(Por Astor Vitali) Los/as representantes de las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo convocan a los/as trabajadores/as de la cultura a participar de la asamblea que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de marzo a las 11 en El Tablado (Chiclana 453).

El cuerpo está integrado por representantes de artes escénicas (danza y teatro), música, literatura y artes visuales. Durante el mes de octubre se llevaron a cabo las elecciones por áreas. El mandato es de dos años. El Honorable Concejo Deliberante está retrasado en la designación oficial.

Sin embargo, el consejo persiste en su característico dinamismo. Además de la gestión del Fondo Municipal de las Artes (más de un millón de pesos destinado a producción de discos, libros, obras de teatro, obras visuales, etc.), el órgano asesor tiene como potestad llevar a las autoridades del Instituto Cultural las resoluciones sobre política cultural tomadas por los/as laburantes de la cultura en sus asambleas de base.

Hasta el momento se lograron algunos temas fundamentales como un piso expresado en sueldos municipales para el FMA –con el objeto de que no dependa sólo de la tasa que lo nutre-, la articulación con los Espacios Culturales Independientes y la ordenanza que crea el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo.

El temario

“La problemática de la Escuela de Danza o del Conservatorio de música abrió el año con la incertidumbre de que se puedan cerrar cursos. Se apuntan al punto de la matricula o al título habilitante. La resolución en sí es nefasta pero la aplicación en las artísticas es absurda porque no contempla características puntuales que afectan a las instituciones superiores de artística que no tiene nada que ver, por ejemplo, con primaria o secundaria” dijo la artista a FM De la Calle.

Otro tema es “el seguimiento de los subsidios para Espacios Culturales Independientes”, asunto  sobre el cual el Instituto Cultural adeuda respuesta, incumpliendo con la ordenanza que estipula una reunión mensual de la comisión de coordinación.

“Exigir una política de talleres municipales”, ante el cierre sistemático de espacios barriales y zonales de formación. La Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar es uno de los casos más conocidos pero ya son decenas de talleres dados de baja por las gestiones de Ricardo Margo y Morena Llanca Rosselló (Educación).

“Museos es el otro punto que vamos a tratar. Ha habido despidos y hay una serie de avasallamientos con todo lo que implica la precarización laboral. ¿Cuál es la política de museos?”, interpeló.

También se discutirá acerca de la situación del Teatro Municipal, hoy dirigido por el productor Roberto Valverde, quien se ha desempeñado desde 2015 como asesor de Margo.

Luego de la asamblea, el cuerpo deberá reunirse con el representante del Instituto Cultural.

Se realizó esta semana la primera reunión del año de la Comisión Asesora Ambiental del Concejo Deliberante coordinada por Leandro Santomassimo. El edil oficialista dijo a FM De la Calle comentó los proyectos que abordarán durante el 2018, entre ellos, la gestión de los residuos, el arbolado urbano y la regulación de las antenas de telefonía.

Respecto a la reciente adjudicación de la administración del relleno sanitario a la empresa Ingeniería y Arquitectura -propiedad del titular de la Unión Industrial local, Fabián Gurrado-  y a la labor de la subcomisión de Residuos en la elaboración del pliego, Santomassimo afirmó que “el año pasado desarrolló una tarea impecable, los integrantes de la misma han trabajado mucho, ardua tarea han tenido sobre todo con el tema de la recolección de residuos sólidos urbanos. Y en cuanto a la opinión con respecto a la participación en el relleno sanitario y su resolución me parece perfecto”.

En relación a cómo trabajará la Comisión Asesora en el control del Polo Petroquímico, el concejal de Cambiemos dijo que “salvo en determinados casos en particular donde ha sido alguna parada de planta, algún ruido molesto que haya ocasionado alguna de las llamas allá; después en líneas generales desde la Comisión no hemos tenido mayores inquietudes”.

“Entiendo, obviamente, que también, como órgano de control, tenemos la institución del CTE, que cuenta con profesionales por demás capacitados y con buena tecnología. Y obviamente, hablando de cada una de las empresas que tienen sus equipos técnicos que lo que menos procuran se supone siempre es la contaminación del medioambiente. Entendamos que cualquier ciudad que tiene algún un polo industrial con una fabrica mínima de lo que sea, siempre va a haber un mínimo de contaminación”, manifestó.

Pablo Rosenfelt, concejal del bloque Cumplir e integrante del directorio de Bahía Transporte SAPEM, habló con FM De la Calle sobre la demorada implementación del sistema de estacionamiento medido y pago a cargo de EXO.

“Había un compromiso de la empresa de hacerlo en tres etapas. En agosto tenía que estar la aplicación lista para que entre en vigencia, mientras iban a convivir los dos sistemas”, dijo.

Ante el incumplimiento, Rosenfelt planteó “intimar a la empresa a través de una carta documento para que a la brevedad se solucionara este inconveniente. Acá hay recursos públicos que el municipio ha dejado de recaudar, un lucro cesante que es importante y que no podemos dejar pasar”.

El concejal explicó que hicieron un pedido de informe y ayer, junto a su par Ezequiel Gimeno, concurrieron al Tribunal de Cuentas.

“Manifestamos nuestra preocupación y nos confirmaron que están actuando de oficio en este tema y lo están auditando. Es una obligación que tiene el tribunal, todo lo que tenga que ver con la administración municipal o con la SAPEM, teniendo en cuenta que el 98% del componente accionario es estatal”.

Agregó que “la SAPEM gerencia un sistema y evidentemente lo gerenció deficitariamente. El que paga ese financiamiento es el municipio y hay que ver si intimó a la empresa para que dé un servicio como corresponde”.

“Sería conveniente que formalmente, y a través de un escrito, den toda la información que todos requieren y que estamos deseosos de conocer. (…) Lo inherente al parquímetro tiene que ver con subsidiar al pasajero frecuente”, concluyó.

Ayer se presentó en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa que legaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, fue firmada por 71 legisladorxs de distintos bloques.

Vanina Biasi, asesora de la diputada por el FIT Romina Del Plá y redactora del proyecto dijo a FM De la Calle que el nuevo texto se diferencia del presentado en 2017 al elevar el límite de 12 a 14 semanas de gestación, al eliminar referencias a los objetores de conciencia en el ámbito de la salud, “porque no se le puede denegar a nadie un derecho por razones religiosas y nos parece importante avanzar en reflexionar sobre esto”.

Si bien la iniciativa contempla en uno de sus puntos la cobertura de la interrupción del embarazo en todas las obras sociales y prepagas del país ara las mujeres que no las tengan “estamos planteando que tienen que ser atendidas en el hospital público sin ningún tipo de restricción, para lo cual va a haber que modificar algunas resoluciones que en el pasado se han tomado de la comercialización de misoprostol. Tenemos que empezar por decir que el ANMAT, en este momento se maneja con criterios que no pueden seguir existiendo en la medida que avancemos en una legalización del aborto”.

“Lo que pasa es que la comercialización de misoprostol en la Argentina produce una situación de mucha escasez porque solo se provee al Ministerio de Salud para que lo distribuya en los hospitales y en los efectores de salud para los casos que tenga atender abortos no punibles”, afirmó Biasi.

En cuanto  al contraproyecto presentado por los sectores denominados “pro-vida” que cuenta con un total de 15 firmas -entre ellas la del ex intendente bahiense Gustavo Bevilacqua- opinó que “no estamos debatiendo aborto si o aborto no, porque en este país el aborto existe, se practica de forma masiva y lamentablemente en muchos casos, porque las mujeres van a abortar obligadas por las circunstancias y, por lo tanto, tenemos que esforzarnos para ver como eliminamos las circunstancias”.

La secretaria general del Suteba local, Ana Canullo, se refirió a los dichos que la inspectora regional, María Celeste Veiga, pronunció ayer en el acto de inicio del ciclo lectivo.

“Es una funcionaria política de Cambiemos en un discurso político que no es más que lo que ellos son, lo que han hecho todo este tiempo es responsabilizarnos a los docentes de esta situación cuando está muy claro que es el Estado el que se está corriendo de su responsabilidad”.

“Vengo a hablar en nombre de la educación. Estoy representando esta figura, es que tengo que traerles la gran preocupación de la gobernadora y del ministro de Educación Gabriel Sanchez Zinny , quienes están trabajando para revertir esto, se impone en la provincia de Buenos Aires y en el país todo, un deseo ferviente de que se revierta. Y esto también involucra a las familias y nos compromete a todos los docentes bonaerenses por eso es que vale el agradecimiento especial a aquellos docentes que hacen su lucha desde las aulas. Aplauso por favor a los docentes que van a hacer su lucha desde las aulas”, dijo Veiga en el jardín del barrio Palihue.

Canullo opinó que “es el Estado quien está cerrando los bachilleratos de adultos (…) que funcionan en escuelas secundarias, en horarios adecuados, en los barrios. Es el Estado quien fusiona los cursos, quien deja sin primeros años a tantos chicos y chicas que empiezan su escolaridad secundaria y no saben dónde van a ir porque en sus barrios cierran primeros para abrir cuartos, porque hacen todo sin querer poner dinero”.

Veiga había afirmado además que era un “acto privilegiado” porque “sabemos que tenemos todo el confort, pero sabemos que hay estudiantes que transitan su escolaridad en lugares totalmente inapropiados”. “¿Es acaso un “privilegio” que el lugar físico de la escuela pública donde se enseña y se aprende tenga todo lo necesario para funcionar?”, se preguntaron desde Suteba en un comunicado.

“Pero lo mejor que nos pasó ayer es que la comunidad, por suerte, dio su respuesta antes que la diéramos nosotros. Sabemos que varios padres del jardín donde se estaba desarrollando este acto, rechazaron éste discurso, algunos dijeron sus cosas, otros se fueron, eso es una muestra de que se les está cayendo la careta de que es lo que está pasando” finalizó la secretaria del gremio.

Esta mañana se realizó una protesta frente al Colegio Mosconi de Ing. White en rechazo al cierre del bachillerato nocturno de adultxs.

En diálogo con FM De la Calle, la docente Daniela Canullán sostuvo que “ayer llegó la resolución que, de alguna manera establece las normas para los alumnos menores de 18. Qué es lo que va a ocurrir con los adultos mayores todavía no se sabe, por lo menos de manera formal. Sí información reglamentada acerca de lo que van a ser las aulas aceleradoras. Obviamente que nosotros estamos en contra porque la propuesta para nada responde a la necesidades que tienen los alumnos y alumnas de la comunidad”.

Las aulas aceleradoras comenzarían en abril y “van a estar a cargo de un tutor que se va a seleccionar a través de un proyecto y que va funcionar como ciclo cerrado que finaliza en diciembre. Para los alumnos el hecho no acceder a materias especializadas y a presencialidad de docentes especializados en cada área, la calidad educativa va a disminuir. Lo que se pretende es que el alumno esté un año en las aulas aceleradoras y al año siguiente sea insertado en lo que eran las escuelas medias que funcionan en los turnos mañana y tarde”, comentó Canullán.

Otra de las cuestiones que dejan entrever las medidas adoptas es la derivación de lxs adultxs a los C.E.N.S. Canullán explicó que “la derivación a los C.E.N.S, aparentemente, porque de eso sí no hay información formal, sería para los adultos, estamos hablando de 18 años, que quieran terminar. Por lo pronto, la escuela lo que tiene que hacer es mandarlos a Viamonte al 400 para que se inscriban allá”.

“Siempre que se habla de la creación de un curso, de un aula aceleradora, estamos hablando de un cupo mínimo de alumnos que no sabemos si la comunidad va a responder a esa demanda. Porque en realidad, la mayoría de los alumnos que vienen al colegio, vienen porque necesitan la explicación del docente, la compañía de sus compañeros, la estimulación y motivación de los directivos. Bueno, todos los que hemos estudiado en escuelas públicas sabemos lo que significa hacer el trayecto escolar en comunidad”.

El próximo jueves 8 de marzo de llevará adelante en distintas ciudades del mundo el Paro Internacional de Mujeres. Sandra Bouzas, integrante de la Secretaría de Géneros del SUTEBA, y Camila Romero Partal, de la Comisión de Géneros del Colegio de Trabajadoras Sociales, visitaron la FM De la Calle para anticipar las actividades organizadas en Bahía Blanca.

“Hace un mes que empezamos con las asambleas, por suerte cada vez más organizaciones y mujeres se van sumando”, comentó Bouzas y agregó que “las convocatorias hasta ahora han dado resultados”.

Por su parte, Romero Partal dijo que desde la Comisión de Géneros “nos enfocamos más que nada en lo que tiene con políticas de género a nivel local, de cómo nos atraviesa como trabajadoras sociales, al ser un colectivo mayoritariamente de mujeres y también cómo repensar nuestras prácticas e intervenciones atravesadas desde esa perspectiva, que creemos que es fundamental para intervenir desde el trabajo social”.

Al mismo tiempo, se refirieron a los ejes que surgieron para este paro en particular: “Nosotras hemos logrado acordar entre tantas organizaciones como mínima consigna que nos nuclea: que nos paramos contra la violencia machista, el ajuste y (por) el aborto legal, eso como algo global. Después hay seis ejes que nos nuclean como: femicidios, también tenemos la mirada de las compañeras trans que vinieron con sus inquietudes (…), además como trabajadoras docentes exigíamos también el paro a nuestras seccionales sindicales, visibilizar el trabajo doméstico. Llevamos la consigna del aborto legal, seguro y gratuito”.

En relación al rol de los hombres que quieren participar de la marcha explicaron que “en las Asambleas logramos dar las discusiones desde las mujeres. (…) Después, lo que pretendemos es que los hombres empiecen a reconocerse en sus privilegios”, sostuvo Bouza.

Romero Partal comentó que desde la Comisión de Géneros “nadie dice que el machismo no atraviesa a los hombres y nadie dice que el feminismo sea solamente de mujeres. Creemos que las protagonistas somos las mujeres porque somos las que realmente vivimos en carne propia las realidades”.

La convocatoria a marchar en el Paro Internacional de Mujeres en Bahía Blanca será el jueves 8 de marzo a las 18.30 en la Plaza Rivadavia.

Lo dijo el titular de ATE y la CTA Autónoma bonaerenses en comunicación con FM De la Calle a partir del discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal en la apertura de sesiones de la Legislatura. Hoy culmina el paro por 48 horas de docentes y estatales.

De Isasi afirmó que la situación no es nueva pero sí “la virulencia, y se renueva cada vez que hay que discutir el salario. Este gobierno, nacional y provincial, tiene un desprecio manifiesto sobre los trabajadores del Estado, que todos los días les enseñan a miles de pibes, que les dan de comer -en el caso de los auxiliares-, limpian las escuelas”.

El dirigente gremial aseguró que “las afirmaciones de la gobernadora en relación a que no hemos perdido poder adquisitivo, que se toman de rehenes a los chicos y demás, carecen de sentido con un salario tan depreciado como este”.

Finalmente, explicó los motivos por los cuales se movilizaron esta mañana “Repudiamos las declaraciones de la gobernadora y exigimos la apertura de todas las paritarias (la única que está abierta es la de los docentes). Y que en esas paritarias se haga una oferta salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo del salario, no solo discutir un 15% de proyección inflacionaria, que es mentiroso, porque hasta las encuestadoras oficiales hablan de un 20%”.

“Le agregamos la exigencia de reincorporación de lxs trabajadorxs despedidas, el pase a planta permanente de miles de trabajadores precarizados y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires intervenga en el conflicto de Fanazul porque tiene mucho para decir y tiene una de las llaves para que ese conflicto se resuelva”, concluyó.

“El estado no nos da los recursos para garantizar este derecho, entonces nos pone en un lugar en donde o tenemos que salir a buscarlo nosotros o conseguirlo de alguna manera, que alguien nos done, que nos preste” señaló Verónica Herrero, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de nuestra ciudad.

En el marco de la semana del Paro Internacional de Mujeres, se realizó la presentación oficial de este espacio. “Un grupo de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, promotores de salud y trabajadores sociales. Somos trabajadores que pertenecemos al sistema público de la salud, trabajamos en el primer nivel de atención y nos venimos reuniendo desde el año pasado para poder trabajar el aborto no punible en bahía blanca” explicó.

Según un informe elaborado por el equipo Latinoamericano de Justicia y Genero, la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina y CEDES, se estiman entre 370.000 y 520.000 abortos por año en nuestro país. Hay más de un aborto cada dos nacimientos. La única información sobre aborto disponible a nivel nacional de los servicios de salud proviene de las internaciones en hospitales públicos. Los abortos se reportan en una sola categoría que comprende desde mujeres que se internan en los hospitales públicos porque perdieron un embarazo espontáneamente hasta mujeres con abortos legales o mujeres que enfrentaron distintos tipos de complicaciones (más o menos graves) derivadas de un aborto realizado en condiciones inseguras. Quedan excluidas las mujeres que recibieron atención ambulatoria y las que accedieron a efectores privados o de obras sociales.

Herrero también destacó que elevaron “un informe en la Secretaria de Salud, que va a ser presentado al municipio en el HCD, donde cuenta y hay evidencia de todo un marco teórico, legislativo, jurídico tanto de Argentina como declaraciones internacionales donde avalan el pedido que nosotros estamos haciendo básicamente de los recursos para poder trabajar en el primer nivel de atención”
Por su parte Viviana Rodriguez, psicóloga, destacó que forma parte de esta red “que viene a abordar esta lucha histórica de muchos grupos feministas, con la intensión de poder visibilizar que también el aborto es un problema de salud y es un problema político, porque en realidad lo que se intenta cuando se coloca a la mujer solamente desde su dimensión biológica o su capacidad reproductiva es borrar la diferencia que hay entre la dimensión biológica y la dimensión política de la mujer”.

El aborto realizado en condiciones inseguras puede afectar la vida y la salud física, emocional y social de las mujeres y de su entorno cercano. Las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las muertes maternas entre 2014-2016. Contabilizan 47 las mujeres muertas por año por complicaciones relacionadas al aborto clandestino. “No parece cruel dejar a un grupo poblacional, la mayoría son mujeres menores de 25 años, a que vean cómo les sale un aborto inseguro, porque las mujeres abortan. Lo que está (en discusión) es el acceso al aborto no punible en un sistema de salud publico donde el aborto es seguro y no te compromete la vida” aclaró Herrero.

Y Viviana Rodríguez finalizó destacando que “la criminalización es selectiva porque las mujeres que han sido procesadas son mujeres pobres. La práctica del aborto es común en mujeres y en personas con capacidad para gestar, lo que pasa es que hay un sector que se encuentra en una inequidad y en una vulneración de derechos”.

A dos años del homicidio de Ángel Almada, el abogado de la familia, Leandro Aparicio habló esta mañana con FM De la Calle para contar las novedades en la causa por el encubrimiento de la muerte del joven violinista whitense: “Hay 5 personas imputadas; 3 son civiles y 2 policías. De los 3 civiles una se llama Cintia Cerdeiro que fue la que fue el mismo día a la comisaría y entrega el celular de Ángel diciendo que, se lo había cambiado por dos botellas de cerveza”
“Por otro lado, esta Pagotto que era el verdulero al cual se le encuentra el otro teléfono que estaba en la fiesta y que algunos dicen se había llevado Ángel (…), y por último está Acosta, que era el ex delegado (municipal), que fue en ese momento quien se arroga funciones que son propias de la policía; y posteriormente declara falsamente” comentó el letrado.

Respecto de la imputación a dos efectivos de la policía sostuvo que estos “tomaban las declaraciones y apretaban o falseaban las declaraciones, todas con el objetivo de plantear la hipótesis del suicidio (…)”.
En relación a la causa del homicidio, explicó que todavía “hay pruebas pendientes con los trece teléfonos secuestrados y hay otras medidas de prueba. Entiendo que la causa va a ser girada a la UFI específica de homicidio, que ya fue girada anteriormente y no duró ni dos horas. Se hizo una conferencia de prensa y la conferencia duro más que el tiempo que duro la causa en la fiscalía”.

A raíz de las medidas de fuerzas tomadas por distintos gremios de la educación, FM De la Calle conversó con Analía López, titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, gremio que para por 24 horas, a diferencia de otros que adoptaron la medida por 48. La huelga “tiene que ver con la no concreción de la paritaria general docente, cuyo principal objetivo era establecer un piso salarial único para que todos recibieran la misma remuneración”.

SADOP ha convocado a las comisiones de negociaciones de esas paritarias pero que el Ministerio de Trabajo dejó afuera a este sindicato, impidiendo negociar con otras organizaciones sindicales las condiciones en que se llevará adelante el acto educativo.

López aseguró que desde el gremio se oponen al concepto de presentismo: “Creemos que sería muy injusto premiar económicamente la suerte que pudiera tener un trabajador de gozar de buena salud y castigar con una quita a aquel que tiene la desgracia de tener una patología o un familiar enfermo. Personalmente jamás aceptaría cobrar algo que me beneficie porque goce de buena salud y que no lo percibe otro compañero”.

Al respecto mencionó que quieren discutir las causas del ausentismo y que realizaron una encuesta sobre salud docente. “Muchas de las patologías que afectan a los docentes tiene que ver con las condiciones en las que realizan la tarea cotidiana. Queremos mejorar esas condiciones para disminuir las causales de las patologías (problemas de la voz, horas de estar parado, cursos excesivamente numerosos, aulas cuya infraestructura dejan bastante que desear)”.

También explicó que “dentro del universo de trabajadores docentes un 80% somos mujeres, las tareas de cuidado si un hijo se enferma recaen mayoritariamente en la mamá; tenemos una gobernadora mujer que encima estigmatiza esa función, castigando a los trabajadores si atendieron a sus hijos enfermos. No se cómo hará ella en su casa”, cuestionó.

En relación a cuánto perdieron de poder adquisitivo en los últimos tres años, la titular del sindicato dijo que el sector ya sufría una depreciación un 10% por debajo de la inflación de 2016, que no se recuperó en el 2017”. En diciembre realizaron una encuesta interna para establecer la canasta básica del docente privado y “estableció que hubiéramos necesitado un incremento salarial del 27% para estar acorde con el impacto de la inflación en nuestro poder adquisitivo”.
Finalmente aseguró que “si ahora nos ofrecen 15% en tres cuotas, con la proyección inflacionaria que estamos teniendo, sabemos que va a ser imposible para el trabajador satisfacer sus necesidades básicas. La oferta que ha hecho la gobernadora nos resulta inaceptable”.

A cuatro años de la muerte de Daiana Herlein, producto de la caída de una rama en el Parque de Mayo, su madre la recordó advirtiendo que nada cambió en el ámbito municipal ni se produjeron avances en la causa judicial.

Lorena Zerneri publicó esta mañana en su cuenta de Facebook que “parece que fue ayer, que compartíamos esas profundas charlas mate por medio, que reíamos a carcajadas, que te escuchaba proyectar los días, meses y hasta casi los años que tendrías por delante, para estudiar, viajar y cuantas cosas más. Parece que te escucho decir. Mamá yo no necesito nada para vivir y ser feliz. Cuánta grandeza y sabiduría, cuánta luz en sólo 15 años”.

“Hoy es un día donde la tristeza, la angustia, la nostalgia invade mi alma y mi corazón más que cualquier otro día, me senté y me levanté mil veces queriendo escribir estas líneas, tratando de no ahogarme con cada palabra. Pero esto no va a impedir que siga luchando y reclamando una y otra vez para que su muerte sea un constante recordatorio de que LA CORRUPCION MATA”, agregó.

Según manifestó Zerneri, “no ha habido en el sector Parques dentro de la Secretaría de Obras Públicas un solo cambio, mejora, propuesta o hecho que muestre mínimamente la predisposición a mejorar para que un hecho trágico como este no se vuelva a repetir”.

“Luego de dos años de gestión de los nuevos representantes del pueblo y administradores del Estado no existe un censo del arbolado público y tampoco un Plan Regulador del Arbolado Urbano, exigido por Ordenanza y Ley Provincial, si esto hubiera estado hecho antes del 2014 Daiana estaría entre nosotros, pero Daiana murió y al Estado municipal, no le interesa que alguien murió, porque luego de dos años no hace lo que debe, y pone en riesgo a los ciudadanos”.

“En cuanto al Poder Judicial, ya vamos por el fiscal número tres y aún no tenemos JUSTICIA, sin entrar en detalles de corrupción, desamparo, abandono y falta de respeto hacia nosotros los familiares de Daiana”, aseguró Zerneri.

Finalmente destacó que no hubo definiciones en torno a la causa por el robo del árbol que cayó sobre la cabeza de su hija -“los delincuentes Eduardo Hess, empleado municipal y su esposa impunemente conviven entre nosotros, como así también los oficiales encargados de preservar el lugar del hecho-“.

En cuanto a la investigación por el homicidio y otras causas derivadas de la misma la madre de a joven afirmó que “jamás fueron citados a declarar varios de los directamente responsables de la muerte de Daiana”.

El miércoles pasado se realizó la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano.

“Terminamos de armar la compleja trama represiva desde la Armada, acá tenemos muchos imputados con rango medio. En el primer juicio fueron juzgados y condenados altos mandos y de bajo rango y acá venimos a completar ese organigrama que funcionó como un gran pulpo en la ciudad”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia.

El debate oral de la causa caratulada “Aráoz de Lamadrid Nº6631” será en abril en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80 y tendrá 14 imputados y 66 víctimas. El tribunal está integrado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava y los fiscales son Nebbia y Miguel Palazzani. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan a las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la APDH, respectivamente.

Según informó Nebbia, el debate “va a ser corto porque los casos de las víctimas fueron juzgados en el primer juicio, hay muy pocos casos nuevos y muy pocos testimonios nuevos porque el tribunal con muy buen criterio y -a pedido de la Fiscalía y las querellas- incorpora todos los testimonios por video para que los familiares no tengan que volver a declarar y revivir el horror que pasaron en aquella época”.

La causa fue elevada con una veintena de represores aunque hoy son 14 los que estarían habilitados por el tribunal. “Por el transcurso del tiempo algunos fallecieron, otros quedaron fuera del proceso por incapacidad psíquica y por eso también la necesidad y la premura de que se lleve adelante el debate”.

¿Lo miran por TV?

Casi la totalidad de los acusados está detenido en sus casas. “Esa es una característica que se detectó desde el inicio de las acciones, inclusive en primera instancia: la diferencia entre fuerzas. La Armada ha sido mayoritariamente beneficiada con prisión domiciliaria en contraposición al resto de las fuerzas”.

“Este juicio tiene todos imputados de la Armada y no es la excepción. La inmensa mayoría está con prisión domiciliaria, algunos aquí en Bahía y la mayoría en Capital Federal. Pedimos que se los reexamine para ver la posibilidad de que sean trasladados para que, al menos en algunos tramos cruciales del proceso, estén presentes a la vista de los jueces, las partes y el público”, dijo el fiscal.

jose nebbia foto lina etchesuri

Consultado por las causas del privilegio de los marinos sobre los genocidas de otras fuerzas, Nebbia aseguró: “Lo nuestro es meramente descriptivo, desde la Fiscalía hemos llamado la atención sobre eso e impugnamos de igual manera cuando entendemos que no están las condiciones que fija la ley para que una persona esté en domiciliaria y esté en condiciones de cumplir su detención en un establecimiento carcelario. Pero lo cierto es que los números muestran esa diferencia”.

El defensor Sebastián Olmedo Barrios afirmó que sus defendidos tienen más de ochenta años y pidió que sigan las audiencias desde Buenos Aires. Para su colega Gerardo Ibáñez, trasladar a los reos al Aula Magna universitaria es “puro hostigamiento”.

El juez Jorge Ferro anunció que la modalidad será la misma que en los juicios anteriores, con videoconferencias desde Comodoro Py y el Consejo de la Magistratura. El tribunal deberá resolver si los genocidas estarán o no durante la lectura de la acusación, las indagatorias, los alegatos, las últimas palabras y la sentencia.

No innovar en Baterías

Durante la audiencia preliminar la Fiscalía pidió continuar con la medida cautelar que impide modificar la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías y ordena realizar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas”.

El fiscal Nebbia comentó que en el lugar está trabajando Memoria Abierta, la misma organización que realizó la excavación y recuperación de los cimientos del predio donde funcionó el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, detrás del Batallón de Comunicaciones 181 del Comando V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.

“Se pudo comprobar a partir del primer juicio que en la Séptima Batería funcionó uno de los centros clandestinos de la Armada. Hay un trámite ante el Juzgado de primera instancia donde a partir de la solicitud hecha por la Fiscalía se cauteló y se mandó a hacer una protección del lugar”.

Los primeros trabajos se realizaron a fines de 2017 y para continuar es necesario que el Consejo de la Magistratura destine los fondos necesarios.

Declaración anticipada

Con la probable intención de alejar al represor Aristóbulo Nicanor Moreira del escenario de los crímenes de lesa humanidad cometidos a fines de 1976 y principios de 1977 en la región, el defensor oficial Gustavo Rodríguez adelantó el testimonio de la cuñada del ex capitán de fragata.

Marta Catalina Moreno declaró que desde “el 23 o 24 o diciembre del 76 hasta mediados de enero del 77” compartió las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su casa de calle Carabobo de Capital Federal con su hermana Noemí y con Moreira quienes estaban casados desde 1969 y tuvieron una hija en 1976.

(Por Santiago Rey desde Bariloche // En Estos Días) Pasadas las 16 horas del 25 de noviembre de 2017, miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval ingresaron en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Como consecuencia de esa incursión, murió asesinado Rafael Nahuel, de sólo 21 años, quien recibió un tiro por la espalda que ingresó por un glúteo y se alojó en su tórax. Desde entonces, los testimonios, inspección ocular y primeros datos extraoficiales de las pericias tienden a demostrar la responsabilidad de la Prefectura en el hecho, a pesar que la causa sigue caratulada como NN s/muerte dudosa.

Ahora, un dato clave al que accedió En estos días revela que la fuerza de seguridad federal desató una verdadera cacería en la comunidad: cinco de los Albatros dispararon un total de 114 tiros durante la persecusión de los mapuches que se encontraban en el lugar.

Así se desprende del recuento de los cartuchos faltantes de los cargadores de las 26 armas secuestradas a los uniformados. Los 114 disparon fueron realizadas con subfusiles MP5 y pistolas Beretta, que utilizan proyectiles 9 milímetros, similares a la bala que acabó con la vida del joven barilochense.

Este medio logró determinar que son cinco los Albatros que efectuaron disparos. Sus apellidos son: Obregón, Sosa, Pintos, García y Blanco. Entre ellos estaría el asesino de Rafael Nahuel. Dos de ellos realizaron más de 30 y 40 disparos, respectivamente.

Según el registro, los cinco prefectos dispararon 114 veces, repartido de la siguiente forma, de acuerdo al faltante de balas en los cargadores: uno de ellos disparó en 33 oportunidades; otro en 17; un tercero en 46; otro 15 veces; uno en dos oportunidades; y un prefecto una vez. Si bien el número final indica que seis Albatros tenían faltante de proyectiles, uno de ellos argumentó que perdió un cargador entero.

Producto de la balacera, además del fallecimiento de Rafael, fueron heridos otros dos jóvenes: Johana Colhuan, de 20 años, y un hombre de 30 años, no identificado. Salvaron su vida de milagro.

La pericia clave que permitirá determinar cuál de los prefectos fue el responsable del tiro mortal, es la comparación de la bala extraída del cuerpo de Rafael con los proyectiles testigos obtenidos de los disparos de las 26 armas secuestradas. Ese análisis -a partir de las estrías de cada bala- servirá para confirmar de qué arma salió el proyectil que mató al mapuche.

En paralelo, otras dos pericias intentan determinar la presencia de pólvora en las manos y las ropas de los 21 Albatros que estaban en el lugar, los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González -quienes bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta 40-, y del propio fallecido.

Todos esos trabajos deberían finalizar en los próximos días. Por ese motivo, el Juez de la causa, Gustavo Villanueva -el mismo que este lunes definirá la extradición del lonko mapuche Facundo Jones Huala-, comenzará esta semana a tomar testimonios a los prefectos que participaron del operativo represivo.

Según pudo saber En estos días, fueron convocados los efectivos que no realizaron disparos, cuyas armas secuestradas tenían los cargadores llenos. Es decir, aquellos sobre los que no pesa inicialmente la sospecha de que pudieran ser responsables por la muerte de Rafael.

Son en total 15 los integrantes de Prefectura que, desde este lunes y durante cinco días, deberán testificar ante el magistrado.

En paralelo, Villanueva solicitó los registros de llamados al Servicio de Emergencia Telefónica (número 107) del Hospital Zonal de Bariloche, efectuados entre las 16 y 17 horas del 25 de noviembre pasado.

Finalmente, libró exhorto para que la Dirección de Operaciones de Prefectura Naval Argentina entregue los audios y las transcripciones de todas las comunicaciones realizadas a través de las radios, handys, equipos de trunking, entre otros, que haya utilizado el personal de esa Prefectura, en particular los efectivos del Grupo Albatros, que se encontraban participando del operativo en Villa Mascardi.

El conjunto de medidas dispuestas por el Juez acelera los tiempos de la posible resolución de la autoría material del homicidio, aunque resta avanzar sobre las responsabilidades políticas. El dato aportado hoy por este medio sobre la cantidad de disparos efectuados habla del contexto represivo en el cual se produjo el ingreso de los Albatros, sin orden judicial, al territorio de la comunidad mapuche.

El resultado de la inspección ocular no permite abonar la teoría oficial de la existencia de un enfrentamiento, tal como sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y demostró que los Albatros salieron a la búsqueda de los mapuches, ya que los primeros disparos fueron efectuados en un área boscosa ubicada a unos mil metros de la tranquera de ingreso al lugar.

(foto Alejandra Bartoliche – Patagonia Fotopress)

El clima de tensión no terminó en la zona. El pasado viernes 2 de marzo, el Presidente de Parques Nacionales emitió una resolución “promoviendo las acciones” para reclamar a la Justicia Federal que vuelva a intentar desalojar del territorio.

En la comunidad intuyen que un nuevo intento de desalojo sería inminente, aunque, hasta este momento, no se produjo ninguna aproximación de fuerzas de seguridad.

El texto de la resolución repasa que el 23 de noviembre, “en el marco de la causa judicial, se llevó a cabo -con el auxilio de las fuerzas de seguridad federal- el lanzamiento de los intrusos”.

“Lanzamiento” fue la palabra elegida por el Presidente del Directorio de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, para describir el operativo durante el cual fueron detenidas cinco mujeres y tres niños, quienes permanecieron durante varias horas en dependencias de la Policía Federal en Bariloche. Dos días después, el 25 de noviembre, los uniformados volvieron a ingresar al territorio y mataron a Rafael.

El lunes no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires como producto de la insuficiente oferta oficial en el marco de las negociaciones paritarias entre las autoridades bonaerenses y los gremios del sector.

SUTEBA confirmó este mediodía el llamado a un paro por 48 horas a partir del lunes 5, así como una movilización en toda la provincia. Minutos más tarde, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció que seguirá el mismo camino.
Desde el SUTEBA local explicaron que están “muy preocupados por el cierre de cursos y fusiones de cursos. Varias situaciones que, en realidad, a poco de comenzar las clases no están resueltas. Primeros años que faltan porque se fusionan para consolidar las escuelas secundarias, entonces se cierran primeros años para abrir cuartos y quedan chicos de primero afuera”.
En lo referido a la situación provincial, el plenario de Secretarixs Generales de SUTEBA resolvió rechazar la propuesta del 15% en tres tramos con plus por presentismo; rechazar las descalificaciones de la Gobernadora María Eugenia Vidal en relación a la escuela pública y a la docencia en su conjunto y en caso de que no haya convocatoria, y en ese ámbito una propuesta superadora, convocar asambleas y reuniones de delegadxs para determinar la continuidad de acciones a seguir.
A su vez, UDOCBA también va al paro mientras que la secretaria general de AMET Nacional, Sara García, aseguró que el lunes lxs docentes nucleadxs en esa organización iniciarán las clases con normalidad a pesar de los inconvenientes que aquejan al sistema educativo, a la vez que ratificó su posición de “dar la discusión sobre cuestiones de fondo que apunten al anhelado convenio colectivo”. UDA comparte la posición.

SADOP también se suma a la medida de fuerza a partir del lunes pero por 24 horas.

Foto: Ctera

Rubén Matoso, titular local de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) habló con FM De la Calle respecto a la deuda que IOMA mantiene en la actualidad, que generó problemas con las prestaciones en clínicas privadas de la ciudad.

El dirigente explicó que la situación afecta por una lado a Bahía Blanca, donde han realizado un pago parcial de “entre 65 y 70%” correspondiente al mes de diciembre, y en los alrededores (Coronel Dorrego, Pigüé, Gonzáles Cháves, Coronel Suárez, Coronel Pringles) donde aun no se ha saldado la deuda.

A pesar de que ese pago desactivó la medida de fuerza que se había planteado para el día de ayer en nuestra ciudad, Matoso afirmó que están “en situación de alerta”  y que “el problema esta fundamentalmente en la zona. Por supuesto que tienen apoyo de Bahía Blanca, estamos esperando que haya un pago”.

Si bien en el distrito X, comprendido por los lugares previamente mencionados, IOMA le brinda cobertura a alrededor de 90.000 personas, solo 34.000 corresponden a Bahía Blanca; los 56.000 restantes “están prácticamente con atención de urgencia. No tienen otra manera de hacer frente a prestaciones que tienen una erogación importante, como insumos, medicamentos; y están debiendo cifras importantes a los proveedores”.

Matoso aseguró que “la atención de la gente de IOMA es excelente; el delegado es espectacular, cada vez que hablo con él trata de resolver el problema. Están trabados con un cambio en el sistema de pago, lo tienen que terminar de implementar. Suponemos que la semana que viene estará resuelto. La gente no puede ser cautiva de este problema”, aseveró.

Ante los anuncios económicos que hizo el presidente durante la apertura de sesiones parlamentarias el día de ayer, el economista Julio Gambina dijo a FM De la Calle en relación al supuesto “crecimiento invisible” que “el INDEC acaba de dar a conocer los datos del 2017 hablando de que el crecimiento de la economía argentina es de un 2%. Apenas la economía argentina está como en el 2015”.

Asimismo, explicó que dicho documento habla de un 30% de pobreza. “Ya no alcanza con tener trabajo para no ser pobre, vos podes tener trabajo y ser pobre. Hay un 20 o 30% que está por encima de la línea de pobreza y que no alcanza satisfacer las necesidades básicas”.
Respecto de la matriz de política económica, el Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA sostuvo que “la economía puede crecer en aquellos sectores que están ligados al endeudamiento. A los sectores especulativos de la economía les está yendo muy bien (…), porque si la propia política oficial que vos tenés es una recurrente devaluación de la moneda local donde te conviene importar, directamente te conviene convertirte en importador que arriesgar y producir”.