Marco Teruggi, cronista de Telesur y autor de ‘Lo que Chávez sembró’ (ed. Sudestada), analizó en FM De la Calle el resultado de las elecciones en la república bolivariana de Venezuela. “¿Qué se ganó? Se ganó renovar el poder político, mantenerse en el gobierno y desde ahí abordar con urgencia los problemas apremiantes que hay sobre la población”, comentó.

Primero resaltó que es “la cuarta elección que gana el chavismo en menos de un año, contra muchos pronósticos. No es poco considerando el contexto material y geopolítico en el que estamos, donde se saben las presiones internacionales y económicas sobre Venezuela”. Sobre las presiones manifestó que “hubo declaraciones del Secretario de la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá… ya diciendo que iba a haber fraude. Estaba en juego algo grande y en ese contexto, haber logrado una victoria por más de 4.000.000 de votos de diferencia sobre el segundo no es poca cosa”.

Teruggi aseveró que “hay un llamado del Presidente a encontrarse en una mesa de trabajo, pero evidentemente enfrente hay una voluntad política muy diferente, […] están construyendo otro escenario. […] El chavismo tiene la vocación de abrir puertas al diálogo con empresariados, sectores privados, sectores de la oposición, pero enfrente veo una decisión inmodificable de dar por tierra con el proceso venezolano”.

Para mejorar la situación económica del país “lo más importante en términos de pensar espacios unitarios es con los sectores de la economía. […] Hay un sector internacional (Rusia, China, Irán) donde se han visto pasos claros relacionados con lanzar una criptomoneda para sortear un bloqueo financiero (fuertemente instalado). Después hay que hacer un debate a nivel interno porque es un país que tiene una lógica importadora muy fuerte pero poco arraigado el tema productivo. También están los males internos: la corrupción es algo que está y que ha atacado núcleos centrales de la economía como el petróleo y las exportaciones”.

Respecto a la percepción de las comunas sobre estas elecciones, consideró que “hubo un chavismo que no votó producto de un desencanto con la dirección chavista y que hay una necesidad urgente de respuestas. […] Veo a un pueblo que ha vuelto a apostar […] o se recupera o se está entrando en una situación que se agrava y que golpea sobre todo a los sectores populares; acá no están perdiendo los ricos, están perdiendo los pobres”.

Cristina Muñoz y Luzmira Villagrán, integrantes de la asociación de jubiladxs “La Norma Plá”, hicieron uso de la Banca 25 el jueves en el Concejo Deliberante para manifestar una serie de demandas y padecimientos a partir de las políticas de este gobierno. Muñoz visitó el estudio de FM De la Calle para profundizar sobre los reclamos.

“Desde el año pasado intentamos comunicarnos con el Intendente para plantearle la situación de los 48.000 jubilados de la ciudad. Nunca nos recibió, por esa razón pedimos la Banca 25, el espacio adecuado para formular reclamos que los que nos representan deben atender. […] Si hay una demanda que no es tratada por otro espacio, el HCD tiene la facultad de armar una comisión que responda a esas necesidades. Pedimos que armen una mesa para el adulto jubilado y pensionado”.

La lista de demandas incluyó la “situación de precariedad en la que se encuentran muchísimos jubilados, agravado por el tarifazo, la jubilación mínima de $7600 y la inestabilidad monetaria –los cambios que empobrecen cada vez más ese salario–, y la deficiente prestación de PAMI […] que incluye “la falta de médicos de cabecera que cubra la cantidad de afiliados (actualmente hay 9.000 jubiladxs sin cobertura); costos de gestiones médicas para personas que están en situación de precariedad (que el municipio afronte esos gastos); la demora con la que se dan turnos son de hasta 73 días (hasta en enfermos oncológicos), entre otros”, comentó Muñoz.

“El corolario de la Banca 25 lo dio Luz porque fue muy impactante su testimonio, conocer en vivo y en directo, para personas que evidentemente no están conociendo el padecimiento de muchísima gente, fue sorpresivo y movilizó. […] Algún concejal se acercó y comentó que la idea era tramitar la comisión para la atención de los adultos mayores y jubilados; el tema es perseverar” hasta que cumplan. […] “Sabemos que en 2017 una concejala presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria para adultos mayores jubilados y pensionados, nunca fue tratado”, expresó.

“Yo lo tengo en mi cuerpo”

  • El jueves, luego de la exposición de Cristina, Luzmira compartió su testimonio: “yo lo tengo en mi cuerpo, invito a vivir a muchos con $7000, con enfermedades, con dolores, con aumentos de luz y de gas que no puedo usar porque no se puede pagar, una mujer que luchó y pagó sus aportes…”
  • “Cargué 30 kilos de carne, bolsas de cebolla y de papas, creyendo que iba a ser feliz porque iba a tener un buen aporte. $7000 que no me sirven ni para vivir, cuando salí tuve que comer polenta hervida.
  • “Necesitamos un subsidio porque PAMI lo niega. ¿Sabe cómo es ver eso en carne propia? Yo lo viví, es tremendo. Dicen ‘no hay pobreza’, ‘se vive bien’, ‘pague las boletas con $7000’”. […] Lo llevo en carne propia”.
  • “Necesitamos cooperación y ayuda para que ahí la que abra la puerta [en el centro de jubiladxs de Nocito] tenga su pedazo de pan y su taza de leche, con amor”.
  • “Me hice todos los estudios para hacerme mis operaciones y conseguir mis remedios, para que me digan que no. ¿Cómo yo cuantas habrán?

Se cumplen este sábado 159 años de la masacre indígena perpetrada por las fuerzas de Bahía Blanca. El episodio registrado por la historia oficial como “el último malón” fue ordenado por el toqui mapuche Juan Calfucura luego una serie de ofensas y en una particular situación política.

Compartimos en este aniversario un material producido durante la sexta edición del ciclo Bahía Originaria organizado por FM De la Calle y Kumelen Newen Mapu. En dicha ocasión, el historiador Sebastián Alioto (UNS) contextualizó los hechos que tuvieron su máximo punto de barbarie con “la hoguera del escarmiento”.

“El comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida el 19 de mayo, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad”, relató.

Kumelen Newen Mapu realizará una ceremonia este 19 de mayo a las 9 en Parque Noroeste. Posteriormente se compartirá un desayuno a la canasta.

En 1859 el Estado de Buenos Aires se había dividido de la Confederación Argentina.

Calfucura, que era el jefe indígena más importante en ese momento, del grupo salinero, había tenido buena relación con Rosas, basada en la diplomacia y las raciones -una cantidad de ganado, caballar y vacunos- y lo que se llamaban vicios -yerba, azúcar, tabaco-, bienes de consumo que venían del mundo occidental, criollo, que el Estado les daba a los grupos indígenas en compensación por mantener la paz en la frontera.

Cuando cae Rosas y se produce la secesión de Buenos Aires de la Confederación, el nuevo gobierno, los liberales de Mitre, los herederos de los unitarios que después pasaron a gobernar parte de la Argentina, tenían un plan distinto que era bajar sustancialmente las raciones y enfrentar a los grupos nativos.

Calfucura adoptó una posición de reacción contra eso, buscó aliarse con Urquiza -el jefe de la Confederación- en contra de Buenos Aires mientras negociaba con Buenos Aires si podía reestablecer el equilibrio y la paz.

No fue posible. Hubo malones en el ’52, ’53, después una pequeña paz y en el ’55 y ’56 otra serie de malones por parte de Calfucura y de varios de sus aliados.

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Uno de los talentos de Calfucura fue no cerrarse en su propio grupo, parte de las raciones iban a sus propios capitanejos y hacia otros pueblos o grupos indígenas en las pampas y en la cordillera y más allá, en la Araucanía, lo que hoy es territorio chileno. Calfucura había hecho una red diplomática muy grande.

La mayoría de los malones están concebidos desde el punto de vista indígena como un resarcimiento de un daño. En la lógica indígena las personas que han sido ofendidas están obligadas a vengarse de esa afrenta y no pueden eludirlo.

Había varias afrentas acumuladas en el marco de una política agresiva del Estado que empezó con la caída de Rosas y se fue profundizando cada vez más.

La principal fue lo que ocurrió en febrero de 1858. El ejército de Buenos Aires invadió las tolderías de los salineros. Fue la primera y la única vez que lograron hacerlo. Buenos Aires decidió pasar a la ofensiva y envió dos expediciones. Una más al norte contra los ranqueles, en lo que hoy es el norte de la provincia de La Pampa, esa expedición fue catastrófica porque estaba mal preparada y porque es un territorio árido en el que hay poca agua en superficie y hay que conocer bien dónde está y cómo sacarla.

En cambio, a la expedición del sur algunos la consideran un fracaso pero en realidad no lo fue. Se armaron dos columnas, una salió de Bahía Blanca y otra de Azul. Se juntaron en la Sierra de la Ventana, en Sierra de Curamalal, y de allí remontaron los arroyos de Pigüé y demás, mantuvieron algunas escaramuzas con partidas indígenas y siguieron avanzando hacia el núcleo de la territorialidad salinera que era la laguna de Carhué y la planicie que está alrededor, que es muy fértil, era el campo de invernada para sus ganados. De ahí hacia el oeste hasta Salinas Grandes, pasando Salinas Grandes, eso era lo que se llamaba el monte pampeano en el que hay árboles que no son de gran porte pero dan sombra y frutos que alimentan al ganado y a las personas.

Ese territorio fue invadido por las fuerzas de Buenos Aires, prácticamente sin combate porque Calfucura y sus aliados adoptaron la estrategia de salir rajando.

Destruyeron los toldos, se llevaron los animales, las ovejas y las vacas, y destruyeron los sembrados. En contra de la leyenda que suele circular, los indios cultivaban la tierra e inclusive las fuentes militares de la época hablan de que cada toldería tenía su huerta, que eran tanto de pantas autóctonas como plantas introducidas por los criollos. Por la cantidad de toldos, huertas y la superficie ocupada, podemos calcular que había unas tres mil personas, que es mucha gente para la densidad poblacional de esa época.

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Parte de los invasores habían salido de Bahía Blanca y eran el comandante militar, el comandante de la Legión Agrícola, incluso gente de las pulperías, vecinos de Bahía Blanca, gente que estos indígenas conocían de todos los días. No tenemos que pensar que esas poblaciones estaban separadas por una frontera que nadie cruzaba. Todo lo contrario, estaba lleno de gente que iba y venía, de hecho Bahía Blanca se fundó con un contingente de militares, por supuesto, de pulperos y de indígenas. Y desde ese momento de fundación en adelante, los nativos siempre estuvieron, a veces viviendo en los alrededores, a veces viniendo a comerciar. Pero no una vez por año: todo el tiempo. Calfucura, de hecho, se carteaba con mucha gente de Bahía Blanca. Por ejemplo con el mayor Iturra que es uno de los comandantes de la expediciones.

Entonces, ahí se la jura.

Sigue manteniendo correspondencia pero Iturra le hace otra tracalada. Calfucura después de la invasión manda a una de sus esposas en una especie de prenda de paz, con otra gente a comerciar a Bahía Blanca y le dice a Iturra: “Cuídemela, cuiden a la gente que va con ella”. Iturra la mete presa y la manda a Patagones.

Ya son dos ofensas.

Y la tercera, el mismo año de 1858, Yanquetruz -que era cacique de los tehuelches- es asesinado en Bahía Blanca en circunstancias que no están del todo claras. Aparentemente, en una pulpería se emborrachó, se peleó con alguien de la Guardia Nacional y lo mataron.

Yanquetruz era pariente de Calfucura, no estaba en buenos términos con él, al contrario, parecía que iba a tomar el partido del Estado de Buenos Aires, pero de todas maneras era pariente y estaba obligado a vengar su muerte según el Ad Mapu, el código de costumbres de los mapuche.

Una serie de ofensas y una situación política que hizo que Calfucura movilizara todas las fuerzas que tenía disponibles para atacar Bahía Blanca.

Eran entre 1500 y 3000 guerreros, que es muchísimo. La guarnición de Bahía Blanca, sumando todas las fuerzas, la Guardia Nacional, la Legión Agrícola, los soldados de línea, los Granaderos, sumaban como mucho 500 o 600 hombres.

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Cierro lo de la invasión del ’58.

Esa expedición se retira de las salinas, vuelve a las sierras y tiene pensado volver a atacar y expulsar a los indios de ahí. Pero Calfucura vuelve al lugar, les queman el campo y les empiezan a hacer una serie de incursiones menores que los obligan a retirarse y toda esa gente vuelve a Bahía Blanca y Calfucura empieza a planear el contragolpe.

Eso es lo que se produce el 19 de mayo de 1859, un malón muy grande.

Se produce a la madrugada, de noche, eso es clásico de todos los ataques de la guerra fronteriza de la región y en todas las que se enfrentan sociedades no estatales con sociedades estatales. Se realizan al amanecer, cuando el enemigo está desprevenido, si es posible antes de que amanezca porque se puede marchar de noche sin ser vistos. Los militares hacían lo mismo.

Primero se van llevando el ganado que hay en las estancias de los alrededores, después directamente entran en las pocas calles que estaban delimitadas en la ciudad y saquean algunos objetivos claves. Uno era una pequeña estancia que estaba en el medio de la ciudad donde había provisiones y armas de la Guardia Nacional.

Segundo, un lugar que es objeto de especial atención que es el almacén de Iturra, que había tomado la precaución de morirse dos meses antes pero estaba su viuda y ellos sabían cuál era su negocio, prácticamente estaba dedicado al comercio con indígenas. Lo saquearon, se tomaron todo lo que había y, además, hubo un gran empeño en quemarlo, en demostrar que estaban tomando una represalia contra él. De hecho, las bajas que se dieron entre los nativos se supone que se dieron en ese contexto, se ensañaron algunos con la pulpería de Iturra y dieron tiempo a que la Guardia Nacional y la Legión salieran, porque al principio se habían enclaustrado en el fuerte. Estaba en la esquina de 19 de mayo y Zelarrayán.

La historiografía más oficial sobre Bahía Blanca y la época dice que hubo una heroica actuación de la Guardia Nacional y de la Legión Italiana, que expulsaron a los invasores. En realidad no fue así o, por lo menos, expulsaron a los pocos invasores que habían quedado en el casco de la ciudad pero el grueso de los atacantes se quedó todo el día a la entrada de la ciudad. Los indios tenían una fuerza muy superior y los bahienses solo atinaron a defender como podían el casco de la ciudad. Cuando los indios le plantearon una batalla a campo abierto no pudieron hacerlo, los indios le hicieron un desfile ecuestre que es un desafío, es mostrar la propia fuerza ante el otro.

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Al día siguiente, el comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad.

Al otro día le escribieron una carta diciendo: “Por favor termine con esto”. Porque los cadáveres seguían ardiendo. Imagínense el olor a carne quemada y, además, la barbarie. Ni siquiera los propios pobladores que habían vivido el ataque y todas sus consecuencias, la crudeza, ni siquiera ellos podían soportar semejante barbarie. No se sabe qué pasó, se supone que finalmente la cortaron con eso.

Dentro de la lógica indígena -dentro de la de todos los pueblos del mundo- los cuerpos de los muertos son algo que hay que respetar, que necesitan un tratamiento especial que les asegure su paso a la otra vida o un determinado bienestar que por supuesto en este caso no pasó. Es una afrenta clásica de todos los conflictos que van escalando hacia un lugar de no resolución el de no respetar esta especie de convenciones de dar un tratamiento humanitario a los cadáveres de los vencidos, es un gesto clásico de desprecio.

Ese ataque fue el más grande de ese momento pero era parte de una serie de ataques que Calfucura y sus aliados, incluyendo al gobierno de Paraná, atacaron otro fortines de la frontera y, de hecho, terminaron ese mismo año tomando y ocupando los fuertes de Azul y Tandil. Durante un tiempo lo tuvieron tomado fuerzas mitad indígenas de Calfucura y mitad de la Confederación. Buenos Aires recuperó esas poblaciones más o menos rápidamente en un par de meses.

Ese contexto empieza a terminar con la batalla de Cepeda, una primera batalla entre Buenos Aires y la Confederación, y sobre todo con Pavón cuando Urquiza se rinde y empieza el proceso de unificación del Estado nacional que va a cambiar las condiciones para los indígenas, va a debilitar mucho su posición porque ahora ya no tienen dos Estados para negociar o combatir, tienen uno solo en proceso de unificación, de integración cada vez mayor al mercado mundial, de formación de instituciones estatales como el Ejército.

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Entonces, de ahí en más la situación va a ser cada vez más difícil. La década del ’60 es una década impasse porque desata la Guerra del Paraguay y las fuerzas del Estado están enfocadas en eso, pero la década del ’70 es una década en que el Estado nacional tiene la decisión definitiva de avanzar sobre territorios indígenas.

No es la ocasión más notable en la modesta y sórdida historia de Bahía Blanca, en varios sentidos hubo hechos mucho más terribles.

En el ’29 Lavalle fusila a Dorrego. Estomba era unitario y su sucesor, Morel, también. Morel lleva una columna desde Bahía Blanca para tratar de ayudar a Lavalle, ahí hay un grupo de indígenas que toma el partido contrario, el federal. Las fuentes dicen “fueron seducidos por Rosas”. ¿Qué hacen? Se dan vuelta y matan a todos los oficiales de la localidad y además sitian Bahía Blanca durante un tiempo prolongado, están a punto de tomar Bahía Blanca hasta que finalmente son dispersados.

En la década del ’30 hubo una cantidad de invasiones, en el marco de todas las expediciones que hizo Rosas, sobre el territorio borogano -por ejemplo- que era el mismo que después ocupó Calfucura y sobre los ranqueles que fueron expediciones tremendas. Masacres en las que murió mucha gente -sobre todo varones y adultos pero mujeres también- y mujeres y niños fueron secuestrados y traídos a Bahía Blanca como cautivos. Las mujeres fueron violadas, las familias fueron separadas y partidas. Eso no pasó solamente en la llamada Campaña del Desierto sino antes también, incluida esta ocasión en la que Bahía Blanca fue el punto de concentración de esa población.

Tampoco fue “el último malón”. En 1870 hubo otro malón grande, también comandado por Calfucura, Cañuquil y sus aliados, pero se llevaron todas las haciendas de los alrededores de Bahía Blanca y no entraron a la ciudad, entonces en la memoria local quedó como un hecho distinto, con otra magnitud.

Edgardo Form, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, visitó FM De la Calle para conversar antes de su presentación en la sede local de la entidad sobre los desafíos que enfrenta el cooperativismo en la actualidad. Al momento también está a cargo interinamente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) –mientras Ariel Guarco preside la Alianza Cooperativa Internacional–.

El cooperativista comentó que Guarco está “cumpliendo su rol al frente del organismo fundado en 1895. Es un orgullo porque es la primera vez que un compatriota accede a la presidencia y fue electo sobre la base de una propuesta que procura poner a la ACI de cara a los desafíos del cooperativismo y contribuir a debates de la agenda contemporánea (generar trabajo decente, relaciones pacíficas entre países, creación de bienes y servicios con sentido social y solidario entre otros)”.

Respecto a la reinstalación de políticas neoliberales aseguró que “estamos ante un escenario complejo, hay que agudizar la inteligencia para preservar los logros que se obtuvieron en años previos, garantizar la continuidad de las entidades, explorar alternativas para sortear los obstáculos y un tema clave es la integración, hacemos mucho hincapié en la cooperación entre cooperativas (sexto principio de la cooperación)”.

“La unión hace la fuerza y a la hora de peticionar a las autoridades no es lo mismo ir por separado”, expresó en relación al freno a os artículos de la reforma tributaria que incluían la aplicación del impuesto a las ganancias para cooperativas y mutuales. “Es una vulneración de la naturaleza de las cooperativas que, por definición, no tienen fines de lucro. En conjunto fuimos a diferentes bloques del parlamento nacional y durante la sesión de diputados se eliminaron los dos artículos que pretendían aplicar el impuesto”.

Sobre los tarifazos afirmó que “impactan de manera dramática. Un estudio de un Observatorio de la Economía Social y Solidaria explicaba que hay 16.000 trabajadores de empresas recuperadas que corren el riesgo de quedar sin trabajo por el impacto que tienen las tarifas”. Si bien en el Congreso se está discutiendo el tema, “el presidente advirtió que no hay posibilidades de modificar el régimen tarifario”.

Form comentó que tuvieron una reunión –junto con representantes de distintas federaciones que agrupan cooperativas eléctricas– “con uno de los funcionarios que está en la Secretaría de Energía de la Nación, donde planteamos la necesidad de estudiar la configuración de un fondo compensador a nivel nacional que ayude a compensar los mayores costos”.

Sobre el emprendedurismo que pregona el gobierno opinó que “suena a solución individual, nosotros hablamos de soluciones colectivas. […] Para afrontar grandes desafíos es necesaria la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Paulo Freire decía que ‘la lucha por la esperanza es permanente y crece en la medida que se percibe que no es solitaria’”.

El sociólogo Daniel Feierstein dijo a FM De la Calle que al negacionismo  y a la lógica de los dos demonios “se la enfrenta políticamente y con acciones sociales”. Fue durante su visita a Bahía Blanca para brindar un seminario en el Departamento de Humanidades en la UNS.

El investigador, que publicará próximamente el libro “Los dos demonios, recargados”, participó además de una entrevista pública coordinada por Fabiana Tolcachier y Jessica Visotsky integrantes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos.

¿Cómo sintetizarías la idea de los dos demonios recargados?

El objetivo es tratar de analizar cómo reaparecen las lógicas de los dos demonios pero con otros sentidos, con otros objetivos, con otras intencionalidades que en algún punto son más graves de lo que fue el surgimiento en los años ‘80 de la teoría de los dos demonios. Entonces, un poco de ahí el concepto de “recargado” que es tratar de mostrar como la novedad de este momento y la peligrosidad, la disputa que se está dando en las representaciones en el intento de aprovechar este sistema de equiparación de las violencias, básicamente para demonizar cualquier posibilidad de resistencia con un orden injusto.

 ¿A través de qué acciones por ejemplo?

El objetivo de los dos demonios comparaba dos violencias en los setenta absolutamente distintas, la violencia genocida y la violencia insurgente pero con el objetivo de legitimar el juzgamiento de las violencias genocidas. Entonces, más allá de los problemas que podía tener, el objetivo de esta equiparación tenía que ver con mostrar la importancia y la gravedad de la violencia genocida.

Mientras que la aparición ahora de esos sistemas de equiparación por un lado tiene el objetivo de intentar volver a perseguir a los sobrevivientes de las experiencias de las insurgencias o de confrontación social en la Argentina, quienes para el caso han sufrido desapariciones, asesinatos, exilio e infinidad de persecuciones, además de la persecución legal. Pero, por otro lado, y esto es más grave en esta necesidad de demonizar, se buscan demonizar también los modos actuales de intentar enfrentarse a eso que no tiene nada que ver con los modos de los setenta y que, sin embargo, son demonizados en el mismo sistema. Acá podemos ver desde la represión del pueblo mapuche en el sur, hasta la represión a la manifestación social a fin del año pasado. 

Imaginamos que en este contexto la presencia de la política de seguridad y el apoyo del gobierno nacional independientemente de la perspectiva del poder judicial en algunos temas, tiene un peso…

Exactamente. Lo llamo “recargado” porque esa política de seguridad que está encarnada en Patricia Bullrich es una novedad desde el año ‘83 para acá. Si bien los años ‘80 fueron el momento de mayor hegemonía de la teoría de los dos demonios, en ningún momento esto llevó al desbocamiento de las fuerzas de seguridad ni a esta idea de Bulrich y de Michetti del beneficio de que ante cualquier caso el beneficio de la duda debe ser a favor de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas. En este sentido le veo mucha más gravedad que a la versión original, porque están intentando avanzar sobre un consenso de la democracia Argentina a partir del fin de la dictadura que era la contención del ejercicio de la fuerza represiva. En este sentido la idea es poder pensar cómo la discusión de los setenta no es sólo eso.

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Vos has resaltado el problema de la pérdida de pluralidad en los organismos de derechos humanos que se ha registrado durante los últimos años, ya con dos años del gobierno del macrismo, ¿cómo evaluás la responsabilidad de los sectores afines al kirchnerismo y, también, cómo han actuado los sectores más críticos en relación a cómo se ha montado el macrismo sobre cierto desprestigio a partir de algunos episodios de corrupción?

Yo creo que uno de los tickets fundamentales para impedir el aumento de la represión ha sido la legitimidad de los organismos de derechos humanos y  eso es lo que está puesto en cuestión. En esa “puesta en cuestión”, que por supuesto es una ofensiva de los sectores más conservadores y del propio macrismo, hay mucho de lo que yo llamo “los errores no forzados”, que son los errores que cometió el propio campo popular y los organismos de derechos humanos y que facilitaron esta deslegitimación.

Fueron ambos sectores y esta es la miopía, tanto de los sectores que terminaron acercándose al gobierno kirchnerista como de los sectores que fueron incapaces de ver una conquista de ese gobierno, lo cual generó un quiebre, una simplificación donde se tenía, por un lado, un sector que planteaba que no había ninguna violación de derechos humanos por parte del gobierno, lo cual es inaceptable porque el gobierno siempre viola los derechos humanos y los organismos están para señalarlo. Pero había otro sector que no era capaz de distinguir la diferencia entre un proceso de juzgamiento con más de mil condenados y la impunidad que precedió a ese período.

Entonces, me parece que en este quiebre, en esta pérdida del pluralismo, no poder zanjar internamente las contradicciones ante un gobierno efectivamente contradictorio y complejo, juega un papel muy importante en la deslegitimación y en la homologación de los organismos como parte de un discurso antikirchnerista a partir de la “lógica del curro”, de la identificación partidaria.

No creo que esté todo perdido pero se vuelve un desafío a dos años de gobierno de macrista, cuando todavía seguimos teniendo dos marchas ante cada proceso de denuncia, lo que parece bizarro en estas condiciones.

En ese sentido ¿en Buenos Aires lograron por lo menos un acto unificado el pasado 24 de marzo?

No. Este otro tema fue una movida mediática que planteó que se había logrado cuando todavía no era así y eso fue uno de los elementos que lo impidió. Estuvimos muy cerca, lo cual es muy importante: hubo actos únicos en lo que fueron las manifestaciones de reclamo por Santiago Maldonado, por ejemplo.  Pero no, finalmente el 24 de marzo volvió a haber dos actos pese que habíamos estado muy cerca de lograrlo.

Es difícil pensar poder atravesar unos cuantos años de descalificaciones mutuas, de chicanas totalmente innecesarias que han dejado muchas heridas y, por otro lado, ver cierta miopía actual como para no poder tomar decisiones por encima de estas cuestiones personales. Se logró avanzar un poco y a veces surgen estas vehemencias que por lo general es lo absurdo, porque no tiene nada que ver con una calificación del momento actual. Verdaderamente no hay diferencias significativas de las necesidades de este momento sino que tiene más que ver en analizar cómo zanjar cuestiones del pasado que están obturando la posibilidad de acciones conjuntas. Yo soy optimista en el sentido de que más temprano que tarde se supone que esto tendría que recomponerse.

Otro de los puntos en los que haces hincapié en el libro es la defensa del concepto de genocidio. ¿Por qué tenemos que ir más hacia el genocidio y no utilizar figuras como crímenes contra la humanidad o terrorismo de Estado para retratar lo que sucedió en nuestro país?

Hay muchos motivos. Te voy a mencionar los dos o tres que considero más importantes y que van quedando muy claros en este momento.

El primero es que es el único concepto que permite quebrar la dualidad, algo tan fuerte de las lógicas de los dos demonios recargados. Los otros conceptos nos introducen en discusiones que siempre nos llevan a la dualidad. El concepto de genocidio es el que plantea que ninguna acción que podamos dar sobre la legitimidad o no de las acciones insurgentes, no tiene ningún punto de comparación con lo que implica la organización de un genocidio.

El segundo elemento es a quiénes afectaron los hechos, me parece que la potencia del concepto de genocidio tiene que ver con entender que hubo un intento de destrucción el grupo nacional argentino y esto implica que toda la población sufrió los efectos del terror, algo que no queda para nada contemplado en conceptos como terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, donde se los ve de un modo más individual y directo, donde pareciera que las víctimas fueron los que sufrieron en sus cuerpos la represión estatal y me parece que es fundamental entender que un genocidio deja marcas en toda la sociedad, no solamente en aquellos sujetos que afectó directamente o en sus familiares.

El tercer elemento es la solidez jurídica del concepto, que existe en nuestro país desde 1956 y que, por lo tanto, da muchas más herramientas para la claridad, solidez de su aplicación jurídica y sobre todo la distinción con cualquier otro tipo de práctica.

Estos son algunos de los elementos entre muchos otros que le dan una diferencia fundamental, no tanto el hecho que se cree que sería más grave que otros delitos, eso no tiene ningún sentido, pero sí cómo construimos la memoria de lo que ocurrió.

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Hablando de lo jurídico, ¿cómo ves esta etapa de los juicios?

En un sentido creo que muestra las cuestiones que hemos conquistado, los juicios continúan, han habido sentencias muy importantes en estos dos años: la de Mendoza, la de la ESMA 3. Más allá de que hay como cierta autorización a los jueces más renuentes a cajonear causas o a otorgar mayor número de prisiones domiciliaras o a intentar revertir las presiones preventivas.

También hay como pequeños indicios contra los sobrevivientes de la experiencia genocida por las acciones desarrolladas por la insurgencia. Me parece que ahí sí hay un peligro cierto, mucho más que la impunidad que es esta igualación entre lo que no tiene punto de comparación. Por eso digo que esta revictimización de los sobrevivientes -que exactamente son eso: sobrevivientes- y más allá de la valoración de si las acciones que desarrollaron primero han prescripto en relación al paso del tiempo, lo segundo es que han sido juzgadas legal e ilegalmente numerosas veces. Fueron desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados y juzgados en los años ‘80.

Ese discurso de “memoria completa” o de reinstalación del proceso de juzgamiento es extremadamente falso, mentiroso y peligroso, porque creo que tiene más posibilidades de construir consenso que la posibilidad de la impunidad, que me parece que ha quedado claro con la marcha de mayo del año pasado que hay un fuerte rechazo social a la posibilidad de la impunidad. La causa Larrabure me parece que es la puerta de entrada a esta mirada equiparadora, creo que en este sentido es muy importante la disputa social, política y jurídica que se está dando alrededor de esa causa para no permitir ese proceso de igualación.

¿Qué te pareció la decisión de la Fundación del Libro de levantar la proyección en la Feria de la película “Será Venganza” que reivindica a represores de nuestro país?

Me pareció excelente y creo que es el camino porque ante esta ofensiva de miradas que buscan distorsionar las construcciones del pueblo argentino uno puede pensar que la salida tendría que ver, como propuso un proyecto de Nilda Garré, con impedir y negar penalmente la expresión de estos consensos. Yo creo que es un enorme error.

Creo que a estas lógicas de los dos demonios recargados y al negacionismo se las enfrenta políticamente y con acciones sociales. No creo que el derecho penal esté para penar pensamientos, creo que lo que sí corresponde es llevar a cabo acciones sociales y no otorgarles espacio, por lo tanto hay una enorme responsabilidad incluso de los periodistas de impedir y cerrar el espacio a la manifestación de estas expresiones pero por una decisión política y no por una decisión penal que no implica consenso social.

Entonces, me parece que en este sentido ilumina el camino, como ocurrió en la Feria del Libro, que sea la propia sociedad la que diga que no está dispuesta a tolerar y brindar espacios a estos modos de agresión de la memoria social.

Fotos: Cristian Gonzalez y FCPyS UNCUYO

Decenas de muertes y miles de personas heridos fue el saldo de los ataques padecidos por el pueblo palestino en el marco de la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, declarando a esta ciudad como capital israelí.

Paula Cortés, integrante de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, dijo a FM De la Calle que  “no me gusta ponerle una fecha a las agresiones porque es constante. Digamos que hace más de 70 años que el pueblo palestino viene sufriendo el despojo, las masacres, los asesinatos, las detenciones arbitrarias. Con lo cual esto es un episodio más, si bien el 30 de marzo empezó la ‘Gran Marcha del Retorno’ convocada por la sociedad civil palestina, en pedido de que se respete la resolución 194 de la ONU”.

 

“Obviamente Gaza sufre una situación muy particular porque tiene un bloque férreo por aire, mar y tierra desde el 2006 y realmente la situación es gravísima. Lo que sucedió es que ya para la finalización de esta gran marcha que duró 6 semanas, el 14 de mayo, en un solo día hubo 62 personas asesinadas”.

Consultada sobre el significado que tiene la decisión de los Estados Unidos de mover su embajada a Jerusalén comentó que “uno entiende que son aliados permanentes entre ellos (E.E.U.U e Israel), pero se siente como una provocación. Si bien sabemos que Donald Trump ya se lo había prometido a Netanyahu y obviamente así cumplió”.

“Esto trajo a colación muchísima más represión a una marcha específicamente pacífica. La gente no entiende o más bien habría que aclararles, que ellos están bloqueados, ellos no se iban a mover a ningún lado. En realidad, decir marcha es una manera de llamarla porque ellos no se pueden desplazar ni siquiera en su propio territorio”, aseguró.

El intendente Héctor Gay presentó un proyecto de ordenanza para establecer un régimen de “estabilidad fiscal” para que la Tasa de Seguridad e Higiene no sufra modificaciones desde su promulgación hasta el 31 de diciembre de 2023.

En diálogo con FM De la Calle el concejal de Cumplir, Ezequiel Gimeno, comentó que “como no conocemos todavía el texto de la ordenanza, mucho no podría hablar de eso. Lo que sí puedo decir es cuál es la opinión que tenemos nosotros: nosotros creemos, de hecho hemos presentado un par de ordenanzas al respecto, que la reducción de tasas municipales es una excelente herramienta de política fiscal para generar la radicación o ampliación de empresas en Bahía Blanca.”

“Lo que te da la herramienta de la Ordenanza Fiscal Impositiva es ver qué clase de ciudad queremos, si queremos una ciudad industrial, si queremos una ciudad comercial. Y a partir de ahí bajar, reducir o eximir alguna tasa municipal para poder fomentar la radicación de empresas”.

Asimismo explicó que “hace ocho años que las tasas prácticamente en su totalidad no se tocan. Nos parece que es una medida que tiene más que ver con un anuncio mediático que con una efectiva radicación de empresas o que esto repercuta en los bolsillos de los que están obligados a pagar la tasa que son las industrias y los comercios”.

La semana pasada AFIP ordenó que los clientes de frigorífico recuperado Incob debía realizar sus pagos en una cuenta especial del Banco Nación. El jueves las trabajadoras y los trabajadores denunciaron un pedido de coima desde Buenos Aires y el viernes se manifestaron frente a la delegación de San Martín al 100 donde les ofrecieron una solución momentánea.  Hoy se reunen con senadores en La Plata.

Orlando Acosta denunció en FM De la Calle que la deuda “fue hecha por Garaggiola (ex presidente de la empresa) y ex-funcionarios de la AFIP. El jueves pasado llamó un funcionario de Buenos Aires proponiendo que le demos el 20% del monto de la deuda para que sacara el expediente. […] Así se creó la deuda en primer lugar, Garaggiola pagaba para bajar el expediente y cuando volvía a subir, volvía a pagar la coima. Tenemos pruebas, se hizo una denuncia penal y nos vamos a sentar ante el gobierno para decirle que es la AFIP que sigue generando estas deudas”.

El trabajador aseguró que se encuentran más tranquilos: “Cuando fuimos el viernes a movilizarnos mantuvimos una reunión con distintos directivos de cada área y pudimos explicarles la complicación de la cooperativa para pagar la deuda de once millones de pesos heredada de Garaggiola. Desde ese momento la cooperativa vive con lo del día a día y en el medio pasamos por los aumentos de impuestos y servicios”.

Acosta comentó que la situación con ARBA (ente recaudador provincial) es más fácil de solucionar, “yendo a las presentaciones –por ser cooperativa– estás exento de pagar. Hace tres semanas la Cámara de Diputados de la Provincia votó un amparo ante cualquier acción legal que llegue a una cooperativa –desalojo, embargo–, lo que vamos a proponer es la última media sanción a esa ley”.

“Los directivos manifestaron que si como agente de recaudación no pueden pagar parte de la deuda es negligente de su parte –y eso lo entendimos–”. La propuesta que les hicieron desde AFIP consiste en que la cooperativa entregue cuotas mensuales de $20.000 para registrar antecedente de que hay voluntad de pago pero no capital. “Ellos, ante un embargo desde Buenos Aires, tienen cómo ‘defendernos’ hasta que salgan las leyes de condonación que ya tienen media sanción en Diputados”, explicó Acosta.

Luego de que le dieran media sanción a la quita de impuestos en las boletas de servicios, Andrés De Leo (senador provincial por Cambiemos) habló sobre el tema en FM De la Calle. También se refirió al embargo que la AFIP le realizó a Incob, y aseguró que los recibirá el martes en La Plata. “En principio el proyecto no abarca deudas nacionales, la cooperativa más allá de un componente social no deja de ser una empresa comercial que se rige por normas impositivas nacionales”.

El alcance del proyecto sí tiene que ver con ARBA, “vamos a intentar avanzar con lo que tiene que ver con la provincia”: la condonación o eventual suspensión de deudas que hayan podido tener en Buenos Aires y la prórroga de la ley de expropiación de la propiedad. De Leo aseguró que van “a hacer un esfuerzo para tratar de sacar adelante” al frigorífico.

Respecto al tema impositivo el senador manifestó que “va a haber que avanzar en otras líneas, con otras autoridades, y ver posibilidades de encuadramiento en algún esquema impositivo de regularización para que puedan seguir operando”. De los funcionarios de AFIP que no realizaron ningún tipo de control durante la última década permitiendo el endeudamiento, advirtió: “si hablamos de que en otra etapa el funcionario público incumplió con sus deberes, deberá ventilarse las responsabilidades y hacerlo”.

Por otro lado, el senador hizo referencia a la desfinanciación de los municipios a raíz de la media sanción al proyecto de quitar impuestos a las tarifas: “Eliminamos impuestos distorsivos (de muchos años) que 17 millones de bonaerenses abonaban en las boletas de luz, agua y gas, que nada tenían que ver con la prestación del servicio”.

“La realidad es que Buenos Aires va a recibir de coparticipación un monto sustancial mucho más importante que lo recaudado con impuestos. […] Entre enero y abril de 2018 la coparticipación se incrementó en casi 6.000 millones de pesos, un 41% más que el año 2017”. Asimismo explicó que la Gobernadora “duplicó los fondos que le van a girar a los municipios por recaudación de bingos y casinos. Está garantizado que los municipios tengan financiamiento, y a las críticas que hizo el FpV –que se van a desfinanciar obras– tenemos que decirle: durante años se cobraron muchísimos impuestos y dejaron al país y a la provincia absolutamente quebrada”.

De este modo, estiman que el monto a recibir por la recaudación de bingos y casinos será de “15 millones de pesos, y por coparticipación entre 80 y 100 millones de pesos (respecto de años anteriores)”. En cambio, lo que se dejará de recaudar por impuestos de tarifas “seguramente oscilará los 100 millones de pesos”.

Sindicatos estatales bonaerenses pararon ayer y realizaron un acto en Plaza Rivadavia para visibilizar de manera conjunta las dificultades que están atravesando como consecuencia de las decisiones del gobierno provincial, que avanza en su plan de ajuste y precarización.

En diálogo con FM De la Calle el titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, explicó que “nosotros como docentes de universidades nacionales en todo el país iniciamos un paro por 48 horas, en este plan de lucha que afortunadamente lo venimos cumpliendo todas las federaciones docentes”.

“El reclamo en principio general es salarial. Esta imposición que pretenden los gobiernos del 15%, distribuidos en cuotas sin la opción de una cláusula gatillo de aplicación automática, algo que venimos rechazando y los gobiernos no atendiendo”.

 

Por su parte, la secretaria general de SUTEBA Bahía Blanca, Ana Canullo, afirmó que “desde el mes de febrero que empezamos a concurrir a las escuelas que vamos viendo que el ataque es sistemático, que no es casual, y esto lo vimos en: cierre de cursos, jubilaciones de oficios, muchos problemas en los cambios con las licencias médicas de los compañeros que están enfermos”.

“Hemos visto, la verdad, con mucho dolor e indignación y peleando la calle en contra de los cierre de los bachilleratos de adultos. Porque la verdad que algunas funcionarias y funcionarios hablan con eufemismos y lo que estamos presenciando lisa y llanamente es cierres de escuelas”.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense, Claudia Barrio denunció “el trabajo insalubre que en muchos casos realizamos en edificios poco apropiados, con sobrecarga de trabajo y sobrecarga de horas. Hay compañeros y compañeras que trabajan más allá de las 2 de la tarde, que se hacen cargo de sus propias viandas y que nadie les recompensa eso”.

A nivel provincial, la vicepresidenta del CICOP, Marta Márquez, explicó la situación que atraviesan lxs trabajadores de la salud bonaerenses: “Volvemos a parar exigiendo llamado a paritarias a los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires, que es una paritaria que está vencida desde diciembre de 2017 y no hemos tenido una sola convocatoria para discutir salarios y para discutir las gravísimas condiciones en las que está el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires”.

 

“Podríamos hacer una larga lista de deficiencias a cual más grave y a cual más preocupante. Y además, venimos padeciendo la falta de profesionales en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires con servicios cerrados o semicerrados, algo directamente relacionado con los bajos sueldos y las malas condiciones en las que trabajamos”, aseguró.

(Por Alejandro Olmos Gaona) Es suficientemente conocida la relación que tuvo la Argentina con los organismos internacionales de crédito. Hay que estar viviendo en una dimensión distinta de la realidad para dudar de la complicidad operativa de los organismos multilaterales (FMI, BM y BID) con los grandes grupos financieros internacionales. El Plan Brady es un ejemplo de cómo colaboraron para salvar a los bancos, y liberarlos de créditos presumiblemente incobrables, articulando toda una estructura que fue impuesta en casi todos los países de Latinoamérica, a principios de la década del 90, mediante la cual además de incrementar el endeudamiento externo, permitieron comprar empresas públicos a precios irrisorios, lo que determinó en la Argentina, un desguace integral del Estado.

Aunque, este organismo multilateral, es solo en apariencia una institución que se dedica a la cooperación monetaria, en realidad tiene una estructura y un poder mucho mayor aún que un estado soberano. Si bien el FMI no tiene regulada ni establecida ninguna responsabilidad internacional por las acciones que realiza, es el que decide y consolida espacios de poder a través de la maniobrabilidad del dinero recaudado en los estados tributarios del sistema, generando un esquema plutocrático sin ninguna bandera ni frontera específica, que ha manejado los esquemas económicos del mundo entero, mediante la eufemística justificación de la existencia de un mundo globalizado, donde la interdependencia de los estados hace posible el funcionamiento de estos mecanismos de control. Si se recorre el documento donde está establecido su funcionamiento, se podrá ver que goza de todo tipo de inmunidades, aún respecto de la acción que puedan ejecutar gobiernos que eventualmente se sientan damnificados por alguna decisión de su directiva.

El resultado de la aplicación de estos programas de ajuste determinó durante la década del 90 el notable deterioro de nuestra calidad de vida, que se vio involucrada en medio de un sistema en el cual los indicadores de crecimiento de la productividad, la generación de empleo y los índices económicos en general mostraron una abrupta e indetenible caída. El sueldo real de los trabajadores disminuyó, al producirse recortes de salarios, mientras se flexibilizó la legislación laboral para permitir que el empresariado nacional y extranjero manejara discrecionalmente el empleo, sin limitaciones de carácter legal que pudieran encarecer lo que ellos llamaban sus costos de producción. Se redujeron los servicios sanitarios y educativos; reaparecieron con más fuerza las llamadas enfermedades de la pobreza (dengue, paludismo, cólera, etc) y aumentaron los precios de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, combustibles, gas) debido a los procesos de privatización. Hubo una apreciable transferencia de recursos a la economía informal, como consecuencia de los despidos o en razón de la falta de puestos de trabajo, lo que determinó un auge exponencial del cuentapropismo. Creció la desocupación, la subocupación y los contratos laborales “basura”.

Pareciera que, pasan los años, y se repiten los mismos esquemas de auxilio financiero, ante crisis repetidas, y discursos mentirosos de una transparencia que no existe. El presidente Macri, dijo hoy que siempre habla con la verdad, pero la realidad que puede observarse muestra que su discurso resulta insostenible. La recurrencia al FMI, es un salvataje, porque las reservas del Banco Central están comprometidas, y la llamada “prevención” del auxilio financiero, no es tal, sino contar con dólares que ya no pueden obtenerse de los grandes bancos, cuyas ganancias han crecido exponencialmente y lo siguen haciendo

Los datos de la realidad son preocupantes:

En el presupuesto 2018 hay vencimientos por 1.284.400 millones de pesos y se contempla emitir nueva deuda por 2.180.700 millones, lo que significa un endeudamiento nuevo equivalente a 46.200 millones de dólares.

La deuda creció en el año 2016 34.500 millones de dólares, 38.200 en el 2017 y sumada la nueva deuda prevista en el Presupuesto el endeudamiento neto llegaría a los 119.000 en tres años. La dictadura en 7 años, elevó la deuda de 8.000 a 45.000 millones de dólares, que actualizados estarían en el orden de los 70.000 millones.

Colocar la deuda prevista este año 2.180.700 millones de pesos (113.000 millones de dólares) significa un promedio 6.000 millones de pesos por día y 250 millones de pesos por hora.

A diferencia del capital refinanciado, los intereses se pagan y son parte muy importante del gasto público, y lo que no se puede pagar se capitaliza por anatocismo. El año pasado estaba previsto pagar 247.600 millones de pesos, pero la cifra se elevó a 320.000 millones de pesos. En el presupuesto 2018 se prevé pagar 406.500 millones de pesos, lo que significa casi 21.000 millones de dólares solamente de intereses.

El pago de los intereses de la deuda es el que tiene mayor ritmo de aumento interanual 28.0% en el 2018 contra un promedio del gasto público primario (sin contar los intereses de la deuda) del 16% del 2017

El pago por intereses constituye el 14% del gasto público total, pero representa el 28.3% del gasto de la Administración Central.-
Las corridas de los últimos días se produce pocos días antes del mega-vencimiento de Lebac a renovar por el BCRA el Martes 15.5 por 680.000 M$ (Millones de Pesos), que representan el 55 % del stock total de estas letras (1.3 B$-Billones de Pesos). No está demás apuntar que ante la suba de la tasa de política monetaria, vamos a tener que pagar más de 400.000 millones de pesos de intereses de las Lebac durante el 2018.

La Política institucional de compra de Reservas con Deuda Pública – la deuda cuasi-fiscal del BCRA por Lebac – que fue utilizada en gran escala por la administración Kirchner y que ahora ha sido potenciada hasta límites inmanejables por la nueva administración se ha convertido así en el agujero negro de las finanzas del Estado Argentino, con consecuencias difíciles de dimensionar y que pueden llevar nuevamente a la Nación a una crisis de la deuda, al no poder afrontar sus obligaciones.

Los 30.000 millones de dólares, que posiblemente aportaría el FMI, es casi lo mismo que las Lebac que vencen el martes 15, y veremos que ocurre con su refinanciación.

Pareciera una constante de la dirigencia política actual y la de anteriores gobiernos, ocultar al pueblo lo que negocian en secreto, aunque después las consecuencias de lo que acuerdan deban ser asumidas por toda la comunidad. A esto se suma la hipocresía de referentes del gobierno anterior, que se han olvidado de lo que acordaron con los organismos internacionales, mientras pronunciaban encendidos discursos criticando sus acciones.

Dos ejemplos puntuales: 1.- El 31 de agosto del año 2011, la ex presidente Cristina Kirchner, solicitó al Congreso autorización para capitalizar al BID en 7525 millones de dólares, los que serían pagados en cinco cuotas diciendo que el BID tenía entre sus metas “el logro de una mayor equidad social y la reducción de la pobreza en los países de menor desarrollo de América latina y el Caribe y, asimismo mediante el fortalecimiento de las operaciones de cooperación técnica y productos no financieros a países, reforzar sus estructuras institucionales” La necesidad de esa capitalización, tuvo origen en una serie de operaciones del BID, que le significaron importantes pérdidas debido a inversiones especulativas en hipotecas subprime., y su capital operativo disminuyó considerablemente. 2.- El 21 de febrero de 2013, Cristina Kirchner volvió a solicitar la autorización del Congreso para elevar la cuota de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional en Derechos Especiales de Giro (DEG) en 3.187 millones, eso determinó que la Argentina debió pagar el equivalente a 1600 millones de dólares en DEG para esa capitalización de la cuota de la Argentina. En ese proyecto la Sra. de Kirchner decía que el FMI tiene entre sus objetivos “ fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos y poner a disposición de los países miembros con dificultades de balance pagos los recursos de la institución”

Un dato importante, que generalmente se soslaya, es que este descomunal endeudamiento, es de responsabilidad compartida entre el gobierno y la mayor parte de la oposición que votó favorablemente las leyes de presupuesto del 2016 hasta hoy, incluida la ley de pago a los buitres.

Como siempre lo he sostenido, una es la retórica declamatoria de los gobiernos que dicen una cosa y hacen otra, lo que se contrapone con los datos que surgen de lo que finalmente se acuerda y nadie se entera, como pasó con el acuerdo firmado con el Club de París por el ex ministro Kicillof, que reconoció una deuda que en un 60% era de la dictadura militar para compra de armamentos e importaciones no declaradas. En estos temas, nadie puede tirar la primera piedra, porque todos han sido parte del reconocimiento de una deuda fraudulenta que NINGÚN GOBIERNO QUISO INVESTIGAR, y seguimos pagando las consecuencias.

En el último informe del FMI, se deslizaron los ajustes que debía hacer el gobierno, ahora se van a ejecutar férreamente. Ya observaremos las consecuencias que pagaremos todos los argentinos, excepto el sector privilegiado que gobierno, cuyos fondos están debidamente protegidos en el exterior.

Así lo confirmaron desde el frigorífico en la carta abierta que publicaron, donde narran los logros de los últimos años y las deudas adquiridas de la gestión anterior. Orlando Acosta, integrante de Incob, se refirió sobre el tema en FM De la Calle:“la AFIP toma una medida que pone en jaque el trabajo cotidiano. […] Es como que te embarguen el 100% del sueldo pero igual tener que pagar luz, gas, y comer”. El viernes a las 10 se manifiestan frente a la dependencia de San Martín al 100.

“Todos estos logros se ven en peligro por una decisión arbitraria y maliciosa –que podría dejar a 67 familias en la calle– por parte de AFIP, quien ha tomado la decisión de embargarnos los clientes por medio del Fisco Nacional, prohibiendo el pago de las cuentas corrientes a la empresa, teniendo estos que depositar el dinero en una cuenta del Banco Nación”, reza el comunicado.

Acosta aseguró “no teníamos noción de que existía la deuda” sino que se anoticiaron cuando cambiaron de autoridades y removieron a Enrique Garaggiola (ex presidente) de su cargo. “Si bien reconocemos la deuda, estamos denunciando que hubo ex funcionarios -que ya no están mas en la AFIP- que fueron copartícipes de esta situación. ¿Cómo puede ser que una empresa que no paga retenciones, haya trabajado durante diez años sin tener una sola inspección? ¿Cómo nunca llegó una multa?”

También explicó que con la nueva dirección de AFIP, “los que ingresaron vieron que INCOB no pagaron retenciones durante 10 años y entraron con los tapones de punta. […] Acá no hubo dialogo, la AFIP no tuvo el tupé de decir ‘muchachos le vamos a embargar los clientes’. […] La forma de subsanar esto es que paguemos pero ¿qué vas a hacer con esta falta que hubo de los ex funcionarios que participaron?”

Esta misma deuda están negociando hace tiempo en la Legislatura y tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Al respecto, el integrante del frigorífico dijo: “Buscamos la condonación de la deuda o algún tipo de facilidad de pago, teniendo en cuenta que en algún momento el estado fue responsable (porque los funcionarios eran nacionales). Además se pide que se investigue el caso de INCOB. […] Conocemos varios senadores y diputados de Bahía Blanca, y los diputados se han puesto la situación al hombro”, pero por el lado de los senadores les “está costando muchísimo, es imposible encontrar un senador”.

En relación al tarifazo reveló que han sabido organizar la parte administrativa “para que estos tarifazos no impacten en el precio de la carne. Hace un año y medio que la carne no tiene aumento, esta semana aumentó por el dólar y es mentira porque no manejamos la carne a precio dólar si es para consumo interno”. Sin embargo los costos por la energía eléctrica se perciben, mientras que en octubre de 2016 pagaban alrededor de $20.000 pesos, “hoy estamos a $220.000 y este aumento nos lleva a $350.000”.

“Si INCOB cierra sus puertas tienen que tener noción que en Bahía solo hay dos frigoríficos que abastecen la ciudad. Viñuela estaba trabajando al máximo –igual que INCOB– y no tiene la posibilidad de abastecer el 50% de la ciudad como hacemos nosotros; eso provocaría un efecto dominó a las otras carnicerías que se van a quedar sin productos”.

Nicolás Welschinger es Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología de la UNLP. Además es Investigador asistente del CONICET y habló con FM De la Calle acerca de la importancia de las innovaciones tecnológicas en materia de educación, lo que dejó el Programa Conectar Igualdad, recientemente dado de baja, y el nuevo Aprender Conectados.

“En los últimos años lo digital se volvió una nueva dimensión de la desigualdad y, por lo tanto, algo sobre lo cual el Estado y las políticas públicas y de inclusión tienen que sí o sí operar para no seguir relegados de los cambios tecnológicos y de los cambios a nivel cognitivo, es importantísimo que todos entendamos y justifiquemos y demandemos que la escuela pueda contar con esos recursos para poder seguir alfabetizando digitalmente”, afirmó.

En relación al nuevo programa Aprender Conectados Welschinger destacó que “en el anuncio dice que se va a requerir un instrumental mucho más potente que el del PCI, la duda es qué significa esto de mucho más potente y si eso se especificara, eso se concretizara y se dieran los recursos lo cual es una inversión pública importante para superar la inversión del PCI, todos los esfuerzos en capacitación, repensar el rol docente, etc. Lo que creemos varios, es que no va por ese camino, al no haber una especificación. Al no mostrar cuáles son esas esas líneas, queda la duda. Sobre todo porque los números de lo que se está hablando son considerablemente más bajos, en cuanto a los objetivos a nivel pedagógico son mucho menos significativos”.

“A partir del anuncio del plan, incluso antes 2010, 2011, empieza a haber desde el movimiento estudiantil una mayor demanda con respecto a este tema. En ese proceso se las empieza (a las computadoras) a reclamar como un derecho y, al mismo tiempo, como le pasó al programa que quedo muy ligado a la polarización adulta, también algunos estudiantes lo compartían, se lo empezó a denunciar como un regalo, entonces ahí estaba la tensión entre derecho y merito fue una de las cosas que apareció”, señaló.

(Por Astor Vitali) El pedido del presidente Macri al Fondo Monetario Internacional se presenta como un “retorno” al FMI (del que Argentina no se había ido). La decisión se da en un contexto de inestabilidad monetaria y sensación de falta de manejo económico por parte del gobierno.

La semana pasada, antes de la suba del dólar, hubo ganadores. Porque hubo “informados” que se la llevaron antes de la suba. Y por supuesto la especulación financiera maneja sus recursos al respecto.

Desde el punto de vista político, hablar del “retorno” al Fondo tiene alto impacto simbólico y práctico. A nadie se le escapa que pedir, mucho más en un contexto desfavorable, implica someterse no solamente a los monitoreos del organismo de crédito internacional sino además a imposiciones de recorte de gasto público.

Cuando se achica el gasto público se ve afectado el sector de jubilados y jubiladas que representa casi un tercio del llamado “gasto público” (inversión social). Que nadie se llame a engaño, eso lo van a pedir. La apuesta de obra pública con la que el gobierno pensaba inyectar dinero a la economía viva también será restringida para garantizar los objetivos fiscales, como ya anunciaron. A esto hay que sumarle la caída de consumo empujada por la realidad inflacionaria que superará ampliamente las proyecciones del gobierno (15 por ciento).

Desde el punto de vista económico implica hipotecar recursos futuros que no podrán ser utilizados para necesidades estratégicas. Implica ganancias para especulación y recesión para la economía real.

Mientras tanto, el Congreso es el escenario del show de las piedras cruzadas. De un lado ssacuden contra las políticas económicas que claramente castigan a los sectores populares y de otro hablarán de irresponsabilidad y desestabilización. El espectáculo se transmite en vivo y en directo.

Lo cierto es que, salvo que al gobierno se le vaya todo de las manos, las cartas de Cambiemos no están echadas y aún tienen margen para tomar todas estas medidas en un año no electoral como este y luego intentar promover una recomposición de la imagen de gobierno o hacer jugar a La reina. La oposición tiene lugar para tirar piedra pero sin lastimar fatalmente porque aún no están reunidos los consensos necesarios para oponer alternativa a la gobernabilidad del Pro y sus secuaces radicales (una banda nociva y consumida por el rencor).

En este contexto, muchos dirigentes gremiales obsecuentes aceptaron una pauta del 15 por ciento sin cláusula gatillo. El 15 por ciento ya es historia. Las masas asalariadas pierden este año como lo vienen haciendo desde el comienzo de la gestión macrista. Pero hay que estar alertas porque esos dirigentes ya pierden credibilidad rápidamente. Pasan cosas por debajo de la superficie burocrática del sindicalismo argentino.

En el medio, hay una Historia de la deuda con idas y vueltas. Entre los endeudamientos y el “desendeudamiento” que fue presentado como una gesta heroica y soberana, los recursos públicos y privados no fueron nunca a financiar un programa de crecimiento basado en la industria y el empleo estable. Nunca recursos hacia un proyecto que no dependa de los menesteres internacionales. Ayer Macri lo dijo sin rodeos, “Argentina depende mucho de la financiación extranjera”. Gana un modelo estable de especulación financiera y el trabajo precario. Por goleada.

Entre endeudamientos y “desendeudamiento” hay un juego complementario con la pelota manchada de sudor y sangre. En ese juego son delanteros senadores, diputados, concejales, gobernadores, jueces, fiscales y funcionarios de toda calaña. A veces en la defensa y a veces de volante van los medios de comunicación hegemónicos que siempre la patean al córner de la superficialidad del debate y jamás se meten un gol en contra.

De espectadores, que a veces gritan y a veces no, va una tribuna plagada de los que nunca juegan. De los que la van pasar. Pero estos son los que pagan la cuota para saldar las deudas del Club.

Hay que parar la pelota. Hay que parar la pelota porque siempre la patean los mismos y nunca la tribuna hace la jugada táctica para romper el juego perverso entre endeudamiento y “desendeudamiento”.

Hay que hacer un equipo verdaderamente popular. Los y las de abajo no están jugando pero son los que sufren la derrota. Siguen pasivos en la tribuna, expectantes de que el equipo de sus amores pateé bien, que jueguen por la camiseta. Pero su equipo ahora juego por el campeonato, ya no por la camiseta.

Mientras que en el campo de juego siempre estén los mismos, podrá haber cambio de equipo pero la jugada será la misma.

El problema de la dependencia de la especulación (es decir, la desinversión sistemática y el saqueo de recursos) es estructural. Con esos jugadores no se puede jugar ni un amistoso. Ellos sí tienen puesta la camiseta.

No alcanzó ni alcanza con mandar al FMI al descenso. Siempre pueden volver. Hay que sacarles la roja.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma (CTA-A) rechazaron la decisión ya “que recurre a viejas recetas que nos han dado resultados trágicos en el país. Hacemos responsable al Presidente de la Nación y a su gabinete por esta decisión que ha generado estragos en la economía y en la calidad de vida”, manifestó el secretario general Pablo Micheli en FM De la Calle.

“No es casual que hace unos días el presidente se haya reunido con Cavallo y termine tomando esta decisión”, y reiteró que “la gente sabe que no es bueno que el país se endeude de esta manera y que el FMI tome el control: que genera pobreza, pérdida de puestos de trabajo, más dominación. […] No compramos el discurso de que es una versión distinta del FMI y nunca creímos las recetas del Fondo Monetario”.

Desde el mediodía se debate en la cámara de Diputados los proyectos de la oposición para retrotraer los precios de los servicios, al respecto Micheli advirtió: “Si el presidente llega a vetar el dictamen favorable a parar este atropello (las tarifas de gas y luz) no va a ser igual que con la ley antidespidos –que quedamos las dos CTA–, va a haber un paro general de todas las centrales”.

Sobre los tres aspectos que se desglosaron de la reforma laboral, desde el gremio analizaron que las consecuencias para lxs trabajadorxs son “gravísimas”. “El tema de crear un fondo de cese de empleo, que de nuestro bolsillo salga el fondo de indemnización, es una medida de flexibilización laboral atroz. Hay irregularidades, violación a convenios internacionales, al artículo 14 bis de la Constitución, que nosotros vamos a rechazar de plano y seguramente lo hará la otra CGT y CTA también”.

Elecciones internas

Ayer cerraron las listas en todo el país, que cumplen con la paridad de género, y el 28 de junio se realizarán. Micheli aseguró que “el programa de nuestra central es conocido, actualizado en términos de la política económica y reclamos por mayor democracia y libertad sindical a los tiempos que corren. Acá no flamea bandera de ningún partido político.

“No vamos a callarnos la boca ante ningún gobierno frente a problemas con los trabajadores, injusticias, injusta distribución de la riqueza, ataque a bienes comunes, rechazo absoluto al fracking, a la precarización laboral, a la explotación de jóvenes y mujeres. […] Siguen siendo nuestros principios y vamos a seguir en la calle peleando contra esta política económica. Nuestro lema central es: sin unidad no tenemos destino (no sólo en la CTA sino los trabajadores del pueblo argentino)”.

El economista y doctor en Ciencias Sociales, Julio Gambina, analizó én FM De la Calle las medidas económicas del gobierno que encabeza Mauricio Macri.

“El resultado concreto es un ajuste muy fuerte sobre los ingresos de la mayoría de la población. El resultado es la consolidación de una devaluación del orden del 27% entre el valor del dólar a diciembre y el valor del dólar a la actualidad. Eso tiene mucho más que ver sobre la perspectiva de inflación que empieza a dar vuelta sobre cuanto será la evolución de los precios este 2018”, afirmó.

“El primer impacto es que esto es un ajuste para la mayoría de ingreso fijo en la Argentina sean los que perciben salarios, jubilaciones o planes sociales e incluso el sector empresario que le vende a esos sectores de ingresos fijos. Y por lo tanto, acá hay grandes ganadores que son los grandes productores y exportadores tanto del agro como de la industria e incluso sectores especuladores”.

Gambina planteó que “el gobierno está haciendo todo lo posible para que no llegue a buen puerto la iniciativa (contra los tarifazos) en el Parlamento. De todas maneras tiene el presidente, la posibilidad del veto total o parcial. El límite lo veo mucho más en el conflicto de la sociedad que, en lo que se pueda hacer desde el Parlamento. Ni que hablar de la reforma laboral”.

“A un tema que hay que prestarle atención es a la conflictividad social. Hay mucha conflictividad social en la Argentina no, suficientemente articulada por eso es que se demora la medida de un paro nacional. Cuando yo digo que hay mucha conflictividad basta con ver lo que ocurre cotidianamente. Recientemente, el primero de mayo, una cantidad importante de actos pero claro, al mismo tiempo desarticulados. O sea que, lo que muestra es un grado de fragmentación de las centrales sindicales, de las organizaciones sociales y territoriales”, manifestó.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó días atrás una ordenanza que dispone vedar todo tipo de acción que tenga por objeto la interrupción legal del embarazo, declarando además a la ciudad como “defensora y promotora de la vida, desde la concepción humana en el vientre materno hasta su muerte natural”.

Desde la fundación tucumana Mujeres por Mujeres, alertaron que dicha norma va en contra de la constitución y es por ello que FM De la Calle conversó con Noelia Aisama, abogada e integrante de la misma.

“Claramente (el Concejo), está exhortando a toda la comunidad de San Miguel desde el ámbito profesional, como también al poder de justicia, al Poder Ejecutivo que quien quiera implementar en el caso positivo de que se legalice el aborto en Argentina la obstaculización de que efectivamente este derecho se garantice para las mujeres”.

Consultada sobre cómo funciona dentro la interrupción del embarazo en los términos que plantea la legislación actual, comentó que “es importante destacar que somos la única provincia a nivel nacional que no está adherida a la ley 25.673 que es de Salud Sexual y Procreación Responsable, por lo tanto, tenemos un primer obstáculo para poder efectivizar la garantía al acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por otro lado, también somos una provincia donde no se está aplicando la Ley de ESI, de Educación Sexual Integral. Por lo tanto, en términos de efectivización de derechos tenemos esos obstáculos”.

“Desde la fundación y con Católicas por el Derecho a Decidir hemos realizado un monitoreo social sobre el acceso a la salud de las mujeres donde, no solamente hay un nivel de desinformación de las usuarias de la salud en términos de derechos de los pacientes, sino también que tampoco hay desde el ámbito de los profesionales de salud en poder informarles y garantizarles todo lo que tenga en materia de derechos sexuales y reproductivos”, agregó.

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Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, se refirió al respecto en FM De la Calle. “Lo único que pretendemos es tener una vida digna”.

El gremialista no quiso comentar sobre el porcentaje de aumento: “La mayoría de los trabajadores no sabe cuánto tienen que cobrar, se habla del 15% o 20%, si la inflación futura o pasada, nadie habla de lo que necesita un trabajador. El 50% de los trabajadores del país cobra menos de $15.000 y por más que le agregues 15% o 20% sigue siendo un trabajador pobre, esa es la discusión que hay que dar”.

“Siempre tratamos de ser serios en esa apreciación, lo que importa es cuál es la política salarial. Los trabajadores deben saber cuánto tienen que cobrar para vivir dignamente y no es un porcentaje, sino la cifra necesaria para cubrir las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y la 14 bis”.

En una negociación paritaria hay dos temas a tener en cuenta: cuánto tiene que ganar un trabajador, y si las empresas lo pueden pagar o no. Según Yofra “aquellas empresas que dicen que no lo pueden pagar tienen que demostrar con los balances que efectivamente no lo pueden hacer. La ley prevé que los empresarios muestren los balances”.

En relación a lo comentado previamente, el gremialista mencionó a la empresa Cargill como un “caso emblemático”, “no sólo en su ciudad sino las de todo el país han facturado $52.000 millones de pesos. Que una empresa de esas venga a plantear que no puede pagar son excusas. Despidieron a 45 trabajadores como si fueran baterías… ‘no me sirven más, las cambio y se terminó’. Se encontraron con un gremio que pelea por los trabajadores”.

Respecto a los tres aspectos de la reforma laboral que ingresaron al Senado manifestó que tienen una “postura contraria; son todas en contra de los trabajadores, de los derechos, de la posibilidad de progresar. Es una ridiculez que se imponga esas leyes y no se debatan con los verdaderos interesados, los trabajadores”.

“Hay que prestar mucha atención porque ya en algunos convenios se ha modificado la baja flexibilizándolo y los gremios fuimos cómplices, muchos se han flexibilizado. A nosotros una de las condiciones que nos dieron fue esa misma y no lo hemos permitido. Si quieren modificarlo no tenemos problema, pero vamos a imponer nuestra postura para cambiarle la calidad de vida a los trabajadores”.

Más declaraciones del secretario general de la F.T.C.I.O.D y A.R.A.

  • “Este gobierno favoreció mucho a las empresas, y más de nuestro rubro. Las grandes exportadoras no pagan impuesto a la exportación y se les ha sacado algún tipo de retención.
  • Las empresas se niegan a dar un aumento a los trabajadores pero no hay una cuestión de costo laboral porque cuesta entre 0,5% y 5%.
  • El salario es uno de los puntos que nos tiene que unir como obreros. ¿Qué implica dar un buen salario? Que las empresas ganen menos, y esa es la lucha entre capital y trabajo que siempre va a existir. La diferencia es que algunos peleamos y otros no”.
  • La empresa dice que tiene derecho a despedir porque la ley así lo admite, y nosotros tenemos el derecho a huelga y paramos cada vez que despiden a un compañero. Donde los compañeros quieran parar la Federación y los sindicatos van a apoyar.