Cristina Castro encabezó ayer una marcha con velas para recordar que Pedro Luro no olvida y exige verdad y justicia por su hijo Facundo. “Sabíamos que íbamos a pelear, no vamos a bajar los brazos nunca, hasta que todos los responsables estén tras las rejas”, dijo a FM De la Calle.

El viernes tres medidas judiciales reimpulsaron la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte: la Cámara Federal ordenó nuevas medidas de prueba, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recusaron a la jueza Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Martínez pidió apartarse de la causa.

El abogado Luciano Peretto afirmó que “el año de la desaparición nos tiene que encontrar con los primeros imputados”. “Veníamos haciendo un trabajo de hormiga, sabíamos que no iba a cerrar la causa, teníamos dos grandes pilares, Heim y Azzolin, cada cosa que iba a apareciendo era un golpe al alma”, sostuvo Cristina.

Se refirió al nuevo allanamiento que deberá realizarse en la estación policial de Origone y a los obstáculos de la jueza y de efectivos de la Bonaerense para desviar la atención. “Esperamos que sigan apareciendo cosas y poder gritar un día que lo logramos”.

En ese sentido, mencionó que una testigo de identidad reservada “estuvo mucho tiempo buscándonos e intentando declarar. Lo que nos dice es muy fuerte: (el intendente Carlos) Bevilaqua mandó a limpiar esa comisaría sabiendo que estaba la gorra de mi hijo que después apareció en el cangrejal”.

En cuanto al secuestro de los teléfonos de los policías Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González dijo que le llama la atención que solo exista una foto de Facundo de espaldas: “Se encargaron de borrar la foto de frente, tenemos la esperanza de que aparezca algo más porque es muchísimo lo que borraron”.

En cuanto a las intimidaciones que recibe desde el comienzo de la búsqueda de su hijo, Cristina relató que recientemente tuvo que ir a La Salada a ver una persona que necesitaba asesoramiento legal y concurrió con Peretto: “Ingresamos y al rato estábamos rodeados de policía, nos filmaban, se escondían, yo estaba comprando aros para mi nieta. A mi trabajo desde que denuncié en noviembre el apriete que me habían hecho no fueron nunca más. Cada intimidación la voy a denunciar”.

“Creemos en la responsabilidad personal tanto del Ministerio Público Fiscal como de la jurisdicción de Bahía Blanca por haber denegado las medida de prueba, no haberlas producido, cuando por el principio de degradación uno va perdiendo material a medida que avanza el tiempo”, comentó el abogado a FM De la Calle.

Dijo que “la información que tuvimos por fuera de los informes de las empresas de telefonía nos daban indicaciones de comunicaciones sugestivas de altos funcionarios policiales a muy bajos funcionarios el 30 de abril cuando desaparece Facu”.

De la recusación de los fiscales contra la jueza destacó que le reprochan “filtrar información y haber mandado a hacer posiblemente un informe por encargue del IADO. (El organismo) se excede en sus funciones y la jueza obliga a agregarlo”. El abogado dijo que el escrito muestra “una fuerte motivación de querer cerrar la causa porque Facundo se ahogó”.

Explicó: “Los fiscales encargan un informe al IADO sobre mareas entre el día de la desaparición y el día se encuentra el cuerpo. Llegan dos, uno absolutamente irregular, sin firmar, solamente un estudio de mareas del 30 de abril. Fue devuelto para corregir. A su vez, envía el IADO un informe firmado por el presidente, que nadie había pedido, en absoluto y  flagrante exceso a sus facultades, es un informe más criminalístico que de mareas. A grandes rasgos dice que Facundo se ahogó porque se desvió y la marea sube cuatro metros y quedó empantanado”.

“Esto no resiste análisis, no fue incorporado y se devolvió. A este informe hace mención la jueza que no debió enterarse porque era parte de la investigación de los fiscales y les intima a que lo agreguen. ¿Cómo se enteró la jueza? ¿Hubo alguna suerte de diálogo con el IADO? ¿Ese es el informe que ella utiliza para llevar al archivo por accidente de una manera desajustada de la causa que se investiga que es la desaparición seguida de muerte?”.

Por “violencia moral”, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez pidió dejar la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. El subrogante de la Fiscalía N°1 fue señalado desde el inicio de la causa como uno de los principales obstáculos para acceder a la verdad y al juzgamiento de los responsables.

Este viernes la Cámara Federal ordenó un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren teléfonos de los policías que tuvieron contacto con el joven de Pedro Luro. Además, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron la recusación de la jueza por entender que pretende cerrar la causa bajo la hipótesis de muerte por accidente.

Martínez fue recusado dos veces por la querella y sostenido por la jueza federal Gabriela Marrón. Sin embargo, luego de una reunión en la cual Cristina Castro presentó sus quejas ante el procurador general de la Nación, fueron sumados a la causa Heim y Azzolin.

Ambos funcionarios se abocaron rápidamente a profundizar la pesquisa sobre la desaparición forzada mientras que Martínez siempre abonó la teoría del supuesto accidente.

“Ante la ausencia de un mecanismo que permita resolver disidencias o regule mayorías, se dificulta la labor en caso de no compartirse criterios –por más respetables, claro está, que estos sean- colocando a quien difiere en una difícil posición”, aseguró en su pedido de inhibición.

Martínez destaca la “pérdida de confianza” de la familia respecto a su accionar y al de parte del personal a su cargo. “Asimismo, he sido destinatario de una serie de manifestaciones injuriantes tanto dentro como fuera del proceso –mediáticamente-, donde se me ha descalificado profesional y personalmente”, se lamenta.

Como ejemplo del “manto de sospechas” sobre su accionar aludió a la declaración de la Testigo H: una mujer a quien se presentó como la última persona que vio con vida a Facundo. Su testimonio fue tomado sin presencia de la querella y, si bien se afirmó que había sido aportado por la Policía Federal, luego quedó en evidencia que la colocaron en ese lugar dos policías bonaerenses involucrados directamente en la causa.

“Las contingencias y circunstancias descriptas me han colocado en una posición que violenta mi espíritu, pudiendo eventualmente afectar a futuro la objetividad que me es requerida, posibilidad que hace aconsejable, por prudente, mi apartamiento que, interpreto, no entorpecerá o perjudicará de modo alguno la representación del Ministerio Público Fiscal”, finalizó.

En el marco de la investigación por las causas de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim recusaron a la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca por considerar que había perdido la imparcialidad que debe tener como jueza del caso.

Los fiscales solicitaron, además, se declare la nulidad de la decisión de la jueza de ordenar de oficio una medida de prueba por considerarla una intromisión en las facultades privativas de los fiscales, con un fundamento aparente y a pesar de otras diligencias de prueba que se están realizando en un sentido similar.

En el marco de la instrucción delegada que tienen los fiscales se han dispuesto una serie de medidas de prueba que buscan despejar interrogantes relacionados con diversas circunstancias de la causa entre las que se encuentran las razones por las cuales el cuerpo de Facundo Astudillo Castro fue hallado en el estuario de Bahía Blanca.

Entre esas diligencias, el 23 de octubre pasado se ordenó realizar un estudio de mareas sobre el estuario durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre, con el objetivo de determinar, entre otras cosas, la altura que tuvo la marea en los lugares donde fue hallado el cuerpo de la víctima, en donde fue hallada su mochila y donde, según el GPS, reportó un móvil policial. El estudio se encomendó al el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

El 2 de febrero de pasado el IADO-CONICET, el SHN y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida – CERZOS (CONICET/UNS), acompañaron un informe titulado “Análisis de los niveles de inundación por marea en la zona interna del Canal Principal de Bahía Blanca”. Los fiscales consideraron que el estudio no se correspondía a la totalidad de los puntos del peritaje y que presentaba irregularidades formales, razón por la cual el 5 de febrero decidieron solicitar a los peritos que subsanen estas cuestiones y presenten un nuevo informe.

El mismo día en que se presentara el informe referido, en nombre del IADO se presentó también otro documento titulado “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón N° 46030/2020 – FBB 8640/2020”. A criterio de los fiscales el documento era inusual: un integrante de una de las instituciones que debían hacer el peritaje había decido presentar un informe en el que se reflejaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes. El trabajo, además, sostenía hipótesis y arribaba a conclusiones que no se le habían solicitado sin contar con todos los elementos del caso.

Los fiscales resolvieron devolver el informe, recordándole al firmante que su actuación se debe ajustar a las directivas encomendadas expresamente. En ese mismo contexto, la jueza María Gabriela Marrón intimó a los fiscales a subir al sistema de gestión Lex100 el informe del IADO ordenado por esta parte, cosa que se hizo. Se excluyó, desde luego, el informe no ordenado y devuelto.

Sorpresivamente para los fiscales, el 10 de febrero la jueza Marrón dispuso ordenar al IADO un estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, argumentando que era complementario de la autopsia que ella había ordenado. Invocó como cita legal el instituto de las “medidas para mejor proveer” y consideró que eso no implicaba reasumir la instrucción del caso, cuya instrucción se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal en función de lo previsto en el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Azzolin y Heim consideraron que esta última decisión era nula y así lo solicitaron. En su presentación indicaron que en el marco de la instrucción delegada le está vedado a los jueces adoptar medidas de oficio, ya que las mismas afectan la independencia del Ministerio Público, conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional, y violan el debido proceso. Valoraron además que la fundamentación era aparente, ya que el instituto de “medidas para mejor proveer” está previsto para otro proceso (el civil y comercial), para otra etapa del proceso (el plenario) y para otros presupuestos (hechos contradictorios) y, por eso, inaplicable al proceso penal. Consideraron además equivocada la mención a que la decisión no implicaba reasumir la instrucción del sumario; por el contrario, entendieron que cuando un juez actúa de esa forma esta, en los hechos, tomando a su cargo la investigación del caso.

Además de nula, los fiscales consideraron que la decisión de la jueza de forzar la realización de ese estudio, que no había sido ordenada inmediatamente después de la devolución del informe, implicaba cristalizar su postura sobre el caso, que había insinuado previamente, y que se traduce en que Facundo Astudillo Castro falleció ahogado accidentalmente en el estuario de Bahía Blanca el cual habría pretendido cruzar a pie. Los fiscales indicaron que esto implica perder la imparcialidad debida a todos los jueces y por eso solicitaron su apartamiento.

Azzolin y Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente, firmantes del pedido de recusación, fueron designados el pasado 28 de agosto de 2020 -mediante la Resolución PGN 197/20– para intervenir en la investigación  en forma conjunta o alternada con el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez.