Un equipo de investigación en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Quilmes consultó a más de 1400 habitantes de CABA y provincia de Buenos Aires qué harían si fueran presidente si en marzo se llenaran las terapias intensivas con casos de Covid.

Las respuestas van desde el cierre total de actividades, restricciones de algún tipo hasta la opciones más laxas sin ninguna prohibición.

En su columna de FM De la Calle, el médico Horacio Romano analizó que “solo una minoría contesta que dejaría todo abierto y a la responsabilidad de cada vecino. La mitad de los que impondrían cuarentenas de algún tipo dicen que gran parte no haría caso. En cambio, los que no imponen aislamiento piensan que el 80% los apoyaría fervientemente”.

“Esto nos lleva a pensar otra cuestión que es el pensamiento hegemónico, es aquel que logra imponer sus creencias y valores por encima del resto de la sociedad, aunque para el resto de la sociedad vaya en contra de sus intereses. Las clases subalternas piensan como ricos pero no son ricos, básicamente. Esta encerrona es la que se le está generando al gobierno en todos sus órdenes en este momento”.

El médico señaló que “este discursos se instala con la clase hegemónica el año pasado, con la infectadura, la cuarentena más larga. A partir de la apertura de actividades empiezan a aumentar los casos. Lo del verano es otra cosa, fueron cerca de 8 mil fallecidos en dos meses. Lo que ves en todos lados que la segunda ola fue más fuerte que la primera, que si no nos encuentra vacunados va a ser más fuerte que la que vivimos”.

Daniel Feierstein, investigador y analista de los datos de la encuesta, publicó que “podemos ver que lo mismo ocurre con la reapertura de las clases presenciales. Se vociferaba que lo querían las mayorías pero el 77% pensaba que era mejor esperar a que estuvieran vacunados todos los docentes en una encuesta previa del mismo equipo del Socpol-UNQ”.

“Las decisiones hay que tomarlas, si hay que cerrar fronteras hay que cerrarla fuertemente, no es cuestión de solicitar que no se viaje, no se tiene que ir al exterior. Saber que vamos a vivir un invierno complicado y a renovar las cuestiones de aislamiento y cuarentena por lo menos hasta que tengamos al grupo de riesgo vacunado”, argumentó Romano.

Por su parte, Feierstein afirmó en sus redes que “si las autoridades y cada uno de nosotros podemos tener esto claro, quizás las disputas por el sentido puedan avanzar otro pasito y permitirnos construir las condiciones para recuperar la aplicación del principio precautorio y salvar muchas vidas ante la segunda ola”.

“La fotografía era su alma”, dijo Horacio Tolza a FM De la Calle sobre su amigo, mentor y compañero de profesión Luis “el Turko” Salomón quien falleció el fin de semana.

El secretario general del SATSAID destacó que “todos quedamos muy compungidos, estará con su bicicleta andando en el cielo y repartiendo fotos”.

“Fue mi maestro en fotografía, eso hace que lo conozca hace un montón de años, excelente persona. En el SAT era uno más, todos los compañeros lo querían, siempre estaba, como estaba en los juicios y con las Madres”, dijo.

Entre la vasta obra de Salomón se destaca la emblemática foto del desfile militar del 9 de julio de 1971, la cual es utilizada para retratar el terrorismo de Estado y la dictadura cívico militar.

“No es fácil sacar una foto así, hay que estar en el momento justo. El Turko lo logró. Fue una foto impactante en su momento y después lo siguió siendo. Ahora aparece en un diario de Alemania, de Inglaterra…”, señaló Tolza.

Agregó que “era muy buen artista fotográfico, era su pasión. Iba a todos lados con la cámara, decía ‘sin la cámara no voy’. Era un elemento más de su cuerpo. Era su alma, la fotografía era lo que lo motivaba”.

La Corriente Clasista y Combativa presentará este viernes un proyecto de ordenanza para adherir a la propuesta de ley de Tierra Techo y Trabajo. La iniciativa plantea “una política municipal habitacional y de loteo social para los sectores medios y populares con mano de obra cooperativa; y, por otro lado, garantizar tierras para el desarrollo de un cordón verde que garantice el abastecimiento frutihortícola”.

El dirigente Cesar García comentó a FM De la Calle que según el proyecto de ley serían “soluciones habitacionales a 350 mil familias. En algunos casos viviendas de cero y en otras terminaciones. Un millón y medio de puestos de trabajo a partir de la colaboración de las cooperativas de trabajo y organizaciones sociales y sindicales”.

“Hemos presentado algunos lugares de Cerri y Aldea Romana donde pasa agua dulce para poner a discutir la agenda de ampliación del cordón verde”, mencionó.

García dijo que en la ordenanza “marcamos que estamos en una ciudad donde nos vienen todos los alimentos desde Buenos Aires, eso encarece el producto y hasta que llega a las manos de consumidor hay dos días de estancamiento por eso disminuye la calidad”.

Agregó que comenzaron a reunirse con representantes del Municipio. “El problema es juntarse y juntarse y que no haya respuesta o, peor aun, cuando nos dicen esto es extraordinario pero eso puede ser un proyecto de negocios inmobiliarios”.

En cuanto a la situación social y la continuidad del trabajo de las organizaciones en los barrios destacó que el Comité de Crisis “hace cuatro meses que no tiene actividad, falta que digan ha abandonado el grupo, no hay reuniones de ningún tipo. En algunos casos hicimos mucho más que el Estado”.

“Hay cosas que a pese a algunos cambios nunca cambian”, dijo el concejal Carlos Quiroga a FM De la Calle al ser consultado sobre la censura de La Nueva al artículo de uno de sus periodistas sobre una causa judicial armada por la Policía Bonaerense.

La edición ya había sido impresa y estaba lista para su distribución aunque el empresario Gustavo Elías prefirió destruirla para no “horadar” una investigación del fiscal Santiago Martínez.

“Ha sido una decisión atroz, me puse a disposición sindicato del que fui uno de los afiliados más antiguos hasta mis desvinculación del periodismo”, comentó Quiroga.

Agregó que “es un tema de una empresa privada que maneja información y tiene poder por encima de cualquier otra actividad de naturaleza privada, sería merecedor de una discusión pública más intensa. Los compañeros del sindicato lo han dado por saldado”.

“En aras de la libertad de expresión que dicen defender, los lectores estaban en derecho de conocer lo que el colega había escrito”, opinó.

El secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo, falleció este miércoles. Sus restos son velados hasta las 16 en Mitre 470.

“Hoy no nos sale ninguna palabra.. solo estamos rotxs de dolor…. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE QUERIDO CHIQUITO EDUARDO HIDALGO!! Besá a los Viejos y a los 30Mil!!”, afirmó la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

Eduardo es un referente de la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de memoria, verdad y justicia por las y los 30 mil [email protected] [email protected] [email protected]

Fue dos veces secuestrado durante el terrorismo de Estado y sobrevivió al cautiverio y las torturas del campo de exterminio La Escuelita. Su hermano Daniel y su cuñada Olga Silvia Souto Castillo -embarazada- fueron asesinados por el Ejército en un falso enfrentamiento montado en el edificio de Fitz Roy 137.

“Hoy me voy de este lugar satisfecho de lo que he hecho estos 35 años. Se ha ido la mitad de mi vida en esto, he dejado muchas cosas de mi vida sin hacer, esperaba este momento como nunca. Hubiera querido que esté al menos quien fuera el responsable de que llegáramos a este lugar, Ernesto Malisia, hubiera querido que mis viejos estuvieran aquí”, dijo en octubre de 2011 al finalizar su declaración en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de nuestra ciudad.

“Armando Isasa hoy vive y tiene 95 años, era el ‘presidente’ del Partido Comunista de Dorrego. Le habían avisado que lo iban a matar y mi papá se lo trajo para Bahía. Vivió con nosotros muchísimo tiempo. En el año 74, 75”, mencionó Carlos Balbuena en defensa de Juan Carlos Curzio.

Fue el último testigo del juicio por 24 homicidios cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina que se encuentra en etapa de alegatos. Consultado por la Fiscalía sobre quién perseguía a Isasa, Balbuena afirmó: “La Triple A”.

Según el mecánico, su familia convivió con el dirigente comunista “diez meses seguro”. “Juan Carlos Curzio iba a mi casa y lo tenía que ver”. La vivienda de Undiano 270 tenía su patio lindante con los fondos de la Comisaría Primera. Balbuena reconoció que Bahía Blanca no era un lugar seguro para un supuesto perseguido por la banda paraestatal pero “era más seguro que un pueblo como Dorrego”.

Balbuena tiene razón: Isasa vive y tiene 95 lúcidos años “recién cumplidos”. Lo que no es verdad es el resto de la historia.

En su casa del macrocentro bahiense, el ex militante se mostró “sorprendido” ante FM De la Calle por las declaraciones del amigo de Curzio.

“Yo vine a Bahía Blanca a buscar una casa con la perspectiva de trasladarme porque los dos hijos míos tenían necesidad de crecer en la universidad. Uno ya tenía el secundario y me obligaba a tener que venir porque no tenía condiciones económicas de costearlo desde Dorrego. Vine con un trabajo, una empresa que vendía fosfatizantes, a vivir a la casa de un compañero que no me acuerdo quién era, y un día fui a lo de Balbuena al taller y me dijo ‘vení a vivir ahí arriba si querés’”, contó.

Isasa sostuvo que fue por “un plazo no mayor a cuatro meses porque conseguí la casa en la que vivo en la actualidad y me vine con el hijo menor, mi señora se quedaba en Dorrego mientras yo hacía las refacciones”.

“En ese período de tiempo viví en lo de Balbuena (padre), nunca jamás lo vi a Curzio. En cuanto al Balbuenita chico tampoco lo conozco, no lo he visto nunca, al otro (su hermano) sí porque solía estar en el taller. Yo estaba muy poco, vivía en una pieza arriba, la casa estaba totalmente deshabitada”.

Isasa reafirmó que “de ninguna manera” llegó a la ciudad escapando de una persecución política. “Estando en Dorrego me llamaron a la comisaría a mí como a todos los jefes de partido o militantes destacados de cada una de las cosas, donde nos comunicaban, a mí me comunicó un muchacho con el que fui a la escuela, me dijo ‘mirá es para todos, no es para vos, no se puede hacer política, está suspendida por el gobierno la actividad política’. Le digo ‘yo casualmente ando con un despelote, no tuve más contacto con nadie, ni con la policía ni con nadie’”.

“He tenido problemas como tienen todos los militantes y los que se meten en lugarcitos que según el poder dominante no se deben de meter. Los inconvenientes y garrotazos que corresponden a la lucha de clases, no hay otra. Pero no en esa época”, aseguró.

Isasa comentó que “sabía que existía un Curzio como supe que había un italiano que no me acuerdo cómo se llamaba. El trabajo de la militancia no da tiempo para mucho deporte o distraer la atención de lo principal que es la lucha en la que uno invirtió muchos años de su vida”.

En cuanto a la relación entre Balbuena padre y Curzio, relató un comentario que recibió a partir del juicio. “El padre de Balbuena, que es un hombre de trabajo hoy tan viejo como yo, según me dijeron estos días, tuvo una discusión y Balbuena lo echó del taller cuando se enteró que Curzio andaba con una ametralladora en la Universidad del Sur”.

“Parece que ahora Curzio lo ha ido a visitar, el hombre está muy solito en un geriátrico y habrán reestablecido la relación. Yo al Negro hace mucho que no lo veo, éramos muy amigos. (…) El Balbuenita este dijo que (Curzio) es un buen muchacho, sí, pero los antecedentes los tiene”.

Isasa dijo que cuando era joven pensaba: “Ojalá dure muchos años porque a alguno de estos malandras sin vergüenza voy a ver presos, a algunos los vi finaos, pero pienso ver más”.

En ese sentido, destacó que “el pueblo ha hecho cambiar muchas cosas, ver un ex presidente y general de la Nación condenado a cadena perpetua hay que recorrer mucho mundo para encontrar otro caso igual, eso lo lograron las fuerzas democráticas argentinas”.

Mariela González trabaja en el rubro de la construcción hace diez años, fue elegida como delegada tesorera en 2017 para representar a sus compañeros de obra en la UOCRA. Desde que ganó la elección, la conducción gremial -a cargo del interventor Carlos De Boer- no la deja asumir y recibe constantes amenazas.

“No me esperaba esta pregunta, si vos te animás y creés que los compañeros te van a votar, hacélo”, le respondieron cuando preguntó si podría postularse. Junto a ella fueron parte de la lista dos de sus compañeros: Tamame y Pavón, quienes pasado el tiempo comenzaron a hostigarla.

“Me decían de todo, me amenazaban, que no me meta. Yo me sentía comprometida con esos compañeros que me habían votado, para que no me falte nada. Me voy al sindicato a pedir ayuda y fue peor porque al otro día me agredieron, a uno de los chicos lo sacaron del cuello de la oficina diciéndome vos me vas a conocer”, relató González a FM De la Calle.

Foto: Tamame y Pavón junto a González

“Hice muchas denuncias, la primera fue en la Comisaría de la Mujer y no sabían si tomármela o no porque nunca hubo una denuncia laboral. En fiscalía me citaron al otro día para contar lo sucedido”, relató.

Mariela siguió yendo a trabajar y las amenazas no cesaron. “Un día estamos cenando con mis hijas y escuchamos fuertes golpes, mi hija va a sacar la moto y vimos los dos proyectiles, atravesaron el portón y las paredes de mi casa. Ya había sido advertida de que me iban a tirotear la casa”.

“Me cansé de ir al sindicato, fui muchísimas veces. Al principio De Boer no me podía atender así que me atendieron sus colaboradores, uno de ellos me mandó a que me busque un amante para que me entretenga”, enfatizó Mariela.

La delegada mencionó: “Le envié una carta al secretario general Gerardo Martínez, me citaron a Buenos Aires y me dijeron que me quede tranquila, que no está bueno manchar la institución. Me hizo entender como que yo estoy mal, que yo le falté el respecto a mis compañeros por sacar al aire todo lo que estaba pasando”.

“Antes de la intervención había más de 50 mujeres en obra, ahora hay tres. La respuesta es que somos muy complicadas las mujeres, que tenemos nuestro período, que los empleadores no quieren mujeres. No me dan solución de nada, me hacen sentir culpable de todo lo que me pasó”.

En relación a las mujeres que trabajan en el rubro de la construcción contó que “las compañeras no tienen la ropa adecuada, no tenemos una representante mujer que nos ayude, no tenemos apoyo de ninguna mujer, nadie nos puede asesorar y son nuestro derechos”.

ADUNS realizó una inspección en el edificio de las Escuelas Medias de 11 de abril 445 para “obtener información in situ del estado de la infraestructura del edificio, el cumplimiento de los protocolos sanitarios, y a su vez relevar las condiciones laborales de los y las docentes que se presenten a trabajar a pesar de la medida de fuerza dispuesta por 48 horas”.

Mariela Rígano dijo a FM De la Calle que “hubo cuestiones que no estaban ordenadas y previstas, nos enteramos que cooperadoras compraron termómetros, equipos directivos pidieron ayuda a docentes para que señalicen la escuela, cambios de horarios sin consultar a docentes implicados, cuestiones que hablan de que la universidad no puso recursos económicos y tampoco técnicos”.

Del recorrido participaron un licenciado en Seguridad e Higiene, un ingeniero Civil y un escribano, quienes registraron las condiciones a través de fotos y videos. Por otro lado, remitieron una carta documento al rector de la UNS, Daniel Vega, para que informe por escrito protocolos y documentos referidos al retorno a la presencialidad.

“Estamos armando un informe con imágenes. Observamos que mientras están en clase se están haciendo las refacciones. Ayer, el recreo de la primaria era en convivencia con un trabajador realizando tareas con electricidad, que es un riesgo grande para chicos y una responsabilidad enorme para docentes”.

“Además de estar trabajando con ventanas sin vidrios, eso implica que se meta el ruido, que la docente tenga que gritar, que los chicos hagan sus tareas en un contexto aturdidor”.

Asimismo, Rígano comentó que en las reuniones paritarias “no estamos discutiendo salario sino las condiciones seguras para volver a la presencialidad”.

“Existe un espacio de discusión que se conforma por representantes del rectorado, del Consejo Superior y de ADUNS, eso es una comisión local que a nivel nacional tiene su correlato. Por eso le pedimos al rector que respete la comisión paritaria local, allí es donde se tienen que tratar las nuevas condiciones laborales”.

El economista Francisco Cantamutto explicó los alcances de la denuncia presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, sobre el acuerdo con el FMI.

La “querella criminal” contra funcionarios macristas había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández y recayó en el Juzgado Federal a cargo de María Eugenia Capuchetti

Los denunciados son “el ex presidente Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central.

Se les imputa “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”.

“La querella es algo de lo que no hay antecedentes, en esta demanda no están incluidos los funcionarios del Fondo porque tienen inmunidad diplomática”, comentó Cantamutto a FM De la Calle.

Agregó que “la movida que está haciendo el gobierno no va por el lado de poner un castigo o una amenaza a futuros gobiernos que planeen hacer lo mismo. Las penas no serían de cárcel efectiva, tampoco es que les ocasionaría un daño patrimonial. Sí sería una suerte de amenaza y funcionaria como palanca para discutir el préstamo en el Fondo”.

El economista dijo que “en las últimas semanas se reveló que el FMI le propuso a Dujovne poner controles de capitales para evitar que el préstamo se fugara y Dujovne se negó. No solo generó daño en Argentina sino que generó daño en el FMI que le prestó la mitad del patrimonio a un país que no podía pagar”.

¿Estas denuncias van a permitir que la Argentina consiga que le condonen deuda? “No, es un elemento más de presión diplomática y social”.

Por otro lado, Cantamutto destacó que todavía no se conoce la postura de Estados Unidos. “Ha tomado relevancia la premura por lograr un acuerdo. En un principio era abril, mayo, pero ahora no va a pasar. Quieren un acuerdo que vaya en línea con un plan a 20 años sin reformas estructurales. El FMI plantea uno a 10 años y sin reformas estructurales o que solo insistan en ajuste fiscal”.

“El otro alivio proviene de que el gobierno de Biden aceptó ampliar la emisión Derechos Especiales de Giro (DEG) que es la moneda del FMI”.

Cantamutto explicó que “el FMI se maneja con DEG, cada país tiene una cuota de participación y en función de eso es lo que se le puede prestar. Argentina tiene cuota bastante pequeña, comparte espacio con países del Cono Sur. En la otra punta esta EE.UU. que comparte el 16,5% de los DEG, el truco es que para cualquier decisión se requiere el 85% de los votos y sin EE.UU. no se puede hacer nada”.

Posponer los plazos de la negociación significa que “gana tanto el FMI como el gobierno, es poco probable que haya novedades antes de la elecciones”.

El fiscal auxiliar Pablo Fermento comenzó esta mañana el alegato en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra cuatro ex integrantes de la Triple A. “Nos acostumbramos a vivir sin justicia porque a las muertes naturalizadas, lo natural, valga la redundancia, es que no se las investigue y no se las juzgue”, afirmó.

La apertura de la exposición incluyó un pedido de disculpas por la demora de más de cuatro décadas y una reivindicación a una de las “primeras instancias institucionales en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo”.

Fermento aseguró que la sentencia del juicio “va a ayudar a abrir caminos en el proceso colectivo de Memoria, Verdad y Justicia y en la recuperación del sentido histórico tanto en el país como en la comunidad bahiense”.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Las audiencias continuarán mañana y pasado desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube Audiovisuales UNS.

Fermento recordó que el juicio analiza el accionar de “una organización criminal a la cual se le atribuyen 24 homicidios que fueron cometidos en los años 74 y 75”.

“Uno de los testigos, Fortunato Mallimaci, dijo en la audiencia que se empezó a naturalizar la muerte. Estamos hablando de 24 asesinatos alevosos y con ensañamiento cometidos entre septiembre de un año y diciembre del siguiente, es decir, poco menos de dos muertes por mes”.

El fiscal manifestó que “casi medio siglo nos llevó como sociedad estar concluyendo este debate del juicio, por estos motivos adherimos al pedido de disculpas que realizó el tribunal por tamaña demora”.

Comentó que esta falta de respuesta a tiempo ” no es inocua, se perdió muchísima prueba en el camino, pero por sobre todas las cosas perdimos a las personas, víctimas, familiares, amigos, muchísimos testigos y también personas que deberían ser sindicadas como responsables y que murieron en la impunidad”.

Durante el debate fallecieron al menos cinco testigos: Marta Beatriz Fabini, esposa de la víctima Rodolfo Gini; Miguel Ángel Pereyra, Eugenio Ángel Navarrete, Víctor Melchor Basterra y Jorge Alberto Bernardi.

“Pero además se perdió algo fundamental como es el debate como sociedad sobre lo que sucedió en un período histórico muy doloroso, muy sentido del país y de la sociedad donde la justicia, que cumple un rol necesario, estuvo ausente durante muchas décadas”.

“Lo que quedó es el silencio y el miedo. Miedo que vimos atravesar cada una de las audiencias testimoniales porque, a pesar del medio siglo que sucedió, sigue vigente y se actualiza”, dijo.

Sin embargo, el fiscal alegó que “la justicia aunque tardía sigue siendo justa porque se la sigue reclamando y necesitando y continúa siendo un logro encontrar los canales institucionales para su realización”.

“Esta parte de la historia de la ciudad de Bahía Blanca que fuimos recorriendo es una parte censurada, porque así como el brazo genocida clausuró espacios sociales también se clausuraron las representaciones de lo sucedido”.

Aseveró que “de todo lo que escuchamos en las audiencias se supo y se sabe mucho, se habló y se habla muy poco aun en la actualidad. Este proceso de verbalización de lo vivido tuvo que ser un proceso privado de cada sobreviviente, de cada familia, porque no se habilitaron las instancias colectivas”.

“En este juicio estamos asistiendo a una de las primeras instancias institucionales, tal vez la primera en Bahía Blanca, en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo y lo hicieron para poder contar su verdad y reclamar justicia con gran valentía y coraje”, reconoció.

Tras la introducción, Fermento destacó que la de la Triple A es “una historia compleja que tiene numerosas tramas” e inició el desarrollo de la primera de ellas: la alianza entre el diputado nacional peronista y secretario de la CGT de Bahía Blanca, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia.

El secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, y el propio Fabián Tuya confirmaron esta mañana que el director de Delegaciones Municipales dejó el cargo tras el incidente de tránsito que protagonizó el fin de semana en Salta al 100.

El Municipio emitió un comunicado el sábado al mediodía en el cual referían que no había sido posible medirle el alcohol en sangre por “deficiencias en el soplido”. Tuya declaró que había sufrido un fuerte golpe en la cara.

El inspector que intervino en el caso escribió en el acta de infracción muestra que Tuya circulaba “en presunto estado de alcoholemia positiva por negarse en forma manifiesta a realizar el control según las indicaciones del agente en forma reiterada”. El informe policial, por su parte, refirió que el ahora ex funcionario tenía “aliento etílico”.

Jouglard dijo a la prensa que “el comunicado dice que se le intentaron tomar hasta 10 veces la alcoholemia y no se pudo hacer efectivo. A raíz de eso la normativa dice que en el acta hay que poner que es una negativa al test de alcoholemia”.

“Por ahora no pensé en nadie”, argumentó Jouglard sobre quién reemplazará a Tuya. “Si condujo bajo los efectos del alcohol es algo irregular”, detalló.

Desde el Frente de Todos presentaron un pedido de informes pidiendo explicaciones respecto al procedimiento llevado a cabo esa noche.

“Tuya aparece hablando por teléfono momentos más tarde y si estaba en condición de hablar por teléfono también lo estaba para hacerse el test de alcoholemia (…). Un funcionario público es funcionario las 24 horas y tiene el doble de responsabilidad”, refirió a FM De la Calle, el concejal Carlos Quiroga .

Se piden explicaciones de los “motivos por los que el director Tuya decidió trasladarse al hospital más lejano, pese a estar a menos de 300 metros del Hospital Municipal Leónidas Lucero”.

“Terminó en el Italiano vinculado a (Santiago) Nardelli que es su padrino político, capaz es solo una suspicacia nuestra”, señaló Quiroga.

agregó que “no conocemos las consecuencias del golpe, queremos saber si las cámaras de seguridad registraron la presencia de otro vehículo que es el argumento que se da cuando se habla de la pérdida del control del vehículo”.

El reclamo por una reforma judicial feminista encabezó las últimas expresiones del movimiento de mujeres e identidades disidentes ante el recrudecimiento de los femicidios y la ineficacia del sistema.

La Asociación Abogadas Feministas (ABOFEM) presentó ante el Consejo de la Magistratura un pliego de reclamos, entre ellos la impugnación de una lista de 52 jueces y juezas que no cuentan con las capacitaciones en perspectiva de género obligatorias por ley.

“El planteo de la reforma judicial ya no alcanza solo a lo referido a la administración de justicia y no concentración de poder en los fueros, sino a una lógica que tenga relación con que se aplique la perspectiva de género, de derechos, que haya paridad en los cargos. Y que, además, quienes se presenten, cumplan con la formación en género que exige el reglamento para que de una vez y por todas veamos sentencias judiciales que tengan perspectiva de género actualizadas y acordes a la realidad que estamos viviendo”, detalló a FM De la Calle, la abogada Melisa García.

La presidenta de ABOFEM mencionó que, respecto a la capacitación obligatoria en relación a la perspectiva de género, “el Consejo de la Magistratura se ha arrogado que la implantación total de estas normas será en 36 meses, pero por otro lado la misma normativa plantea que los jueces y juezas deben acreditar -aunque sea- haber comenzado un curso de género para presentarse a concurso”.

El femicidio de Ursula Bahillo conmocionó a la sociedad. La joven había denunciado en 17 oportunidades a su ex pareja quién finalmente la asesinó. A este hecho se le agrega la renuncia del juez de la causa por haber tenido un informe de peligrosidad que alertó que la vida de la joven corría peligro 12 días antes de su femicidio. ¿De qué depende la prioridad de una causa en una fiscalía o un juzgado?

“La situación deviene de no haber una formación, un seguimiento y una consecuencia para quienes toman las denuncias. El gran problema es que se abra lugar a la arbitrariedad, no entender cuál es la gravedad, pareciera que no hubiera ningún tipo de consecuencia. En una causa de violencia de género, cuando una mujer denuncia y menciona que está en peligro su vida no tiene que haber dilaciones, ni quién es el imputado, ni si es parte de una fuerza, o de la justicia, ni de ningún otro espacio”, comentó García.

“Se empezó a poner la mira en la ineficacia de la toma de las denuncias. La falla es sistemática y está en la falta de formación, en la falta de equipos interdisciplinarios, falta de evaluaciones de riesgo”.

En muchas oportunidades quienes alertan a los agentes policiales son personas cercanas a la víctima pero que, en determinado momento, se encuentran con los obstáculos del sistema que obliga a que la víctima ratifique la denuncia.

“Debería mínimamente poderse tomar una denuncia y hacer un mínimo seguimiento cuando denuncia una persona cercana a la violentada. Si se requiere una ratificación, que la persona violentada se pueda acercar a ratificar. Pero si una mujer está en situación de violencia no se le puede pedir que ratifique un proceso. Quizás no pueda salir de su casa, reciba amenazas, es ahí donde el Estado tiene que tener equipos especializados”.

La abogada señaló que “la Comisaría de la Mujer es una lógica que responde al derecho penal y si no va la víctima a ratificar se archiva. En el medio hay un montón de mujeres que mueren justamente por este tipo de abordaje, llegan a un femicidio porque el Estado no responde como corresponde”.

“Vivimos una gravedad respecto a los femicidios que hace que haya que pensar de otra manera y con perspectiva para auxiliar a las mujeres en peligro y no para cubrir al sistema que dice que si no se da de determinada manera no se puede seguir la causa”, finalizó García.

Foto: Notas Periodismo Popular

Este lunes a las 9 comenzará el alegato de la fiscalía ante el Tribunal Oral en el juicio que tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno.

Se los acusa de haber pertenecido a la organización criminal Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. Se llega a esta instancia luego de haber escuchado la declaración de más de 90 testigos.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a través del fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

Como partes querellantes actúan Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús García y la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Se estima que la exposición de la fiscalía requerirá al menos de las jornadas del lunes 15, el martes 16 y el miércoles 17 de este mes. Luego continuará en las que se establezcan con posterioridad.

El juicio oral y público por la actuación de la Triple A en Bahía Blanca se había iniciado en marzo del año pasado, pero fue postergado a raíz de la pandemia. Luego, en julio, se retomó con un sistema mixto: por un lado se llevaron a cabo las audiencias en el Aula Magna de la UNS a puertas cerradas -con el objetivo de cumplir el distanciamiento social entre las personas presentes-, y también hubo participación por conexión virtual remota para quienes integran grupos de riesgo.

Finalmente, se hicieron por un sistema totalmente virtual. En este marco, la fiscalía había señalado la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización. Es por ello que las audiencias del debate oral se pueden seguir a través del canal de YouTube de la Universidad.

Durante el debate, la generalidad de los testimonios se refirieron a la existencia de la organización criminal que los acusados integraban, a la que aludieron como la Triple A o la patota del diputado nacional Rodolfo Ponce y, en el ámbito universitario, del rector interventor Remus Tetus. Se describieron distintos aspectos de su accionar, tales como el patrullaje en la “fiambrera” -un Fiat 125 azul- y otros vehículos, las prácticas de intimidación en los edificios universitarios, diferentes episodios de agresión e intimidación armada y los asesinatos cometidos.

Las declaraciones también graficaron distintas situaciones que dieron cuenta de los vínculos del grupo paraestatal con el Estado, y del marco de impunidad con el que operaba.

El homicidio de David “Watu” Cilleruelo

El 3 de abril de 1975, la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur, mientras se encontraba junto a otros compañeros convocando a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, con el fin de revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que él mismo presidía.

Durante el debate, distintos testimonios refirieron que los responsables del homicidio se dirigieron en el vehículo del Rectorado hasta el lugar donde se encontraba Cilleruelo, lo ultimaron y se retiraron inmediatamente en el mismo automóvil. Diversos testigos señalaron que Jorge “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo -ambos fallecidos- y el propio Aceituno.

Fuente: fiscales.gob.ar

Comunidades mapuche resisten en territorio frente al avance del fuego en la zona de El Maitén, sin asistencia estatal y con el fuego rodeando las casas.

Marilin Cañio y su familia viven a 10 km del pueblo, al pie del cerro. Están intentando cortar el fuego para que las llamas no avancen hacia uno de los únicos sectores de bosque nativo que todavía sigue en pie.

“Unos amigues fueron y brigadistas, bomberos y demás no llegaron. Elles se están autoconvocando y se organizaron para apagar el fuego. Los aviones dieron vueltas ayer a la tarde”, comentó a FM De la Calle.

“Arrasaron con todo, no quedó nada. Digo arrasaron porque esto estaba planeando. Esto no fue casualidad, esto es político. Lograron su objetivo. Creo que tiene que ver con las mineras y con empobrecer más a la gente”, afirmó.

Los focos de incendio se originaron en enero aunque esta semana avanzaron hacia las comunidades. “No entendemos, no les darían la orden para que los apaguen. Este incendio que llegó el martes empezó el domingo en el límite entre Maitén y Río Negro”.

Las versiones de algunos medios hegemónicos y autoridades políticas señalaban a los mapuche como los responsables del fuego. “¿Los mapuche nos vamos a quemar? Es una tomada de pelo, ellos son los que no quisieron apagar los incendios, ellos empezaron esto. El fuego que llegó el domingo podrían haberlo combatido, lo dejaron avanzar, dejaron que se queme todo el bosque. No quedó ni un árbol”.

“Ayer subieron 20 personas con un tractor, mi papá con 74 andaba apagando focos. Estamos solicitando que apaguen esto porque mañana vuelve a hacer calor y hay viento y esto vuelve a prenderse”, sostuvo Cañio.

Destacó que “Defensa Civil nos dijo que mandaban gente para sacarnos, no quisimos. Empezamos a hacer ceremonias y a las dos de la mañana empezó a llover. La lluvia nos ayudó un montón pero ya había avanzado bastante el fuego”.

El concejal Walter Larrea opinó acerca del traspaso de las líneas 502 y 504 de Bahía Transporte Sapem a San Gabriel. El bloque del Frente de Todos señaló que Juntos por el Cambio “predica transparencia pero ejerce corruptela”.

“Presentamos un pedido de informes referido a la necesidad del Consejo de conocer cuáles son los alcances del decreto municipal, que no solamente omitió olímpicamente el tratamiento en el directorio de la empresa de la cual yo soy integrante sino que todavía no se conocen aspectos básicos”, dijo el edil a FM De la Calle.

Larrea expuso los interrogantes de la oposición: “¿Se convocó a otros interesados a prestar el servicio? ¿O se le concedió con absoluta discrecionalidad? ¿Se transfirieron a San Gabriel unidades de colectivo? ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Qué precio pagó San Gabriel? ¿Se vendieron en plazos? ¿Al contado? ¿Se vendieron con un plan de pago que se solventa con la venta de boletos? El Estado municipal tiene la obligación de informar no solamente al directorio de la empresa sino a la ciudadanía”.

Agregó que “BTS se solventa con recursos públicos, se crea con la 519 A, si es como dice el intendente que tampoco en un futuro se va gerenciar esa línea, qué va a pasar con el personal pensado para tres líneas, para la unidad de negocios parquímetros o de venta de SUBE. ¿Va a quedar reducida a la nada?¿Debemos seguir solventando una estructura operativa que no tiene objeto de ser?”.

El concejal afirmó que “todas estas preguntas ameritan que el Municipio informe, salvo que haya razones que no se pueden dar a conocer u oscurantismo. ¿Está favoreciendo a empresarios amigos o está incurriendo en actos irregulares?”.

El abogado señaló que desde la Unión Tranviarios Automotor “me manifestaron que velaron por la continuidad laboral de sus afiliados y que la garantizan. Desde el HCD no le puedo exigir respuesta a San Gabriel o la UTA pero sí se lo tengo que exigir al Municipio”.

“Durante toda esta gestión, BTS ha incrementado su capital y se ha constituido en una especie de bolsa de trabajo. Si se analizan balances de desde 2015 ha ido incrementándose el quebranto de la empresa”, mencionó.

San Gabriel administraba dos líneas y sumó otras dos con 32 trabajadores. “¿Eso quiere decir que la línea 519 de SAPEM se queda con cuántos? ¿69 o 70 trabajadores? Ahí hay algo que no cierra”, sentenció Larrea.

“Si vos escuchabas a los empresarios de transporte cuando fue la declaración de emergencia que motivó la prórroga de cinco años estaban fundidos. ¿Cuál es la ecuación económica financiera que ahora lo hace rentable?”.

Gustavo Mandará se refirió a la censura de la edición impresa del periódico La Nueva del sábado del 27 de febrero en la cual se difundía una causa armada por la Policía Bonaerense.

“No estoy enterado que haya análisis desde lo político en el Concejo. Desde lo personal me preocupa, me indigna, trabajé 15 años y sufrí y padecí muchas cosas pero nunca nada como esto”, dijo el concejal del Frente de Todos.

Agregó que “el diario de papel no es ni por asomo lo que era hace 15 años. Lo que se perdieron fueron 700 ejemplares pero simbólicamente es alevoso. El clima de los trabajadores es de una indignación grande, ellos están con la espada de las condiciones de trabajo. En otro momento hubiera sido un escándalo pero es un tema gravísimo”.

“No digo que no corresponda que se trate aquí (en el Concejo), pero tampoco tengo claro si más allá de la difusión del tema hubo alguien que se haya agraviado personalmente como para que el Concejo como órgano político pueda expedirse. Al Concejo se le complica muchas veces intervenir cuando no hay una instancia concreta”, apuntó.

Mandará sostuvo que “lo más grave es que a la opinión pública le importa poco. Entre los que estamos metidos en el mundillo periodístico hablamos, pero nadie te lo plantea como una situación de dominio público”.

Continúan encendidos varios focos en la Patagonia. Las llamas alcanzaron a las comunidades de la comarca andina -El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén y el paraje Las Golondrinas- y provocaron la evacuación de al menos 200 familias.

“Por la mañana en conferencia de prensa participó el ministro de Ambiente de la Nación (Juan Cabandié) comprometiendo los recursos anunciados, pero los hidrantes todavía no aparecen. El incendio avanza muy rápidamente por el viento pero no hay recursos materiales y humanos”, comentó a FM De la Calle el cronista de FM Alas, Martín Vallejos.

Agregó que les genera “resquemor cómo se incendió el segundo foco, ya tuvo cinco incendios forestales previamente. Es una zona que tiene grandes intereses inmobiliarios. Las comunidades mapuches están viendo muy afectados sus territorios”.

En relación a las versiones respecto a la intencionalidad, Vallejos mencionó que “a quienes se identifica como presuntos culpables desde la derecha son sectores del pueblo mapuche, un sector que además está siendo afectado en sus territorios”.

Vallejos destacó “el desconocimiento de los diputados nacionales y ex dirigentes del PRO que han hecho esas acusaciones teniendo como referencia las diferentes formas de lucha de los mapuches cuando están en disputa los territorios con empresas trasnacionales, pero nunca incendiarían un bosque nativo”.

Por último, argumentó que la zona está sujeta a intereses mineros e inmobiliarios. “El lugar donde comenzó el incendio está loteado ya. Chubut en estos días está recibiendo fuertes presiones para aprobar un proyecto de zonificación y lo que se especula es generar estrategias para que la gente no esté en la calle para protestar”.

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Comenzó el juicio contra Axel Moreyra, joven acusado de haber cometido un robo en la zona de El Pinar en agosto pasado. Su familia denuncia que fue señalado por error.

Luego de un robo en la zona, la policía interceptó a Axel y a su hermana, quienes caminaban en el lugar, y se lo llevó detenido. Tras más de cuarenta días de encierro en una comisaría local y otra de la zona, le otorgaron el arresto domiciliario por cuestiones de salud. El viernes serán los alegatos.

“Son tres días duros, estamos con fe y tranquilos porque esto es por un error. Es un lugar que frecuentamos siempre, ese día le pedí a mi hijo que acompañe a mi hija a caminar. Me llama mi hija y me dice que se querían llevar al hermano por no tener DNI. Cuando llego al lugar me dicen que es por procedimiento, después me dicen que es por un llamado al 911”.

“Lo llevan a la Comisaría Cuarta donde nunca me dejaron ingresar. Lo acusaron de robo agravado por uso de arma. Esperaba que mis hijos declaren, nunca lo hicieron. Todavía estamos viviendo un momento terrible, por algo que no cabe en la cabeza”, señaló a FM De la Calle, la mamá del chico, Carolina Ojeda.

La mujer señaló: “31 días caminé El Pinar buscando cámaras y testigos”. Los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou apartaron a la jueza de Garantías Marisa Prome por haber realizado una mala valoración de la prueba y designaron a Guillermo Mércuri, quien finalmente le otorgó la prisión domiciliaria a Axel por falta de pruebas.

“El 14 de febrero nos aceptaron todas las pruebas. Están los testigos, las cámaras, si bien las del Municipio no están porque se hizo mal el oficio y llegó tarde (las imágenes ya habían sido borradas), hay dos fundamentales porque enfocan a mis hijos caminando”, sentenció.

“Hay aportes de los vecinos que se los ve caminando los dos solos. bajan por el empedrado, hay un testigo que dice que los ve, que vio una discusión con la Policía, también testigos dentro de El Pinar que asistieron a las victimas”

Ojeda destacó la recolección de pruebas que hizo la familia: “Me levantaba a las siete de la mañana y recorría el Pinar, baje 20 kilos porque no dormía, nunca vi a un fiscal. Estaban mis abogados sacando medidas, los fiscales sacan las medidas con Google Maps. Hay que buscar pruebas y ser objetivos”.

Argumentó que “es el día de hoy que yo recuerdo esta situación y es terrible todo lo que tuvimos que vivir. Estamos con ayuda psicológica para poder soportarlo, te duele que un fiscal hable de tu hijo como un delincuente”.