestra Fiscalía Federal con todas las garantías del proceso, porque no solamente he estado yo sino también las defensas de los imputados. Lo que no permitió el tribunal es que esas declaraciones que estaban en forma escrita sean leídas en el debate. Fue a pedido de las defensas, más vale, quieren que las víctimas vayan al lugar y que lógicamente lo que van a declarar no va a ser lo que realmente han pasado”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Para ejemplificar las situaciones de riesgo y las intimidaciones padecidas por las testigos víctimas, recordó que para una de las mujeres cuyo testimonio fue “totalmente contundente en cuanto a la operatoria de Víctor Iglesias” tuvo que solicitarle a la jueza Mirta Filipuzzi una custodia permanente ante su domicilio.

Dicha tarea la asumió la Prefectura, la cual informó luego que durante su tarea “se habían acercado distintos personajes a los efectos de, según ellos, invitarla a comer un asado a esta testigo, personajes relacionados con los imputados de la causa”.

“Esto lógicamente va a ser apelado por el fiscal de juicio, el dr. Santiago Roldán. Hay antecedentes en Casación de estas circunstancias, así que tenemos plena fe con el fiscal de juicio que esto va a ser revertido pero queda la sensación de impotencia tanto mía como de toda la gente que trabajó denodadamente en esta causa”.

El fiscal destacó el poder alcanzado por algunos imputados: “Son personas con mucho poder económico, vinculadas normalmente a cuestiones políticas y enquistados en nuestra sociedad como grandes señores, hoy son empresarios y así se seguirán manejando”.

“Lo de Gutt está comprobado.

Hoy tiene la posibilidad de volver a la Prefectura, es una barbaridad desde todo punto de vista”.

El Tribunal Oral dio a conocer el viernes el veredicto tras prohibir la participación del público y la prensa durante las audiencias. El fiscal Roldán desistió de acusar al dueño de El Gran Chaparral, Martín Vargas, quien recuperó su libertad tras los alegatos. Lo mismo sucedió al día siguiente con Iglesias y el ex prefecto Eduardo Horacio Gutt.

El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

Foto Castaño: De la Bahía.

El intendente Héctor Gay recibirá mañana a integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, quienes reclamaron conocer su posición sobre la contaminación del estuario.

El compromiso fue asumido el lunes cuando el grupo de trabajadores se presentó en Alsina 65 para manifestar su preocupación por la pérdida de su tradicional fuente laboral.

En diálogo con FM De la Calle, el abogado Lucas Beier precisó que pretenden saber si se va a proteger el ambiente del estuario o será “como hicieron hasta ahora: controlar, monitorear pero, pese a los resultados, no hacer más que eso”.

-La Municipalidad es una de las partes involucradas en las causas judiciales, ¿qué expectativas tienen al abrir este otro camino más allá de lo que discuta la justicia?

Desde el primer momento nosotros consideramos que el camino de la gestión administrativa o del Poder Ejecutivo, del Estado, es el más idóneo. No obstante eso, como no teníamos una respuesta en su momento, recurrimos a la vía judicial. Nunca dejamos de plantear la posibilidad de un encuentro o de una gestión directa del Poder Ejecutivo porque, en el mejor de los casos, lo que va a pasar en el proceso judicial es que el juez le ordene al Poder Ejecutivo realizar algo. Lo cual después va a depender del presupuesto, de gestiones, y va a ser prácticamente empezar de nuevo.

Tenemos el caso en Argentina de lo que pasó con el Riachuelo, con la causa donde se creó la ACUMAR, donde pese a la sentencia de la Corte, desde el 2006 hasta la actualidad, está todo igual que antes. Con denuncias penales a los funcionarios por incumplimientos, con sanciones, con multas, pero la contaminación sigue.

Queremos evitar que suceda algo más o menos parecido y, si es posible, acordar algo con la administración que sea posible de cumplimiento y que sea realmente un beneficio. Lo que se puede realizar es: si bien hay una gran cantidad de empresas que están arrojando sustancias que generan un agravamiento de la situación, el mayor problema que tenemos son las cloacas de Bahía, entonces si podemos eliminar esa fuente de contaminación sería una gran mejora para la calidad ambiental. Y un compromiso de las empresas en reducir sus desechos más la eliminación de la cloaca sería un gran beneficio.

-Les van a hablar de los avances de la obra que lleva adelante ABSA…

Una obra importante, sin lugar a dudas. Pero en realidad lo que están tratando ahí son las materias orgánicas, que obviamente generan una gran contaminación, principalmente lo que es la demanda biológica de oxígeno. Pero también por las cloacas van muchísimas sustancias que no son orgánicas, o sea, muchos de los metales pesados que se encontraron en los peces también ingresan por el sistema cloacal.

Entonces, no está ni siquiera en proyecto hacer un tratamiento de esas sustancias y, como te dije, eso sumado al polo petroquímico más grande de Sudamérica que tenemos acá, genera prácticamente una conjunción perfecta para la contaminación.

-Más allá de que el juez no se dé por enterado, ese polo petroquímico más grande de Sudamérica pretende crecer aún más y no hay ningún tipo de reparo al planteo que ustedes hacen.

No, no, es como si no pasara nada. Obviamente lo importante de un juez es la sentencia. Antes, son todas pequeñas medidas que puede tomar y no estamos muy lejos de la sentencia. Ahí es donde realmente el juez se expide y donde el juez emite su dictamen y el juez habla. Pero, más allá de la sentencia, podría haber tomado alguna medida cautelar que la rechazó. Y bueno, del Poder Ejecutivo auspician estas inversiones de empresas del polo petroquímico y nunca se toca el tema de la calidad ambiental que ya hoy es mala y constantemente se sigue agravando. Lo lógico es que dentro de un año esté peor que hoy y así sucesivamente y más aún si el polo petroquímico va a crecer.

-Si el intendente ratifica lo que viene manifestando la Municipalidad en la causa o incluso lo que fueron las declaraciones de la subsecretaria de Gestión Ambiental en cuanto a la inexistencia de riesgo para la salud, ¿hay algún camino a seguir o pretenden ratificar la falta de interés de cambiar el rumbo por parte del municipio?

El paso a seguir nuestro tendría que hablarlo con la gente. Acá hoy principalmente, este pedido de reunión fue porque ya se encuentran en un estado bastante preocupante los pescadores, hablo del estado económico. Se  aproximan las fiestas y ellos ya lo están previendo y para ellos siempre es un problema llegar a fin de año y no tener plata ni para comprar un pan dulce, les afecta muchísimo.

Es una fecha bastante clave y ya me están llamando para decirme ‘Lucas acordáte que vienen las fiestas’, les empieza a agarrar como una desesperación. Sinceramente no hemos hablado, por lo pronto el jueves nos reuniremos con el intendente, va a ir un grupo de 4 o 5 nada más, nos pidieron eso desde la Municipalidad. Y si se puede trabajar en conjunto bienvenido sea y si hacen como hicieron hasta ahora de imaginarse que este conflicto no existe, seguirán ellos tomando las medidas que sean necesarias y yo desde la parte judicial también seguiré insistiendo.

-La subsecretaria Chanampa lo que decía, sintetizándolo a modo de título, es “yo comería sin problemas pescado de la ría’. Ahora, en la circulación de la pericia, la Municipalidad advirtió que hay ciertas alertas respecto a algunas especies por parte del Comité Técnico Ejecutivo, ¿cómo es eso?

Sí. Chanampa, más allá de lo desafortunado y poco político de su expresión, primero se contradice con los informes de la Municipalidad y, segundo, miente. Porque dice que el SENASA controla la presencia de metales pesados, lo cual no es verdad y, además de eso, la propia Municipalidad -no lo hizo público porque obviamente ellos quieren mantener todo lo más oculto posible- pero ya emitió un informe diciendo que las ostras del estuario no son aptas para consumo y recomiendan a toda la población no consumirla. Hoy la ostra invadió prácticamente todo el estuario.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Desde Cerri, Punta Alta, cualquiera puede acercarse a la costa y recoger ostras fácilmente, sabemos que es un alimento bastante rico y supuestamente saludable, entonces muchos se acercaban, las sacaban de la costa y las consumían. Bueno, la Municipalidad desaconseja esto por la mala calidad que tienen y por el peligro que puede implicar ingerir consumir estas sustancias.

Está en el expediente, lo tuvieron que poner como una especie de defensa, como diciendo: ‘la Municipalidad ya advirtió esta situación’. Pero la realidad es que yo me enteré por el expediente, nunca había escuchado de ningún informe ni hablar a Chanampa ni a nadie andar diciendo esto en los medios. Así que sí, es una contradicción grande que tiene la funcionaria y no creo que lo salga a aclarar.

-¿La Municipalidad asegura que lo sabía pero no lo difunde?

Uno de los pilares del derecho ambiental, justamente, es la información ambiental. Como ciudadanos tenemos derecho a la información y el estado tiene la obligación de informar. No sé si recordarás que en 2010 salió a la luz el acuerdo de confidencialidad que tenía el IADO con la Municipalidad. O sea, el IADO no puede publicar nada si previamente no lo autoriza la Municipalidad.

Todo el tema ambiental es muy complejo, sabemos los intereses que hay en juego y por eso tomar una decisión, que el Estado diga ‘esto no va a ser más una reserva natural, acá no se pesca nunca más y va a ser un basural’… Bueno, que tomen la decisión y después se verá, pero la realidad es que no hacen ni una cosa ni la otra, ponen como pantalla eso del CTE, los monitoreos, los controles que todos sabemos no sirven para nada.

Lo sabemos con certeza científica porque después de 20 años de controles los resultados dieron 40 veces por encima de lo permitido, entonces los controles sirvieron para poco. No sé si la decisión del Ejecutivo hoy es continuar así o realmente cambiar un poco el rumbo.

Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.

El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.

“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.

Miguel Ángel Palazzani.

Miguel Ángel Palazzani.

Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.

Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.

Mario José Bilesio.

Mario José Bilesio.

 

Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.

“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.

El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.

Arturo María Quintana.

Arturo María Quintana.

Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.

Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.

El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.

En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.

Antes de la lectura de los alegatos, un conjunto de organizaciones realizaron un llamamiento para que “la explotación sexual no quede impune y que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas”.

Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.

Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.

Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.

Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.

Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.

El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.

Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.

Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal  sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.

Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.

Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

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En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

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Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.

El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

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Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.

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En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.

En octubre del mismo año, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el Juicio Ejército III, en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas convocamos a la comunidad a la lectura del documento “No a la impunidad” en el marco del juicio por trata de mujeres para explotación sexual más importante de la historia judicial bahiense.

Será este jueves a las 11 frente al Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle donde se escucharán los alegatos contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la “evidente connivencia policial y política” con la que actuaban los proxenetas en Ing. White. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

 

ANTE EL JUICIO DE TRATA MÁS IMPORTANTE

DE LA HISTORIA DE BAHÍA BLANCA, NO A LA IMPUNIDAD

En el marco de un juicio histórico por trata de personas con fines de explotación sexual que se está llevando a cabo en la ciudad, queremos transmitir un mensaje claro.

Se llega a esta instancia judicial con evidencias concretas de un armado en red, destinado a la trata de mujeres. En este marco, se efectuó el mayor operativo de desarme de tramas de explotación sexual en la ciudad, en el cual fueron rescatadas 25 mujeres. Asimismo, señalamos que en este caso se destacó la connivencia entre los explotadores y las fuerzas de seguridad, lo cual constituye una de las principales características de este delito a nivel mundial. Nuestro objetivo es hacer ver lo que se pretende silenciar o invisibilizar: que la explotación sexual es una forma de vulneración de Derechos Humanos, la cual no puede ser tolerada, naturalizada, ni avalada por los Poderes de la República.

Es por lo mencionado que, desde organizaciones y referentes sociales, políticas/os, sindicales y feministas, hacemos un llamamiento a que la explotación sexual no quede impune, y a que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas, en pos de restituir todos sus derechos vulnerados.

ADHIEREN:

Bahía Contra la Trata – Frente Julieta Lanteri – Red Local de Violencia de Género – Consejo Local de las Mujeres – Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur – Grupo de investigación UNS Prostituir es tratar – El Nido – Acciones Feministas – Desbandadas – Comisión de Género y Diversidades sexuales del Colegio de Psicólogos Distrito 1 – Bahiensas Feministas – Asociación Civil Manos Entrelazadas de Punta Alta – Colegio de Psicólogos – La Misión – Centro de estudiantes de trabajo social Bahía Blanca – Centro de pensamiento jurídico Inclusivo – FM De la Calle – Centro de estudiantes de Abogacía UNS – Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca – Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Congregación Claretiana Bahía Blanca – Comisión de Cultura y Deportes venezolana de Bahía Blanca – Programa Aquelarre Radio Urbana Bahía Blanca.

Ate Bahía Blanca – Suteba Bahía Blanca– Sadop – Adef Bahía Blanca – CGI (Comisión Gremial interna) Banco Credicoop – Jaime Linares Senador Nacional MC – Frente feminista nacional y popular – Integración Ciudadana – Nuevos Vientos – Unidad Ciudadana – Bloque de Concejales Cambiemos – Bloque de Concejales PJ Cumplir – Frente de Mujeres Nuevo Encuentro – Juventud Radical – Jóvenes Pro Bahía Blanca – Puño y Letra Comunismo Revolucionario – Juventud Sindical Peronista – Socialistas para la Victoria – Melina Rebollo secretaria de DDHH e igualdad de género Secasfpi Anses – CTA Autónoma Nacional Pablo Micheli secretario general y Dora Martinez secretaria adjunta – CTA Provincia de Buenos Aires Cristian Echeverría secretario general, Laura García Vazquez, secretaria adjunta – Jesús Felix, secretario general CTA Autónoma Bahía Blanca Coronel Dorrego.